Pensiones
Pensionistas de Ciudad Real creen un «engaño» las propuestas de Rajoy y piden que deje de bonificar los planes privados
La Coordinadora de Ciudad Real en Defensa del Sistema Público de Pensiones considera un «engaño» la intervención en el Congreso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien han recordado que no quieren «limosnas» sino que se vinculen las pensiones al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.
Constituida esta misma semana con medio centenar de pensionistas y jubilados, la Coordinadora se ha presentado este miércoles en Ciudad Real para hacer un llamamiento a la participación de todos los ciudadrealeños, «no sólo pensionistas sino también gente joven, parados y trabajadores» a sumarse a la manifestación que el sábado saldrá del parque de Gasset a las 12.00 horas y concluirá en la Subdelegación del Gobierno.
«No creo que la intervención de Rajoy condicionando la subida de las pensiones a los presupuestos confunda a los pensionistas, ya que eso no es más que echarle la culpa de lo que no se haga a los partidos que no le aprueben los presupuestos», ha señalado Augusto Serrano, uno de los integrantes de la coordinadora.
NO A LAS LIMOSNAS
Asimismo, y respecto al anuncio de que, si se aprueban los Presupuestos Generales de 2018, habrá subida de las pensiones mínimas y de viudedad y una concentración de las ayudas en el IRPF para las familias y los pensionistas, Serrano ha insistido en que «no queremos una limosna sino que las pensiones, recogidas en el artículo 50 de la Constitución, estén vinculadas al IPC».
En este sentido, ha agregado que si el Gobierno de España dejara de bonificar los planes de pensiones privados –a través de desgravaciones fiscales en el IRPF– «se ahorrarían más de 2.000 millones de euros al año que se podrían usar para garantizar la subida mínima de las pensiones y no un 0,25% que es una mierda».
Para Serrano, además, esta subida es también un «insulto» a la inteligencia de los ciudadanos ya que «realmente nos las están recordando puesto que la subida del IPC será entre 1 y 1,5 puntos, de forma que perdemos alrededor de un punto».
BRECHA SALARIAL DE LAS PENSIONISTAS
Una situación que, ha dicho, empeora en el caso de las mujeres ya que la brecha salarial que existe en la etapa laboral se perpetúa en las pensiones al cotizar menos que los hombres, «de forma que sus pensiones son, de media, de 350 euros menos que las de los hombres».
En la manifestación del sábado plantearán, al igual que la Coordinadora Estatal, pensiones mínimas que permitan a la gente una vida digna; la aplicación de la Ley de Dependencia; revisión del pago de medicamentos; y que la edad y condiciones de jubilación vuelvan a ser las mismas de antes de las dos reformas del sistema de pensiones – 2011 el PSOE y 2013 el PP- «porque han ido en detrimento de todas las personas jubiladas y de las que aspiran a jubilarse».
En este sentido, solicitan que se vuelva a la jubilación a los 65 años y que pueda haber otras anticipadas dependiendo de los años cotizados para, al mismo, tiempo, permitir la incorporación de los jóvenes al mercado laboral «que es lo que hace falta».
Fuente: La Vanguardia
Presentación en Córdoba del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’
El ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’, una publicación elaborada entre la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato CCOO y la Fundación Primero de Mayo, en la que se recoge un estudio sobre la situación de las personas mayores y, en especial, en materia de pensiones.
El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha afirmado este lunes que el envejecimiento de la población que se está registrando en España ha de verse «como una oportunidad» para generar empleo, mediante un cambio de modelo productivo que aproveche la necesidad de prestar cada vez más servicios especializados y de calidad a la creciente población de mayores.
Bravo ha hecho esta afirmación durante la presentación en Córdoba en rueda de prensa CCOO del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores’, una publicación elaborada entre la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato y la Fundación Primero de Mayo, en la que se recoge un estudio sobre la situación de las personas mayores y, en especial, en materia de pensiones.
En este contexto, ha explicado que en la actualidad una de cada cinco personas es pensionista, pero a mediados de siglo lo será una de cada tres, debido al mencionado envejecimiento de la población, que, según ha argumentado, «ha de verse como una oportunidad para que este país modifique su modelo productivo reforzando algo en lo que somos una potencia mundial, servicios a las personas mayores».
Se trataría, según ha indicado, de dar respuesta «a una demanda creciente de bienes y servicios donde la inversión en centros de día, en centros residenciales, en ayuda a domicilio, en teleasistencia, etcétera, son yacimientos de empleo».
Sin embargo, el dirigente sindical ha precisado que es necesario «que sean servicios de calidad, con empleos de calidad, estables, bien remunerados con sistemas de cotización y un sistema fiscal más justo», ya que ello redundará en beneficio de los futuros pensionistas, que también necesitarán de estos bienes y servicios.
Por su parte, la secretaria general de CCOO-Andalucía, Nuria López, ha indicado que el Observatorio recoge algo «muy importante y muy preocupante», porque, «fruto de las políticas de recortes y de austeridad, se han dinamitado una gran parte de los resortes que permitían a las personas pensionistas vivir con dignidad».
Además, según ha añadido, «se les está coartando el derecho a un envejecimiento activo» a los mayores, ya que se les «ha atacado con los recortes en sanidad, en dependencia y en el sistema de pensiones».
Junto a ello, la responsable sindical ha apostillado que «una mala financiación autonómica, un no reconocer a los andaluces y a las andaluzas, significa que no tenemos recursos para la sanidad y para la dependencia, y eso al final también perjudica a las personas pensionistas».
PENSIONES
Según apunta el sindicato, las personas mayores sustentan en España un tercio de los hogares y la pensión media es de 1.071 euros, pensión que baja a los 965 euros en Andalucía, lo cual «dificulta ese derecho de las personas a tener una vida digna, algo que se agrava en el caso de las mujeres, con una pensión 400 euros inferior a la del hombre, fruto de las discriminaciones que se dan en el mundo del trabajo».
En este sentido, López ha insistido en que hay que recuperar la inversión social y garantizar la viabilidad del sistema de pensiones que, según ha recalcado, «es un sistema viable, financiable y que tiene futuro». El sindicato propone, por tanto, reforzarlo desde la vía de los ingresos y los salarios.
«Es ahí –ha proseguido– donde hay que afrontar los problemas del sistema de pensiones, desde la base del empleo, subiendo salarios y generando empleo de calidad». En todo caso, «el sistema público de pensiones no puede ser sea objeto de juego político y las propuestas que haya han de llevarse a la Mesa del Pacto de Toledo, de donde nunca debieron salir», ha apostillado.
A este respecto y por su parte, el secretario confederal de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, ha asegurado que «la Seguridad Social no tendría ningún tipo de problemas hoy día si la tasa de empleo de las mujeres estuviese equiparada con los hombres».
DEPENDENCIA
CCOO ha reivindicado sobre este ámbito «una inversión que garantice un sistema de atención a la dependencia suficiente, porque en torno a un tercio de las personas que deberían ser atendidas no lo están siendo, con casi 400.000 personas en España».
Sobre esta cuestión, Gutiérrez ha recordado que CCOO le ha dicho al Gobierno de la Nación, «que ha recortado la Ley de la Dependencia prácticamente a la mitad desde el año 2012», que «todo el dinero que se invierte en ella se recupera con la creación de puestos de trabajo».
Fuente: La Vanguardia
Desalentador futuro para personas mayores en México
El futuro para las personas mayores es verdaderamente desalentador. México no está preparándose para enfrentar los retos que significa atender las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y cuidados de casi 32.5 millones de personas que habitarán el país en el año 2050, según las estimaciones oficiales.
Isalia Nava Bolaños, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, alertó que en caso de no toman acciones decididas desde ahora, en algunos años tendremos un país con población envejecida, enferma y en mayor pobreza.
En un comunicado, con motivo de la conmemoración este lunes del Día Nacional del Adulto Mayor, la experta destacó que según cifras oficiales de 2014, alrededor del 35 por ciento de esa población vivía en pobreza moderada, y casi nueve por ciento en pobreza extrema. Es decir, 43.7 por ciento de la gente de 60 años estaba en esa condición.
Además, se refirió que las tendencias hacia la informalidad y la formalidad precaria disminuyen las posibilidades de los esquemas de capitalización individual y se anticipa que las pensiones resultantes serán insuficientes para satisfacer las necesidades de esta población creciente.
Dijo que si se revisan las condiciones actuales de las personas en edades avanzadas, se encontrarán una serie de deficiencias, como que muchas de ellas no tienen seguridad económica, y el panorama para las siguientes décadas es desalentador, en términos de una mayor desprotección.
En México, a partir de la encuesta intercensal se identificó que en 2015 había 119.5 millones de personas; 10.4 por ciento correspondía a las mayores de 60 años (12.4 millones). Para 2050, con la estimación de 21.5 por ciento, habrá un aumento en términos absolutos y porcentuales, fenómeno que define el proceso de envejecimiento en el país.
Subrayó que se debe considerar la rapidez del fenómeno. En México la cifra se elevó en sólo cuatro décadas, a comparación de Europa, en donde tardaron dos siglos, y eso implica que no tendremos tiempo suficiente para prepararnos y enfrentar los retos para que esa población satisfaga sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y cuidados.
Lo ideal sería que al llegar a esa edad se tenga una pensión que permita cubrir esas necesidades; sin embargo, en 2013 sólo 26 por ciento de los individuos de 60 años y más años tenía una pensión contributiva.
Aún más grave es la diferencia por sexo: 35 por ciento de varones y 18.5 por ciento de mujeres cuentan con esa protección, y más de la mitad de ellas tiene pensión por condición de viudez, no porque hubieran participado en una actividad laboral.
Fuente: La Jornada en línea
El rápido envejecimiento de América Latina pone en peligro las pensiones
La población de América Latina está envejeciendo antes de que la región haya alcanzado su pleno desarrollo económico, lo que tendrá a la larga consecuencias negativas para el sistema de pensiones, según el experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Paulo Saad.
Saad, jefe del Área de Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade)-División de Población de la Cepal, apuntó a Efe que las demandas de la población de Latinoamérica serán «mucho más intensas» debido a que «está envejeciendo sin antes haberse desarrollado plenamente».
A este respecto se refirió a cuestiones como la prevención social, la salud o las pensiones.
«La cobertura es pequeña y el sistema en algunos países ya está con problemas de sostenibilidad», dijo en relación a las pensiones y añadió que la situación sería más difícil en el futuro cuando la población se duplique o triplique.
No obstante, el experto consideró que los sistemas de pensiones no contributivas «ya son una realidad en casi todos los países», aunque con diferencias, lo que manifiesta el interés estatal por dar «una seguridad económica para esta población que crece cada vez más».
Los avances en prestaciones económicas una vez alcanzada la edad de jubilación, así como la concienciación de la sociedad con el maltrato y el abuso a los adultos mayores son, en su opinión, dos de los grandes logros conseguidos por los países de América Latina y el Caribe en materia de protección de los derechos de la tercera edad.
«Creo que el avance más grande que puede mostrar la región es la Convención Interamericana, que es el primer instrumento a nivel mundial», aseguró Saad, en el marco de la Cuarta Conferencia Regional sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, celebrada en Asunción esta semana.
El representante de la Cepal se mostró optimista en cuanto a los medidas legislativas, pero señaló que «todavía hay una brecha muy grande en la implementación».
En su opinión, la duración de las legislaturas hace que los Gobiernos de la región enfoquen sus políticas en el corto plazo y descuiden «los programas a 30 años».
«Lo mejor es invertir en el bono demográfico y en educación para prepararse en el futuro», aconsejó.
Saad hizo especial hincapié en esta cuestión y en la necesidad de «no sacar plata de la educación para mejorar su calidad».
De esta forma se conseguirá que «un grupo grande se prepare mejor para que en su vida productiva sean trabajadores más productivos y que lleguen a la tercera edad con un soporte económico», sin depender únicamente del pilar de las pensiones.
Asimismo, mencionó que las mujeres latinoamericanas «viven más, pero tienen menos educación y menos participa laboral, y están una situación económica más vulnerable».
«El sector publico no se está involucrando en esto y es fundamental que participe en esto» para «sacar la doble carga que recae sobre la mujer», denunció.
A pesar de que los documentos de trabajo hablan siempre de la región en conjunto, Saad es consciente de que «cada país tiene su realidad» y que cada uno debe adoptar sus propias medidas ya que están «en un proceso distinto».
La Cepal trabaja en un documento sobre las cuentas nacionales de transferencia de diez países para la región para medir el impacto económico y social que tendrá el cambio en la estructura de edad, según adelantó a Efe.
Fuente: eldiario.es
Alternativas para completar las pensiones gracias a la vivienda
Los mayores de 65 años pueden rentabilizar su patrimonio inmobiliario con la hipoteca inversa, la renta vitalicia o la venta con alquiler garantizado, si quieren encontrar unos aliados «extra» para complementar sus pensiones.
El debate sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que los españoles obtengan un dinero extra para su jubilación rentabilizando su patrimonio inmobiliario, dado que los españoles destinan la mayor parte de sus ahorros a la compra de casas.
Mar Villa Pérez, directora de Atención al Cliente del Grupo Retiro, recuerda que el 85% del ahorro de las personas está invertido en su hogar, el 85% de la riqueza de los españoles es su vivienda y, sin embargo, es un activo que no se rentabiliza en vida por lo que considera una buena idea que los jubilados “pongan su patrimonio inmobiliario a trabajar”, recordando que en la actualidad existe distintas fórmulas para hacerlo: la hipoteca inversa, la renta vitalicia y la venta con alquiler garantizado. Con la premisa de que “quien tiene una vivienda tiene un tesoro, también a la hora de la jubilación”.
Hipoteca inversa
La representante del Grupo Retiro, compañía se define como una empresa de asesoramiento e intermediación de para la contratación de distintos productos inmobiliarios y financieros para personas mayores, explica en lo que consiste la hipoteca inversas señalando que “es un producto financiero destinado a personas mayores de 65 años propietarias de una vivienda, que quieran obtener unos ingresos mensuales sin perder su propiedad, precisando que estas personas no tienen por qué estar jubiladas”.
Villa Pérez informa que la hipoteca inversa es un producto que quedó regulado en la ley 41/2007 que permite establecer un crédito con garantía hipotecaria “que permite a quien lo suscribe cobrar del banco un renta hasta su fallecimiento en función de su edad y del valor de la vivienda” y precisa que tiene la particularidad (y de ahí su denominación de “inversa” o “hipoteca invertida” o “hipoteca revertida”) de que la persona mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni los intereses como en una hipoteca normal, sino que en las hipotecas inversas la deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante.
Es decir que el propietario en vida no tiene que devolver ni el capital ni los intereses sino que son los herederos quienes reciben un inmueble con una carga hipotecaria. Y ese es, precisamente, el aspecto que, según la directiva del Grupo Retiro, puede pesar en el propietario a la hora de decidirse a contratar una hipoteca inversa, reconociendo que este producto financiero requiere “un cambio de mentalidad, ya que la cultura de la herencia está muy arraigada en España”, aunque en su opinión, esto debería cambiar “ya que no puede ser que las personas mayores malvivan para que sus hijos hereden una casa” , haciendo especial hincapié en que este “es un producto pensado para los propietarios y no para los herederos” por lo que en la mayor parte de los casos los herederos no asumen la deuda y venden el inmueble.
Y si la hipoteca inversa se encuentra con el freno de que los propietarios quieren dejar su casa a sus descendientes sin cargas financieras, también, -tal y como admiten desde el Grupo Retiro- tiene otro inconveniente: el precio. “Es un producto caro”, reconoce Villa, quien asegura que el banco concede esta hipoteca a un interés del 6%, ya que se mueve a medio camino entre un crédito hipotecario y un préstamo personal. Otra cuestión que frena este tipo de operaciones es que los bancos no la conceden para todas las viviendas por lo que quedan excluidas las de menor valor, que estén en pueblos pequeños, etc. Mientras que a favor de esta fórmula se recuerda que utilizando esta hipoteca la casa llega los herederos, no hay necesidad de vender y el propietario continúa viviendo en su casa.
El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, reconoce que la hipoteca inversa no está teniendo mucho éxito de comercialización y cree que es debido a que las rentas que obtienen los propietarios no son muy altas, debido a la que la mayoría de las viviendas tienen un valor medio, y al hecho de que además estás rentas no son revisables y no tienen en cuenta la inflación. Por lo que cree que -aunque este tipo de hipotecas se concibieron “con muy buena voluntad”, ya que “somos un país de muchos propietarios que están envejeciendo con rentas bajas- el escollo es que “las rentas que da el banco –que encima no son muy altas dado que la vivienda media es barata- no se actualizan ni con la inflación ni con ningún índice inmobiliario”.
Santos González puntualiza que esto no quiere decir que no sea una alternativa interesante para algunas personas, dependiendo de la mensualidad que reciban, aunque subraya que ahora muchas familias piensan que no les conviene heredar una casa con esta carga al 6% de interés y se plantean como alternativa ayudar económicamente a sus padres, por ejemplo. Y concluye que, a priori, probablemente sólo sean interesantes para personas muy mayores y con una buena vivienda.
Renta Vitalicia
La segunda alternativa para completar la jubilación gracias a la vivienda es la renta vitalicia que consiste en un contrato, formalizado en escritura pública ante notario, mediante el cual las personas mayores de 65 años perciben una renta mensual durante el resto de su vida, a cambio de la venta de la nuda propiedad de su vivienda, pero manteniendo en todo momento el derecho de uso y disfrute de la misma, una cuota mensual que vendrá determinada tanto por el valor del inmueble como por la esperanza de vida del propietario (de acuerdo a la edad y sexo del rentista, y según las tablas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Seguros).
La representante del Grupo Retiro explica que la ventaja es que te quedas en tu casa hasta que mueras y que la cantidad que se percibe es mayor que la de una hipoteca inversa, con el añadido de que “no tienes que pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), derramas extraordinarias y el seguro de continente de la vivienda”, ya que el ‘vendedor’ sólo tendrá que pagar los gastos que están vinculados al uso de la casa como la cuota ordinaria de comunidad, suministros de la vivienda o la tasa de basuras, subrayando que esta “es una opción por la que se decanta mayormente la gente que no tiene hijos”.
La intermediación para la renta vitalicia la hacen empresas como el Grupo Retiro, que deja claro que los compradores no deben asumir ningún gasto en el momento de la contratación, ya que todos costes –incluidos los honorarios de la compañía intermediaria- los tienen que asumir los compradores de las viviendas que suelen grandes patrimonialistas y grupos y fondos de inversión. Haciendo hincapié en que para que estos contratos tengan la máxima garantía legal deben formalizarse en una Escritura Pública ante Notario que incluye una Condición Resolutoria que quedará inscrita también en el Registro de la Propiedad.
Venta con alquiler garantizado
La tercera opción es la venta con alquiler garantizado, también conocido como sale & leaseback, que es una opción que utilizan muchas empresas pero en esto caso aplicada a particulares y que permite a las personas mayores vender su vivienda, obteniendo una liquidez inmediata, pero sin tener que dejar su casa, ya que de modo simultáneo a la venta se convierten en inquilinos de piso por el plazo de tiempo que ellos fijen, pudiendo llegar a ser con carácter vitalicio, es decir, hasta su fallecimiento.
Desde del Grupo Retiro se explica que esta es una opción que puede ser interesante para quienes tiene una necesidad de dinero urgente para afrontar un pago o para personas de edad muy avanzada que necesitan sufragar cuidados médicos, destacando Mar Villa que no es un producto que recomiendan para personas que no hayan cumplido los 80 años, “ya que al final pagas más en alquileres que el valor de tu propia casa”.
La venta con alquiler inmobiliario es un producto inmobiliario y explica que ellos lo que hacen es elevar el contrato de arrendamiento a largo plazo a público ante notario con los que se inscribe en el Registro de la Propiedad con lo que se preotege al inquilino frente a terceros.
Esta empresa intermediaria aseguran que estas fórmulas de rentabilizar la vivienda cuando se acerca la jubilación son muy populares en Europa y señala que la hipoteca inversa está muy implantada en Gran Bretaña y que lo mismo ocurre en Francia con la renta vitalicia. Mar Villa Pérez considera que no ocurre lo mismo en España con la hipoteca inversa debido a que los bancos son reacios a concederlas y explica que este tipo de hipotecas tuvo una época de auge entre 2007 y 2010 pero luego las entidades financieras se han retirado debido a la enorme cantidad de viviendas que tiene en cartera y “que deben digerir”.
Ejemplos prácticos
El Grupo Retiro facilita algunas ejemplos para dar una idea de cómo funcionan estas fórmulas de rentabilizar la inversión que se ha hecho en una casa cuando el propietario se va haciendo mayor. Una persona de 75 años, independientemente de su sexo, con una vivienda valorada en unos 300.000 euros en una ciudad como Madrid o Barcelona cobraría 466 euros al mes con una hipoteca inversa. Y en el caso de que optara por la renta vitalicia, una mujer de 75 años con una casa de 300.000 euros percibiría 902 euros al mes, y en el caso de un varón de la misma edad la cantidad ascendería a1.112 euros mensuales.
Fuente: Invertia
¿El futuro son los sistemas privados de pensiones?
Chile que cuenta con un sistema privado de pensiones, impuesto por Pinochet, pide un sistema público de pensiones.- Cientos de miles de chilenos exigen el fin del Sistema Privado de Pensiones.
Centenares de miles de personas salieron hoy a las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para exigir el término del sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.
En Santiago, según la pChile que cuenta con un sistema privado de pensiones, impuesto por Pinochet, pide un sistema público de pensionesolicía, participaron unas 50.000 personas y más de 100.000 según los organizadores, que dijeron que en total la convocatoria sumó unas 750.000 personas a nivel nacional, a las que Luis Messina, dirigente de la Coordinadora «No+AFP», convocante de la marcha, definió como «los indignados de Chile».
La manifestación se desarrolló en Santiago a lo largo de la Alameda Bernardo O’Higgins, la principal avenida de la ciudad, y al igual que en todo el país fue pacífica, con la participación de familias completas y muchas personas mayores, que sufren directamente las bajas pensiones.
«¡No+AFP, por pensiones dignas Chile sale a la calle», fue la consigna principal de la manifestación, convocada por varias organizaciones sociales que demandan la extinción del Sistema de Capitalización Individual, que entrega la administración de los fondos acumulados por los trabajadores a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En las pancartas y carteles que portaban los manifestantes se podían leer, entre otras, consignas, «No más AFP», «Basta de abusos», o «Exigimos pensiones dignas».
También las leyendas hacían alusiones a las pensiones que cobran algunos altos cargos de instituciones como Gendarmería (Servicio de Prisiones), de hasta más de cinco millones de pesos (casi 7.000 euros), equivalentes a cerca de 50 pensiones mínimas que cobran cientos de miles de chilenos.
Cuando en 1981 la dictadura de Pinochet impuso el sistema de AFP a los chilenos, mantuvo el antiguo sistema de reparto para las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones.
En cambio, los cotizantes del sistema privado cobran pensiones en de entre un tercio y un 50 por ciento de los ingresos que recibían durante su vida laboral.
En promedio, según publicaciones recientes, de pensiones del sistema privado es de unos 312.000 pesos (unos 437 euros), aunque cientos de miles de personas sólo reciben pensiones mínimas, la mitad de esa cifra.
Quienes defienden el sistema privado han propuesto ideas que sólo afectan a los trabajadores para mejorar las pensiones: aumentar la edad de retiro, que es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres o aumentar su cotización a las AFP (10 % del sueldo) mediante cuentas de ahorro voluntario en las mismas administradoras.
El pasado jueves, seis parlamentarios de la oficialista colación Nueva Mayoría presentaron un proyecto de ley de reforma constitucional que pone fin al sistema de AFP y lo reemplaza por un sistema público y solidario de cotización, con aportes no sólo de los trabajadores, sino también de sus empleadores y del Estado.
Fuente: invertia
El actual sistema de pensiones no es sostenible
Hay múltiples factores que hacen inviable al actual sistema de pensiones. Algunos de ellos, la evolución de la pirámide de población, el claro descenso del número de cotizantes a la seguridad social, la deflación de salarios, el previsible decrecimiento de población en las franjas de población activa,… Son muchos los factores que evidencian el colapso del actual sistema de pensiones, pero hasta ahora, no hay ninguna propuesta alternativa viable que garantice una supervivencia digna para los futuros mayores.
Aprobada la reforma de pensiones sin consenso político ni social
El Pleno del Congreso aprobó el jueves 19 de diciembre, de forma definitiva, el proyecto de ley de la reforma de pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios.
De esta forma, la norma, que entrará en vigor el 1 de enero del 2014, ha concluido los trámites parlamentarios tras dos meses y medio de debate en ambas cámaras, dónde los partidos de la oposición han llegado a defender, sin éxito, hasta nueve vetos y 90 enmiendas.
En el transcurso de estos debates, el grupo socialista y CiU, respaldados por el resto de la oposición, han vaticinado, en más de una ocasión, que la reforma «no tendrá larga vida» y será derogada cuando haya cambio de Gobierno.
Ante estos vaticinios, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y diputada Carolina España ha advertido de que si esto llega a ocurrir «volvería la ruina, el déficit, la congelación y el rescate» por lo que ha instado a la oposición a «arrimar el hombro».
En el último debate parlamentario sobre esta reforma, el PP ha insistido, de nuevo, en mandar mensajes de tranquilidad a los nueve millones de pensionistas, a los que ha asegurado que el proyecto de ley garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo, a medio y largo plazo.
Novedades
Con esta reforma, las prestaciones ya no se actualizan conforme al IPC si no en función de los ingresos y gastos del sistema y del aumento de los pensionistas. La ley fija un suelo de subida del 0,25 % para los años malos y un techo para los años de bonanza del IPC más el 0,5%. Este índice se aplicará a todos los pensionistas, actuales y futuros y para 2014, el Gobierno ya ha decidido que la subida será del 0,25%.
Otra novedad que incorpora la reforma es el denominado factor de sostenibilidad que añade un criterio más: la esperanza de vida. Con la reforma aprobada, la pensión inicial a cobrar se ajustará a la variación de la esperanza de vida que haya cada cinco años. Como lo previsible es que la expectativa de vida aumente en el futuro, las prestaciones mensuales serán más bajas.
No obstante, el Ministerio de Empleo asegura que la prestación total percibida será similar a la de pensionistas anteriores dado que se cobrará menos cada mes pero durante más años. Con ambas medidas, el Gobierno calcula que el sistema se ahorrará cerca de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Enmiendas
Durante estas semanas de debate parlamentario, la oposición ha escenificado, más de una vez, en ambas cámaras, su rechazo unánime al proyecto y su convencimiento de que el Ejecutivo albergaba con estas medidas una «maniobra» para «consumar la muerte del sistema público de pensiones». En este tiempo, el proyecto de ley solo incorporó cuatro enmiendas del PP. Una, la que elevaba al IPC más el 0,50% la subida de las prestaciones en época de bonanza; otra, que nombraba una autoridad fiscal independiente para valorar el índice de revalorización y dos más referidas a sendos informes quinquenales sobre los efectos de la ley en la suficiencia de las pensiones.
En esta polémica, los populares han insistido en que con esta reforma las pensiones nunca bajarán. «El barco se mantendrá siempre a flote» llegó a decir la ministra de Empleo en el primer debate en el Congreso. Además, los populares han sostenido que las medidas recogidas en la reforma son «absolutamente necesarias» para garantizar las prestaciones de los nueve millones de pensionistas, que serán 15 millones en el año 2050.
Esta reforma no será la última ya que el Ejecutivo planea en un futuro sacar las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) de la Seguridad Social. De llevarse a cabo esta medida se generaría un ahorro anual al sistema de 22.300 millones de euros, es decir, el 20 % del gasto total de las pensiones contributivas.
La Seguridad Social dispondrá de otros 3.500 millones del Fondo de Reserva
La Seguridad Social dispondrá de otros 3.500 millones de euros del Fondo de Reserva -la denominada «hucha de las pensiones»- para abonar las pensiones.
En un comunicado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, señala que dispondrá de dicha cantidad el 1 de julio porque en ese mes se produce una «importante necesidad» de financiación para hacer frente a la mensualidad ordinaria y a la paga extraordinaria.
Precisa que el saldo de tesorería a cierre de junio «no permite afrontar el pago de las prestaciones» sin tener que recurrir al fondo de reserva.
Según Empleo, el desembolso de julio se produce en un contexto de disminución del saldo de tesorería, que se explica porque la recaudación bajó el 1,57 % anual y por el crecimiento del número de pensiones, cuyo gasto avanza a una tasa anual del 3,85 % (ambos con datos acumulados hasta junio).
Las transferencias del Estado han hecho posible que durante el primer semestre no se haya tenido que recurrir al fondo de reserva, circunstancia que ha cambiado durante el tercer trimestre, subraya el Ministerio.
En 2012 se utilizaron reservas por valor de 11.683 millones de euros, 7.003 millones del fondo de reserva propiamente dicho y 4.680 del fondo de prevención y rehabilitación.
La ley establece el uso del fondo de reserva en los supuestos de existencia de déficit por operaciones no financieras.
En 2012 el déficit fue de 11.636,22 millones de euros (actualizado a 18 de junio) y para 2013 se prevé que alcance los 14.873 millones.
También puede utilizarse para necesidades hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
En este sentido, Empleo señala que el importe que se abona el primer día hábil de julio supera los 14.000 millones y que el día 22 hay que liquidar el IRPF correspondiente a esas pensiones, que se cifra en unos 1.000 millones.
La información sobre los importes que se utilicen, si fuera necesario, del fondo de reserva en el tercer trimestre se elevará al Consejo de Ministros en octubre, tal y como establece la ley.
Un millar de jubilados catalanes reclaman al Gobierno la revalorización de sus pensiones
Un millar de jubilados catalanes han reclamado en las oficinas de la Seguridad Social la revalorización de sus pensiones de 2012 –que subieron un 1 por ciento, cuando la inflación lo hizo un 2,9–, y la incorporación de este incremento en las tablas retributivas de este año, en una campaña puesta en marcha por el Colectivo Ronda a finales de 2012.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el abogado y fundador del Colectivo Ronda, Jordi Pujol, quien ha explicado que todos los jubilados que lo deseen pueden rellenar la hoja de reclamación que la asociación ha colgado en su página web y presentarla en las oficinas de la Seguridad Social antes de noviembre de este año.
El documento argumenta que la medida es ilegal porque se aplicó con efecto retroactivo y porque, además, incumplió principios constitucionales y puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el compromiso de los Estados para que las prestaciones de la Seguridad Social se apliquen con la «máxima intensidad presupuestaria» y se incrementen en el tiempo.
«Desde el punto de vista nacional e internacional, queda claro que las pensiones deben revalorizarse», ha argumentado Pujol, quien también ha recordado que el Pacto de Toledo obliga a incrementarlas en función del Índice de Precios al Consumo (IPC).
DENUNCIA JUDICIAL
Pujol ha explicado que los afectados tienen 30 días para presentar una demanda judicial desde el momento que reciben la carta de respuesta de la administración, que «en la mayoría de casos llega con una carta preestablecida».
El abogado del Colectivo Ronda ha asegurado que esto supondrá una fuerte presión para el Gobierno, que verá como los juzgados se «llenan» de denuncias reclamando la revalorización de las pensiones.
«Para un juzgado que resuelve 800 casos al año, supone un trabajo enorme acumular 100 sentencias más», ha reflexionado, tras admitir que lo más probable es que estas reclamaciones acaben llegando al Tribunal Supremo y, posiblemente, al Tribunal Constitucional.
En junio llegará a los juzgados la primera de estas demandas, y el Colectivo ya ha empezado a recibir varias citaciones para 2014: «El año que viene vamos a oír hablar mucho de estos casos», ha afirmado Pujol.
SANTS
El Centro Social de Sants (Barcelona) y la Asamblea 15M del barrio han iniciado una campaña para recoger el máximo de reclamaciones posibles para después presentarlas todas juntas –aunque a título individual– el próximo 22 de mayo en la oficina de la Seguridad Social de la calle Numancia.
Para ello, tres días a la semana desplegarán mesas informativas en el barrio, y los lunes por la tarde celebrarán asambleas de asesoramiento jurídico abiertas a todos los vecinos.
«El Gobierno está haciendo un ataque brutal a la calidad de vida de los jubilados: a la no revalorización de las pensiones se suman otros factores como los recortes en dependencia y la subida del IVA», ha criticado el portavoz de los indignados, Karlos Martínez, quien ha asegurado que la asamblea del 15M acompañará a los demandantes hasta que finalice el proceso judicial.
UGT advierte de que la reforma del subsidio de mayores de 55 años tendrá consecuencias «demoledoras»
UGT ha advertido este miércoles de que el endurecimiento de las condiciones de acceso al subsidio para mayores de 55 años tendrá una repercusión «demoledora» sobre las pensiones de estos desempleados, pues este subsidio es el que cobran y por el que cotizan estos parados hasta que les llega la edad de jubilación.
El sindicato ha criticado la «absoluta falta de sensibilidad» de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde ha señalado que el 80% de los nuevos beneficiarios de este subsidio no tendrán problemas para cobrarlo al cumplir todos los requisitos exigidos.
UGT considera «inaceptables» estas declaraciones de la ministra y le recuerda que el 20% de los posibles beneficiarios se quedarán fuera del sistema «y en riesgo de exclusión social» al haberse incluido las rentas de toda la unidad familiar, y no sólo las del perceptor, en los criterios de acceso a este subsidio.
La organización dirigida por Cándido Méndez ha recordado además que el pasado mes de julio ya se «recortó» esta prestación, al elevar desde los 52 hasta los 55 años la edad mínima de acceso a este subsidio.
El número de pensiones supera en enero los nueve millones por primera vez
El paulatino envejecimiento de la población ha elevado el número de pensiones contributivas que cada mes abona la Seguridad Social por encima de los nueve millones por primera vez en la historia. El aumento de las prestaciones, además, está pasando facturas a las arcas de la institución, que en enero incrementó la partida que destina a estos pagos en un 4,8% pese a la decisión del Gobierno de no compensar a los pensionistas por la inflación. Ante este aumento de las prestaciones y la persistente caída del empleo, la Seguridad Social ya cerró 2012 consu déficit más abultado desde que dejó de financiar la sanidad.
Según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Empleo correspondientes al 1 de enero, el número de prestaciones contributivas creció en un 1,5%, hasta los 9.008.348. Por tipo de prestación, fueron las de orfandad, que aumentaron en un 7,3% aunque su peso en relación con el total es pequeño, y las de jubilación, que son las más numerosas y que suponen un mayor desembolso, que repuntaron en un 2%. Así, a principios de año, el organismo público tenía contabilizadas 5.402.863 pensiones por jubilación.
En cuanto al coste de estas prestaciones, el gasto en pensiones contributivas aumentó en enero un 4,8%, hasta los 7.653 millones, con respecto al mismo mes de 2011, cuando sí hubo paga extra para recuperar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. Las previsiones del Gobierno son de destinar un 4,2% a lo largo de todo 2013 en pensiones.
El repunte, que tuvo lugar pese a la supresión de la compensación por el IPC sufrida en 2012, que se solía abonar en una única paga en este mes, y la consolidación de la revalorización en 2013, indica que el gasto se acelera con respecto a los meses precedentes. Esto es debido, explica el departamento que dirige Fátima Báñez, por el incremento en el número de receptores y la subida del 1% aprobada por el Gobierno para este año para las prestaciones de más de 1.000 euros y del 2% para el resto.
A este respecto, la pensión media de jubilación alcanzó los 969,89 euros, un 3,6% con respecto al arranque de 2011. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 849,60 euros al mes, lo que supone un alza interanual del 3,3%.
Frente al crecimiento de los perceptores de prestaciones, el número de trabajadores que pagan mensualmente sus cotizaciones a la Seguridad Social ha caído con más intensidad al sufrir un descenso del 4,57% en 2012. Esto supone que a cierre de 2012 había 787.240 ocupados menos que a finales de 2011, lo que equivale a 16,3 millones de inscritos en el sistema. Esta destrucción de empleo ha provocado que, por primera vez desde 1997, haya menos de dos trabajadores afiliados por cada pensionista, cuyo número a finales de diciembre era de 8,1 millones. Con estos mimbres, la Seguridad Social cerró 2012 con su mayor desfase presupuestario desde que dejó de financiar la sanidad: un déficit de 11.800 millones, sin contar con los intereses del fondo de reserva.
Aerte se siente «marginada» por el Consell en el abono de la deuda frente a otros colectivos y anuncia nuevas acciones
El sector de la dependencia representado por Aerte ha asegurado este viernes que se siente «marginado» por la administración valenciana tras la intención manifestada por el Consellde pagar 10 millones de euros a discapacitados, «cuando el Ministerio de Sanidad ha confirmado haber abonado ya más de 339 millones de euros destinados a deuda de servicios sociales de cinco autonomías». En este sentido, ha anunciado que emprenderá nuevas acciones para dar a conocer su «discriminación».
Esta patronal del sector de la dependencia valenciana, que atiende a mas de 20.000 usuarios, ha calificado el anuncio de pago del Consell a discapacitados como un «parche inservible e infructuoso», ya que, según ha apuntado, «solo a los centros que representa –cifra que en su conjunto supera los 200– adeuda más de 100 millones de euros, equivalentes a las facturas impagadas de todo el año 2012». de esta cantidad, la patronal afirma «no haber cobrado aún ni un euro».
En esta línea, ha recalcado que la «decepción» del sector de la dependencia valenciano agrupado en Aerte «se evidencia aún más al conocer que el Gobierno central ha destinado 339,6 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), abonando con ello facturas pendientes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, hasta el 21 de noviembre».
Frente a este dato, Aerte ha exigido «explicaciones» al Consell «por la situación en que se encuentra la dependencia valenciana y en particular, las empresas, trabajadores y pacientes de los centros que representa».
La patronal ha anunciado la adopción de nuevas medidas en su Asamblea Extraordinaria –que celebrará el 18 de diciembre– para acordar «las acciones oportunas a desarrollar para dar a conocer a la sociedad española en general y valenciana en particular, la situación de discriminación que existe sobre el sector de la dependencia en la Comunitat Valenciana».
Los mayores advierten: «No habrá cohesión social sin empleo digno para jóvenes»
La secretaria de la Unión Democrática de Pensionistas y consejera del Consejo Estatal de Personas Mayores, Margarita García, se ha dirigido este jueves a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para advertirle de que «la cohesión social no se puede conseguir mientras los jóvenes no consigan un empleo digno y los mayores no consigan una pensión digna».
García ha sido la encargada de leer ante la ministra la Declaración del Día de la Solidaridad entre Generaciones como broche final a esta jornada celebrada en el centro de formación del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila, aunque saliéndose del guión, ha «aprovechado esta magnífica oportunidad», en sus palabras, de dirigirse al Ejecutivo.
«Quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para pedirle encarecidamente que, aunque soy plenamente consciente y estoy convencida de que para nuestro presidente del Gobierno son dos objetivos prioritarios –en relación al empleo y las pensiones dignas–, usted constantemente se lo recuerde», ha dicho García.
Mato, por su parte, le ha devuelto el compromiso de «crear empleo para los jóvenes y los mayores que no lo tienen porque es la primera prioridad del Gobierno» y ha asegurado que en todas las «decisiones complicadas» que viene tomando el Ejecutivo «siempre» tiene presente la «deuda impagable» de la sociedad con las personas mayores.
En este sentido, ha asegurado que está haciendo cuanto está a su alcance para que las medidas adoptadas redunden en su bienestar y ha destacado el Estatuto del Mayor, en el que ya están trabajando las asociaciones y que servirá para «proteger a las personas mayores de cualquier discriminación».
Según ha dicho, la norma supondrá «un avance decisivo en la garantía de los derechos de las personas mayores» y en el «reconocimiento del papel que desempeñan en la sociedad», donde ya suponen el 17 por ciento de la población, cifra que se duplicará en el año 2049 según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De momento, el Ejecutivo sólo dispone de un primer borrador que el Consejo Estatal de Personas Mayores ha entregado este jueves a la ministra y que resume las líneas generales de su propuesta de estatuto que debe fijar «las condiciones que garanticen la igualdad de todos los españoles y que mejoren la situación de las personas mayores».
La iniciativa contempla incorporar al estatuto el «reconocimiento a la labor y el trabajo realizado por las personas a lo largo de su vida», el derecho a «trabajar y jubilarse de forma voluntaria y el derecho a un trato digno, sin discriminaciones y basado en la igualdad, con «acciones específicas» en favor de las mujeres.
Asimismo, persigue que se fijen medidas que «garanticen el autogobierno de la persona en los ámbitos personal, patrimonial y de relaciones familiares y sociales, regulando la responsabilidad civil de las personas mayores y la de las demás personas en relación con ellas», en orden a garantizar su protección jurídica.
El borrador plantea que el Estatuto recoja también el derecho a una participación activa de las personas mayores, el derecho a la continuidad en la formación, al uso y comunicación a través de las tecnologías de la información o «el derecho a recursos económicos suficientes», entre otros.
En el acto han intervenido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos; el eurodiputado Andrés Naranjo, que han acompañado además a la ministra en un recorrido a su llegada por los expositores instalados en el polideportivo del centro de formación con motivo de la jornada.
Mato ha tenido la oportunidad de charlar en la visita con algunas de las personas mayores que participan en el encuentro, como la veintena de mujeres de la Escuela de Tai-chi del barrio de San José y María Inmaculada de Salamanca, aunque algunas personas se le han acercado para plantear otros asuntos.
Ha sido el caso de una salmantina de 68 años, esposa de un enfermo crónico, que ha preguntado directamente a Mato por qué ahora tendrá que pagar sus recetas. «Lo hemos hecho para garantizar la Sanidad, yo se que es un esfuerzo, pero no había margen», le ha dicho la ministra, tras insistir en que, a lo sumo, en su caso pagará 8 euros al mes por los medicamentos.
La subida del IRPF afecta a las pensiones de 730.000 jubilados
Son 729.984 jubilados que han visto reducida su pensión por esta iniciativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy para los ejercicios 2012 y 2013, y de ellos el 15% (más de 111.000 personas) percibe anualmente menos de 18.000 euros.
Según los datos facilitados a la diputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, las comunidades más afectadas son Cataluña, con 176.107 jubilados afectados, y la Comunidad de Madrid, con 157.757. Les siguen Andalucía (79.114), la Comunidad Valenciana (62.942), Castilla y León (49.354), Galicia (44.123) y Asturias (42.832).
A más distancia se encuentran los 28.554 jubilados aragoneses afectados, los 18.665 canarios, los 17.812 castellano-manchegos, los 14.156 cántabros, los 13.108 baleares y los 12.181 murcianos. Cierran la lista Extremadura (7.871), La Rioja (4.803), Ceuta (383) y Melilla (232).
En función de la cuantía de las pensiones, el grueso de los afectados se encuentran en la horquilla entre 30.001 y 36.000 euros al año, que suman 242.312 personas que pagarán más IRPF. Le siguen los 202.950 que cobra entre 24.001 y 30.000 euros; los 165.662 que cobran entre 18.001 y 24.000 euros y los 110.786 que cobran entre 12.001 y 18.000 euros. Los menos afectados son los que tienen pensiones menores de 12.000 euros (554 personas) y los que ganan más de 36.000 euros (7.720).
Asociaciones de prejubilados y pensionistas recogerán firmas contra la congelación de las pensiones en 2011
Bajo el lema ‘Una firma contra la congelación’, dichas asociaciones, que representan a más de 3,5 millones de personas mayores en todo el país, pretenden recoger las 500.000 firmas necesarias para avalar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados dirigida a la reversión de la congelación de las pensiones el pasado año, lo cual supuso una pérdida de capacidad adquisitiva del 2,9% para los casi 5,5 millones de pensionistas afectados por la medida.
