Derechos Sociales

Comunicado Edad&Vida: EN DEFENSA DE LA LEY

Fundacion EdadVidaAnte las últimas noticias publicadas sobre la reciente aprobación de una modificación de la Ley de Servicios Sociales por parte del Parlamento Balear que establece “prioridad” en el caso de conciertos con la Administración Balear de unas entidades a través del denominado Concierto Social, sin tener que acudir dichas entidades a procedimientos competitivos, con formas de contratación no acordes con Ley de Contratos del Sector Público, la Fundación Edad&Vida se siente en la obligación de hacer pública su disconformidad ante dichos hechos y ante éstos declara que:

– En los últimos tiempos, algunas administraciones públicas vienen manteniendo formas de contratación directa con entidades sin ánimo de lucro, que sobrepasan ampliamente el espacio asignado para estas entidades en la Ley de Contratación Estatal, vulnerando con ello los sistemas generales de contratación que se basan en la aplicación de principios tales como publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, entre otros.

– En 2010, el Tribunal de Cuentas hizo una moción a las Cortes Generales, debido a unas alarmantes cifras de que en 10 años más de 32.500 millones de euros se habían convenido directamente, proponiendo la configuración de un marco legal adecuado y suficiente para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas y la adopción de las medidas necesarias para un uso eficiente de los recursos públicos que se canalizan por esta vía. Y todo ello, por varios motivos: porque estos convenios, por regla general, se celebran sin una norma habilitante específica, porque no se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad o a promover la concurrencia y porque, bajo la apariencia formal de convenios de colaboración, se han tramitado auténticos contratos administrativos, eludiéndose así la aplicación de la legislación contractual.

– En Edad&Vida, fundación cuyos miembros se mueven por la mejora, promoción e innovación de la calidad de vida de las personas mayores, entendemos a la persona como eje de la atención social, lo que debe permitir concurrir a todos aquellos que, en igualdad de condiciones, sean capaces de ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios, en un proceso competitivo. Sólo esto permite a la administración tener garantía de calidaden la atención a las personas mayores, nuestra razón de ser.

– Desde Edad&Vida defendemos que todas las entidades deben someterse a procedimientos competitivos según la legislación en materia de contratación vigente y que, sólo un mejor resultado en ese proceso público, en igualdad de condiciones y sin discriminación por la naturaleza jurídica entre entidades, sea determinante en la adjudicación. No pedimos el compromiso de los responsables públicos, tan sólo exigimos el cumplimiento de la Ley en materia de contratación.

La atención a la dependencia seguirá en picado en 2014: 31.000 grandes dependientes menos

Dependencia_1El pasado año ha sido probablemente el más duro para los dependientes y sus familias desde que la Ley de Dependencia se pusiera en marcha en el 2006. El Estado ha reducido el nivel mínimo un 13% (aporte a las CCAA), ha suprimido el nivel acordado (se perdieron 283 millones para atención a la dependencia), se ha reducido un 15% las prestaciones económicas a los cuidadores familiares, se ha incrementado el copago de los enfermos, se ha eliminado la cotización a los cuidadores y se ha aplazado la entrada de nuevos usuarios hasta 2015. Con este panorama, desde que Rajoy llegó a La Moncloa se han contabilizado 62.690 grandes dependientes menos en el sistema.

El año que acaba de comenzar no presenta mejores expectativas para aquellos que están pendientes de una valoración o que ya están dentro del sistema. En octubre de 2011, las personas dictaminadas con un grado III de dependencia (el mayor de todos, llamado ‘Gran Dependencia’, que supone que necesitan ayuda para realizar diversas actividades básicas de la vida diaria varias veces al día con el apoyo continuo de otra persona para lograr autonomía) eran 433.290. En octubre de 2013 han bajado a 332.627 con 37.973 incorporaciones (antes de que se paralizaran), de manera que el total de grandes dependientes suma 370.600.

Estas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad muestran que se han perdido 2.588 grandes dependientes cada mes. De seguir la tendencia actual, en 2014 habrá 31.000 grandes dependientes menos, hasta quedar reducido su número a 340.000, según los cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. «Esta reducción se explica básicamente por tres motivos: hay bajas por fallecimientos de las personas, estas bajas no se están reponiendo con nuevos usuarios atendidos y además en algunas comunidades se están realizando revisiones de grado a la baja«, comentaba José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación.

Las mencionadas revisiones de los dependientes han dado lugar enalgunos casos a una reducción de grado, algo que tiene su explicación en la necesidad de recortar las prestaciones económicas principalmente. Según los límites establecidos, un dependiente valorado con un grado III nivel 2 (existen tres grados de dependencia y cada grado se divide a su vez en dos niveles) podía llegar a percibir por cuidados familiares en enero de 2013 un máximo de 520 euros, que quedaban en 387 tras el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Rebajando un grado la valoración, el máximo a percibir sería de 337 euros al mes (268 tras la medida de julio), lo que supone un ahorro neto de 183 euros mensuales. Lo mismo ocurre con la prestación vinculada o con la ayuda a domicilio, en cuyo caso se reduciría el número de horas de ayuda.

«Es cierto que la rebaja de grado supone también una merma en la entrada de recursos estatales, pero les compensa. Por el dependiente de grado III nivel 2 con cuidados familiares la Comunidad Autónoma recibiría 231 euros al mes y una rebaja de grado supondría percibir únicamente 89 siendo grado II nivel 2. Esto con una merma de ingresos de 141 euros pero con cierta ‘ganancia’ neta mínima de 41 euros al mes que se acrecentaría en función del copago por parte del usuario en la prestación económica», explican desde la Asociación Estatal.

También la Administración General del Estado se beneficia de estas medidas, ya que reduce notablemente su aportación a las comunidades para la gestión de la dependencia. Si entre octubre de 2011 y febrero de 2012 debía transferirles 90 millones de euros por el nivel mínimo de las personas con grado III, desde julio de 2013 se ha reducido la cifra a menos de 70 millones, por lo que soncasi 25 millones de ahorro, «unos 23 si tenemos en cuenta ese 10% de grandes dependientes valorados pero sin Programa Individual de Atención (PIA)», comentan.

Lucha incansable

Pese a la pésima situación actual de la dependencialos actores sociales no han dejado de denunciar las medidas adoptadas y la manipulación de datosque dicen que lleva a cabo el Ministerio que ocupa Ana Mato y el IMSERSO, quien el pasado noviembre habría difundido unas estadísticas con un incremento mensual de más de 14.000 personas atendidas. «Este Observatorio ha analizado estos datos y ha recabado información de las Comunidades Autónomas de forma que está en condiciones de afirmar que el “cambio de tendencia” desgraciadamente no es tal sino que se trata de datos no depurados con las bajas de personas fallecidas correspondientes al cruce de los datos de vivencia facilitados por el Ministerio de Justicia en el último mes. Es notorio que tras la supresión de los niveles, las personas dictaminadas con grado y nivel no pueden hacer sino disminuir su número a medida que se producen las bajas por fallecimiento. Por el contrario, los nuevos dictámenes (sólo de grado) son los que deberían mantener una línea ascendente. Si no fuera por lo dramático y serio del asunto,se podría decir que el IMSERSO ha “resucitado” este mes a más de 4.000 personas dependientes», decían desde la Asociación Estatal.

Precisamente para protestar por la suma de todo lo anterior, el pasado 20 de diciembre presentaron en el Congreso, junto con laCoordinadora Estatal de las Plataformas en defensa de las LAPAD,250.000 firmas para pedir al Gobierno que cumpla con la Ley de Dependencia. «Se está produciendo una derogación encubierta y una demolición controlada de la ley. En noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, y en noviembre de 2013 se reduce a 940.642. En sólo dos años son 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones. Son 148 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy. El sistema tiene cuatro beneficiarios menos cada día en este periodo. Es inadmisible y cruel revertir esto con eufemismos como «mejora» o «sostenibilidad» del sistema o de la ley», concluye Ramírez.

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El número de mayores de 65 años que viven solos crece un 25% en diez años

viviendas mayores Un total de 1,7 millones de hogares españoles de los 18 millones censados (el 9,5%) están formados por una persona sola de 65 años o mayor de esa edad, una cifra que ha aumentado un 25,8% en los últimos diez años, según revelan los Censos de Población y Viviendas 2011 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Además, del informe se desprende que tres de cada cuatro de los mayores de 65 años que residen solos son mujeres. Así, el número de hogares formados sólo por una mujer de 65 años o más asciende a 1,2 millones, frente a los 429.700 formados por hombres.

Este es uno de los indicadores del descenso del número de miembros por hogar durante los últimos 40 años, que han pasado de ser casi cuatro personas por hogar en 1970 a 2,58 en 2011. Esta tendencia, según indica el INE se debe «al descenso de la natalidad y al mayor peso de los hogares unipersonales».

Concretamente, el informe muestra que los hogares más frecuentes son los formados por dos personas (30,1% del total), al igual que sucedía en 2001, frente a aquellos formados por cinco o más personas que han pasado de representar el 11,8% del total al 6,5%. Entre las provincias con mayor tamaño medio del hogar destacan Murcia y Cádiz, con más de 2,75, mientras que las de menor número son las tres provincias vascas y ocho de las nueve de Castilla y León.

DESCIENDE EL NÚMERO DE HOGARES CON TRES O MÁS HIJOS

En cuanto a los miembros de los hogares, el censo revela que los formados por una pareja sin hijos han aumentado un 55,4%. Por el contrario, el número de hogares formados por una pareja con tres o más hijos, es decir, las familias numerosas, ha descendido un 32,8% respecto al año 2001.

Atendiendo a los hogares unipersonales, que representan el 23,2% del total, aunque solo al 9% de la población, en el 57% de los formados por un hombre, este es soltero, mientras que en el 48% de aquellos en los que vive sola una mujer, esta es viuda.

CASI 4 DE CADA 10 JÓVENES HASTA 34 AÑOS VIVEN CON SUS PADRES

Por otro lado, hay 333.882 hogares formados por un padre con hijos y 1,3 millones de madre con hijos, con un aumento del 44,8% en diez años. El 43% de estos hogares formados por madre con hijos corresponden a mujeres viudas, el 31,9% a mujeres separadas o divorciadas, el 13,8% a casadas y el 11,3% a solteras, en su mayoría con 40 o más años. Sobre los jóvenes de 25 a 34, el 42% viven con su pareja, el 36,4%, con sus padres, y el 8,7% solos.

Por otra parte, el estudio muestra que, de las 7 millones de parejas con hijos, casi medio millón tiene algún hijo que no es común a los dos miembros de la pareja, una cifra que ha aumentado un 110,8% en los últimos diez años «debido al incremento de las rupturas matrimoniales».

En cualquier caso, las parejas de derecho, un total de 9,8 millones, siguen siendo más numerosas que las de hecho, 1,6 millones. No obstante, en la última década, el número de hogares formados por parejas de hecho con sus dos miembros solteros ha aumentado un 249,5% y los formados por parejas de hecho de otro tipo, un 136,4%.

Además, se observa que el 99,5% del número de parejas son de distinto sexo, aunque los hogares compuestos por parejas del mismo sexo se han multiplicado por cinco en diez años, situándose en 54.920 –17.067 femeninas y 37.853 masculinas–.

ESPAÑOLES CON PAREJA DE SUDAMÉRICA Y ESPAÑOLAS CON EUROPEOS

En cuanto a las parejas extranjeras, han aumentado en diez años hasta representar el 8,9% del total, mientras que aquellas en las que uno de los miembros es extranjero y otro español son el 5%. En un 46% de las parejas compuestas por un hombre español y un cónyuge extranjero, éste procede de un país de América del Sur o Central, y en un 45% de las formadas por una mujer española y un cónyuge extranjero, la procedencia de éste es un país de la Unión Europea.

En esta línea, de los datos se desprende que el 70,1% de la población residía en el mismo municipio que diez años antes y que el porcentaje de personas que hace diez años residían en el extranjero se ha triplicado respecto al censo anterior, pasando de representar el 2,4% de la población en 2001 al 7,3% en 2011.

Además, el estudio revela que del total de personas nacidas en España, 1,3 millones tienen padre nacido en el extranjero y 1,4 millones, madre nacida fuera, siendo los países de nacimiento más frecuentes de los progenitores Marruecos, Francia, Rumanía y Ecuador. Mientras, el número de personas nacidas en España con padre y madre extranjeros es de 797.289, siendo los progenitores de Marruecos, Rumanía y Ecuador, en su mayoría.

SE TRIPLICA EL NÚMERO DE QUIENES ESTUDIAN EN SU CASA

Atendiendo al nivel de estudios de quienes residen en los hogares españoles, se observa que el número de personas de 16 o más años que cursan algún tipo de estudios y no trabajan, ha aumentado ligeramente en la última década y alcanza los 3,2 millones de personas, triplicándose la cifra de personas que estudian en su propio domicilio que ha pasado del 3,5% al 11,1%. Además, el 55,7% de las viviendas principales españolas disponen de Internet.

Concretamente, las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de personas con estudios de tercer grado son la Comunidad de Madrid (23,3%), País Vasco (18,8%) y Navarra (17,6%). Además, los municipios de más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje de personas de 16 años o más con formación de tercer grado se concentran en Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Torrelodones (Madrid) con porcentajes superiores al 50%.

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España se aleja del cumplimiento de los derechos de las personas mayores

derechos humanosLa crisis económica y la evolución demográfica hacen que en España se incumpla en gran medida los derechos de las personas mayores.

Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos, y se celebran 20 años desde que Naciones Unidas resaltó por primera vez los Derechos de las Personas Mayores.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha declarado que “aunque los últimos 20 años han sido testigos de progresos extraordinarios, nunca debemos olvidar que hay quien se ha quedado atrás: migrantes, personas de edad, minorías religiosas y étnicas…”.

El derecho internacional reconoce los derechos de las personas mayores como una cuestión emergente de derechos humanos (http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/OHCHR20/Pages/Achievements.aspx)

Se prevé que el número de personas mayores de 60 años aumente desde los actuales 740 millones hasta llegar a los 1.000 millones en 2020.

Lamentablemente, según la ONU, ese mayor número también ha arrojado luz sobre la falta de mecanismos adecuados de protección y las carencias existentes en las políticas y los programas destinados a ocuparse de la situación de las personas de edad.

Son cinco los Principios aprobados a favor de las Personas de Edad: Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad. Los cambios demográficos y económicos están haciendo que en España el cumplimiento de estos derechos esté muy lejos de conseguirse.

 Independencia.- En España más de ocho millones de personas tienen más de 65 años y aproximadamente 2.500.000 sobreviven por debajo del umbral de la pobreza con pensiones inferiores a 600 euros.

A pesar de la numerosa legislación que protege a los trabajadores de edad tanto de Naciones Unidas como de la Unión Europea: Declaración Universal de Derechos Humanos  (Naciones Unidas 10 de diciembre de 1948)Principios en favor de las Personas de Edad (Naciones Unidas, 1991);Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, (ONU, 2002); Recomendación sobre los trabajadores de edad, Nº 162 (OIT, 1980); Convenio sobre la Protección Internacional de los Adultos (Conferencia Internacional de La Haya de Derecho Internacional Privado, 2000); Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (julio 2011); DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2000;Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000; en España además la Constitución Española, articulos 9 y 14 y del Estatuto de los Trabajadores articulo 4.2.c), es el colectivo que se está viendo más apartado del ámbito laboral (junto con los jóvenes) en esta crisis, lo que les lleva a quedarse fuera del mercado y en muchos casos sin recursos para vivir.

Cuidados.- En el año 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas declaró “…el problema más importante que plantea el envejecimiento mundial es el de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Es imprescindible que se tomen medidas para erradicar la discriminación y la exclusión de esas personas…”

El 26,5% de las personas de 65 y más años tiene alguna dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como alimentarse, asearse, vestirse, levantarse y acostarse

El 80% de los cuidados a mayores dependientes se realiza en casa, por familiares, generalmente mujeres mayores de 50 años.

Faltan geriatras que coordinen la atención sanitaria de las personas mayores y la distribución de los mismos es muy desigual en las distintas CCAA. En general, la formación de los profesionales sanitarios tiene un pequeño o nulo contenido en materia de atención a las personas mayores. Los centros y el personal de atención primaria deberían adaptarse a los mayores.

Los recortes en la Ley de Dependencia han puesto en situaciones de dificultad extrema a muchas familias sin posibilidades de una atención privada.

Autorrealización.- Menos del 10% de los mayores españoles de 65 años se conectan habitualmente a Internet. La brecha digital por razón de edad es muy profunda en nuestro país y es necesario contribuir a difundir tecnologías de información y comunicación para fomentar la asistencia en el entorno familiar y la independencia de las personas de edad avanzada.

Dignidad.- No existen en España estudios fiables sobre la incidencia de los malos tratos a personas mayores. Se deben establecer protocolos de actuación para la prevención y detección de los posibles malos tratos tanto en el ámbito profesional como en el familiar. Así como estudios en profundidad sobre la incidencia de los malos tratos en las personas de edad.

Participación.- A pesar de que las personas mayores de 65 años son más del 17% de la población total, su presencia social es apenas testimonial, y en algunos ámbitos incluso invisibles.  Por ejemplo, en las ultimas elecciones municipales (mayo 2011),  solo cinco, de los 50 candidatos presentados por cada uno de los partidos mayoritarios en las capitales de provincia, eran mayores de 65 años; cuatro del PP que resultaron electos (en Huelva, Málaga, Badajoz y Oviedo) y uno del PSOE (Las Palmas de Gran Canaria).

Así UDP coincidiendo con la celebración hoy del Día de los Derechos Humanos insta a Naciones Unidas a elaborar tal y como se recoge en la Declaración de Brasilia (diciembre 2007)  una Convención Internacional de los Derechos de las Personas de Edad tal y como se ha hecho con otros colectivos con alto riesgo de sufrir discriminación y exclusión social (niños, mujeres, discapacitados, inmigrantes…).

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El País Vasco esquivará el copago compensando a las rentas más bajas

Jon DarpónEuskadi fue el pasado 1 de julio la última comunidad autónoma en aplicar el copago farmacéutico decretado en 2012 por el Ministerio de Sanidad y será la primera en poner en marcha un mecanismo de compensación. El Gobierno vasco aprobó este martes, en su reunión semanal, el decreto por el que, a partir de diciembre, los colectivos más vulnerables podrán solicitar la ayuda.

Según la estimación del Departamento de Salud, las compensaciones llegarán a 400.000 personas —la comunidad autónoma tiene 2,1 millones de habitantes—. En un principio, el Gobierno habló de 546.374 personas compensadas. Es la cifra de pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, parados sin prestación e inmigrantes con más de un año de empadronamiento y escasos recursos, los tres grupos que recibirán compensaciones. Los colectivos afectados —deben contar con una tarjeta sanitaria expedida en Euskadi— podrán solicitar la ayuda a partir de diciembre con efectos retroactivos a 1 de julio y los pagos comenzarán en 2014, año para el que el Ejecutivo autónomo ha reservado 18 millones de euros ampliables. La solicitud la deberán realizar los propios pacientes una vez al año en su centro de salud y el departamento abonará las cuantías al menos una vez cada seis meses.

Ante la posibilidad de un recurso contra la medida por parte del Gobierno central, el vasco ha tomado la decisión de no hablar de compensación del copago. Tampoco lo hizo al presentar el decreto. El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó que la compensación es una “ayuda social” para “asegurar la adherencia a los tratamientos” de personas en situación “objetiva de enfermedad y necesidad”. Darpón lo enmarcó en el plan de salud vasco, que exige eliminar las desigualdades en el acceso a la sanidad, y añadió que no están “cuestionando” la legislación española, sino habilitando instrumentos propios dentro del marco competencial autonómico.

El Ministerio de Sanidad afirmó este martes que estudiará el decreto del Gobierno vasco antes de decidir si lo recurre. Una portavoz recordó que los parados de larga duración están exentos del pago desde que se puso en marcha la medida. El Ministerio sí recurrió a la justicia cuando Euskadi se declaró insumisa al copago farmacéutico y se negó a aplicarlo en su territorio. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que obligaba a poner en marcha el copago, que finalmente llegó a las farmacias en julio, es decir, justo un año después de que se iniciara en el resto del Estado. “Estamos en desacuerdo pero lo aplicaremos”, aseguró entonces el consejero Darpón.

A diferencia de otras comunidades, como Madrid, el País Vasco puso en marcha desde el principio un sistema que permite alertar a las farmacias de que se ha llegado al tope de aportación de cada usuario (en el caso de un pensionista, 8, 18 o 60 euros, en función de la renta), lo que evita los complejos trámites de devolución. Madrid, por ejemplo, cobró en los dos primeros meses de implantación 2,3 millones de euros de más a los pensionistas, que luego tuvo que devolver.

Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, es una de las que lidera ahora la insumisión al copago de fármacos hospitalarios, la última medida impuesta por el Ministerio de Sanidad, en vigor desde el 10 de septiembre, pero que ninguna región ha puesto aún en marcha. El País Vasco y Andalucía, entre otras, también han criticado el copago de los medicamentos que los enfermos recogen en los hospitales.

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La Junta reitera que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén

María José Sánchez RubioLa consejera de Igualdad, Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha reiterado que «de una forma u otra» la ayuda a domicilio se mantendrá en Jaén, aunque no ha precisado cómo a la espera de la reunión que este mismo lunes va a tener con el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), «con la idea de buscar alguna solución» para que se preste «como se había venido haciendo hasta ahora», por el Ayuntamiento mediante concesión a una empresa.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración del décimo aniversario de Salud Responde, donde ha confirmado el posterior encuentro con el regidor, después de que denunciara el convenio, «fuera de plazo», a juicio del Gobiernoautonómico.

«Pero lo más importante no es si está o no fuera de plazo, sino que ellos manifiestan la voluntad de no prestar el servicio y lo que nosotros queremos es llevarle a su ánimo que lo siga haciendo», ha matizado la consejera, para la que tanto los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes como las diputaciones son «instrumento fundamental» para la gestión de los servicios vinculados a la Dependencia «desde el ámbito público».

En este sentido y a la espera de lo que Fernández de Moya le transmita, ha dicho que «en primer lugar la propuesta» que le hará es que «siga manteniéndose el servicio» como hasta el momento, aunque no ha entrado en si planteará un calendario de pago sobre la deuda que la Junta mantiene con el Consistorio. «De ese tema hablaré después con él», ha declarado la consejera, quien ha recordado que ha recibido ya en torno a 630.000 euros y «en estos días» recibirá unos 800.000 euros con cargo al plan de proveedores, de modo que «será 1,4 millones de euros a finales de año» y el objetivo «es liquidar lo más posible».

«Queremos que sea a través del Ayuntamiento. Esperemos que no le vaya a pasar con las personas como le ha pasado con el metro (en alusión al tranvía). No es lo mismo», ha apostillado. En cualquier caso, la titular de Igualdad, Salud y Bienestar Social ha querido lanzar un mensaje para «quitarles esa ansiedad que se genera» entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, así como a sus familias y quienes la prestan, «porque al final, de una u otra forma, ellos van a seguir recibiendo la prestación», si bien no ha precisado cómo sería. «Vamos a esperar a esa reunión y espero que lo sigan haciendo desde el Ayuntamiento y, si no, buscaremos una fórmula», ha recalcado.

COLABORACIÓN

Además y preguntada por si le preocupa que el planteamiento del Ayuntamiento jiennense pueda extenderse por la comunidad, ha dicho confiar en que «no», puesto que se ha venido trabajando «en colaboración muy estrecha con las corporaciones locales» y «existe una red de profesionales que se financian precisamente para que se pueda prestar» a través de esta administración.

«Sí que es cierto que vamos a ir manteniendo una serie de reuniones a lo largo del martes y miércoles con todos los ayuntamientos y diputaciones para ver las preocupaciones y los problemas que plantean, con el tema de los pagos, fundamentalmente», ha señalado Sánchez Rubio, para la que «el mejor sistema de trabajar» es el actual y se va «a buscar la mayor celeridad al tema de los pagos».

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El 61% de los jóvenes sería pobre si se emancipara

Neus Munte_2El 61por ciento de los jóvenes catalanes de entre 20 y 34 años que vive con sus padres sería pobre si se emancipara. Así se desprende de la Encuesta a la Juventud de Cataluña 2012 (EJC12), elaborada por la conselleria de Bienestar Social y Familia. El 36,6 por ciento de los jóvenes catalanes vive con sus padres, de los que un 40,8 por ciento aportan más de una cuarta parte de los ingresos totales del hogar.

Pese a ello, el 18,7 por ciento de los hogares en los que viven jóvenes no emancipados están por debajo del umbral de la pobreza, una tasa que sería del 35,1 por ciento si no se contaran sus ingresos. «Su papel es muy importante en las familias y son de gran ayuda», dijo la consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté.

Lejos de la política

La encuesta, realizada con una muestra de 3.000 jóvenes, destaca que el 49 por ciento de los catalanes de entre 20 y 34 años tiene poca o nula participación política, de los que un 19,4 por ciento muestran actitudes de desafección y alejamiento, por lo que no votan.

También revela el informe que uno de cada cuatro personas de esta franja de edad de entre 20 y 34 años tiene un hijo actualmente, mientras que la proporción asciende al 47 por ciento si se acota entre los 30 y los 34 años. El 41,6 por ciento declara tener dificultades para conciliar los estudios o el empleo con la vida familiar.

Además, el estudio detecta que tres de cada cuatro hablan habitualmente catalán, pese a que sólo es la lengua inicial para el 36 por ciento de ellos, una proporción que asciende al 47 por ciento en el caso del castellano.

En relación al estado de salud, tiene un estado óptimo el 64 por ciento de los jóvenes y un 10 diez por ciento tiene un mal estado porque sufre algún problema psicológico, consume alcohol y drogas con regularidad y tiene conductas de riesgo, entre otros factores. La encuesta también concluye que el 98,4 por ciento de los jóvenes tiene una actitud positiva respecto a los estudios y el empleo, lo que para Munté demuestra que «es necesario superar los estereotipos que dibujan una juventud pasiva y víctima de un contexto desfavorable por la crisis».

La consellera también destacó que solo el 1,6 por ciento de los jóvenes catalanes tiene una actitud pasiva porque no estudia ni trabaja, lo que demuestra que «la gran mayoría está comprometida con su entorno y busca formas de lograr sus proyectos vitales aunque sea a contracorriente»

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Madrid realiza 2.400 dicatámenes de la ley de dependencia en cinco meses

dependienteLa atención a personas dependientes tendrá un presupuesto de 990 millones en 2014, 50 más que este año, según ha señalado el Consejero de Familia y Asuntos Sociales. Jesús Fermosel ha hecho balance en la Asamblea de los dictámenes y nuevos beneficiarios en los últimos cinco meses.

En una comparencia en la Asamblea a petición del grupo socialista, el consejero ha informado de que entre mayo y septiembre, en la Comunidad, la teleasistencia llega a 52 personas más (se espera un crecimiento importante este mes), las prestaciones para servicios en centros externos han pasado de 5.400 a 6.200 y para cuidados en el entorno familiar de 13.832 a 23.555. Los dictámenes, por su parte, han subido en 2.412 personas hasta las 170.266. Fermosel ha explicado que el periodo elegido para dar los datos está relacionado con el informe del Tribunal de Cuentas que descubrió que había miles de prestaciones con irregularidades. En el caso de Madrid, 2.400 expedientes. «Esto signfica que nos creímos la ley. Mire las estadísticas y vea quién se cree la ley», ha asegurado Fermosel tras aportar datos también de Andalucía, donde desde mayo ha crecido en menor grado el número de nuevos evaluados y beneficiarios de la ley de dependencia.

El consejero también ha destacado que el presupuesto para 2014 será de 990 millones sumando todas las partidas destinadas a dependencia y que su departamento está trabajando en nuevos convenios marco que unifiquen los convenios con residencias o la teleasistencia, que antes se prestaba desde cada municipio y ahora la ha agrupado la Comunidad en un único contrato para toda la región.

En su turno, la oposición ha mostrado su preocupación por la aplicación del decreto de 2012 que modifica la ley de dependencia y por el recorte de más de 1.000 millones del Gobierno central para 2014, pues afectarán a la aplicación de la ley en las comunidades. Se ha rebajado la aportación a los cuidadores, se pasa de los seis meses a los dos años como plazo para el dictamen y sin derecho a retroactividad, y aumenta el copago, según ha detallado Mauricio Valiente, de IU.

El portavoz de UPyD, Alberto Reyero, ha criticado que, según los datos de los últimos años hay unas 30.000 personas que solicitan esta ayuda y «siguen a la espera». La portavoz del PSOE, Matilde Fernández, ha añadido que en Madrid hay 98.589 personas beneficiarias, pero 82.363 que reciben la ayuda.

Por otra parte, el parlamentario de UPyD ha llamado la atención sobre el aumento de las prestaciones para el servicio en el entorno familiar, frente a las residencias. «Hace dos años éramos la comunidad con más plazas residenciales y hoy nos superan Cataluña y Andalucía», ha dicho. El PSOE también ha mostrado su preocupación por la congelación en las inversiones los centros de día y residencias. «En lo importante no va a haber crecimiento. No se quiere incorporar plantillas», ha indicado Fernández. La diputada socialista también ha asegurado que se hace crecer los beneficiarios de cuidados familiares porque la Administración tendrá que aportar menos a esta fórmula si se aplica el decreto del Gobierno central. Y también le ha recordado al responsable regional de Servicios Sociales que Andalucía tiene 171.013 personas beneficiarios y Madrid 82.363.

Fermosel ha explicado este aumento de ayudas en el entorno debido a que la Comunidad ofrece esta opción a quines están esperando una residencia, algo que, según ha destacado, solo hace Madrid. En estos momentos, esta asistencia se le ofrece a un 23 por ciento de los solicitantes, frente a comunidades que llegan al 70.

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La Sexta columna: «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»

La Secta columnaPor su indudable interés, reproducimos el reportaje de «La Sexta columna» del viernes 1 de noviembre, «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle para abrazarte?»

 

Los recortes en la Ley de Dependencia afecta a personas con nombres y apellidos, personas que están directamente relacionadas con la política y los políticos, pues son ellos quienes más sufren sus descorazonadas medidas.

María tiene Alzheimer desde hace 7 años. Su enfermedad le ha cambiado la vida a toda su familia. Tuvieron que irse de la ciudad a una casa más barata en el campo. Su nuera, Ana María, se tuvo que dedicar exclusivamente a su cuidado.

El marido de Ana María está en paro, ninguno de sus 2 hijos trabajan y ella tampoco, aunque al menos la ley le garantizaba cotizar a la Seguridad Social como cuidadora. Pero tras los últimos recortes, le han quitado la cotización y además le han bajado la ayuda a la dependencia un 16%. Un recorte que para esta familia de 5 miembros, es un drama.

El campo ha aliviado su situación con un pequeño huerto o con los huevos que ponen sus gallinas. Pero lo que de verdad les vendría bien, son los 19.000 euros que el Gobierno les debe de pagos atrasados de ayudas a la dependencia.

El caso de Ariadna también es muy duro. Ha decidido hablar y contar su historia. “Mi madre tiene una enfermedad rara, que se llama Machado-Joseph. No hay cura ni medicación específica. Cuanto más joven se sufre, peor. Su exmarido le dejo. Ella no puede hacer nada. Tengo que hacer yo todo. Es como una cría pequeña”.

Ariadna se encontró con esta situación con 17 años. Ahora tiene 23, pero habla con una seriedad que desgarra.

Ha estudiado para convertirse en enfermera, pero no tiene posibilidad ninguna de trabajar, salvo gratis en su casa cuidando a su madre. Tiene que estar constantemente pendiente de ella. Además de cobrar cada vez menos ayuda a la dependencia, ahora tampoco cotiza por su trabajo.

Andrés es la sombra de su madre. Tiene 26 años y depende de ella totalmente: para vestirse, peinarse, lavarse la cara. Los recortes les han dejado al límite. Los 215 euros al mes que cobran de dependencia se van en pañales y medicinas. Los 500 euros de pensión de invalidez los gasta en el alquiler. Y ella, que no puede trabajar porque tiene que cuidarle, ya no cotiza nada.

Sin embargo, Amparo, que ya no llega fin de mes, no tiene sólo tiempo para sentir pena, últimamente también siente mucha rabia, sobre todo cuando recuerda. «Cuando llegan las elecciones, ¿cómo pueden salir a la calle a abrazarte? Yo he abrazado a María Dolores de Cospedal. Yo la voté porque me dio un voto de confianza».

Los beneficiarios de la Ley de la Dependencia aumentan en Extremadura un 6,1% entre mayo de 2011 y septiembre de 2013

Luis Alfonso Hernández CarrónExtremadura ha superado por primera vez los 20.000 beneficiarios de la Ley de la Dependencia, en concreto el número de beneficiarios ha aumentado un 6,1 por ciento entre mayo de 2011 y septiembre de 2013, al haber pasado de 18.874 a 20.024.

 

Estos datos han sido expuestos por el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno ha dado a conocer el último informe del Sepad sobre la evolución de la implantación de la Ley de la Dependencia en la comunidad.

Para el responsable autonómico, este hecho pone en evidencia que, frente a «voces agoreras» que hablaban de «derogación encubierta» de esta ley en la región, se ha conseguido «mejorar» los resultados.

Este incremento experimentado por la región en su número de beneficiarios supera «con creces» el dato registrado en el conjunto del Estado. Así, mientras que en España ha aumentado un 0,1 por ciento, en Extremadura lo ha hecho en más de un 6 por ciento, cifra regional que «ha permitido que la media nacional tenga un signo positivo».

Carrón también ha indicado que la lista de espera en la tramitación de las solicitudes presentadas se ha reducido en un 68 por ciento entre mayo de 2011 y septiembre de 2013, pasando de 6.339 solicitudes pendientes de valoración en 2011 a las 2.056 que hay en la actualidad. Todo ello en un momento en el que el número de solicitudes también ha aumentado en más de 1.000 en este periodo.

Asimismo, Carrón ha indicado que en mayo de 2011 en Extremadura existía un 36 por ciento de dependientes con derecho reconocido y pendientes de recibir prestación, en concreto 10.409 personas, mientras que a fecha de septiembre de 2013, tras dos años de «reforma» y «mejoras» en la tramitación de los expedientes, esta cifra se ha reducido en un 49 por ciento, hasta las 5.272 personas.

De esta manera, si se comparan estas cifras con lo que ha sucedido en el entorno nacional, en mayo de 2011 Extremadura superaba la media española en personas con derecho reconocido y pendientes de recibir una prestación. Mientras que en España la media era de un 32 por ciento en 2011, en Extremadura esta media alcanzaba un 36 por ciento.

Dos años después, Luis Alfonso Hernández Carrón ha explicado que esos datos se han invertido «por primera vez», ya que también «por primera vez» la región está por debajo de la media nacional. Así, mientras que en España la media supera el 21 por ciento, Extremadura ha conseguido reducirla en casi 16 puntos, hasta el 20 por ciento.

«Esto ha sido así porque el Gobierno de Extremadura se ha situado al lado de las personas en situación de dependencia, paliando la reducción presupuestaria estatal con los recursos de la comunidad autónoma», ha puesto en valor el consejero extremeño.

El responsable autonómico ha recalcado que estos datos positivos suponen un «aliciente» para continuar en la senda de trabajo iniciada, que se verá «fortalecida» en 2014 «gracias al compromiso» del Ejecutivo regional con las personas en situación de dependencia, tal y como se refleja en el proyecto de presupuestos, ha dicho.

Carrón también ha resaltado que, desde enero de 2013 a septiembre de 2013, Extremadura ha avanzado tres puestos en el ranking de comunidades autónomas relativo al número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia en función de la población. Así, si a principio de año la región empezó en el noveno puesto ahora se encuentra en el sexto lugar.

RENTA BÁSICA Y PAC

A preguntas de los periodistas, Carrón ha recalcado que las primeras prestaciones de la Renta Básica se empezarán a pagar «a partir de primeros de noviembre».

De igual forma, y sobre la reapertura de algunos PAC, el consejo ha indicado que no puede «afinar más» en cuanto a la fecha que ya dijo en su momento, a lo que ha añadido que se trabaja en que puedan estar listos «a mitad del mes de noviembre».

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Afectados por daño cerebral adquirido reclaman que se reactiven los recursos de la Ley de Dependencia

asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Valencia  Nueva Opción, la asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Valencia, ha reclamado a las administraciones que activen los recursos previstos en la Ley de Dependencia, que garanticen la continuidad asistencial tras la recepción del alta hospitalaria, eliminen barreras para facilitar la participación social de las personas con discapacidad, implanten un plan de atención especializado para las personas con DCA y establezcan la figura de un gestor de casos que oriente a los afectados y a sus familiares.

   Estas cinco peticiones forman parte del manifiesto que los afectados han leído en los Jardines de Viveros de Valencia con motivo de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, según ha informado la asociación en un comunicado.

«En nuestra lucha diaria por recobrar la autonomía, nos encontramos que, de manera habitual, al recibir el alta hospitalaria se interrumpe el proceso de rehabilitación especializada, lo que impide avanzar en nuestra autonomía y aumenta las barreras para la inclusión social», aseguran los afectados en el manifiesto, común a todas las asociaciones miembros de Federación Española de Daño Cerebral (Fedace).

Asimismo, en el manifiesto se añade: «observamos como determinados ajustes repercuten de manera muy desfavorable en nuestra vida, condicionando nuestros derechos, en algún caso, recién estrenados. Los recortes aplicados en sanidad y servicios sociales no contribuirán a salir de la crisis si es a costa de agravar y cronificar nuestra desprotección».

La lectura del manifiesto, junto a varias actividades lúdicas, ha sido la última actividad organizada con motivo del Día Nacional. Durante la semana, Nueva Opción ha desarrollado una campaña de sensibilización que también ha incluido la colocación de carteles en edificios municipales, la instalación de mesas informativas en diversos puntos de la ciudad, la organización de una jornada sobre el DCA en el MuVIM dirigida a profesionales y afectados, la convocatoria de un concurso de dibujo para escolares y el montaje de una exposición en Tabacalera de cuadros pintados por afectados.

El Daño Cerebral Adquirido se produce como consecuencia de cualquier lesión en el cerebro, sea cual sea su causa, y afecta de forma notable a la salud y a las condiciones de vida de los afectados y de sus familiares. Las principales causas del DCA son accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico y tumor cerebral, pero también puede producirse como consecuencia de anoxia, meningitis, encefalitis, encefalopatía, absceso cerebral, etc.

El DCA es el primer motivo de discapacidad en España, donde residen 420.000 personas afectadas. De ellas, 56.500 viven en la Comunitat Valenciana, la segunda autonomía con mayor número de casos, y 32.000 en la provincia de Valencia.

Los afectados presentan una pluridiscapacidad en el plano cognitivo, el control motor, la comunicación, el nivel de alerta o dificultades para relacionarse con el entorno, lo que origina una disminución de la autonomía personal, cuando no su pérdida total, y una modificación significativa en las relaciones sociales y familiares. Estas situaciones alteran la vida cotidiana de las familias de las personas que lo padecen y suponen un importante problema en su regreso a la vida laboral y comunitaria.

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Maestre: «Cospedal está derogando la Ley de Dependencia por la puerta atrás»

CospedalLa Ley de Dependencia, la considerada como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar es las más afectada por la política de continuos recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy en España y María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha.
Esta es la conclusión que ponía sobre la mesa la portavoz del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, tras analizar los datos que da mes a mes el propio Gobierno de la Nación sobre la situación de esta norma.
En Castilla-La Mancha, es más, indicaba Maestre, la Ley de Dependencia en los dos últimos años y pico, desde que gobierna el PP, “está siendo derogada en la practica por la puerta de atrás”. Desde mayo de 2012, 17 meses, explicaba, no se ha resulelto ni una sola prestación.
Los datos oficiales avalan este planteamiento, señaló Maestre en una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real. Con las cifras oficiales a 30 de septiembre último, en la comunidad autónoma, en lo que va de legislatura, se ha retirado la prestación económica a más de 5.800 personas dependientes
Además, 11.500 beneficiarios de la ley han dejado de serlo y, en lo que va de año se han dejado de atender a más de 2.000 familias. En estos momentos existen casi 4.700 personas esperando para ser valoradas en su nivel de dependencia.
En la provincia de Ciudad Real, se ha retirado la prestación de ayuda a cuidador a casi 1.500 familias, casi 1.200 personas están esperando que se les dé una respuesta a su petición valoración y, en lo que va de año, ha descendido en 437 el número de personas atendidas.
Son datos que confirman la postura del PP ante la Ley de Dependencia desde que fue tramitada en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura. El PP, remarcaba Maestre, nunca quiso la Ley de Dependencia, votó a favor de la misma para no quedar mal políticamente, pero, ahora que está en el Gobierno la está dejando en nada por vía de los hechos consumados.
Otro aspectos, dijo, es el de la aplicación de nuevas tasas a la hora de que los afectados puedan iniciar la tramitación de una ayuda.
Con estas decisiones, Maestre no tiene dudas de que el PP “está retorciendo el brazo a los dependientes para que ellos mismos renuncien a las ayudas a las que tienen derechos”.
Otro punto a analizar es el de la generación de trabajo. La portavoz socialista recordaba que, si uno de los objetivos del PP es la creación de empleo, todos los estudios realizados al efecto confirman que, en torno a la dependencia, hay un nicho importante para la generación de puestos de trabajo que el PP “se está cargando”.
Todas las actuaciones en este campo de Cospedal, puntualizaba Maestre, ha llevado a que, según las estadísticas, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sea una de las últimas regiones, junto a Aragón, en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Maestre apuntó que el PSOE seguirá defendiendo esta ley, en lo más cercano, con enmiendas para mejorar su dotación económica en los presupuestos de la región para el próximo año de 2014.

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C-LM ultima la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad

Cospedal   La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha avanzado este jueves que «dentro de muy poco» el Gobierno que preside podrá presentar la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma en la que se encuentra «trabajando» el Ejecutivo regional.

   Así lo ha asegurado Cospedal durante la inauguración de la cuarta edición del Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, organizada por CENTAC, quien ha indicado que la Junta de Comunidades está elaborando esta ley con la colaboración del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE.

Cospedal ha destacado que desde la Administración, aunque no sea como «una empresa», se puede colaborar con la legislación, a la hora de «modificar leyes obsoletas y garantizando la igualdad de derechos» para estas personas.

182.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la tecnología para las personas que sufren algún tipo de discapacidad y ha señalado que en Castilla-La Mancha existen 182.000 castellano-manchegos que tienen algún tipo de discapacidad, y que son potenciales consumidores de estas tecnologías.

«Vivimos en una sociedad de la información en la que no se puede abrir más la brecha entre las personas sin discapacidad que las que no la tienen. Tiene que servir para que los más vulnerables encuentren una herramienta de integración a los servicios públicos», ha aseverado la jefa del Ejecutivo.

En esta línea, Cospedal ha señalado que todos «podemos sufrir discapacidades» en algún momento de «nuestras vidas» o por motivos de la edad, en el que necesitaremos tecnologías «que van dirigidas a personas que no tiene plena capacidad desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial».

ELIMINAR BARRERAS

Aunque ha admitido que en materia de discapacidad se ha avanzado en gran medida, la presidenta ha señalado «que aún queda camino por recorrer» para «eliminar barreras» en el ámbito educativo y social, al tiempo que ha apelado a la colaboración entre administraciones y empresas para trabajar en este ámbito.

Cospedal ha resaltado «la igualdad y la integración como derechos inalienables de la persona y que nos pertenecen a todos», que tienen que ser promovidos desde las entidades sin ánimo de lucro o desde el ámbito empresarial pues «tienen la responsabilidad de trabajar por este objetivo».

COMPROMISO DEL GOBIERNO

Por su parte el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Bonilla, ha trasladado el compromiso del Gobierno de España con la accesibilidad de las personas con discapacidad para reducir las situaciones de dependencia.

«A pesar de que hay un basto camino recorrido nos queda muchísimo por hacer y para seguir trabajando sin descanso porque la tecnología genera una discapacidad invisible, una brecha digital que afecta a las personas con discapacidad», ha aseverado Bonilla.

PRIMER DIABÉTICO EN VISITAR LOS POLOS

Durante esta inauguración, Josu Feijoo, primer diabético en el mundo en subir las Siete Cumbres y en visitar el Polo Sur y Polo Norte, ha trasladado su experiencia a los presentes, y ha relatado que «aunque la vida le puso una zancadilla» cuando le diagnosticaron la diabetes no perdió la ilusión por cumplir su sueño que era ser astronauta y realizar estas expediciones.

Feijoo ha asegurado que los médicos le dijeron que se olvidara de escalar el Everest y de ser astronauta, pero el tuvo que «tener fuerza de voluntad» para superar una situación difícil como esta.

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Consejera andaluza señala que a la Dependencia «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas»

María José Sánchez Rubio La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el que establece la Ley a nivel nacional», pero «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas», porque «estamos hablando de derechos». «Tampoco se le aplicaría a un derecho consolidado como es la asistencia sanitaria», añade.

   La consejera ha hecho esta declaraciones al ser preguntada por los periodistas en Sevilla sobre si en Dependencia se podrían perder ayudas con la nueva medida de la Junta de Andalucía, anunciada este martes en Consejo de Gobierno, de ampliar los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas.

Así, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia tiene un carácter normativo «de máximo rango» a nivel nacional, «donde el criterio de renta no entraría en el control que se estableció este martes a nivel de ayudas, subvenciones y aportaciones por parte de la Administración autonómica andaluza par otros temas», es decir, «estamos hablando de derechos, y, por lo tanto, no estamos hablando de subvenciones, incentivos o ayudas, y no se le aplicaría el mismo criterio a no ser que hubiera un cambio normativo a nivel nacional».

En este sentido, aclara que, en este momento, el criterio de admisión de las persona en el Sistema Andaluz de Dependencia «es el criterio que establece la Ley, con las modificaciones posteriores que ha hecho el Gobierno del PP al respecto de la Ley». Pero, insiste Sánchez Rubio, «nunca se le pueden aplicar criterios de subvención, incentivos o ayudas». «Creo que hay que distinguir el derecho de la subvención, la ayuda o el estímulo, que es lo que la Junta quiso dejar claro este martes», reitera la consejera.

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Aburto denuncia que la actual Ley de Dependencia es una ‘falacia’

Juan María AburtoEl consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha manifestado que la Ley de la Dependencia «no deja de ser una falacia» porque por un lado incluye en su denominación la promoción de la autonomía, pero por otro es necesario ser una persona dependiente y ser calificada como tal para tener derecho a los servicios y prestaciones de la misma. «Quizá sea el momento de pensar de verdad en una ley o en un pacto de verdad de promoción de la autonomía», proclamó.

Frente a esta legislación, el consejero expresó ayer su voluntad de que en Euskadi «seamos capaces de aprobar un plan vasco de envejecimiento activo» en esta legislatura y destacó las oportunidades económicas y profesionales que aporta este sector, por encima del enorme gasto que conlleva para la sociedad.

En la inauguración del curso de verano de la UPV/EHU Envejecimiento activo. Calidad de vida y solidaridad intergeneracional, Aburto hizo hincapié en que el envejecimiento activo constituye «una forma de plantear las políticas»»y por tanto «un medio para transformar nuestra sociedad abocada al envejecimiento».

El consejero explicó que una de las actuaciones en las que está inmerso su departamento en estos momentos es el desarrollo de «una Euskadi más amigable», ya que un entorno «amigable» alienta la prolongación de la vida activa y autónoma de los mayores mejorando así la calidad de vida de todos.

Para Aburto, «el reto» de desarrollar actuaciones orientadas al envejecimiento activo puede verse de dos formas: como el enorme gasto que genera «el bienestar de una sociedad envejecida», pero también como una «oportunidad de generar riqueza».

«Consideramos que la priorización de la atención de las personas que forman nuestra comunidad es un hecho fundamental, y que en su análisis, investigación e intervención se generan oportunidades socioeconómicas».

Según dijo el consejero, la intención de sus palabras era evitar «generar más incertidumbre en todo el entorno de prestaciones y derechos relacionados con la protección social de las personas mayores». Teniendo en cuenta la alta esperanza de vida registrada en el País Vasco, el colectivo de personas mayores «supone un gran potencial que puede revertir en el bienestar de la propia sociedad», insistió.

Y es que la contribución activa de la sociedad no sólo se hace desde la actividad laboral, apuntó, sino también desde el trabajo voluntario, que es «una fuente de riqueza cada vez de mayor valor». Por este motivo, defendió la idea de «explorar nuevas oportunidades» de forma coordinada entre las administraciones públicas y con los agentes que trabajan en esta materia. Estamos en el inicio de «un cambio largo», pero de cuyos resultados «podemos esperar una auténtica revolución cultural que depende en definitiva de todos y cada uno de nosotros».

El objetivo es pasar de la situación actual a «un nuevo paradigma de envejecimiento activo» aprovechando las estructuras que ya existen –como los órganos de participación del departamento de Empleo y Políticas Sociales– para abrir nuevas líneas de trabajo y reducir las barreras existentes. «Sin ninguna duda el esfuerzo vale la pena», alentó.

Aburto destacó que Euskadi goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, lo que representa «un éxito social» y abre nuevos horizontes. «Me gustaría poner esto en valor porque a veces hablamos del problema de las personas mayores y terminamos concluyendo que son un problema, sobre todo si lo ligamos a la sostenibilidad de los servicios sociales», admitió. «Que vivamos más es un éxito de todos«.

Por otra parte, el consejero propuso «estudiar» el tránsito de la jubilación laboral a la vida posterior de las personas mayores. El fin del ciclo laboral –antes a los 65 años– «no agota las aspiraciones vivenciales», aseguró.

Aburto abogó por establecer mecanismos asociados al envejecimiento activo para que la vida de las personas «no cambie de un día para otro» y no dejen de golpe de hacer lo que habían estado haciendo durante los últimos veinte o treinta años, de manera que su vida sea «absolutamente diferente» de un día para otro.

Asimismo, sostuvo que el proceso de envejecimiento activo debe ser «un éxito» en el sentido de que las personas mayores asuman el reto de «ser productivas y útiles» para la sociedad, que vean su propio proyecto personal «con un aspecto participativo», y que no adopten «una actitud pasiva fomentada muchas veces por actitudes paternalistas tanto de las administraciones públicas como de la propia sociedad».

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La reforma de la dependencia ha tenido «efectos devastadores»

Dependientes La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido «efectos devastadores», tras un año de la aprobación del texto.

   Según los portavoces de la organización, la medida ha «consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema» y ha «impactado» en las personas dependientes «impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo».

Así, han acusado al Gobierno de «hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes» y de ofrecer información «mentirosa» cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.

En este sentido, destacan que se trata únicamente de una «verdad a medias» y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, «no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013».

En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de «aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención» y de los que han muerto «sin haber sido atendidos por el sistema».

Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, «pero sin ninguna cobertura».

También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también  de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.

Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley «dilata los plazos hasta la desesperación» e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.

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La consejera de Bienestar Social tacha de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición

Neus MuntéLa consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat catalana, Neus Munté, ha tachado de «inaceptable» que 50.000 niños catalanes sufran malnutrición y 751 estén siendo tratados por desnutrición en los centros de atención primaria (CAP), unas cifras reveladas este lunes por el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, Munté ha sentenciado que Catalunya «no tiene un problema estructural de desnutrición, sino problemas de malnutrición» relacionados con los hábitos saludables y el empobrecimiento de las familias.

Aún así, ha admitido que es «preocupante» que la pobreza infantil afecte ya al 28% de los niños menores de 16 años, aunque ha recordado que el Govern ha impulsado diversas medidas para hacer frente a esta situación.

Ha reiterado que los colectivos más vulnerables, especialmente los niños, son una «prioridad» para el Ejecutivo catalán y ha avanzado que las políticas sociales serán el principal eje de los presupuestos de los próximos años.

Munté también ha defendido a prórroga presupuestaria porque, precisamente, permite «no tener que recortar más» a los sectores con mayores dificultades.

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La atención a los mayores no es igualitaria en todas las CCAA, según la SEGG

doctor Pedro GilLa Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha lamentado hoy que, en la actualidad, la atención de las personas mayores no es «igualitaria» en todas las autonomías de un país como España, con déficit de geriatras y de servicios de geriatría.

Así lo ha puesto de manifiesto, su presidente, el doctor Pedro Gil, en el transcurso del primer curso de formación para residentes de geriatría organizado de forma conjunta por la SEGG y la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y que se ha celebrado este fin de semana en el Real Monasterio de Yuste (Cáceres).

El curso, en cuya organización ha colaborado la Fundación Academia Europea de Yuste, ha contado con la participación de cuarenta médico procedentes de distintos puntos de España, quienes han debatido sobre diferentes aspectos de la geriatría.

En una nota, la SEGG ha destacado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, se prevé que el envejecimiento de la población continúe en ascenso con una aceleración a partir de 2025, llegando a los 15 millones de personas mayores de 65 años en España, un 32% de la población.

Esta nueva situación supondrá «un gran reto, debido a las nuevas demandas que la asistencia a la población envejecida conllevará», ha explicado el doctor Pedro Gil, presidente de la SEGG y jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

«Tenemos que conocer esas demandas y prepararnos y preparar a todos los individuos y a los profesionales para saber cómo afrontar las nuevas necesidades de esta población mayor de 65 años», ha señalado.

En este sentido, ha destacado que el problema es que la atención de las personas mayores no es «igualitaria» en todas las autonomías de un país con déficit de geriatras y de servicios de geriatría para atender a una población que, con mayor esperanza de vida, presenta muchas patologías que generan dependencia.

«El problema no es sólo de cara al futuro, sino que en este momento no todos los ancianos están siendo atendidos con la calidad que les proporciona un servicio de geriatría», ha defendido Pedro Gil.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), el doctor Juan Macías, ha destacado que la alta prevalencia de enfermedades en el anciano, los diferentes patrones de presentación, su tendencia a la incapacidad, su más dificultosa respuesta al tratamiento y sus frecuentes requerimientos de soporte social «requieren una especial preparación médica».

«La mayoría de las subespecialidades en Medicina encuentran que una gran proporción de sus pacientes son ancianos y se espera que esta tendencia aumente en los años venideros, de ahí que es fundamental que médicos y profesionales de la salud conozcan el proceso de envejecimiento, así como el diagnóstico y manejo de las enfermedades en los pacientes de edad», ha señalado Macías.

Tras afirmar que los cambios normales de la vejez deben ser diferenciados de los efectos de las enfermedades, el responsable de la SEMENG ha hecho hincapié en que los profesionales de la salud «deben estar alerta al diagnóstico precoz de dichas enfermedades y tratarlas correctamente».

Así, ha aseverado que la prevención y el manejo de la incapacidad es el mayor factor en la promoción de la salud en los ancianos.

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