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La consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comenzará a enviar la semana que viene las primeras resoluciones ajustadas al nuevo modelo de dependencia, que primará los servicios profesionales frente a las ayudas al cuidado en el entorno familiar, cuyas cuantías sufrieron el 1 de agosto una reducción del 30 por ciento, un 15 por parte del Gobierno central y otro por parte de la Junta. Aunque la consejera Milagros Marcos reconoce que se están «pidiendo sacrificios» a los dependientes y sus familias, insiste en que las modificaciones servirán para «garantizar la viabilidad» de los servicios sociales «ahora y en el futuro», con las miras puestas en la «atención de calidad» y la «generación de empleo».

Espero que sean suficientes para garantizar la viabilidad del sistema, que pasa por la suficiencia financiera, por parte fundamentalmente de la administración autonómica, y por la posibilidad de garantizar el empleo y la accesibilidad de todos los que lo necesiten, fundamentalmente de los grandes dependientes, a los servicios que requieran. Nos estamos centrando en la calidad y en la generación de empleo. Es cierto que para ello se ha hecho un trasvase de presupuesto de las ayudas económicas a las familias hacia las ayudas que se prestan para servicios profesionales.

No se trata de un perjuicio sino de un cambio de modelo en el que se da la posibilidad de optar por un servicio profesional frente a una ayuda económica. Todo esto forma parte de un proceso y la primera fase será asignar nuevas resoluciones, que empezarán a comunicarse la semana que viene, y contar a las personas cómo cambia su situación en este nuevo escenario. Es cierto que estamos pidiendo sacrificios, pero con alternativas profesionales y de creación de empleo.

En Castilla y León, con el porcentaje de ayudas que tenemos, no hay familias que hayan dejado de trabajar. La cuantía para los cuidados en el entorno familiar estaba muy ajustada, en unos 300 euros de media. No creo que nadie deje su puesto de trabajo por esa cantidad. Lo que sí perseguimos, y nunca vamos a reconocer, por que eso querría decir que lo estábamos haciendo mal, es que ese dinero no se estuviera dedicando a cuidar al dependiente.

Quienes menos capacidad económica tienen para acceder a los servicios van a ver incrementadas sus cuantías en un 20 por ciento respecto a la previsión estatal y a quien más capacidad económica tiene se le van a ajustar para poder garantizar que todos los que lo prefieran pasen de prestaciones económicas a servicios profesionales. Es un doble cambio de sistema. Por un lado, para todas las personas atendidas por sus familiares en el domicilio, con un descenso en las cuantías y una oferta de servicios; y por otro, de quienes más capacidad económica tienen y se benefician de servicios hacia quienes menos capacidad tienen. El objetivo es que con los dos cambios en paralelo se garantice la viabilidad del sistema y la posibilidad de afrontar el coste superior que suponen los servicios frente a las prestaciones. El modelo profesional es más caro, por eso el esfuerzo que se hace en Castilla y León es superior en un 16 por ciento a la media nacional.

Sí, a partir de la semana que viene se empiezan a enviar las resoluciones. Lógicamente habrá un plazo para poder optar y decidir si cambian o no de modelo. Llevamos trabajando todo el verano en el cambio de modelo y la previsión es que en el plazo de un mes el sistema vuelva a estar a velocidad de crucero, como siempre.

Ahora mismo estamos en el 32 por ciento de cuidados en el entorno frente al 45 por ciento de la media nacional. Nuestro sistema es más caro porque los servicios son más caros. Buscamos reformar el modelo, estabilizar el sistema de servicios sociales profesionales y potenciar aquellos que se producen en el domicilio, pero prestados por profesionales. Se trata de que los servicios sean próximos y accesibles… y a menor coste. Estamos en un escenario en el que si se siguieran potenciando las ayudas económicas familiares, a medio plazo los servicios sociales desaparecerían. Por otro lado, el modelo de servicios que prestan los centros residenciales es el tradicional, pero no es el que se viene demandando en los últimos años. Pretendemos que desde los centros se presten todo tipo de servicios y se optimicen todos los recursos.

El servicio de autonomía personal, que somos la primera Comunidad que lo regula, está concebido para dar respuesta a necesidades de apoyo puntual a personas del grado y nivel de dependencia que sea. Por otro lado, con el asistente personal, que hasta ahora sólo estaba regulado para grandes dependientes, la administración concede al dependiente una cuantía económica para pagar a un profesional con una formación concreta que sirva de apoyo. Queremos potenciar que las entidades, como Cermi, Aspaym o Asprona, tengan asistentes personales contratados para que los dependientes accedan al servicio en la medida de sus necesidades.

La previsión es que el modelo se vaya extendiendo con tranquilidad a todos los centros. Tenemos que ir con cautela, ya que es pronto para evaluar los resultados. Se trata de que las personas estén como en su casa, no como en un hotel. Eso se consigue trabajando en unidades más pequeñas, de 12 ó 14 personas, lo cual no supone más costes. En Soria también hay dos centros de un día, uno de ellos funcionando con el nuevo modelo y otro, con el sistema tradicional para que haya ese punto de comparación en la misma ciudad, pero habrá que esperar.

Sin ninguna duda y en el contexto actual, el que haya comunidades que nunca hayan computado en rentas ni patrimonio, o que estén dando hasta tres prestaciones a la misma persona desde distintas vías, supone un gasto en el global y no beneficia ni al dependiente, ni a la Comunidad ni a los presupuestos estatales. En Castilla y León, el rigor y el ajustar las prestaciones a las necesidades ha permitido que podamos dar un mayor número de prestaciones.

Pamplona. Sin embargo, el último decreto de reforma de la Ley de Dependencia implica que el Estado deja de pagar esas cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.

Cerca de 1.600 cuidadoras y cuidadores (1.564 según los últimos datos de julio) han quedado fuera de la Seguridad Social en Navarra a partir de este mes de septiembre excepto quienes voluntariamente hayan solicitado la suscripción de un convenio especial hasta el 31 de diciembre pagando, el 85% de la cotización de su bolsillo con una bonificación del 10% de la Seguridad y el 5% del Ministerio de Empleo. En enero, todas. A partir de ahora, quien quiera seguir cotizando se lo tendrá que pagar él mismo. Cabe recordar que los cuidadores cotizaban sobre la base mínima de 748,20 euros mensuales, es decir, pagaba 142 euros. Una de las razones que aduce el Ejecutivo estatal para prescindir de esta cotización es intentar que los dependientes tengan una atención más profesionalizada, algo que no comparten las plataformas reivindicativas.

Para el colectivo que dirige Isabel Arbonies, de la Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia, se trata de una «medida miserable que vuelve a cargar sobre las espaldas de los familiares, la mayoría mujeres (85-90%), el cuidado de los ciudadanos más vulnerables, sin reconocimiento de derechos activos ni pasivos por su trabajo y dedicación». Mujeres que han abandonado su actividad laboral pero que también han «renunciado a su vida social y personal», reitera.

«Fuerza nuevamente a las familias a ejercer la asistencia de forma gratuita y no reconocida en el ámbito privado», alega quien agrega que «hay mucha gente que no podrá tener los años mínimos para cotizar, ni para una pensión contributiva ni para las no contributivas».

Consideran además que el Gobierno foral debe estudiar alguna fórmula para «dar cobertura a esta dejación de responsabilidades del Gobierno del Estado». La Plataforma para la Defensa de las Personas con Dependencia habilitará un número de teléfono y un horario semanal de atención directa para recoger las situaciones a las que se enfrentan las familias con personas en situación de dependencia. Familias que ya sufren los «recortes en derechos sociales y atención sanitaria». Reprueban además las «dificultades» a la hora de requerir prestaciones y servicios sociales, así como «situaciones gravosas que no nos parecen de recibo». Ponen como ejemplo que «se acaba de pedir la devolución de los cuatro días de una ayuda vinculada al servicio residencial de un dependiente fallecido el 27 de julio».

Y anuncian que estarán «vigilantes» ante el recorte de 1.391 millones para el 2013 y otros 1.473 para el 2014. «Además, se pretende modificar la normativa relativa a la capacidad económica y aportación del beneficiario al coste de los servicios, algo que en Navarra ya es palpable, especialmente en el SAD», abundan.

También la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en casa bajará un 15% como mínimo. Esta medida, estiman, podría afectar a más de 400.000 personas en todo el Estado, aunque no se sabe cómo influirá a Navarra. Además, a partir de ahora no solo se tendrá en cuenta la renta del dependiente para determinar la ayuda, sino que también se tendrá en cuenta su patrimonio. Asimismo se les exigirá a todos los cuidadores familiares que cumplan con unos conocimientos básicos para atender al dependiente, así como también convivir con él.

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Los empresarios de la dependencia viven momentos de vértigo. 60.000 camas vacías en sus residencias y los impagos de las comunidades y Ayuntamientos (880 millones de euros) ahogan un sector proclive al crecimiento que hace su negocio con un material frágil: los dependientes. La últimas medidas anticrisis no han dado los frutos que esperaban. “Más del 20% de nuestras empresas tiene ya una viabilidad imposible”, dice Alberto Echevarría (presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Y advierten que no podrán con más recortes. Dan un aviso al Gobierno. “Esperamos a los próximos presupuestos, no podemos más”.

Pregunta. Dicen que las Administraciones les deben 800 millones. ¿Por qué no dan esos datos por comunidades? Los afectados tendrían más capacidad de presión.

Respuesta. Es imposible hacerlo por Ayuntamientos y de comunidades tenemos los datos de algunas, por ejemplo de Valencia, 200 millones, pero… los empresarios tienen miedo porque ven que si dan los datos ponen en riesgo aún más los plazos de pago.

P. Acusan a la Administración de no usar y pagar las 60.000 plazas vacías que ustedes tienen en sus centros, pero no todas están en los lugares donde hay demanda y quizá el dinero público no puede pagar lo que valen.

R. Reclamábamos un mapa de recursos desde hace años, pero hoy en día podemos decir que hay plazas vacías por todos lados, en el ámbito rural, urbano. Y sobre los precios, creemos que la Administración debe optar por la ayuda vinculada al servicio, es decir, el cheque-servicio y que cada ciudadano, con esa cantidad concedida escoja el centro que le guste.

P. ¿Es el ciudadano el que elige o elegiría el centro? Porque si dos ciudadanos con el mismo cheque van a un centro a pedir plaza y uno de ellos además tiene dinero propio para pagar otros servicios que allí se ofrecen, como peluquerías o masajes, el centro escogerá al ciudadano con más dinero. Y los más pobres tendrán que quedarse con la red pública. ¿No lleva eso a un sistema dual?

R. En absoluto, esto es como los hoteles o la automoción. Cada uno escoge en función de lo que se puede permitir. Pero además, todos nuestros centros tienen una alta calidad de atención. Para la dependencia están perfectamente acreditados y supervisados. Los servicios complementarios se los pagará quien pueda, claro. Además, ningún centro en España puede escoger porque todos tienen plazas vacías.

P. Habla de calidad en las residencias, pero el que tiene un anciano ingresado en ellas sabe que hay muchas caídas, alimentación poco individualizada. Los familiares se quejan de falta de esmero. ¿No necesita el sector una reconversión?

R. Esa reconversión se ha hecho en los últimos tres o cuatro años. El nivel de calidad es ahora el mismo o mejor que en el resto de Europa y lo sé porque he viajado por esos países para conocerlo. Había centros que necesitaban una adaptación y aún quedarán, pero pocos, nosotros hemos denunciado algunos ilegales, que nos perjudicaban. Los que operan ahora cumplen los requisitos.

P. El Gobierno prometió un cambio de tendencia: ahorrar en pagas económicas para los familiares que cuidan a enfermos para potenciar los servicios profesionales que ustedes ofrecen. ¿Está siendo así?

R. En absoluto, ese ahorro no se ha traducido en servicios. La lista de 239.000 ciudadanos que esperan por su ayuda se está reduciendo por fallecimientos, no porque les atiendan. ¿Dónde se han ido esos ahorros, dónde el dinero que se deja de pagar por la seguridad social a los cuidadores o el de la rebaja de un 15% o más a esos cuidadores en su paga? ¿Adónde ha ido? A los dependientes no, desde luego. Tenemos más plazas vacías y menos horas de ayuda a domicilio.

P. Dicen que han hablado con todos los partidos, Gobiernos, con el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, y que no recogen sus sugerencias.

R. Es así. Y lo hicimos todas las patronales, ONG y los sindicatos. Lo del secretario de Estado es para nota: nos dice que nos entiende, que sabe que hay demanda de plazas, que hay oferta de ellas, que se genera empleo y retornos para el Estado… Bien, ¿y entonces? Contesta que no hay dinero. Si esto no es de tener dinero, hay otras medidas que tomar.

P. ¿Qué proponen?

R. Coordinación sociosanitaria. Podemos atender a muchas personas que están siendo cuidadas en los hospitales por siete veces menos su precio. Los hospitales no están para cuidar. Esas personas que necesitan rehabilitación, cuidados paliativos o incluso terminales podemos atenderlos perfectamente por menos precio. Se necesita valentía para hacer eso, cerrar esas camas y trasladarlos a nuestros centros. Y también digo que atendemos a la gente en nuestras residencias tres veces más barato que en las públicas. Para ambas cosas pedimos un trasvase. Garantizamos la calidad. En los centros públicos tienen ratios muy altas de empleados por dependientes, sale más caro.

P. Si se produce ese trasvase y reducen las ratios se perderá empleo.

R. Mantendremos los empleos, a corto plazo los haríamos nuestros. La calidad no depende de los empleados por persona atendida, sino de la atención que pueden prestar esos empleados en un momento dado del día. Nosotros sabemos gestionar, que nos dejen hacerlo y mantengan la financiación y titularidad públicas. Con el ahorro podríamos atender a los más de 239.000 dependientes que esperan su ayuda.

P. Rajoy antes de ganar las elecciones dijo que la dependencia era inviable y hace unos días, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que de no corregirse la situación económica “será imposible que se sigan manteniendo las prestaciones sociales”. Da pavor.

R. Esas declaraciones son un grave error y una falta de visión política y económica. Total y absolutamente. La salud y el bienestar de la gente no es una consecuencia del estado de Bienestar, sino al revés, el estado de Bienestar se debe a que se ha invertido en salud y en mejorar las condiciones de vida. La sociedad bien atendida genera productividad y beneficios. ¿Abandonamos la atención a los dependientes y sobrecargamos el sistema sanitario? ¿Es eso lo que quieren decir? Porque no habrán medido el colapso que puede producirse. El euro restado al dependiente lo multiplicas por dos en gasto sanitario y coste farmacéutico. ¿O es que tampoco los van a atender en los hospitales? No quieren ver que este es el único sector que genera empleo y retornos económicos y no han analizado las consecuencias de los recortes.

P. Dice que lo saben y que no actúan en consecuencia, ¿a qué cree que se debe esto?

R. Falta valentía política para tomar esas decisiones que proponemos, el trasvase de los centros públicos a los privados, tanto en sanidad como en residencias geriátricas. Y otra cosa, este sector depende de cuatro Administraciones, Ayuntamientos, diputaciones, comunidades y Gobierno, no puede ser.

P. Y sanidad y educación.

R. Pues no puede ser. A mí me da igual dónde caiga la competencia, aunque tengo mis preferencias, pero debe ser una Administración, una competencia. Con eso también se ahorraría. Pero falta valentía política.

P. ¿Cuál es su opinión de estos meses de Gobierno de Rajoy en su sector?

R. Negativa, una visión cortoplacista. Solo miran los costes y recortan, pero no analizan la implicación en otros factores, como el empleo, los retornos fiscales. Se ha metido la tijera sin más. Eso es una revisión infantil. Rebajar un 15% las pagas y ya está, eso lo hace un crío.

P. Sacar a los dependientes leves para atender a los graves es priorizar, pero los expertos dicen que esos leves sin una buena atención serán graves en más corto plazo de tiempo, por tanto, serán más caros para la Administración en breve.

R. Desde luego. Con atención profesional, ejercicios, se ralentiza el avance de su dependencia. El que tardaría cinco o seis años en ser dependiente grave lo será en año y medio. Y es más caro, sí.

P. Sin embargo, el Gobierno concede a las comunidades un plazo de dos años para atender a los dependientes graves sin que arrastren penalización económica por el retraso. Parece…

R. Parece que están esperando a que se solucione el problema de la dependencia por la vía del fallecimiento. Muchos habrán fallecido cuando les llegue la ayuda. ¿Qué Estado de garantías tenemos? Es como si tuvieras 250.000 niños esperando a ser escolarizados o con necesidad de ser hospitalizados. Se han dado dos años de carencia, se permiten el lujo de no pagar su propia ineficacia.

P. Sí, pero en este sector es más crudo, porque son personas que están muriendo sin que se aplique una ley, aprobada en el Congreso, que les otorgue las ayudas a las que tienen derecho. Basta pensar qué ocurriría si no llegaran las pensiones cada mes, y la gente no se moviliza…

R. No, es cierto, la gente no se moviliza.

P. La última manifestación, el sábado 15, la convocaron los sindicatos y 150 organizaciones civiles. ¿Estaban ustedes entre ellos?

R. No. Creemos que todavía no es el momento. Los políticos no nos escuchan, cierto, pero hay mucho ruido en la calle, estamos todavía por la sensatez, las reuniones, el razonamiento.

P. ¿Hasta cuándo?

R. Hasta los próximos presupuestos. Nuestros centros están ya desesperados. Son empresas que no solo es un negocio, es algo muy vocacional, atendemos a la gente y hemos puesto en ello la ilusión, si esto se hunde se hunde la vida entera. Pero antes de que eso pase daremos mucha guerra, hablaremos alto, no vamos a morir en silencio.

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