Archivo diario: 13 febrero, 2014
La nueva reforma local recortará 300 millones en servicios sociales
Los efectos de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que retira a los ayuntamientos competencias en materia de educación y bienestar social, supondrá un recorte presupuestario de 300 millones de euros en servicios sociales en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que afectará a 112.000 usuarios y causará la pérdida de 3.000 puestos de trabajo, 850 de ellos correspondientes a técnicos. Así lo explicó el martes en una charla-coloquio en Quart de Poblet el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que ha elaborado un informe a partir de datos oficiales.
La asociación, cuyos estudios sobre la implantación del sistema de atención a la dependencia se han convertido en una fuente de referencia sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia en España, maneja numerosos indicadores y se basa para cuantificar el recorte en que 300 millones de euros “es la cantidad que aportan los ayuntamientos a estas ayudas y que ahora desaparecerá”.
La alcaldesa de Quart de Poblet, la socialista Carmen Martínez, que presentó a Ramírez en el acto celebrado en el Centro Cultural El Casino, abogó por recurrir la nueva ley ante el Tribunal Constitucional y dijo que “no ofrece soluciones, es decir, recursos a quienes tienen que asumir estas competencias, las diputaciones y la Generalitat, pero en cambio sí crea un grave problema a la ciudadanía que se queda sin estos servicios”.
Ramírez explicó que la Comunidad Valenciana ocupa el último puesto en la clasificación de comunidades autónomas por el desarrollo de su sistema de servicios sociales, aunque apuntó que se da la paradoja de que es la que más incrementó el presupuesto en servicios sociales entre 2009 y 2012, con un 14,69%. Pese a lo que calificó como “un meritorio esfuerzo”, dada su débil situación de partida, la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media estatal en gasto y en oferta de prestaciones.
Los datos que aportó el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales señalan que el gasto en servicios sociales ha pasado en la Comunidad Valenciana de 662,2 millones de euros en 2009 a 759,6 millones en 2012. Aún así, en términos relativos pasa de 129,5 euros por habitante en 2009 a 151,5 euros por habitante en 2012, lo que supone 123,6 euros menos que la media estatal, de 275,1 euros por habitante y año.
También el porcentaje del gasto en servicios sociales, que es del 5,6%, se sitúa por debajo de la media española, del 7,7%. En general, la cobertura de la Comunidad Valenciana en servicios sociales se sitúa en 0,6 puntos sobre 5. Entre los indicadores que empeoran figura la extensión del sistema de atención a la dependencia, que a finales de 2011 beneficiaba al 0,86% de los habitantes de la Comunidad Valenciana y a finales de 2012 había bajado al 0,83%.
El duodécimo dictamen sobre el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, que la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales hizo público la semana pasada en Segovia, coloca a la Comunidad Valenciana como la peor, con 0,4 puntos sobre 10. “En Valencia, una persona dependiente tiene la mitad de posibilidades de ser atendida que en el resto de España. hay 18.213 personas dependientes, una de cada tres, que tienen reconocidos los derechos pero figuran en lista de espera”, explicó Juan Manuel Ramírez. “Y lo más grave, en 2013 murieron más de 3.000 personas que tenían el derecho reconocido sin poder disfrutarlo”.
Bienestar Social se compromete con Lares CV a dar un Plan de Pagos a las residencias «en diez días»
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares CV) que «en un plazo de diez días» fijará una reunión conjunta con Hacienda para establecer un Plan de Pagos para los centros sin ánimo de lucro, según ha informado la red de residencias en un comunicado.
La titular de Bienestar Social ha asumido este compromiso en la reunión que ha mantenido con la directiva de Lares CV, en la que también ha estado presente el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Sánchez Zaplana ha afirmado que su Departamento ha estudiado el tema, pero que el pago «dependía de Hacienda», por lo que «era necesario verlo con sus responsables».
Por ello, se ha comprometido a sentarse con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, para darles un Plan que «pueda saldar la deuda que la Generalitat aún tiene pendiente con las residencias del sector solidario, el 60 por ciento del total de las plazas concertadas del 2013, que suma un total de más de 8 millones de euros».
El presidente de Lares CV, José Pascual Bueno, también ha solicitado a la consellera que el Plan de Pagos «no se ciña sólo a la deuda pendiente, sino que dé una solución general que garantice el futuro del sector y la atención a los mayores dependientes».
«Necesitamos un escenario claro de cuándo y cómo se va a cobrar, no solo la deuda acumulada, sino también de ahora en adelante, ya que, si no, solo será un parche, pero en unos meses volveremos a tener el mismo problema de liquidez en nuestros centros», ha resaltado Bueno.
Modificación ley servicios sociales
Lares CV también ha planteado a la consellera que se modifique la Ley de Servicios Sociales y se establezca un sistema similar al que ya existe en otras comunidades autónomas «que garantiza el sector solidario». Según ha asegurado Sánchez Zaplana, «se ha intentado trabajar» este aspecto, pero se han encontrado «problemas» para avanzar por la Ley de Bases.
Además de esta reunión con conselleria, la asociación de residencias del sector solidario ha solicitado a todos los grupos parlamentarios un encuentro para trasladarles la situación ante el impago y para abordar el futuro de la atención a las personas mayores dependientes. En esta línea, la semana pasada se reunió con el portavoz en las Corts del PSPV, Antonio Torres, y con el de Compromís, Enric Morera, y la semana que viene lo hará con el del PPCV, Jorge Bellver.
Actualmente, Lares CV está formada por 45 centros sin ánimo de lucro que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con unos 300 voluntarios, entre fijos y temporales.
Farmacéuticos de Barcelona colaborarán en la detección de personas mayores en situación de soledad
Las farmacias de Barcelona se han incorporado al proyecto Radars del Ayuntamiento de Barcelona, que vela por las personas mayores que viven solas. La colaboración se ha formalizado con la firma de un convenio entre el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) y el Institut Municipal de Serveis Socials del consistorio, en un acto que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona con la presencia de la teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y del presidente del COFB, Jordi de Dalmases.
El convenio nace del interés mutuo del Consistorio y del Colegio de coordinarse para llevar a cabo actividades sociales en los respectivos campos de actuación, para hacer más eficaz la atención a diferentes sectores de población en la ciudad de Barcelona. En el caso del proyecto Radars, se ha considerado que los profesionales farmacéuticos son personas con un perfil idóneo para hacer las tareas que requiere éste, puesto que los farmacéuticos son, por un lado, agentes de salud, y por otro, vecinos integrados plenamente en el tejido social del entorno.
Para poner en marcha el proyecto, se han establecido tres modalidades de colaboración de los farmacéuticos: el «Radar básico», mediante el cual el farmacéutico podrá identificar y comunicar situaciones de riesgo relacionadas con la población diana, aconsejando y derivando a las personas a la red de Servicios Sociales vía telefónica o por correo electrónico para que los técnicos municipales validen el caso y exploren la gravedad de la situación; «Farmacias como espacio de mediación», donde el farmacéutico podrá interceder y hacer que la farmacia sea un punto de encuentro entre la persona mayor y los Servicios Sociales; y «Radar especializado», mediante el cual el farmacéutico puede complementar la tarea de los Servicios Sociales, trabajando en los casos en que se ha determinado que se necesita una actuación de cariz sanitario, como revisión de medicamentos, seguimiento farmacoterapéutico con dispositivos de dosificación personalizada, o educación sanitaria de la patología.
Un proyecto de acción comunitaria
El proyecto Radars es un proyecto de acción comunitaria en el que intervienen el Ayuntamiento de Barcelona, las entidades del Tercer Sector y la ciudadanía a título personal, para crear una red de prevención que busca evitar la exclusión y el aislamiento de las personas mayores que viven solas, sobre todo aquellas personas que no cuentan con una red socio-familiar estable que pueda cubrir sus necesidades sociales, de afecto y amistad y que pueden resultar invisibles a su entorno.
El proyecto nació en el barrio del Campo de’n Grassot, en Gràcia, y en julio de 2012, el área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes le dio un nuevo impulso al extender el proyecto a otros barrios de la ciudad. En la actualidad, funciona en nueve de los diez distritos de la ciudad y en 15 barrios de Barcelona.
Con el visto bueno de la persona mayor, se les ofrece iniciar un seguimiento a partir de una plataforma de seguimiento telefónico, creada desde el proyecto y que gestionan entidades de voluntarios de los propios barrios: Avismon (en Santa Caterina y Ciutat Vella), Casal can Castelló (en el barrio de Sant Gervasi Galvany), el aula de Extensión Universitaria (en el barrio de Sant Ramon i Maternitat), el Casal Joan Casanelles y la entidad “50 y más” (en los barrios del Hoyo y Camp del Arpa del Clot) y Cruz Roja (en los barrios de Camp de’n Grassot, Vila de Gràcia y El Coll).
La iniciativa se ha visto ayudada, además, con otra acción en la que participa Cruz Roja para la detección de personas mayores en situación de vulnerabilidad: el programa «Puerta a Puerta», en el que los voluntarios de la asociación hacen una prospección por barrio para detectar a personas mayores que viven solas y cuya situación las hace idóneas para ser usuarias del proyecto Radars.
La teniente de alcalde Maite Fandos ha explicado este jueves que, con el proyecto Radares, “conseguimos un aumento de la corresponsabilidad social verso los problemas que afectan a las personas más vulnerables de la comunidad, especialmente en momentos como el actual”, de forma que “trabajamos plegados para conseguir una sociedad más cohesionada e inclusiva, y en consecuencia, más fuerte ante los varios problemas y crisis que puedan aparecer”.
