Archivo diario: 13 enero, 2014

AERTE fortalecerá programas de formación continua durante este año para profesionales de sus centros

curso aerteCon la colaboración del SERVEF, iniciará en breve diez cursos que suponen un total de 340 horas. Durante 2013 desarrolló más de 3.000 horas repartidas en más de 40 cursos dirigidos tanto a profesionales en asistencia sociosanitaria como a gerentes y gestores de centros.

La Asociación empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha planificado para este año nuevos programas formativos de carácter continuo, siguiendo con su objetivo de impulsar aún más la calidad en los servicios profesionales de atención residencial a las personas dependientes. Un amplio programa dirigido a los más de 13.000 profesionales que trabajan en sus más de 200 centros adheridos.

La Asociación, en colaboración con el SERVEF, iniciará en breve diez cursos que suponen un total de 340 horas. Cursos que trataran temas de máximo interés como: el trabajo en equipos interdisciplinares en el sector de la dependencia; la gestión de la farmacia y auxiliar de salud mental y toxicomanías; servicios básicos del centro residencia de día; tratamientos en el mayor con enfermedad crónica; planes de control e higiene en la industria alimentaria o protocolos, programas y procedimientos en residencias.

El curso relativo a la gestión de la farmacia y auxiliar de salud mental y toxicomanías, se inició el pasado mes de diciembre y tiene una duración de 90 horas. Aborda, entre otros temas: el marco conceptual de salud mental; los principales trastornos psíquicos, como por ejemplo, trastornos de ansiedad, de personalidad, en alimentación de afectividad; las distintas tipológicas de enfermos psicóticos y psiquiátricos; las normas de actuación en salud mental; las modalidades terapéuticas o los modelos de planteamiento, evaluación e intervención en la rehabilitación psicosocial.

Aerte desarrolló el pasado año más de 3.000 horas repartidas en más de 40 cursos, tanto a profesionales en asistencia sociosanitaria como a gerentes y gestores de  centros.

 

Asistencia de 360 grados

Bruno-Sanllehi-gerente-y-BorjaLa franquicia de centros de día Vitalia Barcelona y la empresa de atención sanitaria domiciliaria Saps han lanzado una servicio conjunto para ofrecer asistencia de 360 grados a personas de la tercera edad, las 24 horas, 365 días al año. La fórmula bautizada como In & Out 3600 combina la estancia de los mayores en el centro de día Vitalia del barrio barcelonés de Sarrià, donde reciben atención personalizada a través de diferentes actividades terapéuticas y talleres dedicados a la tercera edad, con asistencia por la noche en sus respectivos domicilios particulares. «Un servicio pionero en España que pretende cubrir las necesidades de muchas familias que tienen problemas para poder cuidar de las personas mayores que tienen a su cargo por las noches, durante los fines de semana o los periodos vacacionales», dice Bruno Sanllehí, gerente de la franquicia Vitalia para Catalunya.

El coste mensual del nuevo servicio, que es totalmente adaptable a las necesidades de agenda de cada familia, oscila entre los 1.200 y los 2.500 euros. «Un precio muy razonable si lo comparamos con el de una residencia de personas mayores que aún sería más elevado, y con la diferencia de que las personas siguen viviendo en su casa, y están continuamente realizando actividades que les estimulan», añade Borja Cumella, director de Saps.

El directivo afirma además que las familias reciben un seguimiento exhaustivo del servicio, que posee una plantilla inicial de 50 profesionales sanitarios. «Actualmente contamos ya con más de una decena de personas que han contratado el servicio y muchas otras que se han interesado por él», comenta Sanllehí.

El perfil de los clientes a los que se dirige In & Out 3600 son familias de un poder adquisitivo medio-alto, residentes en el área metropolitana de Barcelona, que tienen familiares a su cargo de unos 70 años en adelante.

Por el momento, el servicio se testeará en Catalunya y, en función de su éxito, se exportará a otros puntos de la geografía española durante el 2015. Vitalia es la primera red de franquicias de centros de día en España que aplica el método Hofmann y cuenta con 23 centros repartidos España y recientemente ha iniciado su expansión internacional en países como Brasil y México.

Por su parte, Saps ofrece servicios de atención sanitaria a domicilio a personas de todas las edades desde el año 2009.

Ambas empresas estiman ofrecer el servicio In & Out 3600 a más de un centenar de usuarios durante el 2014 y facturar dos millones de euros.

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El Govern catalán y La Caixa renuevan el programa Gent 3.0 de promoción del envejecimiento activo

Informática para mayores

Informática para mayores

 La Conselleria de Bienestar Social y Familia y la Obra Social de La Caixa han firmado este viernes la renovación del programa Gent 3.0 de promoción del envejecimiento activo, un proyecto que en los últimos tres años ha contado con la participación de 450.000 ancianos en Catalunya.

   El compromiso es desarrollar el programa de actividades en 44 ‘casals’ de ancianos y 57 espacios propios de La Caixa, que este año priorizará proyectos que sitúen a la tercera edad como «protagonistas», dado el creciente envejecimiento y la difícil coyuntura económica.

   El acuerdo ha sido suscrito por la consellera Neus Munté y el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Lanaspa, e incluye la realización de talleres de promoción de la salud y el bienestar, proyectos de participación social y voluntariado y formación en tecnologías de la información, entre otros.

    Munté ha asegurado que a pesar del contexto económico, el Govern ha podido preservar el día a día de sus equipamientos cívicos «gracias al criterio de priorizar aquello importante».

   Lanaspa, por su parte, ha asegurado que ante el aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones sociales y de salud de la gente mayor «es necesario impulsar al máximo el envejecimiento activo y saludable».

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Más de 9.300 cuidadores dejan de cotizar por los recortes en dependencia

CuidadorLos recortes en materia de dependencia se han llevado por delante las cotizaciones de más de 9.300 cuidadores no profesionales en la provincia. La decisión del Gobierno hace poco más de un año de dejar de financiar las cuotas de estas personas, en su mayoría mujeres, ha provocado que vuelvan a engrosar las listas del paro. Así, las últimas estadísticas disponibles del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que a fecha de 30 de noviembre de 2013 sólo había 732 cuidadores afiliados en Málaga, frente a los 10.131 que estaban dados de alta en octubre del año anterior, justo antes de que entrara en vigor la medida del Ejecutivo.

Esto supone que apenas el 7% siguen cotizando para poder cobrar una pensión en un futuro, haciéndolo de su propio bolsillo. Al suprimirse el régimen especial de cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, la Administración del Estado ‘invitó’ a los afectados a costearse sus cotizaciones extinguiéndose así el convenio especial suscrito en 2007 para que los cuidadores no profesionales pudieran regularizar su actividad. Durante los primeros meses, hasta final de 2012, se bonificaron las cuotas de quienes decidieran seguir afiliados, con un descuento del 15%.

Pero son pocos los que pueden hacer frente al pago de las cotizaciones, que ascienden a 163,04 euros al mes, máxime cuando la reforma de la Ley de Dependencia de 2012 -Real Decreto 20/2012, de 13 de julio- estipuló además un recorte del 15% en las prestaciones que venían recibiendo. El hecho de que una persona deje de cotizar a la Seguridad Social no significa que no pueda continuar como cuidadora no profesional a efectos de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta cantidad, que reciben más de 20.000 personas y que rondaba los 370 euros al mes, se vio reducida en unos 55.

Cobrar una pensión

La figura del cuidador no profesional es una de los recursos que la ley reconoce a los dependientes y su valor reside en que se trata de una persona cercana al enfermo o anciano que posibilita que su vida diaria se desarrolle en casa. Aunque hay más de 20.000 en la provincia, solo han llegado a estar afiliados en el régimen especial aproximadamente la mitad porque el resto ya cotiza por otros trabajos o bien están jubilados, como explica el presidente de la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que señala que los 732 cuidadores que continúan afiliados -654 mujeres y 78 hombres- lo hacen en su mayoría «porque necesitan cotizar para garantizarse una pensión al estar cercana su jubilación».

Para este especialista, la expulsión de la Seguridad Social de la mayor parte de los cuidadores al no costear el Gobierno sus cotizaciones supone «la pérdida de un derecho subjetivo». Además, a su entender, «desde la perspectiva feminista se trunca un estatus reconocido a las mujeres en 2007». «Las políticas sociales no son políticas de género, pero las mejores políticas de género son las políticas sociales», señala. «Para el Gobierno supone un ahorro, pero es un recorte de mil millones de euros al dejar de pagar las cotizaciones y fastidiar a las mujeres», denuncia Ramírez.

A nivel nacional se han perdido más de 154.000 cotizantes desde la entrada en vigor de la medida que suprime el pago de las cuotas por parte de la Administración. Tras Madrid (881) y Barcelona (2.038), Málaga es la provincia con más personas afiliadas como cuidadores en el ámbito familiar, aunque esta cantidad cae mes a mes desde noviembre de 2012.

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Comunicado Edad&Vida: EN DEFENSA DE LA LEY

Fundacion EdadVidaAnte las últimas noticias publicadas sobre la reciente aprobación de una modificación de la Ley de Servicios Sociales por parte del Parlamento Balear que establece “prioridad” en el caso de conciertos con la Administración Balear de unas entidades a través del denominado Concierto Social, sin tener que acudir dichas entidades a procedimientos competitivos, con formas de contratación no acordes con Ley de Contratos del Sector Público, la Fundación Edad&Vida se siente en la obligación de hacer pública su disconformidad ante dichos hechos y ante éstos declara que:

– En los últimos tiempos, algunas administraciones públicas vienen manteniendo formas de contratación directa con entidades sin ánimo de lucro, que sobrepasan ampliamente el espacio asignado para estas entidades en la Ley de Contratación Estatal, vulnerando con ello los sistemas generales de contratación que se basan en la aplicación de principios tales como publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, entre otros.

– En 2010, el Tribunal de Cuentas hizo una moción a las Cortes Generales, debido a unas alarmantes cifras de que en 10 años más de 32.500 millones de euros se habían convenido directamente, proponiendo la configuración de un marco legal adecuado y suficiente para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas y la adopción de las medidas necesarias para un uso eficiente de los recursos públicos que se canalizan por esta vía. Y todo ello, por varios motivos: porque estos convenios, por regla general, se celebran sin una norma habilitante específica, porque no se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad o a promover la concurrencia y porque, bajo la apariencia formal de convenios de colaboración, se han tramitado auténticos contratos administrativos, eludiéndose así la aplicación de la legislación contractual.

– En Edad&Vida, fundación cuyos miembros se mueven por la mejora, promoción e innovación de la calidad de vida de las personas mayores, entendemos a la persona como eje de la atención social, lo que debe permitir concurrir a todos aquellos que, en igualdad de condiciones, sean capaces de ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios, en un proceso competitivo. Sólo esto permite a la administración tener garantía de calidaden la atención a las personas mayores, nuestra razón de ser.

– Desde Edad&Vida defendemos que todas las entidades deben someterse a procedimientos competitivos según la legislación en materia de contratación vigente y que, sólo un mejor resultado en ese proceso público, en igualdad de condiciones y sin discriminación por la naturaleza jurídica entre entidades, sea determinante en la adjudicación. No pedimos el compromiso de los responsables públicos, tan sólo exigimos el cumplimiento de la Ley en materia de contratación.