Archivo mensual: noviembre 2013
La mitad de las personas que ingresan en una residencia tiene problemas neurológicos o desordenes mentales
La mitad de las personas que ingresan en centros residenciales en España posee problemas neurológicos o desordenes mentales, según señala el informe Bupa Census 2012, presentado en la Sociedad Española de Neurología (SEN) y que ha contado con la participación de Sanitas Residencial.
«Entre las razones para optar por el ingreso en un centro residencial, el 90,5 por ciento de los españoles busca un plan de cuidados de larga duración y el 4,3 por ciento lo escogen para procesos de rehabilitación y convalecencia», ha destacado el jefe de Gestión Asistencial de Sanitas Residencial, David Curto i Prieto.
El informe, elaborado por Bupa -empresa matriz de Sanitas Residencial-, ha revelado que Australia (65%), Nueva Zelanda (65%) y Reino Unido(57%), superan a España en el número de personas que ingresan por depresión, demencia, Parkinson o infarto cerebral.
En cuanto a la demencia, España es el país con menor porcentaje de residentes que ingresan a causa de la demencia (38,9%), un dato por debajo de países como Australia (49,4%), Nueva Zelanda (52,8%) y Reino Unido (45,6%).
En cuanto al resto de causas, en general, los derrames cerebrales ocupan el primer lugar (13,8%), seguido de los problemas de corazón (11,9%), la diabetes (9%) y las dificultades en la visión (5,9%).
En España, el informe destaca que es el país donde menos ingresos se registran por haber padecido un derrame cerebral (4,7%). De este modo, Curto i Prieto señala que «entre las causas de ingreso de los españoles no relacionada con las patologías neurológicas, las enfermedades del corazón (2%) se sitúan en el primer puesto».
Por otro lado, destaca que Australia y Nueva Zelanda son los países con más ingresos por diabetes, con un 13,8 y un 11,6 por ciento, respectivamente, mientras que España es el país con menor proporción situándose en el 1 por ciento.
MÁS MUJERES QUE HOMBRES
En cuanto a los ingresos, en España el 73,8 por ciento corresponde a mujeres, un porcentaje que supera el dato de Australia (65,9%), Nueva Zelanda (64,9%) y Reino Unido (68%). No obstante, estas cifras descienden una media de dos puntos si se comparan con los registrados en 2009 cuando la prevalencia de las mujeres se situaba en el 75,4 por ciento en España, el 71,7 por ciento en Reino Unido, el 67,3 por ciento en Australia y el 66,5 por ciento en Nueva Zelanda.
Por otro lado, se observa que las mujeres en España siguen teniendo una mayor esperanza de vida frente a los hombres. Se nota especialmente a partir de los 75 años cuando el porcentaje de mujeres que viven en residencias se sitúa en una media del 78,2 por ciento. Este porcentaje se acentúa aún más en el grupo de edad de mayores de 95 años, donde el 86,3 por ciento de las personas son mujeres frente al 13,7 por ciento de los hombres.
«Por edad, España, es el único país donde crece el número de residentes de entre 85 y 94 años y baja la cifra de personas de entre 75 y 84 años. En el resto de países apenas se registran cambios desde 2009 siendo el principal grupo de edad el de 85 a 94 años», destacan.
Por otro lado, España, el país donde más se ha reducido el uso de sujeciones. «Australia y Reino Unido son los países con mayor proporción de residentes que necesitan utilizar sujeciones. En todos los países se reduce este porcentaje pero son los residentes españoles los que registran una mayor caída», concluye el jefe de Gestión Asistencial.
Bauzá destaca el nivel de asistencia «realmente alto» que hay en Baleares para personas discapacitadas
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha destacado en su discurso de inauguración del X Congreso Balear de Familias de Personas con Discapacidad organizado por Amadiba, que «en general» Baleares tiene un nivel de asistencia a personas discapacitadas «realmente alto» y es «en su mayor parte», por el trabajo que hacen las entidades del sector.
«Desde el Govern, ha asegurado el líder del Ejecutivo, sabemos que lo mejor que podemos hacer por las personas que tienen algún tipo de discapacidad es estar a vuestro lado y ofreceros todo el apoyo que esté en nuestra mano» ya que, según ha dicho, lo «verdaderamente importante» es «asegurar el mejor bienestar posible».
En este sentido, Bauzá ha celebrado la modificación realizada en la Ley de Servicios Sociales, que fue anunciada hace unas semanas y mediante la cual los usuarios de determinados servicios sociales con un componente de arraigo «no tendrán que estar cambiando de entidad concesionaria periódicamente» debido a la creación de un concierto diferenciado».
Además, Bauzá ha mencionado «el incremento» presupuestario de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales para 2014, que es de un 7,16%, y que incluye un aumento para la partida destinada a discapacidad.
«Esto significa, ha incidido, que en 2014 habrá 3,8 millones de euros, es decir un 24% más que el año pasado, lo que permitirá incrementar el concierto de plazas para personas con discapacidad, ya sea en centros de día, viviendas tuteladas, residencias o centros ocupacionales».
Cabe destacar que a la inauguración del Congreso también han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, y el alcalde de Palma, Mateo Isern, autoridades que también han estado presentes –junto a Bauzá y la delegada del Gobierno, Teresa Palmer–, en la apertura del rastrillo solidario que la Asociación Nuevo Futuro.
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Comunidad de Madrid invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, ha señalado este martes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, donde ha dado cuenta del presupuesto de su cartera para 2014, que el Gobierno regional invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
El consejero ha dicho que las cuentas de la Comunidad de Madrid para 2014 garantizan «el mantenimiento de unos servicios sociales altamente especializados, de máxima calidad y territorializados».
«Son unos presupuestos sociales, ya que 9 de cada 10 euros van destinados a gasto social: sanidad, educación y servicios sociales», ha afirmado para señalar a reglón seguido que no hace muchos años esa proporción era de 7,5 sobre 10 .
De los 17.060 millones del presupuesto global de la Comunidad de Madrid para 2014, 1.303 millones de euros corresponden a la Consejería de Asuntos Sociales, un 4,3 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce en un aumento de 53 millones.
Eso quiere decir, ha constatado, que 8,4 de cada cien euros del presupuesto total de la Comunidad de Madrid se destinan a Asuntos Sociales, así como que esta consejería invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
Además, el consejero ha recalcado que el 94 por ciento del presupuesto va destinado a la «prestación directa de servicios a las personas» y solo un seis por ciento a «costes de gestión».
Las líneas de actuación de la Consejería para 2014 son, según ha enumerado, el mantenimiento de la atención gratuita a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedad mental y a los niños de 0 a 6 años que reciben atención temprana «a pesar del escenario económico», siendo Madrid la única comunidad que presta esta atención de manera gratuita, para lo que se va a destinar un total de 338 millones de euros, 23 millones de euros más que en 2013.
También se incrementa el presupuesto para dependencia, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones de euros en 2014, casi 50 millones más que en 2013, «garantizando el mantenimiento de una de las redes asistenciales más extensas de toda España compuesta por 50.000 plazas y 500 centros».
Este presupuesto permitirá, entre otras actuaciones, destinar 2,2 millones de euros más a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, pasando de 23,6 millones en 2013 a 25,8 millones en 2014.
Asimismo, se aumentará en un 3 por ciento la partida destinada a las prestaciones económicas, hasta alcanzar los 84,5 millones de euros y se incrementará en un 6,5 por ciento el presupuesto de los convenios de atención social primaria con los ayuntamientos, que contarán el próximo año con más de 97,4 millones de euros.
Otra de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Asuntos Sociales es la atención a mayores, a las que en 2014 se destinará un total de 442 millones de euros, 22 más que en 2013, según el consejero, que también ha destacado el incremento de la partida de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un 3,5 por ciento, hasta superar los 84 millones de euros, «con el objetivo de que 20.000 familias reciban esta prestación».
También se ha incrementado el presupuesto para familia y menores, que en 2014 ascenderá a 109 millones de euros, 4,1 millones más que en 2013, con el objetivo de promover el acogimiento familiar, mantener la extensa red de servicios y programas dirigidos a menores, con una red asistencial de 1.600 plazas. En este marco también se contempla la atención a mujeres con hijos y embarazadas en riesgo de exclusión.
«Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género a través de los distintos recursos con los que contamos y en los que ofrecemos una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género», ha agregado Fermosel. En este sentido, ha indicado que se van a destinar más de 21,5 millones a las acciones contra violencia de género y promoción de la igualdad entre mujeres y hombre.
También ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la población extranjera que reside en la Comunidad, a la que se destinarán más de 5,4 millones de euros para diversas iniciativas que incluyen línea de subvenciones de integración sociolaboral, lucha contra el racismo, los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes y el programa Conoce tus leyes, entre otros.
En lo referente a voluntariado y cooperación, el presupuesto asciende a 1,8 millones de euros para la ayuda de emergencia, ayuda humanitaria y supervisión de proyectos de cooperación, así como el servicio de información al voluntariado. Fermosel ha recordado que Madrid cuenta con 150.000 voluntarios «que realizan una labora asistencial esencial y totalmente desinteresada en un millar de organizaciones de voluntarios».
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN BAJAN
Precisamente estas dos últimas partidas, inmigración y cooperación, son las únicas que bajan. Concretamente, según el anteproyecto de Presupuestos para 2014, la primera partida pasará de 10,69 millones destinados este año a los 5,41 millones previstos para el que viene. Voluntariado y Cooperación pasa de 7,8 millones de euros destinados este año y a los 1,8 millones fijados para 2014.
La portavoz del Grupo Socialista, Matilde Fernández, ha valorado el crecimiento del presupuesto y el hecho que se destine a gestionar centros y «por lo tanto las plazas de las personas».
No obstante, ha criticado que es un presupuesto que no alcanza los presupuestos que había la legislatura pasada, que crece para gestión de centros de economía social pero también de mercado y que «no dedica ni un euro a inversión para tener futuras plazas para atender a más personas».
La portavoz de IU, Josefa Amat, ha indicado que con las modificaciones de presupuesto de 2013 la Consejería alcanzó un presupuesto de 1.355 millones, lo que significa que baja un 3,9 por ciento respecto del consolidado del año pasado, que se ha ejecutado en torno a un 60 o 50 por ciento en algunos casos, lo cual quiere decir que se pone en números pero «no resulta efectivo».
Por su parte, el portavoz de UPyD, Alberto Rellero, ha criticado que «los presupuestos son una cosa y la ejecución de los presupuestos son otra». «Tenemos la experiencia de años anteriores que la ejecución no se corresponde en absoluto», ha afirmado.
«Lo que es cierto es que sobre el papel hay un pequeño crecimiento que en cualquier caso consideramos insuficiente», ha apuntado, para referirse en concreto a la falta de recursos para afrontar «la pobreza» y la dependencia.
Ayuntamientos y diputaciones andaluzas del PP se plantean no renovar los convenios de dependencia hasta que Junta les pague
Los ayuntamientos y diputaciones del PP se están planteando la posibibilidad de no renovar los convenios con la Junta para la prestación de los servicios de dependencia hasta que la Administración autonómica liquide «por completo» la deuda en esta materia, aunque se tratará de una decisión que tomarán «en función de cada caso» y de la situación económica en que se encuentre cada corporación.
Así lo ha anunciado la portavoz de Bienestar Social del PP-A en el Parlamento, Rosario Soto, quien ha acusado al Gobierno andaluz de «herir de muerte» los servicios de dependencia en la Comunidad «por la vía de los impagos», cifrando en unos 100 millones de euros la deuda que la Junta mantiene en esta materia con las corporaciones locales gobernadas por el PP.
Soto ha subrayado que los ayuntamientos se están viendo obligados a actuar como «financieras» de la Junta al tener que adelantar el dinero de la dependencia sin haberlo cobrado. «Pero todo tiene sus límites y cualquiera puede entender que si hay ayuntamientos que no tienen dinero para pagar a sus trabajadores y para financiar sus servicios públicos, no puedan financiar competencias de la Junta», ha añadido.
La dirigente ‘popular’ ha negado que la decisión del Ayuntamiento de Jaén de dejar de prestar el servicio de dependencia suponga un incumplimiento de la normativa en esta materia. Y es que, según ha explicado, la ley obliga a prestar colaboración institucional en la elaboración del Plan Individualizado de Atención (PIA). «A partir de ahí es competencia de la Junta», ha precisado.
En esta línea, se ha preguntado qué hace la Junta con el dinero que tiene presupuestado la Agencia de Dependencia y que no está llegando para ese fin. Además, según ha apuntado, el Gobierno central transfiere mensualmente a la Comunidad 33 millones para la prestación de los servicios de dependencia, lo que supone unos 360 millones anuales.
Soto ha afirmado que las únicas políticas sociales que al Gobierno andaluz le interesan son las que «generan titulares». Así, se ha referido a la propuesta del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, sobre el decreto-ley de mínimo vital de agua y luz para los perceptores del Salario Social, asegurando que hace más de nueve meses que la Junta no paga esta cuantía.
RECORTE DE 3.400 MILLONES EN POLÍTICAS SOCIALES
La dirigente ‘popular’ ha afirmado que el Gobierno andaluz ha reducido «drásticamente» las políticas sociales y que está instalado en una política de impagos en materia social y de dependencia que están poniendo «en riesgo» la prestación de estos servicios. «La presidenta dice que no va a tocar ni un euro en dependencia, pero hace todo lo contrario», ha enfatizado.
Según los datos aportados por Soto, el Gobierno andaluz ha reducido en los dos últimos años el presupuesto para las políticas sociales en más 3.400 millones, fruto de las decisiones de un «gobierno retrógrada», que no tiene «ni un atisbo de progresismo» y al que no le importan las familias ni las personas que lo están pasando mal.
En este contexto, ha indicado que el recorte en bienestar social ha superado los 260 millones en los dos últimos años, junto con los 13 millones en el Plan de Drogodependencia. A ellos se unen más de 37 millones en el Plan de Atención a la Infancia, más de 80 millones en el Servicio de Apoyo a las familias, y más de 93 millones en la Atención a la Dependencia.
El País Vasco esquivará el copago compensando a las rentas más bajas
Euskadi fue el pasado 1 de julio la última comunidad autónoma en aplicar el copago farmacéutico decretado en 2012 por el Ministerio de Sanidad y será la primera en poner en marcha un mecanismo de compensación. El Gobierno vasco aprobó este martes, en su reunión semanal, el decreto por el que, a partir de diciembre, los colectivos más vulnerables podrán solicitar la ayuda.
Según la estimación del Departamento de Salud, las compensaciones llegarán a 400.000 personas —la comunidad autónoma tiene 2,1 millones de habitantes—. En un principio, el Gobierno habló de 546.374 personas compensadas. Es la cifra de pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, parados sin prestación e inmigrantes con más de un año de empadronamiento y escasos recursos, los tres grupos que recibirán compensaciones. Los colectivos afectados —deben contar con una tarjeta sanitaria expedida en Euskadi— podrán solicitar la ayuda a partir de diciembre con efectos retroactivos a 1 de julio y los pagos comenzarán en 2014, año para el que el Ejecutivo autónomo ha reservado 18 millones de euros ampliables. La solicitud la deberán realizar los propios pacientes una vez al año en su centro de salud y el departamento abonará las cuantías al menos una vez cada seis meses.
Ante la posibilidad de un recurso contra la medida por parte del Gobierno central, el vasco ha tomado la decisión de no hablar de compensación del copago. Tampoco lo hizo al presentar el decreto. El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó que la compensación es una “ayuda social” para “asegurar la adherencia a los tratamientos” de personas en situación “objetiva de enfermedad y necesidad”. Darpón lo enmarcó en el plan de salud vasco, que exige eliminar las desigualdades en el acceso a la sanidad, y añadió que no están “cuestionando” la legislación española, sino habilitando instrumentos propios dentro del marco competencial autonómico.
El Ministerio de Sanidad afirmó este martes que estudiará el decreto del Gobierno vasco antes de decidir si lo recurre. Una portavoz recordó que los parados de larga duración están exentos del pago desde que se puso en marcha la medida. El Ministerio sí recurrió a la justicia cuando Euskadi se declaró insumisa al copago farmacéutico y se negó a aplicarlo en su territorio. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que obligaba a poner en marcha el copago, que finalmente llegó a las farmacias en julio, es decir, justo un año después de que se iniciara en el resto del Estado. “Estamos en desacuerdo pero lo aplicaremos”, aseguró entonces el consejero Darpón.
A diferencia de otras comunidades, como Madrid, el País Vasco puso en marcha desde el principio un sistema que permite alertar a las farmacias de que se ha llegado al tope de aportación de cada usuario (en el caso de un pensionista, 8, 18 o 60 euros, en función de la renta), lo que evita los complejos trámites de devolución. Madrid, por ejemplo, cobró en los dos primeros meses de implantación 2,3 millones de euros de más a los pensionistas, que luego tuvo que devolver.
Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, es una de las que lidera ahora la insumisión al copago de fármacos hospitalarios, la última medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, en vigor desde el 10 de septiembre, pero que ninguna región ha puesto aún en marcha. El País Vasco y Andalucía, entre otras, también han criticado el copago de los medicamentos que los enfermos recogen en los hospitales.
La Junta reitera que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén
La consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén, aunque no ha precisado cómo a la espera de la reunión que este mismo lunes va a tener con el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), «con la idea de buscar alguna solución» para que se preste «como se había venido haciendo hasta ahora», por el Ayuntamiento mediante concesión a una empresa.
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración del décimo aniversario de Salud Responde, donde ha confirmado el posterior encuentro con el regidor, después de que denunciara el convenio, «fuera de plazo», a juicio del Gobiernoautonómico.
«Pero lo más importante no es si está o no fuera de plazo, sino que ellos manifiestan la voluntad de no prestar el servicio y lo que nosotros queremos es llevarle a su ánimo que lo siga haciendo», ha matizado la consejera, para la que tanto los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes como las diputaciones son «instrumento fundamental» para la gestión de los servicios vinculados a la Dependencia «desde el ámbito público».
En este sentido y a la espera de lo que Fernández de Moya le transmita, ha dicho que «en primer lugar la propuesta» que le hará es que «siga manteniéndose el servicio» como hasta el momento, aunque no ha entrado en si planteará un calendario de pago sobre la deuda que la Junta mantiene con el Consistorio. «De ese tema hablaré después con él», ha declarado la consejera, quien ha recordado que ha recibido ya en torno a 630.000 euros y «en estos días» recibirá unos 800.000 euros con cargo al plan de proveedores, de modo que «será 1,4 millones de euros a finales de año» y el objetivo «es liquidar lo más posible».
«Queremos que sea a través del Ayuntamiento. Esperemos que no le vaya a pasar con las personas como le ha pasado con el metro (en alusión al tranvía). No es lo mismo», ha apostillado. En cualquier caso, la titular de Igualdad, Salud y Bienestar Social ha querido lanzar un mensaje para «quitarles esa ansiedad que se genera» entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, así como a sus familias y quienes la prestan, «porque al final, de una u otra forma, ellos van a seguir recibiendo la prestación», si bien no ha precisado cómo sería. «Vamos a esperar a esa reunión y espero que lo sigan haciendo desde el Ayuntamiento y, si no, buscaremos una fórmula», ha recalcado.
COLABORACIÓN
Además y preguntada por si le preocupa que el planteamiento del Ayuntamiento jiennense pueda extenderse por la comunidad, ha dicho confiar en que «no», puesto que se ha venido trabajando «en colaboración muy estrecha con las corporaciones locales» y «existe una red de profesionales que se financian precisamente para que se pueda prestar» a través de esta administración.
«Sí que es cierto que vamos a ir manteniendo una serie de reuniones a lo largo del martes y miércoles con todos los ayuntamientos y diputaciones para ver las preocupaciones y los problemas que plantean, con el tema de los pagos, fundamentalmente», ha señalado Sánchez Rubio, para la que «el mejor sistema de trabajar» es el actual y se va «a buscar la mayor celeridad al tema de los pagos».
20.000 afectados por distonía en España
Coincidiendo con el Día de la Distonía, la Dra. Rosario Luquin Piudo, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN) nos explica los detalles de este trastorno del movimiento.
Aunque no se conoce con exactitud el número de afectados que podría haber en España, ya que las cifras varían en función de la fuente, el método de estudio y en muchas ocasiones, se infradiagnostiquen,la SEN estima que aproximadamente existen unos 20.000 casos en España.
¿En qué se caracteriza la distonía?
La distonía es un trastorno del movimiento que se caracteriza por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas, lo que generalmente provoca posturas anormales y, en ocasiones, sostenidas de la parte del cuerpo donde aparece.
¿Cuándo aparecen estos trastornos del movimiento involuntarios?
Pueden aparecer a cualquier edad pero la edad de comienzo generalmente orienta hacia una etiología diferente. Con respecto a la parte del cuerpo por la que comienzan los síntomas, es frecuente que las formas genéticas que se inician en la infancia comiencen por afectación de las extremidades inferiores y, en consecuencia, por dificultad para caminar. Además estas formas son progresivas y pueden llegar a ser generalizadas. Sin embargo, en los adultos la distonía focal y en general cráneo-cervical sin progresión es lo habitual.
¿Es una enfermedad infradiagnosticada?
No es infrecuente que los pacientes con distonía consulten a varios especialistas (traumatólogos, fisioterapeutas, oftalmólogos) antes de visitar a un neurólogo y realizar el diagnóstico. Esto se debe a que en muchos casos la sintomatología es fluctuante con variaciones significativas a lo largo del día o las semanas o a la existencia de maniobras o trucos generalmente sensitivos (gesto antagonista) que consiguen controlar los síntomas.
¿La distonía se cura?
La distonía no se cura pero disponemos de opciones terapéuticas importantes que consiguen un buen control de los síntomas. Entre ellas la administración local de toxina botulínica en los músculos afectados proporciona una mejoría sintomática muy importante a la mayoría de los pacientes.
¿El tratamiento es individualizado para cada paciente?
Generalmente se realiza un tratamiento individualizado para cada paciente que dependerá básicamente del tipo de distonía (focal o generalizada) de los músculos involucrados y de la edad de los pacientes.
¿Cuándo se recurre a la cirugía?
La cirugía es una opción de tratamiento para las distonías generalizadas idiopáticas y para las focales que o bien no responden a la toxina botulínica o los músculos afectados son de difícil localización mediante los procedimientos habituales (registro por electromiografía o ecografía). Hay formas de distonías secundarias que también se benefician del tratamiento quirúrgico. En todos los casos la cirugía consiste en la estimulación cerebral profunda (colocación de electrodos) en el núcleo globo pálido medial.
Madrid se queda sin taxis para discapacitados
Los titulares de Eurotaxi (vehículos adaptados para personas con discapacidad física) han decidido en asamblea dejar de prestar servicio a partir de este martes en Madrid como protesta por las tarifas que regirán al sector a partir para el año que viene, puesto que a su juicio no se pueden garantizar con ellas el coste de explotación que soportan los profesionales.
El servicio, que realiza aproximadamente un centenar de vehículos en Madrid, se dejará de prestar a partir de las 6 de la madrugada y hasta que no se autoricen unas tarifas que contemplen la situación real del servicio, abogando por el criterio de la subvención para el usuario con diversidad funcional.
Así lo ha indicado el secretario de la Asociación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA), Julián Fernández, quien ha indicado que en esa asamblea abierta a todos los titulares de licencias de Eurotaxi la práctica totalidad del sector ha decidido no prestar el servicio -realizan 55.000 servicios al año, según datos del sector-.
Al respecto, ha comentado a Europa Press que el 70% de los titulares de licencia de Eurotaxi acudió de forma presencial y el resto delegó su voto en otros compañeros.
Fernández ha manifestado que, como todos los servicios, se deben abonar o bien mediante subvenciones públicas o por parte de los usuarios, frente al caso del Eurotaxi, donde se «pretende no subvencionar el servicio con dinero público y no permitir que el usuario lo pague».
«Sólo pedimos un tope que garantice el coste de explotación para los profesionales», ha remarcado el secretario de AEMA para criticar también «el jarro de agua fría» que ha supuesto el resultado de la Comisión de Precios del pasado 15 de noviembre que establece las tarifas del servicio para 2014.
En un comunicado, AEMA ha manifestado que «por segundo año consecutivo no se ha tenido en cuenta» la «excepcionalidad» del servicio de Eurotaxi, por lo tanto se mantiene un importe máximo de recogida para servicio solicitado por medio telemático de 5 euros.
«Es inviable económicamente prestar este servicio en estas condiciones y es esto lo que nos ha llevado a los profesionales que actualmente realizamos este trabajo a tomar la decisión de, a partir del próximo día 19 de Noviembre, no prestar este servicio», relata el colectivo a continuación.
AEMA critica en su comunicado el «poco interés» de las administraciones a la hora de solucionar esta problemática y ha criticado que no se desplieguen subvenciones para un servicio de transporte público, tal y como se hace en el caso de Metro o la EMT.
No obstante, Fernández ha relatado que se mantienen aún negociaciones con administración y diversas asociaciones de personas con discapacidad para tratar de encontrar una solución. Al respecto, ha comentado que los profesionales también han presentado un plan de viabilidad para renovar la flota y abaratar el coste del servicio.
SARquavitae convoca un Concurso de Pintura para personas con enfermedades neurodegenerativas para colaborar con La Marató de TV3
SARquavitae entregará a La Marató 10€ por cada dibujo presentado y 1€ por cada persona que apoye la iniciativa en Facebook, con un mínimo de 3.000€ y un máximo de 5.000€
El concurso está abierto a cualquier persona con enfermedad neurodegenerativa y los centros SARquavitae de Cataluña organizaran una jornada específica de pintura
Los centros residenciales y centros de día de atención a las personas de SARquavitae, a través de su Fundación SARquavitae, han querido unirse a La Marató de TV3, que este año se centra en las enfermedades neurodegenerativas, convocando un Concurso de Pintura dirigido a personas que sufren dichas enfermedades. Con esta actividad, la entidad quiere contribuir con los dos objetivos de La Marató: la divulgación social de las enfermedades y la captación de fondos para la investigación. Del mismo modo, se une a la iniciativa de La Marató de TV3 que ha presentado como carteles oficiales dos dibujos realizados por enfermos de Parkinson y Alzheimer.
Como experto en atención a personas con enfermedades neurodegenerativas, SARquavitae ha desarrollado terapias innovadoras de estimulación cognitiva y motora entre las que se encuentra su taller creativo y de manualidades. Por este motivo, ha querido proponer a TV3 este concurso de pintura que está muy ligado al día a día de sus centros residenciales y de día y que permite mostrar a la sociedad de una forma gráfica y dinámica las posibilidades de estas terapias.
La Fundación SARquavitae contribuirá económicamente a La Marató de TV3 realizando una aportación de 10€ por cada dibujo presentado en el concurso y de 1€ por cada persona que apoye la iniciativa en la página de Facebook de la compañía, con un total mínimo de 3.000€ y un máximo de 5.000€.
El plazo máximo de presentación de dibujos es el 10 de diciembre y todos aquellos que deseen participar, pueden mandar sus dibujos a cualquier centro de SARquavitae de Cataluña, a la sede corporativa que la compañía tiene en Barcelona (C/Aribau, 185, entresuelo / 08021 Barcelona / Concurso de Pintura per La Marató de TV3) o escaneados a través del correo electrónico info@sarquavitae.es. Las bases del concurso están publicadas a disposición de todos los interesados en la página webwww.sarquavitae.es
Se establecen dos ganadores, uno escogido por un jurado formado por profesionales de SARquavitae y de La Marató de TV3 y otro escogido por votación popular a través de las redes sociales de SARquavitae. Los ganadores recibirán una figura conmemorativa.
SARquavitae ha atendido el último año unas 2.500 personas en Cataluña, de las cuales el 25% sufrían alguna enfermedad neurodegenerativa. Todos los centros residenciales disponen de unidades especializadas en la atención a persones con Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas y han impulsado la innovación en terapias y tratamientos específicos para este tipo de enfermos junto con otras instituciones como la Fundación Pasqual Maragall. Los juegos terapéuticos, el uso de ordenador para el entrenamiento cerebral, la equinoterapia, las terapias musicales, lúdicas o multisensoriales son algunas de las actividades desarrolladas con importantes resultados. También ha impulsado códigos de conductas éticas en su atención y ha sido pionera en la creación de un Comité de Ética Asistencial en el ámbito sociosanitario. La Fundación SARquavitae colabora con diferentes asociaciones de familiares de pacientes para mejorar la calidad de vida tanto de los enfermos como de sus familias y organiza periódicamente jornadas formativas de sensibilización a la población.
SARquavitae (www.sarquavitae.es), plataforma integral de centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas en España, tiene una plantilla formada por 9.000 profesionales y atiende a unas 200.000 personas al año. La compañía dispone de 50 centros residenciales, 14 centros de atención a la discapacidad, 57 centros de día y 3 complejos de viviendas con servicios, con un total de 10.664 plazas. Además, también ofrece diariamente un servicio de ayuda a domicilio a más de 13.102 personas, realiza anualmente 76.600 visitas de urgencias médicas y de enfermería, atiende diariamente a 26.500 usuarios de teleasistencia y ofrece un servicio de call center médico y social de 96.716 llamadas anuales.
Para más información contacte con:
Aina Mauri Lisa
amauri@llorenteycuenca.com
Iris Mauricio Arribas
imauricio@llorenteycuenca.com
93 217 22 17
Sanidad retira la ayuda a la medicación a un niño con una enfermedad rara
Cuando Carmelo Alventosa Calatayud cumplió cuatro años, un especialista setabense descubrió que el niño no sufría una parálisis cerebral, tal como los médicos le habían dicho a sus padres al nacer, sino que, padecía el Síndrome de Lesch-Nyhan, una enfermedad rara que solo sufren dieciocho personas en España. Hoy Carmelo tiene doce años de edad y ha dejado de recibir las escasas ayudas que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana le ofrecían. «No es justo que gasten dinero con la visita del Papa y en la Fórmula 1 y no tengan ayudas para hacer frente a la enfermedad de mi hijo», protesta el padre del niño, Carmelo Alventosa.
El síndrome que padece el adolescente de Canals solo puede ser tratado en el Hospital de La Paz, en Madrid, y la familia se ve obligada a desplazarse unas tres o cuatro veces al año hasta la capital, lo que su pone un gran gasto. además de asistir a chequeos mensuales en el hospital de La Fe.
En un principio, la Conselleria de Sanidad pagaba parte de esta movilidad y la totalidad de la medicación del niño. Pero hace tres años paralizó las ayudas y les ha dejado de pagar la totalidad de los gastos en medicación (ahora los padres tienen que abonar el 40%). También Sanidad le debe a la familia dos meses de dependencia, que percibe la madre como cuidadora. «Mi hijo necesita alguien a su lado siempre porque tiene dependencia de Nivel 3», afirma Alventosa.
Carmelo precisa de una silla de ruedas muy concreta, ya que los niños con el síndrome se autolesionan y requieren estar amarrados. De este modo, familias como la de Carmelo han de hacer frente, además de los gastos normales, a los pagos extra que conlleva una persona dependiente. Con el Plan Nacional de Reformas 2013, que prevé ahorrar 1.108 millones de euros en el sistema de ayuda a las personas dependientes, los recursos quedan paralizados salvo si es «urgencia social». Por ello, su madre abandonó su trabajo para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.
La familia también tuvo que cambiar de casa porque necesita una vivienda hecha a la medida de los problemas que presenta Carmelo. «Intenté conseguir ayudas para poder financiar la construcción de una casa adaptada para mi hijo y en conselleria me dieron largas», declara el padre.
Los cuidadores
Con la reforma de la Ley de Dependencia, los cuidadores familiares no profesionales, como la madre del afectado, han perdido las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno. A pesar de que todo se dificulta para la familia, Carmelo siempre ha estado «rodeado de grandes profesionales de la medicina», como a investigadora del laboratorio de bioquímica del hospital de La Paz, Rosa Torres, una de las encargadas de mejorar el diagnóstico de la enfermedad junto al doctor Juan garcía Puig. «Hemos notado mucho los recortes. Cada vez las autonomías nos ponen más dificultades administrativas para poder hacer nuestro trabajo», manifiesta la científica.
Durante todos estos años tanto Toñi como Carmelo se han movido para que su hijo viva de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, en el antiguo colegio del niño consiguieron que los dependientes contaran con un cuidador personal.
Ahora Carmelo es el primer afectado por el síndrome que lleva una bomba de bacloceno, un tipo de medicación intravenosa que reduce su espasticidad (rigidez de los músculos). Este mecanismo se lo pusieron el pasado mes de junio en el hospital de La Fe después de un par de meses de negociaciones con varios especialistas. Gracias a este avance,« Carmelo puede hablar mejor y ya duerme de un tirón» y ha mejorado un ápice su calidad de vida.
Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos
Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.
De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.
No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.
Trabajadores sin sueldos
A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.
En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.
En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Denuncian que el Consell no paga a la residencia Virgen del Remedio
EU denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social lleva diez meses sin pagar las plazas de mayores en la residencia Virgen del Remedio, lo que afecta a 47 plazas subvencionadas.
Desde EU acusaron a la consellera Asunción Sánchez Zaplana de permitir que se produzcan estas «situaciones de riesgo en los sectores de población más vulnerables».
La diputada Esther López Barceló ha elevado una pregunta a Les Corts para denunciar la incertidumbre a la que trabajadores y residentes se ven abocados debido a la «insostenible» situación financiera del centro.
Desde EU explican que una de las medidas para paliar las desigualdades sociales consiste en la financiación de plazas en residencias de mayores para personas con graves dificultades. La residencia Virgen del Remedio, antiguamente ubicada en el Asilo de Benalúa, cuenta con 47 plazas subvencionadas de las casi 90 de las que dispone.
«En Alicante existe un déficit notable en recursos para nuestros mayores, y los más perjudicados están resultando ser aquellos que mayor grado de dependencia presentan, en el caso de los residentes de Virgen del Remedio, hablamos de personas a las que la administración tiene el deber de amparar, dadas sus condiciones», señala el concejal de EU Daniel Simón. «No permitiremos que se lesionen derechos fundamentales», añadió.
«Todavía estamos esperando saber qué va a ocurrir con el bloque terminado y reformado que ocupaba la Residencia Aitana en la calle Capitán Segarra y que lleva varios años cerrado a cal y canto. ¿A qué espera Conselleria, a que se caiga por desuso?», se pregunta el edil. Simón explica que «desde que en 2009 cerraron la única residencia céntrica que tenía la ciudad, nos hemos quedado con únicamente dos centros públicos y es inexcusable que no se paguen las plazas».
El 61% de los jóvenes sería pobre si se emancipara
El 61por ciento de los jóvenes catalanes de entre 20 y 34 años que vive con sus padres sería pobre si se emancipara. Así se desprende de la Encuesta a la Juventud de Cataluña 2012 (EJC12), elaborada por la conselleria de Bienestar Social y Familia. El 36,6 por ciento de los jóvenes catalanes vive con sus padres, de los que un 40,8 por ciento aportan más de una cuarta parte de los ingresos totales del hogar.
Pese a ello, el 18,7 por ciento de los hogares en los que viven jóvenes no emancipados están por debajo del umbral de la pobreza, una tasa que sería del 35,1 por ciento si no se contaran sus ingresos. «Su papel es muy importante en las familias y son de gran ayuda», dijo la consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté.
Lejos de la política
La encuesta, realizada con una muestra de 3.000 jóvenes, destaca que el 49 por ciento de los catalanes de entre 20 y 34 años tiene poca o nula participación política, de los que un 19,4 por ciento muestran actitudes de desafección y alejamiento, por lo que no votan.
También revela el informe que uno de cada cuatro personas de esta franja de edad de entre 20 y 34 años tiene un hijo actualmente, mientras que la proporción asciende al 47 por ciento si se acota entre los 30 y los 34 años. El 41,6 por ciento declara tener dificultades para conciliar los estudios o el empleo con la vida familiar.
Además, el estudio detecta que tres de cada cuatro hablan habitualmente catalán, pese a que sólo es la lengua inicial para el 36 por ciento de ellos, una proporción que asciende al 47 por ciento en el caso del castellano.
En relación al estado de salud, tiene un estado óptimo el 64 por ciento de los jóvenes y un 10 diez por ciento tiene un mal estado porque sufre algún problema psicológico, consume alcohol y drogas con regularidad y tiene conductas de riesgo, entre otros factores. La encuesta también concluye que el 98,4 por ciento de los jóvenes tiene una actitud positiva respecto a los estudios y el empleo, lo que para Munté demuestra que «es necesario superar los estereotipos que dibujan una juventud pasiva y víctima de un contexto desfavorable por la crisis».
La consellera también destacó que solo el 1,6 por ciento de los jóvenes catalanes tiene una actitud pasiva porque no estudia ni trabaja, lo que demuestra que «la gran mayoría está comprometida con su entorno y busca formas de lograr sus proyectos vitales aunque sea a contracorriente»
Discapacidad. Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre
Los 19 Cermis Autonómicos llevarán en próximo 1 de diciembre la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ a todo el país, para reclamar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y en protesta contra los recortes sociales.
Según informó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de este modo las plataformas territoriales de la discapacidad continuarán en diciembre de 2013 la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’, que tuvo su inicio el 2 de diciembre de 2012, encabezada por el Cermi Estatal y que se tradujo en una marcha cívica que reunió a más de 90.000 personas en Madrid.
La estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ puesta en práctica por el Cermi consiste en una campaña permanente de presión política para contrarrestar los retrocesos de derechos, de inclusión y de bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia de la crisis y las decisiones políticas de recortes económicos y sociales.
«‘SOS Discapacidad’ tiene pues su continuidad en 2013 en los territorios, culminando el día 1 de diciembre, antevíspera del día internacional de la discapacidad, en sendos actos cívicos en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión de la movilización de la discapacidad organizada por sus derechos, inclusión y bienestar», indica el comité.
Munté abonará la mayor parte de su deuda a las entidades sociales esta semana
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha anunciado este viernes que su departamento pagará la semana que viene –el 20 y 21 de noviembre– cerca del 70% de los 70 millones de euros que la Generalitat debía a las entidades sociales y mercantiles en julio de 2012.
Como ya ha dicho en anteriores ocasiones, Munté ha remarcado que la segunda fase del pago está prevista para 2014, según ha reiterado en la inauguración en Lleida de las nuevas instalaciones de la Asociación Antisida
«Nos felicitamos de que finalmente lleguen estos pagos aunque consideramos que desgraciadamente hemos perdido mucho tiempo por el camino», ha afirmado la consellera, en un acto en el que han participado el alcalde, Àngel Ros y el presidente de la Diputación, Joan Reñé.
PEDERASTA DE CASTELLDANS
Munté ha evitado concretar la evolución del expediente abierto por su Conselleria a la Fundació Concepció Juvanteny, encargada de hacer el seguimiento de los niños tutelados por la Generalitat del presunto pederasta de Castelldans detenido en junio.
«Sobre eso no contestaré, no hay ninguna novedad», ha señalado la consellera a los periodistas que le han preguntado sobre el caso, precisando que este viernes se había desplazado a Lleida para otras cuestiones.
Lo ha dicho en alusión a la sede de la Asociación Antisida y a los actos de Asociación Down Lleida, que este viernes ha entregado los premios anuales a las empresas que facilitan la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual.
Las cifras de la dependencia tras el tijeretazo de 2012: 100 millones más de gasto, 40.000 ayudas menos
El BOE recoge las cuentas de 2012 del Instituto de Mayores y Servicios sociales, encargado de gestionar las pensiones no contributivas y las de invalidez, las ayudas a la dependencia y los programas para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad, entre otras partidas. En total, el organismo ha gastado más de 5 mil millones (mil más que en 2011) entre el pago de ayudas, subvenciones y pensiones y su funcionamiento ordinario (nóminas, suministros). Detallamos algunas de las cifras más significativas:
1. Las personas que recibieron el nivel mínimo de protección establecido en la ley de dependencia fueron 751.364, 10.000 más que en 2011. Pero en realidad el número de beneficiarios es menor de lo que marcaba la previsión inicial: 790.000 personas. La memoria de las cuentas lo justifica por el «descenso de nuevos reconocimientos» por parte de las comunidades autónomas, es decir, porque aprueban menos nuevas altas de las esperadas.
2. El recorte de estas ayudas para cada grado y nivel, tras el tijeretazo incluido en el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, fue de un 13%. Pese al recorte y a que el número de beneficiarios no cumplió las expectativas, el gasto en ayudas del nivel mínimo de protección fue de 1.404 millones, 117 más de lo presupuestado, ya que el Gobierno suponía que el gasto se iba a mantener estable con respecto a 2011 (1.280 millones).
3. Los cuidadores no profesionales (familiares o cercanos sin trabajo que reciben una ayuda por hacerse cargo de una persona dependiente) que firmaron el convenio para que ese trabajo cotizara en la Seguridad Social fueron 23.933, cuando la previsión era muchísimo mayor: de 193.000 personas. ¿A qué se debe ese desajuste entre las previsiones y lo que finalmente ocurrió? Hasta el 1 de agosto de 2012, esos cuidadores cotizaban a la Seguridad Social a cargo del Estado. A partir de entonces, gracias de nuevo al recorte aprobado en julio, si querían cotizar debían pagar el 85% de su bolsillo (a partir del 1 de enero de 2013 pagan el 100%). Además, la paga que recibían por cuidar de sus familiares también sufrió un drástico recorte.
4. Buena parte del presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales se destina a pagar laspensiones no contributivas y las pensiones por invalidez, que sumaron 2.152 millones en 2012, 29 más que en 2011.
5. A cierre de año, en España recibían pensión por invalidez 194.896 personas (casi 200 más que en 2011) y las pensiones no contributivas sumaban un total de 250.382 (3.000 menos que en 2011).
La Generalitat reclamará deudas a 600 ancianos con recursos que se niegan a copagar la residencia
La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.
Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».
El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.
El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.
Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.
A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».
«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.
Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.
Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.
Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.
La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.
47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN
En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.
«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.
Cuanto más mayores, más pobres
Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, fue uno de los integrantes del comité de sabios que rechazó la reforma propuesta por el Gobierno, que ahora se encuentra en trámite parlamentario. El especialista, que ha ofrecido una conferencia en Vitoria sobre el futuro de las pensiones invitado por la Escuela de Formación Tomás y Valiente, asegura que los pensionistas perderán poder adquisitivo y lo harán de forma continua -«durante los primeros años subirán mucho menos que la inflación», aseguró- y para él «la reforma de las pensiones es una cuestión política, no económica».
Incluso cuando la economía logre recuperarse, el techo fijado por el Gobierno hará muy difícil que las prestaciones recuperen el terreno perdido. Así, el especialista advierte de las dificultades a las que tendrán que enfrentarse los ciudadanos tras dejar su vida activa y pasar al estatus de jubilados. España parece que no es un país para viejos, a pesar de ser uno de los que cuenta con la mayor esperanza de vida del mundo.
