Discapacidad
Madrid se queda sin taxis para discapacitados
Los titulares de Eurotaxi (vehículos adaptados para personas con discapacidad física) han decidido en asamblea dejar de prestar servicio a partir de este martes en Madrid como protesta por las tarifas que regirán al sector a partir para el año que viene, puesto que a su juicio no se pueden garantizar con ellas el coste de explotación que soportan los profesionales.
El servicio, que realiza aproximadamente un centenar de vehículos en Madrid, se dejará de prestar a partir de las 6 de la madrugada y hasta que no se autoricen unas tarifas que contemplen la situación real del servicio, abogando por el criterio de la subvención para el usuario con diversidad funcional.
Así lo ha indicado el secretario de la Asociación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA), Julián Fernández, quien ha indicado que en esa asamblea abierta a todos los titulares de licencias de Eurotaxi la práctica totalidad del sector ha decidido no prestar el servicio -realizan 55.000 servicios al año, según datos del sector-.
Al respecto, ha comentado a Europa Press que el 70% de los titulares de licencia de Eurotaxi acudió de forma presencial y el resto delegó su voto en otros compañeros.
Fernández ha manifestado que, como todos los servicios, se deben abonar o bien mediante subvenciones públicas o por parte de los usuarios, frente al caso del Eurotaxi, donde se «pretende no subvencionar el servicio con dinero público y no permitir que el usuario lo pague».
«Sólo pedimos un tope que garantice el coste de explotación para los profesionales», ha remarcado el secretario de AEMA para criticar también «el jarro de agua fría» que ha supuesto el resultado de la Comisión de Precios del pasado 15 de noviembre que establece las tarifas del servicio para 2014.
En un comunicado, AEMA ha manifestado que «por segundo año consecutivo no se ha tenido en cuenta» la «excepcionalidad» del servicio de Eurotaxi, por lo tanto se mantiene un importe máximo de recogida para servicio solicitado por medio telemático de 5 euros.
«Es inviable económicamente prestar este servicio en estas condiciones y es esto lo que nos ha llevado a los profesionales que actualmente realizamos este trabajo a tomar la decisión de, a partir del próximo día 19 de Noviembre, no prestar este servicio», relata el colectivo a continuación.
AEMA critica en su comunicado el «poco interés» de las administraciones a la hora de solucionar esta problemática y ha criticado que no se desplieguen subvenciones para un servicio de transporte público, tal y como se hace en el caso de Metro o la EMT.
No obstante, Fernández ha relatado que se mantienen aún negociaciones con administración y diversas asociaciones de personas con discapacidad para tratar de encontrar una solución. Al respecto, ha comentado que los profesionales también han presentado un plan de viabilidad para renovar la flota y abaratar el coste del servicio.
Discapacidad. Todos los cermis autonómicos se movilizarán el 1 de diciembre
Los 19 Cermis Autonómicos llevarán en próximo 1 de diciembre la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ a todo el país, para reclamar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias y en protesta contra los recortes sociales.
Según informó en una nota el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de este modo las plataformas territoriales de la discapacidad continuarán en diciembre de 2013 la estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’, que tuvo su inicio el 2 de diciembre de 2012, encabezada por el Cermi Estatal y que se tradujo en una marcha cívica que reunió a más de 90.000 personas en Madrid.
La estrategia de contestación activa ‘SOS Discapacidad’ puesta en práctica por el Cermi consiste en una campaña permanente de presión política para contrarrestar los retrocesos de derechos, de inclusión y de bienestar social de las personas con discapacidad y sus familias, como consecuencia de la crisis y las decisiones políticas de recortes económicos y sociales.
«‘SOS Discapacidad’ tiene pues su continuidad en 2013 en los territorios, culminando el día 1 de diciembre, antevíspera del día internacional de la discapacidad, en sendos actos cívicos en todas y cada una de las comunidades y ciudades autónomas, como expresión de la movilización de la discapacidad organizada por sus derechos, inclusión y bienestar», indica el comité.
La terapia asistida con caballos mejora la calidad de vida de pacientes con discapacidad
La terapia asistida con caballos, conocida como hipoterapia o también equinoterapia, mejora la calidad de vida de los pacientes con discapacidad, debido a que el movimiento de los equinos potencia las habilidades, el equilibrio y la motricidad de los pacientes.
Concretamente, los caballos ofrecen mejoras a personas con trastornos del movimiento asociados con afecciones neurológicas y neuromusculares, como la parálisis cerebral, los accidentes vasculares, esclerosis múltiple y traumatismos cerebrales, ha informado este miércoles en un comunicado la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat (EUIFG) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pionera en impartir hipoterapia en el Estado.
A través del contacto con el caballo y la motivación que genera, también se solucionan los problemas de aprendizaje y de adaptación que acostumbran a presentar las personas afectadas por algún tipo de discapacidad.
Además, la hipoterapia estimula la afectividad y la sensibilidad de los sentidos, mejora la atención y la concentración, y aumenta la capacidad de independencia.
La jefa de Estudios de la EUIFG, Teresa Xipell, ha explicado que «la incondicional entrega y lealtad del caballo» hace que el tratamiento se convierta en una gran ayuda para niños autistas o con síndrome de Down.
Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.
Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.
La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.
Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.
Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.
El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.
Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.
Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.
«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.
C-LM ultima la Ley de Garantías de Derechos de Personas con Discapacidad
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha avanzado este jueves que «dentro de muy poco» el Gobierno que preside podrá presentar la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma en la que se encuentra «trabajando» el Ejecutivo regional.
Así lo ha asegurado Cospedal durante la inauguración de la cuarta edición del Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, organizada por CENTAC, quien ha indicado que la Junta de Comunidades está elaborando esta ley con la colaboración del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la ONCE.
Cospedal ha destacado que desde la Administración, aunque no sea como «una empresa», se puede colaborar con la legislación, a la hora de «modificar leyes obsoletas y garantizando la igualdad de derechos» para estas personas.
182.000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Asimismo, ha puesto en valor el papel de la tecnología para las personas que sufren algún tipo de discapacidad y ha señalado que en Castilla-La Mancha existen 182.000 castellano-manchegos que tienen algún tipo de discapacidad, y que son potenciales consumidores de estas tecnologías.
«Vivimos en una sociedad de la información en la que no se puede abrir más la brecha entre las personas sin discapacidad que las que no la tienen. Tiene que servir para que los más vulnerables encuentren una herramienta de integración a los servicios públicos», ha aseverado la jefa del Ejecutivo.
En esta línea, Cospedal ha señalado que todos «podemos sufrir discapacidades» en algún momento de «nuestras vidas» o por motivos de la edad, en el que necesitaremos tecnologías «que van dirigidas a personas que no tiene plena capacidad desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial».
ELIMINAR BARRERAS
Aunque ha admitido que en materia de discapacidad se ha avanzado en gran medida, la presidenta ha señalado «que aún queda camino por recorrer» para «eliminar barreras» en el ámbito educativo y social, al tiempo que ha apelado a la colaboración entre administraciones y empresas para trabajar en este ámbito.
Cospedal ha resaltado «la igualdad y la integración como derechos inalienables de la persona y que nos pertenecen a todos», que tienen que ser promovidos desde las entidades sin ánimo de lucro o desde el ámbito empresarial pues «tienen la responsabilidad de trabajar por este objetivo».
COMPROMISO DEL GOBIERNO
Por su parte el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Bonilla, ha trasladado el compromiso del Gobierno de España con la accesibilidad de las personas con discapacidad para reducir las situaciones de dependencia.
«A pesar de que hay un basto camino recorrido nos queda muchísimo por hacer y para seguir trabajando sin descanso porque la tecnología genera una discapacidad invisible, una brecha digital que afecta a las personas con discapacidad», ha aseverado Bonilla.
PRIMER DIABÉTICO EN VISITAR LOS POLOS
Durante esta inauguración, Josu Feijoo, primer diabético en el mundo en subir las Siete Cumbres y en visitar el Polo Sur y Polo Norte, ha trasladado su experiencia a los presentes, y ha relatado que «aunque la vida le puso una zancadilla» cuando le diagnosticaron la diabetes no perdió la ilusión por cumplir su sueño que era ser astronauta y realizar estas expediciones.
Feijoo ha asegurado que los médicos le dijeron que se olvidara de escalar el Everest y de ser astronauta, pero el tuvo que «tener fuerza de voluntad» para superar una situación difícil como esta.
La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto
Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.
Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.
En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.
La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS
Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.
Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido. Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.
En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».
Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.
PROPUESTAS
Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.
También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.
Joven tetrapléjico de Montiel (Ciudad Real) pide a C-LM que habilite un autobús escolar adaptado para poder ir a clase
Ismael González Garrido, un joven de 20 años natural de la localidad ciudadrealeña de Montiel, tetrapléjico con un 80 por ciento de grado de discapacidad, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que habilite un autobús de transporte escolar adaptado para que pueda ir a diario a las clases del instituto de Villanueva de los Infantes.
Este es el llamamiento que ha realizado este martes Ismael para que la Junta de Comunidades le solucione esta incidencia porque, explica, «estoy pidiendo ayuda en la delegación de Educación me han dicho que como no soy de Educación Obligatoria no pueden hacer nada por mí», ha informado el PSOE en nota de prensa.
Los socialistas señalan que la familia se puso en contacto con los responsables de la delegación de Educación en la provincia de Ciudad Real y le garantizaron una solución, aunque a día de hoy «persiste el problema».
Este joven ha explicado que es su padre quien hasta la fecha, con un coche particular, le lleva todos los días al instituto donde cursa el módulo de FP Administración y Finanzas, pero su progenitor está enfermo y próximamente será sometido a una operación.
Una situación delicada ante la que el portavoz del PSOE en Montiel, Juan Ramón Mena, se ha preguntado «quién llevará a Ismael al instituto cuando su padre no pueda».
Tanto el propio Ismael como su padre han indicado que la solución no es nada compleja, pues pasa únicamente porque la Junta cambie el actual autobús por uno adaptado. «Ni más ni menos, puesto que la familia haría frente a los 60 euros mensuales que supone esa ruta escolar», añade el PSOE
«Lo sangrante e indignante», según Mena, viene cuando los responsables del Gobierno regional «le exigen» a Ismael que pague por cuatro plazas, es decir, 240 euros al mes, «pese a que se trate de una persona con su particularidad de movilidad en una silla de ruedas, un gasto imposible de asumir con la pensión que percibe su padre».
En este sentido, el secretario de Acción Electoral del PSOE de Ciudad Real, David Triguero, ha hecho hincapié en que «es lamentable que el Gobierno regional no le está prestando ningún tipo de ayuda a un joven como Ismael, que tiene la valentía de seguir formándose y de salir adelante con el apoyo de su familia».
‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado
El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.
La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.
Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».
El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.
La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».
Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».
«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»
Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».
«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.
Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.
Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.
La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».
I Premio Europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad
La Fundación ONCE, en el marco de la Red Europea RSE+D, co-financiada por el Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha el primer ‘Premio europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad: promoviendo la inversión social’, con el que se busca reconocer públicamente aquellas iniciativas de emprendimiento social cuyo objetivo sea el ámbito de la discapacidad.
El proyecto ganador recibirá un reconocimiento económico de 6.000 euros, importe co-financiado por el Fondo Social Europeo (en un 70%), y por Fundación ONCE y Fundación Triodos (en el 30% restante), además de poder disfrutar de asesoramiento especializado por parte de profesionales vinculados a esta iniciativa.
El premio buscará reconocer proyectos en fase de desarrollo o ya en marcha con menos de un año de vida, que encajen en uno de los dos tipos de perfiles: emprendedores sociales que tengan proyectos en el ámbito de la discapacidad o emprendedores con discapacidad con un proyecto innovador.
«El objetivo de este premio es el de contribuir a que las personas con discapacidad adquieran protagonismo en el nuevo modelo europeo de crecimiento económico sostenible, tal como recoge y promueve la Comisión Europea», ha explicado Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE.
El premio se entregará durante el evento ‘Social Entrepreneurs: Have Your Say! 1’, organizado en Estrasburgo por la Comisión Europea. Las personas con discapacidad representan en la actualidad un 16% de la ciudadanía europea.
Fundación ONCE cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y con el apoyo de Telefónica, L’Oréal y el Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (socios fundadores de la Red RSE+D), además de Kanchi, Essl Foundation y Fundación Triodos para llevar a cabo este premio.
La contratación de empleados con discapacidad crece en 2013 un 10,4% hasta los 45.135 contratos
La contratación de empleados con discapacidad crece en lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de 2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de este colectivo trabajadores «aumentaría más intensamente» si España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción de la inclusión laboral, «global, amplio y actualizado», para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
«La evolución positiva de la contratación, a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española, ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente esta tendencia favorable a la inclusión laboral», señalan desde el CERMI.
El número de contratos acumulados a agosto de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a agosto de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a agosto de 2013 se ha realizado un total de 32.049 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 14,83% respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a agosto de 2012 (27.908 contratos).
Esta realidad global del país tiene una distribución territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo. El CERMI destaca también que la contratación acumulada en agosto de 2013 supere la realizada en el acumulado a agosto de 2011 (es superior en un 15,4%).
El Programa Inserta logra la inserción laboral de más de 6.000 personas con discapacidad en 13 años
Un total de 60 empresas se han adherido al Programa Inserta para la inserción laboral de personas con discapacidad, una iniciativa que desarrolla Fundación ONCE a través de FSC Inserta, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y que ha permitido crear y consolidar más de 6.000 puestos de trabajo desde que comenzó el Programa hace 13 años.
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha ofrecido estos datos en declaraciones a Europa Press, tras firmar este miércoles en Murcia la adhesión de la empresa ElPozo Alimentación al programa, y que permitirá que 40 personas con discapacidad entren a formar parte de la compañía en un plazo de dos años.
Durán, quien ha suscrito el acuerdo con el presidente de ElPozo Alimentación, Tomás Fuertes, ha recordado que Fundación ONCE, a través de FSC Inserta, modula estos convenios de un modo «singular y adaptado a las condiciones de cada empresa».
Además, ha indicado que Fundación ONCE trata de trabajar con empresas «líderes en su sector», porque el objetivo es que estas experiencias de inserción laboral «se visibilicen». Además, ha apostillado que las empresas salen reforzadas como «compañías exitosas en el campo en el que trabajan».
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE ha recordado que el programa Inserta comenzó en el año 2000 y, ahora mismo, ya suma más de 6.000 empleos de personas con discapacidad gracias a la colaboración de 60 grandes compañías. Los trabajadores no son exclusivamente personas con discapacidad visual, sino que pueden tener cualquier tipo de discapacidad, ha puntualizado.
No obstante, ha explicado que el Programa Inserta es un proyecto específico en el que participan grandes empresas, pero la Fundación ONCE lleva a cabo más planes de inserción y procura más de 5.000 empleos cada año a personas con discapacidad en empresas locales de menor tamaño. En total, ya ha ayudado a encontrar trabajo a más de 80.000 personas con discapacidad desde su creación, hace 25 años.
En este sentido, FSC Inserta, en el marco del Programa ‘Por Talento’ (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por Fundación ONCE) tiene una bolsa de empleo con más de 180.000 personas con discapacidad demandantes, censadas y entrevistadas. El archivo incluye un perfil detallado de cada trabajador, con información de los estudios y habilidades que posee.
La entidad de Fundación ONCE, experta en intermediación laboral, ofrece a sus beneficiarios itinerarios para la mejora de la empleabilidad mediante la realización de cursos y talleres formativos y posteriormente presenta a los candidatos a las ofertas de perfiles demandados por las empresas.
Disponer de trabajadores con discapacidad en la plantilla, añade Durán, aporta un «valor añadido» a las empresas, ya que gracias a ello cuentan con empleados «con un grado de motivación excelente», y pueden conocer a un sector de la población «con el que a veces no se tiene contacto directo».
Así pues, las empresas pueden conocer a las personas con discapacidad «como clientes y como destinatarios finales de productos y servicios». Asimismo, ha remarcado, supone un valor añadido desde el punto de vista emocional, puesto que se trata de gente que «tiene menos oportunidades y se relativizan problemas que, realmente, no lo son». Las personas con discapacidad en el ámbito laboral «es gente que va al grano y que trata de resolver su trabajo de la mejor manera posible, trabajando con muchas ganas», ha subrayado.
Durán ha alabado a ElPozo Alimentación como una empresa «líder» que ya cumple el requisito del cupo legal del dos por ciento mínimo de trabajadores con discapacidad, y ahora busca «la excelencia». A su juicio, es una empresa «con voluntad de realizar estos programas de mejora».
FSC Inserta, que trabaja con muchas otras empresas del sector industrial, puede aportar «buenos perfiles adecuados» a los puestos que se oferten. Además, Durán cree que existe una posibilidad de establecer una relación comercial con ElPozo Alimentación a través de empresas de la ONCE y su Fundación (Corporación CEOSA y Grupo Fundosa) que trabajan en el sector de lavandería, de la seguridad, la limpieza o el tratamiento documental, entre otras cosas.
ETAPA DE CRISIS
Durán ha indicado que la Fundación ONCE no ha acusado de manera tan adversa el efecto de la crisis porque ha aprendido a trabajar «con más eficiencia, si cabe», y el sector de la discapacidad «ha aguantado bastante bien el empleo, porque tenemos una gran convicción detrás de los empleos que generamos». «No estamos para ganar dinero en el corto espacio de tiempo, sino para generar empleo», ha subrayado.
No obstante, ha admitido que el mercado laboral del ámbito de la discapacidad «ha ido funcionando bien, aunque en los últimos meses ha caído un poco». Por eso, Fundación ONCE y FSC Inserta «tienen que hacer un doble esfuerzo para poder mantener las cifras de creación de más de 5.000 empleos para personas con discapacidad cada año».
El objetivo de Fundación ONCE es, a su juicio, mantener esa creación de empleo «llueva o haga sol, de forma independiente a la crisis o el contexto».
La Xunta pondrá en funcionamiento el próximo año un portal para el intercambio de material como sillas de ruedas
La Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia pondrá en funcionamiento el próximo año un portal en Internet para promover el intercambio de material de segunda mano como sillas de ruedas o muletas, según ha manifestado su titular, Beatriz Mato, con motivo de una visita a la Institución Benéfica Padre Rubinos.
La visita ha tenido lugar para abordar, con sus responsables, las nuevas inversiones de la Xunta en materia de inclusión social, que experimentarán un incremento «del 13%», según ha remarcado Mato, quien ha cuantificado en 3,25 millones la inversión que se destinará a 105 entidades sociales.
En el caso de Padre Rubinos, su titular ha señalado que a esta institución se destinarán 130.000 euros, lo que supone un incremento del 51% respecto al pasado ejercicio. Este dinero, según su director, Eduardo Aceña, se destinará íntegramente al ‘albergue de transeúntes’, en el que se ofrecen al día 200 servicios diarios.
En rueda de prensa, Mato ha remarcado que estas inversiones buscan «resolver los problemas de las personas» y, en este mismo objetivo, ha situado el portal web que se creará para promover el intercambio de sillas de ruedas de segunda mano u otros recursos para personas con alguna discapacidad.
Sobre esta iniciativa, la titular de Trabajo ha dicho que obedece a la necesidad de facilitar «a instituciones y personas» la posibilidad de intercambiar «distintos recursos». Además, ha dicho que el portal servirá también «de asesoramiento y consultas sobre dudas en torno a la accesibilidad y la discapacidad», ha apostillado.
Por su parte, Aceña ha remarcado el incremento de la demanda en su institución debido al contexto económico. Como ejemplo, ha citado el albergue donde, según ha explicado, se ha detectado un incremento de personas, de entre 25 y 40 años, que acuden a pedir ayuda, «españoles en general», ha apostillado.
La Junta crea un grupo de trabajo para encontrar «la mejor solución» a la reserva de plazas en residencias de mayores
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la semana próxima se formalizará el grupo de trabajo creado con el sector de las residencias de mayores y personas discapacitadas para encontrar «la mejor solución» al asunto de la reserva de plazas.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la consejera ha matizado que la orden dada por su antecesora en el cargo de eliminar la reserva de plazas se ha «paralizado» para «retomarla» con el colectivo afectado y estudiar conjuntamente «cómo se podría modificar para que, de alguna forma, sigamos atendiendo a las personas que tenemos que atender y no lesionemos los intereses de los que están gestionando las plazas».
Explica Sánchez Rubio que hasta ahora «estábamos financiando en torno al 60 por ciento de las plazas que estaban vacantes y había personas que estaban esperando a entrar a las residencias». Eso era «razonable» cuando la plaza se cubría «en una semana», pero «ahora ya no era razonable y, por tanto, hay que estudiarlo».
Cocemfe dice que el copago en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria ambulatoria es otra barrera de acceso al SNS
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) afirma que al copago que se establecerá a partir del 1 de octubre en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria pero sin hospitalización, supone «imponer nuevas barreras de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS)».
En concreto, exponen que esta medida publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afectará «a las personas que más necesitan los servicios sanitarios», motivo por el que muestran su rechazo a la misma.
A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago «se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas» y, todo ello, «por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario».
Por ello, Cocemfe solicita al Ministerio de Sanidad «que rectifique esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria». En concreto, con el objetivo de que sigan recibiendo «gratuitamente» los medicamentos en el entorno hospitalario», indica García.
«Se trata de una medida disuasoria y recaudatoria sin sentido», continúa el máximo representante de la confederación al tiempo que señala que, en la dispensación de estos medicamentos, «no se produce ningún tipo de exceso ni derroche al ir dirigidos a personas que necesitan de por vida seguir un tratamiento».
Por contra, apuesta por retomar el diálogo entre el sector social de la discapacidad y el Ministerio de Sanidad, algo que considera que debe realizarse a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El paro se ha incrementado un 100% entre las personas con discapacidad desde el inicio de la crisis
El número de parados entre las personas con discapacidad en España se ha incrementado un cien por cien en los últimos cinco años y seis de cada diez son ya parados de larga duración, según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al respecto que alerta de que «la crisis está incidiendo de manera especial en este colectivo».
En total, 1.262.000 personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad en España, es decir, el 4,11 por ciento de la población de este perfil; el 54,49% son hombres y el grupo más amplio tiene entre 45 y 64 años de edad, conforme los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Según Empleo, al cierre de 2012, 131.514 personas con discapacidad estaban en paro –el 2,71 por ciento de los desempleados del país–, tras registrar un incremento del 19,39 por ciento, muy por encima del que había experimentado en el mismo periodo la tasa general, que creció un 9,64%.
Además, el informe recogido por Europa Press revela que el 60 por ciento son parados de larga duración (más de un año en desempleo), cuando en el conjunto de la población son alrededor del 40 por ciento. «La búsqueda de un puesto de trabajo es más prolongada en el tiempo, dibujando un cuadro poco alentador para los parados que tienen reconocida alguna discapacidad», explica.
En su mayoría, estos parados de larga duración son hombres con una discapacidad física. De hecho, el 55 por ciento de los trabajadores del colectivo presentan este tipo de discapacidades. Existe, además, una relación directa entre la edad y la antigüedad como demandante de empleo, de manera que «a mayor edad, mayor permanencia como desempleado», conforme el estudio del Ministerio de Empleo.
En cuanto al perfil de los desempleados con discapacidad, el informe apunta que son en su mayoría mujeres (51,40%) y revela que en cuatro de cada diez casos, se trata de personas que no han alcanzado la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Por contra, el paro entre quienes poseen una titulación superior es en este colectivo del 9,70 por ciento.
Por sectores, el 66,38% de los parados con discapacidad proceden del terciario, cuando en el conjunto de la población los desempleados de este área no representan ni el 50% del total. Además, «el número de parados en el sector Servicios, en la Construcción y en la Agricultura se haya triplicado desde el año 2008», según el informe.
En paralelo, se ha producido un descenso en la contratación de personas con discapacidad, que el año pasado llegó a ser del 3,32 por ciento, aunque entre el resto de la población la reducción fue del 1,33%. En 2012 se concertaron 150.331 contratos en este colectivo, el 1,06 por ciento del volumen nacional.
Estas cifras cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que en la década anterior a 2008 la contratación de personas con discapacidad había evolucionado de forma más favorable que la del resto de la población, llegando a acumular un crecimiento del 27,74 por ciento. No en vano, el primer retroceso en una década se produjo en 2008, tras registrar en 2007 el valor más alto de su historia.
SE ACORTA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN
Tras cinco años de caídas, en 2012 se ha registrado además la menor proporción en el número de contratos indefinidos para personas con discapacidad de la última década, con un decremento acumulado en el último quinquenio del 36,58%. Mientras, los contratos temporales han aumentado en ambos periodos (32,84% y 4,70%).
Por género, los hombres siguen registrando más contratos que las mujeres (58,36% y 41,64%, respectivamente), pero la brecha se acorta año tras año, pasando de los 31,88 puntos diferenciales en el año 2003 a los 16,71 puntos en el año 2012. En el mercado nacional total hay un mayor equilibrio en el reparto de la contratación, con el 52,93% de los contratos para los hombres y el 47,07% para las mujeres.
En cuanto al perfil profesional, algo más de seis de cada diez contratados con discapacidad tienen un nivel nivel formativo de enseñanza secundaria obligatoria (son el 51,87% en la población general), y en su mayoría trabajan en el sector terciario y la industria, mientras tienen poca presencia en el sector primario y la construcción en comparación con el resto de la población activa.
Además, registran mucha menos movilidad: el 93,58% trabaja en la provincia en la que tiene residencia permanente, mientras sólo en un 6,42 por ciento de los contratos registrados se produce un cambio de residencia. «Se constata que este colectivo es el de menor movilidad laboral de todos los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo», explica el informe de Empleo.
Discapacitados intelectuales protestan contra los recortes en Cataluña
Representantes de la plataforma de discapacitados intelectuales Dincat, que representa a 310 entidades con más de 30.000 usuarios, protestará este miércoles ante la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña contra el recorte del 20% en el Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda, del que se benefician actualmente 650 personas en Cataluña.
El objetivo de la protesta es intentar revertir el tijeretazo, que el Govern ha aplicado con efectos retroactivos desde enero, algo que afecta a la viabilidad de las 44 entidades que actualmente gestionan este programa, ha informado este lunes Dincat en un comunicado.
El Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda es «fundamental» para la plena inclusión de los discapacitados intelectuales ya que les permite independizarse y tener un proyecto de vida propio.
La cuarentena de entidades que llevan a cabo este programa ponen a disposición de los beneficiarios equipos de personas que les ofrecen apoyo en áreas como el cuidado personal, la resolución de trámites y gestiones administrativas y la organización de la economía personal y doméstica, entre otras.
Hasta ahora, la subvención era de 626,35 euros mensuales, que tras el recorte se ha reducido a 500 euros, cifra que «dificulta claramente la viabilidad del programa», según Dincat.
Una tienda de Oysho, atendida por personas con TMS
La cadena de moda Oysho se ha sumado al programa social ‘for&from’ del Grupo Inditex abriendo una tienda atendida por personas con trastorno metal severo (TMS) en Palafolls (Barcelona) en colaboración con la Fundació El Molí d’en Puigvert, según informa la compañía.
En concreto, la plantilla de la tienda está compuesta por ocho personas, seis de las cuales están diagnosticadas con TMS. Estos trabajadores han recibido formación específica tanto de la Fundació El Molí d’en Puigvert, especializada en desarrollar programas de rehabilitación social y laboral de personas con TMS en la comarca del Maresme, como de los equipos de tienda de Oysho.
El establecimiento de Oysho ‘for&from’ dispone de una superficie comercial de 80 metros cuadrados en una sola planta y ha sido concebido para ofrecer el nivel más elevado de accesibilidad y eliminación de barreras, manteniendo la imagen con la que Oysho se presenta en sus más de 500 tiendas en todo el mundo.
Se trata de la tercera tienda del programa en esta localidad, donde también están presentes Massimo Dutti y Bershka ‘for&from’, y la séptima del proyecto.
Esta iniciativa se enmarca en el programa de inserción laboral de Inditex para personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, ‘for&from’, que nació en 2002 con la apertura de una primera tienda de Massimo Dutti.
Con esta nueva apertura, el programa ‘for&from’ cuenta con una red de siete tiendas: tres en Palafolls (Barcelona), de Massimo Dutti y Bershka; dos en Allariz (Ourense), de Massimo Dutti, y Tempe (complementos y calzado de todas las cadenas del Grupo Inditex); otra de Tempe, en Elche (Alicante) y una de Stradivarius, en Manresa (Barcelona).
TRAYECTORIA
En 2001, Inditex estableció los primeros contactos con la Fundació Molí d’en Puigvert con el objetivo de explorar nuevas fórmulas de inserción socio-laboral para colectivos vulnerables y personas con dificultades de integración.
Así, en abril de 2002 se puso en marcha en Palafolls una tienda Massimo Dutti en la que trabajan personas con TMS. En 2008, Bershka se unió a este programa de la Fundació Molí con una nueva tienda ‘for&from’ en esta localidad.
El proyecto ‘for&from’ se amplió en 2007 y 2010 con nuevas tiendas de Massimo Dutti y Tempe en Allariz (Ourense) gestionadas por personas con diferentes grados de minusvalías físicas, en colaboración con la Confederación Galega de Persoas con discapacidade (Cogami).
A finales de 2010, Tempe inauguró una nueva tienda en Elche (Alicante) con la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante
(APSA) y en 2011, Stradivarius se unió a esta iniciativa del Grupo con una tienda en Manresa (Barcelona), junto a la cooperativa local Moltacte.
Advierten que en las personas mayores, la inactividad podría conducir a la discapacidad
Las personas mayores que no hacen mucho ejercicio, que fuman o que comen poca fruta y verdura tienen un mayor riesgo de padecer alguna discapacidad, según un nuevo estudio. Y cuanto más malsanos sean los hábitos del estilo de vida que tengan, más probabilidades tendrán de sufrir problemas que les impidan realizar las tareas diarias requeridas para vivir de forma independiente.