Archivo diario: 2 abril, 2014

Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón

Asunción Sánchez ZaplanaA la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.

La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.

Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.

Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.

COPAGO

El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.

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58 usuarios se dan de baja en el servicio de Teleasistencia por las nuevas cuotas

teleasistencia58 usuarios del servicio de Teleasistencia prestado por el Ayuntamiento de Ponferrada se han dado de baja desde que se aplicaran nuevas cuotas en dicho servicio. A su vez, 41 personas han decidido continuar con Cruz Roja, organismo que prestaba la Teleasistencia antes de la nueva licitación.

En total, el actual servicio cuenta con 551 usuarios, según explicó la concejala de Bienestar Social, Isabel Baílez, después de que en el pasado Pleno la oposición del Partido Popular expusiera las quejas de las personas adscritas a la Teleasistencia debido a la subida de las cuotas.

La edil ha señalado que ha coincidido en el tiempo el cambio de empresa, que se ha adjudicado a Quavitae Servicios Asistenciales, y el cambio de tarifa, con los consiguientes inconvenientes para los usuarios, pero que se trata de un servicio municipal que “se presta a través de una empresa”, pero que es competencia de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la subida de las cuotas, Isabel Baílez ha explicado que es una imposición del Gobierno regional y que las tarifas irán desde los cero euros para las personas con una renta más baja hasta los 10,76 euros para los usuarios con rentas más altas. “Es una normativa de la Junta que nos obliga, no podemos hacer trampas y guardarnos la ordenanza”, aseguraba la edil.

A su vez, ha explicado que las personas que han decidido continuar con Cruz Roja pagarán 14 euros porque se trata de un servicio privado y no municipal.

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El TSJ se reúne el 10 de abril para unificar criterios sobre los casos de dependencia

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valencianoLos 24 magistrados que conforman la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se reunirán el próximo día 10 de abril para unificar los criterios en materia de ley de dependencia y así acabar con las resoluciones contradictorias que evidenció Levante-EMV. La sección cuarta y quinta de esta sala han emitido y continúan haciéndolo sentencias en las que, en casos iguales, una da la razón a los dependientes en sus demandas contra la Generalitat y la otra avala a la Conselleria de Bienestar Social.

Este periódico ha venido contando que las secciones cuarta y quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ están fallando de manera diferente en casos similares que afectan a los dependientes. La sección cuarta está dando la razón a los demandantes, ya que reconoce a sus herederos el cobro de la prestación de sus familiares que no pudieron percibir porque fallecieron antes de que la Conselleria de Bienestar Social les reconociera el derecho. Este tribunal responsabiliza a la conselleria de los retrasos y la condena por responsabilidad patrimonial a indemnizar a los herederos, que pueden presentar las alegaciones en cualquier momento del proceso.

Por su parte, la sala quinta deniega la indemnización a los herederos de los dependientes, primero porque no alegaron responsabilidad patrimonial y, segundo, tras presentar este argumento por los perjuicios generados por la conselleria, por defectos de forma. Así, este tribunal considera que la responsabilidad patrimonial se debe exigir en el momento de presentar la demanda, mientras que la sección cuarta defiende que se puede plantear en cualquier momento del proceso, incluso en las conclusiones o la vista oral.

Tras evidenciarse estas contradicciones, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Mariano Ferrando, anunció que reuniría a los 24 magistrados para acordar un criterio común para que no haya contradicciones.

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