Archivo mensual: marzo 2014
«La inversión en servicios sociales genera más empleo que la industria»
El presidente del colegio de Trabajadores Sociales critica los recortes y subraya la rentabilidad de las políticas sociales «La ayuda a domicilio es muchísimo más barata que una plaza de hospital».
Habla con pasión de su trabajo, de su lucha por la justicia social al lado del que más lo necesita. Y cuando se mencionan los ajustes de los distintos gobiernos asegura que «se enciende». Pero, a pesar de todo, Rafael Arredondo confía en que esta dura etapa servirá para salir fortalecidos y con una nueva visión de la sociedad.
-Me comentaba que una encuesta del Centro de Estudios Sociales de la Junta de Andalucía, el trabajador social está entre las profesiones más valoradas…
-Sí, nos sitúan en tercer lugar, tras médicos y profesores. Todos con algo más de un 7, mientras que a los jueces les dan un 5. Son los pilares del bienestar, el sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales. Sin embargo, las tres profesiones más valoradas han sido terriblemente recortadas.
-Tienen, además, un número de usuarios muy elevado.
-En Andalucía el año pasado los servicios sociales atendieron a un millón de usuarios, eso no lo atiende ni el sistema educativo en Andalucía. Es un dato importante a tener en cuenta y eso la gente no lo sabe.
-¿Cuál es el perfil del trabajador social?
-La gran mayoría son mujeres, jóvenes, un porcentaje muy alto trabaja para la administración pública o para una entidad social y han estudiado en Málaga. En cuanto a la ocupación, en 2009 no había paro en el colectivo, faltaban trabajadores.
-¿Eso se debió a la implantación de la Ley de la Dependencia?
-En Andalucía se tomó como la pieza clave al trabajador social para poner en marcha la Ley de Dependencia. En la presentación de solicitudes, en la valoración, los que hacen el plan de intervención, es el perfil clave y el 2007 en Andalucía se nos dio un respaldo bastante fuerte.
-¿Es rentable invertir en servicios sociales?
-La inversión en servicios sociales supone una generación de empleo como no existe en ningún otro sector, genera más empleo que la industria, por la contratación del personal y por el retorno. Si incorporamos los efectos positivos que tiene, al intervenir estamos posibilitando que, por ejemplo, no haya un proceso de exclusión del que luego es mucho más costoso salir, que encarecerían el sistema. La ayuda a domicilio es muchísimo más barato que una plaza de hospital, además hay que añadir el factor positivo y calidad de vida para el mayor.
-Pero la dependencia ha estado paralizada…
-Sí, la ley ha tenido el freno hasta este año. Al inicio de este 2014 se están empezando a hacer valoraciones, a moverse, cubrir la tasa de reposición, está habiendo movimiento, aunque las listas de espera son enormes.
-¿Cómo están las listas de espera en Málaga?
-Hay falta de información y sería importante conocer los datos. Pero somos conscientes por la propia administración que puede haber miles de personas esperando, más aún cuando ha estado todo parado durante dos años. Hay una gran cantidad de solicitudes que aún ni siquiera se han valorado y están en el limbo.
-¿Las políticas de ajuste han dinamitado la estructura de derechos sociales?
-Son estructuras que consumen dinero pero para el bienestar social. Han recortado de donde han visto que tenían más posibilidades de sacar dinero, pensando que iba a haber menos contestación social. Además detrás de todo esto hay mucha ideología social. Cuando recorto en derechos sociales es que tengo una mentalidad, pienso que el que es pobre es porque quiere, porque lo decide. Es una cuestión ideológica, ¿por qué se recorta de ahí y no de defensa?
-El eslogan de «hay que rescatar a las personas y no a los bancos» ha sido recurrente en los últimos años… ¿Estamos en un momento complicado para atender al individuo, a la sociedad?
-Éste es el tiempo del individuo, hay que cambiar el chip, es el tiempo de las personas. Ahora todo se ve desde punto de vista económico, hemos reformado la Constitución por un tema económico y no somos capaces de hacerlo por los derechos sociales y esto no puede ser.
-En octubre contamos que la brecha entre ricos y pobres es siete veces mayor desde el inicio de la crisis… ¿Sigue empeorando día tras día?
-Posiblemente haya empeorado, la situación de personas que sigue sin ingresos económicos va a más. En 2007 existían más de 400.000 personas sin ingresos económicos, en la última EPA ya hay 1.700.000 familias, estamos hablando de 5 ó 6 millones de personas. El tema es serio. Es verdad que se ha hecho el Decreto para la Inclusión, pero no hace falta un nuevo decreto, no hacen falta inventos, sino incrementar lo que ya está hecho. Ya existe la estructura, no generemos algo nuevo para dar ayudas, porque así todo se retrasa tanto que ha habido ayuntamientos que han tenido que devolver el dinero porque no han podido gastarlo.
-Por ejemplo, hay que hacer un nuevo decreto para continuar con el plan de Garantía Alimentaria en los colegios…
-Considero que si hemos detectado que hay niños que no comen, en vez de generar un programa específico cuando existen ya estructuras que están funcionando, lo que habría que hacer es dotarlos de más recursos, porque si no por el camino se pierde dinero, hay profesionales que tienen que intervenir, tiempo, plazos. Lo que debe es dotar de más recursos a lo que ya hay. No generes programas nuevos, decretos nuevos, sino refuerza lo que ya existe, para poder poner en marcha las ayudas desde el 1 de enero.
-¿Por qué se hace todo tan difícil?
-Pues habría que preguntárselo. Porque nosotros hemos hecho una valoración desde el consejo andaluz y nuestras propuestas van en esa línea. Sólo hay que mejorar las estructuras.
-¿Qué salida pueden encontrar los jóvenes cuando crece entre ellos el colectivo de parados de larga duración de forma alarmante?
-Está la parte que acaba sus estudios y no tiene salida pero lo más preocupante para mi son aquellos que lo abandonaron a medias. Dejaron de estudiar porque les era mucho más fácil conseguir los 1.000 ó 2.000 euros que tenía todos los meses. En el 2007 se pinchó todo aquello. Han pasado 7 años, se han quedado con la deuda del coche, de la casa y ahora no tienen nada. No hay elementos de motivación.
-Es entonces cuando vienen los desahucios…
-En mi tesina entrevisté a 110 familias desahuciadas de sus viviendas. El 60% tenía hijos menores de 9 años y todos habían trabajado en la construcción o en empresas auxiliares y hostelería. Llevaban todos más de 10 años trabajando con contratos temporales, un perfil de inquietud constante a los que, sin embargo, se les ha dado créditos de más de 200.000 euros.
-Hace unas semanas se creó una plataforma para denunciar recortes en la atención a menores. Desde la Junta se aseguró que los fondos se dirigían más al acogimiento familiar que a las residencias.
-Nosotros no estamos en contra del acogimiento, entendemos que en función del perfil del menor lo bueno será una cosa u otra, lo que técnico decida. Pero estamos preocupados porque efectivamente hay recortes y ellos lo reconocen. El año pasado le rebajaron un 10% el presupuesto al acogimiento y este año siguen con ese dinero sin reponer. Es contradictorio, más aún cuando dicen que ha aumentado el volumen muchísimo. Se está recortando en el sector de menores, por supuesto.
-¿La crisis ha dejado en la cuneta los derechos sociales?
-Totalmente. Y la gran lucha está en que sean los mínimos posibles y se puedan ir recuperando cuanto antes mejor. La crisis ha dejado tocados y en algunos casos hundidos a muchos derechos sociales.
-¿Cuáles?
-Drogodependencia es uno de los sectores donde más se están viendo los recortes. Hay sectores que, a lo mejor no son noticias, pero quitemos a los profesionales y cerremos los centros y a ver qué pasa. Yo viví la época en la que la gente moría por las esquinas, se consiguió posiblemente uno de los recursos más importantes de España y ahora se lo están cepillando. Supongo que porque ahora no es prioritario para la Consejería.
-¿Y cuáles son esas prioridades ahora?
-No hay una planificación, se va sobre la marcha, no existe un plan de Servicios Sociales ni a nivel andaluz ni municipal. No son elementos que estén en las agendas.
-¿Y qué está pasando con los mayores?
-Se ha estado pagando el concierto con la Junta de Andalucía, el 60% de la plaza, sin que se haya enviado a ningún mayor para ocupar ese puesto.
-¿Por qué?
-Porque estaba todo parado. Se ha preferido pagar el 60% a mandar un mayor. Aunque eso se ha cambiado hace dos semanas, ya se están enviando a ancianos.
-Usted es también experto en mediación… ¿Qué es lo más positivo de la mediación? ¿Qué es más económica?
-Es un proceso de resolución de conflictos de manera pacífica y dialogada y efectivamente se está dando tanta historia ahora a la mediación porque hay negocio. En Andalucía la ley de mediación familiar ha tardado cinco años en salir el decreto. No se ha puesto en marcha todavía, pero el propósito de la Junta es crear un servicio de mediación gratuita. Adopciones, conflictos intergeneracionales, separaciones, divorcios, una vía alternativa mucho más barata y mejor para las padres es la mediación.
-¿Dónde está la salida?
-Pues creo que ahora mismo la intervención social es la que puede dar salidas a la situación que estamos viviendo. Son problemas sociales los que nos acosan y los interventores sociales son los que están en mejor situación para dar salida a ellos. Lo que hace falta es que la misma profesión se lo crea y que demos cumplimiento a nuestro código deontológico.
-¿Hay una reflexión positiva más allá de esta crisis?
-Creo que esto nos está enseñando mucho, nos ha despertado de cierto aletargamiento y puede motivar que la gente se plantee que hay que hacer otras cosas y volver, incluso, a los orígenes, a un trabajo comunitario, con la gente, a trabajar desde la justicia y hacerles ver cuáles son sus derechos.
Expertos consideran necesario introducir al fisioterapeuta en los comités de evaluación de la situación de dependencia
La introducción de la figura del fisioterapeuta en los comités de evaluación de la situación de dependencia es necesaria, según han coincidido unos expertos en un encuentro informativo celebrado en Servimedia.
Han estado presente en esta reunión la presidenta de FEDER Madrid, Elena Escalante; el subdirector general de Gestión y Tramitación del Procedimiento de Dependencia Comunidad de Madrid, José Luis Prieto; el director general de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud, Julio Zarco; y el decano Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Carlos Valiente.
De este modo, Valiente ha señalado que desde su colectivo han considerado necesaria la inclusión de la figura del fisioterapeuta en estos equipos de evaluación, puesto que se trata de profesionales que trabajan a diario valorando y tratando las limitaciones físicas que se derivan de distintas patologías y que pueden generar situaciones de dependencia. Por ello, se ha lamentado de que este profesional sanitario sea «el menos aprovechado, ya que las competencias que se le otorgan se centran fundamente en el ámbito asistencial».
Prieto ha apuntado que desde la Consejería de Asuntos Sociales se es consciente de esta necesidad, debido a que la dependencia parte de un problema médico, pero ha dicho que se trata de un problema de financiación. «No sólo hay que desarrollar estrategias, si no ampliar el presupuesto y trabajar por una mejor coordinación», ha comentado.
Por su parte, Zarco ha abogado por mejorar la coordinación y ha asegurado que «el ciudadano es un ente que no se puede fragmentar, muchas veces percibe una discontinuidad o un salto en sus cuidados». También ha dicho que el paciente debe ser el centro del sistema de salud y «de ningún modo sufrir, como sufren muchas familias, un peregrinaje para ir abriendo las puedas de acceso a los servicios que necesitan».
«Está científicamente probado que el curso de evaluación de las enfermedades mejora a todos los niveles cuando reciben tratamiento de fisioterapia», ha añadido.
Escalante ha apuntado que la presencia de los fisioterapeutas es «fundamental» de manera transversal en todo el proceso médico al que se somete un paciente crónico, además de en los comités de evaluación de dependencia. «El fisioterapeuta debería estar en todas las plantas del hospital, desde neonatos, hasta los quirófanos, acompañando al paciente durante sus ingresos hospitalarios y orientando a los cuidadores», ha indicado.
En este sentido, ha añadido que el sistema de salud debe dar voz a los colegios profesionales para que puedan seguir poniendo en valor su profesión, y dando a conocer todo el abanico de posibilidades que ofrecen. Valiente y Escalante han finalizado su intervención pidiendo a la Consejería de Asuntos Sociales y a la de Sanidad una colaboración más estrecha para lograr una mayor coordinación y mejores resultados.
El Principado de Asturias reclama «las mismas reglas del juego» en el cálculo de la financiación de la dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha reclamado este domingo «las mismas reglas del juego para todas las administraciones en el cálculo de la financiación de la dependencia».
Así, el Gobierno asturiano presenta alegaciones al anteproyecto del Tribunal de Cuentas y solicita la homogeneización de los criterios para fijar los tiempos de espera y el reparto de la financiación entre las administraciones públicas, ya que considera que «el cambio de modelo aplicado por el ente fiscalizador provoca un aumento ficticio de la aportación estatal».
De hecho, la consejera ha subrayado que la contribución del Gobierno del Principado a la financiación de la dependencia en 2012 «fue muy superior a la del Ejecutivo central».
«El Tribunal de Cuentas se sale del ámbito de lo estipulado en la propia ley de la dependencia y considera oportuno incorporar como aportación estatal otros recursos adicionales para el sostenimiento del Estado de Bienestar y que no están dirigidos en exclusiva a la dependencia», señalan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.
Por tanto, desde el Principado consideran necesario que el Tribunal de Cuentas «unifique los criterios y fórmulas para evaluar la financiación de las administraciones públicas».
Asimismo, la titular de Bienestar Social coincide con el informe del Tribunal de Cuentas en que existen importantes diferencias en cuanto a modelos de gestión entre las comunidades autónomas. «Mientras en algunas autonomías la resolución de dependencia reconoce el derecho del dependiente y se inicia el disfrute de un servicio o prestación, como en el caso de Asturias, en otras, esa misma resolución solo reconoce un derecho, pero no implica el inicio inmediato del servicio, ya que el dependiente deberá esperar a que se lo asignen», dice.
«Esto genera que las listas de espera no sean homogéneas. Dependiendo de la comunidad autónoma, en unas se computa el tiempo para la concesión del derecho y en otras para la asignación o disfrute del servicio o prestación», añaden desde el Gobierno autonómico.
Por ello, el Principado ha solicitado al Tribunal de Cuentas que, una vez constatada esta diferenciación entre dos sistemas de gestión y su efecto distorsionador, «figuren diferenciadas unas y otras comunidades autónomas, así como el tiempo medio de espera de cada modelo de gestión».
El copago expulsa a las personas con discapacidad de las prestaciones sociales
La generalización por parte de las comunidades autónomas de los copagos en los servicios sociales, especialmente en lo referido a autonomía personal y atención a la dependencia, está expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, según la opinión mayoritaria de los representantes de organizaciones de la discapacidad.
Así se recoge en un reportaje publicado en el número 117 del periódico cermi.es semanal, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El texto se centra en el estudio ‘La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia, elaborado por Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps, quien señala que la regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema.
En este sentido, asegura que si la participación es muy desigual, habrá que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos. El que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que «copaga» una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros, puntualiza.
En esta línea, Roser Romero, presidenta de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi añade que hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA cómo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa.
El estudio parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jurídica, la falta de transparencia e información y la desigualdad territorial. La inseguridad jurídica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersión normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del Cermi Aragón y miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, explica que se aprecia la inoperancia de la normativa común y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa común, que no resulta vinculante para las comunidades autónomas.
Y así lo señala también Álvaro García Bilbao, miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que las reformas siempre van encaminadas en un sentido cada vez más restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del sistema.
Trasladar al colectivo de personas en situación de dependencia o con necesidad de apoyos para su autonomía el peso de una situación de crisis a través de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situación actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la población, afirma.
Según este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades autónomas, y en una menor parte, del consejo territorial. Según Araoz, la solución debería ser conjunta, es necesario que exista voluntad de las partes y reitera que el Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportación económica deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los límites establecidos.
Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello, se debería alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo Territorial que establezca unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, señala.
Así, Araoz subraya que las comunidades tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podrían hacerlo sin la existencia de acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya están mejorando esos criterios mínimos.
La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, según expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que lo más grave de todo son las desigualdades autonómicas en lo que respecta a la aplicación del copago en cada Comunidad.
Carlos Esteban, vicepresidente del Cermi Melilla y miembro también de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi, hace referencia a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y añade que el copago solo debiera contemplar las prestaciones públicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la Ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse.
Para Francisco Sardón, presidente del Cermi Castilla y León, las políticas de austeridad y recortes están poniendo en una situación límite de su capacidad económica a las personas con discapacidad y sus familias. Se está violando el principio de equidad y un sistema que pretendía promocionar la autonomía personal, debido al aumento en la aportación económica por parte del usuario, está situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza.
Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.
Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.
La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?
El Ayuntamiento de Jaén se exculpa de una muerte en la residencia de mayores
El Ayuntamiento, a través de un decreto, se exculpa a sí mismo de la responsabilidad civil por la muerte de un anciano en un accidente ocurrido, el pasado mes de noviembre, en la residencia de mayores. Así, desestima la reclamación de daños y perjuicios de la familia y apunta hacia la empresa Clece, encargada de la atención. La concejal de Servicios Sociales, María Villegas, deja claro, ante todo, que es asunto delicado, por los seres queridos y por lo mal que lo ha pasado el personal. Por ello, la edil agradece el «magnífico comportamiento» de ambas partes y valora que los allegados del anciano entiendan que fue «un accidente desafortunado».
Villegas confirma que el equipo jurídico del Ayuntamiento, a través del secretario, Iván González, estipulan en un decreto que la responsabilidad administrativa debe de recaer en Clece, la empresa encargada de prestar la atención a los mayores. Además, se exime a Viesur, la firma concesionaria de los servicios de vigilancia y de conserjería.
Sin embargo, María Villegas asegura que aún no se ha cerrado el asunto y no descarta un acuerdo con la familia. «Estamos viendo quién es el responsable civil. Todavía no hay nada decidido. Ahora mismo se está estudiando la situación», indica. Al respecto, manifiesta que el procedimiento sigue abierto todavía y que hay «muchos condicionantes», ya que, por un lado, la residencia es de titularidad municipal y, por otro, la compañía atiende a los mayores. Para el expediente en cuestión, las autoridades han realizado indagaciones para determinar a quién compete asumir la indemnización pertinente. La familia del anciano fallecido, más allá de la reclamación administrativa, tiene la opción, en caso de que no se produzca acuerdo, de acudir a la vía contencioso-administrativa. Para presentar este recurso dispone de un plazo que se sitúa, de acuerdo con las fuentes, en unos dos meses.
Suceso. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2013. Según expone la propia María Villegas, la persona fallecida presentaba movilidad reducida, aunque manejaba con los pies la silla de ruedas. De acuerdo con la concejal, al hombre le gustaba estar en la zona de recepción. Una de las incógnitas es de qué manera consiguió salir a la parte descubierta del recinto. «No nos explicamos cómo llegó hasta la puerta», subraya Villegas, en referencia al hecho de que el residente tuvo que sortear una puerta de seguridad que solamente puede abrirse desde dentro. Una vez al aire libre se desencadenó la tragedia, ya que, como admite, la titular del área de Servicios Sociales, el anciano se precipitó por la pendiente. El vehículo adquirió velocidad y, finalmente, chocó contra el portón que separa las instalaciones, situadas cerca del centro de salud, de la calle adyacente. La colisión produjo a la víctima una «fuerte contusión». La muerte, ocasionada por el golpe, no aconteció de inmediato, sino horas después, una vez que el hombre, un alcalaíno, se encontraba en un hospital de Granada.
Más del 90% de las entidades del Tercer Sector podrían desaparecer con la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno
La Plataforma del Tercer Sector (PTS) organiza el próximo lunes 31 de marzo un Seminario dirigido a directivos y técnicos de las entidades del sector para analizar la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno y sus consecuencias para el Tercer Sector que pasan porque más del 90% de sus entidades podrían desaparecer si el anteproyecto sigue adelante, poniendo en peligro los servicios que prestan a los colectivos más vulnerables.
El Anteproyecto que modifica la Ley General de Subvenciones hasta ahora vigente conduciría a un verdadero calvario administrativo y a un altísimo riesgo financiero para las organizaciones del Tercer Sector dado el enorme empeoramiento que este Anteproyecto de Ley implica en cuanto al acceso a las subvenciones, el cobro de anticipos, los porcentajes de cofinanciación, los procesos de justificación, y el régimen sancionador exorbitante.
En lo referente a aspectos relativos a cofinanciación, la Plataforma recuerda que el Anteproyecto establece un sistema de cofinanciación para todas las entidades objeto de subvención con independencia de los programas que se desarrollan, lo que implica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social a través del Tercer Sector, tendrán que ser cofinanciados con otro tipo de fondos privados.
La Plataforma recuerda que el sistema de servicios sociales y de mantenimiento de los derechos sociales básicos “no es una responsabilidad de la cual la administración pública pueda liberarse, dejándola en manos privadas, ya que resulta básico para el correcto funcionamiento democrático de una sociedad inclusiva”.
Además, insiste en que el sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida.
De mantenerse la redacción propuesta, tal y como está redactada la cofinanciación, abocaría a muchas entidades receptoras de subvenciones del sector social a su material desaparición o bien a permitir la entrada de capital privado y lucrativo.
Sobre los aspectos relativos a la finalidad y posibles entidades receptoras, la PTS alerta de que la indefinición en algunos artículos puede abrir la percepción de subvenciones a entidades privadas que persiguen fines lucrativos. Es por ello que se pretende traer al artículo el concepto de “interés general” que figura en el texto de la Ley vigente.
En cuanto a los aspectos relativos a regulación de anticipos, la PTS lamenta que en la propuesta no se plantee modificar el artículo que establece que el pago de la subvención no se realizará hasta su justificación y recuerda que para las entidades del Tercer Sector de Acción Social tiene una especial incidencia la necesidad de liquidez para hacer frente a sus objetivos, por los que se ejecutan proyectos sociales de atención directa a colectivos vulnerables, que como norma general deberían comprender el pago anticipado de la subvención.
En caso contrario se obliga a las entidades a actuar sometidas a condiciones de crédito. De mantenerse la redacción propuesta, la regulación hará que sea casi imposible que entidades sin grandes recursos patrimoniales puedan abordar actividades subvencionadas.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha tenido varios encuentros en el marco de la Comisión de Diálogo Civil con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para abordar esta reforma.
Seminario Ley de Subvenciones
El Seminario organizado por la Plataforma, abordará, entre otras cuestiones, la experiencia del Tercer Sector en la tramitación de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y su impacto en el Tercer Sector, el anteproyecto de la nueva Ley General de Subvenciones y las principales novedades respecto a la legislación vigente, y previsible impacto en el sector.
Se trata de un coloquio abierto para debate y propuestas de las entidades del Tercer Sector sobre el anteproyecto de Ley. Posteriormente, se redactará un documento de conclusiones con los aspectos más relevantes abordados durante la jornada.
Las personas con discapacidad suponen un mercado de 5,8 billones de euros para el sector tecnológico, según un estudio
El colectivo de personas con discapacidad –que alcanza los 1.000 millones de personas en todo el mundo– y su entorno suponen un mercado potencial de 8 billones de dólares (cerca de 5,8 billones de euros) para el sector tecnológico, según se desprende de las conclusiones del estudio ‘La accesibilidad en el mundo creciente de la telefonía móvil. Un potencial de mil millones de personas’, presentado por Telefónica.
Según el informe, de esos 1.000 millones de personas, 360 millones tienen deficiencias auditivas; 285 millones deficiencias visuales; 194 millones padecen deficiencias de aprendizaje y cognitivas; 13 millones deficiencias físicas y 148 millones otro tipo de discapacidad (incluidos la depresión, dependencia del alcohol y distintos tipos de demencias).
A pesar de que la suma de las cuatro primeras categorías representa 852 millones de personas (el 12% de la población mundial) en muchas ocasiones el mundo de la telefonía móvil está restringido para este colectivo por falta de accesibilidad, añade el documento.
Así, el autor del informe, el británico Chris Lewis, analista del sector de las telecomunicaciones, ha indicado en el acto de presentación que «quizás es hora de recordar que estos mil millones de personas tienen el mismo apetito por consumir tecnología y aplicaciones de última generación y que, por tanto, son un mercado potencial muy prometedor para el sector». «Esto sin contar que convertir en digital a la gente con discapacidad incrementa la capacidad de trabajo en el colectivo, baja la carga para el Estado y por tanto, aumenta la actividad económica de un país», asevera.
Lewis añade que «la era digital representa una gran oportunidad para que las personas con discapacidad amplíen su movilidad a través de infinidad de aplicaciones ya existentes, aunque todavía no adaptadas» y detalla que «la potencia de los smartphones, los nuevos sistemas operativos, el desarrollo de aplicaciones y la conectividad dan como resultados servicios funcionan en tiempo real a través de Internet y que podrían aportar una gran independencia a los usuarios con discapacidad».
A la hora de realizar este estudio, Lewis analiza pormenorizadamente, basándose en datos de la Organización Mundial de la Salud y en su propia experiencia como invidente, la situación de estas personas y alerta de que muchos de los servicios que se ofrecen, no están disponibles para este colectivo, debido a su carencia de sensibilidad al tacto, desarrollo motriz, capacidad cognitiva, audición o visión, al mismo tiempo que indica que muchas personas con discapacidad ignoran las posibilidades de interacción que pueden ofrecer las TIC.
En este punto, el estudio señala que la estandarización de los dispositivos beneficiará al 85% restante de la población mundial, pues cuanto más accesibles sean las aplicaciones, contenidos y páginas web, más fácil será para la gente llamada «normal» navegar con las herramientas que tienen a su disposición por lo que hace un llamamiento a instaurar un diseño universal para que el producto o servicio resultante pueda ser utilizado por todos, independientemente de la edad y las características físicas o intelectuales del usuario.
En este punto, la directora de Responsabilidad e Innovación Social de Telefónica S.A, Sofía Fernández de Mesa, ha asegurado que «la accesibilidad de las nuevas tecnologías es algo necesario para toda la sociedad, no solo para aquellos con alguna discapacidad, pues es evidente que la discapacidad aumenta con la edad y que en ese sentido, todos somos potencialmente personas con discapacidad».
Nace canal sénior, un mundo de conocimiento para los mayores a tan solo un ‘clic’
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y Fundación Vodafone España presentaron este miércoles en Madrid Canal Sénior, una red nacional de conocimiento en temas como la tecnología, ocio, hogar, salud, moda o belleza, orientada específicamente a las personas de edad.
El canal se dio a conocer en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), donde su director general, César Antón, aplaudió el trabajo realizado por las fundaciones a favor del conocimiento, algo que, dijo, saben transmitir muy bien los ciudadanos mayores y que ahora pueden hacer incluso mejor con la ayuda de las tecnologías.
A esas tecnologías y a su uso por parte de los ciudadanos mayores se refirió el presidente de Ceoma, José Luis Méler, quien recordó que su entidad representa a más de un millón de personas de edad y que uno de sus objetivos primordiales es mejorarles la calidad de vida con caminos y herramientas que les permitan representar su papel en la sociedad y aumentar su visibilidad dentro de ella.
Desde esta perspectiva, explicó, nace Canal Sénior, «una iniciativa que tiene la intención de abrir a los mayores un nuevo mundo lleno de posibilidades para que puedan ser parte activa de la sociedad, además de concebirse como un espacio de intercambio e interrelación entre ellos.
Nuestro objetivo es acercar las nuevas tecnologías a los mayores, ya que son nuestro mayor activo, dijo el presidente de Ceoma, quien coincidió así con el director general de Fundación Vodafone España, Santiago Moreno, que aludió a la importancia que para su entidad tiene el poder llevar las tecnologías a colectivos como el de las personas de edad y el de los ciudadanos con discapacidad.
CANAL SÉNIOR
El encargado de presentar Canal Sénior fue su director técnico, Pablo Capell, quien destacó la amplitud del programa, que pretende enseñar a las personas mayores a aprovechar mejor Internet a través de conferencias, foros o debates.
En la web, www.canalsenior.es, habrá así una parrilla diaria de eventos que podrán recuperarse posteriormente, ya que se grabarán todos y sus áreas principales serán tecnología, ocio, hogar, salud, moda y belleza, deportes, alimentación y economía.
A juicio de sus creadores, formar parte de esta red generará multitud de beneficios para las personas mayores, puesto que podrán tener a su alcance, a través de internet, conocimientos que impliquen una mayor cercanía con su entorno, además de evitar el aislamiento social y mejorar su calidad de vida.
Los contenidos que se difundirán a través de Canal Sénior estarán unificados para todas las organizaciones de Ceoma, lo que garantizará la consecución de los objetivos comunes para todos sus integrantes.
Capell subrayó, por último, la importancia de las distintas modalidades en las que los mayores pueden participar en esta iniciativa: clásica presencial, videoteca a la carta y telepresencial interactiva.
Con más de 200 salas telepresenciales, la asistencia directa por Internet y la colaboración de las organizaciones promotoras, esperamos una participación este año de más de 100.000 mayores, afirmó.
CAMPUS SÉNIOR
Finalmente, el director técnico de Canal Sénior dio también a conocer los resultados de Campus Sénior, un programa de formación, información y divulgación centrado, sobre todo, en aspectos de tecnologías y que nació en 2012 de la mano, como Canal Sénior, de Ceoma y Fundación Vodafone.
Se trata de una plataforma lanzada con cuatro contenidos ampliados posteriormente a ocho que ayuda a sus usuarios, por ejemplo, a utilizar un teléfono inteligente, comprar de forma segura por Internet, a contratar viajes o a interactuar en una red social.
Hasta la fecha, dijo, se han formado más de 6.000 mayores en los cursos de Internet, redes sociales, correo electrónico, uso de los smartphones y tabletas. Con sus tres modalidades utilizadas en los cursos, online, en directo a través de internet y en aulas presenciales, han participado séniors de todas las comunidades autónomas.
La dependencia se tramita solo en 67 días en Bizkaia
La Diputación Foral tarda una media de 67 días en valorar la asignación de un servicio de Ley de Dependencia, uno de los plazos más bajos del Estado y muy lejos de los 475 días que registra Asturias o los 438 de la Comunidad Valenciana.
La media en el Estado es de 219 días de espera para un servicio del que están beneficiándose en la actualidad 19.900 vizcainos con diferentes grados de dependencia, según indicó ayer la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza. La responsable del área tuvo la oportunidad de radiografiar este servicio ayer al contestar a una pregunta del grupo juntero del PSE sobre la tardanza en evaluar y asignar una ayuda a las personas que se quieren acoger a la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno Zapatero en 2006.
Antes de aclarar las dudas expuestas, Ardanza expuso cómo, en Bizkaia, esta Ley se está cumpliendo gracias al esfuerzo financiero foral, ya que de los 300 millones que invierte al año la Diputación, tan solo llegan del Gobierno Rajoy 30 millones vía Cupo. Además, recordó cómo la ley socialista había quedado desvirtuada por dos decretos del Gobierno de Rajoy de 2011 y 2012 que han supuesto modificaciones a la baja tanto en el calendario de incorporación de los beneficiarios como en las cuantías de la prestación y la financiación por parte del Estado.
Ardanza indicó sobre este último aspecto que «ni antes, ni después de la crisis el Estado ha aportado más de un 20% de la financiación cuando el compromiso era que fuera a medias». La diputada criticó en este sentido el hecho de que en el Estado las personas valoradas con Grado I-2 no perciban prestación alguna, mientras que, en Bizkaia, 2.017 personas se benefician de estas ayudas.
CIFRAS DESCUADRADAS
El juntero socialista, Juan Isidro Otermin, preguntaba por las 5.293 personas que, según las estadísticas que maneja el Imserso en Madrid, estaban pendientes de ser valoradas aquí.
Ardanza aclaró que son cifras de todo el País Vasco y que, según las herramientas de conteo con que cuenta la propia Diputación, había un descuadre importante. En julio pasado, la administración del Estado y la foral intercambiaron datos y concretaron que la lista de espera era de 537 personas, «una cifra que se mantiene en la actualidad», aseguró la diputada. También prosiguen estables otros parámetros como el número de beneficiarios en torno a los 19.900 referidos, así como a las solicitudes que «se mantienen en base a la progresión demográfica», apuntó la diputada. Así de 2012 a 2013, las asignaciones de ayuda oscilan entre los 257 y 307 para las personas con dependencia de grado III, entre 560 y 780 para el grado II y entre 94 y 101 para el grado I.
Con todo esto resumió que, «aunque no es para sacar pecho», sí especificó que «en Bizkaia la atención a las personas en dependencia no ha sido desfigurada, gracias al esfuerzo y compromiso económico de esta Diputación». Por ello quizás el Observatorio Estatal de Gerentes y Directores Sociales calificó con 8,3 puntos, sobre 10, la atención a la dependencia en Bizkaia.
El 31% de las personas que reciben comida de Cruz Roja son mayores que viven solos
Las personas mayores con pocos recursos están padeciendo sobremanera las consecuencias de la crisis. Bien lo saben en la asamblea local de Cruz Roja, donde ven cómo cada vez más mayores acuden a la organización no gubernamental en busca de ayuda. Esta semana, Cruz Roja está realizando una campaña de reparto de alimentos de los que se beneficiarán 486 familias que suman 2.666 personas. De ellas, el 31 por ciento vive sola y la mayoría es mayor, según explicó ayer una responsable de la ONG.
Cruz Roja también constata como en los últimos años ha cambiado el perfil de los demandantes de recursos. Antes eran, sobre todo, gitanos e inmigrantes; la recesión ha llevado a la entidad a personas que se han quedado sin trabajo «y que nunca hubieran pensado que iban a tener que pedir la ayuda de la Cruz Roja».
En la actual campaña de reparto de alimentos, que se alargará toda la semana en los locales que la entidad tiene en la antigua rula de Avilés, la ONG distribuirá 28.653 kilos de alimentos donados por la Unión Europea. Así, en los paquetes hay arroz, fruta en conserva, legumbres, pasta, alimentos para bebés o leche. La colaboración de particulares, asociaciones de vecinos, entidades deportivas, el Banco de Alimentos de Asturias… permitirá también donar a los que más lo necesitan 4.975 productos. También hay una donación de pañales de un supermercado: 382 paquetes.
«Cada vez más gente viene a pedir ayuda y hacemos todo lo que podemos», aseguraron desde la organización. A lo largo del año, la Cruz Roja organiza unos cuatro repartos de alimentos, a los que cada vez optan más personas. Los productos se entregan a aquellos que cumplen una serie de requisitos.
La presidenta de la asamblea local de Cruz Roja, Nelly Fernández, ofreció ayer una charla en la Casa de Cultura invitada por la Asociación de Amas de Casa de Avilés. Fernández destacó la importancia de pertenecer en estos momentos a la organización no gubernamental e invitó a las presentes a sumarse al proyecto.
“Cómo nos engañaron con la Ley de Dependencia”, de Josep de Martí
Hace unos años creímos que España era un país rico. Que teníamos el sistema bancario más saneado del mundo, que estábamos alcanzando a nuestros vecinos del norte en nivel de vida y renta per cápita, incluso que les llegaríamos a superar. Nos veíamos avanzando por un prometedor sendero rodeados por miles de grúas, montañas de pisos, flamantes aeropuertos, vías de AVE y aun más pisos y filas de adosados.
Y allí, en el horizonte, justo al alcance de nuestra mano, el oasis del pleno empleo. Fue entonces cuando España decidió que sus ciudadanos merecían un derecho más: el de recibir atenciones si algún día la edad o la enfermedad les hacía necesitar de ayuda para hacer aquello que casi todos hacemos por nosotros mismos. Pero no sería un “derechillo” más, ¡No señor! Éste sería subjetivo, universal y se convertiría en el cuarto pilar del estado de bienestar, al lado de la sanidad, la educación y las pensiones. O sea, sería, para todos: ricos y pobres, altos y bajos, catalanes y asturianos… Sería caro pero ¡Qué narices!, nos lo merecíamos y nos lo podíamos permitir.
Nuestros gobernantes, que sabían que de verdad no éramos tan ricos, que el oasis era un espejismo y que crear ese nuevo derecho saldría demasiado caro, decidieron que, a pesar de todo, sacarían adelante el proyecto y en el proceso, nos engañarían a todos.
EL AUTOR
Josep de Martí es uno de los opinadores más reconocidos y con una visión privilegiada del sector de la atención a mayores dependientes. Durante los últimos veintitrés años ha trabajado tanto en la administración, siendo inspector de servicios sociales, como profesor, impartiendo clases en diversos cursos de postgrado de dirección de residencias o gerontología social y también como promotor/director del portal de internet www.inforesidencias.com, que en 2000 fue primer buscador on-line de plazas libres en residencias para mayores y recientemente se ha convertido en la primera web que permite comparar residencias según su nivel de transparencia. Estas labores las combina con trabajos de consultoría, impartición de conferencias y lo que según sus palabras, más satisfacción le produce, la escritura de un blog en el que analiza de forma crítica lo que pasa en el sector de la dependencia.
Licenciado en Derecho, gerontólogo social y especialista en derecho público. A pesar de haber colaborador en varios libros colectivos y publicado en casi todas las revistas especializadas en atención a mayores, ésta es su primera obra en solitario. Una ocasión que ha aprovechado para ordenar y contextualizar diez años de reflexiones sobre la Ley de Dependencia con un curioso hilo argumental: todo fue un engaño.
LA EDITORIAL
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MARTES, 1 DE ABRIL, 19´30h.
Casa de Soria
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Maria Wolff presenta las Terapias No Farmacológicas como parte de la solución para tratar demencias reduciendo costes
La Fundación Maria Wolff ha programado la Jornada de Terapias no Farmacológicas y Cuidados en Demencias sin Sujeciones con el objetivo de divulgar estas novedosas soluciones a los profesionales del sector hospitalario, de residencias de la tercera edad y de centros de día para mayores.
La jornada, que se celebrará el 8 de abril en Pamplona, estará centrada en promover la implantación de las Terapias No Farmacológicas (TNFs) y en el cuidado de demencias sin sujeciones con el objetivo de dar la máxima calidad de servicio en estos centros y mejorar la calidad de vida de los cuidadores.
Con este evento también se pretende demostrar que todas estas acciones pueden llevase a cabo reduciendo los costes asistenciales con una reorganización inteligente de los recursos humanos con formaciones adecuadas.
La jornada contará con la intervención de los expertos más acreditados en el ámbito de los cuidados a personas mayores con demencia que pondrán en valor la importancia de los familiares como apoyo fundamental para proporcionar mejor atención para este colectivo.
Neurólogos, psicólogos, terapeutas y juristas expondrán en distintos momentos del evento sus experiencias, conocimientos y consejos con mesas redondas y ponencias. Un programa centrado en proporcionar valiosa información con respecto al cuidado a personas con demencias sin atar, sus familias y las sujeciones químicas que se combinará con la exposición de ejemplos de intervención en residencias y un taller vivencial que cerrará la jornada.
El acto, al que asistirá la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera Janín, cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Navarra, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA).
Jornada de Terapias No Farmacológicas y Cuidados en Demencias sin Sujeciones
Consulta el programa en este enlace
Día: Martes 8 de abril 2014
Hora de comienzo: 9:30 horas
Lugar: CIVICAN Avda. Pío XII, 2, 31008 • Pamplona • Navarra
Personas mayores forman una cooperativa para construir y gestionar su propia residencia
Tener más de 50 años, aportar una cuota y ser socio de la iniciativa. Éstos son los tres únicos requisitos para formar parte de una cooperativa sin ánimo de lucro, Conjunto Residencial Antequera 51, que se constituye en la Comarca de Antequera para construir, dirigir y promover una conjunto residencial para jubilados diferente a los actuales modelos.
Hace siete años la pensaron siete personas, luego la crearon catorce, la forman ya cincuenta y ahora abren plazo entre abril y mayo para poder llegar a cien, el número de personas ideal para este proyecto común que se desarrollará en Parque Verónica, junto al Hotel Antequera Golf.
Para ser socio, el Ayuntamiento les ha facilitado un punto de información: “Tenemos una oficina en el Edificio de San Luis, en la primera planta, donde pueden tener toda la información que precisen”. El Pleno aprobó por unanimidad la iniciativa, que el propio alcalde de la ciudad, Manuel Barón (PP), estima positiva y claro ejemplo de apuesta social.
Buscan una residencia diferente, ni pública ni privada, sino comunitaria, con zonas de ocio, deporte, comedor y asistencia sanitaria. Los cooperativistas tienen que aportar un capital inicial y luego unas mensualidades. Lo denominan “envejecimiento activo” y pretenden crear una zona residencial, donde pasar la nueva etapa de sus vidas tras jubilarse.
Buscan un futuro en la que sean ellos quienes decidan dónde pasarla y qué hacer, promoviendo actividades de ocio y culturales. “Hay un principio del envejecimiento activo, no del aparcamiento en residencia. Queremos seguir viviendo, con las ayudas necesarias. Es una filosofía de vida distinta, gestionar nuestro propio futuro cuando tengamos alta edad, sin tener que depender de nuestros hijos, poder gestionar nuestros últimos años”.
Una iniciativa que fomentará el empleo en la Comarca de Antequera. Ya han creado dos empleos y prevén que en su máximo desarrollo, puedan crear hasta veinte puestos más. “Es una filosofía de vida distinta, gestionar nuestro propio futuro cuando tengamos alta edad, sin tener que depender de nuestros hijos, poder gestionar nuestros últimos años”, destacan los promotores que por medio de esta campaña, quieren que toda persona con más de 50 años o ya jubilada, pueda formar parte de ella.
Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años
La Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.
El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».
En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».
Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.
La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.
Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.
Informe médico
Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.
Directores de Servicios Sociales denuncian que los dependientes fallecidos sin atender financian el déficit del Estado
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los fallecimientos» de personas con derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia «financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento» del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
La organización llega a esta conclusión tras analizar los datos del SAAD al cierre del mes de febrero publicados por el IMSERSO, que arrojan 6.748 beneficiarios menos, es decir, que cada día se dejó de atender a 241 personas, un beneficiario de la ley menos cada cinco minutos y un trabajador del sistema despedido cada hora.
«Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncia, y pone el acento en que «todas las comunidades autónomas presentan datos negativos» en febrero: 6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, 6.838 dictámenes menos, 9.303 solicitudes menos, 4.326 grandes dependientes menos y 2.872 dependientes severos menos que en enero.
«¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», plantean los directores y gerentes.
En cuanto a prestaciones y servicios, destacan que también los datos son «todos negativos», con una caída de 1.371 servicios de teleasistencia, 1.290 en Ayuda a domicilio, 140 plazas residenciales, 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio y 4.162 prestaciones de cuidadores familiares menos. Esto, concluyen, «supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores».
En paralelo, la lista de espera para recibir la prestación se ha reducido «de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos». A su juicio, «la reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho», por lo que concluyen que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema», explican los directores y gerentes.
LA GACETA presenta la segunda edición del Concurso Literario Intergeneracional
Ya está en marcha el II Concurso Literario Intergeneracional «Memoria del corazón», que LA GACETA organiza para contribuir al envejecimiento activo de las personas mayores. El certamen de relatos está dirigido a las personas mayores de 60 años, que podrán participar de dos formas: de manera individual o solicitando la ayuda para escribir el relato de un estudiante de la Universidad Pontificia.
Aquellas personas que deseen participar en el concurso deben cumplimentar un formulario de inscripción antes del próximo domingo 30 de marzo en este sitio web. Allí encontrarán también las bases del concurso y la hoja de participación en la que obligatoriamente
deberán escribir su relato. En el concurso «Memoria del corazón», la palabra y la escritura se convierten en el nexo de unión entre jóvenes y mayores, que deberán plasmar literariamente sus recuerdos más emotivos, nostálgicos, alegres o divertidos, aquellas vivencias o anécdotas que hayan marcado su existencia de manera especial.
Los trabajos deberán presentarse entre el 31 de marzo y el 16 de abril. Para incentivar la participación en el concurso y premiar la calidad de los trabajos, el II Concurso Literario Intergeneracional de LA GACETA cuenta con atractivos premios. Desde un estupendo fin de semana en el Balneario de Ledesma para dos personas con acceso al circuito termal, hasta una cena para dos personas en el Restaurante Don Mauro, pasando por un teléfono inalámbrico diseñado para personas mayores. Los jóvenes estudiantes de la Universidad que ganen también tendrán premios relacionados con la tecnología.
Y todos los ganadores recibirán una suscripción trimestral a LA GACETA. La iniciativa cultural literaria es una realidad gracias a la ayuda de los patrocinadores como Residencia Ballesol, Universidad Pontificia de Salamanca, Servicios de Teleasistencia «ST», CGB Informática y Auditrón Centro Audiológico, además de la colaboración de la Obra Social de La Caixa, Milar, Restaurante Don Mauro, Balneario de Ledesma y la Banda de Música de Villamayor.
La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%
La financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.
El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.
Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».
En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».
El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.
Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»
