Protestas
A la Consellera de Bienestar Social y Familia de la Generelatit de Catalunya, Neus Munté, no le gusta el anuncio de Desigual
Según declaraciones de Neus Munté, Consellera de Bienestar Social y Famila de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat está estudiando si debe solicitar la retirada del anuncio de Desigual para el Dia de la Madre.
Habéis visto el anuncio? Creéis que la Generalitat debe intervenir en estos asuntos?
http://youtu.be/cYOAWXeH6QI
Miles de dependientes exigen frente al Palau la retirada «inhumana e injusta» del «repago»
Miles de dependientes y familiares de toda la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes frente al Palau de la Generalitat contra «el ‘repago’ ilegal e inhumano impuesto» por la Conselleria de Bienestar Social en una protesta en la que han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.
Así, más de 5.000 personas se había concentrado ya a las 11.00 horas secundando esta convocatoria de más de una decena de entidades sociales y sindicatos bajo el lema ‘En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recorte’. A la protesta, a la que se fueron sumando autobuses de otros ochos centros de Alicante, se leyó un manifiesto para exigir la dereogación de este copago, que puede hacer abonar un máximo del 90 por ciento del coste de la plaza, lo que supone que algunos usuarios deberán pagar hasta 1.800 euros.
Los manifestantes, entre los que habían representantes de los partidos de la oposición, corearon gritos contra el copago y pidiendo la dimisión de Fabra y de Sánchez Zaplana, además de lemas como ‘Menos para el Valencia y más para la dependencia’, ‘Es una indecencia recortar en dependencia’ o ‘No se vende la discapacidad, se defiende’.
Entre las pancartas que llevaban se leía ‘Podéis quitarnos nuestros derechos. Podéis humillar a los débiles y discapacitados, pero la dignidad, la memoria y los votos son nuestros. En las urnas nos encontraremos», «Asunción, Asunción, que consellera más rata, Asunción, Asunción, no nos jodas la pensión’, ‘Tanto hablar de vida y se os ha olvidado de que sea digna’, ‘Calidad de vida o injusticia de por vida’, o ‘Más ayuda, menos recortes. tenemos derechos’.
Muchos de los concentrados llevan un cartel con la cantidad que el nuevo decreto de copago les obliga a pagar. Como Remedios Méndez, una madre de un niño con autismo de 37 años que se verá obligada a sacarlo de la residencia del centro ocupacional de Ontinyent (Valencia) al que asiste porque no puede hacer frente a los 4.287 de más que se le exige al año ya que su marido, con 60 años, no tiene trabajo.
«Somos lo último de la sociedad para ellos y no hay derecho. Quieren que tengamos hijos con deficientes. A la puerta de Gallardón –ministro de Justicia– le dejaba a mi hijo un mes», ha apuntado Méndez, quien ha criticado que «ven el problema de lejos» mientras que ellos «lo sufren cada día». «¿Qué pasará a mi hijo cuando yo me muera?», se ha lamentado.
Del mismo modo, Sergio Dares, un usuario de 35 años del Centro Ocupacional de Xàtiva, ha señalado que con la nueva orden pasará a pagar de 60 a 150 euros. «Es una vergüenza y no hay derecho», ha recriminado. Así, ha apuntado que se hace efectivo este pago tendrá que dejar el centro, donde pasa de 9 a 16:30 horas, y volver a casa. «Allí no hacemos nada», ha señalado.
ERRORES EN EL CÓMPUTO
Por su parte, Juan José García, padre una hija de 34 años con síndrome de down ha advertido de que para calcular el coste del copago al que deben hacer frente la Conselleria ha computado su renta como si fuera de su hija al ser su tutor legal, por lo que sumando a las ayudas que percibía le exigían pagar 320 euros de más.
«Tuve que ir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para poder demostrar que mi hija discapacitada no ha trabajado nunca y al final han admitido que ha sido un error, pero sé que se ha repetido con muchos más casos», ha advertido.
Antonio Raya, miembro de la Junta Directiva de COPAVA, ha señalado que sólo el pasado 8 de enero, siguiendo una convocatoria de la plataforma, se presentaron más de 700 recursos de alzada de forma individual y que piensan acudir también a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.
Así, ha señalado que es un «repago puesto que desde el 1 de enero están pagando dos veces por el mismo servicio», que además es «ilegal» e «inhumano» porque p»enaliza aún más a los casos más desprotegidos como huérfanos, por la pensión de orfandad más alta que perciben, o al tributar dos veces el patrimonio que familias han dejado a sus dependientes para asegurarles su futuro».
La administración valenciana, una vez más, da la espalda al sector de la dependencia, no recoge el manifiesto leído hoy ante el Palau de la Generalitat valenciana
MÁS DE 250 CENTROS DE AERTE Y LARES PARTICIPAN EN LA MARCHA SOCIAL QUE HA REUNIDO A MÁS DE 3000 PERSONAS, ENTRE USUARIOS, FAMILIARES, TRABAJADORES Y CENTROS PARA RECLAMAR EL FIN DE LA MARGINALIDAD DEL GOBIERNO VALENCIANO A LA DEPENDENCIA
La deuda acumulada pendiente se cifra en torno a 110 millones. 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES), han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.
La participación de AERTE y LARES, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Por parte de AERTE se ha solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
María José Mira, directora general de AERTE, ha manifestado: “consideramos muy grave y decepcionante la falta continuada de palabra y compromiso del Gobierno valenciano hacia la dependencia, y en particular con los más de 30.000 dependientes que reciben atención y cuidados cada día en los más de 300 centros y entidades”. Y señaló que “el sector, que atiende al segmento más débil y vulnerable de la sociedad, no tiene por qué asumir por más tiempo las obligaciones que incumple la Administración. El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no ha resuelto la asfixiante situación. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible”.
En lo que va de año, cinco centros asociados a AERTE han cesado su actividad: 300 plazas cerradas y 150 puestos de trabajo perdidos. La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo.
Aerte ha manifestado en muchas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.
No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social de ayer, Aerte desea trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia van a desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.
La reforma del PP supondrá un recorte de 33.000 millones en las pensiones
El Gobierno ya ha cifrado cuánto va a ahorrar la Seguridad Social con la reforma de pensiones en el horizonte más cercano. Serán 32.939,95 millones acumulados entre 2014 y 2022, según la memoria del anteproyecto de la reforma remida al Consejo Económico y Social (CES). De estos números se desprende que en los próximos años —aunque esto no aparece explícitamente en el documento— los jubilados perderán poder adquisitivo, al menos esta década.
El CES recibió este lunes el anteproyecto y la memoria de la reforma, a la que ha tenido acceso este diario, que el Consejo de Ministros estudió el viernes. En él se detalla la doble vía de ajuste del gasto en pensiones que el Ministerio de Empleo quiere tener lista antes de fin de año. Por un lado, se prevé cambiar la fórmula de actualización anual de prestaciones, ahora ligada al IPC, para vincularla a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para los años de déficit (0,25%) y un techo para los de superávit (inflación más el 0,25%). Esta parte debe funcionar ya el año próximo.
Por otro, se pretende crear un nuevo parámetro (como la edad legal de jubilación, los años cotizados o el periodo de cómputo) que contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión, que comenzaría a actuar desde 2019, y que se actualizaría cada cinco años.
El recorte del gasto en casi 33.000 millones acumulados entre 2014 y 2022 llega por la combinación “respecto de la situación estimada en ausencia de los mismos”, explica el informe en la página 29. No obstante, el ahorro se produce de forma creciente. Para el próximo año, el impacto se notaría muy poco: unos 809 millones (el gasto presupuestado en pensiones contributivas este año es de 106.000 millones). Al siguiente, ya sumaría 1.637,74 millones. La cantidad crece año a año hasta 2020, cuando el recorte asciende a 5.234 millones. Entonces la cantidad se estabiliza.
“Ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que relaciona los 33.000 millones menos de gasto con el billón que supondrán las pensiones en ese periodo. “Nadie tendrá pensiones más bajas por esto. Lo que hacemos es reordenar el sistema para reequilibrarlo. Entre 2012, 2013 y 2014, el déficit superará los 35.000 millones”.
Para hacer sus números la Seguridad Social prevé que la inflación en estos nueve años sea del 1%. Esto arroja unos resultados bastante conservadores. Solo el plan de estabilidad del Ejecutivo prevé para 2014 una inflación del 1,5%, y del 1,7% para el siguiente año. De tomarse estas cifras, el recorte de gasto futuro sería mayor: solo en 2014, casi el doble.
La práctica totalidad del ahorro procederá de la aplicación del nuevo índice de revalorización. Habrá que esperar hasta 2030 para que el nuevo parámetro ligado a la esperanza de vida tenga impacto sobre el gasto del sistema, un 0,1% del PIB.
Estos resultados evidencian que durante los primeros años los pensionistas perderán poder adquisitivo, al menos durante el próximo lustro. Y que, a tenor del techo propuesto por el Ejecutivo para los años buenos (IPC más el 0,25%), es muy probable que los pensionistas necesiten mucho más tiempo para recuperar el terreno perdido. “Eso no tiene por qué ser así”, defiende Burgos, que no admite que con la reforma se vaya a devaluar las pensiones, lo que supondría un nuevo incumplimiento electoral. Y para sostener su posición afirma: “Esta reforma abre el debate de los ingresos del sistema”. Las palabras de Burgos hacen referencia a la fórmula de actualización anual que contempla tanto gastos como ingresos, y de aumentar mucho estos pueden influir decisivamente en el resultado de la ecuación.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, por su parte, optó este lunes en Onda Cero por mirar a los últimos 15 años pasado para justificar su propuesta de reforma y no por los cinco futuros: “Si se hubiese puesto en marcha en el año 96 ó 97 la revalorización de las pensiones con este nuevo índice, el resultado habría sido que en 16 años se hubiera subido el IPC más el 0,25% en 14 de ellos y sólo en los dos últimos años habrían subido, aunque menos del IPC”. Pero es difícil que ese pasado se repita. Las previsiones económicas inmediatas son lúgubres y auguran altas tasas de paro —el empleo y sus cotizaciones son la fuente de financiación de las pensiones— hasta al menos 2020. El FMI la sitúa por encima del 25%. Además, conforme avancen los años España camina hacia la generación del baby boom, que llevará el número de pensionistas en 2052 hasta los 15 millones desde los nueve millones actuales.
Desconvocados los paros de ayuda a domicilio en Sevilla tras alcanzar un principio de acuerdo en el Sercla
Los paros anunciados por los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio para los días 5, 6, 18 y 19 de abril han quedado finalmente desconvocados después de que la plantilla, CCOO y la empresa concesionaria del servicio Clece hayan alcanzado un acuerdo dentro del Sistema Extrajudicial de Resolución de conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).
En una nota, CCOO-Sevilla informa de que este acuerdo supone que la empresa «reconoce» la aplicación del convenio provincial de ayuda a domicilio para todas las trabajadoras, lo que asegura se traducirá en el caso de las 700 eventuales en «el pago de los atrasos salariales desde el 16 de febrero, fecha de incorporación de la empresa Clece, al 31 de marzo». Así, señala que estos pagos se harán efectivos en la nómina de abril y supondrán unos 300 euros para cada trabajadora eventual a tiempo completo. Igualmente, indica que se constituirá una comisión para estudiar la puesta en marcha de un plan de formación.
Con respecto a las trabajadoras eventuales pendientes de renovación, explica que la empresa y el sindicato han acordado constituir una comisión, que se reunirá por primera vez el próximo día 9 de abril, para estudiar cómo renovar estos contratos, así como la posible conversión de algunos de ellos en indefinidos.
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Trabajadores de 36 centros del Servicio Regional madrileño de Bienestar social se encierran para protestar por su situación
Trabajadores de 36 centros dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social están realizando encierros desde las 8 horas de este miércoles en protesta por la aplicación de la jornada de 37,5 horas y la situación en la que se encuentra este servicio público a causa de las medidas de ajuste que aplica el Gobierno regional.
Según han indicado desde CSIT-UP, trabajadores de los centros de toda la red del Servicio Regional de Bienestar Social, tanto centros de mayores como los centros de atención para personas con discapacidad, por estos motivos.
Por otro lado, UGT en un comunicado ha criticado la «nula negociación» de la administración para tratar de recoger las reivindicaciones de los trabajadores y que, después de un mes de protestas «diarias», parece que la administración «no se da por enterada».
Los centros en los que se realizan encierros son el Reina Sofía en las Rozas, en Colmenar Viejo, Nuestra Señora del Carmen y Doctor González Bueno en la Carretera de Colmenar, Santiago Rusiñol en Aranjuez, Arganda del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Alcorcón, Getafe, Parla, San Fernando, Gastón Baquero, Torrelaguna, Cisneros y Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares.
También destacan el San José, La Paz, Goya, Manoteras, Vallecas, La Gran Residencia y Vista Alegre, junto con los Centros Ocupacionales Ciudad Lineal, Barajas, Carabanchel, Juan de Austria, Nazaret, Angel de la Guarda y Juan Ramón Jimenez, junto a los centros de atención a personas con discapacidad (grandes dependientes) Dos de Mayo, Mirasierra, Arganda, Getafe y Reina Sofía en San Martín de Valdeiglesias.
El exalcalde de Oria, en huelga de hambre por el impago a 31 empleadas de una residencia que lleva su nombre
El exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado este martes en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan 31 trabajadoras de una residencia de mayores que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que han realizado una serie de protestas y han iniciado una huelga indefinida.
Así lo ha explicado a Europa Press el propio exregidor, quien con algunos trabajadores ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria, gobernado actualmente por el ‘popular’ Marcos Reche, a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en tres días debería producirse el abono de un décimo salario.
La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.
Así, a pesar de los encuentros mantenidos entre la empresa, los trabajadores y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, en los que se pactó que las empleadas recibirían la pasada semana al menos cuatro de las nueve nóminas adeudadas, la sociedad concesionaria no ha abonado las nóminas. En este sentido, Sánchez Moreno ha afirmado que la Junta se mantiene al día en los pagos a la empresa.
«No hay muchas esperanzas de cobrar porque la empresa dice que no tiene ni un duro», ha dicho el exprimer edil, quien añade que la sociedad gestora «no ha justificado» a qué se debe el impago de las nóminas. En este sentido, los trabajadores se han reunido nuevamente este martes con el delegado de Bienestar Social, Alfredo Valdivia, para tratar de hallar una solución, según Sánchez Moreno.
El exalcalde ha manifestado su intención de permanecer en huelga de hambre hasta que la empresa no abone todas las nóminas a los trabajadores, se atiendan las normas de eficiencia de la residencia y la Junta de Andalucía no retire la concesión de la gestión a la adjudicataria por incumplimiento de contrato y conceda la gestión a otra empresa solvente.
Aerte recuerda a la Generalitat que aún le debe casi 50 millones de 2013
La patronal de la dependencia de la Comunitat Aerte, ha reconocido positivamente el pago de aproximadamente 6 millones que Bienestar Social ha activado estos días, matizando que se trata de una solución temporal y que no alcanza, nuevamente, a la totallidad del sector.
El dinero abonado solo representa un 10% de una deuda pendiente que crece cada mes. «No conviene olvidar que a los cerca de 50 millones de deuda pendiente del año 2012, hay que empezar a sumar los importes acumulados correspondientes al año 2013», señala Aerte en un comunicado.
Aerte ha manifestado su «agradecimiento a Bienestar Social por el esfuerzo realizado pues ha permitido resolver situaciones apremiantes aunque no en todos los casos, debido al retraso acumulado de más de un año, como regularizar las nóminas correspondientes al mes de noviembre de algunos centros o afrontar pagos imprescindibles».
Sin embargo, según ha manifestado la patronal del sector en la Comunitat, dista mucho de aportar una solución a un problema que se ve agravado con las obligaciones económicas que han de afrontar los centros cada nuevo mes, y con las desigualdades que genera la distribución de los pagos de dependencia en las empresas.
Asimismo, Aerte ha querido incidir en aspectos sin resolver de gran trascendencia para el sector, como la necesidad de solucionar el bloqueo existente en las líneas de confirming, de ofrecer una fecha para el abono de la deuda pendiente y en particular, definir cómo se pagarán los servicios prestados en el año 2013, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido el mes de enero sin que se resuelvan todos los pagos pendientes del 2012 y se ha comenzado a prestar servicios en el 2013.
Estos servicios se están prestando desde los centros asociados a Aerte sin que la Generalitat haya transmitido un plan de pagos de la deuda anterior, ni de la deuda que se va generando con los servicios de este año, lo que provoca inseguridad en las empresas del sector, al entender que pueden volver a acumularse los problemas de cobro.
Para Aerte, la cantidad abonada por el Consell supone un leve avance, aunque no resuelve los problemas económicos que asfixian al sector. Aerte se ha referido a los muchos centros que no han cobrado y por ello, no han podido hacer frente a los pagos correspondientes a hacienda y la seguridad social, teniendo en cuenta que ha pasado el final del mes de enero por lo que a su deuda acumulada tendrán que sumar los intereses de demora del 20% y en ocasiones, de alguna sanción impuesta.
Desde hace más de un año, Aerte ha trabajado activamente para desbloquear la deuda pendiente que Bienestar Social ha mantenido con el sector de la dependencia que representa, y que ha llegado a alcanzar los 120 millones de euros a lo largo del año.
A pesar de que desde cargos políticos se hayan realizado múltiples declaraciones afirmando que el sector de la dependencia es prioritario en la Comunidad Valenciana, los hechos no han acompañado a estas declaraciones.
Al margen de los pagos realizados, la deuda en Bonos acumula un nuevo retraso de seis meses. Hay centros públicos gestionados por empresas privadas que no han cobrado nada de la deuda de todo el año 2012 y empresas con plazas concertadas con la administración que han sufrido errores administrativos sin aclarar ni solucionar y que han provocado que no cobren sus facturas.
La política actual de la Consellería en cuanto a la no resolución de los expedientes de las más de 10.000 personas en situacián de dependencia reconocida está provocando, no sólo la falta de atención de estas personas sino también la disminución de la ocupación y abocando al cierre a muchos de ellos. En los últimos meses se han producido cierres en centros, incluso en la ciudad de Valencia, y entrada de sociedades en concurso de acreedores con la consiguiente pérdidas de puestos de trabajo.
Desde la junta directiva de AERTE se sigue haciendo «un esfuerzo sin precedentes para solucionar estos problemas en el sector, y volvemos a transmitir públicamente a la Administración valenciana nuestra disponibilidad más absoluta para la búsqueda de un acuerdo global del sector que consiga una reorganización factible del mismo. Cualquier acuerdo adoptado tan solo con organizaciones individuales está condenado al fracaso a medio plazo, porque lo único que se conseguirá es una huida hacia adelante, que repercutirá a todos posteriormente con problemas irresolubles».
AERTE manifiesta que el sistema actual no tiene viabilidad, ya que está en una espiral de difícil salida, como se está demostrando, y se necesita una reorganización del mismo que permita a la sociedad recibir los recursos que claramente necesita.
Bienestar Social ve insuficientes los servicios mínimos en Puerto Luz
La concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, ha mostrado su máxima preocupación ante la situación de precariedad en la que se encuentran los usuarios de la residencia Gecosol en las últimas semanas. Tocino mantuvo el martes distintos encuentros para conocer de cerca la situación que se está viviendo en la residencia, a raíz de los conflictos entre la plantilla y la gerencia. La edil ha explicado que en los últimos días está recibiendo en la Concejalía a muchos familiares de los usuarios de este centro geriátrico, que le han trasladado su ansiedad ante la asistencia que están recibiendo los residentes a causa de los servicios mínimos marcados por la Junta de Andalucía ante la huelga de las trabajadoras, «totalmente insuficientes para atender a los usuarios».
Una situación que describe Mariola Tocino «llega a ser dantesca, pudiendo corroborar que se evidencian carencias notables en cuanto al funcionamiento diario que repercute directamente en la rutina de los usuarios, y que no sólo denuncian los familiares sino que avala la propia empresa, que confirma que la situación es insostenible ya que los usuarios no están siendo atendidos en condiciones. De hecho, así se lo ha trasladado la gerencia de la empresa a la Junta de Andalucía, que reiteramos, ha marcado unos servicios mínimos para esta huelga indefinida que distan mucho de lo racional», afirma.
Aún así, Mariola Tocino quiere expresar que comprende perfectamente las reivindicaciones de las trabajadoras de la empresa, que «por supuesto tienen todo el derecho legal de convocar una huelga para exigir el cobro de su nómina en tiempo y forma». No obstante, destaca la edil popular que «todos debemos medir las consecuencias de nuestros actos porque no nos estamos refiriendo a que se para una cadena de producción, sino que estamos hablando de personas, es más, de dependientes».
La residencia tiene ocupadas en la actualidad unas 120 plazas, de las cuales aproximadamente 100 están concertadas con la Junta de Andalucía. El pasado martes la empresa recibió el pago de octubre y de forma inmediata pagó a sus trabajadoras la nómina de diciembre, por lo que ayer sólo quedaba pendiente la paga extraordinaria.
Mariola Tocino insiste en que, erigiéndose como portavoz de los usuarios, instará a la Junta de Andalucía a que pague en tiempo y forma a las empresas para que así se puedan continuar prestando los servicios públicos.
La concejala aclara por último que le parece «muy triste que los partidos de la oposición PSOE e IU, en la actualidad formando bipartito para gobernar la Junta de Andalucía, se manifiesten mostrando su apoyo a las trabajadoras y se olviden de la parte más sensible de esta situación, que son los usuarios a los que todos deberíamos proteger».
Conflicto abierto en el sector de las residencias de la tercera edad
Las extremas dificultades financieras de la Generalitat afectan a todas sus áreas y el pago a las residencias de la tercera edad no es una excepción. Pero no todos los centros lo están pasando igual de mal. Aquellos bajo la modalidad de concierto denominado de accesibilidad social —la red de residencias que surgió a raíz del plan impulsado por el exconsejero Rafael Blasco en 2001 y en la que participó la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino— ha recibido un pago selectivo por parte del Consell, que ha dejado al margen a buena parte del resto de centros, como han denunciado estos.
En el escenario de la atención residencial apoyada con fondos públicos hay dos protagonistas principales y varios secundarios. Entre los actores destacados, además de los centros de accesibilidad —agrupados mayoritariamente en torno a la asociación Aecas— se encuentra Aerte, la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia. Esta última ha puesto el grito en el cielo después de sentirse agraviada por haber sido marginada en el último pago realizado por la Generalitat a las residencias.
De la inyección de dinero (437 millones) del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que envió el Gobierno a la Generalitat en diciembre para hacer frente a pagos pendientes, el Consell destinó 63 a cubrir parte de las deudas que mantiene con el sector. Abonó 49 millones a las empresas de accesibilidad. Otros nueve, a entidades sin ánimo de lucro (básicamente entidades religiosas, agrupadas en torno a la asociación LARES, uno de los actores secundarios en este relato) y casi cinco millones a liquidar deudas a empresas que gestionan centros públicos, como ha denunciado Aerte.
Los centros de Aerte, que acogen a beneficiarios del bono residencia, de una modalidad de ayuda que establece la Ley de Dependencia (prestaciones vinculadas al servicio) y entre los que también hay residencias públicas de gestión privada, siguen esperando a cobrar los 60 millones correspondientes a buena parte de las facturas del año pasado. “Es un claro agravio”, sostiene María José Mira, gerente de Aerte. La pasada semana, la Generalitat les comunicó que antes del 31 de enero recibirán seis millones de euros, un 10% de la deuda, lo que “no soluciona nada”, dice Mira. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la Generalitat.
El segundo motivo de agravio que plantea Aerte es que la Administración “ha potenciado las plazas de accesibilidad”, agrupadas mayoritariamente en Aecas, en perjuicio de los tipos de subvención de los que participan sus asociados. De esta forma, mientras que en 2007, las plazas del bono (en extinción) o de prestación vinculada al servicio eran 4.500, ahora son 3.000. Y mientras en 2007 los beneficiarios que la Generalitat remitía a las residencias con plazas de accesibilidad social eran 1.840, ahora rebasan las 4.000.
Aecas prefiere no entrar en los motivos por los que las empresas que explotan centros bajo la fórmula de accesibilidad social han cobrado antes. “A fecha de 26 de diciembre solo habíamos cobrado el mes de enero de 2012. Sin entrar en detalles, la situación de Aerte era distinta”, explica Marcos Penadés, presidente de Aecas. Respecto a la prioridad que ha podido conceder la Generalitat a sus residencias en el envío de personas, Penadés sostiene que deberían de remitirles más residentes. Para justificarlo, entre otros aspectos, sostiene que sus plazas tienen un derecho de preferencia reconocido por la Generalitat. Y alude a una decisión que tomó la Consejería de Bienestar Social cuando estaba al frente del departamento el presidente de las Cortes, Juan Cotino (2007-2009) que les daba prioridad.
El contrato original de la fórmula de las residencias de accesibilidad social (los centros integrados mayoritariamente en Aecas) se elaboró mientras el actual diputado del PP Rafael Blasco, imputado por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a cooperación, dirigía la consejería de Bienestar Social. Ante la falta de residencias públicas ideó en 2001 un plan que consistía en proponer al sector privado la creación de 9.000 plazas nuevas a través de un concurso por el que la Generalitat se reservaba un tercio de ellas. Hasta entonces el modelo de subvención con el sector privado se basaba en el bono residencia, un importe que se entregaba a los beneficiarios para que escogieran una plaza privada. A partir del plan de las 9.000 plazas, entró en escena una nueva modalidad de subvención pública: el tercio de plazas de disponibilidad pública que se reservaba la administración, denominadas plazas de accesibilidad. Finalmente, el número total de plazas no fueron 9.000 sino 6.000, y las reservadas para residentes de la red pública 2.000.
En 2008, el máximo responsable de la Consejería de Bienestar Social, Juan Cotino, cambió las reglas. Firmó un acuerdo con las empresas de accesibilidad para concertar hasta el 100% de las plazas de estos centros. Entre estas compañías estaba Centros Residenciales Savia, nombre comercial de la empresa Gerocentros del Mediterráneo, SL. Por entonces (ya no), Savia estaba participada por Sedesa Concesiones —filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA (Sedesa)—, ligada a la familia de Cotino a través de su sobrino, Vicente Cotino.
Este pacto es el que quiere hacer valer Aecas, asociación integrada por Savia, Novaire, Solimar, La Saleta, Vergel Sénior, Parqueluz, Gerianna y L’Albereda-Alacuás, que concentran el 93% de plazas de accesibilidad social. “Están potenciando a cuatro empresas, por lo que sea”, explica Mira. “Solo pido que no nos perjudiquen a nosotros para favorecer a otros”, añade.
Huelga de hambre de los trabajadores de un centro social por los impagos de Consell
Uno de los trabajadores del Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot ha iniciado una huelga de hambre con el fin de que la Conselleria de Bienestar les pague los casi 119.000 euros que adeuda a este centrode atención a personas con discapacidad psíquica.
Vicente Gasó, de 36 años, es el trabajador que ha iniciado este miércoles la huelga de hambre frente a la sede de la Consellería de Bienestar Social en Valencia, al que en las próximas horas se unirá Carmen, de 71 años, madre de uno de los usuarios del centro, y este jueves Julián Oviedo, de 37 años y director del Centro Ocupacional.
«Estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante o la Conselleria nos pague«, ha asegurado a EFE Julián Oviedo, quien ha recordado que la Conselleria les adeuda el 40 por ciento de la subvención correspondiente a 2012, que equivale a seis meses de impagos.
Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social ha sido consultada por la Agencia EFE por esta protesta pero aún no ha ofrecido su versión al respecto.
Los trabajadores de este centro ocupacional ya amenazaron con iniciar la huelga de hambre el pasado 10 de enero, pero decidieron aplazar la protesta tras una reunión con representantes de la Conselleria que les comunicaron su intención de «dar respuesta a la situación» en un plazo de nueve días.
«Pasaron los nueve días y el dinero no apareció», ha señalado Julián Oviedo, quien ha indicado que Bienestar Social les ha dicho que el próximo viernes les pagará el 15% de los casi 119.000 euros que les adeuda, una cantidad que «solo cubre la Seguridad Social de diciembre y el pago a Hacienda de retenciones».
Oviedo ha explicado que el pago de esa cantidad permitirá al centro social solicitar la orden de ayudas de 2013 pero «no soluciona las consecuencias dramáticas para la estabilidad y funcionamiento del centro».
Durante el día permanecerán en sillas plegables y tapados con mantas frente a la Conselleria, pero pasarán la noche dentro de una furgoneta que han aparcado junto a este departamento de la Generalitat.
Vicente Gasó está siendo apoyado por trabajadores, usuarios del centro y sus familiares, que portan carteles con lemas como «Conselleria quiere cerrar los centros para esconder a las personas con discapacidad, basta ya», «Siete meses sin cobrar» o «Mientras vosotros engordáis vuestras cuentas, nosotros perdemos nuestras casas».
Julián Oviedo ha recordado que a principio del mes de febrero vence la póliza de crédito que avalaron con sus propios bienes, aunque ha indicado que han hablado con el banco «y va a tratar de ampliar plazos».
El Centro Ocupacional Los Silos de Burjassot atiende a 40 discapacitados psíquicos adultos, según ha explicado Julián Oviedo, quien ha agregado que en las instalaciones trabajan ocho personas, «seis de ellas socios, que somos los que tenemos en peligro nuestros bienes».
Trabajadores y usuarios de la Ley de Dependencia protestan por los recortes
Trabajadores de la Ley de Dependencia en la Sierra, así como usuarios de sus servicios junto a sus familiares, han protagonizado junto con representantes de Comisiones Obreras (CCOO) concentraciones en la Avenida de España de Ubrique y en la Plaza de la Concordia de Olvera para denunciar los recortes que sufrirá esta norma a partir del año que viene.
Estas protestas, que se celebran en los municipios reseñados todos los viernes de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, han conseguido muy buena respuesta por parte de los convocados para poner de manifiesto los perjuicios que sufrirá el tijeretazo previsto en esta normativa, resultado de una nueva merma en la partida que le dedican los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para 2013.
En estas concentraciones, además de lucir pancartas contra este recorte, se ha dado lectura a un manifiesto reivindicativo en el que los participantes han insistido en los motivos de estas movilizaciones, «no estamos aquí para pedir más salario porque cobramos tarde, pero cobramos. Nuestro salario es bajo, pero tenemos trabajo. Estamos en la calle porque nos parece una injusticia que las personas más necesitadas sean las que tengan que sufrir tanto recorte que sólo crea más desigualdad.
Estos recortes también nos van a afectar a los trabajadores y trabajadoras que vemos cómo se reduce nuestro horario de trabajo y, por tanto, nuestro bajo salario», recoge el escrito.
Con todo, estas concentraciones volverán el próximo viernes 21 y el siguiente 28 de diciembre, a la Avenida de España de Ubrique y en la Plaza de la Concordia de Olvera.
Lares CV y Aerte se suman a la Marcha convocada por CC.OO. y UGT para defender la supervivencia de la Dependencia
• Para ambas asociaciones la situación de impagos e inacción del Consell está destruyendo día a día el tejido empresarial creado en torno a la Ley de Dependencia
• Lares CV ha solicitado reunión con la nueva consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y espera respuesta urgente antes de tomar medidas
Valencia, 14 de diciembre de 2012 – Lares CV, la patronal del sector solidario, y Aerte, principal patronal de la dependencia en Comunidad Valenciana se suman a la marcha por la supervivencia de los Servicios Sociales y la Dependencia en la Comunidad Valenciana, organizada por los sindicatos UGT y CC.OO para el próximo jueves 20 de diciembre.
Ambas organizaciones y sus asociados han adoptado la decisión de participar en esta marcha protesta, por considerar que la actual dejación de funciones de la Administración valenciana -cuya deuda con el sector de la dependencia asciende a 120 millones- está destruyendo el tejido empresarial creado en torno a la Ley de Dependencia. Esto está provocando que las empresas no puedan atender a la población dependiente y con ello, se está obstaculizando la prestación de servicios y atención que garantiza la ley, pero que no se va a poder continuar prestando por impago de deuda.
La deuda de Bienestar Social con los centros de Lares CV y de Aerte supera los 130 millones de €, fruto de 12 meses sin haber cobrado nada por parte del Consell. Ambas asociaciones consideran que, de no resolverse la deuda existente, los primeros centros comenzarán a cerrar a comienzos de año, dejando con ello de prestar sus servicios a una población dependiente que se verá en la calle y sin soluciones.
Tanto Aerte como Lares CV subrayan si las empresas no hubieran asumido con responsabilidad las funciones que no está cumpliendo Bienestar Social en la Comunidad Valenciana, hoy día habría ya cientos de enfermos dependientes en la calle, sin ayuda, asistencia de ningún tipo y sin ningún lugar donde poder acudir para ver respetados sus derechos reconocidos claramente en la Ley de Dependencia.
Ante esta extrema situación, Lares CV ha apostado por retrasar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, como anunció, y da unos días a la nueva consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para que de respuesta a la petición de reunión urgente solicitada por parte de la asociación con el objetivo de que se les presente un Plan de Pagos. Por su parte, Aerte planteará y pondrá en marcha medidas más contundentes en su Asamblea General Extraordinaria del día 18.
