Financiación

El Principado de Asturias reclama «las mismas reglas del juego» en el cálculo de la financiación de la dependencia

Esther DíazLa consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha reclamado este domingo «las mismas reglas del juego para todas las administraciones en el cálculo de la financiación de la dependencia».

   Así, el Gobierno asturiano presenta alegaciones al anteproyecto del Tribunal de Cuentas y solicita la homogeneización de los criterios para fijar los tiempos de espera y el reparto de la financiación entre las administraciones públicas, ya que considera que «el cambio de modelo aplicado por el ente fiscalizador provoca un aumento ficticio de la aportación estatal».

   De hecho, la consejera ha subrayado que la contribución del Gobierno del Principado a la financiación de la dependencia en 2012 «fue muy superior a la del Ejecutivo central».

   «El Tribunal de Cuentas se sale del ámbito de lo estipulado en la propia ley de la dependencia y considera oportuno incorporar como aportación estatal otros recursos adicionales para el sostenimiento del Estado de Bienestar y que no están dirigidos en exclusiva a la dependencia», señalan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.

   Por tanto, desde el Principado consideran necesario que el Tribunal de Cuentas «unifique los criterios y fórmulas para evaluar la financiación de las administraciones públicas».

   Asimismo, la titular de Bienestar Social coincide con el informe del Tribunal de Cuentas en que existen importantes diferencias en cuanto a modelos de gestión entre las comunidades autónomas. «Mientras en algunas autonomías la resolución de dependencia reconoce el derecho del dependiente y se inicia el disfrute de un servicio o prestación, como en el caso de Asturias, en otras, esa misma resolución solo reconoce un derecho, pero no implica el inicio inmediato del servicio, ya que el dependiente deberá esperar a que se lo asignen», dice.

   «Esto genera que las listas de espera no sean homogéneas. Dependiendo de la comunidad autónoma, en unas se computa el tiempo para la concesión del derecho y en otras para la asignación o disfrute del servicio o prestación», añaden desde el Gobierno autonómico.

   Por ello, el Principado ha solicitado al Tribunal de Cuentas que, una vez constatada esta diferenciación entre dos sistemas de gestión y su efecto distorsionador, «figuren diferenciadas unas y otras comunidades autónomas, así como el tiempo medio de espera de cada modelo de gestión».

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La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%

Amelia SalanuevaLa financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.

El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.

Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».

En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».

El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.

Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»

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“Es importante acometer el nuevo modelo de financiación de la dependencia”

MANUEL VILCHESLa Ley de Dependencia preveía el posterior desarrollo de la normativa que facilitara la difusión del seguro privado de dependencia. Sin embargo, esta norma no se ha concretado, y a día de hoy las compañías aseguradoras siguen reclamando que el Gobierno central aborde esta situación. Lo cierto es que, si bien la oferta de este tipo de productos ha ido creciendo progresivamente año tras año, el volumen de seguros contratados aún está muy lejos de lo esperado.

¿Cuál ha sido la evolución de los datos de contratación de seguros de dependencia a lo largo de 2013? ¿Y en comparación con años anteriores?

Tal y como apunta acertadamente el estudio SCOR sobre seguros privados y públicos de dependencia: comparación internacional, en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan diferentes prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo ser éstas temporales o vitalicias. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la penetración del seguro es muy baja, las dificultades que el sector público español está afrontando tanto en lo que respecta a la financiación como a la prestación del servicio a los dependientes, acrecienta la importancia de que sea el sector privado quien de manera complementaria al Estado deba asumir un papel fundamental a la hora de dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.

Según un informe de ICEA hecho público por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) que repasa los resultados provisionales del sector a 31 de diciembre de 2013, refleja que a finales del pasado año eran 21.724 las personas que mantenían contratado algún tipo de seguro de dependencia, lo que supone un incremento del 10,71 por ciento con respecto a los datos definitivos a cierre de 2012.

La Ley de Dependencia dejaba abierta la necesidad de desarrollar una norma que regulara estos seguros de dependencia, sin embargo, no se ha llevado a buen puerto. ¿En qué situación se encuentra? ¿Saben si se está trabajando en ello?

El Consejo Económico y Social de España (CES) apunta en un reciente informe que “la valoración del grado de aceptación y de aplicación de la Ley de Dependencia se pone de manifiesto en los datos referidos a las solicitudes de prestación registradas, los dictámenes emitidos y las valoraciones positivas en relación con la generación del derecho a prestaciones. Al respecto puede decirse que las comunidades autónomas en las que existen más solicitudes de prestaciones en términos absolutos (Andalucía y Cataluña), con un 43 por 100 del total, contrastan con otras, de un nivel poblacional igualmente importante (Madrid y Valencia), donde esas solicitudes no llegan en su conjunto al 15 por 100 del total, junto a las que destacan también por su bajo número de solicitudes otras comunidades de menor población (Canarias, Baleares).

En cuanto a las prestaciones de dependencia, en primer lugar, y pese a la pretensión legal de dar preferencia a las prestaciones de servicios, son las prestaciones económicas por cuidados en el entornofamiliar las que prevalecen. Por otra parte destaca el escaso número de las prestaciones económicas para la contratación de un asistente personal. Es también relevante, en cambio, el número de prestaciones de atención residencial, ya que a pesar de estar dirigidas a dependientes en situación extrema de necesidad de cuidado, su número es semejante a las prestaciones de teleasistencia. Todo esto indica que la cobertura de una prestación tan básica como la teleasistencia está poco o defectuosamente extendida al cubrir solo a un tercio de los dependientes que podrían necesitarla, dejando al margen a los que disfrutan prestaciones económicas o de atención residencial. En cuanto a las prestaciones de ayuda domiciliaria no experimentan el desarrollo que cabría esperar. También es particularmente reducido el número de prestaciones para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal”.

¿Qué sería necesario para que el seguro de dependencia se extienda?

El debate sobre la financiación de los servicios necesarios para los dependientes (residencias, centros de día, atención domiciliaria, etc.) es una cuestión abierta en la que unos se muestran partidarios de un seguro obligatorio para todos los individuos, sea en forma de un cotización adicional dentro del sistema de protección social, o sea mediante un seguro fuera del sistema. Otros se han mostrado abiertamente a favor de una cobertura total por los sistemas públicos mediante una financiación por impuestos y finalmente, muchos se han mostrado partidarios de que la persona que necesita la asistencia contribuya a una parte de la financiación del servicio y que el sistema público de protección asuma otra.

En cualquier caso sea el modelo que finalmente surja, lo importante es que se acometa con urgencia y de una forma consensuada entre todos las partes que intervienen en el proceso y de nuevo la iniciativa privada en esta definición estratégica es fundamental, debido a que su aportación en este ámbito es extraordinaria y está paliando en gran medida el enorme déficit que padecemos en este asunto que afecta no solo a España sino también a otros países occidentales de nuestro entorno. También necesitamos aprender de algunas experiencias puestas en marcha en modelos implantados en países de nuestro entorno más próximo.

¿Cree que la ciudadanía percibe como una necesidad asegurar la dependencia futura? ¿Qué podrían hacer en este sentido las compañías?

La protección a las personas que se encuentran en una situación de dependencia es un problema creciente que tienen que afrontar las sociedades avanzadas debido al envejecimiento de su población. El incremento de la esperanza de vida como consecuencia de los avances en los campos de la sanidad y la salud, el fenómeno del ‘baby boom’ ocurrido en nuestro país en la mitad del siglo XX, unidos a las caídas en las tasas de natalidad han dado como resultado una población más geriatrizada o envejecida y, por lo tanto, más dependiente.

El informe del CES que he referido anteriormente señala aspectos clave en este acuciante problema, apunta hacia que “la grave situación económica actual, así como la radical reducción del gasto público han condicionado y condicionarán en los próximos años la aplicación de la Ley de Dependencia. Los recortes presupuestarios, el conflicto entre Estado y comunidades autónomas acerca de quién debe asumir en mayor medida el coste de las prestaciones, las enormes dificultades para organizar un sistema que requiere profesionales cualificados, estructuras organizativas públicas eficientes y bien dotadas, así como un sector privado dispuesto a colaborar de forma permanente e intensa con la organización pública, todo ello determinará inevitablemente una paralización de la aplicación de la Ley. Como ya se ha puesto de manifiesto en el cambio del calendario inicial de aplicación establecido en la misma Ley 39/2006, al congelarse o retrasarse primero hasta 2014 y luego hasta julio de 2015 el reconocimiento de prestaciones a los dependientes de los niveles más bajos o dependientes moderados.

Un retraso que, determinando ciertamente un empeoramiento de la tutela, puede tener una incidencia menor ya que se trata de dependientes cuya incapacidad de gestionar su vida diaria no es tan acusada como en otros grados y pueden ser atendidos, sin excesivas dificultades, por la red de seguridad de la tutela de los dependientes; que no es otra que la protección familiar, extraordinariamente activa en España, como lo demuestra, si se ve como una forma de aflorar y hacer visible ese cuidado familiar, la absoluta preponderancia de las prestaciones económicas causadas por ese cuidado familiar”.

La iniciativa privada en este entorno es fundamental con residencias, centros de día especializados, atención domiciliaria, etc. “El seguro de dependencia paga los servicios que permiten a una persona vivir de forma autónoma o en un centro especializado, si pierde la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida. Las prestaciones se abonan en caso de necesidad parcial o total de cuidados de larga duración por parte de la persona asegurada. En este sentido, es comparable con el seguro de invalidez (seguro de incapacidad laboral). Sin embargo, el siniestro y el período depago de las prestaciones difieren sustancialmente en función del mercado y del producto” incide el informe SCOR publicado por Inese.

¿Qué tipo de servicios ofrecen estos seguros? ¿Hay modalidades muy diferentes?

Tal y como he comentado actualmente en España se han lanzado varios productos y modalidades de cobertura, que alcanzan prestaciones en forma de capital y en forma de renta, pudiendo seréstas temporales o vitalicias. No se puede crear un producto destinado a cubrir el 100 por cien de los gastos de dependencia sufragado a través de impuestos, máxime en la situación financiera precaria en la que se encuentra nuestro Sistema y con una inversión de la pirámide poblacional evidente, por lo tanto de nuevo el sector privado asume una función complementaria al Estado, siendo la aportación privada clave esencial para  dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.

¿En qué situación se encuentra España con respecto a países de nuestro entorno en lo que al desarrollo del seguro de dependencia se refiere?

Hoy en día, la mayoría de los países desarrollados que registran un envejecimiento de la población se enfrentan al aumento del número de personas mayores y dependientes. La necesidad de cuidados de larga duración, a domicilio o en centros especializados, seguirá creciendo tanto en los mercados maduros como en los mercados emergentes. Además, las tendencias demográficas y sociales, así como las disposiciones públicas inadecuadas incitan al mercado de seguros a ofrecer soluciones de financiación para cuidados de larga duración. La ayuda informal proporcionada a una persona mayor por sus familiares es cada vez más difícil. Por consiguiente las personas deben organizarse en caso de que se vuelvan incapaces de cuidar de sí mismas.

Los productos de dependencia garantizan el pago de una renta o una prestación por los cuidados proporcionados a la persona dependiente según el grado de la dependencia. El tipo de cobertura puede variar sustancialmente entre los diferentes mercados y de hecho así lo explicita el reciente estudio desarrollado por SCOR Global Life quien realiza un seguimiento de estos productos en el mundo entero. Su centro de I+D dedicado al seguro de dependencia analiza las tendencias más relevantes en este segmento de población tan sensible y desprotegido por los sistemas sanitarios de todo el mundo.

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La Comunidad de Madrid destina 70 millones a la atención de dependientes en la capital

botella gonzalezEl presidente de la Comunidad, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, han suscrito un convenio, por valor de 71 millones de euros, para la atención a las personas en situación de dependencia así como para la prevención y atención de familias y menores en riesgo o dificultad social en la ciudad de Madrid.

El Gobierno regional destina 70 millones de euros del importe total del convenio, con un incremento de 7 millones (casi un 10% más) con respecto al año anterior, y el Consistorio madrileño destina el millón restante. De esta manera, la Administración autonómica financia íntegramente los servicios del catálogo de dependencia relativos a Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros de Día y Residencias.

La Administración municipal aportará la plantilla de personal de la atención social primaria -con más de 600 trabajadores sociales más el correspondiente personal administrativo-, la red municipal de Centros de Día y Residencias municipales, el equipamiento de la atención social primaria del municipio integrada por 36 Centros, y los programas que contribuyen a la promoción de la autonomía personal e integración de personas en situación de dependencia.

El responsable del Gobierno regional ha destacado que tanto este convenio como los demás acuerdos con las entidades locales de la región son un claro reflejo del compromiso de la Comunidad con las políticas sociales. En este caso, “renovamos la estrecha colaboración y el trabajo conjunto” con el Ayuntamiento de Madrid que facilitará la atención de las personas en situación de dependencia en la capital, a través de los Centros de Día y Residencias así como la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.

Eliminación de duplicidades
El presidente regional ha incidido en que este convenio servirá para profundizar en la eliminación de duplicidades entre ambas administraciones y en un uso más eficaz de los servicios públicos, política en la que el Gobierno regional viene trabajando desde el inicio de la crisis con las corporaciones locales.

González ha remarcado, además, en el “esfuerzo sin precedentes” hecho por el Gobierno regional para impulsar los servicios públicos y la atención a los que más lo necesitan. Según ha explicado, “hoy la Comunidad destina el 90% de sus recursos al gasto social, “algo que no hace nadie en España. Porcentaje que hemos aumentado 17 puntos en los últimos años, ya que al inicio de la crisis dedicábamos a este capítulo el 73% de nuestro presupuesto”. Este año, el Ejecutivo autonómico dedica 1.303 millones de euros, 54 millones más que el año pasado, a Asuntos Sociales.

El convenio firmado por González y Botella incluye actuaciones de carácter preventivo y de atención para las familias en riesgo o dificultad social, especialmente para aquellas con menores a su cargo. Además, se contemplan las iniciativas de prevención, atención y reinserción para la protección social de menores en situación de vulnerabilidad como el Servicio de Educación Social y la colaboración a través de los Centros de Atención a la Infancia. En lo referente a la financiación de los programas para menores y familias se destinará 2 millones aportados por la Comunidad y el Ayuntamiento a partes iguales.

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La Generalitat podría no pagar este mes a los hospitales concertados

La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que este mes probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de la factura de 250 millones por los servicios que prestan a la sanidad pública.

Fuentes del Departament de Salut han confirmado a Efe que están trabajando y «se harán los máximos esfuerzos» hasta el último día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el próximo 31 de octubre.

La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la doctora Helena Ris, ha explicado a Efe que la Generalitat les advirtió primero de que no podrían pagar la factura ordinaria del mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después les comunicó que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un pequeño remanente del Fondo de Liquidez Autonómica.

En cualquier caso, Ris ha calificado de «situación muy grave» si los hospitales concertados no cobran este mes porque «peligran las nóminas».

Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 800 millones que les adeuda la Generalitat a través del plan proveedores del ICO, lo que «supondría un respiro» y podrían afrontar este nuevo impago. «De lo contrario, ya no tenemos más capacidad de endeudamiento», ha advertido.

La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a los hospitales concertados por las facturas de julio y abril de 2012, el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de octubre de 2012 y el 25% de la de febrero de 2013.

Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo mes de noviembre, la Generalitat no les ha advertido de nada y confían en poder cobrarla puntualmente. «Los hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la primera fase, es de la única manera que podríamos soportar este mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro porque ya hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar retrasos de pagos a la Seguridad Social», ha afirmado Ris.

«Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado casos en que los trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes porque los ingresos de la administración se han hecho el último día del mes», ha explicado la directora general de la patronal hospitalaria, que ha trasladado a los hospitales la situación «para que hagan frente, pero sin crear alarmas».

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Gobierno catalán dice que intensificará el diálogo con las entidades tras los nuevos recortes en dependencia

Govern   La consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que intensificará el diálogo con las entidades sociales, tras anunciar que mantendrá la suspensión de nuevas ayudas a dependientes para pagar una residencia –el departamento anunció en un principio que la suspensión sería solo en julio y agosto– y el recorte del 4,6% en los pagos a centros sociosanitarios con carácter retroactivo –un 0,25% del total de dinero público que reciben–.

   «Tenemos un importante problema de financiación de todo lo que tiene que ver con la dependencia», ha admitido Munté en una atención a los medios, en la que ha reiterado que la ley de dependencia está infradotada por parte del Estado y la Generalitat realiza un sobreesfuerzo desde hace años para atender a todas las personas.

Preguntada sobre por qué anunció en un principio que la suspensión era solo de dos meses, cuando finalmente se ha prorrogada ‘sine die’, la consellera ha asegurado que se debe a que en julio no se conocía el techo de déficit que, a pesar de ser superior en el caso de Catalunya que el de otras comunidades autónomas, ha considerado «totalmente insuficiente e injusto».

Munté, que ha recordado que cada décima adicional de déficit suponía disponer de 200 millones de euros, ha precisado también que los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no prevén partidas adicionales para el sector de la dependencia, y la aportación del Gobierno «no ha hecho más que descender», lo que hace imprescindible buscar soluciones para construir un modelo sostenible de atención, algo que se ha comprometido a hacer desde el diálogo constante con las entidades.

En todo caso, y en relación a las 17.000 personas que están en lista de espera en Catalunya para acceder a una residencia –según cifras de las entidades–, la consellera ha asegurado que ello no quiere decir que no reciban otro tipo de ayuda, y se ha comprometido a buscar soluciones y ofrecer otro servicio: «Nadie quedará desatendido», ha prometido.

Asimismo, ha evidenciado que las 11.000 plazas que ya existían en el sistema de prestación económica vinculada (PEV) –como se llama el programa ahora definitivamente suspendido y que permitía a dependientes sin plaza pública acceder a una residencia privada–, Munté ha precisado que se seguirán pagando.

La consellera, que ha señalado que el sobreesfuerzo de la Generalitat en el ámbito de la dependencia no puede ser ilimitado, ha desvinculado los nuevos recortes de una decisión tomada por motivos de ahorro económico, sino para «evitar problemas de sobreesfuerzo mayores», por lo que ha evitado cuantificar el coste para el Govern del mantenimiento de este programa.

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La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector y es la única autonomía española que tiene retrasos en los pagos superiores a 9 meses

Se ponen en peligro cerca de 2.000 puestos de trabajo no deslocalizables en los 25 municipios en los que dan servicios estas empresas.image001

La Generalitat Valenciana acumula una deuda de 35 millones de euros con el sector que engloba a las empresas de atención socio-sanitaria encargadas de la gestión de residencias públicas, con una media de impagos superior a los 9 meses, la ratio más alta de España, según datos aportados por las organizaciones sindicales y la propia Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).

Desde la Entidad, se considera inadmisible que se mantenga una deuda con los operados que gestionan los centros públicos, máxime cuando esta gestión está regulada por contratos administrativos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público, que se licitan mediante concursos públicos por periodos de 4 años, y que cuentan con una asignación y partida presupuestaria plurianual validada por la Intervención.

Si bien la realidad, tal y como se denuncia desde AVREP, es que, mientras que la media de retrasos en el pago a proveedores en España está en 90 días, la Comunidad Valenciana triplica este periodo, alcanzando picos de hasta 12 meses de impagos a las entidades que atienden a los mayores y las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas vinculadas a residencias públicas. Ver Anexo I (mapa).

En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas se ha reclamado al Gobierno Valenciano que busque los medios necesarios para hacer efectivo el pago de la deuda que mantiene con los operadores del sector desde noviembre de 2012, dado que éstos no han sido incluidos en el primer tramo del Plan de Pago a Proveedores, que finalizó el 6 de septiembre, y que teóricamente estaba destinado a cubrir los impagos que mantenía la Generalitat Valenciana hasta el 30 de abril de 2013.

La no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, dado que la situación se ha convertido en insostenible para muchos de los gestores, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).

Desmantelamiento de la red pública

El incremento mensual de la deuda y el sistemático incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno Valenciano ha provocado que la red pública de atención a personas en situación de dependencia pueda desaparecer en los próximos meses ante la pasividad de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el consiguiente perjuicio social y reducción de la calidad de vida para muchos dependientes y sus familias.

La Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), constituida recientemente para defender a las empresas, trabajadores y usuarios de estos centros, representa al 97% de los gestores de éste sector, agrupando a las entidades que coordinan los servicios de 26 de los 28 recursos disponibles en la red pública de la Generalitat Valenciana.

Más info: prensa@sanserif.es · t.963 466 406 · 627760487

Patronales de residencias de mayores piden a Junta andaluza no dejar de pagar plazas reservadas por cuestiones económica

Susana Díaz   Diferentes patronales de residencias de mayores han solicitado por escrito a la consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no aplique el proyecto de orden que ha iniciado la Consejería de Salud y Bienestar Social con el propósito de «dejar de pagar» las plazas reservadas en los centros para mayores «por falta de dinero» porque con ello «menoscabará la prestación de los servicios públicos esenciales».

   Según ha informado a Europa Press el presidente de una de estas patronales, la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores en Andalucía, José Olmedo, con la modificación propuesta por Salud se permitiría a las residencias bajar el ratio de residentes autorizados en función de la población, cuando Andalucía cuenta sólo 2,8 plazas por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 5,8.

Este hecho desencadenaría, según Olmedo, la pérdida de «unos 2.000 puestos de trabajo» en Andalucía, lo que además supondría grandes costes para las pymes porque «la mayoría de los empleados están indefinidos, y si tenemos que ponerlos en la calle porque hay menos ocupación y cuando esta suba volver a contratarlos nos costaría el collar más que el perro».

Según la patronal del sector, el proyecto de orden de la Junta consideraría vacía una plaza, y por tanto la dejaría de pagar, cuando el residente supere los cuatro días de permiso de fin de semana o vacaciones fuera de la residencia o bien cuando el titular se encuentre hospitalizado.

Olmedo ha criticado especialmente este aspecto, ya que ha puesto de manifiesto que «las personas mayores con frecuencia están en el hospital y cada vez que estén ingresados la Junta dejará de pagar esa plaza, pero al mismo tiempo estará reservada y no podrá entrar otra persona».

«UN AÑO MUY DIFÍCIL»

Según ha subrayado, esta nueva orden se produce durante un año «muy difícil», ya que hay más de 2.800 plazas sin ocupar y «este asunto está afectando de manera importante», sobre todo porque la mayoría de las residencias están en entornos rurales.

Asimismo, «se están llevando a cabo traslados de los pueblos a las ciudades, hay personas que están en pueblos porque cuando solicitaron la plaza no había sitio en la ciudad, y cuando hay sitio en las ciudades son trasladados», lo que se traduce en una despoblación de las pymes en los pueblos y supone «un problema grave», ha destacado Olmedo.

Sin embargo, a pesar de las 2.800 plazas vacías, la lista de espera para acceder a una plaza subvencionada por la Junta asciende a más de 40.000 personas, según los datos aportados por las patronales.

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La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año

Dependencia   La implantación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia retrocedió en trece comunidades autónomas durante el primer semestre del año, entre ellas, en Andalucía, que pasó de obtener una nota de un 5,4 a suspender con un 3,8, según la Escala de Valoración Territorial que semestralmente realiza el Observatorio de la Dependencia, que sitúa la media nacional en un suspenso, con una nota de 4,38 sobre diez, el nivel más bajo desde diciembre del año 2009.

   Los retrocesos de las 13 regiones son especialmente agudos en Navarra, cuya puntuación ha caído de 7,1 a 5,8 en seis meses, aunque sigue por encima de la media, y en Andalucía, donde el descenso deja a la región en un suspenso.

Les siguen en caída Castilla-La Mancha y Galicia, que pierden las mismas ocho décimas y se quedan con un 5; Madrid, que pasa del 3,8 a un 2,9 y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde los niveles caen del 2,1 al 1,3. No obstante, también retroceden La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias, Canarias, y Comunidad Valenciana (todas pierden un 0,4) y Aragón, que cae un 0,5. Mientras, Murcia y Baleares se quedan como están.

Con todo, el ranking nacional de implantación sigue en línea con el registrado en los últimos periodos analizados: en la cabeza están Castilla y León con un 9,6; País Vasco, con un 8,3 y La Rioja, con un 6,3 y a la cola figuran la Comunidad Valenciana, que tiene un 0,4 sobre 10; Ceuta y Melilla con su citado 1,3 y Canarias, con un 1,7.

Sin embargo, se producen variaciones en función de los indicadores que se analicen. Por ejemplo, Canarias, es la comunidad autónoma con mayor lista de espera: el 51,8 por ciento de los dependientes que han sido valorados y tienen la prestación reconocida están esperando a recibirla. En la Comunidad valenciana esta proporción es del 38 por ciento y en Baleares, del 36.

Esta escala, elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, combina la puntuación de cero a diez que obtiene cada comunidad autónoma en doce indicadores, que van desde el número de beneficiarios respecto del total de población al equilibrio de prestaciones y servicios o el incremento del número de atendidos en los últimos doce meses.

Así, revela que la media nacional se encuentra en junio de 2013 al nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras un descenso sostenido desde diciembre de 2011, cuando llegó al cinco. En junio de 2012 ya había caído al 4,79 y, seis meses después, al 4,72. En junio de este año se sitúa en un 4,38.

CAE EL NÚMERO DE GRANDES DEPENDIENTES ATENDIDOS

Si se atiende al equilibrio entre las prestaciones y servicios, Madrid es la que tiene mejor indicador, con sólo un 25 por ciento de dependientes recibiendo dinero en lugar de asistencia. Le sigue Galicia, con una proporción del 33 por ciento y Castilla y León con un 39,5 por ciento. En el lado opuesto, Murcia, que da prestación económica a más del 80% de los dependientes, y Cataluña, con un 74,6 por ciento, aunque la ley recoge que esta práctica debe ser la excepción.

Otro de los indicadores revela cómo se ha producido un descenso en la incorporación de nuevos dependientes al servicio. En la media nacional, la caída es del 1,37 por ciento en el primer semestre del año, pero en regiones como Aragón (-17,16 por ciento) o Andalucía (-8,7 por ciento) y La Rioja (-8,26 por ciento) es mayor. Por el contrario, en Cataluña el número de atendidos ha crecido un diez por ciento y en Galicia y Asturias algo más del siete.

Sobre este asunto, la escala destaca que en todas las comunidades autónomas menos en Cantabria y País Vasco se ha reducido la cifra de expedientes activos correspondientes a Grandes Dependientes (Grado III), con tasas que llegan a ser del 16,8 por ciento en Aragón, del 14 por ciento en Andalucía y superiores al 12 por ciento en Asturias y Murcia. En el total nacional, esta reducción es del 8,26 por ciento, conforme el estudio.

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Zaplana aboga por consolidar la colaboración entre sector público y privado

Asunción Sánchez ZaplanaLa consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha abogado hoy por «consolidar la necesaria colaboración entre las diferentes administraciones públicas y el sector privado para prestar los mejores servicios a las personas en situación de dependencia».

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la consellera ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas ‘Nuevas perspectivas en el Servicio de Ayuda a Domicilio: presente y futuro», organizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte).

Durante su intervención, ha indicado que la profesionalidad en los servicios destinados a las personas dependientes «garantiza una prestación de calidad, y el Servicio de Ayuda a Domicilio es un claro ejemplo de ello porque ofrece una atención integral y especializada a las personas que desean seguir residiendo en sus domicilios».

Durante su intervención, Sánchez Zaplana ha explicado que muchas personas con discapacidad o dependencia «pueden vivir en sus domicilios si cuentan con apoyo familiar y servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los centros de día».

En este sentido, ha señalado que el Servicio de Ayuda a Domicilio «se adapta a las necesidades de las personas que lo solicitan y ofrece los cuidados profesionales que requieren, sin olvidar que también constituye un recurso de apoyo a las familias y a todo su entorno».

En la actualidad existen 134 empresas acreditadas para la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunitat Valenciana.

En estos momentos en la Comunitat Valenciana más de 15.000 personas reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

El SAD está gestionado por los Ayuntamientos y ofrece ayuda a domicilio de carácter personal, psicosocial, doméstica, técnica y complementaria. En la actualidad más de 15.000 personas de la Comunitat Valenciana se benefician de este recurso.

Asimismo, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, contempla una prestación económica vinculada al Servicio de Ayuda Domiciliaria, siempre que la atención a través de la Red de Servicios Públicos y Concertados no sea posible.

Para este año 2013, la conselleria de Bienestar Social destina 11’9 millones de euros para financiar el SAD a través de los dos sistemas.

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Doce comunidades siguen sin aclarar el paradero de 44 millones euros para dependencia

CCAADoce comunidades autónomas no han facilitado todavía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre los expedientes irregulares en materia de dependencia que detectó en su último informe el informe del Tribunal de Cuentas. El plazo para hacerlo termina a final de mes y solo cinco gobiernos autonómicos han facilitado los datos. En total, esta situación afectaría a 5.398 expedientes y a 44 millones de euros.

El pasado mes de marzo el tribunal desveló que había 25.806 expedientes de personas que figuraban como beneficiarias de la Ley de Dependencia en los que se habían detectado fallos, como fallecimientos, DNI erróneos, duplicados, ayudas incompatibles con otras prestacionesetc. Por ejemplo, detectó que había 12.036 personas ya fallecidas que constaban aún como beneficiarias: algunas de las comunidades con mayor número de fallecidos eran Madrid (1.666), Cataluña (1.469) y Andalucía (1.343).

El IMSERSO comenzó a comprobar datos y a 31 de marzó de 2013 había «regularizado» un total de 13.110 expedientes,quedando pendientes los otros 12.696Fuentes del Ministerio explican ahora que quedan por aclarar las circunstancias de 5.398 expedientes irregulares, a los que correpondería la cantidad de 44 millones de euros entregados por el Estado a la docena de autonomías que aún no han aportado la información correspondientes.

De ellas, una tercera parte han aportado ciertos datos con fallos constatables y las demás han mostrado su «rebeldía» a la hora de entregar una documentación que consideran reservada al ámbito de sus competencias. Las ayudas para la dependencia estipulan un mínimo de 1.400 millones de euros anuales por parte del Ejecutivo central, con el que se dota a las comunidades en función del número de dependientes beneficiarios.

La Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad se ha negado a facilitar a20minutos.es la lista de las comunidades que no han aclarado sus cifras alegando que aún no ha concluido el plazo y que se trata de un asunto delicado. Fuentes de este departamento aseguran que acabado el mes «todas cumplirán».

Falta de transparencia

El director general del IMSERSO, César Antón, remitió una carta tras el informe del Tribunal a cada uno de los gobiernos regionales comunicando el número de expedientes afectados en su territorio y solicitando información para ‘limpiar’ las posibles irregularidades y aclarar el destino que habían recibido los fondos públicos destinados a atender esos casos, presupuesto que se atribuye al nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia.

Esta falta de respuesta no es extraña en materia de dependencia y de hecho, la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, se ha referido en diversas ocasiones a la «falta absoluta de equidad y transparencia» en la aplicación de la Ley por parte de las administraciones públicas desde que la propia norma entró en vigor.

El Ejecutivo «confía en la buena voluntad» de las Comunidades Autónomas, de modo que se vayan sumando al propósito de lograr el fraude cero en la distribución de estas partidas, en un momento de crisis económica, en el que especialmente relevante garantizar la sostenibilidad del sistema.

El ministerio también quiere evitar que las ayudas para la Dependencia, que siguen siendo la partida más grande de los presupuestos del departamento, se conviertan en una «especie de subsidio». Actualmente, el 48 % de ellas van dirigidas directamente a las familias con algún miembro dependiente mientras que hay 45.000 plazas públicas de residencias vacías.

La razón de esta situación podría tener su base, según estas fuentes, en que a las comunidades autónomas «les sale más barato» la ayuda familiar directa que el coste de una plaza residencial, si bien su uso generaría una «importante actividad económica». El Gobierno detecta que hay «cierta picaresca» en esta situación y que «algo se está haciendo mal» porque, en algunos casos, el coste de los centros públicos duplica o triplica el de las residencias privadas, con parámetros de asistencia y calidad equiparables.

Sanidad ha dado de plazo hasta junio a las autonomías para poner en orden sus datos y alcanzar un acuerdo sobre el qué y el cómo se debe informar sobre el uso que hacen de los fondos públicos que reciben del Ejecutivo para atender a personas de dependientes. Para materializarlo, está trabajando en un sistema informático «compatible» con los diversos métodos estadísticos que ha desarrollado cada gobierno regional a fin de poder facilitarles la labor.

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Prioridad a los pagos a mayores con dependencia severa

Un informe del Govern desaconsejaba su tramitación por su impacto presupuestario, ver noticia.

Parlament La Mesa del Parlamento catalán ha admitido este martes a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a mayores con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.

La decisión de la Mesa –formada por CiU, ERC, PSC, PP e ICV-EUiA– se ha tomado pese a que el Govern emitió un informe desfavorable a la tramitación de la ILP escudándose en el impacto presupuestario que supondría su aplicación.

Esta iniciativa social fue presentada en el Parlamento por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.

Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia –grado 3, niveles 1 y 2–, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.

Una vez admitida a trámite la ILP y se publique en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), arrancará un proceso en el que los promotores de la inciaitiva trataran de reunir por lo menos 50.000 firmas para que el pleno de la Cámara debata si admite la propuesta o la rechaza.

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Casi 60.000 catalanes mueren esperando acceder al cobro de la dependencia desde 2007

Neus MuntéUn total de 59.750 catalanes han muerto desde 2007 durante el proceso de acceso al cobro de la prestación por dependencia, que arranca con la presentación de la solicitud y culmina con la percepción de la ayuda, el 15,5% de ellos durante 2012.

Lo ha explicado este miércoles en respuesta parlamentaria la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, que especifica el conjunto de personas fallecidas durante todo el proceso, aunque la pregunta del diputado del PP Pere Calbó solicitaba exclusivamente el número de fallecidos que no habían cobrado pese a que tenían el derecho reconocido en vida a través de un plan de atención individualizada (PIA) –que establece el grado de dependencia y la cuantía a percibir–.

Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que la cifra de fallecidos facilitada por Munté tiene en cuenta a todas las personas que han hecho una solicitud, aunque quizás después no cumplieran los requisitos para el cobro, por lo que la han desvinculado de retrasos o errores en los pagos.

El periodo comprendido entre 2008 y 2010 fue el que registró más fallecidos esperando a entrar en el circuito se cobro de la dependencia, con 39.063, el 65,3% del total de los últimos seis años –14.232 en 2008, 13.849 en 2009 y 10.982 en 2010–.

Aunque en 2011 hubo una importante disminución, con 6.862 fallecidos, en 2012 se produjo un repunte de las muertes hasta las 9.301 personas, lo que supone un incremento de un 35,5% en un año.

Todas las cifras desde 2008 quedan muy lejos de las registradas en 2007, cuando murieron 4.521 personas que habían solicitado ser valoradas de su grado de dependencia.

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ACRA reclama en el Parlamento el pago de la deuda de julio

Cinta PascualLa presidenta de la Asociación también señaló la necesidad de las empresas y entidades asistenciales de cobrar inmediatamente, de lograr un pacto con las entidades bancarias para todo el sector, y del mantenimiento de los presupuestos de Servicios Sociales

ACRA compareció ayer ante la Comisión de Bienestar, Familia e Inmigración, a petición del grupo socialista y conjuntamente con otras organizaciones del sector, para informar respecto de la afectación del impago del ICASS de las cantidades previstas por julio del 2012 por los centres colaboradores, concertados y de gestión. Respecto de esta deuda, que asciende a los 70 millones de euros al conjunto de colectivos de Servicios Sociales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, apuntó como esenciales las siguientes reclamaciones: Definir el calendario de pago de la deuda de julio, el pago inmediato del resto de atrasos, así como de los nuevos ingresos, que se haga público el detalle de la deuda real con los diferentes colectivos, el establecimiento de una relación más apretón entre el sector y el Departamento de Economía y Conocimiento a partir de la creación de una mesa con reuniones periódicas y el logro de un pacto con las entidades bancarias para todo el sector.
Igualmente, y en relación con la sostenibilidad presente y futura del sector, la representante de ACRA compartió con los grupos parlamentarios asistentes una serie de propuestas prioritarias, de entre las que destaca el mantenimiento de los presupuestos del Servicios Sociales por este 2013, la reclamación al Gobierno central que haga efectiva a la Generalitat la parte que le corresponde (33%) de la financiación de la LAPAD, que los centres colaboradores, concertados y de gestión, tengan la misma consideración que los servicios públicos. Además, Pascual recordó dos medidas por las cuales ha sido trabajando desde la pasada legislatura, como son la flexibilzación de las ratios de los profesionales (para adaptarlas a las necesidades de las personas grandes usuarias de los servicios) y la aplicación del tipo superreducido del IVA del 4% para todos los servicios, sea cual sea su naturaleza.

Por otro lado, la presidenta de ACRA expuso que si el 50% de las actuales ayudas al cuidador profesional se destinaran a la transformación de nuevas plazas de residencia y de centro de día dentro del sistema público se podrían reducir las actuales listas de espera solucionando la problemática de las plazas privadas vacías que hay al sector (12,5%), generando hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo al país. Igualmente, también propuso que se optimicen los recursos existentes para actuar como verdaderas plataformas de servicio.

Contexto y efectos del impago de julio
Pascual, que inició su ponencia recordando la composición del sector catalán de la atención a la gente mayor y haciendo especial mención al hecho que se trata del colectivo con más número de servicios y la partida presupuestaria más importante de la ICASS, enmarcó el impago de julio en un complicado contexto para las empresas y entidades asistenciales que ya arrastraba una congelación tarifaria desde el año 2010, unos importantes incrementos en cuanto a los costes de la actividad (especialmente en cuanto al capítulo laboral con un aumento del 9%), el cierre de crédito por parte de las entidades bancarias, así como también atrasos por parte de la Administración en los pagos de los nuevos ingresos (pues no se empiezan a pagar hasta después de unos 7 meses del ingreso), así como en los pagos de las nuevas valoraciones, en las actualizaciones de los anticipos y en las PEVS.

En este escenario, el impago de julio generó nuevas dificultades por los centros y sus trabajadores como que, en determinados casos, todavía queden pendientes de pago nóminas de los profesionales de los centros afectados. Aun así y a partir de los datos del IDESCAT, la representante de ACRA explicó la perspectiva de crecimiento poblacional en Cataluña, en concreto en cuanto al incremento exponencial del grupo de edad de personas mayores de 80 años, cosa que hará todavía más insostenible el actual sistema catalán de atención a la Dependencia.

Precisamente, en respuesta a las preguntas de los diputados asistentes, Pascual expuso que un modelo sostenible es aquel en el cual el coste del servicio no es más alto que su precio y, concretamente, se refirió a la delicadísima situación de los centros de día para gente mayor catalanes, la viabilidad de los cuales se complica cada vez más a causa, entre otros aspectos, de las insuficientes tarifas públicas, el incremento en las obligaciones en cuanto al horario de atención y el nuevo perfil de los usuarios, unas problemáticas que ACRA no ha dejado de reivindicar tanto en el pase, como en la actual legislatura.

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Milagros Marcos, ha reclamado al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica

Milagros MarcosLa consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha reclamado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore la Dependencial al modelo de financiación autonómica, para que este derecho no esté «al albur de los presupuestos generales del Estado» cada año.

«Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación garantizada en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha querido revisar», recalcó Marcos para luego matizar: «Sin garantía financiera no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos», ha recaldado durante su comparenencia ante la Comisión en las Cortes, en la que también ha puesto de manifiesto que en estos años, por cada cinco euros aportados por la Comunidad a la Dependencia, «el Estado sólo ha puesto uno«.

En una intervención en la que ha hecho balance de la aplicación de la ley desde que se aprobó hace seis años, Marcos ha demandado también al Ejecutivo que simplifique la tramitación. «Queremos dedicar más esfuerzo a las personas, no al papeleo«, ha indicado, tras subrayar que «no existe procedimiento tan complicado en toda la administración».

«Estabilizar la financiación» es, para la consejera, la única fórmula para lograr que la Dependencia se consagre como un verdadero derecho subjetivo, al mismo tiempo que recordó que la diferencia entre lo que aporta la Administración del Estado y lo que debería haber aportado a Castilla y León desde 2008 a 2011 asciende a 457 millones de euros. Por su parte, en 2012, la Junta destinó 367,6 millones y recibió del Estado 107, es decir, 130 millones de euros menos de lo previsto.

La consejera invitó a la oposición a «sumarse» a estas propuestas, aunque no lo hayan «querido hacer en otros momentos», ya que «es la única forma de evitar que lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años», cuando se aprobó la Ley, «siga como lo está aún hoy, al albur de los presupuestos de cada año».

En su repaso a la aplicación de la Ley de Dependencia desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, Milagros Marcos recordó, como ya ha hecho en múltiples ocasiones, que ésta nació con un «insuficiente y lento desarrollo normativo por parte de la Administración General del Estado», lo cual «impedía en la práctica su aplicación efectiva», y que desde sus orígenes estuvo lastrada por «un complejo sistema de financiación».

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