CERMI
La Fundación Cermi Mujeres traslada a Montón las principales demandas de las mujeres y niñas con discapacidad
Una delegación de la Fundación Cermi Mujeres (FCM) mantuvo este jueves un encuentro con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en la que se abordaron las prioridades de la agenda política de las mujeres y niñas con discapacidad.
En la reunión, la ministra estuvo acompañada por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz, y el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos.
Por parte de la FCM asistieron la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez Narváez; los miembros del Patronato de la fundación José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Cayo Pérez Bueno y Alberto Durán; la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, y la secretaria del Patronato, Pilar Villarino.
Ana Peláez inició su intervención agradeciendo a la ministra “que haya creído en las mujeres con discapacidad”, felicitándola por haber elegido a una mujer con discapacidad como secretaria de Estado de Servicios Sociales, en referencia a Pilar Díaz, que además tiene un “amplio conocimiento del tejido asociativo de la discapacidad”.
Entre las prioridades apuntadas por la vicepresidenta ejecutiva de la FCM se encuentra la de acabar con las esterilizaciones forzadas que todavía se practican contra mujeres y niñas con discapacidad. Asimismo, subrayó la necesidad de terminar con la discriminación múltiple que sufre este grupo social, derivada del hecho de ser mujer y por tener una discapacidad, pese a que suponen el 60% de la población total con discapacidad en España.
También urgió a reforzar la lucha contra la violencia machista, para lo que es imprescindible conocer en detalle cómo afecta este problema a las mujeres con discapacidad. Por ello, planteó que la próxima macroencuesta que se lleve a cabo sobre violencia de género tenga en cuenta también a las mujeres con discapacidad.
Por último, Ana Peláez invitó a la titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a participar en las citas más destacadas de la agenda de la FCM en los próximos meses.
El CERMI insiste en el Congreso en la necesidad de reformar la Constitución y mejorar las políticas sobre discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este martes en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha insistido este martes en el Congreso de los Diputados en la necesidad de reformar la Constitución Española para que se recojan derechos sociales como fundamentales, incluyendo los de las personas con discapacidad, amén de mejorar las políticas públicas, para que la vida de este grupo social sea algo “decente, digno y sugestivo”.
Así se manifestó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja a petición del PSOE y del grupo catalán Democracia y Libertad (DYL). Dicha comparecencia sirvió para hacer una radiografía general de la situación de la discapacidad en España en la actualidad y para presentar las principales demandas de la entidad en esta materia para los próximos años.
El máximo representante de la plataforma de la discapacidad destacó que para el CERMI, una de las prioridades es “la revisión del ordenamiento jurídico estatal para acomodarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el gran marco referencial político e ideológico”.
En este sentido, a fin de que se cumpla la Convención en España, urgió a los grupos políticos a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación que sufren 80.000 personas que no pueden ejercer su derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. “Esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos reconocidos por la ONU”, añadió el presidente del Cermi, quien además pidió que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad ante la ley, puesto que “ninguna persona debe no ser titular de sus derechos”.
Además, aprovechó su comparecencia para pedir que la Comisión de Discapacidad goce de carácter legislativo, y que por tanto pueda aprobar leyes, yendo más allá del carácter permanente que ya ha adquirido.
Asimismo, el responsable de la entidad exigió que pese a los avances en los últimos años, “hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a las que se puede someter a algunas personas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, porque hay aquí también discriminación de género”. En esta línea, alertó de que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión, como a su juicio prueba el hecho de que tengan una menor inserción laboral o sufran en mayor medida violencia de género.
Por otro lado, Pérez Bueno urgió a todos los partidos políticos a que se recuperen y mejoren los recursos en materia de servicios sociales que se han visto mermados como consecuencia de la crisis económica, dado que “los imperativos constitucionales de igualdad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen vigentes y existen los mismos mandatos y obligaciones de actuar”.
Así, pidió el voto afirmativo a todos los partidos a la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el CERMI cuando sea sometida a votación para la toma en consideración del texto “y en todo caso, que sea corregido y mejorado”.
Como recordó Pérez Bueno, la ILP pretende que se modifiquen los criterios actuales de copago en materia de dependencia, aunque pidió que no se confunda la terminología entre discapacidad y dependencia, puesto que sólo uno de cada cinco ciudadanos con discapacidad está en situación de dependencia.
Educación inclusiva
El presidente del CERMI se refirió durante su comparecencia en Comisión a la necesidad de apostar plenamente por un sistema de educación inclusiva que sustituya a la segregación que todavía se practica con algunas personas con discapacidad. En este sentido, recordó que en los años 80 se consiguieron “importantes avances”, pues se pasó del 20% de los alumnos con discapacidad en la enseñanza inclusiva al 80%, pero en los últimos 15 años se ha producido un estancamiento, “nos hemos quedado en zona de confort”.
Por otro lado, el presidente del CERMI exigió que se siga avanzando en materia de accesibilidad universal en bienes y servicios de interés público, y aunque no se cumplirá el tope legal de 2017 para que estos entornos sean accesibles, pidió a los partidos que no modifiquen este límite, a fin de que sirva de presión para quienes no han cumplido esta normativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos sufraguen el coste de reformas por barreras arquitectónicas, puesto que el 70% de las viviendas presentan problemas de este tipo, fue otra de las reivindicaciones del Cermi, junto a propuestas encaminadas a fomentar “la activación” de las personas con discapacidad, que a su juicio, está directamente ligada a la empleabilidad.
Apoyo de los partidos
Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados mostraron su disposición a atender las demandas del CERMI. De esta forma, la portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad, Silvia Valmaña, declaró que escuchar al representante del movimiento de la discapacidad “es la mejor forma de empezar una legislatura”, y destacó el importante trabajo que a su juicio se ha llevado a cabo en colaboración con el Cermi durante los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por parte del Grupo Socialista, Joan Ruiz hizo hincapié en los logros que se alcanzaron durante los años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la legislatura siga adelante para que se continúe avanzando en materia de discapacidad y “para recuperar derechos perdidos”.
Mientras, la diputada de Podemos Miriam Alba Goveli, mostró su deseo de que la Comisión de Discapacidad adquiera carácter legislativo, y manifestó también su preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
En términos similares se manifestó también la diputada de Ciudadanos Orlena Miguel, quien subrayó que “esta será seguramente la Comisión que más consenso consiga entre los partidos políticos”. Además, mostró su apoyo a la iniciativa del Cermi de modificar la Constitución, y explicó que a su juicio, también debería recoger la dotación presupuestaria de los servicios sociales, “porque si eso no se hace, puede pasar como con la Ley de Dependencia, que haya buena intención y se quede sólo en el papel”.
Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, afirmó que “tenemos muy claro cómo tiene que ser el modelo que tiene que tener este país y Navarra en relación con las personas con discapacidad”, y enumeró la atención temprana, la sensibilización social o la igualdad como ejes fundamentales en esta materia.
Por último, la diputada del PNV Pilar Ardanza puso como ejemplo de inclusión para las personas con discapacidad al País Vasco, y celebró que en estos años de crisis no se hayan hecho recortes en este ámbito por parte de la administración autonómica. Mientras, las parlamentarias Ester Capella (ERC) y Elena Ribera (DYL) pusieron de relieve de contribuir a mejorar la situación de la discapacidad en el conjunto de España “pese a que nosotros queremos hacer la independencia”.
Fuente: Diario La Comarca de Puertollano
El Cermi pide que no se embarguen prestaciones económicas dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha elaborado una propuesta para declarar la «inembargabilidad» del complemento de la pensión de «gran invalidez» de la Seguridad Social y de las prestaciones económicas a personas en situación de dependencia.
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid situándose el mayor porcentaje de estos vecinos entre los distritos de Puente de Vallecas (6,3 por ciento), Usera (6,2) y Villaverde (6,1), según reflejan en los últimos datos obtenidos desde la Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad, facilitados este jueves por el Ayuntamiento de Madrid.
La delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Dolores Navarro, ha presentado el primer plan de inclusión social para personas con discapacidad en la capital, para el que el Consistorio madrileño destinará 71 millones de euros.
Según la base de datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, en la capital había172.750 personas con discapacidad a 31 de diciembre de 2012 -un 8 por ciento más que en 2010-, de las que 88.697 son mujeres. El 55 por ciento muestra un grado de discapacidad que abarca la horquilla entre el 33 y el 64 por ciento.
Del total de estas personas, el 61,9 por ciento tienen discapacidad física (mayoritariamente mujeres, 55.101 y 51.771 hombres), es decir, por cada ocho personas con discapacidad cinco la tienen física. El 21,3 por ciento es psíquica, y en este caso son los hombres los que más presentan discapacidad intelectual, (9.293 y 6.569 mujeres) y más las mujeres con enfermedad mental, (11.067 y 9.870 hombres). El 16,8 por ciento padecen discapacidad sensorial (cinco de cada nueve son mujeres, 15.960 frente a 13.119 hombres). Del conjunto se desprende que la ratio por sexo es superior en mujeres con 51 por ciento.
Por edades, cuatro de cada nueve personas con discapacidad tienen más de 65 años (el 44 por ciento del total de personas discapacitadas) y a partir de esta edad aumenta la presencia de mujeres (cuatro de cada siete personas). El 51 por ciento de las personas discapacitadas se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 64 años, y el 5 por ciento son menores de 18 años.
Plan de inclusión social
Entre las medidas del plan presentado este jueves se incluyen cursos al personal municipal en materia de discapacidad, consolidar el incremento de las plazas reservadas en el programa Centros Abiertos en Inglés en todos los periodos vacacionales, más aulas de musicoterapia, aumentar el número de modalidades deportivas con atención a los tipos y niveles de discapacidad, mejoras en la movilidad incentivando la adquisición de taxis o instalando 600 reservas de espacio para vehículos de personas con movilidad reducida, conservando las 800 ya concedidas. También se incluye la necesidad de favorecer el autoempleo, con actuaciones como la de reservar empleo en los contratos administrativos municipales con otras empresas a trabajadores con una discapacidad superior al 2 por ciento.
El plan se ha organizado en cinco áreas (formación y sensibilización; participación activa de las personas con discapacidad; accesibilidad; empleo y empleabilidad, y prestaciones sociales), tres líneas de acción y 138 actuaciones que se desarrollan de un modo transversal y coordinado a través de las diferentes áreas municipales con presencia en el Consejo Municipal de la Discapacidad.
A destacar que, por primera vez en un documento de estas características, se contempla la evaluación del impacto de género de cada una de las medidas desarrolladas. De esta forma, al evaluar la idoneidad de las mismas se incluye un informe para garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad en el desarrollo del plan.
Cermi andalucía aplaude la medida de la junta de distribuir casi 10,3 millones para la atención a la dependencia
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía) ha aplaudido la medida aprobada por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de una dotación extra de 10,29 millones para atender a las personas en situación de dependencia.
Esta dotación de casi 10,30 millones de euros se distribuirá entre las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar durante este año el mantenimiento de los contratos de trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.
De este modo, se garantiza la financiación para contratar a 268 trabajadores sociales, pese a la merma de 314 millones del Gobierno central para dependencia en los últimos tres años.
Por provincias, Almería recibirá 851.213 euros; Cádiz, 1,4 millones, y Córdoba, 1.147.233. Por su parte, Granada recibirá 1.161.290 euros; Huelva, 615.412; Jaén, 990.397; Málaga, 1,7 millones, y Sevilla, 2,35 millones de euros.
Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal
Según informó la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la Junta mantiene así este compromiso con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, a pesar de los cambios normativos y los recortes introducidos por el Ejecutivo nacional.
Las 167.700 personas beneficiarias de esta Ley en Andalucía representan el 22% del total nacional, estando cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional, que es del 18%. Según informó Sánchez Rubio, una de cada cuatro prestaciones de dependencia se da en Andalucía -hay 228.557 prestaciones concedidas-, así como que el 35% de la ayuda a domicilio del total de España se presta en Andalucía, y el 47% de la teleasistencia.
Cermi: «la ley de dependencia, un intento fallido siete años después de su aprobación»
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) hizo un balance negativo de los siete años que se cumplen este sábado de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Para el comité, este dispositivo normativo «ha traído más decepciones que soluciones a los centenares de miles de personas con discapacidad y mayores que necesitan apoyos intensos para su autonomía personal».
La entidad que preside Luis Cayo Pérez señaló en un comunicado que «la falta de voluntad, los desencuentros y los crecientes recortes de los distintos gobiernos y administraciones públicas responsables de su puesta en marcha en estos siete años han llevado a un fracaso colectivo que ha defraudado las enormes expectativas de mejora de la atención que habían depositado en este texto legal las personas mayores y con discapacidad».
«Siete años después de su entrada en vigor, el balance que hace el movimiento social de la discapacidad no puede ser más que negativo, ya que estamos lejos de ver implantado un sistema de protección social, con rango de auténtico derecho, que proporcione apoyos reales y efectivos para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad y mayores», afirma la nota.
El comité tiene una sensación «de oportunidad desaprovechada y de intento fallido, que revela la incapacidad de las estructuras de poder del país, para conectar con las necesidades genuinas de la población más expuesta a la vulneración de sus derechos y darles soluciones eficaces a la altura del problema».
Ante esta «triste» situación, el Cermi reclama «un auténtico pacto de Estado que revitalice la Ley y su aplicación, corrigiendo los errores cometidos, orientando el sistema hacia la autonomía personal y garantizando una financiación adecuada que no haga recaer el esfuerzo una vez más en las personas con discapacidad y mayores, y en sus familias».
Discapacidad. Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre
Los 19 Cermis Autonómicos llevarán en próximo 1 de diciembre la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ a todo el país, para reclamar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y en protesta contra los recortes sociales.
Según informó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de este modo las plataformas territoriales de la discapacidad continuarán en diciembre de 2013 la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’, que tuvo su inicio el 2 de diciembre de 2012, encabezada por el Cermi Estatal y que se tradujo en una marcha cívica que reunió a más de 90.000 personas en Madrid.
La estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ puesta en práctica por el Cermi consiste en una campaña permanente de presión política para contrarrestar los retrocesos de derechos, de inclusión y de bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia de la crisis y las decisiones políticas de recortes económicos y sociales.
«‘SOS Discapacidad’ tiene pues su continuidad en 2013 en los territorios, culminando el día 1 de diciembre, antevíspera del día internacional de la discapacidad, en sendos actos cívicos en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión de la movilización de la discapacidad organizada por sus derechos, inclusión y bienestar», indica el comité.
Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.
Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.
La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.
Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.
Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.
El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.
Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.
Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.
«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.
La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto
Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.
Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.
En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.
La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS
Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.
Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido. Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.
En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».
Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.
PROPUESTAS
Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.
También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.
La contratación de empleados con discapacidad crece en 2013 un 10,4% hasta los 45.135 contratos
La contratación de empleados con discapacidad crece en lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de 2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de este colectivo trabajadores «aumentaría más intensamente» si España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción de la inclusión laboral, «global, amplio y actualizado», para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
«La evolución positiva de la contratación, a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española, ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente esta tendencia favorable a la inclusión laboral», señalan desde el CERMI.
El número de contratos acumulados a agosto de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a agosto de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a agosto de 2013 se ha realizado un total de 32.049 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 14,83% respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a agosto de 2012 (27.908 contratos).
Esta realidad global del país tiene una distribución territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo. El CERMI destaca también que la contratación acumulada en agosto de 2013 supere la realizada en el acumulado a agosto de 2011 (es superior en un 15,4%).
CERMI denuncia que el proyecto la de Ley de Apoyo a Emprendedores «omite por completo» a la discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores «es decepcionante» puesto que «omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social».
Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que «para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes». Por ello, considera que es «innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse». «Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos», ha apuntado.
«Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso».
Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad «no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas». «Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad», ha añadido.
Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les «borren del mapa», «no significa que no existan y que estén vivos». En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. «Presionaremos para que terminen acogiendo alguna», ha aclarado.
