Generalitat valenciana

AERTE emprenderá acciones judiciales si el Consell no abona de forma equilibrada la deuda pendiente

AerteSolicita que se incluya dentro del próximo pago a proveedores, a través del FLA, a centros que ofrecen el sistema BONO, y a aquellos que atienden a las personas que sufren de algún tipo de trastorno mental, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como a aquellos centros que estén pendientes de recibir el 40 % de su subvención anual cuando otros ya cobraron la totalidad del año 2014.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha enviado esta mañana dos cartas a las consellerias de Hacienda y Bienestar Social para solicitar al Consell que incluya en el próximo pago a proveedores, a través del FLA, a toda la tipología de centros de atención a la dependencia, para evitar un trato desigual en el sector.

 En concreto, solicita que en el pago se incluya especialmente a aquellos centros que ofrecen el sistema BONO y aquellos que atienden a personas que sufren algún tipo de trastorno mental, muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat, entidades que están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes a todo el año 2014. Así como también a aquellos centros pendientes de recibir el 40 % de la subvención anual.

 Aerte ha puesto en conocimiento del conseller Moragues y de la consellera Sánchez-Zaplana la desesperación y angustia que están sufriendo algunas de las entidades ante la posible exclusión de su deuda en los pagos incluidos en el próximo FLA. Y apunta que no puede consentir que se vuelvan a cometer errores en la gestión de los pagos aunque ello suponga tener que llevar a cabo cualquier tipo de acción, judicial o no, que logre terminar con estas injusticias y desigualdades en el trato a los operadores del sector en la Comunidad Valenciana.

 Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.

 Reunión con Alberto Fabra

 Por otro lado, AERTE solicitó la semana pasada por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano están generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.

 Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.

 La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo y que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.

AERTE vuelve a solicitar una reunión con Alberto Fabra

Aerte– Reclama la atención del President para liderar la puesta en marcha de mecanismos urgentes que permitan acabar con la situación insostenible de la atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana, que se agrava ahora con la Ley de Tasas.

– La Comunidad Valenciana, mantiene una media de ocho meses de impagos desiguales a los centros y profesionales de atención a la dependencia, seis meses más que las otras comunidades, alcanzando más de 80 millones de deuda.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) solicitó ayer por carta una reunión con Alberto Fabra, para que interceda en la resolución del grave problema que la política sociosanitaria y los continuos impagos del Gobierno valenciano, está generando en el sector de atención a dependientes, trabajadores, profesionales y a los propios usuarios. Esta petición se suma a la que ya solicitó AERTE hace un año y sobre la que no obtuvo ninguna respuesta.

Con más de 80 millones de deuda acumulada y una media de 8 meses de impagos, seis más que el resto de comunidades, la valenciana es la última comunidad en resolución de pagos a los centros y profesionales de atención a la dependencia. Unos pagos que cuando se producen lo siguen haciendo de forma desigual, sin equidad en los centros, provocando que los recursos económicos existentes sólo se centren en una parte del sector, mientras que la gran mayoría del mismo sufre esta desigualdad sin que exista ningún tipo de explicación al respecto.

Por otro lado, existe desde hace años un abandono por parte de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda a la hora de establecer un calendario de pagos, imprescindible para que los centros puedan realizar, al menos, una planificación adecuada a medio plazo para evitar una incertidumbre constante sobre su viabilidad.

La situación provocada por esta política ha llevado, durante los últimos años, al cierre de más de 11 centros, con una pérdida de más de 900 plazas y 500 puestos de trabajo que inevitablemente va a conllevar un incremento considerable de cierres si esto no cambia.

Menos liquidez para centros sin fondos con la nueva Ley de Tasas.

Todo ello se agrava con la regulación de la Ley de Tasas, lo que supone el cambio de recaudador pasando de los centros a la propia Administración. A partir de enero, el pago se hará directamente a la Administración que lo gestionará directamente y se convertirá en la recaudadora. Esta modificación se espera con miedo e incertidumbre por parte del sector porque hasta ahora, y a falta de pagos de la Generalitat, los centros podían seguir funcionando con la liquidez que les aportaban estas tasas. A partir de enero, se agravará el atraso de pagos, haciendo peligrar la situación de los centros, ya de por si delicada.

Respuesta al presidente Fabra

En referencia a las declaraciones realizadas ayer por el Presidente Fabra en la entrega de los Premios al Mayor, en los que “reconoció públicamente a las personas y entidades cuyo trabajo ha contribuido a mejorar la vida de las personas mayores”, AERTE quiere expresar que “si verdaderamente reconoce esta labor, la apoye de forma activa, liderando el desarrollo urgente de mecanismos que permitan solucionar los problemas reales existentes que permitan solventar a largo plazo la situación actual, de forma que la Comunidad Valenciana deje de estar en la cola en asistencia sociosanitaria y vuelva a ser una región pionera en este ámbito”.

Así mismo, AERTE ve positiva la apertura de seis nuevos centros, como ayer anunció el Presidente, pero subraya “la necesidad de acometer medidas para que los más de 200 centros y más de 15.000 profesional salgan de una situación de asfixia constante”.

 
 

AERTE confía en un acuerdo marco para que el sector y los usuarios puedan acceder al sistema en igualdad de condiciones

María José MiraSi el nuevo modelo de plazas concertadas que prepara Conselleria de Bienestar Social no incorpora la libre elección e igualdad de oportunidades para todo el sector y usuarios, AERTE no podrá apoyarlo.

AERTE confía que el inminente cambio en el modelo asistencial de la Comunidad Valenciana se desarrolle a través de un acuerdo marco donde todo el sector de atención a las personas dependientes y con trastorno mental grave pueda acceder al sistema en igualdad de condiciones, respetando la libertad de elección a la que tienen derecho las personas.

Esta necesaria mayor flexibilidad y libertad del usuario es la única forma de velar por la mejora continua de los servicios proporcionados a las personas, así como el bienestar y la calidad de los cuidados. No hay que olvidar que esto es lo que  demanda la sociedad. Por tanto, los políticos deben tener ese fin siempre que sea factible, y en este caso lo es. Este extremo que parece que se olvida muy a menudo, debería ser el eje  principal de la política social.

La calidad asistencial y profesionalidad deben ser esenciales, es lo único que debe preocupar a la Administración valenciana en estos momentos en materia de asistencia a la dependencia. Mª José Mira, directora general de AERTE, “es necesario un cambio radical en el modelo de asistencia en nuestra comunidad, ahora más que nunca. Hemos pasado de ser una Comunidad pionera en la atención a nuestros mayores y dependientes a estar en la cola en todos los rankings y valoraciones: los que más tarde resolvemos expedientes y mayor número de estos tenemos pendientes, los que más tarde cobramos, los que más estancada tienen la coordinación sociosanitaria.”

AERTE confía en los profesionales de este sector y sigue apostando por un modelo equilibrado y de igualdad de oportunidades que no deje a nadie fuera del sistema por motivos económicos y que fomente la calidad asistencial implantando la libre competencia y la transparencia absoluta. Mira señala, “cuando una persona o su familiar puede decidir en qué centro o qué profesional puede cuidarlo, seguro que lo hará en base al mejor criterio de calidad posible”.

Otras comunidades autónomas ya apuestan por este modelo

Mira apunta además que los últimos programas de mayores desarrollados en otras comunidades presentan estas características, “tanto la Comunidad de Madrid, Aragón, como la Junta de Castilla La Mancha han apostado por este sistema”.

De hecho, Casilla La Mancha pondrá en marcha en 2015 un modelo que cumple con todos los propósitos que AERTE siempre ha defendido, hecho que demuestra que sí es posible conseguir un acuerdo marco para todo el sector, independientemente de la titularidad del inmueble o de la concurrencia de un objetivo empresarial con unos criterios de adhesión lógicos y no excluyentes. Sólo es cuestión de voluntad: programas innovadores y preocupados por la atención a las personas, criterios de calidad y satisfacción de las personas, planes de formación, ratios de personal, etc… son variables tal y como defiende AERTE, que se deben fomentar y apoyar en todo momento. Ni para AERTE, ni para la sociedad Valenciana en general sería comprensible que la política social de nuestra comunidad apostara por un modelo diferente.

Si el nuevo modelo de plazas concertadas no incorpora la libre elección e igualdad de oportunidades para todo el sector, Aerte no podrá apoyarlo.

Desde AERTE siempre se ha defendido unas líneas de respeto de la igualdad de oportunidades para todo el sector y la libertad de elección de las personas o sus familiares, tal y como la Administración valenciana puso en marcha con el bono residencia, de carácter pionero en España y que tan buenos resultados cosechó. Cualquier marco que se publique y que no siga estas premisas no podrá ser sino un error, ya que irá en contra de las tendencias actuales en programas de asistencia a mayores, inclusive en otros sectores de nuestra propia CCAA, como Sanidad y Educación. Por lo tanto AERTE no sólo no lo apoyaría, sino que lucharía para su no implantación.

Ahora es el momento de poner en marcha estas premisas con el nuevo sistema de plazas concertadas que desde la Conselleria de Bienestar Social se está preparando. Si este modelo no sigue o se acerca a lo que desde la sociedad se reclama, AERTE no podrá más que luchar para su no implantación.

 

El Gobierno Valenciano tarda tres meses más en pagar a la dependencia que el resto de la comunidades

plano_de_España_comunidades - copia– La Comunidad Valenciana, la primera en impagos, en tiempo y forma. Mantiene una media de entre cinco y seis meses en abonar las cantidades pendientes, en algunos casos más de un año. La deuda acumulada de la Generalitat valenciana con la dependencia alcanzará más de 80 millones de euros a finales de este mes si no se efectúa ningún pago

 – Es la única comunidad que incumple con la Ley de la Dependencia en los plazos de resolución de expedientes. Algunos sin resolver desde 2011, cuando la ley establece un máximo de seis meses. Más de 10.000 personas dependientes a la espera de recibir, al menos, una contestación

 – Sigue incumpliendo la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de libertad de elección de las personas

El Gobierno valenciano triplica el plazo medio de pago a los centros de atención a la dependencia respecto al resto de los gobiernos autonómicos, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas de centros de atención a dependientes consultados por AERTE.

 La mayoría de las comunidades tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes, es el caso de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura o Murcia. En cambio, Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90.

 No obstante, ninguna llega al caso de la Comunidad Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia. Una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de las Comunidades. Así, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes. Las partidas más afectadas siguen siendo:

– Las plazas concertadas más de 25 millones de deuda acumulada, entre  siete y ocho meses sin cobrar.

– Las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública, 17,4 millones de deuda, entre  cinco y seis meses de impagos.

– Las plazas de personas mayores, superan los 23 millones, entre  cinco y seis meses de impagos.

– La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 8 millones de deuda, con un impago en la mayoría de más de un año

– El sistema Bono residencia, centro de día o respiro: más de dos millones. La mayoría de las cuales no se han abonado cantidad alguna durante un año.

– Los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones: más de cuatro millones, acumulados durante seis meses.

María José Mira, directora general de AERTE, “los centros de esta comunidad no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de 4 años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo. Por una parte, la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años, y por otro, la falta de respuesta a la petición ya histórica de  un plan de pagos equilibrado que permita  normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas”.

 Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta además, “que los tutelados sean prioritarios para una Conselleria de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito”.

10.000 personas dependientes, continúan sin recibir prestación.

 El Gobierno valenciano sigue incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes. La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunidad Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega.

 La Comunidad Valenciana es la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del IMSERSO de septiembre de este año, situándose casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido.

 Así mismo, se sigue sin cumplir la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que recuerda que las personas tienen derecho a elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas (actualmente sólo existentes en los centros de 8 empresas de las más de 200) como son las relativas a Prestación Vinculada al Servicio (PVS), ayuda directa, con el fin de poder escoger el centro o el profesional que ellas o sus familias consideren más adecuado a sus necesidades.

 Mira apunta,  “casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Conselleria a resolver respetando la libertad de elección del dependiente”.

Dependientes 2, Bienestar Social 0

Dos sentencias del TSJ valenciano dan la razón a dependientes que reclamaron en contra de la resolución de la consejería de Bienestar Social que rebajaba su grado de dependencia. Los dependientes que luchan consiguen revertir las resoluciones arbitrarias de Bienestar Social.

 

2 sentencias

 

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El CGPJ pide que no retrasen las resoluciones sobre dependencia para no saturar los juzgados

Juan Manuel Fernández MartínezJuan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y miembro de la Comisión Permanente pidió ayer en Valencia a las administraciones autonómicas que sean diligentes con las resoluciones de las ayudas a la dependencia para que los tribunales no se saturen. Fernández se ofreció a negociar con las instituciones «para que no se retrasen las resoluciones que judicializan el cumplimiento de la ley de dependencia».

El vocal del CGPJ recordó que algunos jueces han realizado observaciones en sus sentencias respecto a estos retrasos que provocan el archivo de las ayudas cuando los dependientes fallecen. En la C. Valenciana estas demoras superan los dos años y han provocado que 36.000 usuarios mueran sin el derecho reconocido.

El presidente del Foro Justicia y Discapacidad, que forma parte del CGPJ, reconoció que en materia de dependencia se han emitido sentencias contradictorias. «Se ha de procurar una mayor seguridad jurídica porque en esta cuestión se producen pareceres o sentencias diferentes cuando no contradictorias. Es conveniente unificar esos criterios». Por ello, defendió que «la seguridad jurídica ha de guiar a los tribunales para que no se produzcan agravios comparativos entre autonomías». Cabe recordar que un juez de Sevilla ha llegado a arremeter contra la Administración por los retrasos, que en caso de ser intencionados para demorar las resoluciones podrían tener repercusiones penales.

Este jueves se reúne la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano para unificar criterios en materia de dependencia tras haber evidenciado este periódico que dos secciones de la misma sala estaban emitiendo sentencias contradictorias en casos iguales.

Juan Manuel Fernández explicó que el Foro Justicia y Discapacidad tiene como misión «establecer un diálogo institucional respecto a procurar una mayor sensibilidad en el tratamiento de los derechos de las personas dependientes y la eliminación de barreras físicas y socioculturales». «Nuestro deber es establecer este contacto fluido para solucionar todo lo que se pueda en estancias extrajudiciales». Respecto a la discriminación positiva en estos casos recordó que «los tribunales deben ser justos, pero procurar que la igualdad sea efectiva».

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Los impagos hacen peligrar 500 plazas de residencia en Castellón

Asunción Sánchez ZaplanaA la Conselleria de Bienestar Social se le acumulan los problemas. Mientras sigue negociando una rebaja del controvertido copago con los discapacitados, el sector de la dependencia ha dicho basta y reclama el pago urgente de la deuda a centros y residencias de la dependencia, algunas de las cuales llevan casi un año sin cobrar por los servicios que prestan y que están subvencionados en gran parte por la Generalitat.

La patronal de centros de atención a la dependencia, Aerte, calcula que la deuda en la provincia de Castellón afecta a 28 centros y la cuantía asciende a unos 12 millones de euros. A pesar de que los impagos perjudican a todo el sector la situación es más crítica para las siete residencias de la provincia que cuentan con 491 plazas concertadas de los llamados contratos de accesibilidad social. Estos centros llevan sin cobrar ninguna cantidad de Bienestar Social, que cubre gran parte de estas plazas, desde el mes de mayo del año pasado.

Los impagos de estos servicios para dependientes se han convertido ya en un problema casi crónico, porque los planes de pago prometidos por el Consell se han incumplido. “En febrero del año pasado Císcar nos prometió un calendario de pagos que no cumplió y ahora llevamos semanas pidiendo reuniones y nadie nos recibe. Hemos pedido hasta dos veces un encuentro con el presidente Alberto Fabra y nos deriva a Bienestar Social y esta a su vez nos remite a la Conselleria de Hacienda y así estamos sin saber cuándo vamos a cobrar lo que se nos debe”, denunció la presidenta de Aerte, María José Mira.

Concretamente, este sector exige a la Generalitat “el mismo trato de financiación que se da a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente”.

COPAGO

El nuevo copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social no solo afecta a los discapacitados también a las personas mayores que están en residencias públicas o concertadas, porque pasan de abonar 12 mensualidades a 14. Estos centros ya han empezado a aplicar el copago que entró en vigor en enero, a pesar de que aún se está negociando. El tira y afloja para conseguir una rebaja se está dando entre los discapacitados y la Conselleria, mientras que ninguna voz experta defiende a las personas mayores en estas negociaciones. La única vía de protesta a la que se han podido acoger es a la del recurso de alzada contra la resolución del copago, pero aún están a la espera de una respuesta.

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El TSJ se reúne el 10 de abril para unificar criterios sobre los casos de dependencia

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valencianoLos 24 magistrados que conforman la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se reunirán el próximo día 10 de abril para unificar los criterios en materia de ley de dependencia y así acabar con las resoluciones contradictorias que evidenció Levante-EMV. La sección cuarta y quinta de esta sala han emitido y continúan haciéndolo sentencias en las que, en casos iguales, una da la razón a los dependientes en sus demandas contra la Generalitat y la otra avala a la Conselleria de Bienestar Social.

Este periódico ha venido contando que las secciones cuarta y quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ están fallando de manera diferente en casos similares que afectan a los dependientes. La sección cuarta está dando la razón a los demandantes, ya que reconoce a sus herederos el cobro de la prestación de sus familiares que no pudieron percibir porque fallecieron antes de que la Conselleria de Bienestar Social les reconociera el derecho. Este tribunal responsabiliza a la conselleria de los retrasos y la condena por responsabilidad patrimonial a indemnizar a los herederos, que pueden presentar las alegaciones en cualquier momento del proceso.

Por su parte, la sala quinta deniega la indemnización a los herederos de los dependientes, primero porque no alegaron responsabilidad patrimonial y, segundo, tras presentar este argumento por los perjuicios generados por la conselleria, por defectos de forma. Así, este tribunal considera que la responsabilidad patrimonial se debe exigir en el momento de presentar la demanda, mientras que la sección cuarta defiende que se puede plantear en cualquier momento del proceso, incluso en las conclusiones o la vista oral.

Tras evidenciarse estas contradicciones, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Mariano Ferrando, anunció que reuniría a los 24 magistrados para acordar un criterio común para que no haya contradicciones.

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Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años

Asuncion Sanchez ZaplanaLa Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.

El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».

En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».

Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.

La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.

Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.

Informe médico

Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.

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Fabra:Los mayores se han convertido en el pilar más sólido de muchas familias

Alberto FabraEl president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado la importancia que están teniendo las personas mayores a la hora de ayudar a superar «una etapa difícil» provocada por la crisis económica, y ha señalado que se han convertido «en el pilar más sólido de muchas familias».

Fabra ha realizado estas declaraciones durante la asamblea general ordinaria de la Federación Provincial de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) de Valencia, según un comunicado de la Generalitat.

«Vosotros y también este gobierno, tenemos un objetivo común: ambos trabajamos por el bienestar de las personas y por conseguir una mejor calidad de vida», ha asegurado.

Al respecto, ha manifestado que esta asociación apoya y ayuda a otras personas mayores «que han visto mermadas sus posibilidades de relacionarse con los demás, con un alto nivel de dependencia y que están solos».

Asimismo, ha destacado el compromiso del Consell con el bienestar social de los valencianos, para el que, según ha manifestado, se destinan 703 millones de euros, es decir, «1,9 millones de euros diarios».

Ha recordado que a pesar de la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo que dirige ha incrementado para este año un 4,7 por ciento la partida presupuestaria para gasto social.

En este sentido, ha afirmado que la Generalitat está trabajando en un nuevo modelo de financiación más justo, centrado en las personas y que permita a todos los españoles acceder a las mismas prestaciones sociales vivan donde vivan.

En 2013, han señalado fuentes de la Generalitat, se destinaron más de 1,5 millones de euros a las asociaciones de jubilados y pensionistas de la Comunitat, un importe que se mantiene en 2014, con el objetivo de poner en marcha proyectos que mejoren su participación social y respondan a sus necesidades.

Dentro de ellos, se encuentra el Programa de Voluntariado Social de la UDP que, actualmente, cuenta con 850 voluntarios de 80 municipios de la provincia de Valencia.

El jefe del Consell ha mostrado su admiración por la labor que la UDP ha realizado desde que se constituyó como asociación en 1977 y por sus logros en defensa de los intereses de jubilados y pensionistas.

Desde la Generalitat han resaltado que en la Comunitat Valenciana hay más de 380.000 afiliados a alguna de las más de 500 asociaciones de la UDP, lo que supone más de un 40 por ciento de los mayores de 65 años.

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Los discapacitados quieren renegociar el copago pese al avance de Bienestar Social

Joan PlanellsEl Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat aprecia la “buena intención” de la Conselleria de Bienestar Social al ofrecerse a flexibilizar el copago, pero le parece “insuficiente”. Por ello, a partir de hoy elaborará una batería de reivindicaciones que quiere que se aclaren para hacerlas llegar a la Conselleria para que esta las analice con sus servicios jurídicos y seguir negociando. Así lo anunció ayer el presidente del Cermi, Joan Planells, tras la reunión mantenida entre los miembros de las asociaciones representadas en el Cermi para valorar la propuesta que les hizo llegar el lunes el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.

Consideró que, para ellos, el aspecto más importante es clarificar “cómo se determina la capacidad económica” del dependiente. También vio “insuficiente” el “dinero de bolsillo”, la cantidad de libre disposición que queda del copago, que la Conselleria se ofreció a incrementar de los 126 € mensuales iniciales a 213,5 € para los discapacitados en residencias públicas y, en el caso de los ingresados en residencias de mayores, de 101 a 170 €.

Sí calificó de avance el que el Consell se haya brindado a asumir gastos de transporte para usuarios de centros ocupacionales comarcales con una financiación anual de 1.300 € por usuario. También les pareció muy bien la propuesta de la Conselleria de mejorar el cálculo de las prestaciones por dependencia en beneficio de los menores de 18 años, teniendo en cuenta la capacidad individual del menor y no la renta familiar, y mantener la CNP como excepción en la ley de dependencia para estos usuarios.

Planells apeló a que sus reivindicaciones se tengan en cuenta en una reforma del decreto o, lo que consideró más conveniente, un nuevo decreto.

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Bienestar Social se compromete con Lares CV a dar un Plan de Pagos a las residencias «en diez días»

Lares CV, José Pascual BuenoLa consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares CV) que «en un plazo de diez días» fijará una reunión conjunta con Hacienda para establecer un Plan de Pagos para los centros sin ánimo de lucro, según ha informado la red de residencias en un comunicado.

La titular de Bienestar Social ha asumido este compromiso en la reunión que ha mantenido con la directiva de Lares CV, en la que también ha estado presente el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.

Sánchez Zaplana ha afirmado que su Departamento ha estudiado el tema, pero que el pago «dependía de Hacienda», por lo que «era necesario verlo con sus responsables».

Por ello, se ha comprometido a sentarse con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, para darles un Plan que «pueda saldar la deuda que la Generalitat aún tiene pendiente con las residencias del sector solidario, el 60 por ciento del total de las plazas concertadas del 2013, que suma un total de más de 8 millones de euros».

El presidente de Lares CV, José Pascual Bueno, también ha solicitado a la consellera que el Plan de Pagos «no se ciña sólo a la deuda pendiente, sino que dé una solución general que garantice el futuro del sector y la atención a los mayores dependientes».

«Necesitamos un escenario claro de cuándo y cómo se va a cobrar, no solo la deuda acumulada, sino también de ahora en adelante, ya que, si no, solo será un parche, pero en unos meses volveremos a tener el mismo problema de liquidez en nuestros centros», ha resaltado Bueno.

Modificación ley servicios sociales

Lares CV también ha planteado a la consellera que se modifique la Ley de Servicios Sociales y se establezca un sistema similar al que ya existe en otras comunidades autónomas «que garantiza el sector solidario». Según ha asegurado Sánchez Zaplana, «se ha intentado trabajar» este aspecto, pero se han encontrado «problemas» para avanzar por la Ley de Bases.

Además de esta reunión con conselleria, la asociación de residencias del sector solidario ha solicitado a todos los grupos parlamentarios un encuentro para trasladarles la situación ante el impago y para abordar el futuro de la atención a las personas mayores dependientes. En esta línea, la semana pasada se reunió con el portavoz en las Corts del PSPV, Antonio Torres, y con el de Compromís, Enric Morera, y la semana que viene lo hará con el del PPCV, Jorge Bellver.

Actualmente, Lares CV está formada por 45 centros sin ánimo de lucro que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con unos 300 voluntarios, entre fijos y temporales.

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Diputación valenciana prorroga programa de viajes sociales para atender las peticiones

Amparo MoraLa Diputación de Valencia y la Unión Hotelera han suscrito hoy la prórroga del programa por el empleo hotelero y el turismo social para poder atender todas las peticiones recibidas, unas 30.000, de las que 13.000 ya han realizado el recorrido turístico de costa e interior por la provincia.

La diputada provincial de Bienestar Social, Amparo Mora, y el presidente de la Unión Hotelera, Luis Martí, han firmado hoy la prórroga para este año, que dará continuidad al programa a partir de abril, dirigido a la tercera edad.

En 2013 se formalizaron más de 25.000 solicitudes a través de los ayuntamientos, muchas de las cuales se pidieron con posterioridad al mes de agosto, por lo que se llevarán a cabo durante este año.

El programa, dotado con tres millones de euros, persigue generar y mantener el empleo en las zonas turísticas durante la temporada baja, lo que supone desestacionalizar el turismo, «uno de los principales problemas» en la Comunitat Valenciana, ha manifestado Martí.

El plan ha permitido en 2013 el mantenimiento de entre 1.500 y 2.000 empleos en la provincia de Valencia tanto en alojamientos como en establecimientos hosteleros.

La ocupación en enero es «bajísima», del 30 % frente al 80 % en temporada alta, a excepción de la ciudad de Valencia, y el programa ayuda a que los hoteles no tengan que cerrar durante algunos periodos, y por tanto, no despedir a sus empleados.

Un total de 18 hoteles de costa e interior, con una media de un centenar de empleos cada uno, ha participado en el programa durante 2013.

La diputada provincial ha avanzado que la Diputación de Castellón ha mostrado su interés en el programa y en estudiar las fórmulas para aplicarlo en la provincia.

Esta extensión del programa en Castellón beneficiaría a Valencia al permitir el intercambio de viajeros entre ambas provincias.

Amparo Mora ha explicado que aun «quedan muchas personas» que han solicitado participar en el programa en sus ayuntamientos y que todavía no han podido realizar las rutas por la provincia.

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Miles de dependientes exigen frente al Palau la retirada «inhumana e injusta» del «repago»

ProtestasMiles de dependientes y familiares de toda la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes frente al Palau de la Generalitat contra «el ‘repago’ ilegal e inhumano impuesto» por la Conselleria de Bienestar Social en una protesta en la que han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.

Así, más de 5.000 personas se había concentrado ya a las 11.00 horas secundando esta convocatoria de más de una decena de entidades sociales y sindicatos bajo el lema ‘En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recorte’. A la protesta, a la que se fueron sumando autobuses de otros ochos centros de Alicante, se leyó un manifiesto para exigir la dereogación de este copago, que puede hacer abonar un máximo del 90 por ciento del coste de la plaza, lo que supone que algunos usuarios deberán pagar hasta 1.800 euros.

Los manifestantes, entre los que habían representantes de los partidos de la oposición, corearon gritos contra el copago y pidiendo la dimisión de Fabra y de Sánchez Zaplana, además de lemas como ‘Menos para el Valencia y más para la dependencia’, ‘Es una indecencia recortar en dependencia’ o ‘No se vende la discapacidad, se defiende’.

Entre las pancartas que llevaban se leía ‘Podéis quitarnos nuestros derechos. Podéis humillar a los débiles y discapacitados, pero la dignidad, la memoria y los votos son nuestros. En las urnas nos encontraremos», «Asunción, Asunción, que consellera más rata, Asunción, Asunción, no nos jodas la pensión’, ‘Tanto hablar de vida y se os ha olvidado de que sea digna’, ‘Calidad de vida o injusticia de por vida’, o ‘Más ayuda, menos recortes. tenemos derechos’.

Muchos de los concentrados llevan un cartel con la cantidad que el nuevo decreto de copago les obliga a pagar. Como Remedios Méndez, una madre de un niño con autismo de 37 años que se verá obligada a sacarlo de la residencia del centro ocupacional de Ontinyent (Valencia) al que asiste porque no puede hacer frente a los 4.287 de más que se le exige al año ya que su marido, con 60 años, no tiene trabajo.

«Somos lo último de la sociedad para ellos y no hay derecho. Quieren que tengamos hijos con deficientes. A la puerta de Gallardón –ministro de Justicia– le dejaba a mi hijo un mes», ha apuntado Méndez, quien ha criticado que «ven el problema de lejos» mientras que ellos «lo sufren cada día». «¿Qué pasará a mi hijo cuando yo me muera?», se ha lamentado.

Del mismo modo, Sergio Dares, un usuario de 35 años del Centro Ocupacional de Xàtiva, ha señalado que con la nueva orden pasará a pagar de 60 a 150 euros. «Es una vergüenza y no hay derecho», ha recriminado. Así, ha apuntado que se hace efectivo este pago tendrá que dejar el centro, donde pasa de 9 a 16:30 horas, y volver a casa. «Allí no hacemos nada», ha señalado.

ERRORES EN EL CÓMPUTO

Por su parte, Juan José García, padre una hija de 34 años con síndrome de down ha advertido de que para calcular el coste del copago al que deben hacer frente la Conselleria ha computado su renta como si fuera de su hija al ser su tutor legal, por lo que sumando a las ayudas que percibía le exigían pagar 320 euros de más.

«Tuve que ir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para poder demostrar que mi hija discapacitada no ha trabajado nunca y al final han admitido que ha sido un error, pero sé que se ha repetido con muchos más casos», ha advertido.

Antonio Raya, miembro de la Junta Directiva de COPAVA, ha señalado que sólo el pasado 8 de enero, siguiendo una convocatoria de la plataforma, se presentaron más de 700 recursos de alzada de forma individual y que piensan acudir también a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.

Así, ha señalado que es un «repago puesto que desde el 1 de enero están pagando dos veces por el mismo servicio», que además es «ilegal» e «inhumano» porque p»enaliza aún más a los casos más desprotegidos como huérfanos, por la pensión de orfandad más alta que perciben, o al tributar dos veces el patrimonio que familias han dejado a sus dependientes para asegurarles su futuro».

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