Archivo diario: 27 enero, 2014
‘Radio me’, el Whatsapp de los mayores
Telefónica ha creado el dispositivo de mensajería de voz instantánea ‘Radio Me’, que permite a los ancianos comunicarse de forma inmediata sin necesidad de usar un ‘smartphone’ y posibilita que estén conectados en todo momento con familiares y amigos.
«El objetivo es combatir la brecha digital y solucionar los problemas reales» de este colectivo, al que le resulta complicado usar ciertos sistemas de mensajería instantánea tipo Whatsapp o Line, ha explicado este viernes en rueda de prensa el director del centro de I+D de Telefónica en Catalunya, Pablo Rodríguez.
‘Radio Me’ permite recibir y enviar mensajes instantáneos de voz mediante un aparato de uso intuitivo y senzillo –sólo tiene dos botones con luces–, que se conecta con otros dispositivos a través de una conexión móvil, por lo que los amigos y familiares pueden interaccionar mediante su ‘smartphone’ tras descargarse una ‘app’.
Los trabajadores sociales alertan de la «muerte lenta» de la Ley de Dependencia con la reforma local
La presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Isabel Lima, reconoció ayer que Castilla y León es una de las regiones que ha mostrado «más sensibilidad» con su modelo de servicios sociales, pero advirtió de que la reforma local «va a picar aquí más que en ningún otro sitio».El presidente del Consejo Autonómico, Juan José Compadre, matizó que a pesar de la «buena posición» que ocupa esta Comunidad a nivel nacional, presenta «un nivel muy básico».
Los máximos representantes de los trabajadores sociales de España y Castilla y León se referían así al Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales presentado hace dos años por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se destaca la «trayectoria ejemplar» seguida por la Comunidad. «Es verdad que según ese índice Castilla y León queda muy bien representada, pero su modelo es muy municipalista por la gran dispersión poblacional que tiene, y la reforma local afectará sobre todo a los pueblos pequeños, que se van a quedar aislados y sin servicios», prosiguió Lima en declaraciones recogidas por Ical.
En este sentido, advirtió de que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ya aprobada por el Gobierno y publicada en el BOE del pasado 30 de diciembre, «va a picar más aquí que en ningún otro sitio precisamente por su dispersión poblacional, porque deja a los pueblos pequeños sin ni siquiera acceso a los servicios sociales». Castilla y León, añadió, «es una de las comunidades que, en mi opinión, ha tenido una gente a nivel técnico y de funcionariado con más sensibilidad con los servicios sociales, otra cosa es lo que pase a partir de ahora», lamentó Lima, antes de participar en el Foro-Debate sobre Servicios Sociales: Cuarto Pilar de la Sociedad de Bienestar, organizado en Segovia por la Asociación Juan Bravo.
«La reforma local es una gran amenaza tal y como está planteada», prosiguió la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien consideró que el nuevo escenario normativo no apunta de manera explícita al desmantelamiento de los servicios sociales, «pero es uno de sus objetivos» como «un efecto secundario», porque acaba con la red de programas y servicios que todavía hoy mantienen los ayuntamientos, que dejarán de ser competentes para ello. «Ahora no va a pasar nada, se prevé poner en marcha el 1 de enero de 2016, después de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente vota en función de los servicios que tiene y cómo está atendido en su Ayuntamiento», expuso.
Lima puso de ejemplo que habrá centros de salud, sobre todo en los pueblos pequeños, donde se atenderán exclusivamente las urgencias. «Los ayuntamientos perderán su capacidad de intervención integral» y, con ellos, sus programas de igualdad de oportunidades, violencia de género, protección de menores o familia. En resumen, «sobre el papel el objetivo es repartir las competencias, que no haya duplicidades, pero realmente lo que se pretende es un ahorro de casi 4.000 millones aplicando la reforma de servicios sociales», continuó Lima. «Las dos consecuencias más graves van a ser, por un lado, la reducción de centros y servicios, con el cierre de muchos de ellos y la reducción de algunas prestaciones; y por otro, la privatización de lo que quede», opinó.
Copago de un seguro
Bajo la reforma local, para Lima subyace un cambio de modelo que conduce hacia «una muerte lenta» de la Ley de Dependencia: «Todo lo que haya de servicios sociales dedicado a dependencia se lo llevan a un subsistema que se llama espacio sociosanitario, donde se incluye al mundo de los seguros y la privada. Aquí quien quiera algo tendrá que hacerse un seguro de dependencia, y va a tener que copagar», aseguró. «Lo único que va a dar el Gobierno es un cheque servicio a quien corresponda. Quien pueda tener su pensión y un seguro, más copago y un cheque servicio podrá pagarse una buena residencia, y el que no, quien sólo tenga su pensión y el cheque servicio, no sé qué ocurrirá con él. Ese es el cambio de modelo, el que quiera algo que se lo pague»
Un cambio de sistema que coincide con el fuerte incremento de la necesidad de este tipo de asistencia registrado en los tres últimos años. Según el ‘Informe de los Servicios Sociales en España’ (ISSE), presentado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Trabajo Social, la demanda creció a nivel nacional un 74% dos puntos más en Castilla y León, y más de la mitad «eran personas de clase media que nunca habían acudido a Servicios Sociales», indicó Lima. Y en ese mismo periodo, el número de trabajadores empleados en esta área en la región se redujo un 25%; un porcentaje que, por otro lado, es muy inferior al registrado en Murcia (52,5), Canarias (44,6), Castilla-La Mancha (44), Madrid (40,2) o la Comunidad Valenciana (38,8).
Además, advirtió de que esa pérdida de empleo se agudizará en los próximos años y no solo para los trabajadores sociales. En esta línea, puso de ejemplo que la ayuda a domicilio municipal emplea actualmente a unas 34.000 auxiliares en España y ese servicio, «según la reforma, desaparece totalmente», porque los ayuntamientos «tendrán prohibido» mantenerla por no ser su competencia.
El presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León también suscribió»una visión muy negra» del futuro de los servicios sociales a partir de 2016: «Se había creado una red de servicios básicos, pero esta ley va a dinamitar el sistema, lo poco que había». Compadre vaticinó que en dos años se impondrá «la dictadura de los interventores» de las administraciones locales, porque «cada ayuntamiento interpretará qué es lo que debe hacer». En su opinión, España retrocede 40 años en esta materia y acaba prácticamente con la Ley de Dependencia, con la que reconoció que Castilla y León «ha sido diligente».
El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, por su parte, lamentó la pérdida de ayudas regionales y estatales sufrida en los últimos años y los consecuentes problemas para mantener programas y servicios como «las aulas de envejecimiento activo, las ludotecas municipales, la ayuda a domicilio o la teleasistencia».
El presidente de la ONCE: «La discapacidad no debe ser excusa para reformar el aborto»
- Miguel Carballeda asegura que su asociación no está nada de acuerdo en que se abuse del argumento de la discapacidad para reformar el aborto.
- Defiende que no se debe dar ningún trato desigual ni menos favorable en ningún ámbito normativo por razones de discapacidad.
- Ha criticado que se haya frenado la implantación del sistema de dependencia.
- Asegura que también están sufriendo la crisis y pide a la gente que sigan apoyando «el mejor ejercicio de solidaridad con el mundo de la discapacidad».
El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, sostiene que no se debe «abusar» del argumento de la discapacidad como excusa para reformar la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En una entrevista, Carballeda hace un repaso a la actualidad y aborda cuestiones como la reforma de la ley del aborto, la situación del sistema de la dependencia, la crisis del juego, así como la recién aprobada ley general de discapacidad, entre otras. «Hay posturas oficiales del mundo de la discapacidad y, desde luego, a nosotros no nos gusta nada que se abuse de ese argumento y de esa excusa», subraya Carballeda sobre el anteproyecto de la ley del aborto y admite que él, personalmente, prefiere la norma actual, aprobada en 2010.
En consonancia con la postura de los colectivos de la discapacidad, la ONCE defiende que no cabe dar un trato desigual ni menos favorable en ningún ámbito normativo, incluida la interrupción del embarazo, por razón de discapacidad. Además, mantiene que la legislación debe evitar cualquier referencia a la discapacidad en la regulación del aborto, ya que no es de por sí un hecho relevante a estos efectos.
Dependencia
Sobre las críticas al sistema de la dependencia por los recortes aprobados, el presidente de la ONCE opina que es difícil «desmantelar algo que prácticamente no existía».
Lamenta que el desarrollo de la ley de la dependencia se haya «frenado» y hace un llamamiento a los responsables de la política central, autonómica y municipal para que no abandonen y «no tiren todo por la borda con el argumento de la crisis». «No nos carguemos derechos que luego nos va a costar décadas volver a recuperar», plantea Carballeda.
Aunque valora que la ley de discapacidad haya refundido y facilitado la regulación vigente en esta materia, insiste en que cuando la situación económica lo permita habrá que «recuperar cuestiones que hemos perdido».
Recuerda que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad «sigue estando muy por encima» de la media de la población y lamenta que en la época de «vacas gordas, cuando se hablaba de pleno empleo, se hizo muy poquito» por este colectivo. En estos momentos de crisis, continúa Carballeda, la ONCE ha contribuido en 2013 a crear 7.100 puestos de trabajo para personas con discapacidad «algo único en el mundo».
Juego
No obstante, la ONCE tampoco ha salido indemne de la crisis, y ha detallado que las ventas de sus productos del juego bajaron un 4% en relación con 2012, que «ya fue mal».
«Nos ha llevado a ajustar muchísimo el gasto corriente, incluso a tener que tomar medidas dolorosas como cerrar más de cien agencias en España», afirma Carballeda, quien agrega que, afortunadamente, han seguido dando «una respuesta social» y han mantenido los puestos de trabajo.
Resalta que los servicios sociales que presta la ONCE, organización que cumplió el pasado año 75 años y recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, son como «un traje a medida a cada afiliado». Pero hace hincapié en que se ha llegado a un punto en que algunos de estos servicios esenciales podrían correr «cierto riesgo», por lo que pide a la sociedad española que siga ayudando a la ONCE, al ser «el mejor ejercicio de solidaridad con el mundo de la discapacidad que existe en todo el planeta».
Entre otras reivindicaciones, asegura que lucharán para que se consolide el sorteo extraordinario del 1 de enero, que se celebró este año por primera vez, porque la organización «lo necesita». Denuncia el «juego dañino» frente al responsable y, en concreto, aquel que «copia» al cupón de la ONCE, que confunde a los ciudadanos, quienes intentan cobrar el boleto premiado en la organización y se dan cuenta de que les han vendido algo falso.
«Hay situaciones tremendas en algunos territorios españoles, por poner un ejemplo, es lamentable el caso de Cartagena, donde llega a haber tres vendedores ilegales por cada uno de los nuestros, legales, con discapacidad y pagando sus impuestos desde el primer hasta el último euro», lamenta Carballeda.
Opina que las comunidades autónomas y ciudades que no han querido que entre el juego ilegal, no ha entrado, y en las que sí lo han permitido «sigue creciendo». «No se puede permitir esto por parte de ningún gobierno», sentencia.
