AESTE
AESTE renueva su junta directiva
Fernando Benavente preside desde ahora la asociación de los grandes operadores del sector de la atención a la dependencia
La patronal trabaja con el objetivo de afrontar de forma sólida los nuevos retos del sector de la dependencia ante el envejecimiento de la población
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal que agrupa a los principales operadores del sector, ha renovado la composición de su Junta Directiva, presidida desde ahora por Fernando Benavente (Valdeluz). Ignacio Vivas (Ballesol), Juan Ramón Pérez Sancho (Eulen) y José Luis Roselló (SARquavitae) ocuparán las vicepresidencias. Lourdes Rivera (Adavir) se hará cargo de la Secretaria General de la Junta Directiva y Manuel Aznar(Orpea) de la Tesorería.
La renovada junta tiene el objetivo de continuar la labor de la consolidación del sector profesional de atención a la dependencia en España, y dotarlo de sólidas herramientas para afrontar los nuevos retos del sector ante el envejecimiento de la población.
Sobre AESTE
Las empresas que forman parte de AESTE (Adavir, Amma, Ballesol, Eulen Servicios Sociosanitarios, Caser Residencial, Orpea, Sanitas Residencial, Sanyres, SARQuavitae y Valdeluz) proporcionan trabajo a más de 43.500 trabajadores, cuentan con 42.500 camas (un 25% de las plazas privadas y un 15% del conjunto de plazas del mercado residencial del país), ofrecen servicio a 191.634 personas de Ayuda a Domicilio, 34.833 de teleasistencia y más de 88.057 de otros servicios vinculados al envejecimiento.
España necesita invertir en cuidados de larga duración, para al menos situarse en el promedio de la OCDE
Naciones como Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia cuentan con modelos más eficientes de servicios residenciales para personas mayores basados en sistemas de acreditación para el control de la calidad y en tarifas diferenciadas sanitarias y sociales.
El desafío demográfico hace necesario repensar el modelo español de los servicios sanitarios y sociales para hacer frente a la cronicidad y la dependencia, como ha ocurrido en otros países de la UE.
Un ciudadano español paga por los servicios residenciales un 10% de IVA cuando en Alemania, Reino Unido y Suecia estos servicios están exentos del impuesto.
Además, el gasto público en España destinado a cuidados de larga duración ésta muy por debajo del promedio de gasto de otros países de la OCDE.
AESTE y Antares han presentado hoy el estudio el estudio “Análisis del Mercado Residencial para las personas mayores en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia: Perspectivas para el Mercado Español”, y que pretende, desde la experiencia de otros países, proponer soluciones efectivas sociales y sanitarias para responder de forma adecuada al desafío demográfico. El estudio destaca que los principales países europeos cuentan con un modelo más eficiente en la planificación de los servicios residenciales basado en sistemas de acreditación y control de calidad y con modelos de tarifas diferenciadas sanitarias y sociales.
España tiene un modelo de servicios sociosanitarios y sociales con deficiencias que pone en jaque el estado del bienestar ante el envejecimiento de la población que afronta nuestra sociedad.
Muchos de los servicios residenciales en estos países están exentos de IVA (como en Alemania, Reino Unido y Suecia), algo que no ocurre en España, donde el IVA varía en función del tipo de empresa que presta el servicio (los centros públicos y de naturaleza benéfica están exentos) y en función de si el residente se financia pública (4%) o privadamente (10%).El informe, a lo largo de sus 213 páginas, presenta una detallada radiografía de cómo se articulan en España, Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia los sistemas de atención a la cronicidad y la Dependencia desde el punto de vista normativo, la acreditación de los servicios, la implicación del sistema de salud y de los servicios sociales, la financiación de los cuidados de larga duración, la financiación pública asumida por las distintas administraciones y desde las distintas áreas sanitaria, social, la financiación por parte del usuario y la fiscalidad de los servicios residenciales.
La experiencia de Europa:
¿Qué podemos aprender de Europa? A la vista del informe, nuestro país puede aprender muchas cosas: de Francia, a diferenciar la contribución sanitaria, social y del usuario; de Alemania, el seguro de Dependencia, que allí es obligatorio y que en nuestro país pudiera ser una solución altamente aconsejable para provisión de cuidados si se le dieran ventajas fiscales adecuadas; de Reino Unido, su organismo de revisión de la calidad CQC que regula el registro y la acreditación de establecimientos, así como el sistema de inspecciones en gran detalle, basados en la recogida de evidencias sobre resultados de la calidad de la atención a partir de indicadores cuantitativos y valoraciones cualitativas. También en Reino Unido, los establecimientos son inspeccionados al menos una vez al año, pagando las inspecciones adicionales que resulten de incumplimientos por su parte, y los resultados son públicos de tal modo que el ciudadano cuenta con un elemento muy relevante y objetivo a la hora de tomar libremente la decisión de compra de un servicio. Y, finalmente, de Suecia, que al igual que en Alemania y Reino Unido, estos servicios están exentos de IVA.
¿Cómo se financian estos servicios en Europa? El estudio pone en evidencia que en otros países cuentan ya con tarifas diferenciadas sanitarias y sociales en función del tipo de atención que requiere cada residente y que se sufragan con la participación de las distintas administraciones y del propio usuario.
– En Francia, 6% de costes sanitarios los paga Sanidad + 28% de éstos se incluyen en la tarifa concertada. El usuario y Dependencia pagan un 33% cada uno.
– En Reino Unido, 7% Sanidad (salvo centros sociosanitarios que cubre el 100%), el 49% Servicios Sociales y el 44% el usuario.
– En Alemania, 42% Dependencia (a través del Seguro obligatorio) y el 58% el usuario.
– En Suecia, el 92% Dependencia y el 8% el usuario.
– En España, la parte social no cubre los costes reales de los servicios que se prestan y está alejada de las cantidades que aportan otros países, la sanitaria no participa en la financiación y el usuario copaga de manera desigual e insuficiente para cubrir los gastos de alojamiento y manutención, que en otros países sufraga íntegramente.
Se incide especialmente en cómo el proceso de envejecimiento de la sociedad europea es especialmente inquietante en España, por el sobreenvejecimiento de la población, lo que está suponiendo un incremento notable de los recursos destinados a la atención sanitaria de los mayores, especialmente de aquellos que padecen algún tipo de cronicidad y que suponen el 70% del gasto sanitario, principalmente en los últimos 6 meses de vida. En este contexto, es destacable que el gasto público en España destinado a cuidados de larga duración ésta muy por debajo del promedio de gasto de otros países de la OCDE.
Este aumento progresivo de la cronicidad, la pluripatología y la dependencia asociadas plantean el reto de articular la atención de forma coordinada desde el ámbito social y sanitario, algo que en España sigue siendo una asignatura pendiente.
Sobre AESTE www.asociacion-aeste.es
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) es una organización empresarial de carácter sectorial, que abarca todo el territorio del Estado Español, sin ánimo de lucro y que nace con vocación de coordinar, representar fomentar y defender los intereses empresariales y sociales comunes a los servicios y residencias para los mayores.
Las empresas miembros de AESTE son: Adavir, Amma, Ballesol, Eulen, Caser Residencial, Orpea, Sanitas Residencial, Sanyres, Sarquavitae y Valdeluz. Estas empresas suponen un volumen agrupado de 42.000 camas _un 25% del sector privado y un 40% valor mercado_ y 43.500 trabajadores.
AESTE, es actualmente miembro de la Junta Directiva de CEOE, agrupa más de 349 residencias, además de 6.995 plazas en 132 centros de día, a finales de año. Son atendidas diariamente por sus socios 200.643 personas mayores en programas de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
AESTE renueva su confianza en la actual junta directiva
La asociación de los grandes operadores del sector de la atención a la dependencia relige a Jorge Guarner (SARquavitae) como presidente y a Ignacio Vivas (Ballesol), Juan R. Pérez (EULEN) y Doménec Crosas (Sanitas)
como vicepresidentes.
La patronal trabaja con el objetivo de influir en configurar un sector de la dependencia fuerte y profesional como uno de los motores económicos y de creación de empleo del país.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), patronal que agrupa a los principales operadores del sector, ha ratificado hoy, para un nuevo mandato, a su Junta Directiva elegida en 2.009, con el objeto de dar continuidad a su gestión y de seguir influyendo en la configuración de un sector profesional de atención a la Dependencia en España, comprometido con la calidad en la atención sanitaria y social, la creación de empleo estable del país y la formación de su trabajadores.
El presidente de la junta directiva seguirá siendo Jorge Guarner, consejero delegado-director general de SARquavitae. Ignacio Vivas, consejero delegado de Ballesol, Juan R. Pérez, director general de EULEN y Domènec Crosas, director general de Sanitas Residencial, continuarán ocupando las vicepresidencias.
Ante el gran reto del envejecimiento de la población, la Junta reelecta seguirá con su objetivo de impulsar la colaboración público-privada, integrando las necesidades sanitarias y sociales de las personas y colaborando en la creación de un marco sectorial claro, estable, transparente y sostenible, con un sistema de acreditación y unos estándares de calidad definidos, que garanticen la mejora de la atención a las personas con dependencia de nuestro país.
Es remarcable, la contribución de la actual Junta a la firma del VI Convenio marco de Atención a las Personas en situación de Dependencia, que ha hecho posible la implementación del Observatorio de la Dependencia de España, en colaboración con otros agentes sociales del sector. Igualmente destacable, ha sido el impulso de acuerdos conjuntos como el de la “campaña de recogida de firmas IVA reducido” o el Manifiesto por la Dependencia suscrito por patronales y sindicatos.
Sin duda AESTE está contribuyendo a la profesionalización participando activamente en el Consejo General del IMSERSO, en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o en otros Comités Consultivos. En este sentido, por 4º año consecutivo, la CEOE ha incluido la Dependencia en el Plan Estratégico de dicha organización y ha situado al sector como clave en las medidas de reactivación económica y creación empleo.
Sobre AESTE
Las empresas que forman parte de AESTE (Adavir, Amma, Ballesol, Eulen Servicios Sociosanitarios, Caser, Orpea, Sanitas Residencial, Sanyres, SarQuavitae y Valdeluz) proporcionan trabajo a más de 43.500 trabajadores, cuentan con 42.500 camas (un 25% de las plazas privadas y un 15% del conjunto de plazas del mercado residencial del país), ofrecen servicio a 191.634 personas de Ayuda a Domicilio, 34.833 de teleasistencia y más de 88.057 de
otros servicios vinculados al envejecimiento.
Empresarios y sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Dependencia
Organizaciones empresariales y sindicales retoman el Observatorio de la Dependencia con el fin de que la Administración cumpla con la aplicación de la Ley de Dependencia, a través de una financiación adecuada, y vea a este sector «necesario» como la sanidad o la educación, y capaz de «generar riqueza» y puestos de trabajo.
Así, los representantes de las entidades firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han celebrado este jueves una rueda de prensa para pedir a la Administración que «recupere los objetivos iniciales» de la ley de la Dependencia, aprobada en diciembre de 2006.
Estas organizaciones señalan que frente a la previsión de unos 300.000 puestos de trabajo nuevos, con la puesta en marcha de la ley en 2007, sólo se han creado 70.000 nuevos, ya que antes de su aplicación ya trabajaban en este sector un total de 120.000 profesionales cualificados.
Esto es consecuencia, según la secretaria de Salud y Dependencia de UGT, Pilar Navarro, de la errónea actuación de las administraciones al fomentar la figura del cuidador familiar (actualmente representa el 43% de las prestaciones de la ley) y no el profesional, además de los recortes.
También denuncian que el sector de empresas de la dependencia está en «absoluta bancarrota» con el cierre de una residencia cada día por falta de viabilidad y una ocupación media del 20 por ciento de las plazas. Según ha indicado el secretario general de LARES, José María Gallardo, el Estado podría ahorrase 10.000 millones anuales si se atienden a los dependientes en residencias (150 euros al día) en lugar de en hospitales (650 euros diarios).
Las patronales advierten de que los precios de los conciertos residenciales siguen bajando mientras que permanecen vacías 50.000 plazas y hay 200.000 dependientes sin atender «Este binomio es imposible», ha aseverado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, en declaraciones a Europa Press.
Las organizaciones de este Observatorio avisan al Gobierno de la necesidad de preparar el sistema ante la realidad demográfica, pues en 2050 las personas mayores de 65 años en España se van a duplicar hasta alcanzar el 30 por ciento de la población y unen a los seis millones de mayores de 80 años previstos para esa fecha.
En cuanto al servicio de atención domiciliaria profesionalizada, denuncian que las adjudicaciones se dan por debajo del coste del servicio, lo que produce, según el secretario de negociación colectiva de CC.OO de Servicios Privados, «la merma directa» de este servicio porque no se producen altas.
UNA LEY «EN RETROCESO»
Transcurridos siete años desde la implantación de la Ley de Dependencia, las organizaciones de este Observatorio denuncian que no se están consiguiendo los objetivos que se marcaron en cuanto a la profesionalización del sector, que está en «riesgo» de viabilidad. A su juicio, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) está en «claro estancamiento» e incluso en «retroceso», como consecuencia de la reducción de la financiación.
Por ello, patronales y sindicatos han establecido varias áreas de actuación: seguimiento de las estadísticas oficiales sobre dependientes, prestaciones y empleo; análisis de la oferta de plazas, demanda, prestaciones, licitaciones, morosidad y financiación adecuada; evaluación toda la normativa que repercute en el sector de la dependencia; participación al sector asociativo y expertos; y la creación de un documento semestral (30 de junio y 30 de diciembre).
Patronales y sindicatos se unen para exigir el cumplimiento de la Ley de la Dependencia
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), reclaman a la Administración recuperar los objetivos iniciales de la ley
Retoman el Observatorio de la Dependencia para exigir a las Administraciones Públicas que hagan efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía al acceso a los servicios sociosanitarios de calidad
Consideran el desarrollo de la ley clave para profesionalizar el sector, consolidar las inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de las prestaciones
FECHA: JUEVES 20 DE FEBRERO
LUGAR: SALA JOSE Mª CUEVAS, CEOE. C/ DIEGO DE LEON, 50 MADRID
HORA: 10:30 hr
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) protege de manera efectiva a más de 700.000 personas y que da ocupación a más de 190.000 trabajadores. El rápido envejecimiento de la población origina necesidades asistenciales que deben ser cubiertas por los servicios sociales y sanitarios. No en vano, tal y como ponen de relieve las organizaciones sindicales y empresariales del sector, España será uno de los países que más se va a ver afectado en relación al aumento del gasto público por el envejecimiento poblacional. En concreto, este desfase subirá 9 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) en 2060, casi el doble que la media comunitaria (4,6 puntos), situándose España en el grupo de mayor riesgo de los tres que contempla Bruselas, junto a Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Rumanía o Irlanda.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FSS y FSP de CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), han decidido retomar “El Observatorio de la Dependencia” para cooperar con las administraciones públicas en recuperar los objetivos iniciales de la Ley y reconducir la situación, avanzando en la reglamentación pendiente, garantizando su cohesión territorial y poniendo en marcha criterios de eficacia y eficiencia en el sistema, fomentar la necesaria colaboración entre los ámbitos sanitarios y sociosanitarios. Y todo ello apostando en todo momento por la mayor profesionalización del sector, la consolidación de las inversiones, la generación de empleo de calidad y cualificación del mismo, así como la mejora de la calidad en la prestación que se ofrece a las personas dependientes y a sus familias.
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia representan a la mayoría absoluta de las empresas del sector en la que prestan servicio 180.000 trabajadores, que atienden diariamente a más de 1,2 millones de personas en situación de Dependencia a través (Residencias de Personas Mayores, Centros de Día y Noche, Viviendas Tuteladas, Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.
Cabe recordar que las trabajadoras y trabajadores del sector están realizando un importante esfuerzo de contención salarial en estos años de crisis; por su parte, la empresas han trabajado intensamente para mantener el volumen de empleo en el sector; y las organizaciones sindicales y empresariales han contribuido a la profesionalización del sector. Todo ello con el claro objetivo de prestar un servicio de calidad con un coste sostenible en un sector, el de la Dependencia, que es único que no pierde empleo en la Encuesta de Población Activa.
Argumentos, todos ellos, que vienen a reforzar la exigencia a las Administraciones Públicas de un Plan que haga efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia y garantice el derecho a la ciudadanía contemplado en dicha Ley.
AESTE reclama justicia social en la aplicación del IVA
La asociación empresarial considera que el impuesto no es justo con los usuarios de los servicios de Atención a la Dependencia.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) reclama justicia social en l aplicación del IVA a los usuarios de los servicios de atención a la dependencia. AESTE, que engloba los principales operadores del sector, emitió un comunicado en el que cuestiona la aplicación del IVA en este tipo de servicios por ser discriminatoria, al mismo tiempo que solicita la aplicación del tipo superreducido por tratarse de servicios de primera necesidad
El comunicado explica lo siguiente: “El Real Decreto-ley 6/2010 de 9 de abril de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, supuso una bajada del IVA al 4% que se viene aplicando desde entonces a los servicios de atención a la dependencia que se presten mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos. En aquel entonces el Grupo Popular presentó una enmienda 122/000210 Proposición de ley relativa a la aplicación del IVA supereducido a la prestación de servicios y asistencia social para personas dependientes, dicha enmienda al estar en minoria no solo no prosperó, sino que la elevación de tipos hizo que el IVA aplicado a usuarios y sus familias pasará a tributar al 10%.Mucho ha llovido desde entonces, ni aquel RD impulso la recuperación económica y el empleo, ni transcurridos 2 años de Gobierno el IVA es supereducido para la prestación de servicios para dependientes.
AESTE recuerda que “en muchos países este servicio está exento de IVA como los servicios sanitarios o la educación en España) o tiene el tipo superreducido 4% que es la situación que desde siempre ha venido reclamando el sector de provisión de servicios sociales, pero para todos los servicios no sólo para aquellos concertados por la administración” La asociación empresarial pone de manifiesto que “atender a una persona dependiente es tan de primera necesidad como el pan, la leche o los medicamentos, y estos que tienen un IVA del 4% no son distintos según quien los compre (administración, o ciudadanos). No se puede hacer la distinción del componente fiscal (IVA) del servicio dependiendo de quién lo financia o el destino que el comprador dé al servicio que se adquiere. El tipo de IVA ha de depender del servicio prestado y no del pagador”. Por último matiza que “El IVA es un impuesto finalista lo pagan directamente los consumidores, y estos merecen tributar en igualdad de condiciones que las administraciones”.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) es una organización empresarial de carácter sectorial, que abarca todo el territorio del Estado Español, sin ánimo de lucro y que nace con vocación de coordinar, representar fomentar y defender los intereses empresariales y sociales comunes a los servicios y residencias para los mayores.
Sus empresas asociadas suponen un volumen agrupado de 42.500 camas, que representa un 25% de las plazas privadas y un 15% del conjunto de plazas residenciales, lo que supone un 40% del valor económico del mercado. Nuestras empresas cuentan con 43.500 trabajadores, somos una importante fuente de reclutamiento de profesionales, generando empleo estable no deslocalizable.
AESTE, es miembro de CEOE, agrupa más de 348 residencias, además de 5.344 plazas en centros de día, 191.634 usuarios de Ayuda a Domiclio, 34.833 de Teleasistencia y 88.057 de otros servicios. Son atendidas diariamente por sus socios 314.524 personas en situación de dependencia.
