El Govern admite que de 2013 a 2017 fallecieron 11.194 dependientes en lista de espera.

Los profesionales lo achacan a los recortes y piden «urgentemente» aumentar las prestaciones.

Desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017 murieron 11.194 catalanes que estaban esperando para ingresar en una residencia de la tercera edad. El 74% de los difuntos ya habían sido valorados por los servicios sociales y tenían el derecho reconocido, pero no pudieron ingresar por falta de plazas públicas. Son datos que la Conselleria d’Afers Socials reveló el 18 de enero tras una interpelación parlamentaria. Tanto la patronal de las residencias como los trabajadores sociales culpan a los recortes del 2012 que aplicaron los gobiernos de Rajoy y de Artur Mas, y piden “medidas urgentes”. Según las previsiones demográficas, en treinta años se van a duplicar el número de personas mayores dependientes en Catalunya.

La ley de la dependencia establece que la espera para ingresar en una residencia no puede superar los seis meses. Pero la realidad se ha comido con patatas este marco teórico. Año tras año, centenares de catalanes, la mayoría abuelos de más de 80 años, mueren sin poder entrar en el centro asistencial que han pedido. El año de este periodo en el que hubo menos defunciones fue el 2013, con 1.598 fallecidos. El peor, el 2015, con 2.943 personas que perdieron la vida en esta lista de espera. “Estamos hablando de los últimos años de las vidas de estas personas, ¿qué nos cuesta tratarles con dignidad?”, lamenta Cinta Pascual, directora de la Asociació Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

En los últimos dos años las defunciones de los beneficiarios han ido a menos. Sin embargo, según demuestran los datos oficiales, se ha multiplicado por cinco el número de personas que mueren incluso antes de ser valoradas por el trabajador social. Si en 2013 fallecieron 168 solicitantes en 2017 ya eran 849.

Pero el panorama en la actualidad no es muy esperanzador. En estos momentos hay 18.438 personas catalogadas con el “máximo grado de dependencia”, es decir, que tienen el derecho reconocido para entrar en una residencia, pero están en lista de espera. Tres de cada cuatro piden plaza en un centro de la demarcación de Barcelona. Además, hay 52.865 solicitantes pendientes de valorar en los servicios sociales. El 40% esperan la primera valoración, que recae en un equipo especializados de la Generalitat , y el otro 60% aguardan al referente de los servicios sociales municipales que deberá pactar con ellos qué tipo de ayuda quiere y dónde quieren pedir plaza. De estas, solo una de cada cinco solicitudes están dentro del plazo legal.

“El sistema debe hacer un reset”, aseguran los responsables de la Comisió de Dependència del Col·legi de Treball Social de Catalunya. En parte, explican, porque ante las ayudas de la ley de dependencia están los tres niveles de la administración en juego pero no se coordinan. Aunque señalan como causa principal del drama la falta de recursos por los “brutales recortes” que se aplicaron en 2012. “Faltan manos en los servicios sociales, plazas en las residencias y ayudas económicas a los dependientes”. En muchos casos, los trabajadores ven que cuando las personas ingresan en los centros necesitan otro recurso porque empeoran.

En la misma línea opina la principal patronal del sector, ACRA, que agrupa la mayoría de residencias de Catalunya. “En el 2012 una persona que estaba en lista de espera podía cobrar 1.000 euros y mientras tanto pagarse una plaza en la privada. Ahora solo cobran 400 euros. Con esto es imposible financiar nada”, asegura su directora Cinta Pascual. Pascual gestiona una residencia de titularidad de la Generalitat que cuenta con 94 plazas. Tiene 800 ancianos en lista de espera. En algunos casos las personas pueden estar cinco años esperando.

De hecho, la situación es especialmente alarmante en Barcelona y alrededores. “Es donde faltan más plazas asistenciales”, asegura Pascual. En los casos de mayor emergencia y de extra vulnerabilidad, por ejemplo abuelos desahuciados o los que tienen problemas de salud graves y ningún familiar de quien se haga cargo, los mismos ayuntamientos tienen que recorrer a llevarles a zonas más lejanas, a veces desplazándolos de provincia. Pero normalmente los familiares tienen que acabar renunciando a tener a su padre o madre cerca de casa, y lo mandan a aquellas residencias donde la demanda es más baja. “Les estamos obligando a pasar el resto de su vida lejos de donde han vivido, desarraigados. Es vergonzoso”, añade Pascual.

Aunque ellos no pueden poner más recursos, ni abrir residencias, los profesionales de servicios sociales que valoran los casos son los que reciben la angustia de las familias. “Es muy doloroso llamar para decir que ya hay plaza y que te respondan que el familiar ha muerto”, comentan los profesionales de la comisión de dependencia del Col·legi de Treball Social.

En esta misma respuesta parlamentaria, el ‘conseller’ d’Afers Socials Chakir el Homrani asegura que han aumentado un 22% la plantilla de las personas que se encargan de valorar los casos. Señala además que han impulsado medidas para resolver la lista de espera en las zonas más afectadas: los dos Vallès, Maresme, Alt Penedès y Anoia. También puntualizan que los últimos tres meses de 2018 han aumentado la plantilla en las zonas donde hay más espera en las valoraciones y que también trabajan en un “plan de choque” para contratar personal en Barcelona ciudad.

“No encuentro plaza ni pagando un dineral”

Hace cinco años que la madre de Loli vive con ella en casa. El mismo tiempo que espera para entrar en una residencia de su barrio. Fue en enero del 2014 cuando decidieron que lo mejor era que ingresara en este centro asistencial. Al medio año vino una trabajadora social y decidió que la madre de Loli tenía una dependencia severa, de grado 2. “En aquél tiempo aún podía andar, y pensé que viniera a casa porque mientras que no entrara en la residencia podría vivir mejor”. Luego Loli se quedó en el paro, y la demencia de su madre fue a peor. Dejó de trabajar, de salir a cenar, de hacer vacaciones y se dedicó a cuidar a su madre en cuerpo y alma. “No tiene a nadie más, ella me lo ha dado todo”, explica. Hace un par de meses, cuando Loli no estaba en casa, su madre se cayó y se rompió una vértebra. En cuestión de meses tendrá que regresar a casa, pero Loli se ve incapaz. “Necesita estar en un sitio que tenga grúa para moverla, que le puedan dar todos los cuidados”. Como la residencia pública no llega, ha consultado hasta 14 residencias privadas. El precio está entre los 2.000 y los 2.500 euros al mes. Loli está dispuesta a abrir un préstamo con el banco “porque dinero para pagar esto no lo tengo”. El problema es que tampoco el mercado la puede ayudar: “están todas llenas, no hay plazas”. Ante su estupor, ahora ha empezado a consultar todo el Baix Llobregat. Quizá ingrese su madre en Castelldefels. “Lo que más me duele es no poder ir a verla cada día, aquí en el barrio sería distinto».

La madre de A. P. no puede ni expresar su indignación. Murió dos años y medio después de pedir una ayuda de la dependencia. Ella tenía alzhéimer, demencia y problemas renales. “La asistenta social (que le acabó diagnosticando una dependencia de grado)  tardó dos años en venir a casa”, . Le dieron derecho a cobrar una ayuda económica de 400 euros, y una hora al día de una trabajadora familiar. Tres meses después, la ayuda fue aprobada y la trabajadora empezó a venir. La madre de A. P. murió dos días después. “Como no llegó a final de mes, nunca hemos visto este dinero”. Pero de mientras, ella y sus dos hermanas se quedaron sin ahorros. “Durante todo el tiempo que estuvimos esperando contratamos a una chica que venía por las mañanas. Por las tardes nos turnábamos las hermanas. Yo me tuve que reducir jornada, y pasé cobrar mucho menos”. Por el camino, fundieron los pocos ahorros familiares. Un ejemplo, el gasto farmacéutico subía a los 40 euros semanales. “Siempre me quedará saber que la tratamos bien”. Pero la fatiga, el dolor y los ahorros no los devuelve nadie.

Fuente: El Periódico