Copago
El País Vasco esquivará el copago compensando a las rentas más bajas
Euskadi fue el pasado 1 de julio la última comunidad autónoma en aplicar el copago farmacéutico decretado en 2012 por el Ministerio de Sanidad y será la primera en poner en marcha un mecanismo de compensación. El Gobierno vasco aprobó este martes, en su reunión semanal, el decreto por el que, a partir de diciembre, los colectivos más vulnerables podrán solicitar la ayuda.
Según la estimación del Departamento de Salud, las compensaciones llegarán a 400.000 personas —la comunidad autónoma tiene 2,1 millones de habitantes—. En un principio, el Gobierno habló de 546.374 personas compensadas. Es la cifra de pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, parados sin prestación e inmigrantes con más de un año de empadronamiento y escasos recursos, los tres grupos que recibirán compensaciones. Los colectivos afectados —deben contar con una tarjeta sanitaria expedida en Euskadi— podrán solicitar la ayuda a partir de diciembre con efectos retroactivos a 1 de julio y los pagos comenzarán en 2014, año para el que el Ejecutivo autónomo ha reservado 18 millones de euros ampliables. La solicitud la deberán realizar los propios pacientes una vez al año en su centro de salud y el departamento abonará las cuantías al menos una vez cada seis meses.
Ante la posibilidad de un recurso contra la medida por parte del Gobierno central, el vasco ha tomado la decisión de no hablar de compensación del copago. Tampoco lo hizo al presentar el decreto. El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó que la compensación es una “ayuda social” para “asegurar la adherencia a los tratamientos” de personas en situación “objetiva de enfermedad y necesidad”. Darpón lo enmarcó en el plan de salud vasco, que exige eliminar las desigualdades en el acceso a la sanidad, y añadió que no están “cuestionando” la legislación española, sino habilitando instrumentos propios dentro del marco competencial autonómico.
El Ministerio de Sanidad afirmó este martes que estudiará el decreto del Gobierno vasco antes de decidir si lo recurre. Una portavoz recordó que los parados de larga duración están exentos del pago desde que se puso en marcha la medida. El Ministerio sí recurrió a la justicia cuando Euskadi se declaró insumisa al copago farmacéutico y se negó a aplicarlo en su territorio. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que obligaba a poner en marcha el copago, que finalmente llegó a las farmacias en julio, es decir, justo un año después de que se iniciara en el resto del Estado. “Estamos en desacuerdo pero lo aplicaremos”, aseguró entonces el consejero Darpón.
A diferencia de otras comunidades, como Madrid, el País Vasco puso en marcha desde el principio un sistema que permite alertar a las farmacias de que se ha llegado al tope de aportación de cada usuario (en el caso de un pensionista, 8, 18 o 60 euros, en función de la renta), lo que evita los complejos trámites de devolución. Madrid, por ejemplo, cobró en los dos primeros meses de implantación 2,3 millones de euros de más a los pensionistas, que luego tuvo que devolver.
Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, es una de las que lidera ahora la insumisión al copago de fármacos hospitalarios, la última medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, en vigor desde el 10 de septiembre, pero que ninguna región ha puesto aún en marcha. El País Vasco y Andalucía, entre otras, también han criticado el copago de los medicamentos que los enfermos recogen en los hospitales.
La Generalitat reclamará deudas a 600 ancianos con recursos que se niegan a copagar la residencia
La Generalitat reclamará facturas impagadas a los 600 ancianos catalanes que, pese a contar con suficientes recursos, se niegan a abonar el copago correspondiente a su situación en las residencias públicas en las que viven, a riesgo, en última instancia, de ser expulsados del geriátrico.
Así lo ha anunciado la directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), Carmela Fortuny, a la salida de una reunión entre el departamento, las patronales sociales y el sector de las residencias catalanas, donde han aprobado un protocolo para que sea la administración la que reclame a estas personas mayores las deudas pendientes por una cuestión de «justicia social».
El importe impagado asciende a 2 millones de euros, lo que significa el 0,68% de la facturación del Icass, y esta persecución pondrá fin a una «gran reivindicación» del sector de las residencias a la administración, ha indicado Fortuny, que ha admitido que hasta ahora no se había actuado.
El protocolo constata una «tendencia al alza» de las negativas a pagar, por lo que ahora la administración se propone hacer frente a las deudas acumuladas y exigir la obligatoriedad de la aportación.
Sobre la posibilidad de expulsar de la residencia a un anciano que se niegue a pagar, la directora del Icass ha dicho que esta opción «es posible, pero no es la voluntad» tener que llegar a este extremo, por lo que la administración emitirá varios advertimientos, como ha venido haciendo en una prueba piloto que ha demostrado que las personas empiezan a pagar.
A partir del protocolo firmado, la Generalitat empezará a actuar con todas las vías legalmente establecidas, aunque Fortuny ha reiterado: «Iremos más por la vía de la pedagogía, de la insistencia y en colaboración con las residencias».
«Nos podemos encontrar casos en que la persona no paga porque es la familia la que le quita el dinero, y esto tenemos que ir con mucho cuidado y mirar los casos de forma singular», ha advertido la directora del Icass, que ha recordado que generalmente el copago de la plaza pública es del 33%, aunque depende de la situación económica de cada uno.
Se trata de un «procedimiento largo y con muchos mecanismos jurídicos», ha insistido Fortuny, que ha remarcado que los casos son complejos y no se reducen a una mera negativa de pagar, por lo que se someterá a estudio cada situación.
Por otro lado, el sector ha aprobado reducir el número de horas de atención a los ancianos que llevan a cabo los psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales con el fin de «adaptar los requerimientos profesionales a la situación actual de las residencias», en que una media del 73% de los usuarios son grandes dependientes –de grado II o III–, ha defendido Fortuny.
Según Fortuny, el objetivo de la medida es doble, ya que por un lado se propone adaptar la ratio de los profesionales al perfil de los atendidos y, por el otro, trata de dar un balón de «oxígeno» a las residencias, que cargan con una deuda millonaria por parte de la administración.
La directora del Icass ha explicado que los profesionales afectados mantendrán su categoría profesional, y, de entrada, solo deberán ir menos horas al centro en función de las directrices de las residencias que sí mantendrán la figura del médico, gerontólogo y enfermera.
47 HORAS MENOS DE ATENCIÓN
En concreto, un anciano dependiente de grado III dejará de recibir 47 horas de atención anuales de las especialidades citadas, mientras que uno de grado II verá reducida este seguimiento en 34 horas.
«Sabemos que con estas medidas la atención no será mermada», ha asegurado la directora del Icass, que se ha reunido con la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra), La Unió, el Consorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), Centros Sociosanitarios Católicos, la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir) y la Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya.
Aragón no aplicará copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el 1 de octubre y plantea compensaciones
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es «materialmente imposible» aplicar el nuevo copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su Departamento estudia «medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente».
En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, ha expresado su «total acatamiento de las normas» y su voluntad de poner en marcha esta medida «lo antes posible», si bien «más prisa me corre tener claro cuál es el límite de aportación que desde un punto de vista social sería admisible y es ahí donde queremos incidir en primer lugar».
En este sentido, por un lado, ha aclarado que la lista de los 157 medicamentos incluidos en este copago «se conoció el viernes» y hacen falta «unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos» que no se arbitran «de un día para otro».
Por otro lado, ha precisado que están analizando «uno por uno» los medicamentos para conocer «cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros», y aunque «en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica», «en otros no» y «es ahí donde queremos incidir».
Oliván ha dicho que el objetivo es que, «teniendo en cuenta la renta» del paciente, la aportación que haga «sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna», diferencia que «asumiría» la Comunidad autónoma, de forma que, «la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos».
Gasto significativo
El consejero de Sanidad ha relatado que el impacto de cada medicamento en la aportación de cada paciente depende, por ejemplo, de las dosis que se tomen a lo largo del año, para comentar que hay casos en que el gasto para el paciente sería «significativo» y, entonces, se aplicarán medidas compensatorias.
Así, ha glosado que hay medicamentos cuyo coste es de 3.000 euros la dosis y la aportación final sería de 30 euros, mientras que otros con el mismo precio por dosis pueden suponer para el paciente el pago de 500 euros o más.
Por otra parte, ha argumentado que este copago es «coherente» con el que ya existe con los medicamentos que se compran en las farmacias y ha aclarado que se aplicará a los fármacos «que recogemos en el hospital y nos llevamos a casa, no a los que nos suministran en el propio hospital, cuando estamos ingresados o cuando tenemos que pasar por algún tratamiento».
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Cocemfe dice que el copago en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria ambulatoria es otra barrera de acceso al SNS
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) afirma que al copago que se establecerá a partir del 1 de octubre en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria pero sin hospitalización, supone «imponer nuevas barreras de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS)».
En concreto, exponen que esta medida publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afectará «a las personas que más necesitan los servicios sanitarios», motivo por el que muestran su rechazo a la misma.
A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago «se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas» y, todo ello, «por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario».
Por ello, Cocemfe solicita al Ministerio de Sanidad «que rectifique esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria». En concreto, con el objetivo de que sigan recibiendo «gratuitamente» los medicamentos en el entorno hospitalario», indica García.
«Se trata de una medida disuasoria y recaudatoria sin sentido», continúa el máximo representante de la confederación al tiempo que señala que, en la dispensación de estos medicamentos, «no se produce ningún tipo de exceso ni derroche al ir dirigidos a personas que necesitan de por vida seguir un tratamiento».
Por contra, apuesta por retomar el diálogo entre el sector social de la discapacidad y el Ministerio de Sanidad, algo que considera que debe realizarse a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Los beneficiarios asturianos de la ayuda a domicilio deberán pagar hasta 10 euros a la hora
Los beneficiarios asturianos de las prestaciones de la Ley de Dependencia deberán abonar, con carácter retroactivo al pasado 1 de julio, una parte del coste de los servicios que reciben y, además, verán recortado el volumen de horas semanales de ayuda a domicilio que tenían asignado por parte la Administración regional. Así se lo está comunicando a los afectados, por medio de una carta, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado, cuyos responsables aseguran que han pospuesto hasta el límite legal una medida que -subrayan- se deriva de los recortes aplicados al sistema de dependencia por iniciativa del Gobierno central.
El recorte fue denunciado ayer por Julio Carretero, secretario general de UGT en Siero, quien ha recogido las quejas formuladas por las trabajadoras de ayuda a domicilio de la comarca sierense. «Los usuarios les están comentando que han recibido una carta y que, como consecuencia de su contenido, muchos de ellos se ven obligados a reducir o anular la demanda de ayuda porque, sencillamente, no pueden pagarla», señaló Carretero.
El dirigente ugetista agregó que el coste de las prestaciones para los usuarios puede alcanzar los diez euros a la hora. A juicio de Julio Carretero, la implantación de un copago -pago compartido entre las administraciones públicas y los ciudadanos- tiene una doble repercusión negativa. Por un lado, para los beneficiarios, en su mayoría pensionistas con recursos económicos limitados, que no pueden afrontar el coste y se ven obligados a restringir las horas de ayuda que reciben. Por otro, para el colectivo de trabajadores -mujeres en su práctica totalidad- dedicados a la prestación de estos servicios, que inevitablemente serán víctimas de «una pérdida de empleo en un momento muy crítico para todos».
La misiva enviada a los usuarios de la dependencia lleva la firma de la jefa de servicio de atención a la dependencia. El documento explica los cambios en la regulación de la dependencia promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el epígrafe de la ayuda a domicilio, señala que «la nueva intensidad de horas» del servicio -esto es, el recorte de tiempo- entrará en vigor «a partir del primer día del mes siguiente al que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión». En el capítulo de copago, indica que sus efectos tienen carácter retroactivo con fecha 1 de julio de 2013.
Una portavoz de la Consejería de Bienestar Social precisó ayer que las cuantías que deberán abonar los usuarios no han sido estipuladas por el Gobierno asturiano, sino por el Ejecutivo central con arreglo a una fórmula matemática que combina los ingresos y otros datos de cada beneficiario.
Galicia abre servicios de residencias a dependientes que no vivan en ellas
Galicia modificará en 2013 su cartera de atención a la dependencia e introducirá cambios «pioneros», puesto que incluirá recursos específicos para cada tipo de discapacidad y «romperá la barrera» de los 65 años –o 60 en algunos casos– para acceder a determinados servicios. La puesta en marcha de este nuevo modelo se concretará en el último trimestre de este año.
«Galicia se convertirá en la primera comunidad que abandona el modelo tradicional de los servicios sociales que era acreditar centros y lo cambia por un nuevo paradigma, que consiste en acreditar servicios de cada centro», ha explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras analizar el decreto en el Consejo de la Xunta.
A modo de ejemplo, ha señalado que este cambio supondrá, entre otras cuestiones, que en una residencia o centro de día se podrá acreditar no sólo su papel como residencia asistencial, sino que se podrán acreditar por separado servicios como el de fisioterapia, al que se abrirá el acceso para personas que no residan en el centro.
Para poder convertirse en usuario del servicio acreditado, Feijóo ha explicado que habrá que contar con la condición de dependiente y tener una propuesta de su programa individual de atención.
También se «romperá la barrera de la edad». Así, por ejemplo, una persona de menos de 60 años con una enfermedad degenerativa podrá acceder a una residencia. Según la Xunta, los usuarios podrán acceder a un menú de servicios flexible, una especie de traje a la medida donde se podrán combinar los diferentes recursos existentes para la atención a la dependencia».
MODELO DE COPAGO
En cuanto a la financiación de los servicios, preguntado al respecto, Feijóo ha respondido que el decreto se va a desarrollar para que esté «en el último trimestre» plenamente cerrado y que, por el momento, «no hay previsión» de cambios determinantes, aunque si ha avanzado bonificaciones para determinados colectivos.
Así, ha incidido en que el Gobierno gallego intentará «reducir el pago» para casi el 50 por ciento de usuarios que pernocten en residencias y para «prácticamente el cien por cien» de las personas con discapacidad.
«También haremos reglas de participación en el coste de servicios atendiendo a la renta», ha admitido Feijóo, si bien ha insistido en que el objetivo «fundamental» no es «una enmienda» al sistema de cofinanciación vigente, sino «poder ofrecer más servicios con los precios actuales».
Feijóo también ha anunciado que la Xunta invertirá casi 2 millones de euros en la construcción y equipamiento de cinco centros de día en Leiro, Muiños, Montederramo y Cualedro –en Orense– y en Palas de Rei (Lugo). Estas instalaciones sumarán 247 plazas, 198 en Orense y 49 en Lugo.
NUEVOS COLEGIOS
Por otra parte, Cultura e Educación invertirá casi 8 millones de euros para la construcción de un nuevo CEIP en Oleiros y una nueva escuela de Educación Infantil en Betanzos.
Asimismo, el presidente gallego ha remarcado que el Gobierno gallego «refuerza» las enseñanzas de FP en la comunidad a través de la renovación del convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción para que los estudiantes del ciclo medio de carpintería y mueble que se imparte en el CIFP Politécnico de Lugo puedan usar las instalaciones y los equipamientos de esta Fundación.
También se renovará el acuerdo con la Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada para la formación práctica en el ciclo de grado medio en carpintería y mueble, que se imparte en el IES Antón Losada Diéguez.
En tercer lugar, los estudiantes que cursen en el CIFP Ánxel Casal Monte-Alto (A Coruña) el ciclo de grado superior de FP en radioterapia podrán emplear las instalaciones especiales de la Fundación Centro Oncolóxico Rexional de Galicia.
CENTRALIZACIÓN DE CONTRATOS
El Consejo de la Xunta también ha analizado la decisión del Servicio Gallego de Salud de contratar para todos sus centros asistenciales de un servicio de mantenimiento integral de equipamientos de alta tecnología con el objetivo de unificar y garantizar la seguridad y la profesionalización en este ámbito.
Entre los equipamientos incluidos se incluyen los de tomografía axial computarizada (TAC), los de tomogafía por emisión de positrones (PET); los de radiología y mamografía digital; y los equipos de resonancia magnética. La contratación de un servicio de mantenimiento integral permitirá un ahorro del 4 por ciento, según la Xunta.
La Comunidad de Madrid paga el 80% de los servicios de dependencia y el Estado el 10%
La Comunidad de Madrid costea actualmente al 80 % de los servicios vinculados a la ley de dependencia a pesar de que la legislación recoge que las autonomías tienen que aportar un montante igual al del Estado en la financiación, explica en una entrevista concedida a Efe el consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel.
Mientras que en las prestaciones económicas en el entorno familiar la regla del 50 % de aportación de las dos administraciones sí se cumple, admite Fermosel, en las prestaciones por servicios el Gobierno aporta solo «entre un 8 y un 10 %», un porcentaje similar al de los ciudadanos -la ley establece un copago en función de la renta-.
El consejero de Asuntos Sociales aguarda que esta situación cambie, y el que Consejo Inteterritorial acepte una reivindicación antigua como la de que el mínimo garantizado se eleve en el caso de estos recursos «de coste elevado».
Fermosel, que recuerda que Madrid destina más de 900 millones de euros a la dependencia, se queja de que el Estado, que aporta ese mínimo garantizado en función del grado del dependiente, financie «en torno a 250 euros» de una plaza de residencia que cuesta 1.800.
«La inmensa mayoría de las comunidades interpretaron el espíritu de la ley un poco por las hojas», prosigue el consejero, que dice que no atendieron al criterio de que los servicios son prioritarios, y no las pagas.
«El 44 % de los dependientes tienen prestación económica en el entorno familiar en España y en algunas comunidades este porcentaje supera el 60 %. Madrid está entorno al 20 %», añade Fermosel, que remarca que las prestaciones deben ser una «excepcionalidad».
Para ejemplificar el grado de insatisfacción de las comunidades, el consejero remarca que hasta el propio PSOE, cuando gobernaba tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha, pensó en «suspender» la ley por falta de financiación.
«Zapatero mintió en una sola frase dos veces cuando dijo que la ley iba a estar dotada de inicio con 1.000 millones de euros; pues ni inicio, ni 1.000 millones», se queja el consejero, que añade que por ley se atiende a menores de 0 a 3 años gracias a una enmienda del PP.
Euskadi implanta el copago farmacéutico a partir de este lunes
El Gobierno vasco aplicará el copago farmacéutico a partir de este lunes, 1 de julio, en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que suspendió el decreto del Ejecutivo autónomo que pretendía evitarlo.
El copago se implantará a la vez en todos los territorios y en la totalidad de las farmacias de la Comunidad autónoma. Las aportaciones derivadas del copago farmacéutico en Euskadi se situarán, según las primeras estimaciones del Ejecutivo vasco, entre los 16 y los 20 millones de euros anuales.
Por su parte, el Gobierno ha invertido, para su puesta en marcha, 422.000 euros en una aplicación informática dirigida a la farmacia que quiere hacer el copago «lo menos gravoso» posible a la población. A diferencia con lo que ocurre en otras Comunidades autónomas, en Euskadi, las personas que lleguen al tope de aportación no tendrán que adelantar más dinero y esperar posteriormente a su reembolso.
De esta forma, los perceptores de las pensiones más bajan pagarán un máximo de ocho euros al mes y, en ningún caso, tendrán que hacer aportaciones por encima de esa cantidad». El Gobierno vasco ha manifestado, en numerosas ocasiones, que está en desacuerdo con la aplicación del copago pero lo hará en cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto 114 del Gobierno vasco.
Precisamente, el gabinete Urkullu ha argumentado que su oposición a esta medida ha permitido retrasar durante un año su entrada en vigor en Euskadi, que será, de hecho, la última comunidad autónoma de todo el Estado en implantarla.
La aplicación
El Ejecutivo autónomo lleva seis meses trabajando en una aplicación informática para instalar en las farmacias con el objetivo de que sea «lo menos gravoso para la población, especialmente, para los pensionistas».
Esa aplicación se instalará en las farmacias y permitirá consultar el tipo de aportación de cada persona, además de «controlar los límites máximos de esa aportación para evitar los reintegros de gastos. A partir de la entrada en vigor del copago, las recetas tendrán un código TSI de aportación y las personas usuarias deberán abonar el porcentaje asociado, que dependerá de su situación sociolaboral y nivel de renta».
Las rentas por debajo de los 18.000 euros anuales seguirán costeando, como hasta ahora, el 40 por ciento de los medicamentos adquiridos con receta oficial, y, desde esa cifra hasta los 100.000 euros, tendrán que costear el 50 por ciento. Quienes superen los 100.000 euros de renta anual tendrán que abonar el 60 por ciento.
En el caso de las personas pensionistas, con carácter general, pagarán el 10 por ciento del precio del medicamento, con un tope mensual por persona establecido en función de su renta. Quienes perciban menos de 18.000 euros pagarán un máximo de 8,14 euros al mes por persona. Si la pensión oscila entre 18.000 y 100.000 euros, un tope de 18,32 euros al mes, en el caso de rentas por encima de 100.000 euros, el tope se establece en 61,08 euros por personas y mes.
En todos los casos, quedarán exentos las personas afectadas de síndrome tóxico, con discapacidad contemplada en la normativa específica, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o de pensiones no contributivas, parados de larga duración cuando se les haya agotado el subsidio y en tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La Comunidad de Madrid exige el 25% de su pensión a ancianos que cobran 360 euros al mes para que puedan conservar su plaza en pisos tutelados
En el acogedor apartamento de Ildefonso Gallardo, una docena de pensionistas se reúne una tarde. “Me llamo Ada Romo, pero sin hache, porque si fuera un hada cogería mi varita y me pondría a arreglar todo lo que está mal”, se presenta una de las asistentes. Ada, Gisela, Reina, Héctor, Magdalena, Isabel e Ildefonso son algunos de los 135 ancianos que viven en los pisos tutelados que la Comunidad de Madrid tiene en Leganés, destinados al alojamiento y supervisión de las personas mayores que carecen de una casa adecuada donde vivir.
Ninguno de los presentes es menor de 65 años y todos viven entre el temor y la indignación desde que supieron que a partir de abril tendrán que pagar el 25% de su renta para continuar viviendo en este centro. Ellos y el resto de los 595 usuarios de los seis edificios que mantiene el Gobierno regional pagaban, hasta ahora, solo lo que gastasen de luz, agua y gas: unos 100 euros al mes.
La mayoría cobra pensiones de entre 300 y 400 euros, pero tras aplicarles una nueva tasa aprobada por la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012, les quedará unos 200 para pagar sus gastos de comida, higiene, limpieza, ropa, transporte o medicamentos. “Ya no podré ni darme el gusto de comprar un jersey porque no me va a quedar nada”, lamenta Ada, que tendrá que pagar 80 euros de una pensión de 370 con la que se mantienen ella y a su marido.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que los gastos del suministro (luz, agua, calefacción…) irán a partir de abril incluidos en la nueva tasa, pero estos ancianos afirman no haber sido informados de ello. “Al contrario, yo le he preguntado a la directora del centro y me ha dicho que le extraña mucho”, precisa Ildefonso. Tiene 77 años y vive en un apartamento individual. Antes de jubilarse fue guía turístico, habla cinco idiomas y ha trabajado en España, Suiza y Alemania. “En Canarias ganaba bien, pero en 1979 mi madre se puso enferma y me tuve que volver a Madrid”, recuerda.
Desde entonces, solo pudo ganarse la vida haciendo trabajillos de traducción que cobraba en negro. Ahora dispone de una pensión no contributiva de 364 euros. Al restar los gastos y desde el 1 de abril, 106,94 euros más por el piso, de 40 metros cuadrados, le quedarán algo más de 150 euros para comer.
La horquilla de la tasa se sitúa entre un 15 y un 25% en función de los ingresos de cada usuario y de si ocupan un piso con otra persona o en solitario. A Ildefonso le toca el porcentaje máximo porque vive solo y cobra más de 320,19 euros. Este pensionista denuncia la falta de transparencia de la Comunidad porque, calculadora en mano, demuestra cómo le cuentan las 14 pagas anuales para luego dividir el total entre 12 meses, con lo que al final abonará un 29% de su sueldo. “Me salen 91,24 euros pero me han dicho que tengo que pagar 106”. El resto de sus compañeros también abonarán el 25%.
“Lo único que hacemos es equiparar este servicio con el que da el Ayuntamiento, que cobra un precio público desde que lo puso en marcha”, indica una portavoz de la consejería. También recuerda que estas personas no son dependientes y que pueden buscar “otras opciones para vivir” si no están conformes.
Las más combativas son Reina Fernández y Gisela Nodarce, dos cubanas que no pueden ser más distintas y más iguales. La primera, de 73 años, es rubia y de piel rosada —“es que soy hija de asturianos”, dice— y la segunda es mulata y tiene 76. Cobran los poco más de 300 euros de la Renta Mínima de Inserción, y con su inconfundible acento insisten en que no podrán afrontar otro gasto. “Tengo hepatitis C y la glucosa alta, solo puedo tomar una alimentación especial en la que me gasto unos 200 euros al mes, por no hablar de los medicamentos”, relata Gisela. “No nos negamos a pagar una tasa, pero el 25% es demasiado”, completa Reina. “Si fuera un 10% podríamos asumirlo, o si nos incluyeran los suministros”. Ahora esperan que la Comunidad les diga cuándo tienen que dejar su piso.
Los mayores también denuncian con unanimidad presiones de la dirección para firmar los impresos y un procedimiento que consideran una intromisión en su intimidad. Aseveran no haber recibido ninguna información oficial de la consejería. “Podrían enviar una carta como hacen cada año para saber si seguimos vivos”, reprocha Ada. En vez de eso, se enteraron por la directora de los pisos, que no forma parte del personal de la Comunidad de Madrid sino de Eulen, la subcontrata que gestiona el centro. “Nos ha llamado uno a uno a su despacho y nos ha pedido las cartillas para ver nuestro número de cuenta”, advierte Ildefonso. Sus 11 compañeros le dan la razón y se preguntan por qué deben mostrar sus datos bancarios a la empleada de una empresa privada cuando ya aportaron información sobre su renta a la Comunidad al solicitar su plaza.
Según explican estos mayores, una vez en el despacho, la directora les entrega un impreso que informa de los baremos y que avisa de que “la negativa dará lugar a la perdida de condición de usuario”. “La directora nos dice cuánto tendremos que pagar una vez que firmamos, y eso es todo, yo tengo copia del documento porque lo pedí”, dice Ildefonso, al tiempo que señala su fotocopia con el importe que le toca abonar apuntado a bolígrafo en una esquina del folio. Preguntada por este procedimiento, la consejería detalla que Eulen hace la gestión y que ellos supervisarán los datos que reciban, y recomiendan a los mayores pedir copia de todo y resolver sus dudas en la Dirección General del Mayor.
Al día siguiente de la reunión, Ildefonso está apesadumbrado. La directora le ha llamado a capítulo por haber realizado el encuentro en su piso con tanta gente y con una periodista, pese a que el reglamento permite las visitas de amigos y familiares de 10 de la mañana a 10 de la noche. “Dice que he cometido una falta grave y que espera que la Comunidad no tome represalias”. La directora se niega a hablar con EL PAÍS. “Los residentes de los pisos y yo no podemos hablar con la prensa sin permiso de la Comunidad”, espeta antes de colgar. Asuntos Sociales aclara que solamente la directora del centro es quien no está autorizada a hablar.
Ese día, Ildefonso acude al Defensor del Pueblo a pedir ayuda. “Sabemos que no vamos a sacar nada, pero vamos a luchar por nuestros derechos y supervivencia. Quieren ponernos un bozal, pero no lo van a conseguir”.
Las autonomías avisan al Gobierno de nuevos errores en el copago
El sistema que gestiona el porcentaje de aportación de los ciudadanos sobre los medicamentos sigue generando errores. Seis meses después de la entrada en vigor de la norma que incrementó el copago farmacéutico, hay cientos de usuarios mal clasificados: algunos pagan más y otros menos de lo que les correspondería por su nivel de renta. Las comunidades alertan al Gobierno para que subsane los fallos. Algunas temen, además, que la implantación de nuevos tramos —como el Ministerio de Sanidad plantea hacer ahora para quienes ganen entre 18.000 y 100.000 euros (ahora pagan el 50%)— desajuste aún más una estructura informática compleja y se repitan las numerosas incidencias registradas durante las primeras semanas de aplicación. Sanidad asegura que los errores son puntuales y que su resolución es rápida.
Con su reforma sanitaria, el Gobierno de Mariano Rajoy decretó el pasado abril un cambio histórico: los pensionistas deberían pagar por primera vez por los fármacos. Desde julio, cubren un 10% de estos productos, con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros, según sus ingresos. Juan Francisco González, madrileño de 63 años, está jubilado desde hace casi cuatro meses. Pero cuando el médico le recetó varios fármacos hace apenas dos semanas para tratar una infección de orina, descubrió que figuraba en el sistema como un trabajador en activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Debía, por tanto, abonar el 50% de las medicinas. “Me extrañó, pero lo pagué”, relata. González ha puesto una reclamación en el Servicio Madrileño de Salud; está a la espera de que le contesten.
El Ministerio de Sanidad, que dirige Ana Mato, reconoce que puede haber “casos de discrepancias” con la clasificación que se les ha asignado a los ciudadanos, por su renta; una catalogación por códigos que se recoge en una base de datos, que cruza información del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Hacienda y los servicios de salud regionales. Sanidad explica que ha establecido un circuito para que las Administraciones autónomas puedan comunicar los errores, se comprueben y, en su caso, se subsanen.
A Asturias le preocupa que, seis meses después de que el Gobierno pusiera en marcha el sistema, se sigan produciendo errores. Esta autonomía —que ha recurrido al Constitucional la reforma sanitaria de Rajoy en varios puntos, entre ellos, el aumento del copago— ha advertido a Sanidad de los fallos. También Andalucía —otra de las seis que ha recurrido la ley—, que además de informar al ministerio a través del circuito específico, alertó del desorden a la Delegación del Gobierno. Pero, los errores, precisa una portavoz de la consejería, se siguen dando. En Murcia, los errores son menores que durante los primeros días de aplicación de la ley. Esta región, ha desarrollado un sistema propio para recoger incidencias.
En Navarra no se ha detectado una avalancha de casos, pero su Administración ha hallado un sistema para resolverlos hasta que la base de datos estatal los subsane. “Cuando detectamos un fallo clasificamos a ese usuario en el nivel más bajo de aportación para que no se vea perjudicado por ese error”, explica una portavoz de la Consejería de Salud.
A Lorenzo M., el código que le da el sistema no le desfavorece, pero sí le irrita. La empresa de este toledano hizo hace varios meses un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) por el que suspendía el contrato con sus trabajadores durante un plazo. Desde entonces, Lorenzo y otros compañeros son, para el sistema que gestiona el copago, parados de larga duración. Por tanto, no pagan los fármacos. “Me indigna. Mis padres, jubilados, pagan y yo no. No sé cómo han hecho la norma, pero está plagada de agujeros”, critica, teniendo en cuenta, además, que en la actual situación de crisis se producen dramáticos cambios en la renta familiar —para bien y para mal— en espacios muy cortos de tiempo.
Sanidad y Seguridad Social —que incide en que se limita solo a gestionar la base de datos— no aclara si la clasificación de Lorenzo es un error. El caso es similar al de los prejubilados: un concepto que no refleja el sistema. Muchos de ellos —independientemente del acuerdo económico al que llegaran con su empresa— constan en la base de datos como activos pasan a ser parados. Por tanto, cuando se les agota la prestación por desempleo, dice una portavoz de Sanidad, tienen la gratuidad para los fármacos.
“Nos estamos encontrando con casos muy chocantes”, critica Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, que exige al Gobierno que, ya que no dan marcha atrás en esta medida “injusta que grava a los más vulnerables”, resuelvan los fallos. Toledo añade que la medida ahonda las desigualdades entre autonomías. Cada una ha adoptado un sistema y un plazo para devolver a los pensionistas el dinero que pagan de más por sus fármacos, cuando superan el tope que determina la ley. En Andalucía, por ejemplo, dejan de pagar cuando han llegado a esa cifra. En Valencia o Extremadura se lo devuelven cada seis meses. Muchos pensionistas, de hecho, todavía no lo han cobrado. El copago y la devolución de los topes están provocando, según Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que algunos pensionistas dejen de comprar fármacos que necesitan. El 17% de ellos no ha retirado algunas medicinas que el médico les ha recetado porque no podía pagarlo, según un estudio de esta entidad.
Plataformas de Ley de Dependencia plantean vías para evitar el ‘copago’ farmacéutico
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana remitirán a la Generalitat un escrito con las diferentes «vías» que existen para evitar aplicar en la Comunidad la normativa estatal que establece «copago» farmacéutico para las personas con discapacidad.
Representantes de estos colectivos se han reunido este martes con los consellers de Sanidad, Manuel Llombart, y de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para pedir la derogación del artículo 160 de la Ley 10/2012 de 21 de diciembre que suprime la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los discapacitados.
El encuentro, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Sanidad, también ha contado con la presencia de miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Concemfe).
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Valencia, Palmira Castellano, ha explicado tras la reunión que la Conselleria de Sanidad «se enroca» en que el «copago» está establecido en una normativa estatal y, por tanto, aunque la Generalitat «no quiere» aplicarlo, «no tiene más remedio».
Sin embargo, la abogada del colectivo ha asegurado a los consellers que existen «vías» para no aplicar la norma en la Comunidad Valenciana, por lo que los miembros del Gobierno valenciano le han pedido que se las explique por escrito. Así, las plataformas enviarán al Consell las «alternativas» que hay y la Generalitat las estudiará y contestará en un plazo de 15 días, ha asegurado Palmira Castellano.
Asimismo, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la actitud «conciliadora» de la consellera de Bienestar Social, que busca «integrar las diversas problemáticas de Bienestar Social con las distintas consellerias», ha subrayado.
El 16,8% de los pensionistas renuncia a alguno de sus medicamentos tras el nuevo copago
El nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor el pasado mes de julio obliga a los pensionistas a pagar por sus medicinas cuando antes las adquirían gratis, lo que ha hecho que hasta un 16,8 por ciento hayan renunciado a alguno de los medicamentos prescritos por su médico.
Así se desprende de los resultados de un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también ha mostrado como hasta un 58,29 por ciento de quienes consumían alguno de los más de 400 medicamentos que el Ministerio de Sanidad desfinanció en septiembre ya no los consumen.
El estudio, que se ha basado en 992 encuestas a pensionistas realizadas en diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid, ha analizado durante noviembre y diciembre el impacto del copago del 10 por ciento del precio de los medicamentos que ahora tiene que abonar este colectivo en las farmacias.
Esto ha hecho que de no pagar nada hayan pasado a gastarse una media de 11,18 euros mensuales, teniendo en cuenta los topes de 8 o 18 euros mensuales establecidos en función de la renta (8 euros para pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales y 18 para rentas superiores).
Esto ha propiciado que hasta un 16,87 por ciento de los pensionistas hayan dejado de utilizar alguno de los medicamentos prescritos, algo «más habitual en las personas con menos recursos», según ha explicado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de FADSP.
De hecho, entre los pensionistas cuya renta por persona de la unidad familiar era inferior a 400 euros uno de cada cuatro (27,29%) renuncia a sus medicinas para no tener que pagarlas.
Asimismo, el estudio también revela como hasta el 60 por ciento de los pensionistas consumía uno o varios de los medicamentos excluidos de la financiación pública, de los que sólo un 41,6 por ciento los siguen utilizando, lo que les cuesta una media de 7,06 euros al mes.
Entre el 58,29 por ciento que ha dejado de usarlos, no obstante, no se especifica si estos pacientes han sustituido estos fármacos por otros sí financiados.
HAY CIUDADANOS QUE PAGAN UNOS FÁRMACOS Y OTROS NO
El estudio muestra además que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que han dejado de tomar medicamentos «considerados de mayor utilidad terapéutica» por el copago que, en cambio, sí consumen medicamentos desfinanciados para síntomas menores.
Sánchez Bayle ha defendido que estos datos eran «esperables» y critica que el Ministerio de Sanidad hable de una reducción del gasto farmacéutico. «No se ha reducido realmente el gasto, sino que este se ha trasladado a los bolsillos de los pensionistas», ha censurado.
Además, el portavoz de la FADSP teme que el porcentaje de pacientes que renuncian a sus medicinas puede aumentar en los próximos meses a medida que se vayan implantando otros copagos, como los del transporte sanitario no urgente, las prótesis o los productos dietoterápicos, que «harán que muchos ciudadanos tengan que elegir pagar una cosa u otra».
«Esto tendrá efectos en su salud a largo plazo, ya que la suspensión de los tratamientos prescritos producirá un empeoramiento de las enfermedades de base, una descompensación de las mismas e incluso un aumento de la mortalidad», ha concluido.
Unas 40 personas con problemas mentales han dejado residencias y centros de día de Murcia por no poder atender el copago
El presidente de la Federación Murciana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), José García, ha dicho este lunes que hasta «38 personas han dejado distintas residencias y centros de día por no poder hacer frente al copago», y que ante este hecho «la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, pidió la relación, para estudiar caso por caso».
García, que ha comparecido ante la Comisión Especial de Discapacidad en la Asamblea Regional, ha indicado que viene a hablar «de las necesidades de la salud mental en la Región de Murcia», destacando entre otros temas el «del copago».
Para el presidente de Feafes, «la Administración tiene buena disposición, simplemente vamos a recordárselo». También ha indicado que «hay falta de plazas para residencia y plazas tuteladas en la Región de Murcia».
De igual forma, ha señalado que «hay una lista de espera de 190 personas con enfermedad mental para poder optar a una de esas plazas», pero que «existe un compromiso con el IMAS de cara a 2013», para paliar la situación.
PARÁLISIS CEREBRAL
Por lo que respecta a la Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías afines (Astrapace), su presidenta, Rosa García, que también ha comparecido en la misma Comisión, ha dicho que «16 personas con parálisis cerebral esperan plaza actualmente en la Región» y que está previsto «que se sumen 13 más el próximo año»,
Para la presidenta de Astrapace, es importante «la atención temprana a niños con esta dolencia», y en este sentido ha subrayado que «en 2012 se sufrió una bajada presupuestaria del 10%», así como que «bajará un 10 por ciento más en 2013».
También ha dicho que los convenios con los centros escolares para prestar este tipo de atención «se han reducido a la mitad en los último dos años».
Para Rosa García, «las bajadas presupuestarias se suman los recortes en las aportaciones que recibían de obras sociales, entidades y socios».
Respecto al empleo con apoyo, ha indicado que «las partidas se han reducido un 50 por ciento» y que así «es imposible» que estas personas encuentren un trabajo, ya que «sin preparadores laborales se hace difícil».
Astrapace lo componen unas 500 personas, con «85 trabajadores fijos», proporcionando «servicios estables».
