Derechos Sociales

Decenas de personas se concentran ante Salud contra el «cierre» de la residencia de mayores de Montequinto

residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto   Decenas de personas –«entre 70 y 80», según los organizadores– se han concentrado este viernes por la mañana en Sevilla ante la sede de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, convocadas por el movimiento 15M, para rechazar el «cierre» de la residencia asistida de mayores ubicada en Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla), que, según este colectivo, tiene previsto ejecutar próximamente el Gobierno andaluz.

   Fuentes de la Asamblea 15M de Montequinto han indicado a Europa Press que un asesor de la Consejería que dirige María Jesús Montero ha salido a recibirles en el transcurso de la concentración, ya que, según les han explicado, la titular del departamento, con la que los manifestantes querían reunirse, no se encontraba en ese momento en el edificio.

Dicho asesor se ha comprometido a «mediar» para que la consejera les reciba un día de la próxima semana, han señalado las mismas fuentes, que han destacado que llevan «tres meses pendientes» de que Montero les conceda una reunión, una petición que también habían solicitado meses atrás, sin éxito, con la titular de la extinta Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro.

En la referida reunión, de producirse, los representantes del 15M tienen previsto pedirle a la responsable de Salud y Bienestar Social que les explique «las razones que justifican el cierre de la mejor residencia para grandes dependientes de Andalucía».

Las fuentes consultadas aseguran desconocer la fecha en la que se consumará dicho «cierre», si bien han asegurado que esa decisión está tomada, y que «no va a consistir en un traslado» como, según han indicado, les «hicieron creer desde la Junta al principio», porque «no se va a construir una nueva residencia para sustituir a ésta».

Al hilo de ello, desde el 15M han criticado al Gobierno andaluz por «olvidarse de la parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas mayores», y «especialmente los grandes dependientes, que necesitan unos edificios con unas características específicas» como las que, en su opinión, presenta la referida residencia, con «capacidad para 271 personas» y que actualmente acoge «en torno a 140 ancianos».

En ese sentido, desde el 15M alertan de que el «cierre» de la residencia «va a suponer la reducción del 45 por ciento de las plazas públicas para mayores y grandes dependientes en toda la provincia de Sevilla», lo cual, apostillan, «va a suponer una tragedia habida cuenta de la derogación de la Ley de Dependencia», y, además, va a conllevar «el desahucio de su hogar de más de 140 ancianos y dependientes».

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Muere en Cáceres la primera persona por no disponer de ambulancia ni de servicio de urgencias

Ana MatoTenía 70 años cuando sufrió su primer infarto. Hasta entonces, no había tenido problemas de corazón, pero en febrero de 2009 Antonio Moreno Barrado, un agricultor jubilado de Madroñera —localidad de unos 3.000 habitantes al este de Cáceres—, empezó a notar unos cosquilleos que luego identificaría como los previos a un ataque al corazón. El que sufrió el 28 de ese mes. Por la tarde, cuando avisó de que se sentía mal, un hijo suyo alertó al punto de atención continuada (PAC), que contaba con un equipo médico de guardia y una ambulancia para atender a cinco municipios con 4.500 habitantes. Tras recogerlo en su casa, le reanimaron y trasladaron a Trujillo (a 14 kilómetros, donde está el centro de referencia) y, de allí, al hospital de Cáceres. Se recuperó. Pero esa buena noticia no pudo repetirse el pasado 3 de septiembre, cuando sufrió un nuevo infarto. Con el PAC cerrado y sin ambulancia, su hijo decidió llevarlo directamente en su coche a Trujillo. No aguantó los 20 minutos de distancia. Falleció por el camino.

“Quizá el final hubiera sido el mismo, pero siempre nos quedará la duda de si se podría haber salvado”, explica José Moreno, otro hijo que vive en Alcalá de Henares (Madrid). Sin querer hacer “un circo” de la muerte de su padre, Moreno explica su rabia porque este perdiera la vida sin la atención médica que apenas tres meses antes hubiera recibido. Insiste en que no se puede culpar de la muerte de su padre al cierre del PAC, contra el que el pueblo —como otros 14 municipios extremeños que en junio de 2011 se quedaron sin centros similares, y nueve más en los que se han reducido los horarios— se ha movilizado intensamente, pero también recalca su indignación: “No podemos saber si habría muerto igual, pero al menos hubiera estado atendido por profesionales, no en un coche particular, en brazos de un familiar”.

El fallecido superó otro ataque en 2009 tras ser atendido en Madroñera

El Servicio Extremeño de Salud no recibió denuncias por este caso, pero informa que se cumplieron “convenientemente” los tiempos establecidos por ley en el acceso a una urgencia (un máximo de 30 minutos). Y señala que el tiempo de desplazamiento de Madroñera a Trujillo son 17.

La familia Moreno no denunció el fallecimiento porque no culpa directamente al cierre del PAC. “Lo que me da rabia es que jueguen con la salud de las personas y estén recortando los servicios básicos, además, sin dar ejemplo y sin que dejen de saltar casos de corrupción”, recalca Moreno. Además, recuerda que este “pasó toda la vida cotizando a la Seguridad Social hasta que se jubiló, a los 65 años, y empezó a trabajar en su infancia”.

La Junta de Extremadura anunció el cierre de las urgencias rurales en 15 municipios —entre ellos, Madroñera—, que daban servicio a otros muchos de su entorno, a finales de mayo del año pasado, poco antes de ejecutarlo, el 1 de junio. La medida despertó significativas movilizaciones entre los afectados, que en algunos casos siguen activas, como ocurre precisamente en el municipio del fallecido. “No entendemos que supriman un servicio cuando ni siquiera les supone ahorro, ya que simplemente han trasladado al personal (un médico y un enfermero) y la ambulancia a Trujillo”, explica Isabel Moza, miembro de la plataforma ciudadana contra el cierre del PAC de Madroñera.

Extremadura ha cerrado las urgencias rurales en 15 municipios

El Ejecutivo liderado por el popular José Antonio Monago proclama que “la organización de los recursos sanitarios no puede ser rígida”. Antes de tomar la medida, afirma que constató en un estudio que el 33% de los centros afectados no tenía actividad nocturna o registraba una media de dos pacientes a la semana. Ahora, apenas seis meses después, está preparando un informe sobre la modificación horaria de los 21 centros afectados que espera culminar antes de marzo, sin descartar que algunos PAC puedan recuperar su horario. “Posibilidad siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria”, advierte. El cierre de los PAC ha sido una de las medidas más criticadas por el PSOE e IU, cuya abstención posibilita el Gobierno del PP en la región.

El hijo del fallecido en Madroñera espera que la historia de su padre pueda contribuir a que se replantee esta decisión. “Si sirve solo para salvar una vida en 20 años, por tener unas urgencias cerca, habrá merecido la pena”, proclama. “Nosotros mantenemos la petición de reapertura y no paramos de organizar actividades —la última, un calendario reivindicativo que parodia la pérdida de las urgencias—; todo el pueblo se ha unido”, señala Moza.

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Consejera andaluza de Salud advierte al Estado de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia

María Jesús Montero   La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha advertido de que al Gobierno central de que las CCAA solas no pueden sostener las prestaciones por Dependencia y le acusa de llevar a cabo una «derogación velada» al «retirarse» de las aportaciones que está obligado por ley.

   «Piensa que las comunidades solas y las corporaciones locales podemos sostener este pilar del Estado del Bienestar, pero desde ya le digo que es imposible», ha matizado.

Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz a fin de informar sobre el grado de aplicación de esta ley, tanto a petición de IU como del PSOE, Montero ha apostado por «unir fuerzas» para que se pueda «disuadir al Gobierno de su intención de retirase de las aportaciones a la ley».

Así, ha reprochado que el Gobierno se haya «retirado» del reparto de la carga económica, «que antes estaba al 50 por ciento por parte del Estado y el 50 por las CC.AA., y ahora es del 30 y 70 por ciento, respectivamente», al tiempo que ha denunciado, por contra, la «extralimitación que la Administración estatal está haciendo en sus competencias al invadir las de las comunidades», en relación al nuevo procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones previstas en esta normativa.

«Sólo en 2012 hemos contado con 89 millones de euros menos para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque el Gobierno ha dejado de aportarlos», ha recordado Montero, quien, pese a esta menor aportación estatal, ha lamentado que el Gobierno central «encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita’ a las familias».

«La falta de aportación del Gobierno no se pueden compensar ni por corporaciones locales ni por la Junta, además de que ello está provocado que el ritmo de incorporaciones a la ley se haya ralentizado, que exista una menor tasa de reposición o que encima quieran acusar a la Junta de dar una ‘paguita'», ha lamentado.

Pese a esta «derogación velada» de la ley por «falta de financiación estatal», Montero ha ensalzado que el «esfuerzo» del Gobierno andaluz está haciendo posible que en Andalucía «existen más de 190.000 personas beneficiarias de la ley, lo que supone que uno de cada cuatro españoles con alguna prestación de las recogidas en esta Ley es andaluz».

Según ha defendido, uno de estos servicios es la Teleasistencia, que en Andalucía reciben actualmente 66.528 personas, «es decir, el 51 por ciento del total nacional».

«NUEVAS TRABAS»

Respecto a las «nuevas trabas» que estaría poniendo el Gobierno central, ha aludido a la «obligatoriedad» que a partir de ahora tienen los usuarios de presentar documentos como el informe de salud, el compromiso de la persona cuidadora y la documentación acreditativa de la capacidad económica, «que hasta ahora no se exigían».

«El Gobierno de España llega a quebrar el principio de confianza y buena fe entre administraciones, al exigir nuevas certificaciones a las comunidades, que pierden margen de maniobra para prestar el servicio eficazmente», ha insistido en sus denuncias Montero, al tiempo que alertado de que estas medidas del Ejecutivo central estarían provocando, en la práctica, «la minoración del ritmo en el desarrollo de la aplicación de la Ley, no sólo por los recortes en financiación, sino también por los continuos cambios normativos impulsados que obligan a adaptaciones normativas a nivel autonómico que ralentizan el sistema».

INVERSIÓN ANDALUZA

Por contra, ha subrayado que Andalucía ha invertido más de 4.500 millones de euros en la aplicación de la Ley desde su entrada en vigor y que ha multiplicado por siete la cantidad destinada a la Dependencia por parte de la Junta desde 2007. En cuanto al número de prestaciones, en Andalucía se han concedido 261.000, lo que representa el 27,2% del total.

Asimismo, 177.000 andaluces reciben el servicio de teleasistencia, de las que en torno a 66.500 son personas en situación de dependencia, lo que significa más de la mitad de las personas que reciben este servicio en toda España. Igualmente, en cuanto a ayuda a domicilio, en Andalucía hay más de 49.800 personas beneficiarias, el 40 por ciento del total nacional. Además, la cifra de personas beneficiarias de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar asciende a 107.800.

VOLUMEN ANDALUZ POR ENCIMA DE VARIAS CC.AA.

Tras aportar estas cifras, Montero ha subrayado que Andalucía suma actualmente «casi las mismas prestaciones que Castilla León, Valencia, Madrid y Galicia juntas», al tiempo que ha destacado que la ratio de personas beneficiarias en Andalucía, «según los datos del Imserso, es de 2.257 personas por cada 100.000 habitantes, frente a comunidades como Murcia (1.781), Madrid (1.252), Galicia (1.397) o la Comunidad Valenciana (con una ratio de 837 por cada 100.000 habitantes)».

Además, ha aludido al Dictamen del Observatorio de la Dependencia conocido recientemente, «que ha dado un notable a Andalucía en relación a los últimos seis meses de aplicación de la Ley, frente a los suspensos de Valencia, Canarias, Baleares o Aragón».

La consejera ha detallado que la supresión del Nivel Acordado en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 supuso 70,7 millones de euros menos para la aplicación de la ley en Andalucía. Además, los PGE para ese ejercicio retrasaban a 2015 la entrada en el sistema de las personas en situación de dependencia moderada. Igualmente, en julio de 2012 el Real Decreto ley 20/2012 estableció otra batería de modificaciones en la Ley, entre las que la titular de Salud y Bienestar Social ha destacado la reducción de la aportación estatal al Nivel Mínimo de la Dependencia, lo que supuso 18,5 millones de euros de recorte. Todo ello supone, según ha manifestado Montero, una reducción de 89 millones de euros en los recursos que destinaba el Gobierno central a Andalucía el año pasado.

«AYUDA DEL GOBIERNO CENTRAL A LOS LOBBIES»

Asimismo, Montero se ha referido a la bajada de un 15% acordada por el Ejecutivo central en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el aumento del copago en dependencia, la reducción de la intensidad de algunas prestaciones, como la ayuda a domicilio «o el modelo que pretende implantar el PP y que favorece la institucionalización de las personas en situación de dependencia, a través de concesiones a los lobbies en detrimento de los usuarios y dejando de lado aspectos como la ruralidad, que es especialmente importante en Andalucía».

Igualmente, el dato de recortes extrapolado a 2013 se cifra, según la consejera, en 125 millones de euros, con lo que en dos años Andalucía dejará de percibir 214 millones de euros para dependencia.

50.000 ANDALUCES A LA ESPERA DE SE LES REALIZA EL PIA

Respecto a la ralentización, la consejera ha apuntado que en Andalucía existen unos 50.000 ciudadanos a la espera de que se les realice el Programa Individual de Atención (PIA), de los que casi un 75% (37.617) corresponden a personas en situación de dependencia moderada cuya incorporación al sistema ha sido retrasada por el Ejecutivo central hasta 2015. No obstante, Montero ha indicado que desde Andalucía se hará un esfuerzo para intentar que esa incorporación se haga antes.

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Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013

AerteLa patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de  aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.

El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.

Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».

Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.

Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.

Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector,  al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.

Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.

Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.

A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.

Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.

La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también  la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.

Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que  repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».

AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.

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Fallecidos cobrando la Ley de Dependencia… o cómo un “estafador” puede ser “decente”

Por Patricia Arias

DependientesHace ya varias semanas que llevo escuchando en los medios la cantinela de “malos ciudadanos” que están cobrando la ayuda a la ley de Dependencia aun habiendo fallecido el familiar dependiente. Aquí va mi caso, yo también estoy entre esos “malos ciudadanos estafadores”. Mi abuela falleció el 23 de noviembre de 2012 y cobraba mensualmente la ayuda a la dependencia. El certificado de defunción tardó en llegarnos unos 15 días y, en cuanto lo tuve en mis manos,empecé a hacer llamadas tanto a clases pasivas como a la Comunidad de Madrid para que anularan la ayuda.

La chica que me atendió por teléfono me dio la dirección de envío del certificado, ya que no residimos en Madrid. Le comenté si tendríamos que devolver las transferencias que llegaran a partir de ahora. Me dijo que no lo hiciese, ya que sería más lioso. Le di la opción de cancelar la cuenta (así no llegarían ni a entrar) y me dijo que tampoco, que tenía que aceptar las transferencias y que me llegaría a casa una carta de pago para devolver las transferencias indebidas; aun así, me advirtió que podría llevar bastante tiempo. Sólo quería denunciar que seguro que mi caso no es el único y que seguro que en esa lista de “estafadores” hay gente decente, pero ante la sociedad se nos ve de esa manera, por culpa de la incompetencia o la falta de medios de la administración. Por cierto, estamos ya casi en febrero y aún siguen llegando las transferencias de la Comunidad de Madrid.

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Demolición de la Ley de Dependencia: Las ayudas caen a la mitad en cuatro años

Dependientes

«La ley de Dependencia se encuentra en una fase de retroceso y demolición». Así de tajante se mostró el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del informe sobre el desarrollo de esta normativa. Y es que la ley considerada como el cuarto pilar del Estado del bienestar sufre serios problemas de financiación. En el estudio se denuncian recortes presupuestarios de 850 millones de euros en el último año, el aumento del plazo para recibir la prestación -supera los dos años legales- y una disminución en la lista de espera de beneficiarios debido a la falta de reposición tras los fallecimientos y los cambios de baremos que han «expulsado» a los dependientes moderados.

Una de las principales (si no la principal) disputa entre comunidades autónomas y Gobierno en las reuniones sobre Dependencia se resume en una pregunta: ¿Quién sufraga la ley? En el informe la respuesta está clara. «El Estado ha decidido retirarse de esta ley», lamentó Ramírez. Y es que la aportación del Gobierno central se ha reducido casi a la mitad en cuatro años. Ha pasado de un 39,2% en 2009 a un 21,4% en 2012.Esto supone que el Estado aportó 1.404 millones de euros de los 6.570 millones totales en el último ejercicio. Esta importante reducción ha tenido que ser asumida por las comunidades autónomas, muy maltrechas económicamente y obligadas a duros ajustes para cumplir con el objetivo de déficit. Los gobiernos regionales han pasado de aportar un 50,8% en 2009 a un 62,6% en 2012. Es decir, hasta 4.114 millones del total. También deben pagar más los propios usuarios a través de un copago que ya supone un 16% de la financiación de la normativa, cuando en 2009 era solo un 10%. «Se está demoliendo desde la falacia de que la ley es insostenible», mantiene el informe.

Otra de las polémicas tiene que ver con el denominado ‘limbo de la Dependencia’, es decir, la lista de espera de los beneficiarios. El Gobierno anunció hace unas semanas que los dependientes con derecho a una prestación económica que todavía no la habían recibido se redujeron en seis puntos porcentuales en 2012. Pasaron de un 29% a un 23%. Esto supone 230.000 personas figuran en la lista de espera. Sin embargo, según criticó Ramírez, esta disminución se debe a la eliminación de algunas subdivisiones de los grados de dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales afirmó en su momento, que este cambio obedecía a motivos de simplificación para mejorar la gestión de los recursos. Desde esta asociación aseguran que con ese cambio muchos casos pasaron a contemplarse como moderados y, por tanto, retrasadas las ayudas hasta 2015. Y es que el Ejecutivo también retrasó hasta ese año la ayuda a los dependientes moderados. «Es un espejismo estadístico producido por las personas que perdieron el derecho a ser atendidos», afirmó Ramírez.

Menos grandes dependientes

El Gobierno siempre ha mantenido que la finalidad de todas las modificaciones legales era priorizar los recursos en tiempos de crisis y primar a los grandes dependientes frente a los moderados. Sin embargo, según el estudio, todas las comunidades autónomas redujeron el número de beneficiarios más graves en el último año salvo Madrid. Pero ha habido más cambios. «El decreto aprobado por el Gobierno en julio supuso la demolición controlada de la propia ley», explicó el presidente de la asociación. Y ha puesto como ejemplo el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. El Ministerio de Sanidad se encargaba de abonar esas cotizaciones, pero con el decreto dejó de hacerlo. De esta forma se ha dejado sin cotización a la Seguridad Social en el convenio especial a 146.000 cuidadores.

En cualquier caso, el desarrollo de la normativa es muy dispar en función de cada comunidad autónoma. El informe destaca la labor sobresaliente de Castilla y León y la notable de País Vasco, Andalucía y La Rioja. Las peores notas son para la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Murcia y Madrid.

El estudio también destaca la repercusión productiva de la normativa. «Gracias a esta ley se han creado 200.000 puestos de trabajo», aseguró Ramírez. Según sus datos, por cada millón de euros invertidos en Dependencia se generan 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables». Además, los retornos directos a las arcas públicas se estiman en 1.371 millones.

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El Tribunal de Cuentas niega haber revelado el pago inadecuado de ayudas de dependencia a 30.000 fallecidos

Tribunal de Cuentas   El Tribunal de Cuentas ha negado que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia se pueda deducir «en ningún caso» que hasta 2011 había 30.000 fallecidos a los que se abonaban inadecuadamente este tipo de ayudas, un dato que dio a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner de manifiesto «la catástrofe de gestión que realizó el PSOE durante tantos años».

   Fue el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, quien aseguró hace unos días, apelando a un informe del Tribunal de Cuentas, que el Sistema de Atención a la Dependencia ha estado financiando las prestaciones de 30.000 personas dependientes fallecidas, debido a la «mala gestión del Gobierno socialista», y que ha provocado que se «pierdan» 140 millones de euros.

ESPERANDO LAS ALEGACIONES

En una nota emitida este viernes, el Tribunal de Cuentas ha querido dejar claro que su informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aún no se ha terminado, sino que está en fase de anteproyecto a la espera de que unos 65 responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.

«El referido anteproyecto tiene carácter provisional hasta que el Tribunal analice todas y cada una de las alegaciones recibidas y posteriormente sea aprobado por su Pleno el Informe correspondiente», señala la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Eso sí, ya adelanta que, «respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que personas fallecidas, en torno a 30.000, seguían cobrando indebidamente ayudas de dependencia, hay que indicar que dicha afirmación no puede, en modo alguno, sustentarse en el contenido del Anteproyecto elaborado por este Tribunal».

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Bienestar Social recortará las ayudas a discapacitados y plantea el copago

Asunción Sánchez ZaplanaLos colectivos de discapacitados de la provincia de Castellón se enfrentan a un futuro “incierto” y “preocupante” debido al nuevo modelo de financiación que quiere poner en marcha la Conselleria de Bienestar Social. Por tanto, a los impagos que padecen estas asociaciones por parte del Consell, que les adeuda más de dos millones de euros, se añade ahora la incertidumbre a causa del recorte de subvenciones anunciado para este año por el departamento de Asunción Sánchez Zaplana, que no descarta incluir el temido copago a estos servicios.

Está previsto que hoy la Conselleria ponga encima de la mesa sus intenciones, cifre el recorte previsto y clarifique si los discapacitados van a tener que pagar más por recibir atención. Será la directora general de Bienestar Social, Pilar Collado, la encargada de comunicar esta tarde a los discapacitados todos estos aspectos. La reducción se prevé que sea del 5%, aunque no se descarta que pueda ser mayor. “Para los centros más grandes esto supone una disminución importante, que puede perjudicarles mucho”, indicó el presidente de Afanías Castellón, Juan Bru.

En este sentido, Miguel Benages, presidente de la plataforma Cermi Castellón, que aglutina a 12 colectivos de discapacitados de la provincia, espera que el recorte sea mínimo. “Nos gustaría que no tocasen nada, pero si nos quitan parte de la ayuda, al menos que nos la paguen, no como ahora, que arrastramos un impago insostebible”, señaló Benages, quien exigió a Bienestar Social subsanar la deuda. Por su parte, la Conselleria sigue sin pronunciarse sobre cuándo prevé pagar.

 

COPAGO // Otro de los puntos que plantea este nuevo modelo de financiación es el que hace referencia al copago. Y es que, aunque aún no haya fecha para su entrada en vigor, el Gobierno autonómico abre la puerta a aplicar un sobrecoste a los discapacitados. Así, se estudia restar de la ayuda total lo que pagan los usuarios, es decir, si ahora al mes una familia paga 145 euros por una plaza en un centro de día para discapacitados, la Conselleria restaría esta cantidad de la subvención. “Si nos descuentan estas cantidades, los ingresos se reducirán y las prestaciones mermarán en detrimento de los usuarios”, apuntó a este periódico el presidente de Afanías en Castellón. Actualmente, Bienestar Social sufraga el 80% de los fondos de estos colectivos, mientras que el 20% restante procede de la aportación de las familias y de donaciones.

 

MEDICAMENTOS // Los impagos y el miedo al copago en los servicios no son los únicos frentes abiertos. UGT anunció ayer que denunciará ante el Síndic de Greuges que los discapacitados tengan desde el pasado día 1 que sufragar parte de los medicamentos, después de que la Generalitat haya decidido eliminar la gratuidad en la prestación farmacéutica para este colectivo. A este respecto, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, explicó ayer que el hecho de que deban pagar parte de los fármacos es una exigencia que viene marcada desde el Gobierno central y que debían aplicar este punto “sí o sí”.

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Empresarios de Aerte entregan 200 cartas a Bienestar Social para reclamar la deuda, que asciende a 60 millones

Empresarios AerteEmpresarios de Aerte, la patronal del sector de la dependencia en la Comunitat, se han congregado este martes frente a la Conselleria de Bienestar Social para entregar a su titular, Asunción Sánchez Zaplana, 200 cartas en las que reclaman la deuda, que asciende a un total de 60 millones, y le exigen que termine con «la discriminación» que les aplica con respecto a otros colectivos.

En ese sentido, la gerente de Aerte, Maria José Mina, ha señalado que el 85 por ciento de los empresarios de Aerte ha subrayado que están en un situación de «incertidumbre, desasosiego, e insomnio» porque llevan sin cobrar todo el año 2012, e incluso algunos pagos del ejercicio de 2011, y ni siquiera les garantizan un calendario de pagos.

Por ello, ha señalado que esta deuda de la Administración valenciana les impide cumplir sus compromisos de pago con proveedores o las nóminas de los 12.000 empleados a los que dan trabajo hasta el punto de que han llegado a recibir sanciones de hasta 21.000 euros del ministerio de Trabajo por impagos a sus plantillas, que ya han recurrido.

El problema, sintetiza, es que «se trata de un colectivo muy sensible» ya que atienden a personas dependientes, unas 20.000, que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones, desde levantarse a comer. «Nosotros no somos como otros colectivos, no podemos cerrar las persinas y manifestarnos», ha señalado. Además, ha denunciado los 11.000 expedientes que hay sin resolver o sin reconocer desde los años 2009 y 2010.

Sin embargo, lamenta que pese a todo ello, en la reunión que mantuvo el día 26 de diciembre la junta directiva de Aerte con la consellera se les comunicó que el día 28 «se iba a pagar de forma equitativa, y no se ha cumplido, y que iban a dar un plan de pagos, y tampoco». Por ello, solicitaron una reunión hace dos semanas con el vicepresidente, José Císcar, «nos dijeron que nos iban a dar una fecha pero tampoco nos han dicho nada».

Asimismo, reclama que las empresas adheridas al sistema de concierto Bono Residencia y centro de Día, que ya existía antes de la ley de dependencia y al contrato de Accesibilidad Social, sean reconocidas como concertadas con el fin de que «se respete el derecho que por ley tienen todas las personas de libertad de elección de centro».

 

Tutelados de la administración

Entre los usuarios de Aerte, se encuentran los 800 enfermos mentales dependientes tutelados por la Administración, que «tampoco reciben el dinero», según explica el director del centro Mentalia Puerto y coordinador de la comisión de salud Mental, David Taroncher.

Así, ha apuntado que si hace unos meses ya advirtieron de que la situación era «muy complicada» ahora es «insostenible» y de hecho ha confirmado que varias empresas han tenido que presentar concurso de acreedores. «La Administración nos dice que esperemos y nosotros desesperamos porque es un sector que no puede esperar», ha relatado.

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En 2012 se incorporan un 55% menos de beneficiarios catalanes de la Ley de Dependencia de los que lo hicieron en 2011

CuidadoresUn total de 18.098 catalanes se han convertido en beneficiarios de la Ley de dependencia en 2012, un 55% menos de los que lo hicieron en 2011, cuando se incorporaron más de 40.000 dependientes.

Entonces, el número de solicitudes fue un 35% superior, con 63.000 peticiones iniciales de valoración frente a las 41.195 registradas en 2012.

Según los últimos datos publicados por la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, recogidos por Europa Press, el número total de dependientes catalanes reconocidos y que reciben algún tipo de prestación o servicio es actualmente de 158.589, mientras que 2011 se cerró con 140.491 beneficiarios.

Durante el último año, la Generalitat ha tramitado 94.652 valoraciones, 48.008 correspondientes a solicitudes iniciales –también de años anteriores– y 46.644 a peticiones de revisión de grado de dependencia.

Aunque en 2012 se han frenado las solicitudes iniciales de valoración porqué la mayor demanda se registró durante los primeros años de la Ley –en 2008 se computaron más de 101.000–, sí que se han incrementado las revisiones de grado, teniendo en cuenta que la situación de los beneficiarios empeora con los años.

En 2012, la Generalitat ha revisado casi 40.000 casos de dependientes ya reconocidos, mientras que en 2011 fueron 37.202, y en 2012, 22.136.

Además, ha resuelto 34.502 planes de atención individualizada (PIA), un 9,2% menos que en 2011, cuando se realizaron 38.019.

DESDE 2007

Desde la implantación de la Ley de dependencia en 2007, un total de 436.613 catalanes han solicitado valoraciones para poder ser beneficiarios, y 103.993 han pedido revisar la valoración de su grado.

En el mismo periodo, la Generalitat ha valorado 398.662 casos, resolviendo 225.528 nuevos PIA y quedando aún pendientes 18.286, aunque 90.000 casos más no se han podido tramitar por caducidad de los documentos, desestimación del caso o defunción de los solicitantes.

Además, la administración catalana ha tramitado 98.834 revisiones de grado, de las cuales ya ha resuelto el 83,8%, aunque aún están pendientes el 16,2% de ellas.

SIN PROTECCIÓN

Según los mismos datos, un total de 63.237 personas han sido catalogadas de ‘grado no protegido’, o bien porqué su discapacidad no es aún suficiente como para acceder al sistema de prestaciones y servicios, o bien porqué han sido valorados de ‘grado 1’, cuya cobertura ha sido eliminada por el Gobierno central.

Los pagos a estos dependientes han sido pospuestos por el Ejecutivo central hasta 2015 por falta de liquidez, por lo que todas aquellas personas que sean reconocidas como dependientes leves hasta entonces no podrán recibir prestaciones pese a necesitarlo.

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Hachazo a la ley de Dependencia

José Alberto EchevarríaEl sistema de dependencia se desmorona y la última reforma de la ley aprobada por el Gobierno vaticina lo peor: su desaparición. Los recortes en las prestaciones y el aumento del copago hacen insostenible el sector, que sufre colapsos, retrasos en los pagos de las nóminas de los trabajadores y lo más importante, deja a los dependientes desatendidos.

Francisco Jesús Gil, presidente de la Asociación Española de Padres con Niños con Nutrición Parenteral (AEPANNUPA), tuvo que abandonar su empleo para poder atender a su hija dependiente, que presenta un 66% de minusvalía. «En 2008, se le valoró como gran dependiente grado 3, con 90 puntos de dependencia. En 2011, cuando cambió el Gobierno, volvieron a reevaluar a la niña y pasó a ser considerada no dependiente», asegura.

Pero el drama familiar que sufre Gil no termina ahí: su cuñada, que padece una discapacidad psíquica y física, también vive con él. «Se le valoró como grado 2-nivel 2, también con prestación económica y yo como cuidador. Se le suprimió la prestación. Tengo a dos grandes dependientes en mi casa: una necesita una máquina para vivir y la otra tiene discapacidad física y psíquica y está en silla de ruedas«, denuncia.

El futuro de los dependientes se encuentra en un limbo desde el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo aprobó a través de decreto ley, una serie de medidas que cuestionan la conservación del sistema. El golpe es duro. Las prestaciones económicas a los cuidadores familiares se han reducido un 15%, es decir que la baja podría superar los 50 euros al mes. Además, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social y se les exige cumplir con unos conocimientos básicos para atender al dependiente. También se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia y el copago podría alcanzar hasta el 90% del pago en el servicio recibido. Estas son, a grandes rasgos, las medidas que inquietan a las asociaciones, a la patronal de los dependientes, a los sindicatos y que han generado un rechazo social absoluto.

José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), explica a este diario que actualmente hay «un millón de personas que dependen de la ley, que nos necesitan para levantarse, para asearse, para comer, nos necesitan para realizar las actividades básicas de la vida diaria».

Desde FED son incapaces de encontrar explicación a este hachazo que propone el Ejecutivo y consideran que el duro trance económico que vive nuestro país «bajo ningún concepto justifica el recorte en dependencia». Echevarría asegura que «está firmemente convencido de que puede ser un motor de la economía, porque es un sector que genera oferta y demanda, más oferta que demanda y se podrían crear 38.000 puestos de trabajo»

La ley de dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad de reconocer por fin un derecho social, un sistema gratuito y universal que garantiza todos los servicios necesarios para las personas dependientes. Por eso desdeUGT señalan que otro de los problemas que supone el severo recorte en la ley es el atraso social que podría generar. Ana Sánchez Cobo, responsable de Políticas Sociales del sindicato, explica a este diario que una de las consecuencias de la reforma de la ley es la regresión social:«Volvemos otra vez a lo que ha pasado toda la vida en este país y es que las mujeres se tienen que quedar en su casa sin poder desarrollar su vida laboral para atender a las personas dependientes que hay en el hogar».

Tanto FED como UGT coinciden en que el ataque que se produce es directamente a un derecho adquirido. Echevarría se lamenta y denuncia que la situación es «gravísima, tenemos un compromiso moral con estas personas, nos necesitan, son las personas más frágiles de la sociedad, estamos atendiendo a nuestros padres». Y ahí es donde UGT considera que está el problema. Sánchez Cobo cree que «los temas sociales siempre se han visto como problemas individualizados puesto que no existía una ley a nivel de estado que garantizara este derecho» y aclara que «para que la gente tenga interiorizado que es un derecho ciudadano, tiene que pasar mucho tiempo».

Por el momento se desconoce cuántas personas quedarán desatendidas con el endurecimiento de la ley. Según UGT, sólo en Madrid 20.000 personas dependientes ya padecen los recortes y más del 50% de las empresas y trabajadores del sector sufren «retrasos tremendos en el pago de sus nóminas». FED, convencido de que la conservación de la ley es posible, ha intentado contactar con el Gobierno central para demostrar «con cifras, estudios y números» que sí es posible, pero todavía no han recibido respuesta.

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Medio centenar de personas protestan ante Bienestar Social por la «asfixia económica» a centros y programas de menores

Protestas CV   Medio centenar de trabajadores y delegados sindicales han protestado este lunes ante la sede de la Conselleria de Bienestar Social en Valencia por los recortes y la «asfixia económica» causada por los «retrasos de más de un año» en los pagos de la Generalitat a centros y programas de atención a menores gestionados por entidades sin ánimo de lucro en la Comunitat Valenciana.

   En declaraciones a los periodistas, el coordinador del sector de atención a menores en CCOO-PV, Antonio Jiménez, ha criticado los «recurrentes retrasos en los pagos» a las entidades y ayuntamientos que gestionan los servicios públicos de atención al menor, familia y juventud, así como la supresión de algunos programas comunitarios de prevención que se llevaban a cabo en el ámbito municipal.

El representante de UGT-PV, Antonio Femenía, también ha reprobado que la administración haya «rebajado muchísimo» –un 40 por ciento– su aportación a los ayuntamientos para los Servicios de Atención a Familia e Infancia (Seafis), con lo que duda de «cuántos se van a acoger en 2013 porque no cobran». Además, denuncia que la dotación para servicios de atención a la infancia en municipios que carecen de Seafis «simplemente desaparece» este año, con lo que «la mitad o más de los municipios de la Comunitat se van a quedar sin el servicio de atención a la familia y a la infancia en los momentos de más crisis».

Femenía alerta, en este sentido, de que habrá casos en que «no se detecten maltratos» y otros en los que los servicios municipales no podrán atender a menores de familias desahuciadas porque «no tienen medios suficientes» y, por ejemplo, han tenido que reducir la jornada laboral de sus trabajadores de cinco a tres días semanales, de modo que «les será imposible hacer su trabajo cuando más necesario es».

EL SECTOR RECLAMA «HECHOS, NO PALABRAS»

Así, exigen a la Generalitat que «pague puntualmente a los centros de atención al menor y sobre todo, que no desmantele el sistema de protección a la infancia en los momentos en que más falta hace» y subrayan que quieren«hechos, no palabras»«Regalar fotos no queremos», incide Femenía, quien asevera que por el momento «hay poca interlocución, autismo total», por parte de la Conselleria.

Ambos representantes sindicales señalan que «es difícil saber la deuda exacta en estos momentos» porque la Generalitat, con la llegada del último tramo del FLA a final de año, pagó parte de la deuda de los conciertos aunque esos fondos no llegaron a los trabajadores y todavía «quedan subvenciones por pagar» y «muchos meses» que abonar a «entidades que gestionan servicios públicos y centros de la propia administración para niños tutelados o con medidas judiciales».

Femenía apunta que «se debían decenas de millones de euros» y que, en cualquier caso, «es insostenible que se alarguen durante meses o años los impagos y que trabajadores y entidades hayan sufrido lo insufrible para mantener un sistema público que es responsabilidad de la Generalitat«.

En este sentido, acusa al Consell de hacer que la financiación de estos centros y servicios recaiga sobre las propias entidades y sobre sus trabajadores, a quienes adeudan «muchísimas nóminas», hasta el punto de que algunos han tenido que «abandonar su piso e irse con sus hijos a vivir a casa de sus padres porque ya no aguantan más».

«LIMPIEZA IRREVERSIBLE» EN LA ATENCIÓN A MENORES

El representante de UGT-PV advierte de que esta situación puede conllevar«una limpieza irreversible en este campo de la intervención social», que constituye «el núcleo duro del sistema de protección».

Entre las consecuencias de esa «asfixia económica», cita que menores acogidos en centros propios de la Conselleria «algunos días no tenían ropa interior porque no se dispone de dinero para comprar» mientras que, en otros, «se tienen que limpiar con papel de cocina en vez de papel higiénico» y la ropa «se lava con lavavajillas» porque «los proveedores están desfondados y ya no sirven más».

Según Jiménez, en el último año «se han cerrado diez centros de entidades que, por ahogo, ya no han podido» y se ha recortado un 7,3 por ciento la dotación para programas de acogimiento familiar en 2013, en más de ocho millones de euros. En la actualidad, hay más de 1.800 menores en centros, pero el número de atendidos en este sistema de protección y reforma de la Comunitat Valenciana supera los 20.000, al incluir barrios, centros de día y Seafis.

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Los trabajadores municipales sevillanos de dependencia piden solución a sus despidos

Plaza EncarnaciónEl colectivo de trabajadores sociales y auxiliares administrativos que trabajaban para el Ayuntamiento de Sevilla prestando labores en los servicios sociales y de atención a personas dependientes hasta su reciente cese ha celebrado este jueves una concentración en la plaza de la Encarnación, ante la sede del área de Recursos Humanos. Después de que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) haya publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente a la asignación de 740.497 euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad de Sevilla, estos trabajadores consideran que el Consistorio no tiene «excusas» para mantenerles en el paro.

Estos trabajadores, como se ha informado, están sujetos a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, cuyas actuacionescofinancian en la ciudad las administraciones autonómica y local.

En ese sentido, el área de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento hispalense resolvió el pasado 31 de diciembre el «cese» de estos empleados, en concreto 31 trabajadores sociales y 18 auxiliares administrativos, a cuenta de los «recortes» anunciados por el Gobierno andaluz en materia de dependencia y la ausencia de datos exactos en cuanto a las aportaciones autonómicas para la aplicación de la Ley de Dependencia en la capital andaluza.

Todo el mismo día

Pero Yolanda Carrasco, miembro de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla, ha explicado a Europa Press que el mismo día que se hizo efectivo el cese de estos trabajadores municipales, el 31 de diciembre, el BOJA publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativo a los créditos asignados por la Administración andaluza para la aplicación de la Ley de Dependencia. En el caso de Sevilla, figura un crédito de 740.497 euros, según el documento oficial recogido por Europa Press.

Yolanda Carrasco ha explicado que esta asignación implica una reducción «del 48 por ciento» respecto a la consignación del año 2012, pero ha advertido de que tras la publicación de este acuerdo del Consejo de Gobierno en el BOJA y la resolución de la incógnita que pesaba sobre la aportación estatal, el Ayuntamiento hispalense «no tiene excusas» para mantener en el paro a estos trabajadores cuyos despidos «han sido innecesarios», pues como ella misma ha señalado, los programas correspondientes a la aplicación de la Ley de Dependencia funcionan «desde 2007» y la publicación de las aportaciones autonómicas surge «siempre a final de diciembre». «Esto es así todos los años», ha enfatizado.

Necesario «ajuste»

Carrasco ha reconocido que la aportación autonómica ha sufrido una caída muy significativa, pero ha defendido que es posible mantener los programas de atención a personas dependientes y los puestos de empleo a través de un «ajuste» de las actuaciones, por lo que ha llamado al Consistorio hispalense a trabajar en la materia. En ese sentido, ha rememorado que el último pleno del Consistorio respaldó «por unanimidad» la continuidad de estos programas con los mismos empleados.

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El Congreso Vida Después de la Vida entrega a Mensajeros de la Paz 7.500 euros para ayudar a familias afectadas por la crisis

  • La donación irá destinada a la nueva Red de Recursos Sociales anticrisis de la ONG, compuesta por comedores sociales infantiles, centros de apoyo escolar, bolsas de ayuda material, capacitación profesional, cesta solidaria, y el Banco Solidario (www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com).
  • El Congreso Internacional “Vida después de la Vida”, en todas sus ediciones anteriores, ha recaudado fondos para colaborar en proyectos sociales y de Cooperación Internacional.
  • Miguel Cerdá, Miguel Blanco, Rafael Campillo, y el Padre Ángel, estarán presentes en la entrega.

Padre angel y rafa Campillo vida despues bjEl próximo 20 de diciembre se llevará a cabo el acto de entrega de las ayudas recaudadas en la 5ª edición del Congreso Internacional “Vida después de la Vida” a la ONG “Mensajeros de la Paz”. El congreso organizado por la Asociación Rosa de los Vientos reunió en Albacete, el pasado mes de octubre, a cientos de personas de toda España y consiguió recaudar cerca de 600 Kg. de alimentos que fueron destinados a familias sin recursos de esta localidad. Además, una vez pagados los gastos de organización de este evento, se han obtenido unos 7500 euros de beneficios que serán entregados a la ONG presidida por el Padre Ángel.

Mensajeros de la paz destinará esta donación a su nueva Red de Recursos Sociales anticrisis para paliar sus efectos en menores y familias, formada por como comedores sociales infantiles, centros de apoyo escolar, bolsas de ayuda material, capacitación profesional, cesta solidaria, y el Banco Solidario (www.bancosolidariomensajerosdelapaz.com), una plataforma en Internet y Redes Sociales para fomentar la solidaridad ciudadana, que pone en contacto a personas que quieren ayudar con otras que necesitan ayuda.

Los congresos “Vida después de la Vida” nacieron en el año 2001 en Hellín (Albacete) con el objetivo solidario de reunir fondos para ayudar a los niños más desfavorecidos. A lo largo de estos 11 años se han conseguido destinar ayudas para distintos proyectos entre los que cabe destacar la colaboración en la construcción de comedores para niños pobres en la India (Fundación Dharma), Burkina Faso, y Nicaragua(Congregación Misioneras de la Caridad), la construcción de un orfanato para las víctimas de tsunami en Indonesia (Fundación Blanco Fadol), el proyecto con niños de la calle en Brasil (Fundación José Medrado), la ayuda a niños con problemas Casa Thuson en Kimberly y los centros juveniles de Takaliini y Soweto en Sudafrica (Asociación IIIHS), la construcción de un hospital para niños y mujeres víctimas de la guerra en Uganda (Fundación Kim Phuc), la reconstrucción orfanato Haití (Congregación Hijas de la Caridad), y la campaña contra el hambre en el Cuerno de África (“Mensajeros de la Paz” y “Médicos sin fronteras”).Cartel VIDA DESPUES DE LA VIDA bj

En el acto de entrega de las ayudas estarán presentes el Padre Ángel, presidente de “Mensajeros de la Paz”, Miguel Cerdá presidente de la Asociación La Rosa de los Vientos, Miguel Blanco director y presentador del programa radiofónico “Espacio en Blanco” de RNE y Rafael Campillo director del congreso.

Acto de entrega de la donación

Jueves, 20 de diciembre a las 12’30 h

Con la presencia de Miguel Cerdá, presidente de la Asociación La Rosa de los Vientos, Miguel Blanco, director y presentador del programa radiofónico “Espacio en Blanco” de RNE, y Rafael Campillo, director del congreso, acompañados porel Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz.

Lugar: Sede de Mensajeros de la Paz

Plaza General Vara del Rey, 9 (metro Latina)

28005 Madrid

Aerte liderará las reclamaciones de las personas dependientes

AERTEAerte, la patronal de la dependencia en la Comunidad Valenciana, celebró su asamblea general extraordinaria, cuyo contenido ha girado en torno a la situación a la que la administración ha arrastrado a sus asociados por los impagos reiterados de la deuda. Ademas, se debatió sobre la representación de todos los usuarios (personas en situación de dependencia) que bien no han percibido sus mensualidades correspondientes por parte de la administración o que no gozan del reconocimiento y resolución de su situación.
La adopción de una línea jurídica defensiva, en representación de los usuarios que no han cobrado sus prestaciones, resoluciones ni cobros -personas en situación de dependencia- representa el primero de los compromisos adoptados en la asamblea general que Aerte celebró ayer.
En este sentido, la patronal de la dependencia valenciana ha asumido el compromiso de aglutinar las reclamaciones, en nombre de estos usuarios, tanto de las mensualidades que se les adeuda como la retroactividad, el reconocimiento o la resolución.

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Farmacias y residencias valencianas exigen los 600 millones que les deben

Alberto Giménez

Alberto Giménez

La patronal de la dependencia y de las residencias de tercera edad, Aerte; el Colegio de Farmacéuticos de Valencia; y la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat acogieron de forma respetuosa, y con cierta expectación, por los retos mayúsculos pendientes, los nombramientos de Manuel Llombart, como conseller de Sanitat; y de Asunción Sánchez, en Bienestar Social. Sin embargo, les recordaron a ambos que la administración autonómica debe 600 millones de euros a las empresas y profesionales que representan, y que los pagos por los servicios prestados se retrasan en muchos casos hace más de un año.

Por ejemplo, el presidente de Aerte, Alberto Giménez, recordó a Asunción Sánchez que la Generalitat debe 150 millones de euros a las residencias y centros de dependencia de la Comunitat Valenciana. Los representantes de Aerte, que agrupan a 200 empresas y representan al 80% del sector sociosanitario, estaban citados para este martes, día 11, en el despacho del destituido conseller Jorge Cabre, con el titular de Bienestar Social; y con el Secretario Autonómico, Joaquín Martínez. «Nosotros —dijo ayer— Alberto Giménez, estaremos allí, porque nadie nos ha desconvocado a este encuentro de trabajo, en el que íbamos a tratar una serie de cuestiones técnicas del sector, y algo muy importante: un plan de pagos para saldar la gran deuda que la Generalitat tiene con las residencias». Respecto a Cabré, Giménez le puso «un suspenso» por no haber podido resolver «los impagos, que han puesto a nuestro sector en una situación insostenible e injustificable». Sobre la nueva consellera, Asunción Sánchez, Giménez —empresario alicantino— dijo que la conoce de sobra: «Es una persona con una reconocida trayectoria profesional en el Ayuntamiento de Alicante».

Paralelamente, el letrado Vicente Peiró, que representa a la Plataforma de Proveedores de la Conselleria de Sanitat, consideró «un poco paradójico que siendo un acreedor de la institución autonómica —cabe recordar que Manuel Llombart, como directivo del IVO, reclama 58 millones a la administración sanitaria— se haya convertido en conseller». «Supongo —dijo— que ahora el IVO cobrará, aunque entendemos que Llombart es un buen gestor, en su condición de economista».

Respecto a Luis Rosado, extitular de Sanitat, Vicente Peiró calificó su etapa como «muy gris» pues «se ha escapado de los compromisos adquiridos con nosotros». El último, el referente al cobro de los 30 millones de euros que les adeudan de 2012. «Estamos indignados —enfatizó— porque han llegado fondos de liquidez autonómicos del FLA, y han servido para pagar intereses de deuda, retenciones del IRPF de los funcionarios, cuotas de la Seguridad Social, algo a las farmacias y algo a las residencias de dependencias, pero nosotros, ni un euro». Rosado, insistió, «nos ha tratado con deliberada maldad al no querer registrar nuestras facturas», lo que supone que no se han contabilizado ni pagado en el vigente ejercicio y tendrán que cobrarse con cargo al FLA estatal de 2013.
A su vez, la Presidenta de los Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, elevó la deuda actual de la Generalitat con este colectivo profesional a 420 millones de euros. «Confiamos y le pedimos —dijo— que el nuevo conseller cumpla el acuerdo suscrito hace apenas 10 días, en el pleno del Consell, donde se fijó un plan de pagos, que si se cumple, liquidará la deuda con las farmacias, en el mes de marzo», remarcó.

120 millones en deudas al campo
Por su parte, Ramon Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, se alegró por el pase de Agricultura a la órbita del vicepresidente José Císcar, «una persona con poder dentro del partido y el Consell». Pero reivindica el pago de lo que se adeuda. Y recuerda que al sector de los productores agrarios se le debe 120 millones desde 2009 en subvenciones. Por último, el presidente de AVE, Vicente Boluda, se felicitó «por la reducción de 10 conselleries a 8, aspecto que en nuestra organización habíamos pedido, porque todos los ajustes son necesarios en los tiempos que estamos».

Hosbec: «Pasamos de tener una conselleria zombi a nada»
Las principales asociaciones hoteleras alicantinas coincidieron ayer en que el sector turístico ha salido especialmente mal parado con la remodelación del Consell. El presidente de la Asociación Empresarial de Hoteles de Benidorm y de la Costa Blanca (Hosbec), Antonio Mayor, aseguró que la fusión ha terminado por aniquilar las políticas turísticas de la Generalitat. «La Conselleria era un zombi y ahora hemos pasado a la nada», sentenció. Consciente de las exiguas posibilidades económicas del Consell, Mayor quiso emplazar al nuevo Ejecutivo a que marque «claramente sus prioridades», ponga en marcha acciones eficientes y apueste de manera decidida «por un sector estratégico». «El turismo puede ser el motor de arranque de la economía», concluyó. Cristina Rodes, de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, remachó: «El Consell ha vuelto a demostrar que no le importa demasiado el turismo».

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Música y teatro para reivindicar la Ley de Dependencia

La plataforma en defensa de las personas en situación de dependencia organizó ayer un acto para reivindicar la aplicación de la Ley de Dependencia. La cita tuvo lugar en el Centro Cultural de Muro donde actuaron los miembros del grupo de dolçainers i tabaleters La Xafigà quienes interpretaron la obra «Dependents» del compositor José Rafael Pascual Vilaplana. El cantautor contestano, Andreu Valor, también pisó el escenario para ofrecer un pequeño concierto y los actores y actrices de Faula Teatre protagonizaron una representación.

La plataforma organizó este acto para «denunciar delante de la sociedad la falta de aplicación y eficacia de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que todavía estamos sufriendo en la sociedad valenciana», para «sensibilizar y visualizar la existencia de las personas dependientes y el mundo que nos rodea» además de «informar a toda la sociedad, y en especial a las personas con situación de dependencia de nuestras comarcas, el ataque permanente que estamos sufriendo por una mala gestión del Gobierno central vulnerando el derecho subjetivo adquirido mediante la LAPAD», según señaló este colectivo a través de un comunicado.

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Directores de Servicios Sociales dicen que los 117 millones para el Sistema de Dependencia eran de obligado cumplimiento

  La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios advierte de que los 117 millones aprobados por el pasado Consejo de Ministros para garantizar el nivel mínimo de protección de las personas en situación de dependencia no es fruto de una «sensibilidad especial», sino que obedece al obligado cumplimiento de la financiación de las comunidades autónomas en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas.

«Lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y delicado como es éste, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer una venta política tan desatinada y manipuladora de la realidad. Exigimos pleno respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente, de las personas dependientes y de sus familias», indica esta organización.

Por ello, critica la «triste demagogia» del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por decir que ha puesto en marcha esta medida a favor de las personas con discapacidad y señala que la lectura técnica de esta ampliación de crédito es la de la «falta de rigor en la previsión, provocando un desfase entre presupuesto y gasto de un 8,3 por ciento en dicha partida».

Los directores y gerentes de Servicios Sociales recuerdan que el «demoledor» Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, que supuso la reforma de la Ley de Dependencia, redujo este nivel mínimo de financiación en un 14 por ciento y advierten de que, de no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el Estado tendría que haber ampliado su aportación no en 117 millones de euros sino en algo más de 136 millones.

Además, indican que si la reforma de julio hubiese ido en el sentido de «cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%)», entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, el ministerio debería aportar 3.000 millones de euros, una cifra «muy lejana» de los 1.405 que se dice abonará en 2012.

Esta asociación pone de relieve que en la actualidad hay en espera 231.854 personas con derecho reconocido y que el dato de 21.252 incorporados en todo 2012 supone, a ese ritmo, «una espera de casi once años para atender la totalidad de expedientes acumulados». «La presunta nueva agilidad (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada», aseguran.

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