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La Generalitat no garantiza los pagos a las entidades sociales concertadas
La tensa situación que vivieron las entidades sociales concertadas a finales de julio debido al impago de la Generalitat podría repetirse este mes. La conselleria de Bienestar Social y Familia reconoció ayer que «no puede asegurar al cien por cien» la normalidad en el pago de los conciertos correspondiente al mes de septiembre. Así lo alertó ayer la directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, que ligó la solución definitiva a la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica por parte del Gobierno.
A pesar de que los pagos relativos al mes de agosto se produjeron con normalidad, la conselleria que dirige Josep Lluís Cleries tiene aún pendiente saldar la deuda de julio, que en el caso de las entidades sociales asciende a unos 70 millones de euros. Según la conselleria, esta cantidad estaría vinculada al cobro del rescate que la Generalitat ha solicitado.
«La Generalitat trabaja con la idea de que el Fondo de Liquidez que ponga en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy permitiría liberar el presupuesto para hacer frente a los pagos pendientes», dijo Fortuny, que declinó fijar ninguna fecha para ello al finalizar una reunión con la Mesa del Tercer Sector y entidades sociales.
Estas temen que se repita la situación de julio, pero confían en que se encontrará una solución. «De momento se han producido todos los pagos relativos al mes de agosto y confiamos en que el mes de septiembre suceda lo mismo», dijo optimista el director general de la Mesa del Tercer Sector, Toni Codina, satisfecho después del encuentro con el conseller. «El conseller Josep Lluís Cleries ha dicho que pondrá todo de su parte para pagar los retrasos lo antes posible así como para realizar con normalidad los pagos de septiembre y se ha comprometido a mantenernos informados con la máxima transparencia para que podamos anticiparnos a lo que pueda suceder», apuntó Codina, tras la reunión en la que se abordaron los problemas económicos que sufren algunas entidades. Sin embargo si la situación de julio se repite «sería muy difícil tirar hacia delante y por ello debemos trabajar para que no se repita», reconoció el director general de la Mesa.
Después de la crítica situación que sufrió el sector hace un mes, las entidades han vivido este verano en una incertidumbre constante con temor a que se repitieran los impagos y provocaran el cierre de muchos de los centros que salieron adelante gracias a sus ahorros y a las pólizas de crédito. Un segundo impago podría poner fin a la labor de muchas de ellas y pondría en riesgo el conjunto de un sector vulnerable, así como la atención de casi 34.000 usuarios y la continuidad de más de 30.000 empleos.
En el próximo encuentro, que está previsto para finales de este mes, las entidades esperan poder abordar el mecanismo para recuperar el pago pendiente.
El 60% de los usuarios leoneses con una ayuda a domicilio tendrá las mismas condiciones
Los cambios introducidos en la normativa estatal que regula el servicio de ayuda a domicilio sólo afectarán a algo más del 39 por ciento de los usuarios del mismo en Castilla y León, unas 8.900 personas, que reciben esta atención como parte de sus prestaciones por dependencia. De media verán reducidas las horas de ayuda un 23 por ciento, según explicó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien recalcó que los 13.500 usuarios restantes seguirán con las mismas condiciones.
Así, el máximo para los grandes dependientes ha pasado de 90 a 70 horas y el mínimo de 55 a 46; para los dependientes severos, el tope ha bajado de 55 a 45 horas y el mínimo de 30 a 21, y para los moderados, se ha reducido el máximo de 30 a 20 horas y se ha eliminado el mínimo, que antes era de 12 horas. Dentro de esa horquilla, son los profesionales de los servicios sociales los que determinarán cuál es “la intensidad más adecuada” en cada caso.
Marcos informó de que en 2011 un total de 22.400 castellanos y leoneses se beneficiaron de este servicio, con un coste total de 72 millones de euros. De ellos, cerca del 61 por ciento no eran personas dependientes y ahora “no ha cambiado ni la intensidad de la ayuda ni la aportación económica que tienen que realizar”. Al respecto, señaló que en 2009 se estableció para estos ciudadanos un promedio de atención de 11 horas y un techo de 20 horas, que se ratificó el año pasado.
Asimismo, incidió en que “todo el mundo sigue teniendo el servicio”, aunque con menos horas en el caso de los dependientes en cumplimiento del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece esa rebaja adaptando las horas en todas las comunidades a la media que se prestaba en España.
La titular de Familia explicó que este servicio tiene un coste de 14 euros por hora, sufragado entre la Administración autonómica, las corporaciones locales y los propios usuarios. Al respecto, señaló que el 20 por ciento de los beneficiarios accede de forma gratuita porque no tiene capacidad económica suficiente y que el resto abona una cuantía fijada por los servicios sociales en función de sus necesidades, del tipo de dependencia que tengan reconocida si son dependientes y de su capacidad económica computando su renta y su patrimonio, de forma que “nadie paga más del 70 por ciento”.
En 2011 el presupuesto total para esta prestación en la Comunidad ascendió a 72 millones de euros, de los cuales la Junta aportó el 74 por ciento, es decir 53 millones, los usuarios un 13 por ciento (9,5 millones) y las corporaciones locales el otro 13 por ciento (9,5 millones) de media porque son las competentes en esta materia y cada una puede decidir cuánto destina a esta cuestión.
La consejera de Familia indicó que los cambios introducidos por el Real Decreto en materia de dependencia supondrán un ahorro de 4,7 millones este año para la Administración autonómica por la reducción del número de horas para estas personas en los últimos cuatro meses del año, con un gasto estimado total de 48,3 millones. De forma paralela se rebajará la aportación de las entidades locales y “lógicamente” estos usuarios también pagarán menos al recibir menos horas de ayuda.
Marcos resaltó que, mientras que la intensidad de atención ha bajado un 23 por ciento de media para los dependientes, la Junta ha reducido su aportación a la ayuda a domicilio un 9 por ciento porque el 60 por ciento de los usuarios sigue igual y además la norma entró en vigor el 1 de agosto, por lo que solo afecta a los últimos cuatro meses del año.
Mensaje de tranquilidad
La titular de Familia quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad” ya que aseguró que “la Junta de Castilla y León sigue apostando por la aplicación de la Ley de Dependencia” pese a las dificultades presupuestarias, que recordó que han existido desde que se aprobó esta norma en 2007 por los incumplimientos del Gobierno central, que tendría que haber transferido a la Comunidad en los cinco primeros años 456 millones más de euros de los que dio. “La aportación del Estado a las prestaciones por dependencia es insuficiente como lo ha sido siempre”, afirmó.
Marcos recordó que su departamento ha alcanzado pactos en el marco del Diálogo Social y con todo el sector para “ajustar la atención a las personas dependientes garantizando la sostenibilidad financiera del sistema y fomentando además los servicios profesionales, generadores de empleo y garantes de la calidad de la atención frente a los cuidados familiares”.
En el caso concreto de la ayuda a domicilio, destacó que se han ampliado las posibilidades que tienen los usuarios dependientes de acceder a ella ya que, además de poder solicitar la que prestan las entidades locales, ahora pueden adquirirla directamente en la empresa acreditada que quieran, “de forma que ninguna persona dependiente tiene que estar en lista de espera” para recibir esta ayuda.
Asimismo, resaltó que se han incrementado un 20 por ciento las cuantías máximas de ayudas vinculadas (las aportaciones económicas para que compren el servicio directamente) para los usuarios “que menos tienen”. “Esto además potencia el empleo en el ámbito de los servicios sociales, siguiendo nuestra idea de que vayan pasando de los cuidados familiares a los servicios profesionales”, concluyó la consejera.
Andalucía prepara una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz está preparando una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que elaborará en esta legislatura y que actualizará los preceptos de la norma vigente desde el año 1999.
Durante su intervención en la Comisión del ramo de la Cámara autonómica, Montero ha dicho que esta norma incidirá en la protección y garantía de los derechos de este colectivo y que vinculará y comprometerá a todas las consejerías de la Junta en un marco legal que encuadrará todos los planes y actuaciones relacionados con la atención de un colectivo «que conforman más de 700.000 personas, es decir, el 9,5 por ciento de la población de esta comunidad».
También ha señalado que, en la actualidad, la Consejería de Salud y Bienestar Social está desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, que pretende mejorar la accesibilidad en los ámbitos de la educación, la vivienda, el transporte, el empleo, el ocio, la comunicación y el medio ambiente, así como la atención que se presta a este colectivo en los servicios sociales y desde el voluntariado.
La consejera ha afirmado que la Junta lleva a cabo el Plan Integral para las Mujeres con Discapacidad –que representan el 61,6% de este colectivo en Andalucía-, una iniciativa en la que destacan la apertura en todas las provincias de consultas ginecológicas adaptadas en el sistema sanitario público y la estrategia de formación específica para estas personas, sus familiares y profesionales que trabajan con ellas en diferentes ámbitos.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del dos por ciento de contratos en las empresas privadas.
La titular de Salud y Bienestar Social ha recordado que la Junta ha firmado este mismo año el Pacto Andaluz por la Accesibilidad con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad CERMI-Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía, y los Consejos Andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
ORDENANZAS DE ACCESIBILIDAD
Montero ha anunciado también que, en virtud de este acuerdo, la Junta va a instar a los municipios a que se adhieran al Pacto por la Accesibilidad y a que aprueben ordenanzas municipales que promuevan y faciliten el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en el ámbito local.
El objetivo fundamental de este acuerdo es promover la accesibilidad de los espacios públicos y edificaciones, de los medios de transporte, así como de los sistemas de información y comunicación en Andalucía. Para ello, se solicita la implicación de instituciones públicas, entidades representantes de personas con discapacidad, colegios profesionales y organizaciones empresariales y sindicales.
Montero ha señalado que uno de los compromisos de esta legislatura es propiciar la mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios de viviendas, mediante el impulso del modelo de vivienda convertible, un proyecto en el que se encuentra trabajando la Consejería de Fomento y Vivienda y que posibilita una adaptación a las necesidades personales a un bajo coste.
TRANSPORTE Y LENGUA DE SIGNOS
En cuanto al área del transporte, Montero ha señalado que son ya 45.000 personas con movilidad reducida las que tienen en Andalucía la tarjeta de aparcamiento de vehículos. La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento y una movilidad reducida.
Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65 por ciento y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.
Montero ha resaltado igualmente la puesta en marcha en diciembre de 2011 de la primera ley que regula en una comunidad autónoma el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera, tras la aprobación de la norma estatal.
A lo largo de esta legislatura, se va aprobar el reglamento que incluirá las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación, así como una orden por la que se creará una comisión especial de seguimiento en el seno del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con representación de los colectivos afectados para impulsar y velar por el cumplimiento de esta ley.
En el mismo campo de la discapacidad auditiva, la consejera ha resaltado el funcionamiento satisfactorio del programa de Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos, cuyo objetivo es detectar posibles déficits auditivos y su rehabilitación.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del 2 por cient de contratos en las empresas privadas.
Por otro lado, la consejera ha subrayado la importancia de desarrollar iniciativas para promover una imagen real de las personas con discapacidad alejada de estereotipos y prejuicios. Con tal fin, se propondrá la inclusión en los planes de estudio oficiales de las facultades de Comunicación de contenidos relacionados con las buenas prácticas en el tratamiento a personas con discapacidad.
La Cumbre Social de Navarra convoca una cadena humana contra los recortes el sábado 8 en Pamplona
La Cumbre Social de Navarra ha convocado para este sábado 8 de septiembre una cadena humana en el Paseo de Sarasate de Pamplona para expresar su rechazo a los recortes y en defensa del Estado de Bienestar.
Este movimiento está integrado por 36 entidades que representan a 207 organizaciones sociales y sindicales como UGT, CCOO, Solidari, Afapna, Movimiento 15M-Navarra, Coordinadora de ONGD, Herrikoa, Consejo de la Juventud, Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, o el Colegio Oficial de Trabajo Social.
La movilización de este sábado tendrá lugar a las 19 horas y los convocantes animan a los asistentes a acudir vestidos de rojo, según han explicado en rueda de prensa Isabel Arboniés, de la Plataforma por la Defensa de los Derechos de las Personas con Dependencia, y Daniel Hernández, secretario de Comunicación de CCOO de Navarra.
Además de esta cadena humana, la Cumbre Social de Navarra llama a los ciudadanos a acudir a Madrid el próximo sábado 15 de septiembre para participar en un acto a nivel nacional. Está previsto que «decenas» de autobuses salgan desde Pamplona a las 5.30 horas, desde Tudela a las 6.30 horas, y desde otros puntos de Navarra aún por concretar.
Isabel Arboniés ha afirmado que «hay razones vitales para movilizarnos» y ha argumentado que «nos reducen salarios, prestaciones por desempleo, pensiones, abaratan los despidos, nos desmontan los servicios públicos de salud y educación, abandonan a los más vulnerables».
La representante de la Cumbre Social de Navarra ha dicho que «la vida diaria ciudadana se ha convertido en un permanente sobresalto» y ha criticado que «el Gobierno del PP y sus seguidores autonómicos han precipitado a amplias capas sociales hacia la abrupta y creciente pobreza, exprimiéndolas hasta los tuétanos con subidas del IVA, servicios básicos y alimentos, mientras regalan amnistías fiscales y toleran fraude y la estafa a los que deberían aportar el grueso de los ingresos públicos con un sistema fiscal progresivo».
Arboniés ha defendido que «la ciudadanía y las organizaciones sociales tenemos una clara percepción de desigualdad de trato, de la aplicación selectiva de leyes, de cómo se manejan diferentes reglas de juego, de la falta de transparencia y del golpe asestado a nuestros derechos y libertades».
Según ha manifestado, «la gravedad de los hechos demanda una rebelión democrática en la que converjan todos los sectores, colectivos y personas que están sometidos a esta nueva forma de esclavitud que nos humilla».
Conclusiones en la Clausura del Encuentro de Envejecimiento, Fragilidad y Dependencia
El modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) se enmarca en el desarrollo de la innovación social y sociosanitaria basada en conocimiento científico producido y en las tendencias internacionales ya experimentadas, que avalan que la intervención debe responder de manera integral a las necesidades bio-psico-sociales de apoyo de las personas y hacerlo preservando su derecho a controlar y seguir tomando decisiones sobre sus propias vidas. Para ello, es necesario tener en cuenta y apoyarse en aspectos esenciales, como es la biografía de las personas, sus gustos y preferencias, su contexto socioambiental y sus capacidades preservadas.Gipuzkoa se blinda ante los recortes en la Ley de Dependencia
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el decreto que garantiza que los guipuzcoanos dependientes y sus familias no se verán afectados por los recortes establecidos en la nueva Ley de Dependencia, que suponen la reducción de un 15% en la cuantía de las actuales prestaciones y de un 30%, en las nuevas altas en el sistema a partir del 1 de septiembre.Aerte reclama a la EMT que no quite la línea 31 en la Patacona porque dejaría desasistido uno de sus centros
Familiares y residentes de un centro de Aerte en la Patacona, ubicado en la Avenida Mare Nostrum, han expresado su «alerta» por la privación del servicio de transporte público que reduciría notablemente su calidad de vida, física y emocional, ante la posibilidad de la supresión de la línea 31 de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia a su paso por esta zona.
El centro, que en la actualidad cuenta con un total de 80 usuarios, ha señalado en un comunicado la «alarma» producida por las informaciones que apuntan a esta posibilidad, cuya aplicación «impediría a los residentes recibir con normalidad la visita de sus seres queridos, algo esencial para su bienestar emocional, privándoles al mismo tiempo de su autonomía física y personal, al no poder utilizar ningún medio de transporte para realizar gestiones por sí mismos».
El centro ya se ha puesto en contacto con la EMT y el Ayuntamiento de Valencia para solicitar que esta medida no se lleve a cabo, pues «incidiría negativamente sobre un colectivo socialmente sensible, para quienes las visitas de sus familiares son de gran importancia, pues inciden muy positivamente en su estado de ánimo y estabilidad emocional, así como en el de los familiares».
En especial, según Aerte, «teniendo en cuenta que tanto los usuarios del centro como sus familiares se encuentran empadronados en el municipio de Valencia, por lo que sería una medida ilógica ya que el servicio público repercute en todos los ciudadanos del municipio, además de sobre el colectivo de residentes, un colectivo socialmente sensible».
Para el consejo de usuarios del centro, y para el propio establecimiento, «tanto los usuarios como los familiares de éstos tiene todo el derecho a recibir un servicio público como el que garantiza la EMT». «Máxime en el caso del , que no tiene alternativa de transporte alguna que pueda sustituir a la línea 31», ha añadido. En esta línea, ha apuntado que usuarios y familiares están empezando a asesorarse «para adoptar otro tipo de medidas legales, en el caso de que no se atiendan sus propuestas y se terminen eliminando dichas paradas de la línea 31».
La Junta cierra dos residencias sociales en Fuente Vaqueros por «graves deficiencias»
La detección de «graves deficiencias» en la atención prestada y las condiciones de una residencia de mayores y de otra de grandes dependientes en Fuente Vaqueros (Granada), ha llevado a la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Granada a acordar, como medida cautelar, la clausura de los centros, de los que es titular la entidad Instituto Geriátrico Fénix S.L.
Se trata de la ‘Residencia de Mayores Granada II, Grupo BBS’ y ‘Residencia de gravemente afectados, Granada III, Grupo BBS’, con un total de 81 usuarios, que ocupaban una plaza concertada por la Junta de Andalucía con estos servicios y que serán trasladados a otras instalaciones donde se les seguirá ofreciendo atención en las distintas condiciones: 29 en plazas de personas gravemente afectados y 52 en residencia de personas mayores; de manera que no se van a ver afectados por este cierre y seguirán recibiendo la atención en condiciones de seguridad, calidad de la prestación, proximidad y evitar la dispersión.
La clausura de estos centros obedece, según ha informado en un comunicado la Delegación, a la obligación de la Consejería de Salud y Bienestar Social de velar por las condiciones en las que las personas mayores o personas dependientes reciben la atención en centros e instituciones, para lo que, periódicamente realiza inspecciones en las instalaciones en las que se comprueba la calidad de la atención prestada, las condiciones higiénicas, la adecuación de espacios a las especiales necesidades o la ratio de profesionales respecto a los usuarios.
De esta labor de inspección, según la Administración Autonómica, se desprenden «graves incumplimientos» detectados «que afectan directamente a la atención integral y al bienestar de las personas usuarias del centro», por lo cual, la Delegación de Salud y Bienestar Social «ha venido apercibiendo a la dirección de estos centros para la subsanación de estos problemas sin hallar resultados satisfactorios».
La Junta ha querido dejar claro ante usuarios, familiares, trabajadores y opinión pública en general que esta decisión de cierre «obedece única y exclusivamente a los graves incumplimientos y deficiencias detectadas y que podrían constituir infracciones graves tipificadas en la normativa vigente».
Esto, «unido a la reitera falta de atención e incumplimiento a los sucesivos requerimientos realizados por los equipos de inspección para la subsanación de las deficiencias observadas, tanto en las condiciones, requisitos y obligaciones como en las prohibiciones que se establecen en la normativa reguladora de la atención, seguridad y protección de los derechos de las personas usuarias de estos establecimientos».
El alpinista de 73 años Carlos Soria inicia su nuevo reto con el objetivo de escalar el monte Dhaulagiri
La Expedición BBVA-Carlos Soria Dhaulagiri 2012 al completo ha partido desde el aeropuerto de Madrid Barajas con destino Katmandú, en el inicio del nuevo reto del alpinista abulense de 73 años. Carlos Soria pretende coronar la séptima montaña más alta de la Tierra, el Dhaulagiri (8.167 metros), en la cordillera del Himalaya.
Carlos Soria ha explicado sus planes y estrategia de subida, “descartadas otras vías casi inaccesibles, seguiremos la ruta noroeste, una vía abierta en la primera ascensión en 1960 y que es la más utilizada, aunque técnicamente es un camino muy complejo”.Prudente y consciente de que las condiciones meteorológicas marcarán el calendario, Carlos Soria no ha concretado una fecha de ataque a la cumbre, “una vez alcancemos el Campo Base, en torno al 11 de septiembre, buscaremos una adecuada aclimatación e intentaremos la cumbre lo antes posible siempre que se den las condiciones adecuadas, porque permanecer a mucha altura deteriora tremendamente el cuerpo”, ha declarado.Zabaleta defiende un modelo de atención a las personas mayores donde el domicilio sea el lugar preferente para los cuidados
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha inaugurado esta mañana en Santander un curso de cuatro días sobre
envejecimiento y dependencia organizado por la Fundación Pilares para
la Autonomía Personal, en el marco de los cursos de verano que lleva a cabo la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP). El acto se ha desarrollado en el Palacio de La Magdalena.
Las nuevas perspectivas sobre el cuidado a las personas que necesitan ayuda han de tener en cuenta, necesariamente, “el respeto a su autonomía personal y su libertad para tomar sus propias decisiones”, ha señalado la consejera. “Por lo tanto, deberíamos pensar en lo que las personas necesitan y no sólo en lo que desde los servicios podemos ofrecer. Se trata de articular un sistema de atención en el que el
centro sea la persona y no los servicios, y éstos sirvan a sus necesidades y sus preferencias”.
La población vasca es una de las más longevas del mundo, con una esperanza media de vida que ronda los 77,2 años para los hombres y los 84,3 años para las mujeres. Este hecho, junto al bajo índice de fecundidad de 1,2 hijos, conduce a Euskadi hacia una sociedad cada vez más envejecida donde casi uno de cada cuatro vascos será mayor de 65 años en el año 2025.
Frente a los recortes del Estado en la Ley de Dependencia, la consejera Zabaletaha propugnado un nuevo modelo de atención a las personas mayores basado en la colaboración entre las áreas sociales y sanitarias (lo que se conoce como espacio sociosanitario), la creación de empleo (el sector de los servicios sociales es un nicho de empleo) y la rehabilitación de la vivienda habitual, el domicilio en el que viven las personas mayores. Todo ello se engloba en el proyecto Etxean ondo, que puso en marcha el Gobierno vasco el año pasado y que es un modelo integral centrado en las personas y orientado a conseguir mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, a sus intereses y preferencias, y contando con su participación.
“Debemos poner a su disposición una oferta que traspase las fronteras de lo meramente asistencial, una atención personalizada que permita a las personas ser atendidas conforme a sus gustos, sus preferencias y su historia vital”, ha recalcado la consejera durante su intervención. Las encuestas muestran que el 80% de las personas mayores están satisfechas con su proyecto vital, se encuentran en plenitud de condiciones físicas y mentales, y tienen ilusión y ganas de emprender proyectos.
El modelo Etxean ondo otorga prioridad al mantenimiento de estas personas en su entorno de vida habitual, donde el domicilio se convierte en el lugar preferente de atención porque lo que la gran mayoría de estas personas desea es envejecer en sus propios domicilios o en una residencia lo más parecido posible al entorno en el que han vivido siempre. Ésta es la clave del proyecto un plan que “pretendemos siente las bases del futuro modelo vasco de atención a las personas mayores”, ha apuntado Zabaleta.
Uno de los rasgos de identidad de Etxean ondo es la integración de la atención sanitaria y la de servicios sociales. El sistema de servicios sociales se ha ido configurando con el tiempo como un sistema de derecho, y eso contribuye a que el ámbito sociosanitario pueda ser un lugar de trabajo común entre los dos sistemas, una forma de abordar la atención centrada en la persona de manera integral.
Además, es muy importante la accesibilidad en la vivienda y entorno para la supresión de barreras de accesibilidad en el hogar, y recomendaciones individualizadas para el conocimiento y la utilización de productos de apoyo y de nuevas tecnologías que resulten adecuadas, según cada caso, con el fin de favorecer el máximo de independencia y de autonomía y reducir riesgos de accidentes. El edificio es el mayor foco de obstáculos y barreras físicas para la movilidad, ya que presenta problemas de accesibilidad al 18,8% del conjunto de la población de Euskadi.
Fuente: Gobierno Vasco
Trabajadores de Servicios Sociales se encierran en centros de discapacitados
Trabajadores de la residencia y del centro de día que atienden a unos 120 discapacitados se han encerrado hoy en el edificio de estas instalaciones en Gijón en protesta por la decisión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Asturias de reducir el personal.
La protesta se mantendrá inicialmente hasta el próximo viernes cuando los sindicatos tienen prevista una nueva reunión con las autoridades del Principado, según ha informado hoy el Comité de Empresa.
La Consejería tiene la intención de reducir casi un 25 por ciento el personal auxiliar educador y eliminar más del 70 por ciento de los educadores de uno de los centros, según han informado fuentes sindicales.
La residencia de internado y el centro de día, ubicados en un mismo edificio en Cabueñes, atienden a unos 120 discapacitados con un personal de 150 empleados para los tres turnos.
Trescientas familias recurren al Supremo contra la reforma de la Dependencia
Representantes de 300 familias españolas han presentado este martes un recurso ante el Tribunal Supremo para solicitar la anulación del decreto que reforma la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, porque consideran que «vulnera derechos fundamentales», según informa Europa Press.
Así lo ha explicado a los medios de comunicación en la puerta del Alto tribunal el portavoz de la Entidad por los Derechos Civiles de la Discapacidad y sus Familias, Antonio Moreno, que se ha identificado como padre de un menor en situación de dependencia.
«Buscamos que se anule el Real Decreto, porque una cosa son los derechos adquiridos que tienen las familias con anterioridad al Decreto y otra las familias de nueva incorporación», ha explicado. En su opinión, sí sería posible aplicar la norma a las nuevas incorporaciones al sistema, pero no a los ciudadanos que ya tienen «derechos adquiridos».
Con esta demanda, las familias solicitan la anulación del real decreto que, según alertan, elimina los derechos adquiridos de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, al recortar las ayudas a cuidadores, eliminar su cotización a la Seguridad Social y restringir el acceso al sistema de los dependientes moderados.
En concreto, consideran que se vulneran los artículos 4, 31, 33 y 49 de la Constitución Española, pero no pueden pedirle al Tribunal Constitucional que intervenga porque es una capacidad reservada al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, un grupo de cincuenta diputados o de cincuenta senadores, los gobiernos y los parlamentos autonómicos.
Aunque han acudido a la Defensora del Pueblo instando a la Alta Institución a recurrir el real decreto, aún no han obtenido respuesta, conforme ha explicado Moreno. «Estamos decepcionados porque la Oposición no ha interpuesto este tipo de recurso, y son los que tienen la potestad reglamentaria para hacerlo», ha añadido.
Además de esta vía del recurso por vulneración de derechos de la asociación, las familias que la componen recurrirán el Real Decreto de forma individual, a fin de conseguir una paralización de la nueva norma en cada uno de los casos y mantener el mayor tiempo posible las ayudas que hasta ahora estaban recibiendo.
Centros multiservicios, la apuesta de Castilla y León por un nuevo modelo de centros residenciales para personas mayores
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presentado ante aproximadamente un centenar de profesionales el nuevo modelo de centros residenciales para personas mayores por el que apuesta Castilla y León: los centros multiservicios. Se trata de «adaptar la oferta a las nuevas demandas de los ciudadanos» y de «garantizar la viabilidad y supervivencia de la red de centros», así como de los servicios que prestan a sus residentes y los servicios a domicilio, tal y como ha explicado la consejera en la inauguración del encuentro »Envejecimiento, fragilidad y dependencia», patrocinado por la Fundación Pilares para la Autonomía Personal y que se celebra hasta el jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Este modelo resulta «más necesario que nunca», ha resaltado Milagros Marcos, una vez que Castilla y León pactó con el sector y con el Diálogo Social, a finales del mes de julio, potenciar los servicios profesionales y de calidad frente a las ayudas por cuidados en el entorno familiar, tras la reforma de la Ley de Dependencia decretada por el Gobierno de España. Así, se acordó aumentar en un 20% las cuantías máximas para acceder a un servicio y, en paralelo, reducir de forma progresiva las cuantías de los cuidadores familiares.
Con estos acuerdos, la Consejería se comprometió a garantizar a todas aquellas personas dependientes que ahora son cuidados por sus familias el cambio voluntario a otros servicios tanto en el domicilio -teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día- como de atención residencial. Y, para garantizarlo, la idea es facilitar el acceso a estos servicios en todo el territorio de la comunidad fomentando el desarrollo de los centros multiservicios.
La Consejería de Familia ha elegido un modelo de centro «vivo, abierto, más atractivo y flexible, y de mayor calidad», que gire alrededor de la persona y que permita estrechar los lazos de convivencia entre las personas mayores. Desde estos centros se podrán proporcionar diversas prestaciones: teleasistencia, promoción de la autonomía personal, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día, asistente personal y atención residencial. De esta forma, con el nuevo modelo de centros, el usuario que lo desee podrá vivir de forma permanente y los no residentes tendrán la oportunidad de acudir a él a tomar un café, dormir un fin de semana o dos semanas, permanecer durante el día o sólo por la noche, o incluso llevar su ropa a la lavandería del centro.
El servicio residencial también experimentará un cambio sustancial. En lugar de las tradicionales habitaciones dispuestas alrededor de un pasillo, se plantean unidades de convivencia, donde aproximadamente 12 personas convivirán como si se tratara de su verdadero hogar. Tendrán sus habitaciones, pero compartirán dentro del mismo módulo sala de estar, cocina, comedor, salas multiusos y una sala para los auxiliares de enfermería. La idea es que los residentes puedan personalizar su entorno, decorar la habitación de forma hogareña o tener espacio para compartir momentos con sus familiares. En definitiva, que conciban el centro como «su propia casa».
Cada uno de los residentes contará con un coordinador personal de referencia, que tendrá una visión global de la persona mayor y será el encargado de desarrollar el Plan de Vida de la persona asignada. Le prestará una atención directa y estable, y hará un seguimiento individualizado de sus rutinas y cuidados, pero además mantendrá informado de forma constante a sus familiares, ya que uno de los objetivos es que la familia participe más en la atención de sus personas mayores.
Y junto a estas novedades, los centros multiservicios también incluirán unidades de convalecencia sociosanitaria, destinadas a personas en situación de dependencia que, de forma transitoria o definitiva, o por razones de carácter social, no puedan ser dados de alta o no se pueda garantizar la continuidad de los cuidados en su domicilio.
El nuevo modelo de residencias para personas mayores ha tenido una buena acogida entre los centros públicos y privados de Castilla y León, como lo demuestra el hecho de que ya son 35 las residencias que han ofrecido a la Consejería pilotar en su centro este modelo pionero en España y seguir así los pasos emprendidos por la residencia pública Los Royales, en Soria.
Razones de estos cambios
Castilla y León ha optado por este modelo, ya probado en los centros de Protección a la Infancia y Discapacidad, tras detectar que las personas mayores y los profesionales del sistema de Servicios Sociales demandan un modelo de atención residencial alternativo, que huya del modelo hospitalario y que se aproxime a un verdadero hogar. Se trata de un «cambio de enfoque».
Estos cambios, semejantes a los desarrollados con éxito en países europeos, persiguen además favorecer la sostenibilidad de las residencias, especialmente en el medio rural, después de que la crisis económica esté dirigiendo a las familias hacia otros servicios para la atención a sus mayores y esté provocando que las residencias privadas tengan más de un 20 % de plazas vacantes. A eso ha contribuido también el hecho de que Castilla y León disponga de más de 43.400 plazas residenciales y una ratio de 7,44 plazas por cada 100 mayores de 65 años, frente al 4,43 de la media de España, y 2,4 puntos por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (5%).
Entre los objetivos de la Consejería figura garantizar la viabilidad económica actual y futura del sistema, así como la supervivencia de la red de Servicios Sociales, pero también evitar la pérdida de puestos de trabajo en un sector que emplea en Castilla y León a 35.000 profesionales, de los que 19.300 se corresponden con los servicios destinados a personas mayores.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha compartido hoy el acto inaugural con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta. Ambas tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias el pasado 11 de mayo, precisamente en la residencia soriana de Los Royales, con la intención de lograr la excelencia en la atención a las personas mayores y tratar de mantener el liderazgo en el desarrollo de los Servicios Sociales.
Los perceptores de ayudas por dependencia lo tendrán más difícil en Cataluña
La Generalitat de Cataluña envió una carta en agosto informándo a los cuidadores de dependientes que, en aplicación del real decreto ley 20/2012 de 13 de julio, “nos hemos visto obligados a minorar el importe de la prestación económica por cuidador no profesional a partir de la nómina de agosto de este año. Lamentamos las molestias que esta medida le pueda ocasionar y quedamos a su disposición”.Según la Generalitat, los recortes del Gobierno central han provocado esta situación, con el agravante de que “centrifuga las responsabilidades hacia las comunidades”. El Gobierno catalán se queja abiertamente de que está sufragando los gastos que debiera pagar el Ejecutivo central. En el año 2011, por ejemplo, la Generalitat aportó 906 millones de euros y el Estado sólo 258 millones, cuando la ley establece que ambas administraciones han de aportar el 50% cada una. Para 2012, según las previsiones del consejero de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, el Estado rebajaría aún más su aportación hasta los 128 millones.
El Consistorio desbloquea tras dos intentos la adaptación del Centro Oriol en residencia
La adaptación en residencia de las nuevas instalaciones del Centro Oriol en el Palmeral será una realidad dentro de unos meses tras haber conseguido el Ayuntamiento adjudicar la obra a la tercera empresa que se presentó al concurso, Doalco, que ya ha firmado el contrato para iniciar la reforma.Cermi anuncia movilizaciones en Andalucía por los «atrasos» en los pagos y ante «posibles recortes» en Dependencia
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha anunciado movilizaciones para el martes 2 de octubre ante «los posibles recortes sociales del 12 por ciento propuesto por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, así como por los impagos, que ascienden a más de 50.000.000 de euros».
Según informa el comité en una nota, existe una «situación grave» de «recortes» que puede ocasionar «el cierre de los centros de personas con discapacidad», algo a lo que hay que sumar «el retraso de los pagos que adeuda la Junta de Andalucía a las entidades miembro».
Por ello Cermi-Andalucía acordó ayer en una reunión urgente un calendario de movilizaciones que se iniciará el martes 2 de octubre. También elaborarán un manifiesto en el que expresarán de nuevo su «indignación y malestar por los recortes sociales que se están llevando a cabo y que hacen inviable el Sistema del Bienestar».
Los integrantes del Cermi en Andalucía son DOWN-Andalucía, Canf-Cocemfe, FAAS, Feaps-Andalucía, Faisem, Feafes-Andalucía, Fapas, Aapace-Andalucía, Autismo-Andalucía, ONCE, Fandace y Feder.
Milagros Marcos inaugura este lunes en Santander un curso de la UIMP sobre envejecimiento y dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, inaugurará este lunes en el santanderino Palacio de La Magdalena un curso de cuatro días sobre envejecimiento y dependencia, según han informado fuentes de la organización del mismo a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Durante la jornada, que también contará con la presencia de la vicerrectora de postgrado e innovación de la Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP), Pilar Cano; la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, y la consejera de Empleo de País Vasco, Gemma Zabaleta, se presentarán diferentes experiencias de aplicación de un nuevo modelo de atención a personas mayores que necesitan cuidados permanentes.
De esta forma, se dará a conocer a los más de 120 participantes del curso el Modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP), «que fomenta el respeto a la dignidad de las personas que necesitan apoyos y propugna que puedan recibir la atención y cuidados que requieren en sus casas».
«País Vasco y Castilla y León siempre han destacado por el avance y la innovación de sus políticas sociales, además de apostar por este nuevo modelo e implantarlo en sus respectivos territorios», han concluido las fuentes informantes.
Mensajeros de la Paz inaugura en Villaviciosa la residencia de mayores ‘Colegio San Francisco’
La inauguración oficial de la Residencia de Mayores ‘Colegio San Francisco’ de Mensajeros de la Paz, en Villaviciosa, tendrá lugar este lunes día 3 de septiembre , con la presencia del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, la Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Esther Díaz González, el Alcalde del municipio, José Felgueres, y el Padre Ángel García, presidente y fundador de la ONG Mensajeros de la Paz Tras la Bendición de la residencia y la Misa, presidida por el Arzobispo, se procederá a la Inauguración Oficial del centro, y a la visita de sus instalaciones. También está previsto que se descubra una placa en homenaje a Gabino Díaz Merchán, Arzobispo Emérito de Oviedo, muy vinculado, desde hace décadas, a la obra social de Mensajeros de la Paz.