Archivo diario: 25 marzo, 2015

José María Toro, nuevo Director General de AERTE

jose maria toroLa junta directiva de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ha designado por unanimidad a José María Toro director general de la asociación.

José María Toro, es miembro de la junta directiva de AERTE desde 2012, colaborando con la dirección general de la asociación durante ese periodo, así mismo es coordinador de la Comisión de Gestiones Integrales de la asociación. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, complementó su formación en el Institut d’Études Politiques de Estrasburgo (Francia), cursando estudios de ciencias políticas europeas. Además, es titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y en el Program for Management Development (PMD) de ESADE Business School.

Actualmente es director general de SERCOVAL, cooperativa de trabajo asociado especializada en la gestión de recursos sociosanitarios y limpiezas, cargo que ocupa desde octubre de 2.009.

Traspaso gradual de funciones

Esta nueva dirección general asumirá gradualmente las funciones de María José Mira al frente de la patronal de residencias hasta hacerse efectiva de forma definitiva el 22 de abril, en la asamblea general de la asociación. Mira dimitió la semana pasada para dedicarse a su candidatura política en las próximas elecciones autonómicas.

La junta directiva de AERTE quiere recordar que la patronal de la dependencia es una entidad neutral con interlocución con todos los partidos políticos, administraciones públicas y elementos representativos de la sociedad, sin responsabilidad sobre el posicionamiento político que puedan tener sus empresas integrantes o trabajadores a título personal.

La inversión per capita en dependencia de la Comunidad Foral de Navarra es el doble que en el resto del estado

navarraEl gasto público en Navarra para atender la dependencia es de 206 euros por habitante, el doble que la media estatal. Así se desprende del primer estudio elaborado por el Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, creado por el Gobierno foral.

La atención a las personas con dependencia alcanza en Navarra una inversión anual de 154,54 millones de euros, de los que la Administración aporta el 85 por ciento, cifra que supone un gasto público de 206 euros por habitante, casi el doble de los 104 euros de media estatal.

Esta inversión total, de la que se benefician 10.679 personas, procede del Gobierno de Navarra, en un 78% (120,17 millones); de la Administración General del Estado, en un 7% (11,58 millones); y de las aportaciones de las personas usuarias de los servicios de dependencia, en un 15% (22,77 millones).

Así se desprende del primer estudio elaborado por el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, presentado este lunes en rueda de prensa por el director general de Política Social y Consumo del Ejecutivo navarro, Mariano Oto.

Durante su intervención, Mariano Oto ha recordado que la Ley de Dependencia establecía, en su exposición de motivos, que la atención a las personas dependientes sería financiada por el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias, aportando cada parte un 33%. No obstante, según Oto, la aportación del Estado, desde el cambio legislativo introducido en 2012, «ha sido decreciente en el tiempo» hasta alcanzar el 7%, teniendo que aumentar el Gobierno de Navarra su contribución mediante un aumento presupuestario, «especialmente en el tema residencial».

COSTE DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Con este estudio sobre la inversión realizada en la atención a la dependencia en Navarra, el Gobierno foral da respuesta a la recomendación realizada por la Cámara de Comptos en 2012, ha informado el Ejecutivo en una nota.

Para realizar el cálculo se han tenido en cuenta el coste de los centros residenciales y de día (tanto propios del Gobierno de Navarra como concertados), las prestaciones económicas relacionadas con esta materia, los servicios a personas dependientes como el de asistencia telefónica o de transporte adaptado, los contratos con los centros ocupacionales, y las subvenciones para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.

Asimismo, se han contemplado todos los niveles de dependencia, incluyendo también el ‘adicional’ (dependencia social, enfermedad mental, etc.), que es atendido en Navarra aunque no esté garantizado por la Ley de Dependencia.

De este modo, las mayores partidas son las destinadas a los centros residenciales y de día (tanto para personas con discapacidad, con enfermedad mental o mayores), que alcanza los 73,5 millones; la atención temprana de niños de 0 a 6 años, con 27,9 millones; las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, con 19,5 millones; las prestaciones vinculadas al servicio (ayudas para residencias y centros de día), con 12,5 millones; y los servicios prestados por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, como el de valoración de la dependencia, con 7,8 millones.

En resumen, el 79% del coste de atención a la dependencia se corresponde con la prestación de servicios a estas personas y el 21% con las ayudas económicas que se conceden. El 95% del total se destina a cubrir el nivel mínimo exigido por la Ley de Dependencia y el 5% se dirige al llamado nivel ‘adicional’, que no está garantizado por la legislación pero que, como se ha indicado, se atiende también en Navarra.

OBSERVATORIO PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

El director general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, también ha presentado el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra (OPASNA), que pretende dar respuesta a la necesidad de contar con datos y análisis continuados sobre la realidad social de la Comunidad. Asimismo, este observatorio permitirá conocer y evaluar el impacto de las actuaciones llevadas a cabo en Navarra por los diferentes agentes en materia de servicios sociales.

Desde este observatorio se pondrá en marcha una página web de acceso público con datos estadísticos, se elaborarán informes periódicos sobre determinadas materias de servicios sociales y otros específicos sobre aspectos que se consideren de relevancia, y se ofrecerán referencias documentales.

El observatorio cuenta con un presupuesto de 102.801 euros y trabajarán en él cinco personas. De ellas, tres técnicos del Servicio de Planificación, Calidad e Inspección del Departamento de Políticas Sociales, y otros dos técnicos con dedicación parcial y procedentes de otros servicios.

Asimismo, una comisión formada por el conjunto de directores de Servicio y subdirectores de la estructura orgánica del Departamento de Políticas Sociales orientará, mediante reuniones bimestrales, el trabajo que desarrolle el observatorio.

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