Generalitat valenciana
Cerca de 6.000 dependientes pueden exigir indemnizaciones por el copago del PP
Las plataformas hacen un llamamiento ya que los afectados pueden reclamar hasta el mes de julio al Consell.
Indemnizar por lo que el anterior Gobierno de la Generalitat legisló de manera errónea. Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana están haciendo un llamamiento masivo para que los dependientes afectados por los recortes del anterior gobierno autonómico reclamen a la administración actual todo el dinero cobrado de manera irregular o que dejaron de percibir entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015.
Un llamamiento que se produce tras una reciente sentencia que declara nulo tanto el copago aplicado por el anterior gobierno de la Generalitat para aquellos usuarios de los centros de día y ocupacionales, como el recorte que se aplicó en la comunidad al salario de los cuidadores de personas dependientes.
«Queremos que la gente sepa que existe un plazo concreto para reclamar este dinero por vía administrativa, mediante solicitud de responsabilidad patrimonial», señaló ayer Mª Carmen Prats, coordinadora de las plataformas. Cerca de 6.000 dependientes en la Comunidad Valenciana se vieron afectados en su momento por estos recortes y por tanto podrían acogerse a esta vía, aunque algunos de ellos ya acudieron a la judicial, lo que amenaza con colapsar la Conselleria de Igualdad.
Fuentes cercanas al departamento de Mónica Oltra señalan que la vía de la responsabilidad patrimonial está ahora mismo saturada debido a los recursos de los familiares de los dependientes que fallecieron esperando las ayudas y por la falta de funcionarios. No en vano, la Conselleria de Igualdad ha reclamado 251 funcionarios más para poder hacer frente al atasco de trabajo, según se ha puesto de manifiesto a través del Plan de Recursos Humanos.
Ante esta amenaza de colapso, las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia han pedido a la Conselleria de Igualdad que actué de oficio y devuelva este dinero a los dependientes.
La sentencia del Tribunal Superior a la que se acogen las plataformas tiene fecha del 15 de marzo de 2016 y fue presentada por la abogada Sandra Casas, antes de entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat como secretaria autonómica de la Dependencia. La sentencia fue publicada en el DOGV el pasado mes de julio y a partir de entonces, según explica Sandra Casas, «los dependientes tienen un año para reclamar estas cantidades mediante una solicitud de responsabilidad patrimonial».
Fuente: Levante el Mercantil Valenciano
El Síndic alerta que el plan de Oltra no agiliza la dependencia
El defensor, José Cholbi, urge más recursos y organización para lograr que las ayudas lleguen.
Los municipios que estrenan el programa apenas valoran a dependientes y se quejan de lagunas.
El Síndic de Greuges, José Cholbi, cuestiona la eficacia del plan estrella de Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que consiste en transferir la valoración de los dependientes a los servicios sociales de los ayuntamientos. Según detalla, el plan, que ya se está aplicando en Alicante y que previsiblemente el año que viene se extenderá a Castellón y Valencia, no ha conseguido descolapsar la situación por falta de medios y organización.
El Síndic califica de «desoladores» los datos ofrecidos por los ayuntamientos que vienen aplicando el plan. «El número de solicitudes valoradas hasta la fecha, de acuerdo con los mismos, es insignificante», concretan.
En él relata que los municipios consultados evidencian «dudas e inseguridades jurídicas», así como la «dificultad para iniciar los procedimientos de valoración», en parte por la «imposibilidad de acceder a los datos de las aplicaciones que la Conselleria utiliza para la gestión de la dependencia». Igualmente, los consistorios «echan en falta instrucciones respecto a la forma de actuar para desbloquear la situación y ordenar el procedimiento de valoración», que solo está descentralizado en parte. A ello se suma, indica, que el coste económico derivado de las nuevas tareas que tienen que asumir los ayuntamientos excede al importe de la subvención de la Conselleria. Con todo, el Síndic comparte que es beneficioso que sean los servicios sociales municipales los que se encarguen de la valoración.
MÁS MEDIOS // El Síndic urge a la Conselleria a adoptar medidas normativas y organizativas para que se puedan iniciar las funciones de valoración de acuerdo al nuevo marco de competencias previsto, a través de una encomienda de gestión, así como la dotación de medios personales, materiales y económicos. También insta a revisar el modelo de financiación contemplado en la ley de dependencia para hacer viable su aplicación. Asimismo, considera que deberían crearse órganos territoriales de valoración y garantizar que los equipos son multiprofesionales.
La directora general de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Mercé Martínez, incorporará las medidas aportadas por la Sindicatura en la implementación del modelo de valoración.
Reconoce que la transición de un modelo a otro se está realizando de forma progresiva. Aunque los números de valoraciones aún no cumplen las expectativas, desde que se comenzó a aplicar el nuevo modelo las cifras han mejorado hasta cerca del 133% y se muestra convencida de que «el tapón heredado del anterior gobierno» podrá reducirse en breve. Añade que están desarrollando medidas normativas que permitan facilitar la coordinación con los ayuntamientos y que asumen la responsabilidad de dotar esta legislatura de los medios necesarios para atender a todas las personas que lo necesiten.
Fuente: el Periódico Mediterráneo
Más de 32.000 mayores participan en programas y actividades de los CEAM
Un total de 32.383 personas mayores participan en los programas y actividades desarrollados y en los servicios con los que cuentan los 34 Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM) distribuidos por la Comunitat Valenciana, ha informado la Generalitat en un comunicado.
Los CEAM constituyen un recurso de apoyo tanto para las personas mayores como para sus familias, ya que fomentan la autonomía y hábitos de vida saludable, favorecen las relaciones sociales y previenen situaciones de dependencia, todo ello cerca del entorno familiar y social de las personas mayores, según las fuentes.
Estos centros, 15 en la provincia de Valencia, 12 en Alicante y 7 en Castellón, se encuentran ubicados en los cascos urbanos o en lugares muy cercanos a los mismos, con una adecuada red de transportes y teniendo en cuenta sus áreas de influencia, todo ello para facilitar a las personas mayores de la zona el acceso a este recurso.
Actualmente, los 34 CEAM cuentan con 208.534 socios, tienen una media diaria de asistencia de 18.464 usuarios y, para su funcionamiento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas destina anualmente 10 millones de euros.
Este tipo de recurso ofrece a sus socios servicios especializados y específicos para lograr el mantenimiento de las personas mayores en un estado físico y emocional que les permita valerse por si mismas.
Los CEAM se configuran como unidades de prevención, mantenimiento de la salud, rehabilitación, formación, información y desarrollo de actividades culturales, de ocio, convivencia y promoción social.
Los socios pueden participar diariamente en las actividades propias de cada centro, dentro de diferentes áreas: prevención y mantenimiento de la salud, rehabilitación preventiva, información y formación, actividades físico-deportivas, talleres ocupacionales, social y educativa y de actividades de ocio y convivencia.
Los CEAM cuentan también de servicio de enfermería, servicio social, podología, peluquería, comedor-cafetería, biblioteca y zona de esparcimiento, entre otros.
Fuente: LAS PROVINCIAS
En Valencia, Sanidad activa un plan para prevenir la discapacidad en los mayores
La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha un plan para intentar reducir los niveles de discapacidad entre los mayores promoviendo un envejecimiento activo que les permita ser más funcionales en su día a día y durante más tiempo conforme cumplan años. El objetivo es poner a andar, literalmente, a los mayores que cada vez tienen más peso en la pirámide poblacional –suponen casi un tercio de la población valenciana– para que, con el paso de los años, sus enfermedades sean menores y su independencia mayor.
Para ello, la Red Centinela Sanitaria de la Comunitat Valenciana está ya haciendo un cribado en los centros de salud para detectar, de entre los mayores de 65 años que sean atendidos, a aquellos que por su situación física, niveles de actividad o problemas médicos pueden ser considerados como ancianos «frágiles» y, por tanto, candidatos a ser dependientes en un futuro no lejano.
Así, tras una primera selección en función de su situación funcional, se les somete a un segundo test para saber si se fatigan con facilidad, si tienen problemas para subir escaleras o si sufren varias enfermedades a la vez, según la escala FRAIL. Si se detecta con este test que son «frágiles», reciben consejos personalizados para hacer ejercicios en casa y poder así mejorar su movilidad y además se les facilita un listado con actividades específicas, normalmente en grupo, organizadas por el centro de salud o un listado de recursos disponibles en su barrio o municipio donde poder llevar a cabo estas actividades.
Envejecimiento activo
El plan de intervención con actividad física en mayores forma parte de una estrategia global adoptada por la Conselleria de Sanidad que busca llevar la salud a todos los ámbitos y etapas de la vida, también en la tercera edad.
Así está recogido en el IV Plan de Salud que pone el acento en promover el envejecimiento activo para reducir, por ejemplo, las hospitalizaciones por fractura de cadera en mayores de 70 años, con cifras de más de 5.000 personas en 2014 o la prevalencia de riesgo de caídas en la población que, para las mujeres está en un 40,2 por 1.000, según cifras de 2013.
No es el primer programa centrado en la tercera edad de la Red Centinela. En 2013, un estudio sobre el riesgo de caídas en las personas mayores determinó que el 73 % de los pacientes de más de 64 años atendidos por enfermería presentaba «un alto riesgo de caídas», mayor entre las mujeres. Un año más tarde, se cambió el foco de la investigación y se ahondó en la valoración nutricional de los mayores: un 18 % estaba en riesgo de malnutrición y un 5 %, directamente, estaban malnutridos.
En honor del fallecido Emili Lledó Figueres
Este programa de la Red Centinela implica tanto al personal de enfermería como a la Sección de Educación para la Salud y el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i l’Esport de la Comunitat Valenciana ya que una parte importante del estudio se centra en proponer y recomendar la realización de actividad física para retrasar los problemas de movilidad y dependencia asociados a la edad. De hecho, el proyecto llevará el sobretítulo de «Estudio Emili Lledó Figueres» en recuerdo del que fue gerente de este colegio y edil de Favara que murió hace poco en accidente de tráfico.
Fuente: Levante, EL MERCANTIL VALENCIANO
Las 22 residencias que impulsó la familia Cotino se ponen a la venta
El mayor grupo de geriátricos de la Comunidad establece un precio inicial de salida próximo a 98 millones- Auren es la auditora que se encarga de la valoración de los activos de Savia, que pertenece a Enrique Ortiz
El mayor y más polémico grupo de geriátricos de la Comunidad Valenciana está en venta. Se busca comprador para la firma Savia-Gerocentros, que perteneció a la familia del ex político del PP Juan Cotino, y que ha motivado la creación de una comisión de investigación en las Cortes por el trato de favor que recibió durante la etapa en la que el propio Cotino dirigía la Conselleria de Bienestar Social. Un grupo que ahora pertenece, entre otros, al empresario alicantino imputado en varias causas, Enrique Ortiz.
Los accionistas de la empresa han contactado con los servicios de la auditoríaAuren para que se ponga a disposición de posibles compradores y gestione las pujas que puedan llegar por el grupo de residencias de la tercera edad que cuenta con un total de 22 centros, de los que 15 se hallan en Valencia, 5 en Castellón y 2 en la provincia de Alicante. Desde esta consultoría, que presta servicio decorporate, se ha confirmado que se estaba realizando una valoración de la firma valenciana pero que aún no se disponía de ninguna oferta de compra firme.
El proceso para desprenderse del entramado Savia-Gerocentros -que para muchos siempre ha estado en venta- llega precisamente ahora, cuando la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, trabaja ya en los nuevos pliegos para cambiar el Plan de Accesibilidad Social o ‘modelo Cotino’ de plazas residenciales con el que la Savia-Gerocentros ha nutrido sus ingresos durante los últimos años.
La intención de vender el ‘megagrupo’ geriátrico sigue la tendencia de otras empresas que presagiaron una reducción de sus ingresos, como la constructora OHL que se deshizo de sus 11 geriátricos del ‘modelo Cotino’ poco después de aterrizar Oltra en Bienestar.
Fuentes cercanas al procedimiento de venta explicaron a EL MUNDO que el precio inicial de salida de Savia se estima en 98.310.000 euros. Casi cien millones que se solicitan al tomar de ejemplo las últimas transacciones realizadas en el sector y el múltiplo medio al que se han realizado.
La última adquisición realizada en la Comunidad fue la de marca SARquavitae que gestiona residencias de la tercera edad en toda España y que adquirió durante el verano de 2015 los once centros valencianos de Novaire (OHL) por 50 millones de euros. Una transacción de características similares porque Novaire también fue una de las firmas privilegiadas del ‘modelo Cotino’ de plazas concertadas.
Sin embargo, las expectativas de los socios de Savia pueden frustrarse a la hora de lograr los casi 100 millones, especialmente, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que considera que las plazas que integraban el segundo tercio de accesibilidad social se adjudicaron de forma contraria a derecho. Una sentencia que ha servido de excusa a Mónica Oltra para ordenar a sus direcciones territoriales que evitaran iniciar nuevos expedientes de ingreso de usuarios en las residencias de accesibilidad. Con esta decisión, las empresas que ahora tienen cerca de 4.000 plazas concertadas con la Administración, perderán 2.000 y dejarán de recibir otras 2.000 que esperaban lograr como tercer tercio de las 6.000 plazas programadas.
El Plan de Accesibilidad Social se puso en marcha en 2001 y establecía un compromiso, por parte de la Conselleria de Bienestar Social -con el conseller Rafael Blasco al frente- de llenar un tercio de las plazas con pacientes de la decena de residencias que se adhirieron -3.000 que luego pasaron a 2.000-, luego se ampliaría un segundo tercio -otras 2.000- y se concluiría con el tercer tercio que suponía 6.000 plazas en total.
Fuente: El Mundo
El sector de atención a la Dependencia, AERTE, exige a la Conselleria de Igualdad un acuerdo marco frente a sus propuestas de un concierto puro de plazas concertadas
– Como vía más factible para poner orden en el sector
-AERTE sigue manteniendo su compromiso social de aportar todos sus recursos para mejorar la atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana
-La asociación aprueba crear una presidencia ejecutiva para mejorar el desempeño de la organización
La asamblea general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) respaldó ayer por unanimidad la necesidad de seguir insistiendo al Gobierno valenciano sobre la idoneidad de desarrollar un acuerdo marco, como vía más factible para poner orden en el sector de atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana, especialmente en la reforma de las plazas residenciales concertadas para mayores.
Esta propuesta, que ya ha sido presentada a la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales en varias ocasiones, viene a mejorar la relativa al concierto puro, opción que ha planteado dicha Consellería, pero que puede acabar consolidando el modelo de dotación de plazas que, precisamente, se quiere eliminar. El modelo actual ha sido declarado por varias sentencias judiciales como contrario a derecho, dando la razón a los argumentos de AERTE, y además no garantiza la deseada igualdad de oportunidades para todos los operadores del sector y la necesaria libertad de elección real de centros por parte de las personas dependientes.
El acuerdo marco garantiza una mayor oferta de centros para que la persona en situación de dependencia pueda elegir, se evita el riesgo de que se puedan presentar ofertas en bajada temeraria ya que la Consellería puede fijar el precio en base a un estudio adecuado de los costes.
Hay que tener presente que las personas con rentas más bajas se encuentran en los entornos rurales por lo que concentrar la oferta en varios centros que supondría el modelo de concierto puro, obligará a muchos de ellos a abandonar el entorno donde viven, cuando en mucho casos existe ya una residencia, para trasladarse a la localidad donde esté la residencia que ha sido concertada por la Generalitat.
Por otro lado, la libre competencia provoca siempre una mejora en la calidad del servicio prestado y distribuye los recursos de una manera más equitativa, la concentración produce exactamente el efecto contrario. Además, un acuerdo marco permite que las entidades puedan invertir en la Comunidad Valenciana y crear empleo ya que pueden sumarse en cuanto estén acreditados, el concierto puro cierra esa opción de manera definitiva por un periodo de varios años.
En la XXVIII asamblea, celebrada la semana pasada en Valencia, se remarcó además el trabajo realizado durante 2015 para colaborar de forma activa con el nuevo Gobierno valenciano, quien ha dado pasos muy importantes en varios frentes abiertos durante años, al que se le ha reconocido su esfuerzo para intentar la regularización del pago que la administración mantenía con el sector, o el intento para disminuir el número de expedientes que quedan por resolver (personas que esperan ser atendidos, algunos desde hace años, y que se mantiene todavía actualmente), por lo que en este punto se ha manifestado el deseo de seguir insistiendo a la Generalitat Valenciana para que ponga en marcha mecanismos que agilicen su resolución, reiterando el ofrecimiento de los recursos humanos de los centros, como las trabajadoras sociales, para ayudar a reducir la lista de espera.
Además, AERTE está participando en diferentes mesas de trabajo con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para implantar en la Comunidad Valenciana un modelo de atención a personas con trastorno mental grave, así como en grupos de trabajo sobre discapacidad.
En la asamblea se respaldó el compromiso social de seguir aportando todos los recursos de la asociación para mejorar la prestación de una adecuada atención a las personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Para ello, se reforzará aún más la interlocución con los agentes sociales y la Administración de cara a proponer mejoras en aspectos esenciales como las licitaciones públicas. Se ha recordado la necesidad de que las administraciones locales lleven a cabo licitaciones con presupuestos adecuados, para que cumplan con unos precios mínimos, donde las empresas puedan prestar servicios sociosanitarios de calidad y evitar ofertas que ni tan siquiera cubren los costes laborales que requiere dichos servicios. Los Centros de Día y los servicios de ayuda a domicilio (SAD) deben de ser elementos a desarrollar de manera muy importante por la Administración valenciana.
Creará una presidencia ejecutiva
La asociación más representativa de atención a las personas dependientes ha decidido crear una presidencia ejecutiva con el objeto de reforzar la actividad de dirección de la asociación, así como reforzar su posición como agente interlocutor con otras entidades sociales y administrativas.
Así mismo, se han fijado como objetivo trabajar para mejorar la igualdad de oportunidades en el sector e impulsar acciones entre empresas y centros destinadas a la mejora en la responsabilidad social corporativa (RSC). La asociación ha ingresado en FORETICA para ir estableciendo un sistema de gestión para ir integrando la RSC en la estrategia y gestión de la organización a través de acciones como campañas de divulgación, y la sensibilización para mejorar la penetración de este concepto en las empresas del sector sociosanitario.
La asamblea general, a la que asistió más de cien empresas, respaldó de forma unánime el trabajo de la actual junta directiva, así como los retos propuestos para los próximos años. En el capítulo formativo, durante 2015 formado a casi 990 alumnos con un total de 69 cursos.
Ha sido la primera vez en muchos años que no asistía ningún representante de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ya que, incluso en los momentos más delicados de la relación entre la asociación y la Administración, como ha sucedido en los últimos años, siempre habían participado en los actos de apertura o cierre de la Asamblea de la entidad más representativa del sector. Algunos asistentes lo han entendido como una muestra del poco reconocimiento que se le da al trabajo de las empresas en el sector de los servicios sociales.
La asamblea finalizó con una comida de confraternidad de los asociados, a la que acudieron diferentes entidades representativas del sector como Lares, Ugt, CCOO, Afav, Asociación de Parkinson, la CEV, la Universidad d Valencia, y representantes de partidos políticos de Les Corts.
El modelo de atención de salud mental a debate en la Comunidad Valenciana
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana ha organizado el 3 de marzo una interesante jornada que pretende hacer distintas aportaciones para un nuevo modelo de atención de salud mental en la Comunidad Valenciana.
La apertura correrá a cargo de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Doña Mónica Oltra. También intervendrán representantes de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.
La jornada, que tendrá lugar en Valencia, en la sede de CIERVAL, abordará los puntos clave de la atención a personas que padecen problemas de salud mental. Cabe destacar dos mesas. La primera de ellas, correrá a cargo de D. Carlos Mur de Viu, coordinador de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud en las que abordará las últimas novedades antes de su próxima publicación. La segunda, recorrerá los modelos de atención aplicados en otras comunidades autónomas, participarán: D. Marcelino López, director de Programas, Evaluación e Investigación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) para hablarnos del modelo andaluz, y D. Diego Juez, presidente de la Asociación Castellano-Leonesa Atención a la Dependencia (ACALERTE), para comentar el caso de Castilla-León.
La Federació Salut Mental Comunitat Valenciana también participará en la jornada, a través de su coordinadora Llum Moral, para aportar el punto de vista de las personas con trastorno mental grave y sus familiares.
Por último, y en base a los puntos más importantes abordados en las mesas anteriores, se harán propuestas para mejorar el modelo de atención en la Comunidad Valenciana por parte de representantes de la Comisión de Salud Mental de AERTE, la asociación más representativa del sector de atención apersonas dependientes.
AERTE propone medidas para el desbloqueo de las plazas concertadas de personas mayores
– Entre las medidas se planeta una reunión de urgencia entre todos los agentes del sector para establecer las bases de un nuevo modelo de concertación de plazas. Por otra parte, propone que hasta que se ponga en marcha dicho sistema se permita a las personas dependientes que obtengan una plaza concertada, la libre elección de centro entre todos los acreditados.
– Otra sentencia del TSJCV conocida ayer, también declara ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato
Ante la decisión tomada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana de paralizar los nuevos expedientes de ingreso de usuarios en las plazas que integraban el segundo tercio de accesibilidad social, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), propone una serie de medidas para reconducir la situación actual garantizando al mismo tiempo el máximo respeto por las personas atendidas en los centros y el cumplimiento de los extremos recogidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado trece de enero, que declaraba ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio.
Esta decisión de la Conselleria, coincide además con otra sentencia del TSJCV, la número 13-2016 conocida ayer, que reafirma la interpretación de que la exclusividad de plazas sólo afectaba al tercio del contrato original y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato.
Las propuestas son:
- La asociación más representativa del sector de atención a la dependencia propone, como siempre ha defendido desde hace varios años y con el fin de no perjudicar los derechos de los dependientes, que todas las personas que se encuentren en un centro de accesibilidad social, conforme a la derivación de plazas del segundo tercio declarado contrario a derecho, permanezcan en los centros en los que se encuentren en la actualidad.
En los centros de AERTE se ha vivido de primera mano el trastorno y los inconvenientes que supone para una persona mayor que ya se encuentra adaptada al entorno de una residencia el traslado a otra, como ha ocurrido en tantas ocasiones cuando personas han sido enviadas de forma obligada, para no perder el derecho a una plaza pública, a las plazas concertadas irregulares de accesibilidad social, por lo que desea que no se vean afectadas de ninguna manera.
No obstante, en el caso de que una persona que se encuentre en esos centros solicite de manera voluntaria el cambio, este se debería llevar a cabo. Así se podrá poner solución a los casos en los que las personas se han tenido que alejar de su entorno por la que la resolución les obligaba a ello.
- AERTE ha solicitado a la Conselleria que se convoque inmediatamente una reunión de urgencia a las entidades representativas del sector para establecer las bases de un nuevo proceso de concertación que regularice esta situación y permita poner al servicio de la Ley de Dependencia todos los centros acreditados para ello en la Comunidad Valenciana, donde sea el usuario el que decida en qué centro quiere ser atendido.
- Además, AERTE propone que hasta que se ponga en marcha dicho proceso, y mediante el procedimiento de urgencia, se permita a los dependientes que obtengan una plaza concertada, la libre elección de la misma entre todos los centros acreditados en dependencia para evitar que alguna persona que lo necesite no sea atendida lo que provocaría el colapso del sistema y la desatención de las personas.
- Por otra parte, AERTE desea que se aclare cómo se van a solucionar los expedientes que estén pendientes de resolución y que ya no podrían ser atendidos en residencias de accesibilidad en base al segundo tercio. No tendría mucho sentido respetar la situación de una persona que se encuentra en un centro de accesibilidad, y si permitir el traslado de las personas que están esperando la concesión de una plaza pública en otra residencia, con el consiguiente trastorno y molestias al usuario. Hoy en día, casi todas las personas pendientes de la resolución para ingresar en una plaza pública o concertada están siendo atendidas, y se encuentran perfectamente integradas, en alguna de las residencias que forman parte de la red de centros acreditados por la propia Conselleria. En esos casos, la resolución debería permitir que permaneciese en el centro en el que ya estuviera siendo atendido.
El Tribunal Supremo ratifica la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana reconociendo el derecho del usuario a escoger el recurso que considere más adecuado
AERTE cree necesario que la Generalitat articule los mecanismos adecuados para dar cumplimiento a esta sentencia y recuperar el retraso en la resolución de expedientes que existe actualmente en las prestaciones vinculadas al servicio (PVS)
AERTE, la entidad más representativa del sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana, celebra conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado este mes la Sentencia del TSJ de Valencia que declaraba conforme a la Ley de la Dependencia el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 18/2011 por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia y que regula el derecho del beneficiario a elegir la modalidad de ayuda a recibir en los términos siguientes:
En su caso, de no ser posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, o que el interesado, guardador de hecho o representante legal no considere adecuada la plaza adjudicada en la elaboración del PIA, se reconocerá subsidiariamente al beneficiario el derecho a obtener una prestación económica, bien sea la prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de dependencia o la prestación para asistente personal. Todo ello de acuerdo con la regulación específica de estas prestaciones económicas y teniéndose en cuenta el criterio profesional.
Como se observa, lo importante era que el interesado podía no considerar adecuada la plaza adjudicada y que podría pasar a la Prestación Vinculada al Servicio (PVS). Algunas empresas acogidas al Plan de Accesibilidad Social recurrieron manifestando que la modificación era competencia del Estado y que además incumplía el contrato de accesibilidad social. El TSJ no le dio la razón y ahora el Supremo lo ha confirmado por lo que dicho precepto es perfectamente válido, está vigente y es exigible por los usuarios.
Por lo tanto, si el interesado no quiere la plaza que se le conceda podría pedir una PVS para recibir el servicio donde quisiera. Las dos sentencias también dicen que debe ser compatible con el criterio profesional evaluador, la regulación específica de las prestaciones y que haya una supervisión del servicio para asegurarse de que es el adecuado.
Esta sentencia ratifica lo que desde la patronal AERTE siempre ha defendido, y es que la persona dependiente es la que debe escoger el tipo de recurso al que quiera ir y que no sea la Administración o cualquier entidad privada la que le imponga el recurso.
Por lo tanto, la Generalitat debe articular los mecanismos adecuados para dar cumplimiento a esta sentencia y equilibrar la diferencia en la resolución de expedientes que existen actualmente entre el resto de plazas residenciales y las PVS que alcanzan casi dos años.
Una vez más, AERTE se pone a disposición de la Generalitat Valenciana para reiterarle su apoyo y colaboración de cara al cumplimiento de esta sentencia sea una realidad a corto plazo, y se pueda dar respuesta a tantas personas en situación de dependencia que permanecen en sus casas a la espera de conseguir un recurso que satisfaga sus necesidades y expectativas.
Mónica Oltra plantea un proceso participativo del sector para una nueva aplicación del sistema de dependencia
La consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha planteado hoy la puesta en marcha de un proceso participativo para la nueva aplicación del sistema de dependencia para «dar un mayor protagonismo al movimiento asociativo de este sector».
Oltra propone «que además de hacer sus aportaciones en este ámbito» los participantes puedan «intervenir en la evaluación del mismo», y destaca que se ha elaborado un presupuesto en un «tiempo récord» con la mirada puesta en «rescatar personas».
La vicepresidenta y consellera se ha dirigido así a los representantes de la Coordinadora de Discapacitados y Dependientes y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana (Cermi CV).
Se reunido hoy con estos colectivos para explicarles el presupuesto de su Conselleria para 2016, que en el apartado destinado a la nueva aplicación del modelo de dependencia ha crecido un 60,21 por ciento respecto al pasado ejercicio.
En los presupuestos, el departamento que dirige Mónica Oltra ha previsto una partida de 57,1 millones para paliar los efectos de la aportación suplementaria en centros de día y residencias.
Este presupuesto, que según les ha explicado, se ha hecho en un «tiempo récord de dos meses», pretende ser el punto de partida de una política para «rescatar personas».
También destaca que tiene como una de sus mayores prioridades «incluir» a lo largo de los tres próximos años a todas las personas en situación de dependencia en el sistema «afrontando el tapón de 45.000 personas que heredamos del gobierno antiguo».
La consellera ha explicado que en los últimos 20 años «no sólo se había gestionado desde unas prioridades que no eran las adecuadas, sino que no se hacía bien porque no se coordinaba nada».
La vicepresidenta ha recordado la situación de infrafinanciación por parte del Estado y ha explicado que esto llevado a que entre las primeras acciones de la Conselleria se dé prioridad a aquellas situaciones «urgentes» como incluir en el sistema de la dependencia a quienes el anterior Consell «había dejado fuera del sistema».
Otro de los puntos que ha centrado el encuentro ha sido el proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera (conocida como ley de acompañamiento), a través del cual la Conselleria ha eliminado completamente la aportación suplementaria de los usuarios en centros de día.
Con el cambio normativo introducido en la ley de acompañamiento se ha «encontrado un equilibrio para dar un buen servicio y ayudar a la gente que ha tenido que abandonar los servicios por ese copago confiscatorio que impuso el gobierno antiguo», según la Conselleria.
Fuente: La Vanguardia
Oltra paga la deuda a los dependientes y anuncia un cambio de sistema
La Generalitat valenciana ha pagado los retrasos que debía a los dependientes y establecerá un nuevo sistema para agilizar la incorporación al sistema de protección creado por la Ley de Dependencia, ha anunciado este miércoles la vicepresidenta y consejera de Bienestar Social, Mònica Oltra.
Los pagos se harán efectivos entre hoy y mañana y a partir de julio se harán «a mes vencido», y no con 60 días de demora como hasta ahora.
El Consell ha abonado en total 36,1 millones de euros por conceptos que incluyen también el pago de retrasos en la renta garantizada de ciudadanía, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, familias de acogida y otros colectivos especialmente «vulnerables». Atenderlos preferentemente fue «el primer punto del Acuerdo del Botànico», el pacto que llevó a la formación del actual Gobierno valenciano ha recordado Oltra.
La vicepresidenta ha reconocido que la Generalitat está lejos de aplicar adecuadamente la Ley de Dependencia. Hasta 33.0000 están a la espera de que se valore su grado de discapacidad o, tras haber pasado ese examen, aguardan que se firme la resolución que les permita empezar a cobrar la ayuda. El Observatorio de la Dependencia ha valorado en los últimos años la política de la Generalitat al respecto con «entre cero y dos puntos» sobre 10, ha indicado Oltra, que ha calificado de «muy mala» la gestión realizada por los anteriores Ejecutivos valencianos.
La consejera ha afirmado que parte de los problemas en la aplicación de la ley se deben a que solo hay «14 valoradores» en la comunidad autónoma para atender miles de demandas. Y ha indicado que la Generalitat adoptará el sistema de Castilla-León, en el que son los servicios sociales municipales los que examinan el estado de los dependientes, lo que permite agilizar las valoraciones.
A Oltra se le ha preguntado cómo ha conseguido los 36,1 millones el Consell, que está reclamando un nuevo modelo de financiación al Gobierno con la advertencia de que no puede afrontar los gastos regulares. «No hemos atracado ningún banco», ha contestado Oltra, «antes la prioridad era desviar fondos públicos a determinados intereses de empresas particulares de personas muy vinculadas al Gobierno, y nosotros hemos reordenado lo prioritario».
La vicepresidenta ha añadido que los fondos provienen de «créditos liberados por Hacienda que antes iban para otras cuestiones».
La prioridad del nuevo gobierno valenciano por la dependencia genera una gran expectación en el sector
AERTE se pone a disposición del nuevo gobierno para colaborar en la reordenación del sector, la excelencia en el servicio y la mejora de la eficiencia de los recursos públicos.
La apuesta por lo social, y en particular por la mejora de la atención a personas dependientes, como uno de los pilares de la hoja de ruta que se plantea para la nueva legislatura de Les Corts está generando expectativas muy positivas. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) espera que, por fin, se trate al sector con la importancia que requiere.
José María Toro, director general de AERTE, “hay mucha esperanza en que se acometan las medidas necesarias para que se resuelvan los principales problemas, como la urgente resolución de los expedientes de dependencia y la dotación de recursos necesarios para que sea efectiva. Estaremos encantados de poder colaborar con el nuevo Consell para lograrlo”.
En este sentido, dos de los puntos clave son en primer lugar, lograr la tan esperada libertad de elección de centro o servicio donde quieren ser atendidos las personas dependientes. En segundo lugar, conseguir que los centros puedan participar en los conciertos de la Conselleria de Bienestar Social de forma igualitaria, logrando así el equilibrio del sector.
Toro apunta, “creemos que las todas las administraciones deben trabajar con transparencia para garantizar una adecuada gestión de los recursos y la igualdad de oportunidades en la contratación que evite distorsiones y privilegios en los concursos públicos. Creemos que la despolitización de los órganos de control ayudará a que la gestión sea más eficaz y se consiga un mayor nivel de responsabilidad en la actuación administrativa”.
AERTE tiene claro que la lucha contra la corrupción y el clientelismo es un requisito indispensable para mejorar el nivel de excelencia en el servicio al ciudadano, ya que fomenta la sana competencia entre empresas, por lo que entiende que la creación de una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción tendrá un impacto extraordinario en la dinamización del sector.
Por otro lado, es necesario mejorar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos ya que las entidades deben ser valoradas por la calidad de sus propuestas y no sólo por el criterio económico. Aumentar los mecanismos de control y transparencia es clave para favorecer la mejora de la calidad.
Incrementar la dotación presupuestaria es necesario para prestar unos servicios adecuados. Durante estos años de crisis el sector ha estado al borde de la quiebra por los continuos impagos del Gobierno. A pesar de ello, las empresas del sector han mejorado los ratios de eficiencia de la Administración, sumando lo mejor de la gestión pública con lo mejor de la gestión privada. Toro señala “en tiempos de crisis, hemos sido un gran colaborador de la Administración pública, hemos servido de amortiguador para mantener el pago de las nóminas, el de las facturas de los proveedores y los centros abiertos a pesar de las graves dificultades de la administración para cumplir sus compromisos de pago. Hemos demostrado nuestro compromiso social”.
AERTE siempre ha planteado la necesidad de establecer un modelo de atención a las personas a largo plazo, con una planificación adecuada que favorezca la mejora continua. Y para ello la colaboración público privada, no sólo es necesaria, sino imprescindible. Toro señala “para lograr este objetivo es necesario utilizar todos los recursos disponibles, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros residenciales y recursos preventivos centrados siempre en la persona. El esfuerzo realizado en esta materia, en concreto en la prevención, permite reducir de manera significativa las necesidades posteriores de recursos económicos y personales. Sectores como el de salud mental sufren las consecuencias de la ausencia de un modelo de atención que prevenga más que cure”.
AERTE solicita a los partidos la comparecencia en Les Corts del Presidente del CJC
Para aclarar el informe del CJC sobre el programa de adjudicación de plazas concertadas de dependencia. La patronal cree que debe aclararse la existencia de un posible conflicto de intereses.
Exige que no se resuelva el segundo informe solicitado por Bienestar Social al CJC hasta que se le haya dado audiencia en este organismo.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha solicitado esta semana al PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos que soliciten la comparecencia en Les Corts, en cuanto se constituyan, del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), así como del ponente del informe, que este órgano emitió en noviembre de 2014, sobre la ampliación en 2008 del Programa de acceso a plazas residenciales de accesibilidad social de 2001 y la continúa adjudicación de plazas residenciales concertadas a determinados centros.
El objetivo de esta petición es aclarar las dudas suscitadas por un posible conflicto de intereses en el dictamen de dicho informe, y para explicar si han podido participar en la toma de decisiones más miembros de dicho órgano que deberían haberse abstenido de la participación en el mismo.
-Proceso irregular de concertación de plazas concertadas a centros residenciales
La Conselleria de Bienestar Social puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2001. Dicho programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos y precios determinados, poniendo a disposición de la Administración hasta un tercio de esas plazas, es decir, hasta 3.000 plazas que ésta concertaría.
En diciembre de 2007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas.
En septiembre de 2013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio , es decir, a partir de esas 3.000 primeras y, que por lo tanto, serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el segundo tercio.
Después de todos estos informes, la Conselleria de Bienestar Social entendió que debía declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2001, los acuerdos posteriores de 2008 y las Ordenes citadas de 2007 y 2012. Para ello solicitó informe del CJC, para intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
El informe del CJC resolvió en noviembre de 2014, “que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta”, aunque consideró irregular adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
– AERTE considera que el informe del CJC podría estar viciado por posible conflicto intereses
AERTE entiende que este informe podría estar viciado ya que, según algunos medios de comunicación, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de determinados centros de accesibilidad, y que, por tanto, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2015, Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en Las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC, para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses el primero, y los motivos del voto particular, la segunda. Además, se pidió la comparecencia del Presidente de dicho órgano para aclarar si habían participado en la aprobación de dicho informe más personas que deberían haberse abstenido. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas. Ahora AERTE solicita estas comparecencias.
– Petición de un segundo informe y audiencia ante el CJC
Vista la incompatibilidad de los informes de la Abogacía General de la Generalitat y de la Junta Superior de Contratación Administrativa sobre la nulidad de la normativa con el informe del Consell Jurídic Consultiu, la Conselleria de Bienestar Social solicitó a principios de 2015 un segundo informe a dicho órgano.
Por su parte AERTE solicitó el 5 de mayo que se le diera audiencia ante el CJC en el mismo para aportar sus alegaciones, sin que hasta el momento se le haya contestado. La Asociación entiende que no se puede aprobar, en ningún caso, dicho informe hasta que se haya concedido audiencia, ya que se podría estar produciendo indefensión de una de las partes afectadas.
Aerte solicita a la Conselleria de Bienestar Social que no derive más usuarios a las plazas de centros de accesibilidad social
Mantiene que la única fórmula posible para solucionar el problema es la creación inmediata de un acuerdo marco que integre en su oferta todas las plazas acreditadas en dependencia que las empresas pongan a disposición de la Conselleria, que ésta dote un presupuesto en función de sus posibilidades para financiarlas, favoreciendo de esa manera la calidad del servicio, la libre competencia entre empresas y la libertad del ciudadano de elegir en que centro quiere ser atendido.
AERTE, ante las nuevas y escandalosas conversaciones desveladas por algunos medios de comunicación, en torno a presuntas comisiones sobre centros concertados de plazas de accesibilidad social, solicita a la Conselleria de Bienestar Social que deje en suspenso el mismo hasta que se aclaren todas las circunstancias.
Aerte ha denunciado a lo largo de los últimos años la presunta irregularidad de todo el proceso del programa de concertación de accesibilidad social, y lo volvemos hacer ante las recientes escuchas reflejadas en los medios, y que no son más que una reiteración de numerosos hechos que han venido repitiéndose y denunciándose constantemente en los medios.
La conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2.001, conocido coloquialmente como el Plan Blasco por ser el Conseller que lo impulsó. Rafael Blasco fue condenado a 8 años de prisión por el caso cooperación y una presunta trama de comisiones ilegales, aunque actualmente está pendiente de la resolución de su recurso. Dicho Programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos, y precios determinados, poniendo a disposición de la administración hasta un tercio de esas plazas, que ésta concertaría.
Del resultado de ese contrato es que no se pudo completar la totalidad de las 9000 plazas por ausencia de ofertas válidas que cubrieran ese número, construyéndose al final unos 54 centros por un total de alrededor de 6500 plazas, y de las que alrededor del 80% del concurso se concedieron a empresas sin ninguna experiencia en la atención a dependientes, y relacionadas con empresas constructoras de gran renombre e influencia. Además durante el proceso existieron numerosas irregularidades demostradas, como incumplimientos reiterados en el plazo de construcción de los centros, incrementos del precio, y actualizaciones de éstos en sólo algunos centros, etc.
En diciembre de 2.007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas. Para justificarlo se usa como excusa el proceso de adaptación a la Ley de Dependencia así como un presunto derecho de exclusividad basado en un documento interpretativo de Blasco del año 2.001, desconocido hasta entonces, con numerosos defectos de forma, entre otros, carecer del informe positivo de la abogacía de la Generalitat. Al parecer los centros no eran rentables con sólo la ocupación pública de 1/3 de las plazas que era la propuesta recogida en el Pliego de Condiciones Administrativas del concurso. Resulta, cuando menos curioso, que ninguna de las personas que hasta entonces habían desempeñado la máxima responsabilidad de la Conselleria hubiese considerado necesario ampliar el concurso.
Se generaron una serie de órdenes y normativas para dotar de una presunta legalidad esta operación, y se firmó un contrato con los adjudicatarios del concurso. La principal entidad era SAVIA, participada por Sedesa, cuyo control mayoritario entonces estaba en manos de familiares de Cotino. Posteriormente vendieron sus acciones en la entidad con importantes beneficios.
Finalmente la realidad es que se cubrieron 2/3 de plazas concertadas de la totalidad de los centros de accesibilidad cuando el concurso inicial sólo contemplaba el primer 1/3.
En septiembre de 2.013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio y que por lo tanto serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el 2º tercio.
Después de todos estos informes, la conselleria de Bienestar Social entiende que debe declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2.001, los acuerdos posteriores de 2.008 y las Ordenes citadas de 2.007 y 2.012. Para ello solicita el informe del CJC, e intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
AERTE llevaba años denunciando esta situación de forma pública y privada y los privilegios que se estaban dando a las distintas empresas del contrato de accesibilidad frente al resto de operadores del sector, sin que nadie, ni política ni jurídicamente, actuara al respecto hasta que el equipo actual de Bienestar Social intentó este proceso de regulación. Dicho equipo podría haber sido empujado posiblemente por la presión de los hechos que iban saliendo en los medios como conversaciones telefónicas que reflejaban claramente lo irregular, oscuro y partidista de todo este proceso, así como por esos informes jurídicos continuos de la Abogacía en contra del proceso actual.
Pero esto requería además el informe favorable del consejo jurídico consultivo, el CJC, que en un proceso que riza el esperpento y fuera de toda lógica jurídica, da audiencia sólo a una parte, los centros de accesibilidad que eran favorecidos por dicho contrato , para acceder a la información y obtener documentación, sin dar audiencia al resto del sector que había presentado recursos y contenciosos administrativos ante las disposiciones y actos administrativos citados anteriormente aún reconociendo en su resolución a varios de ellos como legitimados en el proceso.
El informe del CJC resuelve en noviembre de 2.014, que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta, aunque considera irregular el adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
AERTE entiende que dicho informe está viciado, ya que según los medios, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de los centros de accesibilidad, y que por tanto, al menos por una cuestión ética, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2.015 Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses, el primero, y los motivos del voto particular la segunda. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas.
El intento del equipo actual de la conselleria de Bienestar Social de solucionar el tema ha sido valiente pero no ha sido suficiente ya que se ha visto frenado por el informe del CJC y ahora el asunto se encuentra completamente encallado.
Como se puede observar en este proceso han aparecido Rafael Blasco, Juan Cotino, Enrique Ortiz, y presuntamente lo valida un informe de un abogado que trabajó para una de las partes. Además ahora surge la noticia de que al parecer el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha podido estar implicado en una trama de comisiones sobre el tema según han recogido determinados medios de comunicación.
Y mientras tanto, amparados en una obtención de un segundo tercio de las plazas que AERTE ha considerado irregular siempre, los centros del Programa de Accesibilidad Social se han aprovechado de esta situación para crear una situación de oligopolio y de ventajas comerciales, mediante una política comercial muy agresiva para ocupar las plazas de sus centros y al mismo tiempo generar un perjuicio grave en el sector, con cierres de varios centros, situaciones limites en la mayoría con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y evitando la libre elección de plaza para el dependiente.
Y a pesar de los informes jurídicos públicos, del CJC inclusive, que lo consideran irregular, se siguen derivando dependientes a estos centros, cuando ya no existe un contrato que sustente el concierto del segundo tercio de esas plazas.
Aerte reitera que no aceptará que esta situación se siga produciendo, actuando en todos los foros posibles, y más cuando ha presentado propuestas alternativas para resolver la situación que se produciría si no se da salida a la lista de espera y que no existan perjuicios para los dependientes.
Entendemos que hubo empresas que se presentaron al concurso de Accesibilidad Social de buena fe y en un marco de competencia y libertad empresarial, de hecho algunas de ellas son miembros de nuestra asociación, y de que el concurso inicial estaba abierto a todos aquellos que quisieron presentarse. Lo que no podemos admitir es que posteriormente se cambiasen las condiciones previstas en la licitación, que se hiciesen sin respetar el procedimiento previsto y que además varias de las personas que intervienen durante todo el proceso tuvieran un conflicto de intereses que les debería haber obligado a mantenerse al margen y no haber participado en dichas decisiones.
Aerte solicita que no se derive más usuarios a las plazas de centros de accesibilidad social
Después de todo lo explicado, Aerte pide una investigación seria del tema, tanto desde la propia Administración como desde las instancias judiciales, si procede, como así cree. La conselleria de Bienestar Social debe paralizar la derivación de dependientes a estos centros desde el momento en el que se supere el primer tercio de ocupación. Aerte ha presentado alternativas mientras tanto, para no perjudicar los intereses de los dependientes que necesiten una plaza pública.
Desde AERTE consideramos que la única fórmula posible para solucionar este problema es la creación inmediata de un acuerdo marco que integre en su oferta todas las plazas acreditadas en dependencia que las empresas pongan a disposición de la Conselleria, que ésta dote un presupuesto en función de sus posibilidades para financiarlas, favoreciendo de esa manera la calidad del servicio, la libre competencia entre empresas y la libertad del ciudadano de elegir en que centro quiere ser atendido.
AERTE propone soluciones para desbloquear la adjudicación de ayudas residenciales a dependientes hasta la puesta en marcha del acuerdo marco
AERTE propone a la conselleria de Bienestar Social que, mientras no sea operativo el acuerdo, las personas puedan, de manera provisional, elegir libremente plaza, tanto pública como concertada, en cualquier centro acreditado.
Solicita a la consellera de Bienestar Social y al secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, “la mayor diligencia y celeridad en la tramitación y publicación del expediente administrativo para concertar plazas residenciales por parte de Bienestar Social”.
Las personas dependientes que han solicitado ayudas residenciales están siendo las principales perjudicadas por el retraso en la concreción del acuerdo marco de plazas concertadas, por el que la conselleria de Bienestar Social se comprometió públicamente a asignar más de 3.000 nuevas plazas. En la misma línea, el propio vicepresidente del Consell anunció su voluntad de poner en marcha dicho acuerdo en la Cortes Valencianas. Tras cuatro meses desde el inicio del año, el acuerdo sigue paralizado aunque haya partida presupuestaria para ello, por tanto, aún no ha sido ejecutada.
Así se lo ha recordado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), a la conselleria de Bienestar Social esta semana con dos cartas dirigidas, tanto a la Consellera, como al Secretario Autonómico.
En dichas misivas, entregadas ayer por vía de urgencia, AERTE propone que “mientas no sea operativo dicho acuerdo marco, las personas dependientes puedan elegir de manera provisional y libre, una plaza, tanto concertada como pública, en cualquier centro acreditado en la Comunidad Valenciana, y no sólo en los centros de accesibilidad social”.
La paralización de la puesta en marcha del acuerdo marco, tiene como consecuencia que personas dependientes que se encuentran en lista de espera para obtener una plaza pública, no puedan acceder, al no estar instrumentada. Ante esto, AERTE considera que cualquier centro de la Comunidad Valenciana acreditado en dependencia podría resolver este problema por motivos de urgencia, pero con la premisa de igualdad de oportunidades para todos los centros. Es decir, que en la resolución de las plazas puedan participar todos los centros acreditados para ello, y no solo unos pocos, como ha venido ocurriendo hasta ahora: “Si no hay soporte legal para resolver plazas, o se resuelven para todos los centros y que el usuario decida o para ninguno, pero lo que no tiene sentido es hacerlo sólo para unos pocos”. Habiendo partida presupuestaria para la resolución de las 3.000 plazas, AERTE considera que debería aplicarse inmediatamente a este fin, y no que el mismo se perdiera, o se dedicara a otros fines.
AERTE considera un importante avance para el sistema de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana la firme voluntad de la conselleria de Bienestar Social de optar por la vía del concurso público abierto y equilibrado de plazas concertadas, poniendo fin a una situación de más de cinco años de desigualdades en el sector. No obstante, es necesaria su puesta en marcha para desbloquear la resolución de expedientes de personas que necesitan de forma urgente plazas residenciales. Por ello, AERTE solicitó ayer “la mayor diligencia y celeridad en la tramitación y publicación del expediente administrativo para concertar plazas residenciales por parte de Bienestar Social”.
La patronal de centros y servicios de atención a personas dependientes reitera una vez más su disposición a colaborar con Bienestar Social y todos los agentes del sector, para agilizar cuanto antes la puesta en marcha de este nuevo programa.
AERTE, el sector de la dependencia, más cerca del acuerdo para las plazas concertadas y la libre elección de residencia
– La culminación de este acuerdo, pondría fin a cinco años de desigualdades en el sector, permitiendo además que residencias de mayores, independientemente de su tamaño, puedan competir en igualdad de condiciones
– AERTE ve cercano el acuerdo con todo el sector, se pone a disposición de Bienestar Social para su puesta en marcha. Considera necesario establecer reuniones informativas con todos los agentes participantes, para concretar las líneas a desarrollar dentro de un nuevo programa de plazas concertadas
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), se pone a disposición de Bienestar Social para activar el nuevo acuerdo marco, planteado por la Conselleria, que permitiría sacar a concurso público 3.000 plazas concertadas en igualdad de condiciones, lo que llevaría consigo que 3.000 personas mayores tendrían la oportunidad de decidir libremente la residencia donde quieren ser atendidos en función de sus necesidades y preferencias individuales.
Así mismo, el acuerdo desbloquearía gran parte los expedientes pendientes de aquellas personas dependientes que siguen a la espera de recibir los servicios que les corresponde, algunos desde hace tres años.
Este acuerdo marco pondrá fin a cinco años de desigualdades que han sufrido tanto aquellos centros que no han podido ofrecer plazas concertadas a sus residentes, hasta ahora exclusivo de algunas residencias, como las personas en situación de dependencia y sus familias, que no podían elegir libremente el centro en el que deseaban ser atendidos, a pesar de que una sentencia judicial les reconocía ese derecho.
Aunque todavía no se han perfilado las condiciones que se exigirán a las residencias para que puedan disponer de plazas concertadas con la Administración, AERTE se muestra optimista. Espera que, por fin, puedan optar todos los centros del sector que cumplan con la normativa de autorización y funcionamiento, independientemente de su tamaño.
AERTE aplaude que la Conselleria de Bienestar Social esté valorando cómo implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector y vele por el interés de las personas dependientes, siguiendo la política del Consell en las áreas de sanidad y educación, donde el usuario puede decidir centro.
AERTE espera poder reunirse con representantes de la Conselleria de Bienestar Social en breve
AERTE espera, y así se lo ha pedido con urgencia, celebrar un encuentro con la Conselleria de Bienestar Social de cara a concretar y firmar este acuerdo, planteado por la Conselleria, y para cuya puesta en marcha eran necesarios una serie de informes jurídicos previos, cuyas conclusiones no impiden, es más, recomiendan, que se desarrolle un sistema de plazas concertadas que beneficie a todos los centros y a las personas que permanecen en listas de espera.
AERTE siempre ha defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, algo fundamental para poder fomentar la calidad en los cuidados a las personas.
Espera que la línea adoptada por Bienestar Social dirigida a la consecución del esperado equilibro e igualdad en el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana, no sea quebrantada por cuestiones de intereses partidistas.
AERTE urge firmar el acuerdo marco propuesto por Bienestar Social para sacar a concurso público 3000 plazas concertadas
-Los dictámenes e informes del Consell Jurídic Consultiu, la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas, como hasta ahora, a través del procedimiento negociado sin publicidad. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra la Ley de Emprendedores.
– Con este acuerdo, Bienestar Social tiene la oportunidad de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), en relación a los conciertos de adjudicación de plazas concertadas de personas mayores, estima urgente y necesario para todo el sector la firma de un acuerdo marco que permita la libre competencia entre residencias de cara a finalizar con los privilegios a determinadas empresas de accesibilidad que han disfrutado durante los últimos años.
Este acuerdo marco, propuesto en octubre de 2014 por la Conselleria de Bienestar Social a todos los agentes del sector, plantea sacar a concurso público, abierto a todos las residencias en igualdad de condiciones y bajo la premisa de que sea el usuario quien decida libremente el centro donde quiere ser atendido, alrededor de 3.000 plazas concertadas:
– 1.000 nuevas plazas concertadas correspondientes al presupuesto existente para 2015.
– 2.000 plazas concertadas ya existentes que se han ido adjudicando a centros de accesibilidad por vía del procedimiento negociado sin publicidad a partir de 2008, teniendo en cuenta además que esos mismos centros ya habían sido adjudicatarios de otras 2.000 plazas correspondientes a lo que establecía en el concurso de 2001, según el cual, de 6.000 nuevas plazas construidas, el primer tercio, es decir esas 2.000, serían para plazas concertadas.
Hasta ahora se ha adjudicado, y se siguen adjudicando plazas concertadas más allá del primer tercio del contrato del año 2001, a través del procedimiento negociado sin publicidad, sin contrato público y con un talante de exclusividad, ya que establece la premisa simple de tener experiencia previa y contrato de accesibilidad para poder ser adjudicatario, por lo que el resto de residencias del sector quedan al margen. Esas plazas carecen de contrato público.
En este sentido, tanto los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu, como los informes de la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas subvencionadas por esta vía mas allá de las fijadas en el concurso de 2001, es decir más allá del primer tercio de las 6.000 plazas. A pesar de estos informes, a día de hoy se siguen reponiendo las plazas cuando queda claro que es una situación irregular según la Ley de Emprendedores de 2013.
Además, el informe de la Abogacía indica claramente que se han beneficiado unas empresas y se ha perjudicado al resto del sector, mientras que el Consell Jurídic Consultiu afirma que el contrato de 2001 no se puede renovar a partir de enero de 2014.
Estos dictámenes se basan en la Ley de Emprendedores de 2013, donde se especifica claramente que no se puede beneficiar a ninguna empresa por el mero hecho de haber sido contratista de la Administración. AERTE no puede admitir que se blinden esas plazas concertadas de ninguna manera, ya que cualquier paso que se dé en este sentido, irá en contra de esta Ley. Además, supondría el cierre de muchas empresas del sector de atención a la dependencia, y la pérdida de numerosos puestos de trabajo.
AERTE quiere resaltar que, las conclusiones de estos dictámenes coinciden en señalar que una de las posibles soluciones pasaría por desarrollar un concurso público en forma de acuerdo marco para englobar esas 3.000 plazas. Por ello, la asociación no alcanza a entender que, según las últimas declaraciones de la Conselleria de Bienestar Social, se estén valorando otras posibilidades, muy lejos de los acuerdos alcanzados, que no permitieran por ejemplo la libertad de elección de las personas, justificándolo con una obligación surgida de una interpretación errónea del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
La Conselleria de Bienestar Social tiene la oportunidad con este acuerdo de rectificar e implantar la igualdad de oportunidades dentro del sector, así como velar por el interés del dependiente para que decida libremente donde quiere ser atendido. Entendemos que es una decisión política y, por tanto, responsabilidad de quien la tome.
– Libertad de elección
Por otro lado, durante años se ha vulnerado el derecho del usuario a decidir el centro donde quiere ser atendido. El nuevo acuerdo marco propuesto permite que las personas mayores puedan optar a este derecho, como así ocurre con los servicios de sanidad o educación, y tal y como declara reiteradamente el Gobierno valenciano, y en concreto el presidente Alberto Fabra. Más de 10.000 personas están a la espera de resolución de expedientes de dependencia.
– AERTE solicita a la Consellería de Bienestar Social una reunión para desbloquear la situación
AERTE ha solicitado a la Consellería de Bienestar Social una reunión de cara a agilizar la firma y puesta en marcha de este acuerdo marco planteado por la propia Conselleria, desarrollando así un sistema de plazas concertadas que beneficia a todos los centros y, sobretodo, a las personas que permanecen en listas de espera.
Desde AERTE siempre se han defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todas las empresas, y la libertad de elección de las personas o sus familiares, tal y como la Administración valenciana puso en marcha con el bono residencia, de carácter pionero en España y que tan buenos resultados cosechó.
La Generalitat valenciana abona gran parte de la deuda pendiente con el sector de atención a la dependencia
Aerte aplaude la decisión y solicita, una vez más, un calendario de pagos para evitar acumular deuda.
La Generalitat Valenciana, a través de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, ha abonado gran parte de la deuda acumulada que mantenía de forma continua con el sector de atención a la dependencia de la Comunidad Valenciana. De los alrededor de 80 millones que se adeudaba en diciembre de 2014, se ha abonado más de 70 millones de euros.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) aplaude la decisión y el hecho de que, tras un año de asfixia económica, los más de 200 centros, muchos de ellos al borde del cierre, puedan respirar algo más aliviados, así como los más de 15.000 profesionales que podrán recibir sus nóminas en tiempo y forma.
María José Mira, directora general de AERTE, “pedimos a las Consellerias de Hacienda y Bienestar Social que se establezca un plan de pagos para los próximos años, un calendario serio y que se cumpla. Esto permitirá al sector no sólo afrontar su viabilidad, tras años de impagos, muchos de ellos se encuentran en una situación muy compleja, sino establecer planes de inversión que permitan mejorar sus infraestructuras, contratar más profesionales, así como establecer mejoras y nuevos servicios a la personas dependientes, más de 22.000“.
Así mismo, AERTE recuerda que la Comunidad Valenciana aún existen miles de personas que han sido reconocidas en situación de dependencia y que están a la espera resolución de sus expedientes. Considera que agilizar estos expedientes supone atender a estas personas, algunas en espera desde hace más de tres años, y recuerda que los centros asociados a la patronal pueden colaborar en los trámites de resolución de expedientes.
