Discriminación
BeTrAD: Un mejor tratamiento para los consumidores de drogas de edad avanzada
Como parte del programa Erasmus+, el proyecto BeTrAD tiene por objetivo proporcionar a los profesionales y las organizaciones que trabajan en el ámbito de las drogodependencias, las instituciones geriátricas y las administraciones locales, herramientas y modelos de buenas prácticas, con el fin de ofrecer oportunidades para crear y mejorar los servicios para usuarios de drogas de edad avanzada.
El envejecimiento progresivo de la población en la mayoría de los países de la Unión Europea conlleva que las estructuras sociales y sanitarias se sometan a un proceso continuo de adaptación a este problema; sin embargo, la dependencia a sustancias psicoactivas todavía se asocia con los jóvenes.
“Es evidente que el número total y la proporción de personas con dependencia de las drogas, o con problemas asociados, ha aumentado durante las últimas décadas. Las personas mayores que consumen drogas son más propensas a sufrir las consecuencias sociales negativas de un consumo de drogas prolongado. Así, se han hecho estudios que demuestran que los consumidores de drogas de edad avanzada a menudo están excluidos socialmente y son aislados por la familia, los amigos y las redes sociales de apoyo.” (Casar et al., 2009; Nezet, et al. 2009).
Actualmente, sin embargo, existen pocos tratamientos o programas de atención especializada específicamente dirigidos a las personas mayores que consumen drogas, y los que hay no están preparados para responder adecuadamente a las necesidades de este colectivo; por lo tanto, se deben implantar servicios específicos (Beynon, 2009; Stöver, et al. 2012; Condrobs e.V., 2009).
En consecuencia, el tratamiento y la atención deben adecuarse a la tendencia actual, es decir, al acelerado envejecimiento de los consumidores de drogas, y dar una respuesta rápida.
Los profesionales de los servicios de atención a las drogodependencias han observado dichos cambios en la edad de los usuarios, y debe hacer frente a los problemas diarios que conlleva la derivación de consumidores mayores a servicios de atención adecuados.
En concreto, dentro del proyecto se desarrollan las siguientes acciones:
- La evaluación de las políticas y de los servicios existentes dirigidos a las personas mayores que consumen drogas en Europa, proporcionará a los profesionales de los servicios de atención social y sanitaria, docentes, administraciones e instituciones académicas, información sobre la situación demográfica de cada país (datos demográficos sobre los consumidores de drogas), la evaluación de las condiciones de acceso a los servicios específicos, a los sistemas legales, sociales y de salud para este colectivo y la identificación de los programas y servicios actuales destinados a los consumidores de drogas de edad avanzada.
- La recopilación de buenas prácticas, cuya finalidad es identificar y recoger ejemplos de las mejores prácticas en servicios específicos de atención a las personas mayores drogodependientes y modelos de buenas prácticas de colaboración entre los recursos de geriatría y de atención a las personas mayores.
- La elaboración de una guía de buenas prácticas, disponible tanto en soporte digital como en papel, que facilite a los profesionales de los servicios sociales y de salud, las administraciones y las instituciones académicas un conjunto de herramientas para orientar el desarrollo, la implantación y la mejora de los servicios dirigidos a consumidores de drogas grandes.
- Formación, basada en el contenido y la estructura de la guía de buenas prácticas y en los resultados obtenidos de la evaluación efectuada, de la evidencia científica y del análisis de las políticas llevadas a cabo. El currículum formativo diseñado servirá como modelo para llevar a cabo formación de ámbito nacional, y para que otras organizaciones puedan adoptarlo o extraer partes concretas con finalidades formativas.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Fuente: FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD
¿Discrimina la inteligencia artificial discrimina a las personas mayores?
Mientras que la discriminación por sexo, raza u orientación sexual está ampliamente documentada, la discriminación por edad (edadismo) no recibe la misma atención.
La inteligencia artificial discrimina a la gente mayor, según investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que han estudiado cómo los algoritmos, que afectan a la vida cotidiana de muchas personas, reproducen estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores.
«Los algoritmos suelen caer en decisiones discriminatorias y en invisibilizar colectivos», han alertado las investigadoras de la UOC Andrea Rosales y Mireia Fernández-Ardèvol, expertas ambas en personas mayores y TIC.
Según estas expertas, mientras que la discriminación por sexo, raza u orientación sexual está ampliamente documentada, la discriminación por edad (edadismo) no recibe la misma atención.
«En muchos estudios no hay un control suficiente de la demografía de la muestra, se aplican ideas estereotipadas sobre el uso de las TIC en algunos colectivos, como en el caso de los ancianos, o hay limitaciones técnicas en los sistemas de medida que analizan variables», ha enumerado Fernández-Ardèvol.
Según esta investigadora, «en el grupo de población europea de 65 a 74 años el crecimiento del uso de la nuevas tecnologías de la información ha sido del 53% en los últimos 5 años».
Sin embargo, los sistemas inteligentes siguen proyectando tendencias basadas en criterios de uso de las personas más jóvenes.
Rosales y Fernández-Ardèvol presentaron en el XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que finalizó la pasada semana en Barcelona, los resultados de un estudio que evidencia este tipo de estereotipos y prejuicios presentes en el análisis y la explotación de los datos masivos o big data.
Entre los ejemplos de discriminación están las plataformas digitales, por ejemplo Facebook, donde, aunque ahora ya se ha corregido, al principio los usuarios no podían declarar una edad de más de 80 años.
«Los diseñadores pensaron simplemente que una persona tan mayor nunca estaría interesada en usarla», ha indicado Fernández-Ardèvol, que es codirectora del grupo de investigación Communication Networks & Social Change (CNSC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.
La publicidad online tampoco se suele ajustar a las necesidades de un usuario mayor ya que «cuando una persona se registra en una plataforma digital y no ha declarado el sexo o la edad previamente, los algoritmos acaban eligiendo y mostrando un tipo de publicidad desacertada», según el estudio.
«Muchas veces las predicciones de edad que hacen los sistemas inteligentes para adaptar los anuncios al usuario son erróneas, y puede pasar, por ejemplo, que una persona de 50 años le aparezca publicidad sobre pruebas de embarazo dirigida a personas de 30 años. Probablemente, esta publicidad no es relevante para esta persona e, incluso, puede ser molesta», ha advertido Rosales.
La invisibilización de este colectivo también se produce en las ‘start-ups’ y en empresas de innovación digital, que basan sus servicios en la Inteligencia Artificial.
«Los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para recoger datos y analizarlos muchas veces obvian a las personas mayores», según las investigadoras, que ponen como ejemplo cuando se investigan los usos de los espacios públicos de una ciudad y se analizan los datos de los móviles que tienen el wifi encendido.
Estos datos proporcionan desde el tiempo que las personas tardan en atravesar una calle por un semáforo hasta el tiempo que necesitan para subir las escaleras del metro.
Pero en el análisis de estos estudios no se tienen en cuenta minorías como las personas mayores que o bien no tienen wifi en el móvil o bien, si lo tienen, lo llevan siempre apagado, concluyen las investigadoras.
Fuente: Expansión
La Santa Sede denuncia ante la ONU la marginación de los ancianos en el mundo
«Muchos ancianos, con su sabiduría y experiencia, tienen la capacidad de seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad«. Bernardito Auza, representante de la Santa Sede ante la ONU, denunció la marginación de los ancianos en la sociedad, y pidió a los gobiernos «llevar a cabo políticas que refuercen la participación activa de las personas mayores«.
Durante una sesión del alto organismo sobre «Participación activa de las personas mayores en el desarrollo», Auza declaró «imprescindible» lograr «su involucración en la toma de decisiones, su continuidad como contribuyentes económicos, su participación en el mercado de trabajo, su capacidad para disfrutar de una jubilación sana y segura a una edad apropiada, así como el acceso a la formación continua y a la educación permanente».
El delegado del Vaticano en la ONU ha exhortado al organismo internacional a «superar lo que el Papa Francisco denunció como ‘las deficiencias de una sociedad programada para la eficiencia‘. Así, ha denunciado que muchas de las personas mayores son marginadas con «políticas y prejuicios que los dejan a merced de la pobreza y el aislamiento social».
«A medida que la población anciana crece rápidamente en el mundo, la atención a este sector es cada vez más crítica. Ello exige la urgente elaboración de medidas concretas y prácticas que garanticen la protección de sus derechos humanos y respondan a sus necesidades», ha afirmado.
Finalmente, el Observador Permanente del Vaticano en la ONU ha advertido de que los ancianos «son desproporcionadamente susceptibles a la pobreza, la mala salud, la discapacidad, el aislamiento social, la violencia, el abandono, las guerras y factores que atentan contra su dignidad».
Fuente: Religión Digital
El Colegio de Trabajo Social de Alicante denuncia demoras de más de un año en la emisión del certificado de discapacidad
En Alicante se producen grandes demoras en los trámites para la obtención del certificado de discapacidad. Esto provoca serios perjuicios entre personas paradas de larga duración que no acceden al mercado laboral general, pero podría acceder a uno de los puestos reservados a discapacitados.
Tres de cada diez dependientes en lista de espera vive en Andalucía
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga contra el caos autonómico en el sistema de atención a la Dependencia. Aunque, desde su primer informe, reconoce los progresos que ha logrado el Imserso para acabar con las deficiencias existentes, una fiscalización de la gestión y control de las comunidades pone de relieve que aún queda tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es cierto que la situación varía mucho de unas a otras, entre los males que lastran el sistema se encuentran la maraña de normas, las demoras en la información facilitada y en el reconocimiento de las prestaciones, las listas de espera y las diferencias en la valoración de la capacidad económica del afectado.
Más de 800 normas
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, incide en la «excesiva dispersión normativa» que ha generado el desarrollo de la ley de Dependencia de 2006 por parte de las comunidades, «muchas veces solapada con la normativa de los servicios sociales preexistente», lo que, apunta, «no se compadece con los principios de universalidad, igualdad y transparencia que informan el sistema». De hecho, el «repertorio normativo» abarca 671 normas autonómicas de diverso rango, además de las 134 estatales.
No obstante, admite que «en el ámbito estatal se observa un esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario» de la ley en un menor número de textos, como se hizo en el decreto del pasado 27 de diciembre que regula las prestaciones del sistema y unifica todas las normas relativas a prestaciones y servicios. Además, el Tribunal indica que «se han efectuado o están en trámite otras modificaciones normativas destinadas a homogeneizar el sistema e introducir nuevos elementos de control que permitan disponer de información y estadísticas ajustadas a la realidad».
Demoras de más de un año
El Tribunal advierte de las «excesivas demoras» por parte de las comunidades a la hora de introducir los datos mensuales requeridos en el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD). De hecho, solo siete comunidades –Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y La Rioja– registran los datos en un plazo inferior a un mes desde la fecha de la solicitud. En el caso de la Comunidad Valenciana, se tarda 479 días de media (Murcia llega a 925, pero el Tribunal no lo considera significativo porque esta comunidad acordó con el Imserso un proceso de regularización entre los sistemas de información, por lo que no registró información nueva de enero a octubre de 2013).
La existencia de diversos sistemas de gestión de datos se apunta como una de las razones. Seis de las siete comunidades que no superan el mes de plazo utilizan el SISAAD directamente como sistema de gestión, mientras que la mayor parte de las que exceden ese tiempo emplean sus propios sistemas. También continúan produciéndose «importantes demoras en las resoluciones de reconocimiento de la prestación», con incumplimiento por las comunidades del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El plazo medio entre 2011 y 2013 se eleva a más de ocho meses. Aunque el Tribunal reconoce una «evolución positiva», en la mitad de los 67.468 expedientes registrados en el primer cuatrimestre de 2013 se había sobrepasado el plazo de seis meses.
Listas de espera
Las comunidades han logrado reducir «significativamente» entre 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pero su número sigue siendo «elevado», según el Tribunal de Cuentas. Mientras que a final de 2011 eran 305.901 las personas en lista de espera, al acabar 2012 habían pasado a 231.119; y en diciembre de 2013 a 190.503. Este último dato supone que el 20,17% de los 944.345 dependientes a los que ya se les ha reconocido esta condición, estaban a final del pasado año pendientes de recibir prestación.
Pero la situación no es igual en todas las comunidades. En las ocho que superan la media nacional (el citado 20,17%), se concentra el 75% de los pendientes de prestación, y «resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de Canarias», con el 52,74%. En términos absolutos, es Andalucía la que concentra el mayor número de beneficiarios en espera, 53.981. Esto supone que más del 28% de las personas con derecho a prestación por dependencia pero que no la reciben, están en la comunidad andaluza. Es decir, tres de cada diez dependientes en lista de espera viven en Andalucía. Por el contrario, el Tribunal destaca favorablemente la gestión de Castilla y León, con solo un 1,66% de beneficiarios pendientes de prestación.
Desigualdad entre españoles
Las diferencias entre comunidades a la hora de hacer efectivas las prestaciones, concluye el órgano fiscalizador, «implican un claro elemento de desigualdad entre los dependientes por razón de la residencia».
El informe también advierte de «gran disparidad» entre comunidades en cuanto a la valoración de la capacidad económica de los beneficiarios. La ley prevé que se calcule teniendo en cuenta la renta y el patrimonio para determinar qué cantidad deben aportar para costear las prestaciones. Aunque algunas han dictado disposiciones que incorporan, al menos parcialmente, los criterios mínimos de cómputo, otras «no han efectuado hasta la fecha esa necesaria adaptación normativa».
Canarias, la comunidad que percibe más recursos del Estado de los que dedica
UNAF advierte de «peligro de retroceso» en derechos por la crisis
La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha reivindicado durante las jornadas de su 25 aniversario celebradas del 18 al 20 de octubre, los avances conseguidos en materia de derechos en el ámbito de las familias y ha advertido del «peligro de retroceso» en el actual contexto económico, político y social.
Bajo el título ‘Familias del siglo XXI: el camino de la igualdad y la convivencia’, UNAF ha realizado un recorrido por la historia más reciente de España y las leyes que han reconocido cuestiones como «la igualdad, la lucha contra la violencia de género, la dependencia, la discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos o el matrimonio igualitario».
La presidenta de UNAF, Teresa Blat Gimeno, ha denunciado los intentos de instaurar modelos ya superados y ha abogado por continuar trabajando en la coeducación y la igualdad de oportunidades. «Las organizaciones sociales y toda la ciudadanía debemos unirnos y luchar con más fuerza que nunca por que los derechos que tanto nos ha costado conseguir no se pierdan bajo la excusa de la crisis económica. No lo permitiremos», ha subrayado.
Además, considera que también se deben «aclarar y reparar» cuestiones que, a su juicio, «no son propias de una sociedad democrática» como «el maltrato y vejación de mujeres, muchas de ellas madres solteras» y «los casos de niños y niñas robados».
«Son horrores que no podemos negar y que se cometieron con el amparo de unas instituciones. Por tanto, exigimos justicia, una investigación profunda y la reparación de las víctimas de forma inaplazable», ha añadido.
Por su parte, la directora general de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Salomé Adroher, se ha referido a la realidad cambiante de las familias y ha destacado su papel como espacios de solidaridad, soporte emocional y económico, y factor de cohesión social.
En el marco de las jornadas, UNAF aprovechó también para realizar un homenaje a las diferentes Juntas directivas por su labor durante estos 25 años y a la cofundadora de UNAF Ana María Pérez del Campo.
Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.
Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.
La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.
Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.
Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.
El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.
Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.
Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».
El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.
«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.
‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado
El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.
La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.
Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».
El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.
La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».
Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».
«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»
Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».
«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.
Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.
Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.
La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».
