ASCAD
Directores y gerentes de servicios sociales exigen «rigor» para detectar ilegalidades
La muerte de ocho ancianos en Zaragoza pone en duda la eficacia de las normas y la inspección de los centros.
La tragedia de la residencia Santa Fe de Zaragoza, el geriátrico privado incendiado intencionadamente por una interna con desequilibrios mentales y en el que perdieron la vida ocho ancianos el pasado fin de semana, ha evidenciado debilidades en la normativa autonómica sobre centros de tercera edad y, sobre todo, en su interpretación y aplicación práctica. Tras la tragedia se ha destapado que la residencia en cuestión llevaba tres años con un expediente abierto por deficiencias. Según las actas de la inspección, se trataba de carencias de carácter leve. Nunca se consideró oportuno ordenar el cierre del geriátrico, pero la cuestión ha acabado teniendo derivaciones políticas.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha exigido a las administraciones públicas que dediquen «rigor» para detectar eventuales ilegalidades o incumplimientos de las condiciones de seguridad en los establecimientos que prestan servicios, con el fin de que se evite que vuelvan a ocurrir sucesos como el incendio de una residencia de mayores en Zaragoza, el pasado domingo, en el que murieron ocho personas.
La organización considera que, transcurridos unos días, desde el incidente, «es momento de realizar un análisis sosegado sobre las circunstancias que han permitido que ocurriera un hecho como ese, y una valoración de la situación en que se encuentra estos servicios residenciales».
Por ello, señalan, en primer lugar, que, pese a la normativa existente para la concesión de licencias de actividad en el sector, «el problema no es la falta de normativa o una normativa adecuada, sino una adecuada inspección de estos centros y sobre todo agilidad y decisión a la hora de determinar el cierre de establecimientos».
Además, del peligro que supone para los perceptores de servicios el hecho de que los establecimientos a los que acuden no cumplan las condiciones mínimas exigidas por la ley, la asociación señala también que dejar operar a estos centros supone permitir la «competencia desleal» hacia las instituciones que sí se ajustan a los parámetros legales.
«En un sector especialmente castigado durante la crisis, y que entre otras cosas conlleva decenas de miles de empleos la existencia de centros que no cumplen las normativas de seguridad, de higiene o de ratios de trabajadores para la atención, supone una competencia desleal para las muchas residencias con instalaciones adecuadas y con plantillas profesionales suficientes, tal y como la normativa exige», subrayan.
Junto con el peligro y la competencia desleal, un tercer efecto de no ser «riguroso» en el cierre de los centros ilegales conlleva que, cuando se producen tragedias como la del pasado domingo, se produce un «desprestigio injustificado» hacia todo el sector.
LO ATRIBUYEN A LOS RECORTES
Por otra parte, en cuanto a la situación de los servicios sociales y, en particular, el Sistema de Atención a la Dependencia, la organización asegura que la Ley de la Dependencia ha tenido «escaso desarrollo» los últimos años, y señalan que los recortes en esta materia pueden estar favoreciendo la aparición de centros a bajo coste que operan «a costa de no contar con los mínimos de calidad exigibles en sus instalaciones».
«Con una pensión media que en España se sitúa en este año en 825,5 €, y el empobrecimiento generalizado de las familias españolas, son muchas las que no están en condiciones de pagar los precios que pueden ofertar la mayor parte de las residencias que si garantizan estos estándares de calidad», han indicado.
En todo caso, la organización ha destacado la «calidad» general de los servicios sociales en España y ha pretendido enviar un «mensaje de tranquilidad» respecto a la seguridad de los mismos.
10 CLAVES PARA ELEGIR RESIDENCIA
Además, ha elaborado una batería de recomendaciones para elegir residencia, entre las que destacan, en primer lugar, la necesidad de valorar si es la «opción adecuada» a las necesidades de la persona mayor, teniendo en cuenta «su estado físico y mental, su entorno social y familiar y si el hogar en el que vive está capacitado para responder a su situación».
Una vez aclarada esta cuestión, aconseja pedir asesoramiento a los servicios sociales de la localidad para conocer la oferta de residencias, así como conocer la oferta de centros concertados, dado que estos, además de la normativa vigente, suelen cumplir con una acreditación de calidad.
«No es aconsejable iniciar la búsqueda de residencia exclusivamente a través de Internet –advierten–. Este medio puede ser útil para comprar determinados productos o servicios, pero no para asesorarse sobre la residencia que ofrece más calidad de servicio o mejor relación calidad precio, ya que existen muchos portales en Internet de búsqueda de residencias, creados por empresas que no siempre aconsejan los centros que mejor servicio proporcionan, sino aquellos que pagan por obtener una mejor puntuación».
Asimismo, inciden en la importancia de no decantarse por ninguna residencia hasta haberla visitado, procurando hacerlo sin concertar cita previa, eso sí, procurando no perturbar el horario de comidas y sueño.
Durante la visita, señalan la importancia de ver los servicios que prestan, conocer el estado de las instalaciones (habitaciones, cocinas, estado del mobiliario, limpieza, etc.) y que el personal del centro sea «transparente» en este sentido.
«Muchos centros ofrecen servicios que no son propios, por ejemplo, residencias que dicen tener servicio de enfermería y médico, pero no dicen que es el servicio que da el Centro Sanitario de esa zona a cualquier domicilio –ha advertido la organización–. Que los profesionales que dan los servicios en los centros sean propios, implica que trabajen por los usuarios con seguimiento individualizado».
También señalan que es de «extraordinaria importancia» elegir centros que, en la medida de lo posible, traten de conservar la autonomía de los residentes, y que, para ello, tengan un «buen servicio de fisioterapia» y de terapia ocupacional.
Por último, en referencia a la legalidad del centro, ha recordado que «en el tablón de anuncios del Centro deben estar expuestos los documentos que acrediten que cuenta con todos los permisos y licencias pertinentes». A saber: la Licencia de Actividad y de Apertura otorgada por el Ayuntamiento, la Autorización de Funcionamiento e inclusión en el Registro de Centros y Servicios Sociales del Gobierno de la Comunidad, la Autorización de Sanidad para un Servicio de Elaboración de Alimentos y Comedores Colectivos y la Autorización del departamento de Salud de la comunidad autónoma para impartir servicios médicos fisioterapéuticos, de enfermería y de terapia ocupacional, entre otros.
Coto a los dependientes más graves
La dependencia languidece en su séptimo aniversario entre recortes, copagos y reducciones de ayudas. Un ejemplo de ello es la caída del número de grandes dependientes reconocidos por la ley: desde junio de 2011, momento a partir del cual se registra un cambio de tendencia en negativo, el sistema ha perdido cada mes una media de 2.209; son 76 personas menos al día con el mayor grado de dependencia.
En total, la cifra de dependientes de grado III —aquellos que necesitan cuidados continuos para las actividades diarias más básicas— ha menguado en 64.083 personas en dos años y medio, de acuerdo con las últimas cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta situarse en los 374.599. Son un 14,6% menos. Y ello a pesar del cambio de tendencia que se ha producido en los informes oficiales de los últimos dos meses, en los que, a contrapelo de los 27 meses anteriores, ha habido un aumento de grandes dependientes reconocidos. Lo que resulta muy sospechoso para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que no se lo cree: “No se han depurado todas las personas fallecidas en lo que parece una estrategia desesperada para ofrecer datos positivos a final de año”, denuncia esta entidad.
La caída en el número de grandes dependientes en el sistema es tan pronunciada que los datos de estos dos últimos meses apenas maquillan la magnitud del descenso. Lo mismo sucede con el hecho de que los datos de junio de 2011 aún no estaban depurados de las duplicidades que detectó en un informe el Tribunal de Cuentas. Esta institución identificó 13.418 expedientes que tenían errores con repercusión en las estadísticas del sistema de dependencia. Pero esto tampoco altera la dinámica regresiva que sufre la tasa de dependientes más graves. Incluso si estas repeticiones o casos de dependientes fallecidos solo afectaran a casos de grandes dependientes —lo que es virtualmente imposible—, la reducción en la atención a los beneficiarios más graves seguiría siendo muy abultada: 50.665 grandes dependientes menos (el 12%) desde mitad de 2011.
Este descenso se enmarca en el atasco que ha caracterizado a la ley a lo largo de los últimos meses. Parte de las autonomías no son capaces de cubrir las bajas que se dan por el fallecimiento de beneficiarios y de dar de alta a nuevas personas en el sistema porque no tienen fondos para asumir estas prestaciones, lo que resulta especialmente grave dadas las elevadas cifras de espera existentes. Los datos de finales de noviembre indican que hay
193.239 personas aguardando a acceder a unas prestaciones que les corresponden.
¿A qué obedece la disminución del número de grandes dependientes en el sistema? Para Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, uno de los motivos obedece a la aplicación del nuevo baremo que se emplea para valorar el grado de dependencia y que entró en vigor en febrero de 2012. Para Barriga, esta herramienta es más restrictiva que la anterior, lo que “dificulta la entrada al sistema de los grandes dependientes” y evita compensar las bajas que se van produciendo por fallecimientos con nuevas altas.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) —el organismo dependiente del ministerio que dirige Ana Mato encargado de gestionar la dependencia— no niega que la aplicación del baremo tenga que ver en la reducción del número de grandes dependientes. Pero rechaza que sea responsabilidad suya. “El baremo vigente lo aprobó el Gobierno anterior y lo aplican los profesionales. Este Gobierno no lo ha modificado en absoluto; si se reduce el número de grandes dependientes es por la aplicación de las comunidades autónomas del baremo”, comentan fuentes del Imserso.
A este aspecto se suma la “lentitud o ausencia de revisiones de los de grado II para pasarlos a III”, a juicio de Barriga. Es decir, el retraso en el reconocimiento de las personas que sufren un agravamiento de su situación y que evolucionan de un estado de dependencia severa a situaciones de gran dependencia.
Estos dos factores tienen implicaciones económicas directas. El Estado transfiere a las autonomías una suma por cada dependiente atendido. Pero esta cantidad no es igual si se trata de un dependiente con grado II o grado III. Según la última modificación del Gobierno —pendiente de cambiar en breve— , el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad paga a las autonomías 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. De esta forma, este dinero, el llamado nivel mínimo, se reduce si hay menos dependientes, en general, y si hay menos de grado III, en particular.
Hay otro motivo que explica la reducción del número de grandes dependientes, según comentan los especialistas en trabajo social. A pesar de que la tendencia natural es que a medida que los beneficiarios envejecen vayan perdiendo un mayor grado de autonomía y vayan necesitando mayor atención, algunas comunidades autónomas han procedido a revisar a grandes dependientes para rebajar su grado al considerar que se encuentran mejor.
Estos cambios, señalan desde las asociaciones de dependientes, suelen producirse en personas que reciben prestaciones económicas —las que implican una transferencia de dinero, no un servicio como la teleasistencia o una residencia— ya que el cambio de grado conlleva una reducción en la asignación de fondos y un ahorro para la Administración que paga las ayudas. En el caso de las prestaciones para el cuidado de familiares, las más frecuentes, la cantidad máxima de la ayuda (tras el recorte de julio de 2012) es de 387 euros al mes para un gran dependiente frente a los 268 euros de un dependiente de grado II. Un cambio de grado a la baja representa en este caso un ahorro de 1.428 euros al año por dependiente.
“Las revisiones se encuentran reguladas en la ley y las aplican las comunidades autónomas”, sostienen desde el Imserso. “El Gobierno no ha cambiado nada al respecto”, añaden.
El director del Imserso, César Antón ha hecho hincapié en distintas ocasiones en el, a su entender, elevado número de personas con gran dependencia que ha reconocido el sistema. Suele destacar, cuando se refiere a esta cuestión, que las estimaciones previas a la puesta en marcha de la ley calculaban unas cifras de unos 205.000 grandes dependientes cuando, a pesar del retroceso que se está produciendo en los últimos años, su número ronda los 370.000.
De mantenerse el mismo ritmo de caída que en la actualidad, en un plazo de poco más de seis años, menos del tiempo que la ley lleva en funcionamiento, el número de personas con una valoración de dependencia de grado III se situaría en las cifras a las que alude Antón.
Los geriátricos promueven una ILP para evitar más impagos del Govern
La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha puesto en marcha una iniciativa para evitar que las personas mayores dependientes queden desprovistas de lo mínimo para vivir dignamente en las instituciones.
El objetivo es promover una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat blinde por ley los presupuestos destinados a este colectivo. La Ascad quiere evitar que se repita la situación por la que pasan ahora los centros de atención a la dependencia ante el impago del Govern de la factura del mes de julio que asciende a 70 millones de euros.
El director de la Ascad, Iñaki Anton, explicó a Ep que la asociación buscará la complicidad de los partidos políticos. Para ello, la entidad ha organizado una jornada informativa el próximo jueves con representantes de las formaciones. El encuentro se realizará en una residencia de Barcelona para que los políticos puedan comprobar «in situ» cuál es el día a día de los directores de estos centros y sepan de primera mano a qué y cómo se destina el dinero que reciben de la administración pública para cuidar de los ancianos dependientes. Al parecer miembros de todos los partidos políticos catalanes han confirmado su asistencia. La cita busca también que los programas electorales incluyan medidas de protección al colectivo.
Precisamente ayer, el conseller de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, dijo que saldará la deuda de 70 millones antes de final de año asegurando que el sector es «prioridad» para el Govern.
