Archivo diario: 5 febrero, 2014
30.000 familias reciben prestación por dependencia en Madrid
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y con la asistencia del consejero de Asuntos Sociales,Jesús Fermosel, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, la directora general de Dependencia, Carmen Balfagón, o el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, el presidente Ignacio González ha dicho que actualmente«la Comunidad de Madrid es la única región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita». González además ha afirmado que la región presta los servicios a dependientes en un plazo menor al establecido por ley y que está en uno de los primeros puestos de prestación de servicios.
El presupuesto del Gobierno regional para la atención a la dependencia alcanza los 990 millones de euros, según indica una nota remitida por Asuntos Sociales. «Hace seis años, antes de la crisis, destinábamos el 73 por ciento de todo nuestro presupuesto al gasto social; hoy, destinamos un 90 por ciento», ha declarado González.
El acto institucional ha servido para presentar una guía para cuidadores que se distribuirá de manera gratuita en los centros de salud y que trata de resolver las dudas que le puedan surgir al familiar encargado del cuidado de un dependiente. Por ejemplo, el texto explica qué hacer en caso de caídas o los aspectos que hay que tener en cuenta para el aseo personal.
La Comunidad de Madrid tiene una red asistencial de 50.000 plazas en 500 centros. Los servicios más demandados son la ayuda a domicilio (que puede ser atención directa en el domicilio en tareas de limpieza o compra o acompañamiento a consultas médicas, por ejemplo), la teleasistencia (dispositivo móvil que utiliza el dependiente y que le permite estar en contacto permanente con un centro especializado) o las prestaciones económicas directas. Una beneficiaria de esta prestación ha participado en el evento contando su experiencia: «Mi madre acaba de cumplir 94 años y es beneficiaria de la ley de dependencia desde hace diez, gracias a la ayuda económica que recibimos podemos tener contratada a una persona para que esté con ella mañana, tarde y noche y nunca le falte de nada».
UPyD pide un IPC para revalorizar las pensiones que tenga en cuenta el consumo específico de los jubilados
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de calcular un IPC específico para los jubilados.
En la iniciativa la formación magenta defiende que sería «aconsejable y técnicamente sencillo» contar con un índice en el que se reflejen los precios de los bienes y servicios que usan los pensionistas, con un mayor peso para los productos que les afectan en mayor medida (como la luz, el gas, la alimentación o los medicamentos) y menos importancia para otros que casi no les afectan (como los juguetes, la enseñanza o la ropa infantil).
«Tales distinciones no son sutilezas académicas, sino que tienen una gran importancia práctica», insiste la formación que lidera Rosa Díez, que cree que este nuevo indicador específico permitiría a las administraciones públicas «conocer mejor la evolución del poder adquisitivo de los pensionistas» y, así, garantizar su mantenimiento.
Cumplir la Constitución
En este sentido, UPyD recuerda que la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar que las pensiones públicas son «suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas», matizando que la Carta Magna no se refiere únicamente a la cuantía inicial que perciben los jubilados sino a la de todo su periodo de retiro.
Además, señala que la revalorización «no puede entenderse como un simple acto formal de actualizar las pensiones en las cantidades que coyunturalmente encajen en la política económica del partido que gobierne, sino que una interpretación racional lleva a considerar que las pensiones se deben actualizar para que sigan siendo ´adecuadas´».
Una obligación que se ve en «riesgo», a juicio de la formación magenta, con la última reforma del Gobierno del PP, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que deja de vincular la revalorización a la inflación para tener en cuenta los ingresos y gastos del sistema, con un techo (IPC más 0,5%) y un suelo (0,25%) de incremento.
«Como el PP niega que la pérdida continuada del poder adquisitivo que prevén el resto de grupos parlamentarios vaya a producirse, sería importante contar con los indicadores adecuados para medir correctamente la evolución del poder adquisitivo de las pensiones, para que pueda dilucidarse esta cuestión mediante un debate público informado en el futuro», concluye la formación.
