crisis
El geriátrico de Elda lanza un SOS
La residencia y centro de día para mayores dependientes «El Catí» de Elda, cuya titularidad depende de la Conselleria de Bienestar Social, se encuentra asfixiada económicamente porque la Generalitat Valenciana no le ha realizado ni un solo pago en todo el año 2013 y, además, sigue debiéndole el mes de diciembre de 2012. En total a la Fundación, Salud y Comunidad (FSC) que es la empresa que lleva prestando este servicio desde 2005, la Conselleria de Bienestar Social le debe 1,7 millones de euros por diez meses de impago continuado.
La situación es «límite» y la concesionaria ya ha anunciado que, si no recibe ninguna transferencia económica en las próximas semanas, a partir del próximo mes de noviembre ya no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los 70 profesionales que trabajan en el geriátrico. Una circunstancia que se mantendría en diciembre –incluyendo la paga extra de Navidad– y que podría repercutir en el cuidado de los 110 mayores a los que se atiende tanto en régimen residencial como en el centro de día. Pero, a partir del próximo mes, la concesionaria también tendrá dificultades en adquirir los alimentos, hacer frente a las facturas de luz, agua y gas así como en pagar a los proveedores y a la Seguridad Social.
Para evitar llegar a este extremo los responsables de FSC han remitido una carta al Ayuntamiento de Elda solicitando al equipo de gobierno popular que medie ante el Consell para acabar con este problema. También han pedido ayuda a los grupos parlamentarios de Compromís, EU y PSPV y están a la espera de mantener otra reunión con Asunción Sánchez Zaplana, que es la titular de la Conselleria de Bienestar Social a quien este diario ha preguntado, en los últimos días, por la problemática que atraviesa «El Catí» sin obtener respuesta alguna a pesar de la insistencia.
La Conselleria no paga y los bancos no financian
El subdirector del área de Atención a la Dependencia de FSC, Ismael Estevan, admitía ayer que su empresa se encuentra en una encrucijada. «La Conselleria no nos paga lo que nos debe, ni siquiera una parte, y los bancos ya no nos dan más crédito porque no se fían. Por lo tanto ya no tenemos capacidad de financiarnos y sin nuevos créditos es imposible seguir pagando a nuestros trabajadores y a quienes nos abastecen de todo lo que necesitamos», explica Estevan recordando que FSC siempre ha pagado en tiempo y forma a sus operarios y a sus proveedores. «Algo que, por desgracia, ya no vamos a poder hacer si la Generalitat no nos abona lo que nos debe», advierte Ismael Estevan mostrándose proclive, no obstante, a acordar un plan de pagos con Bienestar Social para acabar con la «agonía».
El Sistema de Dependencia pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes
El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) pierde 116 beneficiarios al día y 800 trabajadores en el último mes, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base a los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En septiembre, se han reducido en 3.475 los dependientes y en 7.163 los que han perdido su derecho a ser atendidos.
Esta organización explica que la reducción de beneficiarios en espera de una prestación se ha conseguido «cercenando» el acceso al sistema y «abandonando» a los que ya son titulares del derecho y advierte de que los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes.
Asimismo, señalan que el retroceso en el sistema es «notorio» con respecto al mes anterior, pues todas las cifras son negativas: 3.475 beneficiarios, 3.899 dictámenes menos, 2.910 solicitudes menos, 3.504 grandes dependientes menos, 2.273 dependientes severos menos.
En cuanto a prestaciones y servicios, esta organización señala que hay 1.700 servicios de teleasistencia menos, 1.095 servicios de ayuda a domicilio menos, 158 plazas de centros de día menos, 717 plazas residenciales menos, 2.680 prestaciones de cuidadores familiares menos. La reducción de estos servicios, ha generado, según esta entidad, el despido de 800 trabajadores.
La Asociación de Directores y Gerentes asegura que se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste. También duda de que se estén atendiendo a quienes más lo necesitan y asegura que «decenas de miles» de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo «morirán sin ser atendidas».
La reducción del «limbo» de la dependencia o lista de espera se ha obtenido, según esta organización, impidiendo que nuevos dependientes accedan al sistema, y, por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 7.163 personas con derecho menos figuran en el Sistema.
AVREP alerta que la deuda del Consell con el sector aumenta 3 millones de euros cada mes ante la pasividad del Gobierno valenciano
La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en la supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
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Europa sufre su peor «crisis humanitaria en 60 años»
La Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió hoy de las graves consecuencias humanas de la crisis económica en toda Europa, donde esta organización entregó ayuda alimentaria a 3,5 millones de personas en 2012, lo que supone un aumento del 75 % respecto a 2009.
La federación informó hoy sobre las conclusiones de un estudio, que recoge los datos de las 42 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 22 países europeos, donde se habla de la peor crisis humana en Europa de los últimos sesenta años.
«Muchos países están todavía atrapados en la crisis, lo que derivará en un impacto humano que podría hacerse notar durante décadas», precisaron desde la Cruz Roja, con sede en Ginebra, en un comunicado.
A pesar de ciertos síntomas de recuperación económica en algunos países, la Cruz Roja alerta de que millones de personas en todo el continente han caído en la pobreza y tardarán muchos años en alcanzar unos niveles mínimos de bienestar.
«Millones de personas han caído en desgracia en los últimos cinco años y apreciamos una degradación progresiva de esta situación porque cada vez son más los no tienen ahorros ni posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos», señaló el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja», Bekele Geleta.
Gelera resaltó el caso de Letonia que, aunque oficialmente ha salido de la crisis, la necesidad de ayuda alimentaria se ha triplicado respecto a los primeros años de la crisis.
Sin embargo, Geleta advirtió de que este tendencia se repite en todos los países europeos, no sólo en los que más se asocian a la crisis; ya que, por ejemplo, en Francia más de 350.000 personas han caído en la pobreza en los últimos tres años.
Además, indicó que se está produciendo un nuevo fenómeno, el de los «trabajadores pobres», es decir, gente que trabaja, pero que no alcanza a final de mes con su sueldo.
«Todas nuestras sociedades nacionales han tenido que aumentar sus esfuerzos de asistencia doméstica, incluidas las de los países occidentales que tradicionalmente se centraban en prestar ayuda internacional», recordó.
Geleta instó a los Gobiernos de toda Europa a reservar dinero de sus presupuestos para hacer frente a estas situaciones y alertó del «gran coste a largo plazo» que derivará de los recortes en sanidad.
«Hemos notado un fuerte aumento de personas que vienen a nuestros centros de asistencia pidiendo medicamentos porque no se los pueden permitir», explicó.
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17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley de Dependencia
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. «Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión», concluye.
En comparación con el mes anterior, «el retroceso es notorio», según el estudio, porque «todas las cifras son negativas»: 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.
Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.
«Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncian los expertos, para asegurar que «los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema».
En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida «como un logro» por el Ministerio de Sanidad, «se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema –modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015–, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos», señalan.
Padres en desamparo, evitan acudir a los servicios sociales por temor a perder la tutela de sus hijos
Una joven, en Murcia, entra a la consulta de atención directa de los servicios sociales locales, deja a su bebé en su canastilla y con varias mudas de repuesto sobre la mesa y dice, con cara avergonzada, que no tiene recursos para mantenerlo. “Cuídenlo bien”. Y se va. La escena se produjo hace pocos meses. La relata José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En 30 años de carrera nunca había conocido esto”, asegura.
Los profesionales empiezan a alertar de que situaciones como esta son cada vez más comunes. El caso de unos padres que el pasado junio dejaron a sus hijos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), aduciendo carencias económicas, abrió un escenario repleto de interrogantes. Cuando unos padres no pueden mantener a sus hijos, ¿qué deben hacer? ¿Están los servicios sociales y los poderes públicos preparados para actuar cuando la pobreza aprieta hasta este límite? ¿Es lo mismo dejar a unos niños abandonados en la calle que entregarlos a una institución pública?
Consuelo Madrigal, fiscal coordinadora de menores, responde con rotundidad: “No es lo mismo ni mucho menos”. Independientemente del motivo. Lo primero, explica, es un delito, “porque pone en peligro al menor, incluso su vida”. Eduardo Esteban, ex fiscal provincial de Madrid, tampoco duda: “Es distinto dejar a unos niños en una institución pública o incluso en una iglesia, donde sabes que van a estar atendidos, que dejarlos en un parque”, dice. “Puede haber un incumplimiento de las obligaciones. Pero para que haya delito tienen que dejarlos solos, en una situación de riesgo. Ese es el matiz”, apunta. “No se culpa a los padres porque no hay dolo, no hay mala intención, sino una situación de pobreza”, explica Madrigal. “Pero cuando la situación pasa de riesgo a desamparo, porque al niño le falta sustento material o moral, la Administración asume la tutela”, detalla la fiscal. A partir de ahí, “se investiga y se intenta apoyar a la familia para evitar la separación”.
Ramírez añade que la Administración “debe tener en cuenta la actitud de los padres, si han pedido ayuda y no han dejado de atender a los niños pese a la miseria” antes de asumir su tutela y separar al menor de su familia. Almudena Escorial, portavoz de Save the Children, cree que “no se debería llegar a esa situación”. Pero la realidad es compleja.
Todos los agentes implicados en este tipo de procesos sostienen que la pobreza nunca puede ser el único motivo para que unos padres pierdan la tutela de sus hijos, ni tampoco para impedir que puedan recuperarla. Así lo aseguran el Ministerio de Sanidad, los servicios sociales, la Fiscalía de Menores, las ONG y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este último, con una sentencia reciente en la que condenaba a España a indemnizar a una madre por separarla de su hijasolo por su precaria situación económica. Tras presentarse con la niña en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y alojamiento”, la pequeña fue trasladada a un centro de menores, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.
Lo prioritario, dicen los expertos, es sacar a las familias de la miseria. “La ley prioriza la protección del menor, pero apoyando a los hogares para que no se produzca el desamparo. La retirada tiene que ser solo porque haya un riesgo muy elevado”, detalla Idelfonso Sánchez, técnico de protección de menores en Almería. Marta Arias, responsable de políticas de infancia de Unicef, añade: “Unos padres sin recursos no son malos padres. Hay que ayudar a las familias porque es donde mejor están los pequeños, salvo que haya malos tratos”.
Pero la crisis no perdona y 2,2 millones de niños viven, según un informe de Unicef de 2012, en hogares por debajo del umbral de la pobreza en España (con menos de 16.400 euros anuales para dos adultos y dos menores). La Guía para las Ayudas Sociales para la Familia 2013, publicada por el Ministerio de Sanidad, prevé distintas prestaciones para colectivos en riesgo, como las rentas mínimas de inserción, los centros de acogida para “personas, familias o grupos carentes de un medio adecuado”, y recursos para personas sin hogar de “alojamiento, alimentación, vestido e higiene”.
Esta es la teoría. Pero en la práctica, los recursos para reflotar a las familiashan pasado por la tijera, desde las becas de comedor en colegios hasta las ayudas de emergencia. Esta última, además, llega con un retraso de hasta ocho meses en algunas autonomías. En este sentido, la asociación que preside Ramírez denuncia la situación de “desamparo de las familias”. Lo que, según esta organización, supone una vuelta al modelo de la beneficencia. “En vez de recibir una ayuda de la Administración, la gente se ve abocada a salir en la televisión, dar lástima y que un alma caritativa les asista”, se queja Ramírez. “Conocí a dos inmigrantes con tres hijos. Él trabajaba en la construcción y se quedó en paro. A la madre le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando fueron a pedir ayuda a ella le dio un brote psicótico y él, abrumado, huyó. Los pequeños pasaron a protección de menores. Pero esto no hubiera pasado si hubieran tenido un salario social y ayuda psicológica. El padre hubiera tenido un colchón para mantener a la familia y no sentirse desbordado”, relata.
Santiago Agustín, psicólogo con experiencia en centros de menores de Madrid, asegura que el trabajo con las familias “es muy pobre”. “La inversión en centros de protección es desmesurada (la estancia de cada menor puede costar hasta 4.000 euros al mes), y en los barrios no se percibe el trabajo con las familias”, afirma.
“La Administración se tiene que adaptar”, reconoce la fiscal coordinadora de menores. “Con la crisis se ha elevado el nivel de marginación y se ha incrementado la demanda de protección. Los servicios sociales y las entidades de protección a la infancia están desbordados, tanto en recursos materiales como profesionales”, afirma. “Las intenciones de la Administración son buenas sobre el papel, pero tienen que estar dotadas económicamente, con profesionales e infraestructuras”, reclama Ramírez. Denuncia que el plan concertado de servicios sociales de Sanidad, en el que se incluyen las ayudas de emergencia, se ha reducido un 65% en los dos últimos años. Las autonomías también han metido la tijera, algunas más que otras. En el País Vasco una de cada 13,5 personas recibe una renta mínima de inserción (cuando se agotan el paro y los subsidios); en Murcia lo hacen una de cada 316 y perciben, además, una cuantía mucho menor.
Cuando la ayuda no llega, ¿qué deben hacer los padres sin recursos? Gustavo García, director del albergue social de Zaragoza, el primero que habilitó módulos para familias en España, subraya: “Lo correcto es solicitar la guarda voluntaria de los niños. Los padres tienen que pedir la guarda a los servicios sociales cuando no pueden hacerse cargo de sus hijos, por motivos económicos u otro tipo de circunstancias. La Administración se hace cargo temporalmente de ellos, y los padres no pierden la patria potestad”.
Esta modalidad de ayuda con los hijos ha descendido desde 2006. Ese año había 9.598 menores en guarda, frente a 4.537 en 2011. La bajada tiene una doble explicación, según García: la salida de inmigrantes del país y el temor de algunos padres a acudir a los servicios sociales a solicitar auxilio porque creen que les van a arrebatar a sus niños. “Algunos pasan hambre por temor a pedir ayuda”, dice. Recuerda que una paciente de un hospital en Zaragoza fue pillada echando la comida al bolso. Cuando los profesionales le preguntaron por qué, ella respondió: “Mi hijo pasa hambre en casa”. García quiere desmontar el mito: “Esa imagen de que vamos retirando niños es falsa”.
José Luis Calvo, vicepresidente de Prodeni, entidad defensora de los derechos de los niños, discrepa. Afirma que en ocasiones sí se producen retiradas de niños por situación de pobreza. “Es evidente que este factor no aparece como único fundamento de ninguna retirada de niños. Tampoco como motivo para que los padres no los puedan recuperar. Pero subyace más o menos explícito en no pocos informes”, afirma. La miseria suele estar acompañada de otros problemas de salud, emocionales o inestabilidad en la vivienda, según Calvo. “Estas circunstancias son las que se alegan como agravantes para quitarles la tutela”, asevera. Y una vez retirada, en su opinión, “no se promueve la reagrupación”. “Para recuperar a los hijos casi hay que pasar una oposición”, ejemplifica.
En la memoria de Calvo hay muchos ejemplos. Su organización defendió recientemente a una madre que pasó siete años visitando a sus hijos, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, una hora al mes. “En ese tiempo su situación económica y personal cambió. Pero tenía la etiqueta de que ‘no era colaboradora’ y no se los devolvían”, relata. Al final, con intermediación de Prodeni, recuperó a los pequeños.
Santiago Agustín opina que “los niños acogidos deberían relacionarse con sus familiares de origen diariamente”. En la mayoría de las regiones, las visitas son, por defecto, de una hora al mes. “Esto solo puede calificarse como maltrato institucional”, asevera. El psicólogo no ve lógico que, salvo que existan malos tratos o riesgo grave, se restrinjan los encuentros y el sistema sea tan rígido para la recuperación.
Con todo, la actuación de la Administración tendrá que adaptarse a una casuística que aumenta con la crisis: padres que no tienen qué llevar a la boca de sus hijos. “Y entender que las situaciones, con el tiempo, cambian”, zanja Calvo.
Los centros de día de Cádiz se quedan vacíos por los recortes en la Ley de Dependencia
Lo que se convirtió en una conquista en tiempos de bonanza, corre ahora peligro con la crisis y las reformas. Los ajustes en todas las áreas, también en la de Servicios Sociales, están haciendo tambalear los cimientos de una ley que se definió como uno de los grandes avances en materia de bienestar social. La paralización de la Ley de Dependencia ha puesto en jaque a la mayoría de las residencias de ancianos de la provincia que ven como cada día cuesta más salir adelante ante los retrasos de los pagos de la Administración andaluza y la ausencia de nuevos usuarios. En especial, existe cierta preocupación por la viabilidad de los centros de día, un eslabón intermedio entre una residencia de ancianos y la convivencia con la familia. Aunque desde la Junta de Andalucía se ha querido potenciar la estancia en las unidades diurnas en los últimos años, lo cierto es que muchos de los centros de la provincia se han quedado sin usuarios a pesar de que las plazas están concertadas. Desde la Federación Andaluza de Unidades de Estancia Diurna (Fanued), su vicepresidente José Andrés de la Cruz explica que «a pesar de que existen una gran demanda, las plazas están vacías porque todo el sistema está paralizado».
Según los datos que manejan las asociaciones de unidades diurnas, el tiempo de espera desde que una persona solicita ser valorada a través del Sistema de Atención a la Dependencia, obtiene el grado y nivel de dependencia y se le asigna un recurso en algunas ocasiones llega a superar con creces un año lo que a su vez retrasa la llegada a los centros concertados.
En residencias como la de San Juan de Dios, gestionada por la Fundación Gerón, reconocen que de las 20 plazas concertadas que disponen en su unidad de día tan solo hay dos ocupadas. Ellos ya tuvieron que hacer un reajuste de su proyecto en Cádiz tras verse obligados a abandonar la idea de montar una segunda residencia de ancianos en el Convento de Santo Domingo y decidieron centrarse sólo en la de San Juan de Dios.
Situación parecida ocurre en la residencia geriátrica Adema, donde a pesar de tener solo dos plazas concertadas de las 29 que disponen, señalan que «entre unas 10 y 15 personas están a la espera de que se resuelvan sus expedientes». Circunstancias más complicadas viven en la Unidad de Estancia Diurna Santa María del Mar, también en la capital, donde de las 30 plazas conveniadas con la Junta mantienen sin ocupar seis. Sus circunstancias se agravan puesto que asumieron los costes de una reforma para ampliar su oferta a 45 plazas con el objetivo de poder firmar un convenio con la Junta pero la ansiada rúbrica no ha llegado y ahora compaginan las públicas con las privadas. En este centro critican que desde «hace dos meses y medio el Gobierno andaluz tan solo ha resuelto los expedientes para cubrir 11 plazas en toda la provincia».
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España señalan que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia ha provocado una tendencia ascendente en el número de plazas concertadas. Una dinámica que se cortó en julio de 2012. Desde Fanued alertan de que «salvo casos de extrema urgencia» ninguna persona dependiente «se ha incorporado en el último año a los recursos que ofrece la administración autonómica en materia de dependencia». La Federación hace hincapié en que en la Consejería de Salud y Bienestar Social se amontonan «cientos de expedientes» mientras «las personas mayores dependientes se encuentran desatendidas y privadas de un derecho subjetivo y universal».
Recortes en plantilla
Desde Comisiones Obreras, el secretario provincial de Sanidad, José Antonio Aparicio subraya que la reducción de plazas o la falta de llegada de nuevos usuarios está en directa proporción con los ajustes en la plantilla. «El empleo estable que generó la Ley de Dependencia en sus inicios está en verdadero riesgo», asegura, puesto que al no cubrir las plazas «se está comenzando a despedir a los profesionales». Desde el sindicato calculan que en torno a un 10 o un 15% de plantilla «se ha recortado» en los últimos años con la excusa de que no hay ratio para todos los profesionales, la gran mayoría de ellos contratos temporales.
Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia piden por carta una reunión con Mato y denuncian la «agonía» del sector
La Coordinadora Estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia se ha reunido este viernes frente al Ministerio de Sanidad para denunciar la situación de «gravedad y agonía» que está sufriendo el sector y piden, a través de una carta y «con carácter de urgencia», una reunión con la ministra del ramo, Ana Mato, para abordar estos temas.
El portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y presidente de la Plataforma de la Ley Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luís Gómez-Ocaña, ha insistido en que «lo mínimo que la ministra tiene que hacer es escuchar y atender al colectivo sobre el que está aplicando los recortes». «Por lo menos que de una explicación», ha apostillado.
En este sentido, ha señalado que la obligación de las asociaciones es «exponerle que lo que hace con esta Ley implica la exclusión social y, en algunos casos, casi una condena a muerte para algunos dependientes». Además, denuncia que «la verdadera intención del Gobierno es eliminar la figura de los cuidadores familiares, que son la solución más barata y la que mayor intensidad y cuidado ofrece al dependiente».
La Coordinadora Estatal advierte sobre la posibilidad de que en el próximo Consejo de Ministros «se aproveche para colar algún Real Decreto-Ley que afecte al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia», y que junto a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, «haga imposible la atención de las personas en situación de dependencia y el mantenimiento de un mínimo de calidad de vida».
CRUCES FRENTE AL MINISTERIO
Durante esta jornada de protesta se han mostrado fotografías de personas dependientes y cruces negras para recordar a beneficiarios de esta Ley que han fallecido antes de poder recibir la prestación a la que tenían derecho. «Lo que pretendemos es simbolizar la entrega de las personas en situación de Dependencia al Gobierno del PP, que las ha abandonado y dejado de una manera indigna e injusta a su suerte y la de sus familiares», ha sentenciado Gómez-Ocaña.
En el mismo acto, se han recogido firmas en apoyo al cumplimiento de la Ley de Dependencia y se ha leído un manifiesto. El portavoz de la Coordinadora ha advertido de que si la ministra no se pone en contacto con ellos en las primeras semanas de septiembre, volverán a pedir esta reunión. «De lo contrario, pensaremos en otro tipo de acciones contundentes porque ya hemos insistido en que no vamos a dejar que nos quiten lo que nos corresponde. De ello depende la vida de muchos dependientes», ha concluido.
Las residencias de Bizkaia se vacían
Las familias vizcainas prefieren ahora ocuparse de sus allegados en casa y percibir las ayudas económicas.
Las residencias de Bizkaia se vacían. Las prestaciones económicas para que las personas mayores puedan ser atendidas en su domicilio, unido a la crisis económica actual, han invertido la tendencia. Si en la última década se abrían nuevas residencias y se incrementaba el número de plazas cada año, en 2012 esa curva dio un giro: por primera vez, en Bizkaia se produjo un descenso. Es pequeño -apenas hay 24 camas menos- pero suficiente para confirmar que algo ha cambiado. «Las familias están sacando a sus mayores de las residencias», confirmaba la diputada de Acción Social, Pilar Ardanza. La desocupación en los centros privados ronda el 20%, cuando hace 8 años estaban llenos. Este año, y a excepción de un centro que se construye en Bilbao, ni la administración pública ni el sector privado tienen previsto abrir nuevas residencias.
Durante años, la demanda de residencias para personas mayores fue creciendo de manera imparable. Zamudio, Ermua, Arrigorriaga, Balmaseda, Basauri, Barakaldo, Bilbao… La Diputación ha realizado durante los últimos años una ingente inversión pública para abrir residencias para cubrir las necesidades del territorio. El sector privado también se movió y se multiplicaron los centros. En apenas cinco años, de 2003 a 2008, el número de plazas en residencias públicas prácticamente se duplicó, pasando de 2.600 a 4.971; en total, incluyendo también las plazas privadas, se pasó de 6.100 a 9.111. Tres años después, creció de nuevo hasta las 10.130. Una tendencia ascendente que se truncó al llegar 2012: 24 plazas menos. Una disminución muy pequeña, pero que supone un cambio de tendencia ya que en los años anteriores el volumen de plazas siempre había ido creciendo. El año pasado se cerraron dos residencias y, aunque dos centros incrementaron su número de plazas, otros tantos tuvieron que reducirlas. Para este año hay previsto otro cierre más y, aunque se ha abierto la residencia BBK Sarriko, con más de 200 plazas, y se está construyendo otra más pequeña también en Bilbao, no hay previstas más aperturas.
También la Diputación ha frenado el ritmo de crecimiento del parque de residencias. Ya a finales de 2011, la diputada de Acción Social reconocía que las casi 5.000 plazas residenciales para mayores entre forales, municipales y concertadas, eran suficientes para atender la demanda. «En Bizkaia no hacen falta a día de hoy más plazas residenciales, sino ocupar las que ya existen», afirmaba Pilar Ardanza. Así, se decidió ampliar el sistema de plazas concertadas -aprovechando la red ya existente, los mayores casi pueden elegir una residencia a la carta- y la cuantía de la prestación vinculada al servicio. Actualmente, todas las plazas públicas están ocupadas y de las 2.543 concertadas para 2013, solo existe una libre para casos de urgencia. Prácticamente no hay lista de espera: el tiempo de asignación de plazas a personas dependientes valoradas con grado III, las situaciones de dependencia más graves, no sobrepasa los 15 días, como promedio.
«LO ESTÁN PASANDO MAL» Por el contrario, el 20% de las camas en las residencias privadas de Bizkaia están vacías. «Quizá un poco más. Es una cifra muy alta, más teniendo en cuenta que hace 7 u 8 años la ocupación era plena. Han cerrado algunas, tanto pequeñas como grandes. Hay muchas que lo están pasando mal; si esto se prolonga, tendrán que cerrar», explica Ana Urrutia, presidenta de la asociación de la Asociación Empresarial de Residencias de Bizkaia, Aerebiz. Las que peor lo están pasando son las que se encuentran alejadas de núcleos urbanos. Aunque hace años se pensó que un entorno natural era más adecuado para el cuidado de los mayores -y el suelo era más barato- actualmente se ha visto cómo las familias prefieren tener a sus familiares cerca. «Bilbao es el municipio que menos problemas de ocupación tiene», apunta.
La población envejece y eso debería generar una mayor demanda. Sin embargo, actualmente en Bizkaia ocurre todo lo contrario. Como a todos los sectores, la crisis económica también ha hecho mella entre las residencias privadas. No solo en cuanto a una menor capacidad de gasto de las familias, también porque hay más gente en paro. A ello se une, además, la Ley de Dependencia, que permite que las familias puedan recibir una ayuda económica para cuidar a sus mayores en casa. Muchas familias, ante la disyuntiva de tener que pagar para ingresar a un familiar en una residencia o recibir una cantidad para cuidarle, no lo dudan. «Hay menos gente trabajando fuera y pueden cuidar a sus familiares. Con las prestaciones económicas que se otorgan para cuidados en el hogar, muchos mayores se quedan en casa», ilustra Urrutia.
La presidenta de Aerebiz no cree que se deba a un cambio de hábitos. «Siempre hemos sido una sociedad muy de estar en casa, queremos envejecer en casa. Cuando había trabajo, no se podía atender a los mayores y las residencias se empezaron a ver como un recurso adecuado. De tener muy mala prensa pasamos a ser vistos como centros de calidad. Fue un paso de gigante pero luego se dio un paso atrás», explica.
Respecto al precio, otra de las barreras con las que se encuentran muchas familias, Ana Urrutia no está de acuerdo con que se las califique de caras. «Para el nivel de servicios que se ofrece no lo son. En casa, esos servicios supondrían un desembolso de entre 6.000 y 8.000 euros. Otra cosa es pagar 1.500 euros a una interina, darle dos tardes libres a la semana… Es legal pero, ¿es de justifica social?», plantea.
Y, ¿EL FUTURO? Y las residencias, ¿cómo se están adaptando a esta nueva situación? «No quiero hablar de guerra de precios, pero supongo que algo hay», admite la presidenta de Aerebiz. Los centros intentan labrarse un futuro, pero muchas veces se encuentran encorsetados por la legislación. «El parque de residencias tiene mucho potencial. Podemos ofrecer muchos servicios que ahora damos solo para los residentes: lavandería, comedor… El mismo cuidado que damos en la residencia, ¿por qué no darlo en el domicilio, donde se quedan la mayoría de los mayores? Ahora, por ley, no podemos sacar a las auxiliares, por ejemplo. Sería una fuente de empleo, de servicios para una población mayor cada vez más numerosa. Debería haber una reflexión sobre ello», propone Urrutia.
La atención a los mayores no es igualitaria en todas las CCAA, según la SEGG
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha lamentado hoy que, en la actualidad, la atención de las personas mayores no es «igualitaria» en todas las autonomías de un país como España, con déficit de geriatras y de servicios de geriatría.
Así lo ha puesto de manifiesto, su presidente, el doctor Pedro Gil, en el transcurso del primer curso de formación para residentes de geriatría organizado de forma conjunta por la SEGG y la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y que se ha celebrado este fin de semana en el Real Monasterio de Yuste (Cáceres).
El curso, en cuya organización ha colaborado la Fundación Academia Europea de Yuste, ha contado con la participación de cuarenta médico procedentes de distintos puntos de España, quienes han debatido sobre diferentes aspectos de la geriatría.
En una nota, la SEGG ha destacado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se prevé que el envejecimiento de la población continúe en ascenso con una aceleración a partir de 2025, llegando a los 15 millones de personas mayores de 65 años en España, un 32% de la población.
Esta nueva situación supondrá «un gran reto, debido a las nuevas demandas que la asistencia a la población envejecida conllevará», ha explicado el doctor Pedro Gil, presidente de la SEGG y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
«Tenemos que conocer esas demandas y prepararnos y preparar a todos los individuos y a los profesionales para saber cómo afrontar las nuevas necesidades de esta población mayor de 65 años», ha señalado.
En este sentido, ha destacado que el problema es que la atención de las personas mayores no es «igualitaria» en todas las autonomías de un país con déficit de geriatras y de servicios de geriatría para atender a una población que, con mayor esperanza de vida, presenta muchas patologías que generan dependencia.
«El problema no es sólo de cara al futuro, sino que en este momento no todos los ancianos están siendo atendidos con la calidad que les proporciona un servicio de geriatría», ha defendido Pedro Gil.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), el doctor Juan Macías, ha destacado que la alta prevalencia de enfermedades en el anciano, los diferentes patrones de presentación, su tendencia a la incapacidad, su más dificultosa respuesta al tratamiento y sus frecuentes requerimientos de soporte social «requieren una especial preparación médica».
«La mayoría de las subespecialidades en Medicina encuentran que una gran proporción de sus pacientes son ancianos y se espera que esta tendencia aumente en los años venideros, de ahí que es fundamental que médicos y profesionales de la salud conozcan el proceso de envejecimiento, así como el diagnóstico y manejo de las enfermedades en los pacientes de edad», ha señalado Macías.
Tras afirmar que los cambios normales de la vejez deben ser diferenciados de los efectos de las enfermedades, el responsable de la SEMENG ha hecho hincapié en que los profesionales de la salud «deben estar alerta al diagnóstico precoz de dichas enfermedades y tratarlas correctamente».
Así, ha aseverado que la prevención y el manejo de la incapacidad es el mayor factor en la promoción de la salud en los ancianos.
Empresas de Dependencia alertan de que el sector está casi «en bancarrota»
El presidente de la Federación Estatal de Empresas de Dependencia (FED), Alberto Echevarría, ha alertado hoy de que el sector de atención profesional a los dependientes está «prácticamente en bancarrota» porque «desde hace dos años» sólo «ha sufrido recortes».
El máximo representante de la FED ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un foro sociosanitario, celebrado en Valladolid, al que ha asistido también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos.
Echevarría ha asegurado que «no se está apostando por la Ley de la Dependencia» y la «excusa es la crisis», algo que, a su juicio, no puede hacerse porque el sector de atención profesional a la dependencia «tiene demanda».
El presidente de los empresarios del sector ha indicado que sólo en centros residenciales en España existe una oferta de 60.000 plazas, cuando hay «más de 200.000 usuarios que, habiendo sido valorados como grandes y severos dependientes, a día de hoy no están recibiendo prestación».
«Es un sector que realiza inversiones y crea puestos de trabajo», ha manifestado Echevarría, quien ha insistido en que la «excusa jamás puede ser la crisis económica».
El presidente de la FED ha añadido que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que «mejor lo está haciendo» porque está «apostando por servicios profesionales», que, a su juicio, es «lo que genera inversión y empleo».
Echevarría ha apostado también por mejorar la atención sociosanitaria y ha asegurado que «no se puede estar pagando 700 euros por plaza y por día en un hospital de agudos, cuando el 50 por ciento de estas plazas están ocupadas por enfermos crónicos».
«Los especialistas en la atención a crónicos son los centros residenciales y sociosanitarios, que lo pueden hacer cinco veces por debajo de ese coste», ha precisado.
«No podemos jugarnos la atención de la Ley de la Dependencia», ha asegurado el presidente de la FED, quien ha recordado que el 24 por ciento de las plazas de los centros residenciales en España están vacías y que un servicio de esas características «no puede sobrevivir por debajo de un 20 por ciento de ocupación».
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha participado en el foro a través de la explicación del modelo de atención a la dependencia en la Comunidad.
Marcos ha hablado sobre las medidas que se adoptaron en Castilla y León el pasado año para «garantizar la atención profesional y de calidad a las personas dependientes» y «en paralelo la sostenibilidad de los centros de atención a personas mayores tanto en el ámbito urbano como en el rural».
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que se incrementaron «sustancialmente» las cuantías que se otorgan a las personas dependientes que eligen cuidados profesionales y se acordaron con el sector unos «precios de referencia» para que los dependientes puedan «comprar» el servicio que necesitan con lo que aporta la Comunidad y la capacidad económica del usuario.
La consejera ha presentado el sistema de centros multidisciplinares de la Comunidad y el de las unidades de convivencia, con atención «más personalizada», que ya está funcionando en cuarenta centros de la Comunidad.
Gestionar servicios sociales en tiempos de crisis
Un millón cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos euros con treinta y cinco céntimos, (1.054.842,35€) esta es la deuda de la Conselleria de Bienestar Social al Ayuntamiento de Alcoi en materia de Servicios Sociales.
Empiezo este artículo con un cifra que esconde el gran esfuerzo económico que estamos realizando el Ayuntamiento para hacer frente a las necesidades de muchos de nuestros ciudadanos, una cifra que encierra la dedicación de las y los técnicos del Departamento de Servicios Sociales para poder atender los cada vez más numerosos casos de personas que acuden al departamento en busca de ayuda.
Como Ayuntamiento nos sentimos con la responsabilidad de denunciar públicamente esta situación. Somos la administración más cercana al ciudadano. La administración que conoce de primera mano los problemas de muchos de nuestros vecinos. No nos sirve que se excusen en la situación económica. Las cifras macroeconómicas y los baremos no entienden del esfuerzo diario de las personas por vivir dignamente. Ahora es el momento de dedicar un mayor esfuerzo económico y reforzar las políticas sociales.
Pero la Conselleria lejos de esta realidad está haciendo mucho más difícil el día a día de las familias. Un claro ejemplo lo tenemos en la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación económica que se destina para ayudar a familias con dificultades. La Generalitat Valenciana debe al Consistorio 276.205€. Una cantidad que el Ayuntamiento de Alcoi está anticipando para que las familias no dejen de percibir la ayuda. Una muestra más de la desidia de una Conselleria a la que no le preocupa el bienestar de sus ciudadanos. Tienen un concepto muy equivocado entre lo que debería ser «solidaridad» y lo que quieren convertir en «caridad».
Cada día en el Departamento de Bienestar Social se atiende a más familias que acuden para que se les ayude, entre las diferentes prestaciones que se conceden a nivel municipal hay que destacar la de necesidades básicas, una ayuda económica para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, la petición de demanda para la obtención de dicha ayuda se ha visto incrementada en un 60% más que en el primer trimestre del 2012, pero pese a al incremento se está dando cobertura.
Desde que accedimos al gobierno en 2011 ya en plena crisis, centramos nuestros esfuerzos en priorizar el área de Bienestar Social trabajando conscientes de las necesidades. Para ello hemos ido incrementado año a año la partida para ayudas de emergencia en más de un 100% y seguiremos esforzándonos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, aunque somos conscientes que por desgracia siempre será insuficiente.
Pero no me quería olvidar de una parte importante de quienes contribuyen también con su esfuerzo a la mejora del día a día de las personas. Quienes estamos al frente de este Ayuntamiento sabemos que es imprescindible contar con la colaboración y el trabajo incesante de entidades sociales de nuestra ciudad. Equipos de personas que están dedicando su tiempo ayudar a las familias, dando cobertura a las necesidades allí donde la administración no puede llegar. A todas ellas mi agradecimiento público por todo su trabajo.
No son tiempos fáciles y para esta Concejalía, como pueden deducir, menos si cabe. Pero seguiremos con las ganas y las fuerzas de seguir trabajando y esforzándonos por mejorar esta delicada situación en la que estamos inmersos, contamos con la implicación de todo el equipo humano que conforma este departamento de bienestar social que a lo largo de este tiempo de dificultad han resuelto centenares de situaciones complejas. Y ese bagaje de trabajo, dedicación y empeño de todos estos años, nos hacen mirar con optimismo hacia el futuro.
