Generalitat valenciana
Centros de dependientes valencianos exigen al Consell el pago de 50 millones
La patronal del sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana, Aerte, pedirá al vicepresidente del Consell, José Císcar, un calendario de pagos para las empresas del sector en el encuentro que mantendrán este próximo miércoles. El objetivo de la reunión es “lograr un plan objetivo que permita resolver los pagos aún pendientes, casi 50 millones de euros correspondientes a 2012 y la deuda acumulada durante los dos primeros meses de 2013”.
En el caso de la provincia de Castellón, Aerte representa a 30 centros y residencias de mayores, a los que el Consell todavía adeuda ocho millones de euros. En este sentido, la patronal recalca que la situación económica por la que atraviesan sus empresas asociadas es “insostenible” y algunas de ellas “todavía no han cobrado nada durante el año 2012, otras empresas cuentan con partidas de pago de años anteriores aún pendientes de pago y hay empresas con facturas sin pagar correspondientes de 2011”.
Para los centros y residencias de mayores y dependientes resulta esencial que esta deuda pendiente “pueda incorporarse a la relación de pagos que se prevé puedan activarse durante la próxima semana, así como establecer un calendario de pagos efectivo para este año, con el fin de evitar un incremento de la deuda que termine generando un círculo vicioso”.
PLAZAS CONCERTADAS // Asimismo, considera “imprescindible” una regulación para limitar las plazas concertadas en los centros privados, equivalente a dos tercios de sus plazas autorizadas, y un reconocimiento de las plazas de bono -sistema de concertación de plazas válido desde hace 20 años de la Comunitat- en la red de plazas públicas.
A este respecto, la patronal propondrá medidas que, sin incrementar los costes a la Administración, permitan reducir la lista de espera de dependientes, que en la actualidad roza las 11.000 personas. En un primero momento, se planteará establecer alrededor de 1.000 nuevas plazas, así como la cobertura de las bajas producidas en los últimos meses, lo que, según los cálculos de Aerte, “generaría un mínimo de 500 puestos de trabajo”.
Cabe señalar que este sector genera en la provincia de Castellón unos 3.000 puestos, entre empleos directos e indirectos.
El Síndic exige a Bienestar Social dotar de presupuesto al servicio de teleasistencia
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Consell para reclamarle que «unifique» los criterios de las diferentes administraciones públicas en la prestación del programa de teleasistencia domiciliaria. Asimismo, ha exigido a la Conselleria de Bienestar Social que dote de presupuesto un servicio que considera «imprescindible» por la «gran importancia» que tiene «tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, en atención a personas mayores y otros colectivos desfavorecidos».Bienestar Social de Valencia dice que «ha duplicado» en diez años la inversión para atender a personas con discapacidad
La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha subrayado este lunes que el Consejo «ha duplicado» en diez años la inversión destinada a atender a las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, al haber pasado de 88 millones de euros en 2003 a 150,9 en 2013, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Sánchez Zaplana ha realizado estas declaraciones durante su visita al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica Camp Santa Faz, en Alicante, donde ha afirmado que «una de las prioridades» del Gobierno valenciano es «ofrecer la mejor atención» a este colectivo, «garantizando su bienestar y su integración social».
A lo largo de su intervención, ha explicado que la provincia alicantina dispone de 84 centros para atender a personas con discapacidad –de los cuales 76 son recursos específicos en la asistencia de carácter psíquico–, con un total de 3.577 plazas, de las que la Generalitat financian 2.897.
En cuanto a las instalaciones de titularidad pública que ha visitado en la ciudad, ha explicado que disponen de 90 plazas residenciales y 69 de centro de día, en las que se atiende a personas con discapacidad psíquica profunda y severa.
La consejera ha indicado que su departamento destinó el pasado año cerca de 5,8 millones de euros a este centro, que cuenta entre sus servicios con una sala de estimulación multisensorial que favorece la asistencia a los usuarios que presentan patologías físicas y altos niveles de dependencia. Por su parte, en el centro de día se realizan talleres de alambre, cerámica, madera, carpintería, avalorios y batuca.
«PROFESIONALIDAD» Y «VOCACIÓN»
En este sentido, ha trasladado su felicitación al personal de Camp Santa Faz por el «magnífico» trabajo que llevan a cabo «en beneficio de las personas que necesitan de cuidados especiales», y ha agregado que en los citados empleados «no solamente prima su profesionalidad, sino también su vocación».
«Disponemos de una amplia oferta de servicios para cubrir las necesidades específicas de cada usuario y de sus familias, ya que la red de recursos para personas con discapacidad psíquica está formada por centros de Atención Temprana, centros de Día, centros ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas», ha manifestado Sánchez Zaplana.
Aerte no firmará el nuevo convenio con el Consell hasta que le pague la deuda
Aerte considera que no «existe garantía del cumplimiento del mismo» y quiere aclarar, «en contra de los comunicados que han vertido los sindicatos UGT y CCOO en la que se les tilda de irresponsables, la situación de la mesa de negociación del convenio colectivo».
Aerte afirma en un comunicado que está concentrando sus esfuerzos en resolver la situación de impagos que la administración valenciana tiene con sus empresas asociadas, de la que se ha pagado aproximadamente un 10% del total pendiente, a todas luces insuficiente.
Por ello no está dispuesta a firmar un convenio en negociación pues mientras no exista un calendario de pagos por parte de la administración, no existe garantía del cumplimiento del mismo.
La patronal ya ha manifestado en diferentes ocasiones que el condicionante para la continuidad en las negociaciones con cualquier agente del sector -desde la firma del protocolo de colaboración con la conselleria como la firma del convenio- y según lo aprobado en su asamblea del pasado diciembre, era el cobro de la deuda pendiente.
«Al menos en su mayoría, teniendo en cuenta que actualmente quedan pendientes 50 millones del resto del bono, Peis, salud mental y la gran mayoría de la deuda de plazas públicas de gestión privada, cuyos empresarios y trabajadores parece que están siendo abandonados a su suerte».
Independientemente de todas cuestiones, Aerte no entiende que «primero los sindicatos trasladen a sus bases de forma anticipada la fecha de firma inminente del convenio, cuando ésta no se había confirmado por las patronales firmantes del mismo, y posteriormente emitan un comunicado tan agresivo como el actual, cuando tenían conocimiento como indicamos, que por mandato de la asamblea, dicho convenio sólo se firmaría cuando se produjeran los pagos pendientes de la Administración, o al menos hubiera un plan de pagos aprobado».
Huelga de hambre de los trabajadores de un centro social por los impagos de Consell
Uno de los trabajadores del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot ha iniciado una huelga de hambre con el fin de que la Conselleria de Bienestar les pague los casi 119.000 euros que adeuda a este centrode atención a personas con discapacidad psíquica.
Vicente Gasó, de 36 años, es el trabajador que ha iniciado este miércoles la huelga de hambre frente a la sede de la Consellería de Bienestar Social en Valencia, al que en las próximas horas se unirá Carmen, de 71 años, madre de uno de los usuarios del centro, y este jueves Julián Oviedo, de 37 años y director del Centro Ocupacional.
«Estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante o la Conselleria nos pague«, ha asegurado a EFE Julián Oviedo, quien ha recordado que la Conselleria les adeuda el 40 por ciento de la subvención correspondiente a 2012, que equivale a seis meses de impagos.
Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social ha sido consultada por la Agencia EFE por esta protesta pero aún no ha ofrecido su versión al respecto.
Los trabajadores de este centro ocupacional ya amenazaron con iniciar la huelga de hambre el pasado 10 de enero, pero decidieron aplazar la protesta tras una reunión con representantes de la Conselleria que les comunicaron su intención de «dar respuesta a la situación» en un plazo de nueve días.
«Pasaron los nueve días y el dinero no apareció», ha señalado Julián Oviedo, quien ha indicado que Bienestar Social les ha dicho que el próximo viernes les pagará el 15% de los casi 119.000 euros que les adeuda, una cantidad que «solo cubre la Seguridad Social de diciembre y el pago a Hacienda de retenciones».
Oviedo ha explicado que el pago de esa cantidad permitirá al centro social solicitar la orden de ayudas de 2013 pero «no soluciona las consecuencias dramáticas para la estabilidad y funcionamiento del centro».
Durante el día permanecerán en sillas plegables y tapados con mantas frente a la Conselleria, pero pasarán la noche dentro de una furgoneta que han aparcado junto a este departamento de la Generalitat.
Vicente Gasó está siendo apoyado por trabajadores, usuarios del centro y sus familiares, que portan carteles con lemas como «Conselleria quiere cerrar los centros para esconder a las personas con discapacidad, basta ya», «Siete meses sin cobrar» o «Mientras vosotros engordáis vuestras cuentas, nosotros perdemos nuestras casas».
Julián Oviedo ha recordado que a principio del mes de febrero vence la póliza de crédito que avalaron con sus propios bienes, aunque ha indicado que han hablado con el banco «y va a tratar de ampliar plazos».
El Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot atiende a 40 discapacitados psíquicos adultos, según ha explicado Julián Oviedo, quien ha agregado que en las instalaciones trabajan ocho personas, «seis de ellas socios, que somos los que tenemos en peligro nuestros bienes».
Los empleados del centro de Burjassot posponen su huelga de hambre tras el compromiso de pago de Bienestar Social
Los dos trabajadores del Centro Ocupacional para discapacitados psíquicos Los Silos de Burjassot (Valencia) que tenían previsto iniciar este jueves una huelga de hambre para exigir el pago de los más de 188.000 euros que les adeuda la Generalitat han pospuesto esta medida después de que la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, se comprometiera a saldar en 9 días los impagos a todos los centros ocupacionales.
Al respecto, uno de los trabajadores, Julián Oviedo, ha explicado que en la tarde de este miércoles la Coordinadora de centros ocupacionales de la Comunidad Valenciana (Copava) se reunió con la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y le entregó un escrito firmado en el que se compromete a saldar las deudas con todos los centros ocupacionales en un plazo de 9 días ya que antes «no pueden por trámites burocráticos con la conselleria de Hacienda».
Ante este compromiso, el personal del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot, en el que trabajan ocho empleados de los cuales seis son socios de la asociación que gestiona el centro, mantuvieron una reunión en la que se acordó posponer esta medida de presión nueve días hasta comprobar que Bienestar Social cumple con su compromiso.
No obstante, ha recalcado que si pasado ese plazo Sánchez Zaplana no hace efectivo el impago del 40 por ciento de las subvenciones que el centro, que cuenta con 40 usuarios, debería haber recibido correspondientes al año 2012, un porcentaje que equivale a seis meses de impagos, iniciarán la huelga de hambre.
Oviedo, junto a Vicente Gasó, el otro trabajador que iba a iniciar la huelga de hambre, han acudido este jueves a las puertas de la Generalitat Valenciana, acompañados de un nutrido grupo de usuarios del centro, para leer un manifiesto en el cual han comunicado que posponen la huelga de hambre hasta que se cumpla el plazo acordado, nueve días.
Asimismo han acudido para mostrar su apoyo los representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burjassot, Rafa García, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Emili Altur Diputado y Concejal, José Blanco y Manuel Menero, concejales del Ayuntamiento de Burjassot, y además de otros representantes del sector como Ángel Bonafé, presidente de COPAVA y director del Centro Ocupacional El Renàixer de Godella, según han señalado fuentes municipales.
Oviedo ha explicado que estos impagos han provocado que el centro no pueda pagar a la empresa de catering desde septiembre y que se haya agotado la póliza de crédito que suscribieron con una entidad bancaria, lo que podrá desembocar en un embargo por parte del banco de las casas de alguno de los socios que avalan dicha póliza.
ACCIONES EXTREMAS
Al respecto, la diputada autonómica de EUPV Esther Barceló ha lamentado que la consellera «haya esperado para comprometerse a pagar a estos trabajadores hasta que estos habían convocado una huelga de hambre». «Es intolerable que la Conselleria atienda sus responsabilidades cuando los trabajadores y usuarios del sector de la discapacidad deciden llegar a acciones tan extremas como una huelga de hambre, con las que incluso ponen en peligro sus vidas», critica.
En ese sentido, ha señalado que «es muy triste ver que la conselleria actúa tarde y mal ante situaciones desesperadas». «La situación de sector de los dependientes y la discapacidad está al límite, y no podemos tolerar esta incapacidad y total irresponsabilidad ni un minuto más», ha apostillado.
Aerte se concede un plazo de cuarenta y cinco días en su Asamblea General Extraordinaria para acordar con la Administración el pago de la deuda pendiente
La asamblea General Extraordinaria de AERTE, celebrada en el día de hoy ha decidido, a petición de la Junta Directiva, darse un plazo de cuarenta y cinco días, dada la urgencia de la situación, para llegar a un acuerdo con la Administración, en la línea de las negociaciones que se venían llevando a cabo con el anterior equipo de Gobierno.
Estos acuerdos pretenden establecer el procedimiento para el pago de la mayor parte de la deuda pendiente, en el marco de un plan de pagos creíble y seguro para el resto de la deuda no pagada, así como un compromiso firme de atender puntualmente las facturas mensuales que se vayan generando.
Por otra parte se pretenden establecer otras medidas como la creación de 4000 plazas subvencionadas para atender a las personas en situación de dependencia que se encuentran en listas de espera así como diversas cuestiones relacionadas con las acreditaciones de los centros y funcionamiento ágil de la tramitación de la dependencia.
El próximo 31 de Enero de no haber logrado un acuerdo con la Administración se convocarán elecciones para que una nueva Junta Directiva continúe el trabajo en defensa del sector; con independencia de que continúe la actual Junta su trabajo hasta la toma de posesión de la nueva Junta.
Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones
El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».
Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».
En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».
Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».
La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre– para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».
Cabré entiende la «desesperación» de los discapacitados pero desautoriza el acto reivindicativo en las Corts
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que entiende la «desesperación» de las personas discapacitadas pero ha desautorizado el acto reivindicativo que ha tenido lugar este jueves en las Corts, en el que varios integrantes de la Marcha por la Discapacidad han interrumpido la sesión mientras él estaba interviniendo.
Cabré se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la comisión mixta TSJCV-Conselleria de Justicia, al ser preguntado por su opinión sobre la actuación de los miembros de esta Marcha, que finalmente han sido desalojados del parlamento valenciano.
Al respecto, el conseller ha indicado que esta actuación ha sido «desagradable» porque él ha ido a cumplir con su obligación como conseller y a dar cuentas: «yo me tomo muy en serio mi trabajo en las Corts», ha subrayado.
Así, Cabré ha afirmado que entiende la «desesperación» de este colectivo, pero ha remarcado que las Corts es una institución «muy importante» para los valencianos y «no está destinada precisamente a este tipo de actos».
En esta línea, ha reiterado que lamenta «mucho» la situación de los discapacitados, en relación con los impagos, pero ha repetido que «no era el momento ni el lugar» para hacer las reivindicaciones.
Preguntado por si se va a establecer un calendario de pagos para este colectivo, el conseller ha dicho: «ya estamos pagando», y ha puntualizado que este año el Gobierno valenciano ha abogado casi 500 millones de euros a este sector de la discapacidad –entre mayores, enfermos mentales, familias, mujeres, etc–, con lo que «se está haciendo un esfuerzo muy importante».
Asimismo, ha asegurado que «inmediatamente que podamos, haremos un plan de pagos y pagaremos». El objetivo es éste –ha dicho–, «cumplir con ellos –los dependientes– porque es nuestra obligación».
Los centros de Aerte pedirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no abona la administración
Aerte, la patronal representante del sector de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, ha asegurado este miércoles que sus centros exigirán a los usuarios el adelanto de las facturas que no está pagando la administración ya que ha afirmado que, de otra manera, «resulta imposible que las empresas continúen financiando los servicios sociales que Bienestar Social no realiza».
La patronal ha advertido en un comunicado de que muchos usuarios que no tienen familia y que se encuentran atendidos en sus centros se verán en la calle en breve por no poder asumir el pago de facturas. La entidad ha explicado que resulta «inevitable» en esta situación, en la que no han cobrado nada en todo 2012, se produzcan cortes de suministros, desabastecimiento de productos de primera necesidad o absentismo de personal debido a impagos de nóminas acumuladas.
Aerte ha recalcado que la situación es «inaguantable» y, además, «inminente que muchos usuarios sin familia se verán en la calle dentro de poco ante la imposibilidad de poder asumir el pago de estas facturas». En esta línea, ha puntualizado que esto «se agrava con la situación precaria en la que están inmersos los más de 10.000 dependientes que tienen reconocidos sus derechos por la Ley de Dependencia y no están recibiendo el servicio».
«Tienen derecho de percibir una prestación pública desde hace años en la mayoría de los casos, y llegan a fallecer en la mayoría de las ocasiones antes de verlo realizado, de nuevo, por incumplimientos», ha criticado. La patronal ha calificado como «muy grave» la «falta continuada de palabra» del Consell hacia la población dependiente que representa Aerte –integrada por los más de 20.000 dependientes y más de 200 empresas– y ha lamentado su «falta de sensibilidad y compromiso en el ejercicio de sus funciones».
Aerte ha recalcado que el colectivo de la dependencia valenciano, que precisamente está «integrado por el segmento más débil y vulnerable de la sociedad», es el «único sector» que no ha cobrado nada en todo el año 2012. Asimismo, la patronal ha alertado de habrá cierre de empresas de atención a la dependencia, «lo que supondrá dejar de prestar sus servicios en la Comunidad Valenciana«.
En su opinión, «este hecho pone en tela de juicio la aplicación queBienestar Social está llevando a cabo de la Ley de Dependencia, una ley que ha sido recientemente reformulada y validada por el Gobierno central pero que no está siendo aplicada por el Gobierno autonómico», una realidad que califica como «muy grave».
Según la patronal, «son ya once meses los transcurridos desde que la Conselleria de Bienestar Social no paga ni un euro a los centros responsables de la atención y los cuidados de los dependientes y discapacitados, muchos de ellos tutelados por la misma administración, incumpliendo de forma grave y notoria con su compromiso de pago a la población dependiente así como con la palabra dada a la principal patronal de la dependencia valenciana y las empresas que la integran».
CON PRÉSTAMOS Y PÓLIZAS DE CRÉDITO
Aerte destaca que ya ha manifestado «en muchas ocasiones» las «dificultades» por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, que llevan «casi un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal».
Aerte denuncia la falta de sensibilidad del Consell
Aerte ha criticado este viernes la «falta de sensibilidad y compromiso» del Consell hacia la población dependiente y ha denunciado que «no se muestra receptivo con la problemática que vive hoy día la población de enfermos dependientes», según ha informado la patronal mayoritaria del sector de la Dependencia en la Comunidad Valenciana.
En este sentido, aunque la patronal ha manifestado ser consciente de los múltiples esfuerzos efectuados por la Consejería de Bienestar Social para conseguir el pago, el Gobierno valenciano permanece pasivo ante las constantes súplicas de todos los agentes implicados en el sector de la dependencia, quienes día a día ven cómo la situación de impagos existente deteriora su calidad de vida y dificulta aún más la existencia del sector de la dependencia, las más de 200 empresas representadas por Aerte, sus trabajadores y los miles de dependientes a quienes prestan servicios.
«La dramática situación por la que están atravesando las empresas por los constantes impagos del Consell, teniendo en cuenta que no cobrado prácticamente nada en todo el año 2012, ha sido el detonante que ha conducido a la situación actual de incertidumbre y peligro para la supervivencia de estas empresas, los puestos de trabajo y la atención y la calidad de vida de uno de los colectivos más sensibles de nuestra sociedad: los dependientes», ha señalado.
Los más de 100 millones que la administración autonómica adeuda al sector de la dependencia, no solo dificultan la atención a todas las personas dependientes en un corto plazo, sino que aventuran la desaparición de más de 15.000 puestos de trabajo y la supervivencia de más de 200 empresas que hoy día prestan servicios a unas personas que tienen derecho a ellos por Ley.
Las empresas asociadas a Aerte mantienen un compromiso diario con la prestación de todos los servicios contemplados en el catálogo de la Ley de dependencia entre los que destacan la promoción de la autonomía personal, el servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención de las necesidades del hogar, cuidados personales, servicio de Centro de Noche, Centro de Día para mayores, menores de 65 años y de atención especializada, Centro de Noche y servicio de Atención Residencial.
Bienestar Social debe a Adis el 25% del presupuesto de un año de esta asociación
La Asociación de Discapacitados Adis Vega Baja tendrá que plantearse dejar de prestar servicios si la deuda que mantienen con este colectivo diversas administraciones públicas sigue en aumento. La presidenta de Adis, Josefina Valero, dio cuenta ayer de la cuenta que la Conselleria de Bienestar Social tiene con la asociación, un departamento que ni siquiera tiene reconocido a este colectivo como centro pese a que lleva 14 años en funcionamiento «porque para ellos los niños de 4 a 18 años no existen». De un presupuesto que se acerca a los 300.000 euros Bienestar Social tiene una deuda de 72.000 por actividades realizadas, pagadas y justificadas por la asociación y que todavía no ha cobrado, lo que supone prácticamente la cuarta parte del dinero que Adis necesita para pasar el año.Los imapagos de la Generalitat valenciana deja sin suministro electrico a la conselleria de Bienestar Social entre otras sedes del govern
Las Consellerias de Justicia y Bienestar Social y de Agricultura, así como la Biblioteca Valenciana, ubicada en el monasterio de San Miguel de los Reyes, se han quedado a oscuras este martes después de que Iberdrola, por orden de Unión Fenosa, haya cortado el suministro de luz por los impagos de la Generalitat Valenciana.
La compañía también ha amenazado con cortar la luz a la Conselleria de Sanidad donde, según ha denunciado Esquerra Unida, se ha recomendado a los trabajadores que no utilicen el ascensor «por si la empresa corta la luz».
El suministro en las dos Consellerias afectadas se ha restablecido pasadas las cuatro de la tarde.
Un comunicado de Gas Natural Fenosa asegura que, «de acuerdo con los procedimientos internos elaborados al amparo de la Ley de Compras de la Administración Pública», solicitó a la distribuidora -en alusión a Ibedrola- el «cese temporal» de suministro de «unos pocos puntos no esenciales de la Generalitat».
Según la empresa, se ha estado en «permanente contacto» con la Administración autonómica y se está «procediendo a solicitar» a Iberdrola el restablecimiento del servicio «una vez resulta la situación».
La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha pedido la comparecencia del conseller Luis Rosado para que explique las amenazas de cortes de luz y ha lamentado que la situación financiera de la Generalitat esté «degenerando» hasta este punto. «El conseller Rosado tendrá que dar explicaciones sobre cómo se ha llegado a esta lamentable situación y cómo piensan solucionarlo», ha asegurado.
Albiol ha lamentado que la «nefasta política» del PP haya dejado la caja vacía «hasta el punto de no tener ni para pagar la luz». La diputada autonómica ha registrado una petición de comparecencia del conseller Luis Rosado en las Cortes.
Desde la coalición Compromís, su portavoz en las Cortes, Enric Morera ha considerado «lamentable» que el mismo día que se presentan los Presupuestos de 2013 «se produzca el corte del suministro eléctrico de varias consellerias, lo que es increíble».
«La negligente gestión económica del PP valenciano de Alberto Fabra está provocando un descrédito de las instituciones valencianas y la imagen interna y externa de nuestra tierra es muy mala y es necesario actuar con urgencia porque los valencianos no somos un pueblo de malpagdores, pese a los gobernantes que tenemos», ha asegurado.
En la provincia de Alicante también se han quedado sin luz el Club Náutico de Xàbia así como en instalaciones portuarias de otros municipios cercanos, como el de Santa Pola.
Desde el Club Náutico se ha subrayado que se desconocen los motivos exactos del corte y que todo apunta a un «problema administrativo» por parte de la Conselleria, al tiempo que fuentes de esta institución han subrayado que el Club Náutico se mantiene al día de las mensualidades, que rondan los 9.000 euros y que la gestión ante Iberdrola depende de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
