Archivo diario: 30 marzo, 2014

El copago expulsa a las personas con discapacidad de las prestaciones sociales

CopagoLa generalización por parte de las comunidades autónomas de los copagos en los servicios sociales, especialmente en lo referido a autonomía personal y atención a la dependencia, está expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, según la opinión mayoritaria de los representantes de organizaciones de la discapacidad.

Así se recoge en un reportaje publicado en el número 117 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El texto se centra en el estudio ‘La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia’, elaborado por Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps, quien señala que “la regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema”.

En este sentido, asegura que “si la participación es muy desigual, habrá que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos”. “El que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que «copaga» una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros”, puntualiza.

En esta línea, Roser Romero, presidenta de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi añade que “hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA cómo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa”.

El estudio parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jurídica, la falta de transparencia e información y la desigualdad territorial. La inseguridad jurídica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersión normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del Cermi Aragón y miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, explica que “se aprecia la inoperancia de la normativa común y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa común”, que no resulta vinculante para las comunidades autónomas.

Y así lo señala también Álvaro García Bilbao, miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que “las reformas siempre van encaminadas en un sentido cada vez más restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del sistema”.

“Trasladar al colectivo de personas en situación de dependencia o con necesidad de apoyos para su autonomía el peso de una situación de crisis a través de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situación actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la población”, afirma.

Según este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades autónomas, y en una menor parte, del consejo territorial. Según Araoz, “la solución debería ser conjunta, es necesario que exista voluntad de las partes” y reitera que “el Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportación económica deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los límites establecidos”.

“Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello, se debería alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo Territorial que establezca unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias”, señala.

Así, Araoz subraya que “las comunidades tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podrían hacerlo sin la existencia de acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya están mejorando esos criterios mínimos”.

La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, según expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que “lo más grave de todo son las desigualdades autonómicas en lo que respecta a la aplicación del copago en cada Comunidad.

Carlos Esteban, vicepresidente del Cermi Melilla y miembro también de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi, hace referencia a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y añade que “el copago solo debiera contemplar las prestaciones públicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la Ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse”.

Para Francisco Sardón, presidente del Cermi Castilla y León, “las políticas de austeridad y recortes están poniendo en una situación límite de su capacidad económica a las personas con discapacidad y sus familias”. Se está violando el principio de equidad y un sistema que pretendía promocionar la autonomía personal, debido al aumento en la aportación económica por parte del usuario, está situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza”.

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Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica

CospedalLa Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.

En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.

Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.

La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.Yulisa Ramírez

Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.

Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?

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El Ayuntamiento de Jaén se exculpa de una muerte en la residencia de mayores

14. Juni 2010El Ayuntamiento, a través de un decreto, se exculpa a sí mismo de la responsabilidad civil por la muerte de un anciano en un accidente ocurrido, el pasado mes de noviembre, en la residencia de mayores. Así, desestima la reclamación de daños y perjuicios de la familia y apunta hacia la empresa Clece, encargada de la atención. La concejal de Servicios Sociales, María Villegas, deja claro, ante todo, que es asunto delicado, por los seres queridos y por lo mal que lo ha pasado el personal. Por ello, la edil  agradece el «magnífico comportamiento» de ambas partes y valora que los allegados del anciano entiendan que fue «un accidente desafortunado».

Villegas confirma que el equipo jurídico del Ayuntamiento, a través del secretario, Iván González, estipulan en un decreto que la responsabilidad administrativa debe de recaer en Clece, la empresa encargada de prestar la atención a los mayores. Además, se exime a Viesur, la firma concesionaria de los servicios de vigilancia y de conserjería.

Sin embargo, María Villegas asegura que aún no se ha cerrado el asunto y no descarta un acuerdo con la familia. «Estamos viendo quién es el responsable civil. Todavía no hay nada decidido. Ahora mismo se está estudiando la situación», indica. Al respecto, manifiesta que el procedimiento sigue abierto todavía y que hay «muchos condicionantes», ya que, por un lado, la residencia es de titularidad municipal y, por otro, la compañía atiende a los mayores. Para el expediente en cuestión, las autoridades han realizado indagaciones para determinar a quién compete asumir la indemnización pertinente. La familia del anciano fallecido, más allá de la reclamación administrativa, tiene la opción, en caso de que no se produzca acuerdo, de acudir a la vía contencioso-administrativa. Para presentar este recurso dispone de un plazo que se sitúa, de acuerdo con las fuentes, en unos dos meses.

Suceso. Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2013. Según expone la propia María Villegas, la persona fallecida presentaba movilidad reducida, aunque manejaba con los pies la silla de ruedas. De acuerdo con la concejal, al hombre le gustaba estar en la zona de recepción. Una de las incógnitas es de qué manera consiguió salir a la parte descubierta del recinto. «No nos explicamos cómo llegó hasta la puerta», subraya Villegas, en referencia al hecho de que el residente tuvo que sortear una puerta de seguridad que solamente puede abrirse desde dentro. Una vez al aire libre se desencadenó la tragedia, ya que, como admite, la titular del área de Servicios Sociales, el anciano se precipitó por la pendiente. El vehículo adquirió velocidad y, finalmente, chocó contra el portón que separa las instalaciones, situadas cerca del centro de salud, de la calle adyacente. La colisión produjo a la víctima una «fuerte contusión». La muerte, ocasionada por el golpe, no aconteció de inmediato, sino horas después, una vez que el hombre, un alcalaíno, se encontraba en un hospital de Granada.

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