ILP
Validadas más de 55.000 firmas de ILP para garantizar pagos gran dependencia
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir una reforma de la ley de finanzas públicas de Cataluña para que se garanticen los pagos a la gran dependencia ha conseguido las firmas necesarias para continuar la tramitación de la petición, al validarse un total de 55.554 firmas de apoyo.
La comisión de control de la ILP que propone modificar la ley de finanzas públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia ha validado esta tarde las firmas recogidas por los promotores y que han superado las 50.000 firmas necesarias.
Esta ILP, la segunda presentada esta legislatura tras la que pide una renta mínima garantizada, plantea una proposición de ley de modificación del texto refundido de la ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.
Se trata, según sus promotores, de garantizar por ley que los pagos de las prestaciones de gran dependencia «lleguen puntualmente a los beneficiarios y a las entidades proveedoras» y tengan «carácter prioritario».
La comisión de control, el órgano que vela por la veracidad del proceso y que preside el magistrado de la sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Daniel Bartomeus, ha proclamado esta tarde las firmas recogidas y las ha comunicado a los promotores.
Ahora, la mesa del Parlament deberá abrir la tramitación propiamente parlamentaria de la iniciativa, y la junta de portavoces el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas.
Después, la junta deberá incluir en el orden del día de un pleno para hacer el debate de totalidad.
La ILP sobre ayudas a la gran dependencia consigue 343 fedatarios
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre ayudas a la gran dependencia ha conseguido 343 fedatarios, que han sido registrados hoy en el Parlament por lo que sus promotores ya pueden iniciar a partir del lunes la recogida de las 50.000 firmas necesarias para que se pueda debatir en la cámara.
Esta ILP tiene como finalidad modificar la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña para garantizar el pago puntual de las prestaciones de gran dependencia, y sus promotores son Andrés Rueda, Pedro Ignacio Antón, Juli Martí, Luis Juan, Josep Lluís Navarro, Higinio Viellas, Jordi Coma, Pol Andrés, Joaquín García y Juan López.
Los fedatarios han prometido o jurado esta semana sus cargos en el Parlament en diversas sesiones que empezaron el pasado lunes y han acabado hoy por la tarde.
En paralelo, la comisión de control de la ILP, que es el órgano que vela por la veracidad del proceso, ya ha aprobado el pliego de recogida de firmas, que es el único válido para conseguir los avales, los primeros de los cuales ya fueron sellados y contabilizados.
A partir del lunes, los promotores de la ILP disponen de 120 días hábiles prorrogables a 60 días más para recoger firmas antes de depositarlas en el Parlament.
Si las obtienen, la iniciativa proseguirá su tramitación como proposición de ley y en el debate a la totalidad los promotores podrán designar a un representante para defenderla ante el pleno.
Esta ILP es la segunda que se tramita en la presente legislatura del Parlament.
Prioridad a los pagos a mayores con dependencia severa
Un informe del Govern desaconsejaba su tramitación por su impacto presupuestario, ver noticia.
La Mesa del Parlamento catalán ha admitido este martes a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a mayores con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
La decisión de la Mesa –formada por CiU, ERC, PSC, PP e ICV-EUiA– se ha tomado pese a que el Govern emitió un informe desfavorable a la tramitación de la ILP escudándose en el impacto presupuestario que supondría su aplicación.
Esta iniciativa social fue presentada en el Parlamento por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia –grado 3, niveles 1 y 2–, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton.
Una vez admitida a trámite la ILP y se publique en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC), arrancará un proceso en el que los promotores de la inciaitiva trataran de reunir por lo menos 50.000 firmas para que el pleno de la Cámara debata si admite la propuesta o la rechaza.
El Govern rechaza una ILP para blindar pagos a ancianos con dependencia severa
El Govern catalán ha emitido un informe desfavorable para la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat priorice por ley los pagos a ancianos con gran dependencia institucionalizados en sus presupuestos y no pueda repetir impagos de conciertos como los de julio, de 70 millones de euros, que aún no han sido sufragados.
El informe negativo que ha transmitido el Govern a la Mesa del Parlament, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que la aprobación de esta ILP «comportaría un aumento de gastos en el presupuesto vigente», por lo que no se muestra conforme a su tramitación. Esta iniciativa social fue presentada en el Parlament por la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) el pasado 5 de marzo, y ahora la Mesa de la cámara debe admitirla o no a trámite en base a criterios jurídicos.
Los directores de residencias pretenden blindar por ley los pagos a los ancianos que cuentan con el mayor grado de dependencia -grado 3, niveles 1 y 2-, entendiendo que representan «uno de los eslabones más débiles de la sociedad, por lo que debería ser una prioridad proteger sus derechos básicos», según ha explicado a Europa Press el vicepresidente de Ascad, Iñaki Anton. Pero el Govern alega en su informe que «en caso de falta de crédito en el presupuesto, sería necesario un suplemento de crédito o un crédito extraordinario», lo que, según el Ejecutivo catalán, podría tener efecto en las cuentas de este año.
Uno de los requisitos para que una ILP sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament es que la iniciativa no tenga un impacto directo en los presupuestos de la Generalitat del año vigente, algo que, según el Govern, no ocurre en el caso de la propuesta de los directores de residencias.
El informe subraya que el Estado ha reducido su aportación a ley de dependencia en Cataluña hasta los 206 millones en 2013, mientras que el año anterior aportó 243, aunque inicialmente se había comprometido a abonar 275, lo que supone «un gran esfuerzo» para la Generalitat, que debe compensar esta tendencia con recursos propios.
Margen de maniobra
El Ejecutivo catalán también alega en su informe que la ILP propuesta por los directores «comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería», lo que podría suponer tener que pagar antes los conciertos sociales que las nóminas de los funcionarios. «El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes», añade el documento, que afirma que el hecho de que el pago de las prestaciones a grandes dependientes sea muy importantes no significa que se deba imponer por ley. El texto concluye que «las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras», que van seguidos de las nóminas y, en tercer lugar, de los compromisos con el sector social con carácter finalista. «DELITO TÁCITO» Para Antón, los argumentos que utiliza el Govern para rechazar la ILP suponen «un delito tácito», pues el Ejecutivo admite que las partidas presupuestadas para atender a grandes dependientes podrán destinarse a pagar otras cosas si hay tensiones de tesorería. «Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos», ha criticado Antón, que ha confiado en que finalmente la Mesa del Parlament admita a trámite la propuesta la próxima semana.
