Gestión
El Govern balear adjudica la residencia de Sant Antoni Novaedat y mantiene que abrirá el día 1 de diciembre
El Govern ya ha adjudicado la gestión de la residencia de Sant Antoni a la empresa Novaedat por dos años y con una posibilidad de prórroga de otros dos. El expediente se adjudicó por 3,5 millones de euros distribuidos entre este año y 2016. El Ejecutivo autonómico mantiene, además, que la residencia se abrirá el próximo 1 de diciembre y defiende la «total transparencia» en el proceso de adjudicación, que se formalizó el pasado día 13.
Desde el Govern recordaron que se ofrecerán 70 plazas públicas y que Novaedat ya gestiona residencias en Mallorca.
Las empresas gestoras de plazas residenciales facturaron 4100 millones de euros el pasado ejercicio
La crisis se sigue cebando en el sector asistencial. La facturación de las empresas gestoras de residencias bajó un 1,4% situando en 4100 millones.
La dependencia se tramita solo en 67 días en Bizkaia
La Diputación Foral tarda una media de 67 días en valorar la asignación de un servicio de Ley de Dependencia, uno de los plazos más bajos del Estado y muy lejos de los 475 días que registra Asturias o los 438 de la Comunidad Valenciana.
La media en el Estado es de 219 días de espera para un servicio del que están beneficiándose en la actualidad 19.900 vizcainos con diferentes grados de dependencia, según indicó ayer la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza. La responsable del área tuvo la oportunidad de radiografiar este servicio ayer al contestar a una pregunta del grupo juntero del PSE sobre la tardanza en evaluar y asignar una ayuda a las personas que se quieren acoger a la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno Zapatero en 2006.
Antes de aclarar las dudas expuestas, Ardanza expuso cómo, en Bizkaia, esta Ley se está cumpliendo gracias al esfuerzo financiero foral, ya que de los 300 millones que invierte al año la Diputación, tan solo llegan del Gobierno Rajoy 30 millones vía Cupo. Además, recordó cómo la ley socialista había quedado desvirtuada por dos decretos del Gobierno de Rajoy de 2011 y 2012 que han supuesto modificaciones a la baja tanto en el calendario de incorporación de los beneficiarios como en las cuantías de la prestación y la financiación por parte del Estado.
Ardanza indicó sobre este último aspecto que «ni antes, ni después de la crisis el Estado ha aportado más de un 20% de la financiación cuando el compromiso era que fuera a medias». La diputada criticó en este sentido el hecho de que en el Estado las personas valoradas con Grado I-2 no perciban prestación alguna, mientras que, en Bizkaia, 2.017 personas se benefician de estas ayudas.
CIFRAS DESCUADRADAS
El juntero socialista, Juan Isidro Otermin, preguntaba por las 5.293 personas que, según las estadísticas que maneja el Imserso en Madrid, estaban pendientes de ser valoradas aquí.
Ardanza aclaró que son cifras de todo el País Vasco y que, según las herramientas de conteo con que cuenta la propia Diputación, había un descuadre importante. En julio pasado, la administración del Estado y la foral intercambiaron datos y concretaron que la lista de espera era de 537 personas, «una cifra que se mantiene en la actualidad», aseguró la diputada. También prosiguen estables otros parámetros como el número de beneficiarios en torno a los 19.900 referidos, así como a las solicitudes que «se mantienen en base a la progresión demográfica», apuntó la diputada. Así de 2012 a 2013, las asignaciones de ayuda oscilan entre los 257 y 307 para las personas con dependencia de grado III, entre 560 y 780 para el grado II y entre 94 y 101 para el grado I.
Con todo esto resumió que, «aunque no es para sacar pecho», sí especificó que «en Bizkaia la atención a las personas en dependencia no ha sido desfigurada, gracias al esfuerzo y compromiso económico de esta Diputación». Por ello quizás el Observatorio Estatal de Gerentes y Directores Sociales calificó con 8,3 puntos, sobre 10, la atención a la dependencia en Bizkaia.
La profesionalización en la gestión de centros asistenciales pasa por la utilización de las herramientas adecuadas
Aegerus nace de la detección de que los centros de atención a la tercera edad, necesitan profesionalizar sus tareas asistenciales, administrativas y de gestión en general, sin que existiese una herramienta informática basada en tecnologías web y de altas prestaciones. Todo ello a costes contenidos y con rápidas implantaciones.
Las soluciones existentes eran adaptaciones de modelos hospitalarios o bien tenían notables limitaciones por obsoletismo tecnológico.
Este proyecto inicial para los centros de Tercera Edad, se amplía a centros de atención a persones con dependencia en general. Cubriendo los requerimientos de centros de días, residencias sociales, centros sociosanitarios, servicios de atención domiciliaria, centros especiales para personas con discapacidades, asociaciones de cuidados a personas con problemas psíquicos o físicos, etc…
El crecimiento y grado de profesionalización que han tenido que aplicar este tipo de entidades en los últimos años ha propiciado al tiempo el crecimiento de Aegerus, adaptando de forma constante sus funciones a las necesidades que los centros le proponen y siendo el referente del sector por el vanguardismo de sus aplicaciones.
En su primer año completo de actividad, 2007, Aegerus daba servicio a 25 centros. En la fecha actual son 640 los centros usuarios de este software. Estos valores suponen que más de 50.000 persones son tratados a través de Aegerus por más de 5.000 profesionales del sector. Las diferentes versiones adaptadas a los sectores relacionados con la dependencia suponen una garantía de presente y futuro para la empresa.
Aegerus cuenta con tres líneas de producto: Residencias Asistidas y Socio-sanitarios, Servicios de Atención Domiciliaria y Centros de Atención de Discapacitados. Con estas tres líneas cubren las totalidad de necesidades que puedan surgir en una gestión profesional de los distintos tipos de centros.
Actualmente, Aegerus ha iniciado su presencia en las redes sociales, podéis recibir sus noticias:
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Mercedes Prats ignora aún si se privatizará la gestión de las residencias
La consellera ibicenca de Bienestar Social y Sanidad, Mercedes Prats, aseguró ayer que las residencias de Can Raspalls y de Sant Antoni abrirán definitivamente en 2014, si bien no sabe aún tres datos fundamentales: la fecha concreta, si el Govern tiene ya lista una partida específica y si la gestión de ambas será pública o se privatizará. Aunque a un mes del año nuevo todo sigue en el aire, Prats confía en que el Ejecutivo balear aportará su parte para que abran el área residencial de personas con discapacidad intelectual de Can Raspalls y el centro de Sant Antoni, destinado a personas con enfermedades como el alzhéimer y otras demencias.
En el caso de Can Raspalls, Prats anunció ayer en rueda de prensa que «se prevé que se ponga en marcha en 2014, pasado el primer trimestre. Es una fecha aproximada», advirtió. Lo único concreto en ese caso es que no abrirá sus puertas durante los tres primeros meses del año y que podría hacerlo los nueve meses siguientes. Para la residencia de Sant Antoni la concreción fue aún más vaga: «Durante 2014».
¿La confianza de Prats en que abrirán en 2014 se basa en algo tangible, en alguna partida concreta? No. Simplemente «hay la seguridad de que habrá esas partidas». Prats tiene fe ciega en que «el Govern organizará y tendrá que articular todas sus partidas presupuestarias para poder financiar de cara al 2014» la apertura de ambas residencias. Ni siquiera hay datos concretos de cuánto costará, solo tienen una idea aproximada: «Están perfilados los números, lo que pasa es que estamos con los datos globales. Perfilados exactos no los puedo dar», dijo ayer.
Todo depende, aseveró, de la creación del futuro consorcio de recursos de servicios sociales de Balears: «Cuando esté creado irán ahí todas las partidas para poder gestionar el tema de la dependencia. Su dotación económica aún no está definida», insistió. Lo único que tiene claro es que el Consell, no obstante, «tiene más que cubierta» su parte para acabar el año «e incluso saldar la deuda que existe con los proveedores mediante una póliza con los bancos».
La consellera tiene la certeza de que ambas residencias abrirán en 2014, pero sigue sin conocer si su gestión será pública o si se privatizará: «Por parte del consorcio estamos debatiendo todavía los modelos de gestión. No los puedo definir ahora porque aún no están definidos», señaló Prats. La consellera insular explicó que «técnicamente», en estos momentos trabajan «para hacer el mapa y el diseño de plazas de personas con discapacidad. De ahí vendrá la financiación, cómo se repartirá, y el sistema de gestión se irá decidiendo».
En su comparecencia ante los medios con motivo de la presentación de los datos sobre la sección de personas con discapacidad del Consell así como de los actos que tendrán lugar con motivo del día internacional de las personas discapacitadas, Mercedes Prats señaló que su conselleria ya «ha hecho gestiones ante Cruz Roja y en todas las administraciones que podían estar implicadas» para garantizar el traslado de alumnos con problemas de movilidad: «Ya se ha conseguido –apuntó– que Cruz Roja lo cubra hasta que acabe el año [en realidad la ONG, de motu proprio, obtuvo los fondos necesarios tras organizar un mercadillo]. Se tendrá una solución de cara al 2014 asegurando ese transporte.
Que sea únicamente del Consell o con los ayuntamientos no lo tengo concretado. Pero como últimos responsables, nosotros asumiremos este gasto». Cuando se le insistió en qué institución se haría cargo en caso de que los consistorios declinasen colaborar, Prats fue tajante: «Estoy más que comprometida con las necesidades que tienen», dando a entender que sería el Consell el que pagaría la factura.
Prats recordó que el lema del día internacional de los discapacitados es ´romper barreras, puertas abiertas: una sociedad inclusiva y desarrollo para todos´, que contrasta con la respuesta negativa que un día antes dio el equipo de gobierno de Vila, de su propio partido, el PP, a una moción del PSOE-Pacte que proponía incluir en los presupuestos de 2014 una partida para eliminar barreras arquitectónicas, una de las asignaturas pendientes en varios barrios de la ciudad.
