Archivo mensual: diciembre 2013
La falta de DNI deja sin cobrar los atrasos a familias de niños con discapacidad
Padres de niños con alguna discapacidad denuncian impagos por parte de la Junta de Andalucía debido a un trámite burocrático. Al parecer, sus hijos no han podido cobrar los pagos correspondientes a los dos últimos años por el concepto de retroactividad en la concesión de sus prestaciones de la Ley de Dependencia -ya desaparecido- porque no contaban con DNI, al no ser obligatorio hasta los 14 años. Una situación que también salpica a las familias de personas dependientes fallecidas, que también tienen derecho a este pago.
En agosto del pasado año, entró en vigor el Real Decreto que modifica la Ley de Dependencia y que incluye una serie de «medidas de racionalización para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad». Uno de los cambios que se incluían es que se eliminaba la retroactividad en los pagos de a las personas dependientes.
Hasta ese momento, la norma garantizaba un periodo máximo de seis meses desde que la persona dependiente solicitaba la valoración hasta que se le concedía la prestación correspondiente con su grado y nivel. Si el Estado, a través de las Comunidades Autónomas -que son las encargadas de la ejecución de la ley-, tardaba más de ese periodo, tenía la obligación de pagar al beneficiario por todos los meses de retraso que se acumulasen hasta que recibiese la ayuda. No es la primera modificación que sufre la retroactividad ya que, en su origen, le Ley de Dependencia preveía abonar la retroactividad desde el mismo día en el que se solicitaba la misma y fue cambiado por el Gobierno de Zapatero en el año 2010.
Pero una cosa era tener el derecho a cobrar el dinero por los atrasos y la otra era cobrarlo. Muchas de estas familias se toparon con la crisis económica y no empezaron a recibir el dinero hasta que el Gobierno del PSOE acordó un plan de pagos que preveía saldar la deuda entre 2011 y 2016 en cinco cuotas cada primer trimestre del año. Sin embargo, las 24.500 familias andaluzas afectadas -según el Defensor del Pueblo Andaluz- solo habían recibido el importe del año 2011.
Plan de pago a proveedores
Al menos hasta hace unas semanas. Del total de afectados, unas 20.000 personas ya han cobrado la cuota del año 2012. El Gobierno central aprobó el pasado junio que la Junta incluyese los pagos de la retroactividad de la Ley de Dependencia dentro del plan de pago a proveedores. El problema es que para incluirlos en esta opción, era necesario aportar el DNI. Y muchos niños no lo tienen o no lo tenían en el momento en el que hicieron la solicitud de la Ley de Dependencia.
Según indican desde la Plataforma de afectados por los atrasos de la Junta de Andalucía por la retroactividad de la Ley de Dependencia creada en Facebook -que cuenta con más de 1.200 familias andaluza-, actualmente hay unos 2.000 menores acogidos a la Ley de Dependencia en la Comunidad, según el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, y un alto porcentaje podrían estar afectados por esta «situación dantesca».
«Dependientes de segunda»
Uno de los casos es el de Carlos González. Su hijo de siete años tiene Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H). Solicitaron la Ley de Dependencia en el año 2008. Se la concedieron en mayo del año 2011. Le deben 3.400 euros en total y solo ha cobrado una quinta parte. «Mi hijo se ha convertido en un dependiente de segunda clase; después de casi dos años sin respuesta, ahora vemos que otras personas beneficiarias están cobrando y nosotros no por un mero trámite burocrático, y el dinero es necesario; mi hijo tiene también fagofobia y cada semana tengo que gastar 100 euros en batidos especiales», señala. Lo peor es que su hijo ya tiene DNI desde hace algunos años. «Cogieron los datos del expediente de 2008 y no nos alertaron de que esto podía pasar; si no, podríamos haberlo tramitado», se queja.
La malagueña Mar Castillo, que tiene un hijo con el 87% de minusvalía visual, tiene una historia parecida. Le deben 1.815 euros de los que solo ha cobrado 397. «En mi caso, el problema no es el DNI, sino que hicimos un cambio de residencia y no han actualizado los datos para avisarnos», dice.
Fuentes de la Delegación de Salud y Bienestar señalan que la Junta está a punto de abonar los pagos a las personas que se han visto afectadas y que en cualquier caso, cobrarán antes del 31 de diciembre. Aunque ya no se les pagará desde el plan de pago a proveedores sino desde la propia Consejería. Aunque no indican ninguna cifra, indican que esta situación ha afectado «a muy pocas familias».
Sector de la dependencia valora «positivamente» la subida del Gobierno regional cántabro del 1,6% por las plazas concertadas
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en Cantabria ha valorado «positivamente» la subida del 1,6 por ciento en los precios públicos que paga a las empresas y entidades del sector de la Dependencia por las estancias concertadas tanto en centros de día como en residencias.
Así lo ha afirmado en un comunicado su presidente, Víctor Pandal, quien ha opinado que esta medida aprobada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria se trata de un «pequeño paso para retornar a la senda de la normalidad», tras la bajada de 2012 –que cifra entre el 10% y el 13%– y la congelación de 2013.
«FRAGILIDAD ECONÓMICA» DE LOS CENTROS
Pandal ha opinado que el Gobierno regional «debe ser consciente» de que «muchos centros» se encuentran en una situación de fragilidad económica que «pone en serio peligro su viabilidad ante la proliferación de plazas vacías».
A su juicio, este hecho se vuelve «más acuciante» en los centros medianos y pequeños en zonas rurales, donde la posibilidad de ocupar plazas privadas es «mínima» puesto que la mayor parte de los posibles usuarios no disponen de los recursos necesarios.
Por ello, ha insistido en que el sector sigue reclamando la adopción de más medidas para dar viabilidad a los centros y mejorar la calidad de atención a los ciudadanos que reciben nuestros servicios.
Ha opinado que estas medidas deben ir orientadas a mejorar la normativa vigente, tanto sobre los criterios materiales exigidos como en la obligatoriedad de que todos los centros de Cantabria concertados cuenten con una acreditación que garantice una asistencia regulada y de calidad.
Por ello, y pese al «esfuerzo» que supone a las empresas y entidades del sector, ha considerado una «buena noticia» que a partir de junio de 2014 todos los centros concertados con el Gobierno de Cantabria deberán estar acreditados. A su juicio, «debe garantizarse de alguna forma el tipo de servicio que se presta y como se presta».
Así, ha afirmado que FED Cantabria seguirá colaborando con la Administración «para avanzar juntos» pero «sin renunciar a sus objetivos» en cuanto a la atención centrada en el usuario, la sostenibilidad empresarial y el reconocimiento social.
La Federación Española de Dependencia representa a 2.400 Centros Residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en Centros de Día, 230.000 beneficiarios de Servicios de Ayuda a Domicilio y 315.000 usuarios de Teleasistencia.
Más de 21.000 personas disfrutan ya de las ventajas de la Tarjeta del Mayor
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, ha afirmado hoy que un total de 21.056 personas mayores de la Comunitat Valenciana disfrutan ya de las ventajas que ofrece la Tarjeta del Mayor de la Generalitat.
En este sentido, ha manifestado su satisfacción «ante la buena acogida de esta iniciativa entre las personas mayores de la Comunitat Valenciana, que pueden acceder así a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, etc». Los beneficiarios pueden consultar el catálogo de servicios y establecimientos adheridos en la página web de la conselleria de Bienestar Social.
Por provincias, la de Alicante cuenta con un total de 4.084 tarjetas emitidas, la de Castellón cuenta con 2.100 tarjetas y en la provincia de Valencia 14.872 personas mayores ya disponen del documento acreditativo.
La consellera ha señalado que la Tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que pone de manifiesto «el constante esfuerzo del Consell por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ofreciéndoles una amplia variedad de recursos y servicios para dar respuesta a sus necesidades e inquietudes».
Asimismo, ha indicado que la conselleria de Bienestar Social destinará en 2014 más de 200 millones de euros para la atención asistencial y programas destinados a las personas mayores de la Comunitat Valenciana».
Empresas adheridas y tipología
Sánchez Zaplana ha explicado que un total de 413 empresas de la Comunitat Valenciana se han adherido ya a la tarjeta del Mayor, y ha añadido que «desde la conselleria de Bienestar Social continuamos trabajando para ampliar los beneficios para los usuarios de esta tarjeta».
Dentro de los comercios y empresas adheridos a la Tarjeta del Mayor figuran ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, cafeterías, tintorerías, fisioterapeutas, gimnasios, centros de estética, decoración y mobiliario para el hogar, podólogos, tiendas de moda, talleres de reparación de vehículos, zapaterías, panaderías, pastelerías, perfumerías, ferreterías, farmacias, funerarias, floristerías, herbolarios, empresas de reparación de electrodomésticos, residencias, centros de día, despachos de abogados, estudios de fotografía, entre otros.
La consellera ha agradecido la colaboración de «todas estas empresas que han decidido participar en esta iniciativa tan beneficiosa para las personas mayores», y se ha dirigido al resto de empresas y comercios de nuestra Comunitat para que se sumen a esta iniciativa.
Requisitos para acceder a este servicio
Pueden ser beneficiarias de la Tarjeta del Mayor todas aquellas personas de la Comunitat Valenciana que tengan 65 años cumplidos o 60 años y que sean pensionistas.
Para obtener la Tarjeta del Mayor, las personas mayores pueden dirigirse a las Oficinas Prop de la Comunitat Valenciana, a los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las tres provincias de la Comunitat, así como a los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM) y a los Servicios Sociales de los distintos municipios.
El Catálogo de Servicios de la Tarjeta de Mayor puede ser consultado en la página web de la Conselleria de Bienestar Social http://www.bsocial.gva.es. , que se actualiza mensualmente.
Por último, la consellera ha destacado la importante colaboración para la difusión de la Tarjeta del Mayor de las distintas asociaciones de jubilados y pensionistas de nuestra Comunitat, como las UDP de Alicante, Castellón y Valencia y la Federación CIMA de personas mayores.
El dinero que se gaste en dependencia tendrá que ser certificado
Las comunidades autónomas tendrán que remitir cada año un certificado al IMSERSO para acreditar en qué han gastado el dinero que reciben del Estado para atender a sus ciudadanos en situación de dependencia, una medida que se acordó en el Consejo Territorial del ramo en julio de 2012 y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
Así lo recoge el proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de financiación –el importe que aporta el Estado– de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press.
El documento fija esa aportación estatal en los términos recogidos en el Real Decreto de medidas de estabilidad presupuestaria aprobado en 2012, es decir, consolida el recorte de las ayudas, que pasaron de 231,28 euros por cabeza para los casos de gran dependencia Grado II –los más severos– y 157,26 euros para la gran dependencia Grado I, a 177,86 euros en ambos casos.
Asimismo, establece las condiciones en que los gobiernos autonómicos tendrán acceso a ese dinero: tendrán que expedir un «certificado acreditativo de su aportación» para la financiación del sistema «a más tardar el 30 de abril de cada año» que refleje la actividad realizada en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
Así, tendrán que reseñar el número de personas beneficiarias atendidas por cada grado, el número de servicios y prestaciones económicas percibidas por sus beneficiarios y el detalle de los gastos corrientes directamente ejecutados para la atención de los dependientes, tanto los que ya tenían las ayudas, como los que se hayan dado de alta en ese periodo.
«El certificado será expedido por la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma responsable de la gestión de la atención a la dependencia, con el visto bueno y conforme del representante de la intervención de la comunidad autónoma, para los datos económicos y presupuestarios», concreta el proyecto.
La Administración General del Estado abonará las cuantías correspondientes mes a mes, previa presentación de otro certificado que acredite las altas y bajas de sus beneficiarios, los traslados, las revisiones, la suspensión de la prestación y cualquier otra modificación en los expedientes que se haya producido. Deberá estar firmado por el responsable autonómico de dependencia.
No será el único trámite a realizar. Los gobiernos regionales deberán ‘subir’ al Sistema de Información del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) todos los datos relativos a las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia: el grado de las personas beneficiarias, la prestación reconocida, la fecha de efectividad del derecho, la capacidad económica de los dependientes y su aportación al coste del servicio, en su caso. Sin este trámite previo, no habrá transferencia de fondos.
El Consejo de Ministros aprobará también este viernes otro Real Decreto sobre dependencia que habrá de regular las prestaciones. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge todas las normas de desarrollo de la Ley que se han venido aprobando desde su entrada en vigor, incluidas las de reforma impulsadas por el Ministerio de Sanidad desde el año 2011.
Así, persigue dar uniformidad nacional a asuntos como la documentación necesaria para formalizar la solicitud de ayudas a la dependencia, las intensidades de protección que requieren las distintas situaciones de los beneficiarios, o el régimen de compatibilidades de servicios y prestaciones, conforme los decretos al respecto que ya están en vigor.
AERTE reclama que Bienestar Social abone entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los 25 millones de euros, tal como se comprometió
. La Conselleria de Bienestar Social continúa acumulando deuda con el sector de la atención a la dependencia, al seguir sin abonar las cantidades establecidas mensualmente, cada mes de impago supone 15 millones de euros. La deuda acumulada al final de este mes será de más de 115 millones.
Como en más de una ocasión ya ha denunciando AERTE, la situación de continuos impagos y promesas incumplidas no puede sostenerse más. Centros de atención a la dependencia no han podido hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y, en algunos casos, tampoco a las nóminas de noviembre y diciembre.
María José Mira, directora general de AERTE, ha reconocido que “a ningún empresario le gusta dejar de abonar la paga de Navidad y las nóminas, sobre todo, en un sector como este, donde la mayor parte del gasto es en personal especializado. En la mayoría de los casos, incluso, es el único sustento de sus familias”. Mira subraya que en representación de las empresas desea “agradecer a los trabajadores del sector su paciencia y apoyo en momentos como estos, dado su compromiso por seguir atendiendo a las más 30.000 personas dependientes a pesar de la situación”.
Reclama que Bienestar Social abone los 25 millones comprometidos
La Conselleria de Bienestar Social comunicó la semana pasada a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014, abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada.
Aunque esta cantidad es insuficiente para solventar la dramática situación, Aerte urge a cumplir con este compromiso en las fechas establecidas, de una forma equilibrada, para dar un puntual respiro al sector. Así mismo, reclama que el pago de la segunda fase del FLA se agilice lo antes posible dada la extrema falta de liquidez de los centros que ahora no recibirán ni un euro.
Plan de pagos
Desde AERTE, su directora general insiste que es “imprescindible que se adquiera un compromiso por parte de la administración para establecer un plan de pagos”, ya que en este sector cada mes que pasa sin cobrar se genera una deuda superior a los 15 millones de euros. La segunda fase del FLA, una vez que se active, únicamente solucionará la deuda anterior a abril de 2013.
Establecer un plan de pagos permitiría, según María José Mira, asegurar un cobro continuo a las empresas y entidades que prestan servicio a la dependencia. Mira aboga por un “plan de pagos equilibrado entre todos los programas que garantice, no sólo la atención a los más de 30.000 dependientes, sino la supervivencia de las empresas del sector y sus trabajadores”.
AERTE solicita reunión con el Presidente Fabra
AERTE ha solicitado una reunión al Presidente Fabra para encontrar una solución consensuada que permita no sólo afrontar el futuro del sector sino establecer un calendario de pagos que se cumpla y también posibilitar la resolución de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas dependientes. En definitiva, para solicitarle que interceda para que la dependencia no siga siendo lo último en el que piense el gobierno valenciano.
El Sistema de Dependencia «está tocando techo», según el IMSERSO, que cifra en 750.000 los que reciben prestación
El número de personas que recibe algún tipo de prestación por dependencia ha crecido desde el pasado mes de enero en un total de 2.693 personas, hasta alcanzar la cifra de 754.244 que reciben algún tipo de ayuda económica, según ha informado el director general del IMSERSO, César Antón.
El crecimiento de este año ha sido menor al del año pasado, cuando la cifra creció en 12.694 personas, aunque Antón ha matizado que la diferencia se debe, entre otras razones, a que el sistema «está tocando techo».
«Las cifras de crecimiento no pueden ser las mismas ahora que cuando se puso en marcha el sistema, en 2007», ha señalado.
El crecimiento se ha producido en un total de doce comunidades autónomas, encabezadas por la Comunidad de Madrid, que han sumado un total de 26.264 beneficiarios de las ayudas, pero la cifra queda reducida por el descenso del número de ayudas que se conceden en otras cinco, entre las que destaca Andalucía, con más del 80 por ciento de la reducción, según ha indicado Antón.
Según el director general del IMSERSO, la reducción de las ayudas concedidas en algunas comunidades y el aumento de un 17 por ciento del número de solicitudes rechazadas en el conjunto del sistema no se debe a un endurecimiento de las condiciones de acceso dado que el baremo para acceder a las mismas «sigue siendo el mismo y corresponde a un Real Decreto de 2010».
Por otra parte, desde que el actual Ejecutivo asumió la gestión del sistema, el número de beneficiarios del mismo ha crecido en más de 180.000 personas y las listas de espera para acceder a las ayudas se han reducido en 112.000 personas (un 35 por ciento menos), ha asegurado el responsable del IMSERSO.
Así, un total de 193.239 personas han sido reconocidos como «beneficiarios» aunque la concesión de prestaciones se encuentra aún «tramitándose», según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la solicitud de otras 296.337 personas ha sido «valorada» aunque el reconocimiento del grado de dependencia aún no es efectivo.
En este sentido, Antón ha señalado que «nadie está contento de que haya tantas personas en la lista de espera», pero ha valorado positivamente el hecho de que se haya reducido cerca de un 36 por ciento.
De hecho, ha recordado que, pese a las críticas recibidas tras la reforma del sistema de pensiones, «los datos están ahí» y ha señalado que el sistema «se ha mantenido» y ha obtenido un leve crecimiento «en el peor momento económico de la democracia».
Además, ha señalado que «ya no habrá más medidas ni ajustes en el sistema de atención a la dependencia más allá de la evaluación y el seguimiento» y ha recordado que tanto la cuantía como el catálogo de las prestaciones y las condiciones de acceso a ellas «se han mantenido intactos», a excepción de las ayudas a familiares, que se redujeron un 15 por ciento de forma pactada con las comunidades autónomas.
CRECEN LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Como resultado de ello, ha explicado que ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores del sector de atención a la dependencia en un total de 6.218 personas en lo que va de año, hasta alcanzar los 342.147 trabajadores hasta el 30 de noviembre. «Son pocos, pero es un primer paso», ha asegurado el director general del IMSERSO.
Además, ha señalado que «se está estudiando algún tipo de cualificación» o reconocimiento de las capacidades para ejercer la actividad que sirva como marco regulador y que tenga un posible «efecto llamada» sobre las personas en situación de desempleo que puedan realizar estas tareas.
De este modo, además, se conseguiría tener «no solo una lista de personas que demandan estos servicios sino también una de personas cualificadas para ello. Así se agilizaría el trámite», ha asegurado.
Directoras y gerentes de Servicios Sociales dicen que los datos de la Ley de Dependencia están «manipulados»
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen que los últimos datos de gestión de la Ley de Dependencia ofrecidos por el IMSERSO, referidos al mes de noviembre de 2013, no depuran todas las personas fallecidas en lo que, a su juicio, «parece una estrategia desesperada para ofrecer datos ‘positivos’ a final de año».
Según han denunciado, a través de un comunicado, es «enfermiza» la «manipulación» de los datos oficiales que mensualmente ofrece el IMSERSO respecto a la evolución de la Ley de Dependencia, y ha indicado que quieren «dar una apariencia de gestión diligente y mostrar las pretendidamente salvíficas mejoras introducidas por nada menos que tres reformas de la Ley».
«Se retuercen los datos hasta conseguir que ya nada sea fiable, comparable o que pueda ser estadísticamente analizado con un mínimo de rigor», señalan.
Así, critican que los datos de noviembre arrojan un «inaudito pero oportuno» incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas que, según han declarado, «ojalá fuera reflejo de la realidad».
«Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las comunidades autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el cambio de tendencia que anuncia el Gobierno, desgraciadamente, no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes», indica la asociación.
Otro elemento que, en su opinión, denota «una manipulación» es el incremento de personas con dictamen de grado y nivel de dependencia cuando desde agosto de 2012 se eliminaron los niveles. En el mes de noviembre respecto al mes anterior este incremento se dio en 4.103 casos:
En cuanto al mensaje de que las «mejoras» producidas en el sistema han reducido a 112.702 personas de la lista de espera, la asociación ha señalado que la «manipulación de los datos es obvia».
Así, ha explicado que la lista de espera se elevaba a 305.941 en enero de 2012 y que ahora, si se dan como buenos los datos de noviembre, se reduciría hasta 193.239 personas. «En el mismo intervalo de tiempo, el incremento de personas atendidas fue de 2.693 personas. Cuando una lista de espera se reduce en más de 112.000 personas con un incremento de atendidos de solo 2.693, es evidente que muchos de esa lista simplemente perdieron el derecho a ser atendidos (cerca de 30.000 personas que tenían grado I y nivel 2) gracias a la primera reforma de Ana Mato», ha indicado, para añadir que, el resto, «en un número indeterminado, han sufrido revisiones de grado a la baja».
«Vender esto como un ‘éxito en la gestión’, además de ser una ficción estadística y una mentira que exigiría más de una dimisión, es de una crueldad insoportable», han denunciado directoras y gestores de Servicios Sociales, que han señalado que «no se puede desbaratar por la vía de la inanición de recursos el desarrollo de una Ley como esta y luego pretender que se ha hecho más sostenible gracias a la ‘eliminación’ de los derechos de las personas y manipulando los datos hasta lo enfermizo».
Aprobada la reforma de pensiones sin consenso político ni social
El Pleno del Congreso aprobó el jueves 19 de diciembre, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios.
De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero del 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.
En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma «no tendrá larga vida» y será derogada cuando haya cambio de Gobierno.
Ante estos vaticinios, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y diputada Carolina España ha advertido de que si esto llega a ocurrir «volvería la ruina, el déficit, la congelación y el rescate» por lo que ha instado a la oposición a «arrimar el hombro».
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.
Novedades
Con esta reforma, las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC si no en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas. La ley fija un suelo de subida del 0,25 % para los años malos y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros y para 2014, el Gobierno ya ha decidido que la subida será del 0,25%.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años. Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Enmiendas
Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una «maniobra» para «consumar la muerte del sistema público de pensiones». En este tiempo, el proyecto de ley solo incorporó cuatro enmiendas del PP. Una, la que elevaba al IPC más el 0,50% la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones.
En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. «El barco se mantendrá siempre a flote» llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso. Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son «absolutamente necesarias» para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050.
Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20 % del gasto total de las pensiones contributivas.
Simon Senior prevé tener un volumen de ventas de 21 millones de euros en 2017
Simon Senior, compañía especializada en asesorar y equipar el hogar de las personas mayores, se ha consolidado como la marca de referencia en el sector de los mayores en España. Aunque la compañía tiene más de 20 años de experiencia en el sector, opera con el nombre de Simon Senior desde el pasado mes de abril, cuando pasó a formar parte del grupo de empresas Simon Holding, especializado en la venta de material eléctrico de baja tensión, electrónica y domótica, entre otros productos y servicios.
La compañía prevé obtener un volumen de ventas de 3,5 millones de euros en 2014 y crecer de manera importante los siguientes años, hasta llegar a tener unos ingresos de 21,3 millones de euros en 2017.
Según el director general de Simon Senior, Manel Santacana, “nuestro amplio conocimiento del producto y de las necesidades del usuario final nos han dado el liderazgo. Estamos seguros que Simon Senior seguirá creciendo de manera importante en España”.
“Creemos que la entrada de Simon Holding en el negocio es muy positiva porque se trata de un grupo de empresas muy importante, que constantemente apuesta por la innovación y que nos puede ayudar a iniciar un proceso de internacionalización de la compañía en un futuro no muy lejano”, apunta la product manager de Simon Senior, Anna Casanovas.
Simon Senior tiene sus oficinas centrales en Olèrdola, en la provincia de Barcelona, donde dispone de un showroom y un almacén de más de 1.000 metros cuadrados. La compañía también tiene un departamento propio de investigación y desarrollo de nuevos productos para poder satisfacer cualquier necesidad.
Historia de la compañía
El proyecto empezó en 1992, cuando un familiar cercano de los fundadores de la compañía enfermó de Alzheimer. Viendo las pocas soluciones que había en ese momento para personas dependientes y para sus cuidadores, Manel Santacana y Anna Casanovas decidieron crear una empresa que ofreciera productos para ayudar a las personas mayores que vivían solas en su domicilio y a sus cuidadores.
Manel Santacana explica que “viendo las posibilidades de crecimiento del sector de la tercera edad, decidimos apostar fuertemente por él y poner en marcha un negocio que ofrecía soluciones a unas necesidades no cubiertas. Durante estos años hemos ido creciendo de manera sostenida, ganando la confianza de los clientes gracias a nuestro expertise y a la calidad de nuestros productos”.
La primera empresa se llamó “MAM Serveis Seniors”, centrada en ofrecer servicios a personas mayores que vivían en su domicilio. Posteriormente, en 1997, crearon una compañía dedicada al equipamiento de residencias y colectividades: “Equip Integral”. En el año 2000 inauguraron la primera tienda en Sant Sadurní d’Anoia, “La Botiga de l’Avi”, para intentar acercar sus productos a la población en general. No tardaron en expandir la marca a diferentes ciudades de España y Portugal (“La Tienda del Abuelo” y “A loja do Avô”) y, después de algunas alianzas con empresas de otros sectores, decidieron ampliar el canal de comercialización creando la marca “Club Mayores”, que ofrecía productos en farmacias, ópticas, empresas de audiología, dispensarios médicos, etc. Finalmente, en abril de 2013, se creó Simon Senior gracias a la alianza con la empresa Simon Holding.
“Durante estos años hemos tenido experiencias muy gratificantes que nos han ayudado a creer todavía más en nuestro proyecto. En una ocasión, por ejemplo, una señora nos agradeció con lágrimas en los ojos que le hubiéramos vendido un producto para ponerse las medias, solucionándole así un problema que no le había permitido salir de casa en meses”, explica Anna Casanovas.
La tienda on line
El portal web permite ver información detallada y fotografías de todos los productos, y realizar el pedido de una manera rápida y segura. La compra es online, aunque también hay un servicio de atención telefónica para solucionar dudas y recibir más datos sobre los productos. Asimismo, con un blog al que se accede a través de la página web, la compañía ofrece consejos sobre salud y bienestar en su “Consultorio”.
Además de la web, la empresa también ofrece sus servicios a través de profesionales expertos que trabajan en centros especializados repartidos por todo el territorio español y portugués. Entre estos puntos de venta hay farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedias, centros auditivos y ferreterías. Esta red de prescriptores se prevé que crezca de manera importante este 2014.
Por otro lado, además de vender sus productos, la compañía asesora a colectivos e instituciones que tratan a diario con personas mayores y ofrece formación a profesionales del sector. En este sentido, por ejemplo, Simon Senior colabora con el Centre de Vida Independent (CVI), entidad que ofrece asesoramiento a las personas dependientes, formación y talleres, y un laboratorio de investigación para poner al alcance de usuarios y profesionales del sector toda la tecnología ya disponible en el mercado o la que se encuentra en un estado de desarrollo muy avanzado. Simon Senior colabora de manera muy activa con el CVI en Cataluña, así como con otras instituciones nacionales similares.
Simon Senior comercializa productos de marcas de gran prestigio internacional, especializadas en asistencia a la dependencia. Este es el caso de Doro (experta en telefonía adaptada a las personas mayores), Roth (barras de fijación con ventosas), Swereco (artículos ergonómicos para la higiene personal), Maddak (ayudas técnicas para personas con dificultades), Uplift (Estados Unidos, ayudas para la movilización), Kaudex (mobiliario ergonómico) y Goman (fabricante italiano de ayudas para baño).
El 51% de los mayores que atiende Cruz Roja son pobres, pero ayudan a familiares
El 51 por ciento de las personas mayores que atiende Cruz Roja Española en programas sociales viven por debajo del umbral de la pobreza (612 euros al mes) pero un tercio ha tenido que ayudar a algún familiar en el último año, lo que les sitúa en una situación de mayor privación agravada en el contexto de crisis: un 4% ha perdido las ayudas que recibía y un 9,7% tiene problemas para afrontar el copago de los medicamentos.
Esta es una de las conclusiones del boletín sobre vulnerabilidad social que ha presentado este jueves la institución humanitaria y en el que se describe a partir de 1.112 encuestas cualificadas, el perfil de sus beneficiarios mayores de 65 años, 364.199 personas, el 4 por ciento de la población española en este tramo de edad. La cuarta parte de los mayores atendidos vive en hogares donde todos sus miembros están en paro.
Para el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, los datos reflejan que «cuanto más pobres, más ayudan» porque si un 4,7% del total ha tenido que acoger familiares en casa en el último año, el porcentaje es del 6% entre quienes se encuentran en una situación de pobreza extrema (el 17,2% de los atendidos, que ingresa menos de 408,59 euros al mes). En el 61,3% de los casos fueron ayudas económicas y en el 18,7%, alimentarias o de productos de primera necesidad.
Los beneficiarios de estas ayudas han sido principalmente los hijos de la persona mayor (59,8%), aunque también los nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%). En total, el 15,4% de estos mayores tiene a cargo a personas dependientes y un 2% a niños menores de 16 años de edad. «Sabemos que está creciendo esta situación y claro, si atiendo a mis familiares, tengo menos dinero para mi salud y para mis necesidades», ha destacado Bruel.
Esta situación de privación, que es severa entre casi ocho de cada diez mujeres atendidas, repercute en que un tercio (33,3%) de las personas mayores no pueda ni encender la calefacción durante el invierno, o que casi siete de cada diez (67,9%) no pueda salir de vacaciones una semana de casa ni aunque sea con viajes sociales del IMSERSO. El 72,2% no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros.
Estas personas, de media, ingresan 500 euros mensuales y un 12,7% no consigue llegar a fin de mes. Los hay que están en 408 euros (17,5%) y que no tienen ningún ingreso (6,8%), en su mayoría (83%) mujeres. En el 47% de los casos el dinero es de una pensión de jubilación (frente al 70% de la población general) y en un 37%, de una de viudedad (23% en todo el país). En estos casos, el 17% no puede subsistir sólo con eso. El 3% además, tiene problemas para afrontar los pagos de su vivienda.
Bruel ha explicado que «hasta ahora, las personas mayores eran vistas como privilegiados económicos porque tenían garantía de ingresos con la pensión, pero eso ha cambiado». Según ha dicho, el encarecimiento de la vida y los recortes han empobrecido a estas personas. El 4% ha dejado de recibir las ayudas que tenía, que eran económicas en el 73,3% de los casos y que en un 18,8%, procedían de Servicios Sociales. En total, el 28,8 por ciento necesita ayuda para subsistir.
NO LLEGA PARA MEDICINAS
En este sentido, el informe dice que «la crisis ha influido en el poder adquisitivo del 62,7 por ciento» de los atendidos. Casi el 74% dice que gana lo mismo, pero le da para menos que antes y cerca del 6% reconoce problemas económicos que no había tenido nunca. Además, el 5% tiene problemas financieros: un 2% ha perdido sus ahorros, el 2,1% problemas con el banco y el 1,3%, deudas importantes.
El coordinador advierte de que la situación «no es broma»: el 38,3 por ciento de los mayores atendidos ha tenido problemas relacionados con la atención de su salud, en su mayoría económicos. El 17,7% ha encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7 por ciento, para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha señalado.
Además, un 9,5% ha pasado más de seis meses en una lista de espera, en un colectivo donde los problemas de salud crónicos afectan al 61,5 por ciento de las personas, un 74,4% tiene problemas para caminar (al 29,7% le impiden deambular), un 34,2% dificultades para vestirse o lavarse y un 63,1% siente dolores o molestias constantemente. «Sólo» el 32,3% de los varones y el 23,4% de las mujeres consideran bueno su estado de salud, frente al 39,7% y 30,6%, respectivamente, de la población general.
LA SOLEDAD, UNA EPIDEMIA
En este sentido, el informe destaca que el 22,5 por ciento de los mayores atendidos por Cruz Roja tienen una discapacidad importante, el 40,8% una certificación de minusvalía y el 22%, de dependencia. Bruel ha destacado que estos mayores dependientes y sólos son los que más preocupan a la institución humanitaria, porque la ayuda que reciben, que suele ser de acompañamiento, sólo se da unas horas al día y el resto del tiempo, no pueden valerse por sí mismos.
Precisamente la soledad es uno de los problemas de las personas mayores en el que más incidencia hace Cruz Roja porque agrava el resto de situaciones, especialmente las de salud. El 27% de los atendidos no recibe visitas nunca o casi nunca, el 23% no tiene con quién comentar sus problemas, el 38,8% «no sabría ni a quién pedir ayuda económica» y tienen «la cabeza llena de preocupaciones» el 61% de las mujeres y el 45,8% de los hombres.
Aunque los datos no son extrapolables al conjunto de la población, Bruel afirma que «por lo menos entre un 10 y un 15 por ciento» de los mayores de 85 años en España podrían ajustarse a este perfil y nadie tendría por qué saberlo, ya que se trata de un colectivo «que no demanda servicios» y al que le cuesta pedir ayuda. De hecho, el informe advierte de que los mayores creen que la sociedad tiene una visión «utilitarista» de ellos: o están para ayudar (30%) o son una carga (45,3%).
250.000 firmas para exigir que el cumplimiento la Ley de Dependencia
La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de LAPAD y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entregan este jueves en el Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas para exigir el cumplimiento de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia en su séptimo aniversario.
Se trata de una iniciativa ciudadana ante la «demolición controlada» del Sistema de Atención a la Dependencia y las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno actual, que según alertan estas entidades, «ha impactado de manera cruel» en las personas en situación de dependencia, «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».
Por ello, piden a los grupos en la Cámara baja la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente –al menos del 50%– para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma ley.
Estas dos entidades alertan de que más de 200.000 personas se encuentran en el ‘limbo de la dependencia’ –con el grado reconocido, que esperan a ser atendidos– y del «recorte de más de 1.000 millones de euros» –supresión del nivel acordado y reducción 13% nivel mínimo– y el «abandono» de los cuidadores familiares.
La Generalitat comunica a Aerte el pago de 25 millones de los 100 de deuda acumulada con centros y residencias
La Conselleria de Bienestar Social ha comunicado a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero abonará unos 25 millones de euros los centros, correspondientes a la deuda acumulada que mantiene y que alcanza los 100 millones de euros.
La entidad ha apuntado en un comunicado que, ante este anuncio, las empresas del sector «encontrarán un respiro puntual a la extrema complejidad en la que se encuentran muchos centros y residencias debido a la deuda acumulada que mantiene la administración valenciana, a día de hoy más de 100 millones, y que en algunos casos se mantiene durante más de doce meses seguidos».
Aerte espera que el pago se realice «en los plazos previstos y de una manera equilibrada» entre todas las empresas, de manera que se evite «la asimetría continuamente practicada por Conselleria de Bienestar Social que supone un agravio comparativo continuo entre centros, pero también entre personas dependientes».
En este sentido, ha subrayado que una «gran parte de la deuda no ha sido abonada desde la Conselleria al no haber contabilizado las facturas, y reconocido así la deuda en tiempo y forma». Entre otros, cita como ejemplo las correspondientes a la gestión de centros de titularidad pública o el sistema Bono.
«CONTINUA ESPIRAL DE DEUDA»
La entidad ha recalcado que el abono de los 25 millones «corresponde a deuda acumulada desde hace demasiado tiempo» y ha reclamado la necesidad de que se realice «el pago mensual correspondiente al sector». «Cada mes de impago supone más de 15 millones de euros, lo que conlleva una continua espiral de deuda que no da solución definitiva a la gravísima situación actual del sistema la dependencia en la Comunitat».
Por ello, reclama un plan de pagos para 2014 «que se cumpla, tanto de las cantidades pendientes de deuda acumulada como de las mensuales, de modo que permita a las empresas tomar las medidas oportunas para evitar cierres de centros o el impago a los trabajadores».
13.000 EXPEDIENTES PENDIENTES
Así mismo, ha instado «una vez más a colaborar con la Administración para encontrar aquellos mecanismos que permitan garantizar el abono». Por último, ha reclamado «con urgencia» al Gobierno valenciano «que resuelva los más de 13.000 expedientes que tiene pendientes –2.000 más que hace un año– de personas que han sido reconocidas dependientes y que esperan las prestaciones que por ley les corresponde, en algunos casos desde hace mas de tres años».
Investigadores diseñan un robot de bajo coste que asiste a personas mayores en sus domicilios
Investigadores de las universidades de Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura han diseñado un robot de bajo coste destinado a la vigilancia de mayores o discapacitados. Se trata de un sistema robótico que ayuda a personas dependientes en entornos domésticos inteligentes, espacios están dotados de sensores y actuadores ambientales que ayudan al usuario.
La innovación del robot, aún en fase de prototipo, es su autonomía a la hora de navegar. «Sus capacidades cognitivas permiten que el robot comprenda y ejecute órdenes del usuario. Por ejemplo, si se le pide que vaya a un sitio, el robot busca el camino adecuado para llegar por sí mismo», detalla a la investigadora del proyecto en la Universidad de Huelva, Nieves Pavón.
Además de los algoritmos de inteligencia artificial que aumentan la autonomía, otra de las ventajas es la reducción del coste. «Hasta ahora, los diseños robóticos resultan más costosos porque requieren cables, instalación de cámaras o dispositivos de domótica, que implican hacer obras en el edificio donde van a actuar», explica.
Los investigadores proponen una instalación sencilla, que pueda acometer el propio cuidador. Esto reduce el coste del prototipo, que cuenta con medio metro de altura y unos siete kilos de peso. «El objetivo final es que el robot se compre al mismo precio que un electrodoméstico, entre 500 y 1.500 euros, porque se le pueden añadir extras. Incluso exploramos que se pueda alquilar por un tiempo», adelanta.
Los científicos han desarrollado experimentos en los que el robot se comunica con una red inalámbrica de sensores para realizar tareas de posicionamiento. De este modo, navega de forma autónoma a través del hogar de una persona para acometer tareas de vigilancia del estado de la persona dependiente. El cuidador puede comunicarse con el robot a través de dispositivos móviles y controlarlo de forma remota si es preciso. El siguiente paso es complementarlo con sensores ambientales para mover puertas o desplazar objetos.
Para ello, un software permite al robot entender donde se encuentra. Los investigadores han construido un mapa de donde está y la plataforma robótica va aprendiendo los recorridos de la casa, mediante algoritmos basados en inteligencia artificial. «Le enseñas, acompañándolo, a que recorra el mapa, reconozca las características del entorno y luego lo hace solo», precisa.
Tanto la estrategia de posicionamiento en el mapa como la construcción del mismo se basan en el uso de técnicas combinadas de Inteligencia Computacional y Teoría Probabilística. «La primera consiste en aplicar técnicas que intentan imitar ciertos comportamientos de la naturaleza, como por ejemplo, el comportamiento humano. Por su parte, la Teoría Probabilística se centra, a grandes rasgos, en proporcionar modelos matemáticos que permiten manejar la incertidumbre que siempre existe a la hora de tomar decisiones», explica.
Además, para hacer más robusto el robot, los investigadores han analizado en el artículo ‘A Comparative Study of Parallel Software SURF Implementations’, publicado en Concurrency and Computation: Practice and Experience, distintos métodos para detectar y describir un conjunto de puntos de interés de una imagen en tiempo real.
Los expertos trabajan ahora en experimentos que simulan cómo funcionaría el robot en un domicilio. El siguiente paso es configurar un prototipo más robusto para probar en una residencia o varias viviendas con la idea de comprobar la aceptación del usuario. El robot se ha desarrollado en el contexto de un proyecto liderado por el investigador Joaquín Ferruz Melero, del Grupo de Robótica, Visión y Control de la Universidad de Sevilla.
Clece pone en funcionamiento la residencia de Villaornate
El grupo de servicios Clece ha puesto en funcionamiento la nueva residencia Nuestra Señora de la Magdalena en Villaornate y Castro(León). Como se recordará, Clece se adjudicó la gestión del centro a finales de 2009, antes de que se construyera, pero las obras se han ido retrasando hasta ahora. La nueva residencia será gestionada por la empresa madrileña durante 15 años, si bien se contemplan posibles prórrogas por otros cinco ejercicios. El centro cuenta con 47 plazas repartidas en 27 habitaciones, siete de ellas individuales. La residencia se ha levantado en una parcela de 7.000 m2, adquirida en marzo de 2009 por el Ayuntamiento para la realización de este proyecto, por un importe de 60.000 €. En total, la inversión ha alcanzado los 1,4 M€.
La nueva residencia de Villaornate refuerza la presencia de Clece en la provincia de León donde cuenta con otros seis centros geriátricos en gestión en las localidades de Sahagún, Benavides (los dos centros compartirán algunos técnicos con el nuevo de Villaornate), Riello, Bembibre, La Baña y Toreno. Tras la incorporación del centro de Villaornate, suma 373 camas en la provincia, mientras, en todo Castilla y Léon, el grupo alcanza las 19 residencias abiertas y 1.290 camas.
Tras las incorporaciones de los últimos meses, Clece tiene abiertas actualmente 52 residencias repartidas por todo el país, con 3.678 camas operativas. A ellas se sumarán otras tres aperturas que el grupo tiene pendientes en las localidades de Dueñas (Palencia), Tardienta (Zaragoza) y Almáchar (Granada). La división de mayores de Clece cerró 2012 con una facturación de 300 M€, de los que 77,4 M corresponden a la gestión de residencias.
Carrefour y Fundación Galenas abren un supermercado accesible para personas con discapacidad
Carrefour y Fundosa Galenas han inaugurado este martes un nuevo supermercado Carrefour Express en Madrid, un centro totalmente accesible cuya apertura supone, además, la creación de trece puestos de trabajo, diez de los cuáles serán cubiertos por personas con discapacidad, según sus promotores.
La inauguración del supermercado ha contado con la presencia del secretario general de Carrefour, Agustín Ramos; el consejero delegado de Galenas, Antonio José Barea; el presidente de Galenas, Alejandro Oñoro; y el consejero delegado del Grupo Fundosa y director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.
Durante la inauguración, el secretario general de Carrefour ha puesto en valor el trabajo realizado por todos los empleados para la apertura del establecimiento, y les ha animado a «prestar un buen servicio al barrio y conocer a los clientes». Asimismo, el consejero delegado de Galenas ha coincidido en felicitar a todos los empleados por el esfuerzo realizado y ha mostrado su satisfacción por este nuevo proyecto de la empresa.
Por último, el director general de Fundación ONCE ha expresado su deseo de que el nuevo Carrefour Express sea «un centro modélico y el primero de una larga serie de centros accesibles». Martínez Donoso ha apostado por «poner la diversidad en manos del público» y se ha mostrado «convencido de la profesionalidad y experiencia» de Carrefour y Galenas para el éxito de este proyecto.
El nuevo establecimiento, ubicado en la calle del Padre Xifré nº 3 de Madrid, será gestionado por Fundosa Galenas, la empresa de Fundación ONCE especializada en tiendas de conveniencia. Cuenta con 411 metros cuadrados de sala de ventas, así como espacios adaptados a personas con movilidad reducida, carros especiales para usuarios de sillas de ruedas, balanzas y expendedores de tickets a alturas inferiores a 1,20 metros, bucle magnético, cartelería informativa con pictogramas, además de cuartos de baño accesibles y timbres de emergencia.
Los usuarios con movilidad reducida también pueden recurrir al horario especial para compras asistidas y solicitar una de las sillas de ruedas que Galenas ha puesto a disposición de los clientes que lo necesiten. Con esta apertura, son ya 76 las tiendas que Galenas gestiona en 31 provincias de España, en su mayoría establecimientos ubicados en hospitales, centros comerciales, centros de transporte de viajeros y estaciones de servicio. La empresa de Fundación ONCE da empleo a más de 400 personas, el 94% de ellas con alguna discapacidad.
AMADE ofrece a los mayores madrileños 250 plazas gratuitas para pasar las fiestas navideñas en sus centros residenciales
El Ayuntamiento de Madrid, a través del servicio de teleasistencia, localizará a personas en situación de soledad y las pondrá en contacto con la Asociación
La Comunidad de Madrid y autobuses Ruiz también colaboran con esta iniciativa solidaria
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) presentó su tradicional campaña de Navidad, el lunes 16 de diciembre, a las 11.30 horas, en la Fundación Fausta Elorz. Bajo el lema Ningún mayor solo en Navidad, AMADE ofrece 250 plazas gratuitas en sus centros asociados de la Comunidad de Madrid para que, un año más, los mayores que lo soliciten pasen estas fechas tan señaladas acompañados y en un cálido entorno. En su décimo segunda convocatoria, la Campaña cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, a través del servicio de teleasistencia, así como de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y autobuses Ruiz.
Un año más, los centros asociados a la patronal madrileña de atención a la Dependencia AMADE, abrirán sus puertas para que los mayores que así lo deseen puedan pasar estas fechas tan señaladas en compañía y compartir con los residentes y los profesionales de los centros el espíritu navideño. El Viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo; el Director General del Mayor del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Blanco; el Coordinador General del Área de Gobierno, Servicios Sociales y participación Ciudadana, Carlos Martínez y el Presidente de AMADE, Javier Gómez serán los encargados de presentar la XII edición de la Campaña Ningún Mayor solo en Navidad.
“Calculamos que en la Comunidad de Madrid hay cerca de 200.000 personas mayores de 65 años que viven solas. Desde AMADE, queremos reducir el número de casos de aislamiento entre este colectivo en Navidad y promover el bienestar de los mayores, ofreciéndoles la posibilidad de vivir estas fiestas con los residentes y los profesionales de nuestros centros, en un entorno agradable, seguro y adaptado a sus necesidades”, asegura el secretario general de AMADE, Javier Gómez. Teatro, concursos de villancicos, bailes de salón, Belén viviente… son algunas de las actividades que, además de implicar a las personas mayores en la dinámica de los centros residenciales, fomentan las relaciones sociales.
El Ayuntamiento de Madrid colabora con la Campaña y, a través del servicio de teleasistencia, con más de 114.000 usuarios en la capital, localizará a las personas mayores que viven solas y no van a pasar la Navidad en compañía, para ofrecerles disfrutar estas fiestas en alguno de los centros de la patronal madrileña. Asimismo, la Campaña cuenta también con el apoyo de la Comunidad de Madrid, al considerar que esta iniciativa solidaria mejora la calidad de vida de todas las personas mayores. Por su parte autobuses Ruiz contribuirá facilitando el transporte gratuito de los mayores desde su casa hasta los diferentes centros residenciales y viceversa.
La Campaña ofrece de nuevo 250 plazas gratuitas (125 en Nochebuena y 125 en Nochevieja), que incluyen la cena de Nochebuena y Nochevieja; pernoctación las noches de Nochebuena a Navidad y de Nochevieja a Año Nuevo; y los desayunos y comidas de Navidad y Año Nuevo. Los mayores que deseen pasar la Navidad en compañía pueden llamar a la sede de la Asociación (91 4220531) y solicitar su plaza.
Presentación de la IX edición de la Campaña Ningún mayor solo en Navidad
Día 16 de diciembre
Lugar Fundación Doña Fausta Elorz. C/ Conde de Peñalver, nº 53.
Hora 11:30horas
Ponentes:
Carlos Izquierdo. Viceconsejero Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Carlos Blanco, Director General del Mayor del Ayuntamiento de Madrid
Carlos Martínez, Coordinador General del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana
Javier Gómez, Presidente de AMADE
Asociación Madrileña de atención a la Dependencia (AMADE)
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) es una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a los centros privados de la Comunidad de Madrid. Fundada en 1990, su objetivo es impulsar el reconocimiento de la labor asistencial y sociosanitaria del sector residencial, convirtiéndose en el principal interlocutor ante los organismos públicos y privados. En la actualidad, AMADE representa a 225 centros, con un total de 16.500 plazas residenciales y 3.117 en centros de día.
Más información:
Pilar Ramos
Telf.: 91 4220531
La existencia de 70 normas diferentes causa inseguridad jurídica a los dependientes
La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) denuncia en un informe la inseguridad jurídica y la desigualdad territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.
Bajo el título ‘Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia’, el informe concluye que la falta de la obligatoriedad de la normativa común genera falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades en el colectivo de dependientes y, en concreto, de aquellos con discapacidad.
El Sistema de Dependencia no sólo se rige por la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia de 2006, sino por normativas y desarrollos reglamentarios autonómicos y acuerdos en el seno del Consejo Territorial de Dependencia –integrado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad–.
Todo ello ha provocado la existencia de unas 70 normas que se han ido publicando desde 2007, pero sin derogar o sustituir completamente a las precedentes. Esto ha incurrido una «mezcolanza» normativa que afecta directamente al administrado y familiares, que, según este documento, «no saben de forma clara a qué texto remitirse».
NO HAY UN MÍNIMO COMÚN DE DERECHOS
Además, las diferencias entre regulaciones de las distintas comunidades autónomas determinan, según este estudio, que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación de dependencia varíe «sustancialmente» del territorio en que reside el beneficiario. «No existe un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español», aseveran los autores de este informe.
El documento pone en evidencia que aunque la Ley de Dependencia establece que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos suficientes, y para ello pone como límite el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la práctica algunas comunidades autónomas han establecido valores distintos. «Existe una importante falta de homogeneidad», añaden.
Durante la presentación de este informe, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha afirmado que el sistema de Dependencia «ha perdido fuerza» desde su implantación, «primero con los baremos, luego con la carta de servicios y después con el copago». Asimismo, ha subrayado que todos estos cambios unidos a criterios autonómicos dispares «se han lesionado los derechos de las personas con discapacidad».
«Vivimos tiempos difíciles», ha reconocido Martínez Donoso, no sin advertir de que España cuenta con un tejido asociativo que es «la envidia de Europa» y que existe un marco normativo que «ampara» las reivindicaciones del colectivo de las personas con discapacidad, pese a lo «difícil» que «día a día» se lo ponen las administraciones.
REFUNDICIÓN NORMATIVA
Entre las recomendaciones de este informe, realizado por la asesora jurídica de FEAPS, Inés de Araoz, destaca la necesidad de que las comunidades autónomas aborden una «refundición normativa» para que se aclare la situación jurídica de las personas con discapacidad y que ofrezcan en sus webs información actualizada, simplificada y accesible, de tal forma que los beneficiarios puedan consultarla y comprenderla.
Asimismo, propone que en el Consejo Territorial de Dependencia, los responsables autonómicos en esta materia alcancen un acuerdo para homogeneizar las condiciones de participación económica de los dependientes, estableciendo criterios y condiciones que «preserven su derecho a nivel de vida adecuado para ellos y sus familias».
La venta de medicamentos innovadores se desploma un 29% por el copago farmacéutico
El gasto farmacéutico público en medicamentos innovadores ha caído en los últimos dos años sensiblemente más de lo que lo ha hecho el conjunto del gasto farmacéutico público. En concreto desde que se puso en marcha el copago la caída es del 29%, según recoge el último Boletín de Coyuntura del Mercado del Medicamento en España que elabora mensualmente Farmaindustria.
Así, en el periodo comprendido entre mayo de 2011 y junio de 2012 (mes anterior a la entrada en vigor del nuevo esquema de copagos farmacéuticos) el gasto total se redujo un 6%, mientras que el gasto en medicamentos innovadores, aquellos sujetos a deducciones, lo hizo un 11%, una diferencia de cinco puntos porcentuales.
Por último, a su vez, desde la entrada en vigor del nuevo sistema de copagos, en julio de 2012, la diferencia se ha ampliado, y mientras el gasto farmacéutico público cayó un 21% entre mayo de 2011 y septiembre de 2013; el gasto en medicamentos innovadores se ha reducido un 30% en el mismo periodo.
