Archivo diario: 23 julio, 2018
El TSJ Balear condena a compensar por los recortes en dependencia
El TSJ Balear condena al Govern a compensar a una mujer que perdió durante dos años la prestación que recibía por dependencia a raíz de un cambio de baremo que recortaba las ayudas. La Consellería corrigió con posterioridad y sí reconoció a la mujer el derecho a recibir una cantidad de dinero para su cuidado. Sin embargo no admitía pagar el dinero que le hubiera correspondido los dos años en los que se quedó sin prestación.
La paciente se acogió a la Ley de Dependencia al poco de su entrada en vigor. En el año 2007 se le reconoció un grado de dependencia severa que le daba derecho a recibir una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Así se mantuvo varios años esta situación, mientras se le aplicó el baremo inicial de la normativa. En ese tiempo fue revisada su situación en otras dos ocasiones y siempre se mantuvo el criterio de que la mujer, de sesenta años de edad y con un trastorno psiquiátrico y una enfermedad renal.
Cuando le iba a caducar la vigencia de la última valoración, fue la propia paciente quien reclamó una revisión de su caso, necesaria para seguir recibiendo el subsidio. Esta vez, en 2014, se le aplicó un baremo más restrictivo y se la clasificó como dependiente moderada y no severa. Esta condición la situaba en grado 1 de dependencia y la privaba de recibir la prestación que tenía reconocida previamente.
Tras este cambio por parte de la administración, la dependiente acudió a los tribunales y presentó un recurso Contencioso contra su nueva valoración. El tribunal no tuvo que entrar en el fondo porque en enero de 2016, cuando el pleito ya estaba en marcha, la propia Conselleria volvió a cambiar la valoración de la paciente y, de nuevo, reconoció que era una dependiente severa y, por tanto, recuperaba el derecho a la prestación.
Así las cosas, la discusión sólo se mantenía porque la última resolución del Govern no preveía efectos retroactivos. Es decir, no anulaba la valoración que le dejó sin dinero y la daba por buena.
El tribunal estima el recurso y obliga a que se pague por todo el tiempo en el que estuvo en vigor la baremación con ‘recortes’, que se extendió a dos años. «Es más que evidente que la resolución es nula y, en consecuencia la anulamos y, en reconocimiento de la situación jurídica individualizada de la señora, declaramos que tiene el derecho a percibir las prestaciones». Además, impone una condena en costas al Govern por mantener abierto el pleito. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Fuente: Balears Noticias
Los mayores gallegos tardan casi dos años en acceder a una plaza en una residencia
- La ley estipula un plazo máximo de nueve meses
- Contas pide a la Xunta más personal para acortar la espera
- Critica que tiene centros «infrautilizados» por no invertir en obras
Poca ejecución de los fondos europeos. El Consello de Contas insta a la Xunta a «agilizar el ritmo de ejecución de los fondos europeos» y se pide también que haya una mayor coordinación con las entidades locales para «maximizar la utilización de las ayudas«. Según los datos del órgano fiscalizador, en 2016 se aplazaron compromisos por importe de 253 millones, del total de 534 millones consignados, que fueron reprogramados para ejercicios posteriores.
Riesgo de viabilidad en 70 concellos. El presupuesto por habitante en las siete ciudades gallegas está por debajo de la media española, según el Consello de Contas. El órgano fiscalizador alerta además de que setenta concellos tienen su viabilidad económica comprometida. Once de ellos tienen ya problemas de sostenibilidad económica y otros sesenta están en una situación complicada.
«Uso excesivo de imprevistos» por la Xunta. El Consello de recomienda medidas legislativas y de control parlamentario que limiten el uso «excesivo» del fondo destinado por la Xunta para imprevistos. La Xunta valoró, sin embargo, que los informes del órgano fiscalizador aprueben la gestión presupuestaria y financiera y que pongan de manifiesto que hubo «una notable» reducción de las modificaciones presupuestarias.
Faltan plazas para mayores en residencias y sobra burocracia. Los plazos de la Ley de Dependencia no se cumplen. El Consello de Contas apunta que los mayores gallegos tienen que esperar de media 453 días desde que presentan una solicitud hasta que la Xunta les reconoce el derecho a beneficiarse de una plaza de atención residencial, «muy por encima de los seis meses que marca la legislación». Pero desde que se les da el visto bueno hasta que efectivamente ingresan en el centro pasan otros 154 días de media, cuando la normativa marca un límite de tres meses. Es decir, los dependientes gallegos deben esperar en total 607 días, casi dos años, para entrar a una residencia, y, entretanto, la carga de los cuidados de estos mayores enfermos recae sobre las familias.
Y Contas advierte que este tiempo medio de 607 días podría ser mayor para gran parte de los dependientes, puesto que en el cálculo se incluyen los plazos de ingreso de los casos de emergencia social, una vía de urgencia que utiliza la Xunta para ingresar en residencias a mayores en aquellos casos en los que no tienen a nadie que se haga cargo de ellos. De hecho, el aumento de ancianos que viven solos y la demora general para conseguir una plaza provoca que cada vez se recurra más a este procedimiento de emergencia.
El órgano fiscalizador pide a la Xunta «personal y medios suficientes» para agilizar los plazos y cumplir con los tiempos de espera que fija la ley.
En su informe el Consello de Contas insta también a la Xunta a incrementar las plazas en centros de mayores que considera «claramente insuficiente». Galicia tiene una ratio de camas de 3,05% sobre el número de mayores de 65 años, cuando en el conjunto del Estado se sitúa por encima del 4%. Para ello, según sugiere el órgano fiscalizador, debería empezar por «optimizar los recursos disponibles». Explica que desde 2010 la Xunta no ejecutó inversiones en las instalaciones de las residencias y algunas de ellas están «infrautilizadas» porque no están en las condiciones adecuadas para funcionar. Pone como ejemplo un geriátrico en Carballiño (Ourense), con capacidad para 80 personas, pero que solo tiene ocupadas 25 plazas.
El Gobierno gallego ha apostado por incrementar la oferta en residencias mediante conciertos y, de hecho, el 65% de las plazas que oferta la Xunta son privadas. En este sentido, Contas advierte que la ratio de personal en estos centros concertados es un 9% inferior a las residencias públicas y advierte que eso puede afectar a «la calidad de la atención».
Fuente: Faro de Vigo
