Archivo mensual: febrero 2014
Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas
Los recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.
En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.
El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).
El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.
Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones
Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.
Munté deplora el impacto social de la reforma local del Estado y ve «imposible» cumplirla
La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha deplorado este lunes el impacto social que tendrá la ley de racionalización de la administración local del Estado porque contraviene el principio de proximidad, y ha afirmado que es «imposible» cumplirla en los términos y plazos que se ha planteado.
Durante su intervención en el Consejo General de Servicios Sociales, Munté ha afirmado que la normativa «no respeta el principio de proximidad, clave en el modelo catalán de políticas sociales», ha informado al Conselleria en un comunicado.
La propuesta del Estado «tampoco tiene en cuenta la realidad territorial y al experiencia acumulada por los entes locales», ha dicho la consellera, que ha añadido que su aplicación devolverá a Catalunya a un sistema público de servicios sociales ya superado.
Ha advertido que el Estado «pretende alejar a los ciudadanos de la competencia de la atención, lo que dificulta una respuesta ágil y eficaz a sus necesidades y a la intervención comunitaria en beneficio de la cohesión social».
Además, ha recordado que el texto prevé que la Generalitat asuma las competencias de los entes locales antes de diciembre de 2015: «Este plazo resulta claramente corto y desproporcionado y es imposible de cumplir para Catalunya».
Lorenzo presenta la nueva web de Servicios Sociales y la herramienta Socyal
El concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, presentó hace unos días la nueva web de su área, así como Socyal, una nueva herramienta de gestión de la atención social. “Se trata de dos nuevos instrumentos, que tienen conexión entre sí, y que facilitarán el día a día, tanto de los profesionales municipales como de los ciudadanos”, aseguró Lorenzo.
La nueva página, disponible a través de las webs (www.serviciossociales.coruna.es), se puede consultar tanto en gallego como en castellano e incorpora, mejora y amplia los contenidos del antiguo portal dedicado a este área. Las principales novedades son la oferta de un mayor número de contenidos, de funcionalidades y de servicios digitales cuyo objetivo, según Lorenzo, «es llegar a todos los ciudadanos de una forma sencilla, clara y accesible para que incluso puedan resolver trámites desde su propia casa». Así, en este espacio se dará una mayor cobertura a las noticias y actividades relacionadas con los servicios sociales, además de ofrecer información sobre las distintas actividades llevadas a cabo en los centros cívicos municipales. La web cuenta también con la descripción de contenidos, trámites y documentación necesaria de las prestaciones y servicios sociales. Por otro lado, también dispone de acceso a sitios web de redes sociales como Facebook y Twitter y de un espacio de suscripción a un boletín digital de noticias.
Atención social a través de Socyal
Miguel Lorenzo explicó que, tras más de dos años de intenso trabajo en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del proyecto Avanza 2, el Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha la herramienta Socyal, que permitirá la gestión integrada de la atención social. «Se trata de un instrumento que presenta grandes ventajas para los trabajadores municipales con respecto a la tecnología que utilizábamos y que además acercará la administración al ciudadano», subrayó el concejal. En este sentido, Lorenzo informó de que Socyal permitirá la integración con otras bases de datos corporativas como el padrón municipal, el callejero o el registro, lo que facilitará la gestión y permitirá disponer de expedientes sociales por unidad familiar y a nivel individual más completos y ordenados.
«Para los profesionales supone un paso fundamental que incidirá en su trabajo diario ya que permitirá un ahorro de tiempo considerable al disponer de todos los datos en una única herramienta y se evitarán duplicidades”, aseguró el conejal. Además, Socyal también permitirá una gestión individualizada de su agenda de citas e incluso la gestión e información de los centros y espacios físicos dependientes de la Concejalía lo que permitirá, entre otras cuestiones, consultar su disponibilidad y hacer reservas.
Esta herramienta, conectada al nuevo portal web de Servicios Sociales, será la que permita a los ciudadanos realizar determinadas gestiones propias de una administración electrónica. De esta forma, un vecino podrá pedir, consultar y anular citas a través de la web, descargar impresos oficiales, realizar trámites o incluso consultar ciertos datos básicos de su expediente social (historia social individual). “En definitiva, nos acercamos a los ciudadanos y les facilitamos el día a día convirtiéndonos en una administración próxima y eficaz”, concluyó Lorenzo.
El 81% de las personas mayores con conocimientos tecnológicos quieren vigilar su salud con herramientas digitales
Informática para mayores
Según una encuesta realizada por Accenture a 9.015 personas mayores de edad pertenecientes a Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Singapur, incluyendo a 220 españoles mayores de 65 años.
El 81 por ciento de las personas mayores con conocimientos tecnológicos quieren vigilar su salud con herramientas digitales, según ha mostrado una encuesta realizada por Accenture a 9.015 personas mayores de edad pertenecientes a Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Singapur, incluyendo a 220 españoles mayores de 65 años.
Asimismo, el estudio ha desvelado que al 78 por ciento le gustaría tener recordatorios electrónicos sobre sus tratamientos y al 87 por ciento le gustaría pedir las citas médicas por Internet.
El número de personas mayores en España está aumentando y muchos de esos ciudadanos son usuarios activos de Internet. Además, la Comisión Económica de las Naciones Unidas estima que el uso de Internet se ha triplicado desde 2006 entre las personas con edades por encima de los 60 años.
En este sentido, la investigación de Accenture ha indicado que el 57 por ciento de estos ciudadanos controla sus propios indicadores de salud, como el peso o la presión sanguínea, y que más de uno de cada tres (38 por ciento) hace un seguimiento de la información en su historia clínica.
«Del mismo modo que utilizan Internet para operaciones bancarias, compras, ocio y comunicaciones, las personas mayores también quieren controlar de forma virtual determinados aspectos de sus servicios sanitarios. Eso significa que los sistemas de salud deben ofrecer más opciones digitales si quieren ayudar a estos pacientes a vigilar su salud fuera de la consulta del médico», ha comentado el ‘managing’ director de Accenture para el sector sanitario, Baltasar Lobato.
Por otra parte, la gran mayoría de las personas de la tercera edad encuestadas (91 por ciento) asegura que considera importante tener acceso a su información sanitaria, pero apenas una tercera parte puede acceder actualmente a sus historias clínicas. Del mismo modo, al 79 por ciento de los encuestados le gustaría tener la posibilidad de renovar sus recetas por medios electrónicos, pero a día de hoy solo puede hacerlo el 23 por ciento. Y, por último, la mayoría (68%) querría poder comunicarse por correo electrónico con su servicio sanitario, aunque solo el 16 por ciento dispone de esta opción.
«Cada vez son más las personas mayores que utilizan tecnologías digitales, por lo que los sistemas de salud deberían plantearse el papel que puede desempeñar Internet para que el acceso a los servicios sanitarios sea más sencillo para pacientes de todas las edades», ha zanjado Lobato.
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid situándose el mayor porcentaje de estos vecinos entre los distritos de Puente de Vallecas (6,3 por ciento), Usera (6,2) y Villaverde (6,1), según reflejan en los últimos datos obtenidos desde la Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad, facilitados este jueves por el Ayuntamiento de Madrid.
La delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Dolores Navarro, ha presentado el primer plan de inclusión social para personas con discapacidad en la capital, para el que el Consistorio madrileño destinará 71 millones de euros.
Según la base de datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, en la capital había172.750 personas con discapacidad a 31 de diciembre de 2012 -un 8 por ciento más que en 2010-, de las que 88.697 son mujeres. El 55 por ciento muestra un grado de discapacidad que abarca la horquilla entre el 33 y el 64 por ciento.
Del total de estas personas, el 61,9 por ciento tienen discapacidad física (mayoritariamente mujeres, 55.101 y 51.771 hombres), es decir, por cada ocho personas con discapacidad cinco la tienen física. El 21,3 por ciento es psíquica, y en este caso son los hombres los que más presentan discapacidad intelectual, (9.293 y 6.569 mujeres) y más las mujeres con enfermedad mental, (11.067 y 9.870 hombres). El 16,8 por ciento padecen discapacidad sensorial (cinco de cada nueve son mujeres, 15.960 frente a 13.119 hombres). Del conjunto se desprende que la ratio por sexo es superior en mujeres con 51 por ciento.
Por edades, cuatro de cada nueve personas con discapacidad tienen más de 65 años (el 44 por ciento del total de personas discapacitadas) y a partir de esta edad aumenta la presencia de mujeres (cuatro de cada siete personas). El 51 por ciento de las personas discapacitadas se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 64 años, y el 5 por ciento son menores de 18 años.
Plan de inclusión social
Entre las medidas del plan presentado este jueves se incluyen cursos al personal municipal en materia de discapacidad, consolidar el incremento de las plazas reservadas en el programa Centros Abiertos en Inglés en todos los periodos vacacionales, más aulas de musicoterapia, aumentar el número de modalidades deportivas con atención a los tipos y niveles de discapacidad, mejoras en la movilidad incentivando la adquisición de taxis o instalando 600 reservas de espacio para vehículos de personas con movilidad reducida, conservando las 800 ya concedidas. También se incluye la necesidad de favorecer el autoempleo, con actuaciones como la de reservar empleo en los contratos administrativos municipales con otras empresas a trabajadores con una discapacidad superior al 2 por ciento.
El plan se ha organizado en cinco áreas (formación y sensibilización; participación activa de las personas con discapacidad; accesibilidad; empleo y empleabilidad, y prestaciones sociales), tres líneas de acción y 138 actuaciones que se desarrollan de un modo transversal y coordinado a través de las diferentes áreas municipales con presencia en el Consejo Municipal de la Discapacidad.
A destacar que, por primera vez en un documento de estas características, se contempla la evaluación del impacto de género de cada una de las medidas desarrolladas. De esta forma, al evaluar la idoneidad de las mismas se incluye un informe para garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad en el desarrollo del plan.
‘Sanitas Cuidado Activo’ permite a los mayores realizar actividades y fomentar la interacción entre ellos
El proyecto ‘Sanitas Cuidado Activo’ permite a las personas mayores pasar el día en los Centros Sanitas Residencial, donde se incorporan elementos que les «ilusionan», como actividades, juegos y excursiones, para fomentar la interacción entre ellos.
Este proyecto se está llevando a cabo en estos momentos en los centros madrileños Sanitas Residencial Las Rozas y Sanitas Residencial Mirasierra y en el barcelonés Sanitas Residencial Bonaire. Los servicios que ofrecen estos centros contienen un servicio de atención flexible, ya que es tanto «diurno, nocturno o incluso por horas», ha señalado esta empresa.
En este sentido, la jefa de Experiencia del Cliente de Sanitas Residencial, Carmen Abelanet, ha asegurado que «las actividades que se ofrecen en los centros de día están especialmente pensadas para ayudar a los mayores a mantener la actividad física y a fomentar las relaciones interpersonales, lo que permite que todos los mayores, personas perfectamente válidas y a perfiles que requieren cuidados asistenciales más específicos, puedan beneficiarse de sus ventajas».
Por su parte, el jefe de gestión asistencial de Sanitas Residencial, David Curto i Prieto, ha indicado que «está demostrado que la socialización en las personas mayores tiene efectos favorables en patologías como dolores articulares, control de las enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes». Además, ha apuntado que también ayuda a prevenir de «patologías de la esfera psico-social como la depresión, ansiedad o empeoramientos en los mismos».
Los propios ancianos son los primeros que están contentos con este tipo de iniciativas. El residente de 82 años de Sanitas Residencial Las Rozas, Francisco Casas, ha afirmado que se siente «más activo» y que le «encanta la gerontogimnasia», ya que le permite no tener ningún tipo de dolor. De hecho, ha asegurado que les «echa de menos» en el fin de semana y que tiene «más dolores».
La residente de 86 años de Sanitas Residencial Mirasierra, Natividad Sanz, ha admitido que está «muy contenta» de ir a este centro, donde realiza distintas actividades como jugar «al bingo», cantar «mucho», trabajar y hacer gimnasia. De este modo, esta anciana ha animado a «toda la gente que venga porque sienta muy bien».
De este modo, el programa de Sanitas Residencial está enfocado para que estas personas puedan realizar numerosas actividades tanto deportivas como, por ejemplo, de estimulación sensorial. Además, cada centro tiene una cocina propia, lo que permite que los mayores puedan realizar talleres gastronómicos para preparar «sus recetas favoritas».
Estos centro también son positivos para los mayores y sus familias, ya que ofrecen un ambiente familiar, algo que no suelen desconocer las familias, lo que les beneficia ya que el número y ritmo de sus actividades se va reduciendo según avanza la edad, tal y como ha asegurado Sanitas.
Cinco de cada diez mayores cree que su nivel económico ha empeorado tras su jubilación
Cinco de cada diez jubilados españoles (49,3%) creen que su nivel económico ha empeorado tras su jubilación y cuatro piensan que se ha mantenido, mientras que solo un 7.5% consideran que ha mejorado, según datos proporcionados por el barómetro de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP).
En esta misma encuesta, el 58.4% de los jubilados han declarado haber ahorrado durante su vida laboral para su jubilación, aunque solo algo más de un tercio de ellos (35,8%) se muestran satisfechos con lo que ahorraron.
Luis Pindado, presidente de UDP, ha señalado que «hay que sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de prever económicamente el tiempo de retiro.»
El censo de cuidadoras de dependientes se reduce un 80% en solo dos años en Galicia
Casi dos años después de que el Estado dejó de asumir la cuota a la Seguridad Social de las cuidadoras de dependientes solo quedan en Galicia una cuarta parte de las que había a finales de 2011. De un censo de 8.373 familiares (el 94% mujeres) de personas con alto grado de dependencia encargadas de su cuidado dos ejercicios atrás el listado ha menguado un 80%, registrando al cierre de 2013 un total de 1.737 mujeres que continúan de alta y pagando la cuota a la Seguridad Social por su cuenta.
Con la Ley de Dependencia el Gobierno apostó por dar visibilidad y convertir en oficio lo que miles de familiares realizan desde hace años: entregarse y cuidar a un hermano, padre, madre o hijo que no pueden valerse por sí mismos. Se creó un convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia y para facilitar la regulación de una tarea de miles de personas el Gobierno asumió la cuota a la Seguridad Social, de unos 165 euros mensuales. Con esta medida el número de cuidadoras de alta en Galicia superó las 9.000 pero tras la decisión de la Administración central de dejar de asumir el coste de las cuotas dicha cifra se desplomó, no solo en Galicia sino también en el conjunto de España. Con ayudas de 200 o 400 euros como tramos medios en función de la situación del dependiente gran parte del colectivo de cuidadoras dejó de aportar los 165 euros a la Seguridad Social y con ello dejan también de apostar por una futura jubilación.
La decisión del Gobierno coincidió con los ajustes presupuestarios por la crisis y también por un cambio de tendencia en la aplicación de la propia ley, que redujo los apoyos a familiares cuidadores para reforzar los servicios profesionales.
De este modo, si al principio de la aplicación de la ley el 80% de las solicitudes de prestaciones de dependencia en Galicia eran para cuidador familiar, en la actualidad este porcentaje se ha reducido a menos del 20% y en la gráfica del reparto de ayudas por tipos de servicio ganó terreno la ayuda en el hogar de una forma profesionalizada. Según la Consellería de Traballo e Benestar, la distribución de las actuales prestaciones por dependencia en Galicia es la siguiente (consultar gráfico): un 35,8% para ayuda en el hogar, un 19,6% para cuidador familiar, el 18,8% para residencias, el 14% para libranza vinculada a servicio y un 11,7% para centros de día.
El cambio de tendencia en los servicios derivó en una mayor profesionalización del sector, según las administraciones, de hecho, al incrementarse las tipologías vinculadas a plazas en residencias o asistentes personales solo en Galicia el sector de la dependencia emplea a más de 10.000 personas, mientras que en el año 2009 esta cifra era de algo más de 4.000.
A Coruña es la provincia con mayor número de cuidadoras familiares: se mantienen 567 cotizando en el convenio especial. Le sigue Pontevedra, con 508; Ourense, con 358 y Lugo con 304 al cierre de 2013.
Retiran la prestación a una niña con una enfermedad rara
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha denunciado hoy públicamente que la Junta ha retirado la prestación a una niña de nueve años con una enfermedad rara que necesita vigilancia las veinticuatro horas del día.
Según ha informado hoy la citada plataforma en un comunicado, la niña tenía reconocida un grado de dependencia severa, grado 2, pero, en la última revisión de oficio se le ha rebajado a grado de dependencia moderada, por lo que «pierde la prestación económica por cuidados en el entorno familiar».
La niña, según explica la citada plataforma, padece la enfermedad rara conocida como el ‘Síndrome de Ondine’ y cuando se queda dormida deja de respirar, por lo que necesita una vigilancia y control las veinticuatro horas al día.
Durante la noche -explican- debe estar conectada a un respirador con señales de alarma y ha de tener una traqueotomía de forma permanente y cualquier resfriado hace que deba serla suministrado de forma urgente oxígeno.
La decisión de la consejería de Sanidad y Bienestar Social se produce a pesar de los «múltiples informes médicos que demuestran que la niña no ha experimentado ninguna mejoría, hecho este que no puede producirse ya que la enfermedad no tiene cura».
Este caso se suma -recuerdan- al que la citada Plataforma denunció hace mes y medio por la retirada de prestación a un niño con parálisis cerebral severa al que se le daba como alternativa un centro de enseñanza de educación especial reglado y que tras la denuncia de este colectivo se dejó sin efecto.
La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha se pregunta si este caso «tendrá algo que ver» con que la niña «sea la hija de una de las precursoras de nuestra Plataforma».
«Esperamos que, una vez más, después de esta denuncia, Cospedal recule y restablezca el grado de dependencia que corresponde a la niña, exigiéndola que de las ordenes oportunas a su consejero de Sanidad y Asuntos Sociales para que paralice de forma inmediata todas las revisiones de oficio que se están realizando en la Comunidad».
AESTE reclama justicia social en la aplicación del IVA
La asociación empresarial considera que el impuesto no es justo con los usuarios de los servicios de Atención a la Dependencia.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) reclama justicia social en l aplicación del IVA a los usuarios de los servicios de atención a la dependencia. AESTE, que engloba los principales operadores del sector, emitió un comunicado en el que cuestiona la aplicación del IVA en este tipo de servicios por ser discriminatoria, al mismo tiempo que solicita la aplicación del tipo superreducido por tratarse de servicios de primera necesidad
El comunicado explica lo siguiente: “El Real Decreto-ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, supuso una bajada del IVA al 4% que se viene aplicando desde entonces a los servicios de atención a la dependencia que se presten mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos. En aquel entonces el Grupo Popular presentó una enmienda 122/000210 Proposición de ley relativa a la aplicación del IVA supereducido a la prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes, dicha enmienda al estar en minoria no solo no prosperó, sino que la elevación de tipos hizo que el IVA aplicado a usuarios y sus familias pasará a tributar al 10%.Mucho ha llovido desde entonces, ni aquel RD impulso la recuperación económica y el empleo, ni transcurridos 2 años de Gobierno el IVA es supereducido para la prestación de servicios para dependientes.
AESTE recuerda que “en muchos países este servicio está exento de IVA como los servicios sanitarios o la educación en España) o tiene el tipo superreducido 4% que es la situación que desde siempre ha venido reclamando el sector de provisión de servicios sociales, pero para todos los servicios no sólo para aquellos concertados por la administración” La asociación empresarial pone de manifiesto que “atender a una persona dependiente es tan de primera necesidad como el pan, la leche o los medicamentos, y estos que tienen un IVA del 4% no son distintos según quien los compre (administración, o ciudadanos). No se puede hacer la distinción del componente fiscal (IVA) del servicio dependiendo de quién lo financia o el destino que el comprador dé al servicio que se adquiere. El tipo de IVA ha de depender del servicio prestado y no del pagador”. Por último matiza que “El IVA es un impuesto finalista lo pagan directamente los consumidores, y estos merecen tributar en igualdad de condiciones que las administraciones”.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) es una organización empresarial de carácter sectorial, que abarca todo el territorio del Estado Español, sin ánimo de lucro y que nace con vocación de coordinar, representar fomentar y defender los intereses empresariales y sociales comunes a los servicios y residencias para los mayores.
Sus empresas asociadas suponen un volumen agrupado de 42.500 camas, que representa un 25% de las plazas privadas y un 15% del conjunto de plazas residenciales, lo que supone un 40% del valor económico del mercado. Nuestras empresas cuentan con 43.500 trabajadores, somos una importante fuente de reclutamiento de profesionales, generando empleo estable no deslocalizable.
AESTE, es miembro de CEOE, agrupa más de 348 residencias, además de 5.344 plazas en centros de día, 191.634 usuarios de Ayuda a Domiclio, 34.833 de Teleasistencia y 88.057 de otros servicios. Son atendidas diariamente por sus socios 314.524 personas en situación de dependencia.
Sanitas Residencial fomenta en Cataluña la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social
Sanitas Residencial ha firmado un convenio de colaboración para trabajar en Cataluña en el Programa Incorpora de la Obra Social “La Caixa”, con el objetivo es fomentar la incorporación de personas en riesgo de exclusión social al mundo laboral y promover acciones enmarcadas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
Según ha informado la compañía de servicios de salud, este convenio ha sido ratificado por Javier Companys, director de Recursos Humanos de Sanitas Residencial, Marc Simón Martínez, director del área de la Integración Social de la Fundación “La Caixa”, y Faustino Gutiérrez, en representación de Salesians Sant Jordi, entidad participante en el programa.
A través de este acuerdo de colaboración, el programa Incorpora se compromete a prestar información y asesoramiento especializado a Sanitas Residencial acerca de subvenciones, ayudas a la contratación y creación de empleo para personas con dificultades para la inserción.
Concretamente, en Cataluña, la compañía de atención a mayores colabora, desde hace más de un año, en el programa Incorpora a través de la entidad Salesians Sant Jordi PES Martí-Codolar, ofreciendo prácticas laborales y formación a los jóvenes con conocimientos de hostelería y servicios. También han ofrecido contratos laborales para auxiliares de geriatría y cocina.
Sanitas Residencial, que participa en este programa desde 2009, mantiene convenios de colaboración con 160 organizaciones a nivel nacional y ya ha ofrecido prácticas o contratos de trabajo a casi un centenar de personas.
Recientemente, la compañía ha sido galardonada con el Premio Incorpora de la Obra Social “la Caixa” en una convocatoria autonómica organizada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, región donde Sanitas Residencial trabaja con más de 26 organizaciones.
Esther Díaz: «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia»
«No estamos de acuerdo con la nota. No vamos a decirle al Observatorio de la Dependencia cómo tiene que hacer su trabajo, porque son expertos y respetamos su independencia, pero sí creemos que no han utilizado los parámetros correctos. Por ejemplo, en Asturias, el gasto por habitante en dependencia es muy superior al que dicen».
La consejera de Bienestar Social y Vivienda no comparte el último suspenso que, tal y como adelantó EL COMERCIO, otorgó a su gestión el ente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se encarga de evaluar la ley. Un suspenso que es el décimo que recibe el Principado de los doce dictámenes realizados ya por el Observatorio.
Ante el último, correspondiente al análisis del desarrollo de la ley durante el último año, Esther Díaz rebate que el gasto asturiano en dependencia sea bajo. Todo lo contrario, afirma que «Asturias quintuplica la inversión del Estado en Dependencia», como lo demuestran, dice, «los presupuestos consolidados y revisados por el Tribunal de Cuentas».
Así, afirma que en 2012, el coste que la dependencia tuvo en Asturias alcanzó «los 178 millones. De ellos, 127,8 fueron portados por el Principado. El resto, 22,6 los aportó el Estado, mientras que los beneficiarios, a través del copago, aportaron 27 millones».
Eso significa, «además de que el Principado quintuplica la inversión del Estado», que de las arcas regionales salieron «119 euros por habitante para la dependencia, mientras que el Observatorio, en su informe, nos adjudica 91,98 euros». Afirma Esther Díaz que la discrepancia se centra «quizás en la fuente que maneja el Observatorio. Nosotros no sólo dedicamos a la dependencia una única partida, sino que está repartido en diferentes capítulos y puede que no los hayan contemplado todos».
De haber recogido los 119 euros que la consejera asegura, «fueron el gasto real en 2012 y, también, en 2013, porque fueron cifras muy parecidas», Asturias habría logrado un punto y no un cero «en el apartado de gasto por habitante». Porque, de acuerdo al último dictamen del Observatorio de la Dependencia, el gasto medio en el país fue de 109,25 euros «con lo que nosotros estaríamos por encima de la media».
«Acabaremos con la espera»
Otros de los parámetros en los que hay discrepancia son los que valoran el número de solicitudes, beneficiarios y dictámenes por población, ya que Esther Díaz asegura que «no están ajustados a la realidad. Quizá eran importantes al principio, cuando la ley arrancaba, pero ahora está consolidada y no va a crecer la cifra de peticiones».
A juicio de Esther Díaz, lo importante es que «ante la posición del Gobierno central, que con su actuación hacía prácticamente inviable la ley, nosotros seguimos dando servicio y eso lo reconoce el Observatorio». Lo dice porque Asturias destaca como la cuarta comunidad española con más tasa de reposición el año pasado, del 9,52%, «cuando, en el resto del país, ha ido a la baja. Se ha paralizado».
Una paralización que, insistió, «no ocurrirá en Asturias». Lo demuestra, dice, también el aprobado por recortar el ‘limbo’ -personas con derecho, pero sin servicio- «será mejorado aún este año: el objetivo es acabar con la espera».
Fernández dice que el decreto de copago para los dependientes que incluye el patrimonio creará situaciones «más justas»
La consellera de Familia y Servicios Sociales, Sandra Fernández, ha asegurado este martes que el decreto que está ultimando el Govern tendrá en cuenta el patrimonio para calcular la capacidad económica de los beneficiarios de la Ley de la Dependencia a la hora de acceder a los diversos servicios que se prestan, como el ingreso a una residencia de mayores o a un centro de día, a fin de crear situaciones más justas entre las personas dependientes.
En los pasillos del Parlament, la titular de Servicios Sociales ha apuntado que el decreto está en fase de alegaciones, para que se puedan realizar aportaciones a su contenido y «poder mejorar el texto y intentar corregir cualquier situación que pueda resultar injusta».
Además, ha precisado que la mayoría de las comunidades autónomas del país ya incluyen el patrocinio de los afectados, tal y como establece la legislación que data de 2006.
Asimismo, Fernández ha avanzado que el proyecto contempla la creación de una comisión técnica con el fin de evitar situaciones injustas en algunos casos concretos en los que pueda haber algún tipo de duda acerca de su aplicación.
Hasta ahora sólo se tenía en cuenta la renta de los dependientes, por lo que a partir de la aprobación del Decreto se valorará también el patrimonio, «lo cual consideramos que es mucho más justo», de modo que «el que más tiene es el que más aporta y el que menos tienen será el que menos aporta», ha apostillado.
30.000 familias reciben prestación por dependencia en Madrid
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y con la asistencia del consejero de Asuntos Sociales,Jesús Fermosel, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, la directora general de Dependencia, Carmen Balfagón, o el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, el presidente Ignacio González ha dicho que actualmente«la Comunidad de Madrid es la única región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita». González además ha afirmado que la región presta los servicios a dependientes en un plazo menor al establecido por ley y que está en uno de los primeros puestos de prestación de servicios.
El presupuesto del Gobierno regional para la atención a la dependencia alcanza los 990 millones de euros, según indica una nota remitida por Asuntos Sociales. «Hace seis años, antes de la crisis, destinábamos el 73 por ciento de todo nuestro presupuesto al gasto social; hoy, destinamos un 90 por ciento», ha declarado González.
El acto institucional ha servido para presentar una guía para cuidadores que se distribuirá de manera gratuita en los centros de salud y que trata de resolver las dudas que le puedan surgir al familiar encargado del cuidado de un dependiente. Por ejemplo, el texto explica qué hacer en caso de caídas o los aspectos que hay que tener en cuenta para el aseo personal.
La Comunidad de Madrid tiene una red asistencial de 50.000 plazas en 500 centros. Los servicios más demandados son la ayuda a domicilio (que puede ser atención directa en el domicilio en tareas de limpieza o compra o acompañamiento a consultas médicas, por ejemplo), la teleasistencia (dispositivo móvil que utiliza el dependiente y que le permite estar en contacto permanente con un centro especializado) o las prestaciones económicas directas. Una beneficiaria de esta prestación ha participado en el evento contando su experiencia: «Mi madre acaba de cumplir 94 años y es beneficiaria de la ley de dependencia desde hace diez, gracias a la ayuda económica que recibimos podemos tener contratada a una persona para que esté con ella mañana, tarde y noche y nunca le falte de nada».
UPyD pide un IPC para revalorizar las pensiones que tenga en cuenta el consumo específico de los jubilados
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado, para su debate en el Pleno del Congreso, una proposición no de ley en la que plantea la posibilidad de calcular un IPC específico para los jubilados.
En la iniciativa la formación magenta defiende que sería «aconsejable y técnicamente sencillo» contar con un índice en el que se reflejen los precios de los bienes y servicios que usan los pensionistas, con un mayor peso para los productos que les afectan en mayor medida (como la luz, el gas, la alimentación o los medicamentos) y menos importancia para otros que casi no les afectan (como los juguetes, la enseñanza o la ropa infantil).
«Tales distinciones no son sutilezas académicas, sino que tienen una gran importancia práctica», insiste la formación que lidera Rosa Díez, que cree que este nuevo indicador específico permitiría a las administraciones públicas «conocer mejor la evolución del poder adquisitivo de los pensionistas» y, así, garantizar su mantenimiento.
Cumplir la Constitución
En este sentido, UPyD recuerda que la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar que las pensiones públicas son «suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas», matizando que la Carta Magna no se refiere únicamente a la cuantía inicial que perciben los jubilados sino a la de todo su periodo de retiro.
Además, señala que la revalorización «no puede entenderse como un simple acto formal de actualizar las pensiones en las cantidades que coyunturalmente encajen en la política económica del partido que gobierne, sino que una interpretación racional lleva a considerar que las pensiones se deben actualizar para que sigan siendo ´adecuadas´».
Una obligación que se ve en «riesgo», a juicio de la formación magenta, con la última reforma del Gobierno del PP, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que deja de vincular la revalorización a la inflación para tener en cuenta los ingresos y gastos del sistema, con un techo (IPC más 0,5%) y un suelo (0,25%) de incremento.
«Como el PP niega que la pérdida continuada del poder adquisitivo que prevén el resto de grupos parlamentarios vaya a producirse, sería importante contar con los indicadores adecuados para medir correctamente la evolución del poder adquisitivo de las pensiones, para que pueda dilucidarse esta cuestión mediante un debate público informado en el futuro», concluye la formación.
Cuidadores de personas dependientes de la Comunidad de Madrid recibirán un manual para apoyar su labor
La Comunidad está a la cabeza de España en el pago de prestaciones a personas con dependencia. En 2013, el Gobierno regional pagó todos los atrasos generados en años anteriores a todas las personas con reconocimiento de su situación de dependencia. Además, la Comunidad, a diferencia de otras regiones, no ha utilizado el pago fraccionado de los atrasos, sino que ha destinado 63 millones para estar al día en el pago. Así lo ha asegurado el presidente de la Comunidad, Ignacio González, que participó, acompañado del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, de la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, y del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Antonio López Trigo, en la presentación del Manual de habilidades para cuidadores familiares de personas mayores dependientes, una guía práctica elaborada por el Gobierno regional en colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
El manual se distribuirá de manera gratuita a través de los Centros de Salud de Atención Primaria y de los Centros de Servicios Sociales municipales. Esta guía, práctica, sencilla y didáctica que se compone de 48 páginas, resuelve todas las dudas que la persona que se encarga del cuidado de un familiar en situación de dependencia pueda tener. Desde cómo realizar el cambio postural cuando el familiar está en la cama, hasta cómo realizar el aseo diario.
Tal y como se puso de manifiesto en la presentación, hoy en la Comunidad reciben las ayudas por dependencia 30.000 familias, 10.000 más que hace dos años, y es la única Región en la que la atención a las personas con algún tipo de discapacidad es plenamente gratuita. “Y mientras yo sea presidente del Ejecutivo madrileño, seguirá siendo así”, ha destacado González, quien ha incidido en que este es un logro de la sociedad madrileña, que siempre ha estado plenamente comprometida con lo que es esencial.
La Comunidad está por debajo del tiempo que marca la ley en la prestación de servicios. Además, se ha conseguido acortar los tiempos para que, una vez solicitada la dependencia, se valore al futuro dependiente en su domicilio. Madrid es la única Administración que ha reorganizado el sistema de gestión de dependencia, lo que permite realizar en un solo acto administrativo la valoración de la futura persona dependiente y el Programa Individual de Atención (PIA) y acortar así las resoluciones. Además, es la única Comunidad Autónoma que ofrece una prestación de carácter transitorio hasta la resolución final.
La Comunidad está en los primeros puestos en el Sistema de Autonomía y Atención de la Dependencia, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2013. Madrid es la segunda Comunidad Autónoma en atención de Centro de Día y Ayuda a Domicilio y la tercera en atención residencial, Teleasistencia, prestaciones vinculadas al servicio y en prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. El Gobierno de Ignacio González dedica más de 1.300 millones de euros a mantener los servicios sociales, 54 millones más que el año pasado, y ha aumentado en un 4% el presupuesto destinado a la prevención y la atención a la dependencia hasta alcanzar los 990 millones de euros. Antes de comenzar la crisis, ha explicado el presidente madrileño, “destinábamos el 73% de nuestro presupuesto a gasto social. Hoy, dedicamos el 90%, un porcentaje que no destina ninguna otra región española, y que demuestra que, en los momentos de crisis económica, hemos ajustado muchos gastos, pero nunca de lo que es esencial”.
El juez apremia al alcalde de Jaén a retomar el servicio de dependencia
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), puede ver comprometida su decisión de renunciar al servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Jaén ha instado al gobierno municipal a que alegue contra el recurso planteado por la Junta de Andalucía en el que solicitaba la suspensión cautelar del decreto municipal de cese del servicio. De este modo, el juzgado insta al Ayuntamiento a retomar la prestación de forma voluntaria en el plazo de cinco días —que expira este lunes— pues, de no hacerlo, podría estimar la petición de la Administración andaluza de medidas cautelares contra la decisión municipal, que está vigente desde el 3 de diciembre.
La decisión del juzgado es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por entender que el alcalde rompía unilateralmente el convenio suscrito para prestar la ayuda a domicilio y por el “perjuicio” que esa medida podía suponer para unas 450 personas dependientes de la capital jiennense, según señaló la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez. Cabe recordarque la fiscalía de Jaén ya dictaminó que era el Ayuntamiento el responsable para prestar el servicio, aunque también instaba a la Junta a abonar sus deudas.
El requerimiento judicial ha hecho reaccionar al alcalde jiennense, quien ahora parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Fernández de Moya ha registrado en la Delegación del Gobierno de la Junta una propuesta de convenio en la que muestra la disposición municipal a retomar un servicio que, según precisa el regidor, es una “competencia exclusiva” del Gobierno andaluz. Eso sí, Fernández de Moya condiciona la vuelta del servicio a la esfera local a que la Administración andaluza se comprometa por escrito a pagar en un plazo máximo de 60 días el dinero del servicio que, a su vez, el Consistorio debe transferir o a la empresa concesionaria. De no ser así, el alcalde cree que la Junta debe garantizar también que asumirá los intereses de demora. “Vamos a ver si con esta propuesta la Junta mueve ficha”, recalca el popular.
En la nueva propuesta municipal, el alcalde de Jaén se compromete también a abrir una cuenta restringida donde vaya el dinero que la Junta ingrese en materia de dependencia. Hasta ahora, ese dinero iba a la caja única del Ayuntamiento y, tanto la oposición como las cuidadoras de la empresa concesionaria, sospechan que en ocasiones el dinero se ha gastado en otros fines.
El Ayuntamiento abandonó el servicio bajo el argumento de los continuos y reiterados impagos de la Junta, que aún hoy debe en torno a 700.000 euros anteriores al 3 de diciembre, según las estimaciones municipales. Pese al abandono del servicio, la empresa concesionaria sigue prestando la ayuda a domicilio, aunque sus responsables han admitido la difícil situación económica que atraviesan. También las 200 trabajadoras que prestan el servicio han alertado de su inseguridad laboral ante el limbo legal en el que se encuentran.
El Ayuntamiento sigue recibiendo las facturas por parte de la adjudicataria, Multiservicios Jabalcuz, aunque el alcalde admitió que aún no han resuelto qué hacer con ellas. El Consistorio sí que sigue prestando con normalidad la ayuda a domicilio de carácter municipal a otros 179 usuarios.
Tercera edad y ejercicio físico, un binomio necesario
Algunas enfermedades comunes que generan morbilidad en las personas de la tercera edad, como hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica, EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes o hipertensión pueden mejorar e incluso prevenirse gracias a la práctica de ejercicio físico. Sin embargo, los datos indican que menos del 30% de las personas de más de 65 años realiza actividad física de forma habitual, un hecho que debería modificarse según el doctor José Antonio Serra, jefe del servicio de geriatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Recomendar ejercicio físico
Los médicos de atención primaria, muchas veces por falta de tiempo y otras por la costumbre de recetar medicamentos de forma sistemática, no recomiendan a las personas de la tercera edad la práctica de ejercicio físico como, por ejemplo, caminar cada día durante 30 minutos. Para mantener un estado vital saludable hay que adquirir unos hábitos de las mismas características y que se basen en llevar una vida activa y una dieta saludable. De esta manera, se puede mejorar el estado de salud una vez ya se han superado los 65 años de edad.
Tipos de ejercicios
Las recomendaciones en este aspecto siempre tienen que individualizarse puesto que cada persona tendrá unas características distintas. En general, se recomienda que la persona tenga una vida cada vez más activa y que dicha actividad vaya en progresión. Caminar es muy recomendable, aunque otras personas necesitarán realizar ejercicios más específicos como fortalecer la musculatura de una parte del cuerpo específica. Otros individuos deberán optar por actividades más de tipo vascular, algunos para la tensión mientras que otros para la diabetes. Por tanto, estas recomendaciones deben ser muy individualizadas según los hábitos de vida de la persona, sus gustos, su disponibilidad y sus capacidades.
Otros beneficios del ejercicio
La práctica de ejercicio físico también favorece el desarrollo más tardío de un deterioro cognitivo, a la vez que también incide en mejorar el estado de ánimo. El hecho de poder relacionarse con otras personas, salir de casa y distraerse, disminuye las posibilidades de que se desarrolle un trastorno de ánimo.
Pacientes geriátricos
La intervención que se realiza en geriatría valora la situación médica, física, mental y de la red familiar del paciente. Se considera como personas frágiles a aquellos que tienen mayor edad, que presentan problemas físicos o mentales o que tienen problemas en la estructura familiar por ingresos económicos bajos. La edad media de estos pacientes es de 88 años, aunque también encontramos personas de este perfil con 65 años. Sin embargo, esa no es la tónica habitual.
