Archivo diario: 4 marzo, 2014
Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.
Más de 800 normas
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.
No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».
Demoras de más de un año
El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).
La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.
Listas de espera
Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.
Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.
Desigualdad entre españoles
Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».
El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».
Canarias, la comunidad que percibe más recursos del Estado de los que dedica
El Síndic insta a la Generalitat a reanudar las prestaciones para residencias
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado hoy al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Bienestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.
Ribó ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que «se ha prorrogado indefinidamente», por lo que ha reclamado al Govern que «garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes».
Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que «la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento».
Para Ribó, «la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables».
El síndic ha afirmado que «son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa» para la persona dependiente.
Por ello, el Síndic se ha dirigido hoy al departamento de Bienestar Social y Familia para que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que «adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades».
La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, «no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas».
Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Bienestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20 % que aporta el Estado.
El Síndic, sin embargo, considera que «la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat».
Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que «arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial» y ha pedido «actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia».
Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que «la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente».
El Imserso presenta sus propuestas para mejorar la vida de las personas mayores siguiendo los preceptos de la UE
El Imserso presentó ayer el documento «Propuestas para el desarrollo en nuestro país de las orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y las solidaridad entre las generaciones», en el marco de una jornada de trabajo en la que intervinieron representantes del propio instituto de mayores, organizaciones de personas mayores y expertos en la materia.
Con la ausencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, fueron el director general del Imserso, César Antón, y el presidente del Consejo Estatal de las Personas Mayores, Luis Martín Pindado, los encargados de abrir la jornada.
En su intervención, César Antón destacó que «hoy día las personas mayores tienen sus inquietudes, su actividad, su participación, en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, hoy queremos, en base a este documento, dar participación y abrirle a la sociedad». Agradeció además César Antón la labor de cuantos participaron en el documento y que da respuesta, dijo, a la necesidad de liderar, como Estado, la puesta en práctica de las orientaciones emitidas por la Unión Europea, que calificó como «muy buenas».
«Tenemos que saber qué temas preocupan a los mayores en nuestra sociedad, qué cuestiones quieren trasladar a los políticos y qué esperan de los poderes públicos y de la sociedad civil en su conjunto», reflexionó el director general del Imserso, para añadir que el documento presentado persigue «intentar poner negro sobre blanco todas estas cuestiones, estructurarlas y hacer entendible el debate y, sobre todo y fundamentalmente, que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas mayores».
Las orientaciones han sido elaboradas por el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, que el Consejo (Epsco) adoptó mediante la «Declaración sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional (2012): estrategia futura», y contienen medidas de actuación a corto y medio plazo encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a nivel nacional, regional y local.
En su proceso de redacción han intervenido expertos en cada una de las áreas relativas a las personas mayores tratadas (empleo, educación y formación, sanidad, pensiones, servicios sociales, cuidados de larga duración, inclusión social, vivienda, participación social, vida independiente, etcétera) y para su elaboración se ha contado con la participación del Consejo Estatal de las Personas Mayores.
El encuentro de ayer constituyó el punto de partida para el inicio de una ronda de contactos en la que los responsables del Imserso tratarán de sumar apoyos sociales al documento y, en su caso, incorporar las posibles cuestiones planteadas por los agentes sociales que participen en las jornadas sectoriales.
El Ayuntamiento de Madrid edita un libro sobre experiencias de éxito en centros de día para mayores
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, ha editado un libro que recoge las conclusiones de las Jornadas Técnicas de Buenas Prácticas en Centros de Día, celebradas el pasado mes de septiembre.
El encuentro sirvió para que profesionales de diferentes entidades expusieran e intercambiaran las experiencias y proyectos exitosos de los centros de día en los que desempeñan su labor. Así, la publicación que presenta ahora el Ayuntamiento recoge las presentaciones realizadas en el marco de las jornadas e incluye fichas técnicas sobre los programas y servicios propuestos, que van desde ideas innovadoras en estimulación cognitiva hasta iniciativas para promover la interrelación personal o la interacción con las tecnologías.
«La publicación recoge las distintas comunicaciones orales y póster que se presentaron en las jornadas, con el objetivo de que sirvan de ayuda a los profesionales y responsables que trabajan con personas mayores en los centros de día. Son experiencias y actividades de mejora donde se reconocen las buenas prácticas, priorizando la innovación, y que han conseguido mejorar la calidad de los servicios prestados y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias», ha explicado la delegada de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Dolores Navarro.
El libro se puede descargar directamente de aquí y, desde la página de «La Voz de la Experiencia» se puede acceder también a los vídeos presentados en el marco de las jornadas.
