Generalitat valenciana
AECAS solicita al nuevo secretario autonómico que apueste por la coordinación socio-sanitaria para garantizar la viabilidad de la red asistencial pública a mayores
El presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés, ha solicitado al nuevo secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, que apueste por la coordinación socio-sanitaria para poder garantizar la viabilidad de la red socio-sanitaria pública de atención especializada para mayores y personas en situación de dependencia.
Penadés ha recordado que estas políticas permiten reducir el coste sanitario y agilizar la atención a este colectivo y que, con el impulso de la definición de recursos en las residencias de mayores todavía pendiente, se podría establecer un modelo con futuro y sólido para garantizar la calidad asistencial conseguida en la Comunidad.
Así, el hecho de que el nuevo Secretario Autonómico venga del mismo cargo en Sanidad se ha entendido como un paso adelante del Consell para afrontar algunas de las reformas necesarias para garantizar la viabilidad el sistema de atención socio-sanitario público, como es el caso de la citada reordenación del mapa de recursos, partiendo de los contratos públicos vigentes, o la implementación de acuerdos entre hospitales y residencias para reducir el gasto público sanitario manteniendo los servicios y la calidad asistencial.
Para Aecas, entidad que agrupa el 40% de las plazas de la red pública y concertada de la dependencia y el 99% de las plazas concertadas de capital privado, agrupadas en los planes de modernización del sector impulsados por la propia Generalitat Valenciana, es imprescindible apostar por un modelo asistencial sostenible y sujeto a compromisos públicos que aporten seguridad jurídica y garanticen la calidad en la atención de los mayores y las personas en situación de dependencia.
No obstante, el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas ha señalado que desde la patronal de los centros de accesibilidad estarán pendientes de que los cambios en la cúpula de Bienestar Social no sirvan de excusa para dilatar el citado proceso de reordenación de recursos y/o el pago de la deuda con el sector socio-sanitario.
Mayores retrasos de España
De hecho, la designación de Escolano se ha asumido como un intento del ejecutivo autonómico de refrescar la negociación con un perfil técnico y con conocimiento del sector, ya que pasa de la secretaría autonómica de Sanidad a la de Autonomía Personal y Dependencia, y cuenta con el respaldo del Vicepresidente del Consell, José Císcar, por lo que se espera que disponga de capacidad de maniobra con Sanidad, Presidencia y el área económica del Gobierno Valenciano, algo que no sucedía hasta la fecha.
En este sentido, Penadés ha destacado la accesibilidad y capacidad de diálogo de la ya ex secretaria autonómica, Manuela García, que espera se mantenga con Escolano, si bien, ha recordado que la capacidad operativa de Bienestar Social estaba muy mermada ante la insuficiencia presupuestaria y el estancamiento de la gestión de la atención a mayores y personas en situación de dependencia, lo que ha provocado una situación de discriminación frente a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Una situación de desamparo que ha provocado que la Comunidad Valenciana tenga el ratio de retrasos en el cobro mayor de España, con cerca de 9 meses de media, frente a los 3 que se registran en la mayoría de autonomías. Y que el sector, tras tres años sin un plan de pagos ni medidas efectivas para subsanar la deuda, carece de la estabilidad necesaria para garantizar la viabilidad de la red pública de atención socio-sanitaria. Por ello, Marcos Penadés ha incidido en la necesidad de retomar la próxima semana las reuniones para abordar la restructuración del mapa de recursos, negociar el futuro plan de pagos y el abono de la deuda restante, en las que espera esté el propio Manuel Escolano, tal y como se le solicitó el mismo día de su nombramiento.
Así, Penadés ha incidido en que es necesario establecer un nuevo punto de partida para todo el sector, que pasa no sólo por garantizar el cobro de los servicios en tiempo y forma, sino también respetar los diferentes modelos implantados, así como los concursos públicos y licitaciones vigentes. Y, en esta línea, el Presidente de Aecas recuerda que el sector ha mantenido las prestaciones y la atención con normalidad a pesar de la crítica situación en la que se ha visto inmerso por los impagos del Gobierno Valenciano. Si bien, lo que no se puede soportar es que los operadores, trabajadores y usuarios se vean abocados a vivir en la incertidumbre y la inseguridad jurídica porque la Administración no cumple siquiera los contratos administrativos firmados.
@Aecascomunica
S.Zaplana admite que ha habido fallos al informar a dependientes sobre copago
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha admitido que ha habido «fallos» en la información que desde la Administración se ha transmitido a los dependientes sobre el copago, una medida que a su juicio no atenta contra el Estado de Bienestar «sino todo lo contrario».
«No es un copago, es una participación del usuario en los servicios públicos que recibe pagados por los impuestos de todos», ha asegurado en una entrevista a EFE Sánchez Zaplana, quien ha subrayado que el Consell «garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos».
A su juicio, la aportación que harán los ciudadanos que sean atendidos en residencias, centros de día o centros ocupacionales, «contribuye a garantizar la sostenibilidad y la eficacia del sistema de atención social», y ha recordado que ese copago está contemplado en la Ley de Dependencia que entró en vigor en el año 2006, cuando gobernaban los socialistas.
La consellera ha negado que en la Administración haya habido «pasividad» respecto a este problema. «Otra cosa es lo que se pueda haber trasladado de cara a la ciudadanía», según Sánchez Zaplana, quien ha confesado que «quizá ese mensaje, y hay que hacer un poco de autocrítica, puede no haber llegado de forma correcta» a la sociedad.
«Teníamos que ser capaces de explicarlo bien. Lógicamente si lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien tendremos que seguir explicándolo», ha asegurado la titular de Bienestar Social, quien ha reconocido que ha habido muchas personas «que se han visto alteradas o convulsionadas por este nuevo sistema».
No obstante, ha insistido en que «en ningún momento se ha dejado de lado al sector. Estamos trabajando mucho con las distintas entidades y colectivos y desde marzo del pasado año tenemos una mesa técnica con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
La consellera de Bienestar Social ha explicado que el decreto que establece la aportación de los usuarios a los recursos, aprobado por el Consell el 2 de agosto de 2013, era necesario para igualar a las personas no dependientes con las dependientes. «No podíamos hacerlo de otra forma».
Según ha indicado, la normativa anterior daba lugar a que personas del mismo centro, unas con dependencia y otras sin valoración de dependencia, recibían los mismos servicios pero unas tenían que hacer una participación económica y otras no.
«El Gobierno valenciano no está haciendo nada diferente a otras autonomías», ha señalado la consellera, quien ha recordado que estamos «dentro de un marco legal».
En este sentido, ha destacado que la Comunitat Valenciana y la de Madrid eran las dos únicas autonomías que no tenían regulada la participación de los ciudadanos con discapacidad en los servicios que recibían y «por eso nuestra situación era más complicada».
«No es que al Gobierno valenciano se le ha ocurrido de repente que el usuario participe, sino que la Ley de la Dependencia propuesta por el Gobierno socialista, y que se aprueba por consenso de muchos grupos políticos, ya recoge en su articulado esa participación», aclara.
Respecto a los recursos de alzada presentados por centenares de dependientes al Decreto de la Generalitat que establece el copago, la consellera indica que se han detectado errores en algunos de los expedientes y resoluciones individuales que han recibido los usuarios porque «puede haber un cruce de datos que no sean correctos».
Según ha explicado, se remitieron 7.137 expedientes y resoluciones, y en unos 150 o 160 de ellos el propio equipo técnico de la Consellería ha detectado errores «que está corrigiendo en estos momentos».
No obstante, ha reiterado que no aportarán nada aquellos usuarios que estén por debajo de los 532 euros del IPREM -unos 2.130- ni los 1.800 niños de cero a seis años usuarios de los centro de atención temprana.
Además, solo el 2,17 % de los usuarios -155 personas con rentas superiores a 26.000 euros- aportará el 90 % del coste de los recursos por la atención que recibe (39 en el ámbito de las residencias, 26 en los centros de día y 90 de centros ocupacionales).
«A partir de ahí, los que aportan lo harán en función de su capacidad económica, y esta no es una decisión caprichosa, sino basada en datos contrastados», ha explicado.
Sánchez Zaplana ha señalado que ningún centro de atención a dependientes «va a cerrar» porque las subvenciones para el mantenimiento de los mismos se incrementa este año en un 3,6 por ciento, al pasar de los 65,8 millones en 2013 a los 68,4 millones en 2014.
También ha destacado que desde que asumió el cargo, se han realizado pagos de algo más de 550 millones de euros, el 65 % de ellos para la discapacidad y dependencia. Entre ellos se incluyen los 80 millones, cuyo pago se inició a finales de 2013 a través del excedente del FLA.
De esos 80 millones, más de 48 son para la atención de personas en situación de dependencia, y entre ellos destacan los cerca de 22 millones en concepto de retroactividad, así como otras cantidades que se distribuyen entre bono residencia, nómina mensual de dependencia o gestiones integrales de centros para personas con discapacidad.
Asimismo, 9 millones se distribuyen entre distintos Ayuntamientos de la Comunitat para la financiación de centros residenciales de titularidad municipal, y 7 para el pago de Renta Garantizada de Ciudadanía.
En el área de cooperación e integración, se han abonado cerca de 700.000 euros para la red de Agencias AMICS de los ayuntamientos que ofrecen atención a la población inmigrante, y para proyectos de Formación e Investigación desarrollados con las universidades públicas.
Asimismo, se han abonado 6’2 millones de euros para el mantenimiento de centros de menores, y más de 2 millones para centros y servicios de la dirección general de Familia y Mujer.
Bienestar Social reduce su deuda hasta los 60 millones de euros
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social ha equilibrado sus cuentas de manera significativa en el último año, reduciendo su deuda en más de 500 millones de euros. Así, según fuentes del Área que lidera Asunción Sánchez Zaplana, solo quedan pendientes de abonar unos 60 millones de euros a las residencias de mayores. El resto de las partidas están al día.
Precisamente, el pasado mes de noviembre, los centros para discapacitados cobraron 65 millones de euros. El resto de la deuda con el sector se saldó en diciembre, cuando llegó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y es que desde que Sánchez Zaplana aterrizó en Bienestar Social su objetivo fue pagar las facturas pendientes, para lo que se reunió con cada uno de los representantes del sector. Además, estrechó las relaciones con la Conselleria de Hacienda, para priorizar los pagos a los colectivos afectados.
Cabe recordar que durante el mandato de su antecesor en el cargo, Jorge Cabré, los dependientes, discapacitados y demás asociaciones se manifestaban casi semanalmente. Algunos centros incluso se vieron obligados a cerrar por los impagos. Las sucesivas ayudas económicas del Gobierno central han ayudado en gran medida a solventar esta situación, aunque todavía están pendiente de pago algunas facturas de los centros subvencionados de atención a personas mayores.
AERTE solicitará una reunión de urgencia con Manuel Escolano para solventar la crítica situación del sector de la dependencia
Medidas de urgencia: plan de pagos serio, liquidar la deuda acumulada y resolver los más de 13.000 expedientes paralizados de personas con dependencia.
Copago: Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias.
Ante el nombramiento del secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, Aerte desea comunicar:
La Junta Directiva de Aerte quiere agradecer el interés y esfuerzo demostrado por Manuela García como secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, en un contexto extremadamente complejo, tanto en lo económico como en lo social. Quiere subrayar especialmente su disponibilidad y atención en todo momento para intentar encontrar soluciones a los múltiples frentes que afectan al sector de la dependencia, lamentando a su vez el escaso éxito conseguido y carecer del tiempo necesario para poder avanzar y llevar a cabo las reformas que necesita el sector.
La Junta Directiva de Aerte felicita a Manuel Escolano por su nombramiento como secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, poniéndose a su disposición para agilizar los trabajos y temas propuestos al departamento, dirigidos a dar una solución rápida a los diferentes problemas que afectan desde hace tiempo al sector y a colaborar de forma conjunta para impulsar soluciones sostenibles y de futuro que permitan mejorar de forma sustancial la asistencia a personas dependientes de una forma eficiente, alcanzando logros con una utilización óptima del presupuesto.
Para ello, solicitará esta semana una reunión de cara a retomar aquellos puntos más críticos para la supervivencia de la dependencia, como son:
– Elaborar un plan de pagos estable, equilibrado y equitativo con las empresas y centros de atención a personas dependientes para evitar más cierres a corto plazo. Cada mes de impago supone 15 millones de deuda.
– Agilizar el segundo tramo del FLA, de cara a solventar la deuda acumulada, situación insólita en otras comunidades autónomas.
– Agilizar de forma prioritaria los más de 13.000 expedientes paralizados durante años de cara a que personas dependientes perciban las prestaciones que por Ley les corresponde.
Copago.
Con referencia al Copago. Aerte encuentra necesario tratar a todos los dependientes por igual. Propone una reevaluación de la situación de las personas con discapacidad, pero también de los mayores que ya vienen abonando desde hace un año el aumento del copago al 90%, incluso hay alrededor de 3.000 personas mayores que asumen más que ese porcentaje en residencias. Una situación, que hace que a la mayoría de ellos les supere con creces lo que tienen que pagar con respecto a sus ingresos mensuales, problema que ya ha sido denunciado por Aerte en varias ocasiones.
La Asociación tiene la esperanza de que el nuevo secretario autonómico entre con la energía y la capacidad de decisión necesarias para asumir cambios imprescindibles, y aplicar medidas que, sin embargo en otras CCAA ya se han aplicado, ante la insostenibilidad del formato actual que provoca desde hace años una situación caótica.
«Bienestar Social deja a los abuelos en la indigencia»
Copago en residencias de ancianos. Las denuncias por el nuevo copago también afectan a los mayores. En una residencia de Elche restan 1.034,22 euros de una paga de 1.135,40 al mes y, además, el coste de medicinas que no cubre Sanidad.
Uno de los ancianos ingresado en una residencia concertada de Elche, con el visto bueno de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento, ingresa al año casi 16.000 euros o, lo que es lo mismo, 1.135,40 euros al mes incluidas dos pagas extra, pero el nuevo copago aplicado por Bienestar Social le exige pagar 1.034,22 euros al mes 14 veces al año, es decir, incluyendo las pagas extras. Su sobrina, María Luisa Villar, denuncia indignada que con solo 100 euros que le quedan al abuelo al mes apenas le llega para el contrato del móvil, 15 al mes, y el seguro de decesos, otros 12, como únicos gastos fijos que soporta, «para cualquier medicina no incluida en la seguridad social, cortarse el pelo y las uñas, maquinillas de afeitar y ropa interior, ya no tiene. Les dejan en la indigencia al quitarles también las pagas extra, porque la residencia no les cubre este tipo de necesidades que debe pagar ellos».
Para María Luisa el nuevo copago de Bienestar Social es «una agresión hacia nuestros ancianos porque les dejan en la indigencia. Es todo un abuso, yo lo llamaría robo. Van a conseguir que parezcan animales».
Una dependiente de 84 años denuncia al Consell por «quedarse» su pensión y la extra
Felisa Trampal Navarro, residente del geriátrico público de Torrevieja, ha decidido pasar de la protesta a la acción. Con la ayuda de UGT, acaba de presentar un recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social de «llevarse» las pagas extraordinarias de los mayores que tienen plaza en una residencia pública. Una decisión que la Generalitat justifica en la necesidad de establecer un copago de los servicios públicos, pero que supone un auténtico mazazo para un sector de población que ya vive asfixiado por otros recortes. Los usuarios de residencias públicas ya empleaban antes de esta decisión la mayor parte de su pensión en pagar la plaza.
Con la meridiana lucidez que le da una experiencia de 84 años, Felisa explica que llevará su oposición a esta medida hasta «donde sea». Como ella dice, «a estas alturas de mi vida no le tengo miedo a nada», así que ha decidido dar orden al banco de devolver uno de los dos recibos que en junio le pida la residencia, «…y luego, Dios dirá«. Cerca de 11.500 personas en la Comunidad reciben una prestación residencial. La medida les afecta a todos en el caso de las pagas extra y en distintos grados en la pensión mensual. Bienestar Social «se come» hasta el 90% de las más altas y deja más margen a las más reducidas. La afectada critica el «lenguaje vacío de políticos y Conselleria que temen hablar con claridad, de ahí que hayan estado un año con rumores y sin que se aclarara nada» hasta recibir notificación escrita el 16 de diciembre. Pero cansada de protestas testimoniales, Felisa decidió plantarse entonces en UGT y recurrir.
La Generalitat valenciana abona 13 de los 25 millones de deuda acumulada que Bienestar Social se comprometió a pagar en Navidad
La deuda acumulada de la Administración valenciana con el sector asciende a 80 millones de euros.
La Administración autonómica ha abonado, a través del mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), 13 de los 25 millones de euros de deuda acumulada que la Conselleria de Bienestar Social se había comprometido con AERTE a pagar entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014.
Según las primeras estimaciones realizadas por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, estos trece millones contabilizados hasta el momento corresponden a:
– Del programa Bono-residencias, 4 millones de euros aproximadamente.
– De Gestiones Integrales, servicios públicos de gestión privada, se ha abonado 1,5 millones aproximadamente, sólo de atención a personas con discapacidad.
– Respecto a las Prestaciones Vinculadas al Servicio, se ha abonado algo más de 3 millones de euros.
– De plazas concertadas unos 4,5 millones de euros.
María José Mira, directora general de AERTE “aunque es puntual e insuficiente, valoramos positivamente esta inyección extraordinaria del FLA que supone un pequeño respiro para algunos centros, no para todos, ante la asfixiante situación por la que atraviesan fruto de la deuda acumulada que mantiene la Administración valenciana desde hace años”. Aunque se ha abonado esta cantidad, a día de hoy la deuda acumulada que mantiene el Gobierno valenciano con el sector se eleva a más de 80 millones de euros.
Mira ha puntualizado, “la mayoría de los centros soportan una tremenda carga de deuda por parte del Gobierno valenciano y total falta de liquidez desde hace demasiado tiempo. Hay centros y servicios que todavía no han percibido nada desde octubre de 2012. La consecuencia directa es la imposibilidad de hacer frente a gastos diarios y al pago a trabajadores profesionales, lo que hace peligrar su continuidad a corto plazo”.
Por ello, AERTE insiste de forma reiterada en pedir a la Generalitat Valencianaun plan de pagos para este año, que huya de la asimetría y el incumplimiento, así como agilizar cuanto antes el abono del segundo tramo del FLA, que solucionaría la deuda anterior a mayo de 2013.
De este modo, desde la asociación se quiere evitar a toda costa cierres, impagos a los trabajadores y despidos, que perjudique al conjunto del sistema de atención sociosanitaria a la dependencia de la Comunidad Valenciana. Cada mes de impago por parte de la Administración genera más de 15 millones de deuda al sector.
El copago ahoga a más de 3.000 discapacitados y ancianos de Castellón
Más de 3.000 discapacitados y personas mayores de la provincia de Castellón están en pie de guerra contra el copago que la Conselleria de Bienestar Social tiene previsto aplicar desde este mismo mes de enero. Una nueva tasa que, en el caso de los discapacitados, llega hasta a quintuplicar la aportación que ya venían realizando y que en la mayoría de los casos les deja casi sin recursos propios, ya que supone el 90% de su renta personal.
La situación es “dramática”, según denuncian de forma unánime los 15 colectivos de discapacitados de la provincia a los que afecta el copago, ya que auguran que muchos de los 1.500 usuarios a los que perjudica no podrán hacer frente a la nueva cuantía y se darán de baja del servicio. Tanto es así que desde hoy mismo afectados y familiares empezarán a presentar en la Delegación Territorial de Bienestar Social en Castellón un “aluvión” de recursos de alzada con el objetivo de que la Conselleria escuche sus demandas y anule esta medida, que además contempla 14 mensualidades en vez de 12. De momento, el departamento de Asunción Sánchez Zaplana guarda silencio y declina pronunciarse.
Y es que hay casos en los que un discapacitado que hasta ahora abonaba 400 euros al mes por una plaza de residencia deberá pagar 1.800 euros al mes. Además, asociaciones como Afanías, Aspropace, Síndrome de Down o Frater han detectado “graves” errores en el cálculo realizado por Bienestar Social, por eso llaman a las familias a recurrir.
SOLIDARIDAD // “En Afanías van a presentar recurso casi todos los usuarios -hay 160 personas- hasta aquellos a los que les sale a pagar cero por solidaridad con el resto”, aseguró ayer el presidente de esta asociación de discapacitados intelectuales, Juan Bru.
Al revisar las distintas notificaciones de copago, las asociaciones han advertido que aquellas personas discapacitadas más golpeadas por el nuevo copago son las que perciben una pensión por orfandad, así como las que cuentan con algún inmueble a su nombre o dinero a plazo fijo, que su familia les ha previsto de cara a un futuro. “Es injusto que alguien que ha perdido a su progenitor, que era quien sustentaba la economía familiar, vea ahora cómo sufre un mayor copago al contabilizar esta pensión como renta”, denuncia la gerente de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Mar Tirado.
De igual modo la gerente de Aspropace, María Dolores Tirado, califica de “injusto” que la Conselleria tenga en cuenta este tipo de pensión a la hora de calcular el copago de cada usuario.
“Es muy duro pasar de tener cierta autonomía, como ocurría hasta ahora, a tener casi que pedir limosna, porque hay usuarios a los que solo les quedarán poco más de 100 euros al mes para sus necesidades”, criticó la directora de la residencia de Frater Castellón, Rosa Gual.
RECAUDADORES // Sin duda, uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos que dan voz a los discapacitados es el hecho de que se van a convertir en entidades recaudadoras, ya que serán ellas las que deberán cobrar a los usuarios y sus familias el nuevo copago. Esta cantidad será la que la Conselleria de Bienestar Social les restará de las subvención anual que reciben. “Nos va a tocar perseguir a la gente para que pague y, cobremos o no, nos lo van a descontar de la subvención”, denunció el presidente de Afanías.
TERCERA EDAD // El nuevo copago también afecta a entre 1.500 y 2.000 personas mayores que se encuentran en residencias de mayores de la provincia de Castellón ocupando plazas públicas o concertadas, según cálculos del sindicato CCOO. Así, según expresó su portavoz, Encarna Barragán, pasarán a pagar 14 mensualidades en lugar de las 12 actuales, además de sus pensiones les quedará menos dinero porque ha cambiado el sistema de cálculo.
En este sentido, Barragán denuncia que a los ancianos les van a dejar con 100 euros al mes, “con lo cual no les va a llegar ni para pagar sus propias medicinas”. La patronal de las residencias de mayores, Aerte, teme que el aumento de las cuantías lleve a los usuarios a dejar los centros, “ya que las familias no pueden tampoco pagar este incremento”.
El Consell renueva las 2.000 plazas a geriátricos impulsados por Cotino
La historia se repite. Los beneficios que otorga la Conselleria de Bienestar Social a los geriátricos impulsados por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, siguen año tras año. Los motivos no están claros, no se sabe si se debe al continuismo de la política del Consell o la ‘alargada sombra’ o poder del presidente de las Cortes.
Sea por un motivo o por otro, y a pesar de las quejas del sector, las 2.000 plazas que el pasado año concertó la Conselleria de Bienestar Social a las residencias del modelo Cotino serán renovadas en los próximos días para darles continuidad en 2014.
La Conselleria ubicada en el complejo 9 d’Octubre ya tiene preparada una orden para mantener el concierto al grupo de geriátricos que disponen de plazas de accesibilidad, entre las que se hallan las quehan pertenecido al sobrino del político valenciano, Vicente Cotino Escribá: Gerocentros y Savia. En concreto, este grupo de residencias consolida el segundo tercio de las plazas de que ya disfrutaba y amplía su concierto con 2.000 plazas que se suman a las 2.000 que ya tenía desde 2001.
Con lo cual los geriátricos AECAS -9 empresas- mejoran su situación al pasar a tener un total de 4.000 plazas concertadas, que son las primeras que se cubren cuando exista demanda de la población y las que primero cobran, para colmo del resto de residencias que no disponen de estos privilegios.
El hecho de que se vuelva a concertar las plazas a los centros del ‘modelo Cotino’ ha generado la consiguiente sorpresa y malestar en el resto de geriátricos porque el equipo actual de Bienestar Social -tanto la consellera Asunción Sánchez Zaplana, como la secretaria autonómica Nela García– habían dado esperanzas de no beneficiar sólo a 9 empresas.
De hecho, el ex conseller Jorge Cabré y el ex secretario autonómicoJoaquín Martínez rechazaron por escrito la ampliación de plazas para las residencias que estuvieron vinculadas a los Cotino ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De forma oficial, Bienestar Social se negaba a asumir el convenio que les permitía conseguir además del tercio de plazas del que ya disponen, que posteriormente recibieran los otros dos tercios restantes, hasta completar el 100% de las plazas. Desde Bienestar Social se argumentó que estos geriátricos no pueden beneficiar «un derecho de monopolio».
Estos geriátricos privilegiados habían consolidado el primer tercio de las plazas porque lo obtuvieron en 2001 y en repetidas ocasiones han reclamado a la Administración que cumpla con el convenio y les ceda el segundo y el tercer tercios, que les permitirían lograr 6.000 plazas.
No en vano, EL MUNDO denunció en mayo de 2010 que Juan Cotino benefició a las empresas de su familia al crear y poner en marcha varias normativas de gestión de residencias de la Tercera Edad que mejoraban sus condiciones de negocio mientras él era responsable de Bienestar Social, entre el 29 de junio de 2007 y el 28 de agosto de 2009. Con la orden del 5 de diciembre de 2007, Cotino amplió el número de plazas financiadas por la Conselleria que él dirigía. En aquella orden, el político de Xirivella eliminó la limitación contractual de un tercio que había en un principio y la amplió para que el grupo de residencias entre las que su familia había impulsado llegaran al 100% de las plazas existentes.
Esta trayectoria de mejoras para los geriátricos que promocionó Cotino se han venido repitiendo con contratos puntuales, pero desde el 31 de marzo de 2012 el contrato no se había renovado.
Por ello, llama la atención que Bienestar Social haya cambiado radicalmente sus argumentos y siga con condiciones más ventajosas para estas residencias a pesar de que había criticado que el convenio de 2001 se realizó «con reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas» y que «resulta inexplicable que se pida [por parte de los centros del modelo Cotino] la contratación de la totalidad de las plazas y se reconozca responsabilidad patrimonial».
Incluso, desde Bienestar Social se llegó a criticar que para aumentar el concierto se había forzado a que los geriátricos redujeran un 9% del precio de las plazas. De esta forma pasaron de cobrar 1.850 euros por paciente a 1.600 euros.
Desde la Administración también se recordó que se había consultado al resto del sector, a las asociaciones Aerte y Lares, para que mostraran su conformidad por carta sobre la ampliación de plazas concertadas a sólo un grupo de empresas. Una cuestión generó grancabreo a la mayoría de empresas porque consideran que han sido agraviadas frente a las impulsadas por la familia Cotino.
Este diario llamó a Bienestar Social para conocer el motivo de la renovación de la concertación de las plazas con las residencias impulsadas por el presidente de las Cortes pero, tras varios días de espera, no ha recibido respuesta.
Más de 21.000 personas disfrutan ya de las ventajas de la Tarjeta del Mayor
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, ha afirmado hoy que un total de 21.056 personas mayores de la Comunitat Valenciana disfrutan ya de las ventajas que ofrece la Tarjeta del Mayor de la Generalitat.
En este sentido, ha manifestado su satisfacción «ante la buena acogida de esta iniciativa entre las personas mayores de la Comunitat Valenciana, que pueden acceder así a una serie de ventajas y descuentos en establecimientos y servicios sociosanitarios como ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, etc». Los beneficiarios pueden consultar el catálogo de servicios y establecimientos adheridos en la página web de la conselleria de Bienestar Social.
Por provincias, la de Alicante cuenta con un total de 4.084 tarjetas emitidas, la de Castellón cuenta con 2.100 tarjetas y en la provincia de Valencia 14.872 personas mayores ya disponen del documento acreditativo.
La consellera ha señalado que la Tarjeta del Mayor es una iniciativa de la Generalitat que pone de manifiesto «el constante esfuerzo del Consell por mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ofreciéndoles una amplia variedad de recursos y servicios para dar respuesta a sus necesidades e inquietudes».
Asimismo, ha indicado que la conselleria de Bienestar Social destinará en 2014 más de 200 millones de euros para la atención asistencial y programas destinados a las personas mayores de la Comunitat Valenciana».
Empresas adheridas y tipología
Sánchez Zaplana ha explicado que un total de 413 empresas de la Comunitat Valenciana se han adherido ya a la tarjeta del Mayor, y ha añadido que «desde la conselleria de Bienestar Social continuamos trabajando para ampliar los beneficios para los usuarios de esta tarjeta».
Dentro de los comercios y empresas adheridos a la Tarjeta del Mayor figuran ópticas, clínicas dentales, centros auditivos, casas rurales, agencias de viajes, cafeterías, tintorerías, fisioterapeutas, gimnasios, centros de estética, decoración y mobiliario para el hogar, podólogos, tiendas de moda, talleres de reparación de vehículos, zapaterías, panaderías, pastelerías, perfumerías, ferreterías, farmacias, funerarias, floristerías, herbolarios, empresas de reparación de electrodomésticos, residencias, centros de día, despachos de abogados, estudios de fotografía, entre otros.
La consellera ha agradecido la colaboración de «todas estas empresas que han decidido participar en esta iniciativa tan beneficiosa para las personas mayores», y se ha dirigido al resto de empresas y comercios de nuestra Comunitat para que se sumen a esta iniciativa.
Requisitos para acceder a este servicio
Pueden ser beneficiarias de la Tarjeta del Mayor todas aquellas personas de la Comunitat Valenciana que tengan 65 años cumplidos o 60 años y que sean pensionistas.
Para obtener la Tarjeta del Mayor, las personas mayores pueden dirigirse a las Oficinas Prop de la Comunitat Valenciana, a los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, en las tres provincias de la Comunitat, así como a los Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM) y a los Servicios Sociales de los distintos municipios.
El Catálogo de Servicios de la Tarjeta de Mayor puede ser consultado en la página web de la Conselleria de Bienestar Social http://www.bsocial.gva.es. , que se actualiza mensualmente.
Por último, la consellera ha destacado la importante colaboración para la difusión de la Tarjeta del Mayor de las distintas asociaciones de jubilados y pensionistas de nuestra Comunitat, como las UDP de Alicante, Castellón y Valencia y la Federación CIMA de personas mayores.
AERTE reclama que Bienestar Social abone entre el 30 de diciembre y el 2 de enero los 25 millones de euros, tal como se comprometió
. La Conselleria de Bienestar Social continúa acumulando deuda con el sector de la atención a la dependencia, al seguir sin abonar las cantidades establecidas mensualmente, cada mes de impago supone 15 millones de euros. La deuda acumulada al final de este mes será de más de 115 millones.
Como en más de una ocasión ya ha denunciando AERTE, la situación de continuos impagos y promesas incumplidas no puede sostenerse más. Centros de atención a la dependencia no han podido hacer frente a la paga extra de Navidad de sus trabajadores y, en algunos casos, tampoco a las nóminas de noviembre y diciembre.
María José Mira, directora general de AERTE, ha reconocido que “a ningún empresario le gusta dejar de abonar la paga de Navidad y las nóminas, sobre todo, en un sector como este, donde la mayor parte del gasto es en personal especializado. En la mayoría de los casos, incluso, es el único sustento de sus familias”. Mira subraya que en representación de las empresas desea “agradecer a los trabajadores del sector su paciencia y apoyo en momentos como estos, dado su compromiso por seguir atendiendo a las más 30.000 personas dependientes a pesar de la situación”.
Reclama que Bienestar Social abone los 25 millones comprometidos
La Conselleria de Bienestar Social comunicó la semana pasada a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014, abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada.
Aunque esta cantidad es insuficiente para solventar la dramática situación, Aerte urge a cumplir con este compromiso en las fechas establecidas, de una forma equilibrada, para dar un puntual respiro al sector. Así mismo, reclama que el pago de la segunda fase del FLA se agilice lo antes posible dada la extrema falta de liquidez de los centros que ahora no recibirán ni un euro.
Plan de pagos
Desde AERTE, su directora general insiste que es “imprescindible que se adquiera un compromiso por parte de la administración para establecer un plan de pagos”, ya que en este sector cada mes que pasa sin cobrar se genera una deuda superior a los 15 millones de euros. La segunda fase del FLA, una vez que se active, únicamente solucionará la deuda anterior a abril de 2013.
Establecer un plan de pagos permitiría, según María José Mira, asegurar un cobro continuo a las empresas y entidades que prestan servicio a la dependencia. Mira aboga por un “plan de pagos equilibrado entre todos los programas que garantice, no sólo la atención a los más de 30.000 dependientes, sino la supervivencia de las empresas del sector y sus trabajadores”.
AERTE solicita reunión con el Presidente Fabra
AERTE ha solicitado una reunión al Presidente Fabra para encontrar una solución consensuada que permita no sólo afrontar el futuro del sector sino establecer un calendario de pagos que se cumpla y también posibilitar la resolución de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas dependientes. En definitiva, para solicitarle que interceda para que la dependencia no siga siendo lo último en el que piense el gobierno valenciano.
La Generalitat comunica a Aerte el pago de 25 millones de los 100 de deuda acumulada con centros y residencias
La Conselleria de Bienestar Social ha comunicado a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) que entre el 30 de diciembre y el 2 de enero abonará unos 25 millones de euros los centros, correspondientes a la deuda acumulada que mantiene y que alcanza los 100 millones de euros.
La entidad ha apuntado en un comunicado que, ante este anuncio, las empresas del sector «encontrarán un respiro puntual a la extrema complejidad en la que se encuentran muchos centros y residencias debido a la deuda acumulada que mantiene la administración valenciana, a día de hoy más de 100 millones, y que en algunos casos se mantiene durante más de doce meses seguidos».
Aerte espera que el pago se realice «en los plazos previstos y de una manera equilibrada» entre todas las empresas, de manera que se evite «la asimetría continuamente practicada por Conselleria de Bienestar Social que supone un agravio comparativo continuo entre centros, pero también entre personas dependientes».
En este sentido, ha subrayado que una «gran parte de la deuda no ha sido abonada desde la Conselleria al no haber contabilizado las facturas, y reconocido así la deuda en tiempo y forma». Entre otros, cita como ejemplo las correspondientes a la gestión de centros de titularidad pública o el sistema Bono.
«CONTINUA ESPIRAL DE DEUDA»
La entidad ha recalcado que el abono de los 25 millones «corresponde a deuda acumulada desde hace demasiado tiempo» y ha reclamado la necesidad de que se realice «el pago mensual correspondiente al sector». «Cada mes de impago supone más de 15 millones de euros, lo que conlleva una continua espiral de deuda que no da solución definitiva a la gravísima situación actual del sistema la dependencia en la Comunitat».
Por ello, reclama un plan de pagos para 2014 «que se cumpla, tanto de las cantidades pendientes de deuda acumulada como de las mensuales, de modo que permita a las empresas tomar las medidas oportunas para evitar cierres de centros o el impago a los trabajadores».
13.000 EXPEDIENTES PENDIENTES
Así mismo, ha instado «una vez más a colaborar con la Administración para encontrar aquellos mecanismos que permitan garantizar el abono». Por último, ha reclamado «con urgencia» al Gobierno valenciano «que resuelva los más de 13.000 expedientes que tiene pendientes –2.000 más que hace un año– de personas que han sido reconocidas dependientes y que esperan las prestaciones que por ley les corresponde, en algunos casos desde hace mas de tres años».
Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día
Familiares de afectados han recibido una carta de la Conselleria en la que les comunican que a partir de enero de 2014 tendrán que abonar hasta 700 euros mensuales.
Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con carteles sobre los recortes en la dependencia. Hoy se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la ley y, tal y como manifestaron desde la plataforma, no es momento de celebraciones. Un centenar de personas se concentró para denunciar la paralización de la normativa en la Comunitat. Más que indignados, Maite mostraba la carta que acaba de recibir de Bienestar Social.
Los dependientes que acuden a centros ocupacionales y de día deberán a partir de enero hacer más desembolso. Así ha empezado a comunicarlo esta semana la Conselleria. Entra en vigor un copago por estos recursos, -que se añade al farmacéutico- y que fue aprobado en agosto. En el caso de Maite asciende a 95,53 euros por 14 mensualidades. Es lo que deberá abonar si quiere que su hija Marina, de 28 años, siga acudiendo al centro ocupacional de Terramar en Apsa.
«Ella está llorando porque quiere ir», comentaba Maite, que ve muy difícil poder llevarla el próximo año cuando en su casa son familia numerosa, entra un ingreso de 426 euros y hay una persona mayor dependiente. «Además, nosotros ya estábamos pagando porque para ir al centro costeamos el servicio del autobús que son 135 euros», explicaba esta madre durante la protesta, quien añadía que Bienestar ha hecho el cálculo de la aportación según el nivel de renta de su hija. Un copago que, para la diputada autonómica de EU, Esther López, es un «repago y que ahoga más a este sector que tanto necesita una administración que garantice los derechos sociales básicos».
López afirmó que ha preguntado por los costes reales de los servicios (que no han sido publicados en ninguna parte) y que «el Consell, hoy por hoy, no desvela», según se desprende de una respuesta parlamentaria de la consejera Asunción Sánchez Zaplana, firmada el pasado 26 de noviembre del 2013.
Según los familiares, el copago es muy variable. Hay casos de 65 euros, de 100, de 187, de 375 y hasta de 725 euros al mes. Así se recoge en las cartas mostradas en la concentración que han llegado a usuarios del centro ocupacional Maigmó de San Vicente. Paulino López, trabajador en el sector, insistió en que todas estas familias ya están abonando un cuota mensual a las asociaciones, que puede rondar los 90 euros, para cubrir servicios a los que no se llega como son el transporte y el comedor. Sobre el caso de 700 euros, la explicación que dio es que hay padres que han puesto a nombre de sus hijos propiedades que tienen para «asegurarse en un futuro alguien va a hacer cargo de ellos».
En todas estas misivas, firmadas por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, se explica la disposición adicional cuarta del Decreto 113/2012, de 2 de agosto del Consell por el que se establece la aportación en los centros y servicios que reciben financiación pública y que será abonando directamente al centro que lo presta.
Una medida que traerá consecuencias «graves», según manifestó el portavoz de la Plataforma de la Ley de la Dependencia en Alicante, Miquel Martorell, quien recordó también los problemas con el copago farmacéutico que se impuso. «Hay personas que no se están comprando la medicación porque tienen que hacer frente a los gastos de luz, agua, además de la vivienda».
Martorell lamentó que la Comunitat está a la cola del país en la aplicación de la normativa -«está totalmente paralizada», añadió-, y dio cifras. En un año ha habido un recorte de 10.046 derechos en teleasistencia en la Comunitat, de 638 usuarios en residencias, de 425 vinculados a prestación de servicios y 3.675 por prestación económica porque no hay reposición tras los fallecimientos. Además, 21.500 personas están en lista de espera y se adeudan 22 millones por retroactividad. Aun así, «vamos a resistir, tenemos dignidad, fuerza y lucharemos», concluyó el portavoz.
Bienestar Social incrementa el presupuesto destinado a las personas con discapacidad
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha afirmado hoy que la Generalitat ha incrementado el presupuesto para 2014 destinado a la atención a personas con discapacidad en un 3’6 por ciento, lo que supone diez millones de euros más respecto a 2013. Así, la inversión total destinada al colectivo para el próximo año asciende a 160’84 millones de euros.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, Sánchez Zaplana ha visitado en Cheste el Invernadero ‘La Humanitat’, gestionado por el área de Jardinería-Vivero Garden del Centro Especial de Empleo del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS). La consellera ha estado acompañada por el alcalde del municipio, David Doménech, y la concejal delegada de Contaminación Acústica, Sanidad, Consumo, Playas, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal, así como por la directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, Pilar Collado.
El Centro Especial de Empleo del IVAS tiene una plantilla de 124 trabajadores, de los que el 78% son personas con discapacidad intelectual, física o sensorial, y cuenta con seis áreas de producción: Artes Gráficas, Gestión Documental, Prestación de Servicios, Centro de Gestión-Formación Internauta, Manipulado industrial y Jardinería-Vivero Garden.
Convenio con el Ayuntamiento de Valencia
A través de esta última área se gestiona el Invernadero ‘La Humanitat’, donde se desarrolla un plan de producción y comercialización de adelfas para la exportación, así como de planta ornamental o la fabricación de mesas para huerto urbano y cultivo de hortalizas para consumo directo.
Desde el año pasado y a través de un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y el IVAS, el Invernadero ‘La Humanitat’ suministra las plantas para un gran número de jardines de Valencia, incluida la Flor de Pascua que estas fiestas navideñas adornará el Puente de las Flores de la ciudad.
El vivero-invernadero ‘La Humanitat’ surge de la consecución de dos talleres de empleo del Instituto Valenciano de Acción Social, subvencionados por el Servef y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en los que han participado personas con discapacidad, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social.
Está ubicado en la parcela nº 75 del polígono 30 de la Partida del Pino Blay en Cheste y tiene una extensión de más de 3.700 m2. Consiste en un inmueble de estructura metálica con cerramiento de bloque y cubierta a dos aguas, con siete túneles de acero galvanizado, cuatro de ellos rehabilitados y en pleno funcionamiento. Además, cuenta con un edificio donde se ubican un par de aulas para la formación del personal y otros servicios adaptados.
La consellera de Bienestar Social ha subrayado «los excelentes resultados de este proyecto ya consolidado», y ha incidido en que «esta iniciativa responde al compromiso del Consell de promover la inserción social y laboral de aquellos colectivos con especial dificultad para encontrar empleo, proporcionándoles asesoramiento profesional y una formación académica adicional, al tiempo que la compatibilizan con un trabajo».
Asimismo, ha añadido que «es necesario aunar esfuerzos entre todas las Administraciones para desarrollar acciones y proyectos conjuntos que respondan a las necesidades e inquietudes de las personas con discapacidad y favorezcan su plena integración».
Más de un millar de trabajadores se concentran a las puertas de las sedes del gobierno valenciano en las tres provincias para exigir el cobro de sus sueldos
Después de casi un año sin que el Gobierno Valenciano pague a los operadores y 110 millones de deuda acumulada, la nómina de la mayoría de los trabajadores de las residencias y centros de atención a personas mayores se vera afectada el próximo mes.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
El segundo de los paros y concentraciones de protesta por la deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con el sector de las residencias y centros de atención a personas mayores y dependientes desde hace casi un año, ha congregado a más de un millar de trabajadores a las puertas de las sedes principales del Gobierno Valenciano en Alicante, Castellón y Valencia. Concentraciones que se suman a las realizadas la semana pasada en más de 300 residencias y centros de la Comunidad, que sacaron a las calles a más de 9.000 trabajadores y familiares de usuarios.
De las tres concentraciones realizadas hoy, dos de ellas antes las sedes de las delegaciones del Consell de Alicante y Castellón; y una tercera que comenzó en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, sita en Valencia, y que ha culminado en una marcha hasta el Palau de la Generalitat, ésta última ha sido la más numerosa y en la que se ha leído un comunicado en el que se reclama un compromiso por parte del Consell “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Tras no ser recibidos en la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, que ni siquiera ha abierto las puertas de acceso, una delegación de la plataforma ha sido recibida por una asesora del President de la Generalitat, que ha señalado que realizará un informe de las reivindicaciones a Alberto Fabra y hablará con Hacienda para que reciba a los representantes del sector.
No obstante, sindicatos y empresas han advertido que, de no mediar una solución en los próximos días, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores, así como diversas concentraciones paralelas para dar a conocer a todo el mundo la indiferencia mostrada por el actual gobierno para con los mayores.
Trabajadores sin sueldos
A fecha de hoy, la Administración Valenciana adeuda cerca de 110 millones de euros a las empresas que operan en el sector, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de los trabajadores y/o pagar a los proveedores. Esta deuda estructural, que alcanza ya los 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación, y pone en grave peligro la red socio-sanitaria de atención a mayores en esta autonomía.
En total, los impagos del Consell con los operadores afectan a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes, así como a otro centenar de empresas proveedoras, según los datos reunidos por las principales asociaciones del sector y los sindicatos mayoritarios, agrupados en una plataforma en defensa de la atención profesional para los mayores.
En este sentido, desde la citada plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a todos los servicios profesionales socio-sanitarios, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.
Más de 9000 trabajadores se concentran a la puertas de los centros socio-sanitarios para exigir el cobro de sus sueldos a la Generalitat Valenciana
El Gobierno autonómico debe casi 110 millones de euros al sector de las residencias y centros de atención a personas mayores, tras casi un año sin pagar a los operadores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector exigen una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Más de 9.000 trabajadores se han concentrado hoy a las puertas de 300 residencias y centros de día de Alicante, Castellón y Valencia para exigir a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el sector desde hace casi un año, situación que ha provocado la imposibilidad de cobrar los sueldos a muchos de estos trabajadores.
En cada una de estas concentraciones se ha leído un comunicado en defensa de la red socio-sanitaria y de los salarios de los trabajadores, especialmente de los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina desde hace ya varios meses. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
A fecha de hoy, se acumulan ya más de 12 meses de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, cifra que se incrementa en 6 millones cada mes que se mantiene esta situación. En total, la deuda que mantiene el Consell con los operadores afecta a casi 200 empresas, más de 15.000 trabajadores y 30.000 personas mayores dependientes.
En este sentido, desde la plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios – CCOO y UGT- y las principales asociaciones del sector – la red pública concertada de la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP) y la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES)- se ha destacado que la situación actual afecta a servicios profesionales y una calidad contrastada, que están siendo discriminados en su trato respecto a otros sectores básicos.
Por ello, las concentraciones de 5 minutos realizadas hoy, primeras de un calendario de actuaciones que prevé manifestaciones y marchas por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana, ha sido seguida por el 100% de los centros vinculados a las asociaciones mayoritaria del sector.
Reivindicaciones legítimas
Por otra parte, los portavoces de cada centro han destacado en sus intervenciones la necesidad de un compromiso por parte la Generalitat valenciana “totalmente firme” para establecer un plan de pagos que sea “real y de urgente aplicación”, y que salde de “inmediato la deuda acumulada.”
Del mismo modo, han señalado que, después de casi tres años de impagos, “no se puede esperar más” y, por tanto, han afirmado que “no se abandonarán las movilizaciones hasta conseguir que el President de la Generalitat se reúna con nuestros representantes y los de las empresas y dé respuesta a nuestras legítimas reivindicaciones”. En esta línea, en las intervenciones se ha exigido que la Generalitat Valenciana que “de el mismo trato en cuanto a pagos que a otros servicios básicos, como son los conciertos sanitarios y educativos.”
Además, los portavoces han emplazado a los representantes de los centros, trabajadores y familiares a apoyar las movilizaciones previstas para el día 18 de noviembre, frente a la Consellería de Hacienda, en Valencia; y frente a las delegaciones de gobierno, en Castellón y Alicante. Asimismo, han advertido que, de no mediar una solución, se prepara una gran marcha social en Valencia para el 29 de noviembre, con el objetivo de hacer llegar a la sociedad el peligro en que se encuentra la atención de sus mayores.
Como muestra de las concentraciones de hoy, una representación de delegados sindicales de las empresas operadoras se ha concentrado esta mañana ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia para reclamar el pago de la citada deuda y presentar un nuevo paquete de quejas de los trabajadores al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, al igual que hicieron la semana pasada cuando entregaron un primer paquete de 4.000 reclamaciones de profesionales del sector.
Medio centenar de delegados sindicales se concentran hoy ante la Dirección Territorial de Bienestar Social para exigir el pago de la deuda a las empresas de atención a mayores
Estas concentraciones a las puertas de los centros asistenciales se reproducirán en cerca de 300 instalaciones por toda la Comunidad Valenciana.
Se reclama a la Generalitat Valenciana una deuda cercana a los 110 millones de euros y una reunión con el President de la Generalitat para evitar la desaparición de la red de atención socio-sanitaria.
Una representación de delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores en la Comunidad Valenciana se concentrarán mañana jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante las puertas de la Dirección Territorial de Bienestar Social, en Valencia (Avda. Barón De Carcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas del sector. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana para mostrar a la sociedad la unión de trabajadores, empresarios, sindicatos y familiares en la defensa de la atención a los mayores.
Los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones del sector – la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS), la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (LARES) y las organizaciones sindicales CCOO y UGT- respaldan estas concentraciones que sacarán a las puertas de las residencias y centros de día a miles de trabajadores en defensa de sus salarios y en apoyo a los compañeros de los centros que no están pudiendo cobrar su nómina. Una situación provocada por la Generalitat Valenciana como consecuencia de los más de 106 millones de euros que adeuda a las Empresas del Sector.
La plataforma que agrupa a los representantes sindicales y empresariales reclama a la Generalitat valenciana el desbloqueo urgente de la deuda comprometida con un sector necesario socialmente, así como una reunión con el President de la Generalitat para concretar una respuesta a las legítimas reivindicaciones de los operadores y sus trabajadores.
Delegados sindicales del sector de las residencias y centros de atención a personas mayores se concentrarán hoy jueves, 14 de noviembre, a las 11 horas, ante la Dirección Territorial de Bienestar Social (Avda. Barón De Cárcer, 36), para reclamar el pago de la deuda que mantiene el Consell con las empresas. Estas concentraciones se reproducirán en cerca de 300 centros por toda la Comunidad Valenciana.
La administración valenciana incumple de nuevo y no abona las cantidades comprometidas para octubre
- Genera otros seis millones de deuda, el total acumulado asciende a 106 millones de euros.
- AERTE espera que la Conselleria de Bienestar Social explique con detalle el blindaje de los fondos destinados a dependientes.
- A la espera de la reunión con Juan Carlos Moragues.
La Administración valenciana vuelve a incumplir con el compromiso de pago adquirido con el sector de las residencias y centros de dependencia de la Comunidad Valenciana. Las partidas correspondientes al mes de octubre como los Bonos-residencias, la accesibilidad social o diversos servicios públicos de gestión privada no se han abonado. La Conselleria de Bienestar Social se había comprometido a no seguir generando deuda. Este impago provoca otros seis millones de deuda, lo que supone un total de 106 millones de euros y un agravio de la situación angustiosa que padece el sector.
Una vez más, se pone de manifiesto la incapacidad para hacer efectivo lo comprometido, tanto de deuda acumulada, como de las cantidades establecidas que por ley debe percibir mes a mes el sector, para seguir ofreciendo los servicios de asistencia sociosanitaria a personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Una situación insostenible de impago continuo que también está afectando a alrededor de 13.000 dependientes, con casos de personas que llevan más de tres años sin cobrar las ayudas que por ley les corresponde. En definitiva: marginación total al sistema sociosanitario de la Comunitat.
Aerte espera que Bienestar Social explique “el blindaje de los fondos para la dependencia”
AERTE espera que la Conselleria de Bienestar Social explique con detalle la decisión, anunciada la semana pasada, de blindar por ley los fondos económicos destinados para la dependencia. Una iniciativa que pretende evitar lo que AERTE lleva denunciando desde hace tiempo: el desvío reiterado de los fondos destinados a la dependencia a otros fines.
María José Mira, directora general de AERTE, “necesitamos conocer de forma especifica el alcance de esta medida, pero sobre todo, si los calendarios de pago comprometidos se van a cumplir y si se adoptará una medida adicional para solucionar el bloqueo de más de 100 millones que viene padeciendo el sector de la dependencia de la Comunidad Valenciana. Una situación que está poniendo en peligro la existencia de todo el sector: 10.000 empleos de los 15.000 que genera de forma directa el sector pueden desaparecer a corto plazo, lo que afectará a la red asistencial que día a día atiende a más 30.000 personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Mira añade que “los centros están al límite y exigimos a Bienestar Social que confirme de inmediato lo que está dispuesto a abonar y lo que no a la dependencia: sector que se siente totalmente discriminado”. Por ello, reclamaremos de nuevo “una redistribución equilibrada de los presupuestos entre todos los subsectores que forma el ámbito sociosanitario de forma que exista un calendario parejo, inclusive cualquier tipo de prestación del sector”.
A la espera de reunión con Juan Carlos Moragues
Por otro lado, AERTE aún no ha recibido respuesta alguna a la solicitud de reunión con el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues. La petición efectuada de forma urgente el pasado 25 de octubre, tiene como objetivo encontrar los mecanismos más adecuados y ágiles para solucionar esta situación, dada la incapacidad de Conselleria de Bienestar Social en todo este tiempo para ejecutar un plan de pagos estable que solucione la asimetría del calendario de pago existente. Una actuación que va contra la dependencia, uno de los pocos sectores que pueden generar empleo directo e inmediato pero que el impago lo destruye”.
