Pobreza
2,5 millones de mayores y personas con discapacidad sufren pobreza energética en España
Unos 2,5 millones de mayores y personas con discapacidad en España están afectados por la pobreza energética, y tienen grandes dificultades para hacer frente a sus facturas de electricidad, de las que 1,6 millones son personas mayores y otras 900.000 con alguna discapacidad.
Así lo refleja el estudio ‘Los consumidores vulnerables en el sector eléctrico’, elaborado por Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la asociación de consumidores Hispacoop, que fue presentado este miércoles en Servimedia.
Además, según este informe, el 78% de las personas de estos colectivos tienen dificultades para entender los servicios contratados y el 48% para poder acogerse al bono social.
El director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, denunció que «hay muchísimas dificultades para pagar la factura de la luz y problemas con la comprensión del contrato y de las facturas». Además, lamentó la existencia de «dificultades para acceder a los servicios de comunicación y acceso a la información, que son manifiestamente mejorables».
Por su parte, la responsable del Área de Consumo de Hispacoop, Carmen Redondo, advirtió de que «el sector eléctrico es el que genera mayor descontento por parte de los consumidores como consecuencia de sus continuas reformas» y que «las personas que más lo sufren, que son las personas mayores y con discapacidad, no reclaman».
BONO SOCIAL INSUFICIENTE
En esta línea, el gerente del Cermi, Luis Alonso, apuntó que «el gran problema es que las personas con discapacidad tienen una capacidad de renta menor y tienen que gastar más», por lo que concluyó que su reconocimiento en el bono social «se queda corto».
Para Alonso, en el nuevo bono la discapacidad «se reconoce de manera un tanto indirecta», ya que facilita el acceso al incrementar los límites de renta. Por ello, aboga por un reconocimiento similar al que tienen las familias numerosas y los perceptores de pensiones mínimas.
También se refirieron al bono social Redondo, que advirtió de que «existe un gran desconocimiento» y de que «los trámites burocráticos son muy grandes, lo que dificulta mucho su acceso», y Cabra de Luna, quien pidió que el reconocimiento de los beneficiarios sea automático a través de la información de los servicios sociales.
En nombre de los mayores, la vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), Francisca Tricio, explicó que la situación es parecida, ya que «tienen bajísimas pensiones en muchos casos y un mayor gasto». «La luz es carísima y la gente no puede comprar ni la medicación», añadió.
Además, denunció que este colectivo «está indefenso ante todo el maremágnum eléctrico, que no se entiende y ni siquiera sabes de quién dependes ni a quién tienes que reclamar», así como la actitud de los comerciales de las compañías eléctricas cuando visitan los domicilios.
Por último, Luis Miguel Bascones, consultor de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, alertó de que los mayores «se sienten incompetentes a la hora de abordar las facturas, por lo que no las leen y se fían de lo que les llega por el banco», y denunció las dificultades de accesibilidad tanto a las oficinas físicas, que son escasas, como a los servicios telefónicos y las webs de las eléctricas.
Fuente: elEconomista.es
«De no hacer algo vamos camino de ser un país de personas mayores pobres», la pobreza se está cronificando
Entrevista con Enric Morist, coordinador de Creu Roja en Catalunya.
El pasado marzo Creu Roja presentó su último informe anual, centrado en la cronificación de la pobreza. En ese documento la entidad ya daba la voz de alarma sobre una creciente realidad que tendrá consecuencia futuras: el 32% de los atendidos por la oenegé por pobreza trabaja. Un fenómeno impensable antes de la crisis, hace ya una década. Pero lo peor, advierten desde Creu Roja, está por llegar: las personas en situación vulnerable no cotizarán suficiente para recibir la pensión de jubilación. Según sus cálculos, el 40% de sus usuarios no tendrá pensión. Claman, pues, por un plan que evite condenar a la precariedad a cientos de miles de personas.
España crece a un ritmo elevado, por encima del 3%. Pero la desigualdad social, lejos de mejorar, está empeorando. ¿Realmente ha pasado la situación de emergencia social?En nuestro último informe hemos ratificado lo que nos temíamos. Es verdad que hay un cierto cambio, que hay cosas que van mejor, y eso lo hemos de remarcar, no podemos dejar de mandar un mensaje de esperanza. Pero seguimos estando en situación de emergencia para algunos colectivos. La pobreza actual no es tan general , no tenemos tanta amplitud de crisis, pero la situación es peor para los que ya estaban mal. Estamos, sin duda, frente a una mayor severidad de la pobreza y una cronificación.
Muchos no lo conseguirán. En nuestro caso el 40% de los que atendemos tiene una exclusión crónica. No lo logra. Y si lo logra es de manera puntual y vuelve a estar en la rueda de la vulnerabilidad. E insisto, muchas personas están cada vez peor. El 80% de los que atendemos está en situación muy severa. Cada vez más. Y lo peor es el trabajo.
¿Querrá decir el paro? Sí sí, también, pero me refiero al trabajo, a las personas que sí están empleadas. El 32% de aquellos a los que atendemos está trabajando. Eso es algo muy duro. El trabajo ya no te exime de la pobreza . Ya no podemos medir la exclusión con un indicador solo de paro. Numerosos empleados han de seguir recibiendo ayuda de la Administración o de las entidades sociales. Es una tendencia que en poco tiempo ha subido 10 puntos. Los sueldos son muy bajos y de corta duración. Cuatro de cada 10 usuarios de Creu Roja que trabaja cobra menos de 650 euros. Y muchos no cotizan. Ese es un tema gravísimo. Las cifras son terribles.
Siga, siga con los datos. En Catalunya hay 160.000 familias en las que ninguno de los miembros que podría trabajar lo hace. En esas familias hay 400.000 niños, prácticamente el 18% de la población infantil. Eso no quiere decir que sean automáticamente pobres, pero es un riesgo muy alto. De estas familias 100.000 no tiene ninguna prestación porque llevan más de dos años sin trabajo y viven de ayudas sociales. Pero aun así nuestra herramienta única para salir de la pobreza ya no puede ser el trabajo. Los salarios bajos no ayudan a las familias a cambiar la situación. Y lo peor está por llegar sino se pone remedio.
Plantea un panorama desolador. Estamos ante un tema gravísimo. Nosotros estamos muy preocupados por las personas de 45 a 50 años desempleadas. Aunque hay bastantes iniciativas no acabamos de incorporarlos al mundo laboral. Está costando muchísimo. Entran, salen, entran, salen… Y es un colectivo muy valioso. Nosotros predicamos con el ejemplo y en Creu Roja les estamos incorporando. Estamos muy contentos, son personas que trabajan muy bien, tienen experiencia y para según qué tipo de trabajo, más intelectual, de pensar, de perfeccionar, son ideales. Pero el gran drama está en la cotización.
Me habla de pensionistas pobres. Piense que entre las personas que atendemos y hemos entrevistado los de 50 años tienen una media de cotización de 11 años. Aunque trabajen mañana cobrarán una pensión muy mínima. Lo mismo los que han trabajado 30 y dejen de hacerlo los últimos años. Estamos condenando a una generación de centenares de miles de personas a una situación de muchísima precariedad. Llegaran a los 65 y no habrán cotizado lo suficiente. Y muchos sin pisos de propiedad, a diferencia de ahora.
Cambio de tercio, pues. Hasta ahora los abuelos eran los que sorteaban mejor la crisis. Catalunya será un país de personas mayores, eso ya lo sabemos. La esperanza de vida es más alta y se producen menos nacimientos, pero si seguimos así será un país de personas mayores y pobres… Es una perspectiva que nos preocupa muchísimo Hoy en día, según el Instituto Nacional de Estadística, el 20% de la población llega a final de mes con la ayuda de la pensión del abuelo. En muchos casos sirve para pagar el comedor del niño, los recibos… Es un dato oficial. Habrá un efecto colateral, si no podrá ayudarse a sí mismo, tampoco a ese 20%. Habrá un empobrecimiento general de la población.
¿Se refiere a un futuro relativamente cercano? En dos o tres años ya lo notaremos mucho. Es la tormenta perfecta. Se dan todos los ingredientes: alta desempleabilidad, no cotización, elevado precio de la vivienda, esperanza de vida mayor y el no poder ayudar a sus hijos. Nadie podrá hacerse el sorprendido. Todos los datos van hacia aquí.
¿Cómo prevenirlo? La solución no puede ser de un año para a otro. Han de ser muchas soluciones y respuestas estructurales no coyunturales. Temas de vivienda, de dependencia, de sanidad…
¿Vamos tarde? Me temo que sí. Comencemos a prepararnos porque eso sí será una revolución que nos afectará, y eso imaginando que todo va bien y seguimos cobrando pensiones, que es mucho imaginar. Habrá que atender a toda esta gente empobrecida y esa atención costará mucho dinero. O hacemos un plan urgente para que esta gente cotice de manera inmediata o preparamos una gran inversión pública para atenderlos porque sino no podrán ni sobrevivir. Es un mensaje que hace tiempo venimos diciendo, luego podemos hablar de que estamos a favor de la renta por la ciudadanía y lo que quieras, pero ese plan de contención se ha de preparar.
Hablando de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), ¿se aprobará finalmente este mes? Eso esperamos . Para nosotros es un tema importante, pero sobre todo de dignidad, por unos ingresos mínimos, pero también por la metodología. Muchas de estas personas ya reciben ayudas, pero más allá de ello han explicar cada vez su caso a diferentes trabajadores sociales. Si uno no ha pasado por esta situación es muy difícil de imaginar. Que haya un recurso centralizado con el cual solo tengas que explicar una vez tu dificultad dignifica. Todo el mundo es digno, sí, pero la realidad es que no todos pueden vivir con dignidad.
Va en la línea de las tarjetas de alimentación. Así es. Las tarjetas para comprar en tiendas a las que hacemos recargas económicas han sido un paso adelante . No compliquemos más las cosas. No hace falta dar paquetes en la plaza del ayuntamiento. Esto ya ha pasado. Todo el mundo lo hace con buena voluntad, pero ya ha pasado.
¿Qué hemos aprendido durante esta década de crisis? Sobre todo que nos puede pasar a cualquiera. Todos conocemos a alguien, les ocurría a nuestros abuelos cuando pasaron la posguerra: todos estaban fatal. Pero antes la pobreza parecía que no iba con nosotros, que afectada básicamente a inmigrantes. Ahora hemos aprendido que todos somos mas vulnerables. Esta ha sido una gran lección.
¿Nos ha hecho cambiar la mirada? Por supuesto. Como ejemplo, desde el 2007 tenemos mas socios que nunca, y eso no solo ha pasado a la Creu Roja. Es una buena noticia. Crecemos en 10.000 personas netas al año. Tenemos 230.000 socios, son muchos. Algunos se van porque no pueden pagar la cuota o se han vuelto usuarios, pero hemos conseguido muchos nuevos. Es una mirada más allá de la solidaridad. Hemos visto que puede ocurrirnos.
Algo bueno hemos sacado entonces. Sí, pero me temo que volveremos a caer en los mismos errores.
La condición humana. Efectivamente. Ya volvemos a oír otra vez del problema de la vivienda. Vivir en Barcelona ciudad es muy complicado para un joven. Ya no se puede independizar aunque trabaje. O recibe en herencia un piso o es casi imposible. En pareja, depende del sueldo; y tener hijos ya ni te cuento. La solución es irse fuera. La vivienda vuelve a dispararse y volvemos al lío aquel. Pero sobre todo hay que dar esperanza. No nos podemos conformar con que habrá gente que vivirá toda la vida con una renta básica. No hay ninguna persona mentalmente sana que tenga como objetivo en su vida cobrar una renta de 700 euros. Es muy duro. No podemos condenar a esta generación.
Fuente: el Periódico
Miguel Ángel Riera: «Cáritas atiende el mismo número de personas que en plena crisis, unas 1.500 en Ibiza y Formentera»
Miguel Ángel Riera, párroco de Sant Francesc y del Pilar de la Mola, ya había sido el delegado de Cáritas para Ibiza y Formentera entre 1993 y 2006. Hasta ahora ha ocupado el puesto de delegado episcopal de misiones. Ahora le propusieron volver al trabajo en Cáritas y aceptó la responsabilidad como conocedor de esta organización cristiana y para poder desarrollar la dimensión social de la Iglesia a la que se siente especialmente ligado por inquietudes y compromiso con las personas más desfavorecidas.
-¿Qué le ha movido a aceptar el puesto de delegado de Cáritas en las Pitiüses?
-La obediencia (risas)… no, en serio, realmente siempre he estado vinculado a Cáritas. Cuando estudiaba en el seminario hice, por mi cuenta, un curso de voluntariado juvenil y fui voluntario de Cáritas cuando estudiaba en Valencia. Es algo que me gusta, la dimensión social de la Iglesia es algo básico y fundamental. Como me gusta, y lo llevo en la sangre, no pude decir que no. Ahora, también dije que no podía llevarlo todo y por eso dejo de ser el delegado de misiones para ser el delegado de Cáritas.
-¿Cuáles son las funciones que tiene como delegado?
-El presidente de la institución es el obispo y éste delega en otras personas. Los objetivos son claros: que Cáritas mantenga la identidad y orientación cristiana que tiene que tener. Es cierto que la organización tiene una estructura muy consolidada, con un director, un tesorero, una secretaria y vocales con distintas funciones. Junto con el director somos los que llevamos las riendas de Cáritas. Está claro que sin ese equipo de gente el delegado no podría hacer mucho, pero es importante mi función de sacerdote dentro de la entidad.
-¿Con cuantos voluntarios cuenta Cáritas en Ibiza y Formentera?
-Unos 110 en Ibiza, en Formentera hay 4 o 5 voluntarias que son las que hacen la fase de acogida. Me explico, Formenterers Solidaris está haciendo una labor muy importante con la distribución de ropa y de alimentos, pero se veían un poco desbordados por el hecho de que no podían dar una atención específica a la gente. Ahora este grupo de voluntarias hace la fase de acogida, que es cuando alguien viene a pedir algo y se intenta detectar de dónde viene el problema. Puede ser que no tenga trabajo, que haya problemas de drogadicción o alcoholismo o que tengan un trabajo pero que el sueldo no llegue. Cáritas en esto tiene otros recursos con los que se puede contar a la hora de paliar esas necesidades. Esto en Eivissa ya se hace y en Formentera estamos en una fase incipiente, que sería una Cáritas parroquial de Sant Francesc, lo mismo que las hay en Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Jordi y Puig d´en Valls.
-¿Qué tipos de personas recurren a Cáritas?
-Esto ha cambiado un poco, pero es lo mismo que en cualquier servicio social. Es decir, varón de entre 30 y 50 años, aunque pienso que esto del tipo está cambiando. Ahora nos enfrentamos a las nuevas pobrezas derivadas de la crisis. Hace poco miraba números y estamos atendiendo al mismo número de personas que en 2015 y 2014, en plena crisis.
-¿A cuántas personas atiende Cáritas al año?.
-Lo digo de memoria, pero mucha gente, demasiada, son unas 1.500 personas sobre las que estamos llevando un seguimiento. Sobre el perfil insisto en que ha variado, tenemos a personas que tienen trabajo pero que no llegan a final de mes, lo que hasta ahora no había sucedido jamas. Hoy en día los alquileres se disparan y el problema de la vivienda es muy grave en las Pitiüses.
-Así como en Ibiza se puede ver a personas sin techo, en Formentera no ocurre…
-Las personas que están en la calle suelen tener algún problema de drogadicción o alcoholismo y a veces de salud mental y es cierto que el albergue que tenemos no puede acoger a toda la gente que hay, por eso el Ayuntamiento de Eivissa quiere ampliar el albergue, y luego está la construcción del centro del Gorg. En este caso se trata de un centro de baja exigencia para gente que, simple y llanamente, su vida está muy deteriorada y a la que no puedes motivar para que salga de esa situación. Este tipo de casos en Formentera no se dan, bien porque viviendo en la calle en Formentera no llegarían a vivir o bien porque si vienen aquí se dan cuenta que no pueden y regresan a Eivissa. En Formentera tenemos un par de casos de personas que están viviendo en situaciones lamentables. Es impresionante que con la riqueza que hay en Formentera haya personas que vivan es una situación tan precaria aunque no estén en la calle. Gracias a Dios tienen algún tipo de cobijo.
-¿Qué le parece que en una sociedad como la pitiusa que vive del turismo, donde el lujo y el derroche son más que visibles, tengan que atender a 1.500 personas al año?
-No queremos ver la realidad. Le pongo un ejemplo: cuando hacemos la recogida de alimentos en los colegios, los padres se interesan por su destino. Cuando les explicamos que se recoge y se distribuye íntegramente en Formentera, no se lo acaban de creer. Incluso la pasada semana tuve que ir a Eivissa con el coche, al Banco de Alimentos, porque aquí nos habíamos quedado sin leche. Por eso la primera cuestión es que no somos conscientes de la pobreza. Como yo vivo bien, pienso que todo el mundo vive bien. Digamos que somos incapaces de visualizar a nuestro alrededor las necesidad reales de las personas que viven en condiciones precarias. Luego esta la manera de vivir. El Papa Francisco lo recuerda en una encíclica que dice que una de las cosas que más pobreza está produciendo es la destrucción de nuestro entorno. La opulencia también la vemos en nuestras islas, que se degradan por esos excesos, y eso deja al margen a la naturaleza pero también a la gente. Eso es una injusticia.
-Cáritas ayuda, ¿pero también denuncia?
-Sí, una de las labores claras de Cáritas es la denuncia de las injusticia. Muchas veces se ha relacionado a la organización como una entidad benéfica que ayuda a los pobres, pobrecitos…. Pero eso no es así, una de las labores principales de Cáritas es la denuncia de estas situaciones. Y lo que no ayuda nada es el dinero fácil que entra en nuestras islas, eso no ayuda en nada. Vivimos en un mundo de incoherencia en el que no nos damos cuenta de que realmente estamos en una burbuja de bienestar, de riqueza y no somos capaces de mirar más allá.
-¿Son solidarios los ibicencos y formenterenses?
-Lo somos, pero de una manera muy concreta. Nos cuesta ser solidarios como algo vital. Ahora en la campaña de Navidad, que es cuando se pide un tipo de colaboración muy concreta, somos muy solidarios. Pero el resto del año nos adormecemos. Hay pocos socios de Formenterers Solidaris, hay pocos socios de Cáritas y hay pocas empresas que se plantean ayudar, por ejemplo, que den un porcentaje de su beneficio a una entidad solidaria. Solidarios somos, pero yo diría que nos falta conciencia solidaria.
-¿No le parece que muchas veces las ayudas son para lavar nuestra mala conciencia?
-No me atrevo a decir que las ayudas solidarias son para tranquilizar las conciencias. Lo que sí digo es que nos tienen que llamar a la conciencia para que reaccionemos, Hay muy poca gente que venga durante el año y te diga: ´toma esto para ayudar a la gente pobre´. Desde Cáritas lo que planteamos es que esa ayuda sea una forma de vivir, eso sería lo ideal. Es decir, que mi forma de vivir sea la de tener en cuenta a la gente que no tiene y eso nos ayudaría, además, a controlar más la manera de consumir que tenemos. Cuando dejas de consumir tanto, equilibras las necesidades que hay en el mundo. Tenemos que ser más conscientes de lo que gastamos y de lo que tenemos
-¿Organizaciones como Cáritas existen porque la administración no es capaz de cubrir esas necesidades?
-Aunque los gobiernos llegaran a todo, seguirían existiendo las ONG. Además, creo que estamos a la cola de los países europeos en la media de gasto por habitante en servicios sociales y muchas veces ese gasto pienso que está mal distribuido.
-¿Qué quiere decir?
-Los pobres no votan, las personas marginadas no votan. Es un colectivo que no existe, no tienen ni voz ni rostro, por lo que estas personas no cuentan, son invisibles. Luego, vemos que mucho dinero se va a las personas mayores y a los viajes del Imserso. No digo que eso no se tenga que potenciar, pero pienso que la distribución del dinero para servicios sociales tendría que ser otra. Cáritas es la voz y el rostro de los que no tienen ni voz ni rostro.
Fuente: DIARIO de IBIZA
Nuevo proyecto social y solidario, la Iglesia de San Antón de Madrid reabre sus puertas de la mano de Mensajeros de la Paz
Tras muchos años sin apenas actividad, la Iglesia de San Antón de Madrid, reabre sus puertas a todos para la ayuda social y la atención espiritual.
La Fundación Mensajeros de la Paz, que acaba de hacerse cargo del templo, va a emprender en sus instalaciones un ambicioso proyecto religioso, social y cultural, con atención permanente; abierto a todos, y en el que todos caben.
La iglesia abrirá sus puertas todo el día, todos los días del año.
Desde allí se prestará atención social y espiritual y contará con un programa de actividades culturales. La iniciativa incluirá servicio de acogida y ayudas sociales, ropero, y Banco Solidario. Además, un grupo de sacerdotes, distribuidos en varios turnos, podrán administrar sacramentos de modo continuado y siempre habrá un lugar para la reflexión, el diálogo o la oración. La iglesia, adaptada para personas con movilidad reducida y otras discapacidades, contará con WiFi gratuito, pantallas de TV, máquina para realizar donaciones y «cepillos abiertos».
También estará abierta de modo continuado a las visitas culturales. La iglesia, declarada Bien de Interés Cultural data de mediados del siglo XVIII y en su interior conserva varias obras artísticas gran valor, como el Cristo de los Niños, del siglo XVII, así como un magnífico órgano de principios del XIX. El reloj de su torre es el de uso público más antiguo de Madrid. Además conserva las reliquias de San Valentín, Patrón de los Enamorados. La Iglesia de San Antón es conocida popularmente porque a sus puertas se bendice a los animales cada 17 de enero, festividad de su santo titular. Dicha bendición, junto al tradicional reparto de panecillos, se seguirá desarrollando junto con las nuevas actividades.
El alma de la iniciativa es el Padre Angel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, quien ha manifestado: Este proyecto es un sueño de muchos años que ahora se hace realidad. Me duele pasar por iglesias con las puertas cerradas. Las de San Antón siempre van a estar abiertas para todo aquel que necesite ayuda: para quien quiera rezar o confesarse, para quien necesite que alguien le escuche, o para quien precise un café caliente. Queremos hacer que este templo sea a la vez una casa solidaria para compartir y un oasis de silencio y oración; en definitiva, un pequeño «hospital de campaña», como dice el Papa Francisco, que tantas veces repite «Abrid las puertas de las iglesias y dejad que Jesús pueda salir«. Estoy muy contento porque además de contar con las bendiciones y el apoyo de Don Carlos Osoro, el Arzobispo de Madrid, este proyecto se va a realizar en una iglesia que además de historia, rezuma calor y cariño, en donde durante muchos siglos los Padres Escolapios dieron educación a los niños pobres de Madrid y que a partir de hoy vuelve a abrirse a los necesitados de cualquier ayuda, sea la que sea.
Alquiler Seguro rentabiliza las viviendas de las personas mayores residentes en centros del Grupo Adavir
Alquiler Seguro y el Grupo Adavir han firmado un acuerdo de colaboración para generar liquidez que ayude a las familias a asumir los costes de la plaza residencial. Visto que productos como la hipoteca inversa no han dado los resultados esperados por los excesivos condicionantes impuestos por el sistema bancario, Alquiler Seguro se encarga de gestionar el alquiler de la vivienda de la persona mayor ingresada en un centro residencial.
155.000 mayores de la Comunidad de Madrid viven por debajo del umbral de la pobreza
No es oro todo lo que reluce. En la Comunidad de Madrid, 155.000 mayores viven por debajo del umbral de la pobreza.
En la Comunidad de Madrid, más de 150.000 mayores en riesgo de pobreza
En la Comunidad de Madrid, más de un millón de personas mayores de 65 años sufren perdidas en su poder adquisitivo, de ellas, 150.000 están en riesgo de exclusión social.
El 31% de las personas que reciben comida de Cruz Roja son mayores que viven solos
Las personas mayores con pocos recursos están padeciendo sobremanera las consecuencias de la crisis. Bien lo saben en la asamblea local de Cruz Roja, donde ven cómo cada vez más mayores acuden a la organización no gubernamental en busca de ayuda. Esta semana, Cruz Roja está realizando una campaña de reparto de alimentos de los que se beneficiarán 486 familias que suman 2.666 personas. De ellas, el 31 por ciento vive sola y la mayoría es mayor, según explicó ayer una responsable de la ONG.
Cruz Roja también constata como en los últimos años ha cambiado el perfil de los demandantes de recursos. Antes eran, sobre todo, gitanos e inmigrantes; la recesión ha llevado a la entidad a personas que se han quedado sin trabajo «y que nunca hubieran pensado que iban a tener que pedir la ayuda de la Cruz Roja».
En la actual campaña de reparto de alimentos, que se alargará toda la semana en los locales que la entidad tiene en la antigua rula de Avilés, la ONG distribuirá 28.653 kilos de alimentos donados por la Unión Europea. Así, en los paquetes hay arroz, fruta en conserva, legumbres, pasta, alimentos para bebés o leche. La colaboración de particulares, asociaciones de vecinos, entidades deportivas, el Banco de Alimentos de Asturias… permitirá también donar a los que más lo necesitan 4.975 productos. También hay una donación de pañales de un supermercado: 382 paquetes.
«Cada vez más gente viene a pedir ayuda y hacemos todo lo que podemos», aseguraron desde la organización. A lo largo del año, la Cruz Roja organiza unos cuatro repartos de alimentos, a los que cada vez optan más personas. Los productos se entregan a aquellos que cumplen una serie de requisitos.
La presidenta de la asamblea local de Cruz Roja, Nelly Fernández, ofreció ayer una charla en la Casa de Cultura invitada por la Asociación de Amas de Casa de Avilés. Fernández destacó la importancia de pertenecer en estos momentos a la organización no gubernamental e invitó a las presentes a sumarse al proyecto.
El porcentaje de personas mayores que ayudan a sus hijos alcanza ya el 59,5% frente al 15,1% del 2010
El porcentaje de personas mayores que ayudan económicamente a sus hijos, amigos o familiares próximos sigue aumentando con la crisis, si en el año 2010 era del 15,1%, en la actualidad casi seis de cada diez (59,5%) lo hacen. Mientras, el número de mayores que recibe algún tipo de ayuda económica de parte de familiares y amigos se mantiene estable en el 7,6% incluso descendido respecto al año 2010 (12,5%).
El porcentaje de personas mayores que ayudan económicamente a sus hijos, amigos o familiares próximos sigue aumentando con la crisis, si en el año 2010 era del 15,1%, en la actualidad casi seis de cada diez (59,5%) lo hacen; porcentaje que es 44,4 puntos superior al de 2010 y 19,1 puntos con respecto a 2012. Según se desprende del último Barómetro del Mayor que realiza el instituto de opinión Simple Lógica para Unión Democrática de Pensionistas, UDP, sobre distintos temas que afectan a los mayores.
Mientras, el número de mayores que recibe algún tipo de ayuda económica de parte de familiares y amigos se mantiene estable con respecto al registrado hace dos años 7,5% en 2012 y 7,6% para este año o incluso ha descendido respecto al año 2010 (12,5%).
En cuanto a los beneficiarios de las ayudas que dan los mayores siguen siendo mayoritariamente los hijos (75,7%), y en menor número otros familiares o amigos (18,5%), aunque un 5,8% ayuda a ambos colectivos.
La ayuda que les prestan es en un 69,6% de los casos imprescindible para llevar una vida digna, mientras que en el 29,7% de los casos sería prescindible según los encuestados.
Mientras, tres cuartas partes de los mayores que han recibido alguna ayuda (76,6%) consideran que ésta es necesaria para que puedan vivir dignamente, mientras que el 23,4% restante la considera prescindible.
El perfil del mayor solidario es el de una persona con baja capacidad de gasto (69%), menor de 75 años (65,2%), que vive acompañada de más de una persona (80,9%), residentes en el medio rural (67,8%) y en las Comunidades Autónomas de Galicia (70,5%), Andalucía (68,1%) y de Valencia (66,6%).
Aunque el porcentaje de mayores cuya ayuda resulta imprescindible para que sus hijos puedan vivir dignamente se concentran en las grandes ciudades (79,2%) frente a los que viven en el ámbito rural (58,4%); y en las Comunidades Autónomas de, Galicia (89,2%), Madrid (79,4%), Andalucía y de Valencia (78%), y Cataluña (68,4%). Frente a ellas solo el 29,2% de los mayores de Castilla y León considera su ayuda imprescindible para vivir.
El perfil de los mayores que han recibido en un porcentaje más alto en los dos últimos años algún tipo de ayuda vive solo (11,9%), tiene estudios secundarios (19%), su capacidad de gasto es insuficiente (15,6%), y vive en grandes ciudades como Barcelona o Madrid (10,7%). Por Comunidades Autónomas los mayores que viven en Andalucía (98%), Galicia (94,9%), Castilla y León y Comunidad Valenciana (93%), y Cataluña (92%), son los que menos ayuda han recibido; siendo los que viven en la Comunidad de Madrid (89,5%) los que más.
Fabra:Los mayores se han convertido en el pilar más sólido de muchas familias
El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado la importancia que están teniendo las personas mayores a la hora de ayudar a superar «una etapa difícil» provocada por la crisis económica, y ha señalado que se han convertido «en el pilar más sólido de muchas familias».
Fabra ha realizado estas declaraciones durante la asamblea general ordinaria de la Federación Provincial de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) de Valencia, según un comunicado de la Generalitat.
«Vosotros y también este gobierno, tenemos un objetivo común: ambos trabajamos por el bienestar de las personas y por conseguir una mejor calidad de vida», ha asegurado.
Al respecto, ha manifestado que esta asociación apoya y ayuda a otras personas mayores «que han visto mermadas sus posibilidades de relacionarse con los demás, con un alto nivel de dependencia y que están solos».
Asimismo, ha destacado el compromiso del Consell con el bienestar social de los valencianos, para el que, según ha manifestado, se destinan 703 millones de euros, es decir, «1,9 millones de euros diarios».
Ha recordado que a pesar de la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo que dirige ha incrementado para este año un 4,7 por ciento la partida presupuestaria para gasto social.
En este sentido, ha afirmado que la Generalitat está trabajando en un nuevo modelo de financiación más justo, centrado en las personas y que permita a todos los españoles acceder a las mismas prestaciones sociales vivan donde vivan.
En 2013, han señalado fuentes de la Generalitat, se destinaron más de 1,5 millones de euros a las asociaciones de jubilados y pensionistas de la Comunitat, un importe que se mantiene en 2014, con el objetivo de poner en marcha proyectos que mejoren su participación social y respondan a sus necesidades.
Dentro de ellos, se encuentra el Programa de Voluntariado Social de la UDP que, actualmente, cuenta con 850 voluntarios de 80 municipios de la provincia de Valencia.
El jefe del Consell ha mostrado su admiración por la labor que la UDP ha realizado desde que se constituyó como asociación en 1977 y por sus logros en defensa de los intereses de jubilados y pensionistas.
Desde la Generalitat han resaltado que en la Comunitat Valenciana hay más de 380.000 afiliados a alguna de las más de 500 asociaciones de la UDP, lo que supone más de un 40 por ciento de los mayores de 65 años.
Directores de Servicios Sociales piden protagonismo en el Congreso a los 13 millones de pobres
Los más de trece millones de españoles en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social «deberían protagonizar» el Debate sobre el estado de la nación, que tiene lugar este martes y miércoles en el Congreso de los Diputados, según reclama la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Esta organización señala que desde 2008 la pobreza ha pasado del 20,8 por ciento al 28,1 por ciento, más de siete puntos que representan a 3,5 millones de personas. Asimismo, recuerda que la tasa de pobreza o exclusión social Europa 2020, conocida como Tasa AROPE, apunta que 28,2 por ciento de los ciudadanos españoles están en situación de pobreza o exclusión, que equivale a 13 millones, de los que «decenas de miles pasan hambre, especialmente los niños».
«Las propuestas deben reducir las desigualdades y las mejoras económicas deben repercutir en las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población», apuntan desde esta entidad, que pide una revisión «en profundidad» del modelo de relaciones laborales, una reforma fiscal «justa y progresista», y reforzar el nivel más básico de protección que representan los servicios sociales, que, a su juicio, «son los ejes que articulan un debate donde lo que importa son las personas y familias».
El 51% de los mayores que atiende Cruz Roja son pobres, pero ayudan a familiares
El 51 por ciento de las personas mayores que atiende Cruz Roja Española en programas sociales viven por debajo del umbral de la pobreza (612 euros al mes) pero un tercio ha tenido que ayudar a algún familiar en el último año, lo que les sitúa en una situación de mayor privación agravada en el contexto de crisis: un 4% ha perdido las ayudas que recibía y un 9,7% tiene problemas para afrontar el copago de los medicamentos.
Esta es una de las conclusiones del boletín sobre vulnerabilidad social que ha presentado este jueves la institución humanitaria y en el que se describe a partir de 1.112 encuestas cualificadas, el perfil de sus beneficiarios mayores de 65 años, 364.199 personas, el 4 por ciento de la población española en este tramo de edad. La cuarta parte de los mayores atendidos vive en hogares donde todos sus miembros están en paro.
Para el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, los datos reflejan que «cuanto más pobres, más ayudan» porque si un 4,7% del total ha tenido que acoger familiares en casa en el último año, el porcentaje es del 6% entre quienes se encuentran en una situación de pobreza extrema (el 17,2% de los atendidos, que ingresa menos de 408,59 euros al mes). En el 61,3% de los casos fueron ayudas económicas y en el 18,7%, alimentarias o de productos de primera necesidad.
Los beneficiarios de estas ayudas han sido principalmente los hijos de la persona mayor (59,8%), aunque también los nietos (12,8%) y otros familiares (9,8%). En total, el 15,4% de estos mayores tiene a cargo a personas dependientes y un 2% a niños menores de 16 años de edad. «Sabemos que está creciendo esta situación y claro, si atiendo a mis familiares, tengo menos dinero para mi salud y para mis necesidades», ha destacado Bruel.
Esta situación de privación, que es severa entre casi ocho de cada diez mujeres atendidas, repercute en que un tercio (33,3%) de las personas mayores no pueda ni encender la calefacción durante el invierno, o que casi siete de cada diez (67,9%) no pueda salir de vacaciones una semana de casa ni aunque sea con viajes sociales del IMSERSO. El 72,2% no puede hacer frente a un gasto imprevisto de 600 euros.
Estas personas, de media, ingresan 500 euros mensuales y un 12,7% no consigue llegar a fin de mes. Los hay que están en 408 euros (17,5%) y que no tienen ningún ingreso (6,8%), en su mayoría (83%) mujeres. En el 47% de los casos el dinero es de una pensión de jubilación (frente al 70% de la población general) y en un 37%, de una de viudedad (23% en todo el país). En estos casos, el 17% no puede subsistir sólo con eso. El 3% además, tiene problemas para afrontar los pagos de su vivienda.
Bruel ha explicado que «hasta ahora, las personas mayores eran vistas como privilegiados económicos porque tenían garantía de ingresos con la pensión, pero eso ha cambiado». Según ha dicho, el encarecimiento de la vida y los recortes han empobrecido a estas personas. El 4% ha dejado de recibir las ayudas que tenía, que eran económicas en el 73,3% de los casos y que en un 18,8%, procedían de Servicios Sociales. En total, el 28,8 por ciento necesita ayuda para subsistir.
NO LLEGA PARA MEDICINAS
En este sentido, el informe dice que «la crisis ha influido en el poder adquisitivo del 62,7 por ciento» de los atendidos. Casi el 74% dice que gana lo mismo, pero le da para menos que antes y cerca del 6% reconoce problemas económicos que no había tenido nunca. Además, el 5% tiene problemas financieros: un 2% ha perdido sus ahorros, el 2,1% problemas con el banco y el 1,3%, deudas importantes.
El coordinador advierte de que la situación «no es broma»: el 38,3 por ciento de los mayores atendidos ha tenido problemas relacionados con la atención de su salud, en su mayoría económicos. El 17,7% ha encontrado problemas para sufragar las medicinas no cubiertas por la Seguridad Social y el 9,7 por ciento, para afrontar el copago de los medicamentos que necesitaba. «El impacto de este coste para una pensión de 300 euros es mucho dinero», ha señalado.
Además, un 9,5% ha pasado más de seis meses en una lista de espera, en un colectivo donde los problemas de salud crónicos afectan al 61,5 por ciento de las personas, un 74,4% tiene problemas para caminar (al 29,7% le impiden deambular), un 34,2% dificultades para vestirse o lavarse y un 63,1% siente dolores o molestias constantemente. «Sólo» el 32,3% de los varones y el 23,4% de las mujeres consideran bueno su estado de salud, frente al 39,7% y 30,6%, respectivamente, de la población general.
LA SOLEDAD, UNA EPIDEMIA
En este sentido, el informe destaca que el 22,5 por ciento de los mayores atendidos por Cruz Roja tienen una discapacidad importante, el 40,8% una certificación de minusvalía y el 22%, de dependencia. Bruel ha destacado que estos mayores dependientes y sólos son los que más preocupan a la institución humanitaria, porque la ayuda que reciben, que suele ser de acompañamiento, sólo se da unas horas al día y el resto del tiempo, no pueden valerse por sí mismos.
Precisamente la soledad es uno de los problemas de las personas mayores en el que más incidencia hace Cruz Roja porque agrava el resto de situaciones, especialmente las de salud. El 27% de los atendidos no recibe visitas nunca o casi nunca, el 23% no tiene con quién comentar sus problemas, el 38,8% «no sabría ni a quién pedir ayuda económica» y tienen «la cabeza llena de preocupaciones» el 61% de las mujeres y el 45,8% de los hombres.
Aunque los datos no son extrapolables al conjunto de la población, Bruel afirma que «por lo menos entre un 10 y un 15 por ciento» de los mayores de 85 años en España podrían ajustarse a este perfil y nadie tendría por qué saberlo, ya que se trata de un colectivo «que no demanda servicios» y al que le cuesta pedir ayuda. De hecho, el informe advierte de que los mayores creen que la sociedad tiene una visión «utilitarista» de ellos: o están para ayudar (30%) o son una carga (45,3%).
El 61% de los jóvenes sería pobre si se emancipara
El 61por ciento de los jóvenes catalanes de entre 20 y 34 años que vive con sus padres sería pobre si se emancipara. Así se desprende de la Encuesta a la Juventud de Cataluña 2012 (EJC12), elaborada por la conselleria de Bienestar Social y Familia. El 36,6 por ciento de los jóvenes catalanes vive con sus padres, de los que un 40,8 por ciento aportan más de una cuarta parte de los ingresos totales del hogar.
Pese a ello, el 18,7 por ciento de los hogares en los que viven jóvenes no emancipados están por debajo del umbral de la pobreza, una tasa que sería del 35,1 por ciento si no se contaran sus ingresos. «Su papel es muy importante en las familias y son de gran ayuda», dijo la consellera de Bienestar y Familia, Neus Munté.
Lejos de la política
La encuesta, realizada con una muestra de 3.000 jóvenes, destaca que el 49 por ciento de los catalanes de entre 20 y 34 años tiene poca o nula participación política, de los que un 19,4 por ciento muestran actitudes de desafección y alejamiento, por lo que no votan.
También revela el informe que uno de cada cuatro personas de esta franja de edad de entre 20 y 34 años tiene un hijo actualmente, mientras que la proporción asciende al 47 por ciento si se acota entre los 30 y los 34 años. El 41,6 por ciento declara tener dificultades para conciliar los estudios o el empleo con la vida familiar.
Además, el estudio detecta que tres de cada cuatro hablan habitualmente catalán, pese a que sólo es la lengua inicial para el 36 por ciento de ellos, una proporción que asciende al 47 por ciento en el caso del castellano.
En relación al estado de salud, tiene un estado óptimo el 64 por ciento de los jóvenes y un 10 diez por ciento tiene un mal estado porque sufre algún problema psicológico, consume alcohol y drogas con regularidad y tiene conductas de riesgo, entre otros factores. La encuesta también concluye que el 98,4 por ciento de los jóvenes tiene una actitud positiva respecto a los estudios y el empleo, lo que para Munté demuestra que «es necesario superar los estereotipos que dibujan una juventud pasiva y víctima de un contexto desfavorable por la crisis».
La consellera también destacó que solo el 1,6 por ciento de los jóvenes catalanes tiene una actitud pasiva porque no estudia ni trabaja, lo que demuestra que «la gran mayoría está comprometida con su entorno y busca formas de lograr sus proyectos vitales aunque sea a contracorriente»
El 28% de los hogares españoles vive gracias a una pensión, según CC.OO.
El sindicato CC.OO calcula que el 28% de los hogares españoles viven gracias a una pensión como única fuente de ingresos, tal y como ha asegurado este viernes el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados, Julián Gutiérrez.
Además, CC.OO estima que la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno supondrá una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de entre un 14,8% y un 28,3% en los próximos 15 años.
Estas afirmaciones han sido efectuadas en la presentación de la campaña que el sindicato ha iniciado en defensa del Estado del bienestar, centrada en tres pilares: las pensiones, la dependencia y la sanidad. La Federación ha preparado los días 23 y 24 de octubre movilizaciones por este motivo.
Asimismo, Gutiérrez ha detallado que la cuantía del 54% de las pensiones es menor al salario mínimo interprofesional y que España dedica a pensiones tres puntos porcentuales menos que la media de la UE. Así, la pensión media en España según el sindicato es de 856 euros, mientras que la pensión por viudedad es de 617 euros.
DEPENDENCIA Y SANIDAD
Por su parte, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, ha apuntado que las ayudas a la dependencia se han reducido hasta los 1.180 millones de euros desde los 2.000 millones que había en 2010. De esta manera, según Bravo, hay 44.000 personas menos con prestación efectiva que hace un año y medio, 88.000 ciudadanos que ya no son calificados como dependientes y una lista de espera del 22% (198.000 personas en todo el país).
«Estas medidas están suponiendo la desprotección de mucha gente que en algunos casos muere sin haber tenido un servicio adecuado», ha señalado Bravo. En relación a la dependencia, Gutíerrez ha recalcado que «debe ser vista como una fuente de creación de empleo», puesto que «el dinero que se invierte se recupera en puestos de trabajo».
Por otro lado, Bravo ha destacado que la reforma sanitaria ha excluido a 873.000 inmigrantes del sistema, que se han eliminado 450 medicamentos y que el copago farmacéutico, a pesar de estar basado en el nivel de renta de los cuidadanos, tiene «una concreción práctica regresiva».
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA
Durante su intervención, Carlos Bravo ha recordado que el sindicato ha propuesto la creación de una renta mínima garantizada para ofrecer protección social a los 660.000 hogares y a 1,4 millones de personas que viven sin ningún ingreso.
En este sentido, Bravo ha asegurado que el Gobierno está estudiando la propuesta, y ha detallado que contaría con 400 euros a los que se sumarían suplementos en función del número de miembros que tenga la familia.
Otras propuestas que ha indicado Gutiérrez para aumentar los ingresos del Estado son la lucha contra el fraude fiscal, la creación de un impuesto a las transacciones financieras especulativas y, sobre todo, la creación de empleo. «Por cada millón de afiliados menos a la Seguridad Social, se pierde una recaudación de 5.000 millones de euros», ha añadido.
Cáritas alerta de que la reforma local aleja a los más vulnerables del acceso a los servicios sociales
Cáritas alerta de que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda aleja a las personas más vulnerables del acceso a los servicios sociales, sobre todo en las zonas rurales, y aboga por consensuar una reforma que ponga a este colectivo «en el centro».
Esta organización considera que es posible introducir algunos cambios en el texto legislativo, que este viernes se abre al trámite de enmiendas. En este sentido, apela tanto al Gobierno y al Grupo Popular en el Congreso, como al resto de grupos parlamentarios, a que valoren las reiteradas peticiones formuladas al respecto por el conjunto de las entidades del tercer sector.
De manera concreta, Cáritas propone que se permita desarrollar una organización técnica y competencial que ponga en el centro de sus objetivos a las personas en situación social más precaria, a través de dos niveles de atención (primario y secundario) y con un criterio de proximidad de los servicios a la vivienda habitual de los ciudadanos.
Por otro lado, plantea la necesidad de que el Estado garantice unos derechos mínimos, determine quién es la población titular de los mismos y qué tipo de atención queda garantizada.
Cáritas muestra también su preocupación por la introducción dentro de esta reforma de una nueva restricción en el acceso al empadronamiento por parte de las persona extranjeras no comunitarias, una medida, que, a su juicio, «debe ser suprimida» del proyecto «por cuanto desvirtúa la naturaleza del empadronamiento y condena todavía más a la invisibilidad a un sector de la población».
17.500 mayores dependientes, colgados sin residencia
Una de las peores caras de la crisis de las arcas públicas son los recortes en prestaciones y servicios vinculados a los grandes dependientes de más de 65 años de edad. En Catalunya 17.000 personas de este colectivo llenan la lista de espera para ocupar una plaza pública de residencia. Una cifra a la que se añade, según señalan fuentes del sector, medio millar de usuarios que, desde el 1 de agosto, no puede acceder a una residencia privada a causa de la supresión indefinida de las Prestaciones Económicas Vinculadas a Servicio (PEVS), las ayudas que la Generalitat otorgaba a personas que están esperando a entrar en un centro geriátrico de titularidad pública y no pueden costearse íntegramente lo que vale una residencia privada.
“Ahora la gente que está en esta situación tiene que pagar la plaza privada exclusivamente con su patrimonio”, lamenta la presidenta de la Associació Catalanade Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. Pero una plaza en un centro privado asciende a más de 1.700 euros mensuales, una cantidad difícilmente asequible para una pensión media en España (950 euros al mes). En estos casos son las familias las que acostumbran a atender las necesidades de estos mayores con grandes dependencias, a pesar de que son personas que “necesitan servicios profesionales”, según comenta el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), Vicente Botella. En este sentido la Generalitat asegura que estos ciudadanos son atendidos por otras vías, como asistencia domiciliaria o prestación de cuidado no profesional.
Además de los usuarios directamente afectados por no poder acceder a una residencia pública, los recortes en este tipo de prestaciones están generando un aumento de plazas vacantes en los centros geriátricos colaboradores, que fuentes del sector cuantifican en unas 1.200 de un total de 13.000, lo que agrava aún más la delicada situación por la que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis y los impagos de la Generalitat -160 millones de euros sin fecha de pago-. “Las plazas de las residencias que antes se cubrían mediante prestación vinculada a servicio ahora ya no se ocupan”, afirma Pascual.
Según señala Botella, otra de las cosas que afecta a la continuidad de los centros colaboradores, donde una parte del importe va a cargo del usuario y el resto de la Administración, es que hay residencias que desde el 1 de enero no perciben los ingresos procedentes de la Generalitat. Los impagos provocan que algunos centros deban dinero a propietarios de inmuebles, proveedores, personal e impuestos. Aún así, Botella asegura que los usuarios “reciben el mismo nivel de atención que antes”, a pesar de que haya trabajadores que han dejado de cobrar algunas nóminas.
Medidas para la sostenibilidad de los centros geriátricos
“El año pasado cerraron 27 centros, este año serán más”, alerta la presidenta de ACRA, que concreta que el sistema cuenta con 8.500 plazas privadas libres. “Como no tengas una ocupación alta, no funcionas”. Precisamente, esta semana una nutrida representación de asociaciones y patronales del sector ha expuesto su preocupación por los últimos recortes y los impagos del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien se ha comprometido a no efectuar ningún otro recorte en el sector y a restablecer las PEVS “cuando la economía lo permita”.
Por otro lado, el ICASS y representantes de los equipamientos residenciales han acordado profundizar en la flexibilización y la racionalización de las ratios del personal de los centros según el perfil de los usuarios. También se ha propuesto cambiar el régimen de relación del Departamento de Bienestar Social y Familia con las residencias que tienen plazas colaboradoras y transformarlas en plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto
Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.
Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.
En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.
El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.
La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS
Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.
Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido. Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.
En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».
Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.
PROPUESTAS
Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.
También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.
El Gobierno acelera el paso hacia la política de la beneficencia
Los «presupuestos sociales» que defiende el Gobierno prevén un tijeretazo del 36% a los servicios sociales para 2014. Al recorte se han sumado en los últimos meses otras medidas y cambios legislativos que, según denuncian profesionales, asociaciones, sindicatos y usuarios, socavan los derechos sociales y dejan la caridad como única salida.
1. Tijeretazo presupuestario
Los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales han pasado de los 2.848 millones de euros de 2013 a 1.809. No obstante, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refiere a «blindaje» en las cuentas. La razón es que para 2013 se incluyeron 1.034 millones con los que se pagaron atrasos de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia.
Aun olvidando esta cantidad, las cuentas no cuadran si se considera que la demanda se ha disparado. A falta de datos oficiales, los expertos estiman que en los dos últimos años la demanda de algunas prestaciones de emergencia –para hacer la compra, pagar el recibo de la luz o la hipoteca– han aumentado hasta un 200%. Además, un total de 201.729 personas siguen esperando recibir la ayuda que les fue reconocida por la ley de dependencia.
2. Destrucción de la ley de dependencia
«Están dejando vacíos de contenidos reales los servicios, para echar a la gente y para que el que pueda contrate a un seguro privado, pero como la mayoría no podemos permitírnoslo, quedamos en manos de la caridad». Así interpreta José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma de la Dependencia en Castilla-La Mancha, la marcha atrás de la única ley estatal que reconoce y garantiza un derecho subjetivo en materia de servicios sociales.
Hace poco más de un año el Gobierno retrasó la entrada de los dependientes moderados en el sistema, eliminó la obligación de pagar la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras y amplió hasta dos años el plazo que tienen las autonomías para entregar las ayudas ya reconocidas sin tener que asumir la retroactividad con que nació la ley. Para el año que viene, con una lista de espera crónica, el Gobierno ha presupuestado exactamente la misma cantidad que en 2013: 1.087 millones de euros, que repartirá entre las comunidades autónomas en función del número de dependientes a los que atiendan.
«¿Sabes lo que es estar valorado y no tener la atención que te corresponde por ley?», añade otra miembro de la plataforma. Para Gómez-Ocaña, hay gato encerrado. «No es lógico el hachazo a la dependencia, con lo poco que significa respecto a todo el dinero que se maneja», apunta.
Gómez-Ocaña, maestro de escuela de Toledo, lleva años luchando porque sus dos hijos, de 10 y 17 años, ambos con una enfermedad rara hereditaria, grandes dependientes, sobrevivan. Han ido superando los retrasos en el pago de las ayudas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pero la salud de Nacho, el menor, ha empeorado hace unas semanas. La esperanza de su padre es que aguante lo suficiente para poder beneficiarse de un tratamiento pionero que se empezará a aplicar en Gran Bretaña en 2014.
3. Desmantelamiento de los servicios sociales
A los recortes que se soportan desde 2011 se suma ahora el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, en trámite parlamentario. El texto prevé eliminar las competencias municipales en «la prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social», cediéndolas a las autonomías. En la práctica, esto representa que los ayuntamientos solo garantizarán unos servicios mínimos de información y orientación y alguna prestación económica de emergencia y de carácter puntual.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha elaborado un decálogo donde se denuncia que este traspaso de competencias supondrá la eliminación de los servicios sociales municipales, teniendo en cuenta el estado de las arcas autonómicas. El documento, firmado por asociaciones de personas mayores, profesionales, sindicatos y las principales organizaciones empresariales del sector, alerta de que al menos 200.000 familias se quedarán sin asistencia. Además, calculan la pérdida de 65.000 puestos de trabajo.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) denuncia que peligra la continuidad de la ayuda a domicilio. Esta organización calcula que unas 600.000 personas se benefician de ella en toda España, en su mayoría a través de los servicios sociales municipales (del total, sólo 121.000 se conceden por la vía alternativa de la ley de dependencia).
Al margen de esta reforma, el pasado enero la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció a los consejeros del ramo que iba a dejar de financiar los servicios sociales municipales mediante el llamado Plan Concertado. En los presupuestos de 2014 aún no se recoge este recorte. El Gobierno ha mantenido su aportación; 32 millones de euros que no se estiran lo suficiente como para ayudar, ni con carácter de urgencia, a los más de ocho millones de familias que acuden a los servicios sociales municipales porque no pueden comprar comida, pagar las medicinas, el recibo de la luz, el agua o el alquiler de su vivienda.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, «el panorama es absolutamente demoledor». Los servicios sociales son «el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias», recuerda en un comunicado.
4. Vía libre a la privatización
La reforma de la Administración Local también abre la puerta a que los servicios sociales sean de «gestión indirecta». Muchas prestaciones, como la ayuda a domicilio, ya llevan años prestándose a través de empresas subcontratadas. La novedad que implica la reforma es que los ayuntamientos también podrán delegar el servicio mínimo de asesoramiento que quede en sus manos, y que hasta ahora imparte personal propio en una entidad privada.
El Ayuntamiento de Galapagar (PP), en la comunidad de Madrid, ya se ha adelantado a la aprobación del proyecto de ley. El pasado 4 de abril aprobó la externalización de todos sus servicios sociales argumentando que el objetivo es «abaratar los costes» y mejorar la atención. La medida ha sido criticada por vecinos, oposición, profesionales y sindicatos, que han protagonizado varios actos de protesta en los últimos meses. También el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Madrid se ha pronunciado defendiendo los servicios sociales como «imprescindibles» y denunciando que «su privatización busca siempre un beneficio económico».
5. Rentas mínimas inaccesibles
Escudadas por la crisis, muchas autonomías han endurecido las leyes que garantizan las rentas mínimas, las pagas que se dan a aquellas familias sin ningún tipo de recursos, de unos 500 euros, dependiendo de la autonomía. En Madrid la espera ya es de 12 meses, por ejemplo. Estas ayudas se solicitan cuando la familia quizá ya lleva meses sin ningún ingreso.
Según la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Madrid, el año pasado aumentó un 76% el número de solicitudes para obtener esta ayuda, mientras que el número de familias beneficiarias sólo se incrementó en un 22%. Esta plataforma, integrada por sindicatos, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, la Confederación de Consumidores y Usuarios CECU, EAPN y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, entre otros, denuncia que las trabas para beneficiarse son cada vez mayores.
«Se trata de vericuetos administrativos, como la solicitud de documentación extra que en principio no era necesaria», explican desde la organización. Ante esta situación, ¿cómo sobrevivir, entonces, a la espera? Quedan las ayudas de emergencia, concretas, que pueden conceder los ayuntamientos. Pero tampoco el dinero llega, y las familias buscan salidas fuera de la red pública. Una muestra es que Cáritas casi ha triplicado el número de personas atendidas en los últimos años.
6. Desvío de responsabilidades
Cuando Ana Mato anunció que los inmigrantes sin papeles dejarían tener tarjeta sanitaria y, por tanto, atención médica (salvo en determinados casos), negó que estas personas fueran a quedar desatendidas. Para ello, aseguró, se firmarían acuerdos con las ONG. Pero las ONG no están conformes con la idea de que ellas deban asumir el papel que el Estado está dejando de ejercer.
«No tenemos que sustituir al Gobierno, somos complementarios», explican desde EAPN-España, una red de ONG que luchan contra la pobreza y la exclusión social, entre las que se encuentran Cáritas, Cruz Roja o CEAR. Su presidente, Carlos Susías, recuerda que «la pobreza y la exclusión no caen del cielo, son consecuencia de decisiones políticas». Por eso exigen que el Gobierno asuma su responsabilidad de crear planes integrales y herramientas para fomentar la inclusión social. EAPN-España rechaza la vuelta a la beneficencia y la caridad. Según explican, estos conceptos muestran la tolerancia: «Como hay pobres, vamos a darles de comer». Para ellos, la clave está en luchar por que no haya pobres, algo que no se combate con el parche de la beneficencia.
7. La solidaridad del vecino
El paso « del Estado del bienestar a una sociedad participativa«, que defendió el rey de Holanda hace unas semanas, muestra la tendencia que también vive España. Las llamadas a la solidaridad para sustituir lo que hasta ahora el Estado paga con las arcas públicas están a la orden del día.
El último debate al respecto, muy visible en las redes sociales, lo ha protagonizado el programa de TVE ‘Entre todos’, que empezó a emitirse el 26 de agosto, en la sobremesa. Este espacio, que la cadena pública define en su web como «una red social de cooperación», muestra a familias necesitadas y abre una línea telefónica para que otras personas les hagan donaciones económicas o les presten otro tipo de ayuda. El formato ha provocado una discusión entre quienes consideran que publicitar la caridad excusa la evasión de la Administración Pública y aquellos que defienden que es la solución más pragmática para quien no tiene nada.
