Archivo diario: 20 enero, 2014
S.Zaplana admite que ha habido fallos al informar a dependientes sobre copago
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha admitido que ha habido «fallos» en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que a su juicio no atenta contra el Estado de Bienestar «sino todo lo contrario».
«No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos», ha asegurado en una entrevista a EFE Sánchez Zaplana, quien ha subrayado que el Consell «garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos».
A su juicio, la aportación que harán los ciudadanos que sean atendidos en residencias, centros de día o centros ocupacionales, «contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social», y ha recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaban los socialistas.
La consellera ha negado que en la Administración haya habido «pasividad» respecto a este problema. «Otra cosa es lo que se pueda haber trasladado de cara a la ciudadanía», según Sánchez Zaplana, quien ha confesado que «quizá ese mensaje, y hay que hacer un poco de autocrítica, puede no haber llegado de forma correcta» a la sociedad.
«Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo», ha asegurado la titular de Bienestar Social, quien ha reconocido que ha habido muchas personas «que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema».
No obstante, ha insistido en que «en ningún momento se ha dejado de lado al sector. Estamos trabajando mucho con las distintas entidades y colectivos y desde marzo del pasado año tenemos una mesa técnica con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
La consellera de Bienestar Social ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. «No podíamos hacerlo de otra forma».
Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no.
«El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías», ha señalado la consellera, quien ha recordado que estamos «dentro de un marco legal».
En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y «por eso nuestra situación era más complicada».
«No es que al Gobierno valenciano se le ha ocurrido de repente que el usuario participe, sino que la Ley de la Dependencia propuesta por el Gobierno socialista, y que se aprueba por consenso de muchos grupos políticos, ya recoge en su articulado esa participación», aclara.
Respecto a los recursos de alzada presentados por centenares de dependientes al Decreto de la Generalitat que establece el copago, la consellera indica que se han detectado errores en algunos de los expedientes y resoluciones individuales que han recibido los usuarios porque «puede haber un cruce de datos que no sean correctos».
Según ha explicado, se remitieron 7.137 expedientes y resoluciones, y en unos 150 o 160 de ellos el propio equipo técnico de la Consellería ha detectado errores «que está corrigiendo en estos momentos».
No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana.
Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales).
«A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados», ha explicado.
Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes «va a cerrar» porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014.
También ha destacado que desde que asumió el cargo, se han realizado pagos de algo más de 550 millones de euros, el 65 % de ellos para la discapacidad y dependencia. Entre ellos se incluyen los 80 millones, cuyo pago se inició a finales de 2013 a través del excedente del FLA.
De esos 80 millones, más de 48 son para la atención de personas en situación de dependencia, y entre ellos destacan los cerca de 22 millones en concepto de retroactividad, así como otras cantidades que se distribuyen entre bono residencia, nómina mensual de dependencia o gestiones integrales de centros para personas con discapacidad.
Asimismo, 9 millones se distribuyen entre distintos Ayuntamientos de la Comunitat para la financiación de centros residenciales de titularidad municipal, y 7 para el pago de Renta Garantizada de Ciudadanía.
En el área de cooperación e integración, se han abonado cerca de 700.000 euros para la red de Agencias AMICS de los ayuntamientos que ofrecen atención a la población inmigrante, y para proyectos de Formación e Investigación desarrollados con las universidades públicas.
Asimismo, se han abonado 6’2 millones de euros para el mantenimiento de centros de menores, y más de 2 millones para centros y servicios de la dirección general de Familia y Mujer.
Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%
El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% –han pasado de 122.011 a 115.656 en un año.
La directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials(Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes –más de la mitad superan los 80 años– y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que «el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas», ha recordado Fortuny. Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya «ya están resueltos el 96,4% de los casos», y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
«Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años», ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.
Derecho reconocido
Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas –comer, ir al baño o vestirse– y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios «están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat», como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.
Cuidador familiar
En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
«Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales», ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.
Amade alerta de que el plus de transporte incluido en la base de cotización generará desempleo
La Asociación Madrileña de Asistencia a la Dependencia (Amade) alertó este jueves de que la cotización de las empresas a la Seguridad Social por el llamado plus de transporte generará desempleo en el sector de la dependencia, para el que la aplicación de la medida supondrá, solo en la comunidad madrileña, un gasto de más de siete millones de euros al año.
La aplicación del decreto que regula la cotización a la Seguridad Social por conceptos por los que hasta ahora no cotizaban las empresas conllevará para Amade un gasto de más de siete millones de euros al año, «teniendo en cuenta los ajustes que ya se han venido haciendo en los precios de plazas concertadas con la Administración y considerando que el 70% del gasto del sector es en personal», afirmó la entidad en un comunicado.
Según dijo, esta decisión del Gobierno «generará desempleo y podría suponer el cierre de muchas empresas ya agotadas financieramente tras largos años de crisis». Por todo esto, las patronales madrileñas han solicitado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) «se oponga rotundamente a esta medida», dadas las «graves consecuencias» que podría suponer su puesta en práctica.
