Sanidad

Un encuentro aborda el rol de los mayores y la «necesidad» de convergencia «adecuada» entre sistema social y sanitario

encuentro sociosanitarioEl primer ‘Encuentro regional sobre envejecimiento y dependencia: Enfoque y actuaciones para el paradigma actual’ ha sido inaugurado este martes en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) en una acto al que han asistido el director el director general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía, Ángel Acuña; el alcalde de la localidad, Manuel Benítez; y el director gerente de Macrosad, Andrés Rodríguez González.

Durante tres días agentes del sector socionanitario, profesionales del ámbito público y privado y usuarios y familias de los servicios de atención a la dependencia y promoción de la vida autónoma de toda la comunidad debatirán sobre el presente y el futuro del envejecimiento, ya que «es necesario que el sistema social y sanitario converjan de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».

Así, durante la presentación, Acuña ha calificado de «acierto» este encuentro por la relación entre envejecimiento y dependencia, toda vez que ha señalado que en la actualidad los mayores de 65 años en Andalucía son 1.200.000 y para 2025 habrá un 1.800.000, lo que «nos da una idea de la importancia que va a tener ese sector de la población». «Nuestros mayores cada vez van teniendo una edad más avanzada, todo lo que hace que necesiten mayores cuidados porque además son más dependientes».

Al respecto, se ha referido a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la que Andalucía «recibe en estos momentos 314 millones menos que se recibían cuando se pensó que la ley iba a ser financiada al 50 por ciento por el Estado y la Junta». Así, continúa, la comunidad «está haciendo frente en la actualidad al 75 por ciento de lo que se gasta, y el Estado aproximadamente a un 25 por ciento», lo que «lógicamente tiene unas consecuencias que estamos viendo todos los días», consecuencias que afectan a una gran cantidad de población porque «el 25 por ciento de los dependientes de toda España están aquí».

Por tanto, cuando «se está actuando contra la ley de dependencia se está actuando contra una gran parte de la población que esta en Andalucía». Pero además, prosigue, la ley de dependencia «también es ley de promoción de la autonomía personal, y es muy importante destacar aquí el envejecimiento activo, en cuanto a un conjunto de actuaciones que permiten al mayor alcanzar esas edades en perfecto estado físico y mental».

Al hilo de lo anterior, recuerda que en la comunidad existe el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, con 130 propuestas y consideraciones que afectan a los mayores desde punto de vista de su salud, la autonomía personal, la formación o la seguridad, un extremo este último que «está directamente relacionado con la pensión que recibe el mayor, y que le da estabilidad». En este sentido, recuerda que la pensión no contributiva «está incrementándose sobre un dos por ciento, con 20 millones de euros destinados por la comunidad, mientras que el Estado ha incrementado las pensiones un 0,25 por ciento anual».

Por último, Acuña ha destacado también otras medidas puesta en marcha en beneficio de los mayores, como el examen de salud a mayores de 65; la Tarjeta Junta 65, que beneficia a más de 1.000.000 de andaluces; el servicio de Teleasistencia, del que se benefician 177.000 mayores; el servicio de orientación jurídica gratuita, que en llega a 17.000 mayores; la importancia de las aulas universitarias, que acogen a más de 8.000 mayores; o el combate contra la brecha digital, con más de 1.800 equipos en los centros de participación activa de toda Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Castilleja ha indicado que de los 17.474 habitantes de la localidad, 2.768 tienen más de 65 años, lo que supone un 15,8 por ciento del total de vecinos, según datos de 2013, toda vez que ha destacado que Castilleja está por debajo de la media andaluza y nacional, con un 14,7 y 17,7 por ciento, si bien su cercanía a la capital ha provocado que la población se cuadruplique desde 1970 y «el perfil de familias jóvenes que tienen hijos maquillen unos datos a los que hay que prestarle atención».

Para ello, continúa, se celebra este encuentro de tres días, en el que se hablará sobre envejecimiento y la atención que deben recibir los mayores, porque «independientemente de las dificultades económicas, la apuesta de las corporaciones locales debe ser por las políticas sociales, paliando los desequilibrios a los que la coyuntura económica está abocando a cientos de familias». Por este motivo, «hemos creído en la oportunidad que este encuentro supone para contribuir a mejorar las condiciones de atención e integración de nuestros mayores», convirtiéndose «en un valiente punto de partida».

Por su parte, el director general de Macrosad ha afirmado que «el envejecimiento de la pirámide poblacional debe hacer reflexionar sobre el papel que juegan nuestros mayores, el papel que merecen y el que están reivindicando», con una población mayor «con un peso específico no solo a nivel social sino también económico». En este sentido, señala que más del 15 por ciento de la población andaluza tiene más de 65 años y que «167.000 personas son beneficiarias en Andalucía del sistema, un 22 por ciento del sistema nacional».

Así, afirma que desde Macrosad, con 20 años de experiencia, «se pretende aportar soluciones a las personas que envejecen a lo largo y ancho de toda Andalucía», para lo que «los sistemas sanitarios tienen que dar respuesta eficiente a lo que se conoce como ‘CURE’ y el reto ahora es la cura y atención (CARE), por eso ese necesario que converjan el sistema social y sanitario y que se coordinen adecuadamente».

«Hay mucho mayores en número absoluto, pero también lo que se denomina la cuarta edad, mayores muy mayores que necesitarán una alta intensidad de cuidados»; los sistemas públicos «no llegan a todo e iremos a un modelo híbrido que permita que además no entremos en un sistema dual, y eso habrá que construirlo». De este modo, desde la iniciativa privada «tenemos que ir aportando soluciones, con el objeto de ayudar a sentar una buena base de una sistema sociosanitario, porque lo social y lo sanitario tienen que converger de manera adecuada para afrontar la situaciones de cronicidad».

En este sentido, afirma que habrá que preguntarse si las ciudades y pueblos y los sistemas «están adaptados para los mayores, si son ciudades amigables e intuitivas», y en pro de este objetivo «les toca no solo a las instituciones y personas que tienen responsabilidad de Gobierno sino también a los proveedores que dan apoyo y servicios».

«Es la intención de este encuentro inédito y singular», que está organizado por Macrosad y el Ayuntamiento de Castilleja, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, ayuntamientos del Aljarafe, organizaciones sectoriales y profesionales del ámbito público y privado», afirma Andrés Rodríguez, quien añade que durante tres días expertos andaluces, profesionales usuarios y familiares «van a valorar la situación actual y los retos de futuro mediante conferencias, talleres y mesas redondas».

«En Macrosad buscamos crear desde nuestra humilde experiencia herramientas que aporten soluciones y valor, que faciliten a los agentes que trabajan con las personas mayores mecanismos que permitan un proceso de envejecimiento digno y positivo, orientando nuestras actividades a la satisfacción global», afirma el director general, quien resalta que «esta apuesta por los valores y compromiso a través de la formación e investigación nos hace trabajar con mayor inquietud por más de 6.700 usuarios a cierre de 2013 con una encuesta de satisfacción de 8,15 y 8 sobre diez», concluye.

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Salud y Bienestar harán frente común al aumento de la dependencia fruto del envejecimiento

Homs  El Consell Executiu ha aprobado este martes la creación de un Plan Interdepartamental de Atención Social y Sanitaria (Piass) para «garantizar» que se puede atender con calidad a todas las personas con dependencia debido al envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia, que ya afecta al 6% de los catalanes.

   Lo ha explicado el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que ha concretado que la iniciativa pretende «reorientar» servicios públicos en una sociedad que cada vez vive más años.

Ha informado que, para lograrlo, Salud y Bienestar Social reforzarán su colaboración en el ámbito de las residencias de ancianos y discapacitados, en la red pública sanitaria y de salud mental, en los servicios sociales básicos y la red de larga estancia sociosanitaria.

«Se trata de compartir conocimientos, capacidades, instrumentos y datos para configurar, progresivamente, una red interrelacionada e integrada de servicios a los usuarios», ha dicho Homs, que ha asegurado que el Govern apuesta por un modelo de intervención global coordinada.

Ambos departamentos configurarán una historia clínica compartida gracias a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y «revisarán» el modelo actual para garantizar una atención integral con un uso racional de los recursos.

Con esta iniciativa se diseñará un «nuevo escenario» de asistencia sociosanitaria, con la creación de un gran sector de atención de larga duración que incluya todos los servicios necesarios para los usuarios.

El 74% de los catalanes adultos manifiestan tener una enfermedad crónica, de los que 140.000 también sufren algún tipo de dependencia; además, el 50% de estos pacientes desarrollan enfermedades múltiples de carácter crónico, un fenómeno que se prevé que sea la principal causa de discapacidad en 2050.

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‘Spaincares’ marca para intentar atraer turismo sanitario a España

Spaincares Las patronales españolas de las clínicas privadas, el sector de la dependencia, balnearios, hoteles y agencias de viajes han presentado este jueves la marca ‘Spaincares’, con la que pretenden potenciar el turismo sanitario en España e intentar atraer pacientes de otros países.

   El proyecto se inició hace unos meses con la creación de un clúster empresarial que ahora da un paso más con la presentación de la marca en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid. El próximo objetivo será el lanzamiento, previsiblemente en marzo, de una página web a través de la cual ofrecer todo tipo de tratamientos y paquetes que además incluyan desplazamiento, alojamiento y otros servicios.

   La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo director general de Ordenación Profesional, Francisco Javier Castrodeza, ha celebrado este «apasionante» proyecto empresarial en un sector económico «en crecimiento y que genera empleo».

 «En la Unión Europea unos 9 millones de personas se desplazan cada año para realizarse tratamientos médicos pero España apenas se beneficia de ese mercado», según ha reconocido, a pesar de que «tiene como principales fortalezas una sanidad excelente y reconocida a nivel mundial, especialidades y técnicas de reconocido prestigio, y un precio competitivo con respecto a Europa».

   En ‘Spaincares’ están implicadas la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

   Su presidente, el también director International Patient Center de la Clínica Universidad de Navarra, Íñigo Valcaneras, reconoce el potencial de un mercado que en otros países está creciendo entre un 20 y 30 por ciento.

   «El mercado muestra oportunidades muy claras, como el hecho de que más de 8 millones de alemanes reciban tratamientos termales fuera de su país, o que más de 110 millones de europeos tengan más de 60 años», según ha apuntado durante su presentación.

   En España, sin embargo, su presencia es todavía modesta ya que el turismo de salud apenas supone al año unos 140 millones de euros, lo que representa el 2,4 por ciento del total de facturación de la sanidad privada.

   «Pero tenemos un potencial mucho mayor», ha reconocido el presidente de ‘Spaincares’, que destaca que España ofrece «una relación calidad-precio difícil de igualar en casi todos los procedimientos y niveles de complejidad», además de una «clara ventaja en la cercanía y posicionamiento geográfico y un sector turismo líder que puede ayudar a capitalizar el producto final».

   De hecho, confía en que con el desarrollo de este proyecto la facturación pueda aumentar un 60 por ciento en los dos próximos años, hasta llegar a los 500 millones de euros en 2015.

OFERTA AMPLIA DE TODO TIPO DE SERVICIOS

   Para ello, en su página pretenden ofrecer una oferta «muy amplia», desde cirugías o procedimientos de elevada complejidad a procesos ambulatorios o consultas médicas con especialistas, así como otros servicios más orientados al cuidado de la salud, como circuitos de balnearios o el sector de la dependencia.

   Todo ello de forma individualizada o a través de paquetes que incluyan todo tipo de servicios complementarios, como alojamiento, restauración, transporte convencional o medicalizado y actividades de ocio.

   «La idea es ofrecer un producto adicional, que compense el modelo de sol y playa», apunta Valcaneras, que es claro en el planteamiento que ofrecerá ‘Spaincares’. «El motivo del desplazamiento es la salud, pero a través del turismo se puede ofrecer una oferta complementaria», asevera.

   Todos los servicios ofertados deberán cumplir con unos criterios de calidad adaptados a cada tipo de procedimiento, y tanto las condiciones como las tarifas se detallarán «de forma transparente».

CIUDADANOS A TRES HORAS DE AVIÓN, PRINCIPAL OBJETIVO

   En cuanto al paciente tipo, el presidente de ‘Spaincares’ reconoce que  los principales países emisores de turistas sanitarios serán en principio procedentes de la Unión Europea, principalmente Francia, Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, ya que se sitúan en un radio de acción a tres horas de vuelo.

   En este sentido será clave la directiva europea sobre sanidad transfronteriza, que España está a punto de incorporar a su legislación, según ha reconocido el representante del Ministerio.

   «La directiva supone una oportunidad importante para el conjunto del sector sanitario español, porque los pacientes de la UE, de acuerdo con las exigencias de su país de origen, podrán elegir cualquiera de los centros españoles, recibir la atención, pagarla y solicitar el reembolso en su país de origen», ha explicado Castrodeza.

   No obstante, Valcaneras no ha descartado que también sean un foco emisor de turistas sanitarios países europeos emergentes como Rusia o Ucrania, y los países árabes.

   «En general son pacientes con un difícil acceso a la atención sanitaria en su país, bien por calidad, lista de espera o precio», ha aseverado.

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Familiares de personas con Alzheimer piden una política de Estado contra la enfermedad

Koldo AulestiaRepresentantes de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y la Fundación Sanitas han pedido en el Congreso que se impulse una Política de Estado sobre el Alzheimer que convierta la enfermedad en «una prioridad de salud pública» a nivel nacional.

Así lo han reclamado durante una ponencia realizada este miércoles ante la Mesa y Junta de Portavoces de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Baja, recordando que, aunque las demencias actualmente afectan a más de 35 millones de personas en todo el mundo, la cifra se triplicará en 2050.

Por ello, ambas entidades comparten el objetivo de que el Alzheimer y otras demencias se conviertan en una prioridad de salud pública de orden nacional e internacional y que los países dispongan de sistemas adecuados de asistencia y apoyo para cuidar de las personas que las sufren, tanto ahora como en el futuro.

«El Alzheimer no es sólo una enfermedad, las cifras demuestran que se ha convertido en un verdadero problema socio-sanitario que afecta a todos los estratos de la sociedad, extendiendo sus efectos no sólo a la persona, sino también al conjunto de la familia cuidadora», según Koldo Aulestia, presidente de CEAFA.

Por ello, añade el director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Sanitas, David Pérez de Ciriza, el enfoque de Política de Estado y la creación de un Plan Nacional de Demencia haría que los sistemas sanitarios y sociosanitarios estén «adecuadamente estructurados y dotados para garantizar un cuidado de alta calidad que permita a las personas vivir bien con demencia hoy y en el futuro».

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La Generalitat podría no pagar este mes a los hospitales concertados

La Generalitat ha advertido a los 55 hospitales concertados que este mes probablemente solo les podrá pagar una cuarta parte de la factura de 250 millones por los servicios que prestan a la sanidad pública.

Fuentes del Departament de Salut han confirmado a Efe que están trabajando y «se harán los máximos esfuerzos» hasta el último día para poder hacer efectiva la totalidad de la factura el próximo 31 de octubre.

La directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales, la doctora Helena Ris, ha explicado a Efe que la Generalitat les advirtió primero de que no podrían pagar la factura ordinaria del mes de octubre, que asciende a unos 250 millones, pero después les comunicó que intentarían pagar un 28,65% de la factura con un pequeño remanente del Fondo de Liquidez Autonómica.

En cualquier caso, Ris ha calificado de «situación muy grave» si los hospitales concertados no cobran este mes porque «peligran las nóminas».

Ris ha señalado que confían en que la próxima semana cobren los 800 millones que les adeuda la Generalitat a través del plan proveedores del ICO, lo que «supondría un respiro» y podrían afrontar este nuevo impago. «De lo contrario, ya no tenemos más capacidad de endeudamiento», ha advertido.

La Generalitat adeuda hasta ahora unos 800 millones de euros a los hospitales concertados por las facturas de julio y abril de 2012, el 40% de la de agosto de 2012, el 25% de la de octubre de 2012 y el 25% de la de febrero de 2013.

Helena Ris ha explicado que de momento de la factura del próximo mes de noviembre, la Generalitat no les ha advertido de nada y confían en poder cobrarla puntualmente. «Los hospitales estamos al límite y confiamos en cobrar el ICO en la primera fase, es de la única manera que podríamos soportar este mes, porque si no lo cobramos sería un descalabro porque ya hemos agotado las posibilidades de endeudamiento y de pactar retrasos de pagos a la Seguridad Social», ha afirmado Ris.

«Cada nuevo impago pone en peligro la nómina y ya se han dado casos en que los trabajadores han cobrado el día 4 o 5 del mes porque los ingresos de la administración se han hecho el último día del mes», ha explicado la directora general de la patronal hospitalaria, que ha trasladado a los hospitales la situación «para que hagan frente, pero sin crear alarmas».

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La Generalitat no pagará los fármacos dispensados por farmacias en septiembre

farmaciaEl Servei Català de la Salut (CatSalut) ha anunciado hoy martes a los farmacéuticos catalanes que el próximo día 31 no podrá pagarles los 107 millones correspondientes a los medicamentos dispensados el mes de septiembre, ha informado el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya.

La Generalitat ha aducido, según este colectivo, que no podrá hacer frente a este pago porque dispondrá de 1.700 millones menos de los solicitados a través del Fondo de Liquidez Autonómica, con los que se estaba haciendo frente a la factura de los medicamentos en los últimos meses.

El anuncio del CatSalut del nuevo impago ha provocado malestar y preocupación entre los farmacéuticos, que aún tienen pendientes de cobrar a través del Plan ICO Proveedores los 309 millones que les debe la Generalitat por las facturas impagadas de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013.

El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha anunciado que ya ha iniciado «contactos para evitar que los problemas de tesorería afecten nuevamente a las farmacias».

Los farmacéuticos catalanes tuvieron que renunciar a la reclamación de los intereses de demora de los 309 millones que les adeuda la Generalitat porque ello era un requisito imprescindible para poder acceder al plan ICO Proveedores, pero aún no han cobrado estas mensualidades.

A causa de estos atrasos en los pagos, algunas farmacias catalanas han tenido que cerrar y otras han tenido que recurrir a pólizas de crédito bancarias, mientras que la mayoría sólo dispensan los medicamentos más caros por encargo y solicitados con antelación.

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Sanidad asegura que «la peor parte de los ajustes» en política social «ha pasado»

Juan Manuel Moreno  El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Miniosterio de Sanidad, Juan Manuel Moreno, ha afirmado que «la peor parte de los ajustes presupuestarios» en política social «ha pasado ya» y se ha entrado «en un tiempo nuevo», de «consolidación del gasto» en el que «ya no hay necesidad de ajuste».

   Así lo ha explicado en la rueda de prensa de presentación del presupuesto con que contará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el próximo curso, cuando dispondrá de 1.912 millones de euros, 3,2 millones más que en 2013, de los que 1.527 millones irán a parar a su departamento, 1,4 más que en 2013.

El grueso de estas partidas se irá al Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que sobre el papel este año cuenta con un 46% menos de presupuesto por la desaparición de 1.034 millones de euros que el año pasado se consignaron de forma excepcional para sufragar cuotas a la Seguridad Social de cuidadores familiares que se adeudaban desde la legislatura anterior.

Moreno ha concretado que descontando estas obligaciones, el presupuesto para Dependencia este ejercicio ascenderá a 1.175 millones de euros, 4,8 millones más que el año pasado. Esta cantidad, el 61% de los fondos de que dispondrá el ministerio, incluye los 1.087 millones del nivel mínimo de financiación para las comunidades autónomas, que no varía.

A estas partidas hay que sumar otras cantidades que repercuten en la financiación de la dependencia, como 128,6 millones para promoción de la autonomía personal, 4,7 millones en transferencias al IMSERSO para la atención de grandes dependientes, 128,6 millones para termalismo social o 5 que se consignan para fundaciones que trabajan con mayores y discapacidad.

Con todo, en 2014 no habrá nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas, por lo que el nivel mínimo será toda la transferencia que reciban del Estado para sufragar la gestión del SAAD y seguirá congelada la incorporación al sistema de dependientes moderados, cuyo ingreso se pospuso hasta julio de 2015.

22,2 MILLONES PARA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otra parte, Moreno ha destacado el «compromiso» del Ejecutivo en lucha contra la violencia de género y ha destacado que el presupuesto de la Delegación del Gobierno para estos fines se mantendrá íntegro respecto de año pasado, con 22,2 millones de euros y «ni una sola política» de protección o asistencia a las víctimas se verá afectada en el nuevo ejercicio. «No hay ni un paso atrás», ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que el servicio de tele asistencia ATEMPRO mantiene una partida de 5,5 millones de euros, el servicio telefónico 016 se queda con 1,1 millones y la partida para asistencia social de las víctimas respeta los 4 millones del año pasado. Además, se incrementa la partida para sensibilización en 122.000 euros hasta alcanzar 1,6 millones.

También varía el presupuesto para los brazaletes GPS de localización de maltratadores porque, según ha explicado Moreno,  se ha «renegociado» el contrato  y se ha conseguido una rebaja del precio «en torno a 200.000 euros». Este dinero va a reinvertirse en una nueva «macroencuesta» sobre violencia de género que ejecutará el Instituto Nacional de Estadística por importe de 300.000 euros, conforme ha señalado.

14 MILLONES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER

Por otra parte, en materia de Igualdad, Moreno ha destacado que el Instituto de la Mujer contará con 13,6 millones de euros para el próximo año «una vez corregidos los desajustes presupuestarios del gobierno anterior, que habían dejado un agujero de siete millones de euros». En paralelo, se destinarán otros casi seis millones para promoción del emprendimiento y el empleo femeninos, parte de los cuales proceden de fondos europeos.

Otro de los asuntos en los que ha hecho más hincapié el secretario de Estado es en el presupuesto de lucha contra la pobreza, en tanto que su departamento gestiona la recaudación del IRPF correspondiente a la casilla de fines sociales y que el año próximo podría superar los 211 millones de euros, según sus propias estimaciones.

Además, Moreno ha destacado que, por un lado, el Ministerio ha aumentado en 1,8 millones la aportación de las subvenciones sociales con cargo al IRPF y, por otro, se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la creación de un fondo europeo de ayuda a personas en riesgo de exclusión social dotado con 40 millones de euros procedentes de la Unión Europea.

El informe económico y financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este lunes en el Congreso junto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado recoge una caída global del 36,4% en las partidas que las distintas administraciones públicas destinarán el próximo año a Servicios Sociales y Promoción Social.

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Aragón no aplicará copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el 1 de octubre y plantea compensaciones

Ricardo OlivánEl consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es «materialmente imposible» aplicar el nuevo copago en fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su Departamento estudia «medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente».

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, ha expresado su «total acatamiento de las normas» y su voluntad de poner en marcha esta medida «lo antes posible», si bien «más prisa me corre tener claro cuál es el límite de aportación que desde un punto de vista social sería admisible y es ahí donde queremos incidir en primer lugar».

En este sentido, por un lado, ha aclarado que la lista de los 157 medicamentos incluidos en este copago «se conoció el viernes» y hacen falta «unos mecanismos administrativos para poder cobrarlos» que no se arbitran «de un día para otro».

Por otro lado, ha precisado que están analizando «uno por uno» los medicamentos para conocer «cuál sería la repercusión en la aportación del usuario porque, normalmente, son muy caros», y aunque «en muchos casos, puede ser una cantidad simbólica», «en otros no» y «es ahí donde queremos incidir».

Oliván ha dicho que el objetivo es que, «teniendo en cuenta la renta» del paciente, la aportación que haga «sea la mínima posible o incluso en algunos casos ninguna», diferencia que «asumiría» la Comunidad autónoma, de forma que, «la aplicación de la norma perjudique lo menos posible a los ciudadanos».

Gasto significativo

El consejero de Sanidad ha relatado que el impacto de cada medicamento en la aportación de cada paciente depende, por ejemplo, de las dosis que se tomen a lo largo del año, para comentar que hay casos en que el gasto para el paciente sería «significativo» y, entonces, se aplicarán medidas compensatorias.

Así, ha glosado que hay medicamentos cuyo coste es de 3.000 euros la dosis y la aportación final sería de 30 euros, mientras que otros con el mismo precio por dosis pueden suponer para el paciente el pago de 500 euros o más.

Por otra parte, ha argumentado que este copago es «coherente» con el que ya existe con los medicamentos que se compran en las farmacias y ha aclarado que se aplicará a los fármacos «que recogemos en el hospital y nos llevamos a casa, no a los que nos suministran en el propio hospital, cuando estamos ingresados o cuando tenemos que pasar por algún tratamiento».

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Los servicios de Urgencias no cubren las necesidades que plantean los ancianos, según un estudio internacional

urgenciasLos servicios de Urgencias no cubren las necesidades que plantean las personas de la tercera edad, tal y como ha evidenciado una investigación llevada a cabo por un equipo de expertos de la Universidad de Waterloo (Canadá).

   Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada ‘Annals of Emergency Medicine’, expone que estos departamentos de los hospitales no cumplen con las necesidades de este colectivo de pacientes, algo que se ha evidenciado en este estudio realizado sobre pacientes mayores de 75 años de Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, Islandia, India y Suecia.

Así, los expertos sostienen que las personas ancianas tienen necesidades «muy diferentes» a las de la población general, las cuales «no están siendo atendidas» en la actualidad. Así lo expresa el profesor de la Facultad de Salud Pública de este centro académico canadiense y autor principal de la investigación, el doctor John Hirdes.

A su juicio, la mayoría de estos pacientes «son frágiles y dependen de otros para obtener ayuda», además de que presentan necesidades «complejas». Además, sostiene que los servicios de Urgencias tradicionales «no están equipados para la evaluación geriátrica y su intervención», ya que fueron diseñados «para responder a enfermedades y lesiones agudas».

INCREMENTA EL RIESGO DE OFRECER DIAGNÓSTICOS ERRÓNEOS

Hirdes manifiesta que el «caótico entorno hospitalario» provoca que se incremente «el riesgo de un mal diagnóstico o de una atención inadecuada». Muchas veces los especialistas capacitados no están disponibles, por lo que condiciones geriátricas como el delirio «pueden ser diagnosticados como demencia», lamenta.

En cuanto a las evidencias obtenidas con este trabajo, se expone que el 78 por ciento de las personas a estudio eran dependientes en cuanto a las actividades de la vida cotidiana, tenían un problema cognitivo o habían sufrido una caída en los últimos 90 días.

Ante todo ello, Hirdes y su equipo de investigadores apuestan por capacitar al personal sanitario, cambiar los protocolos de prestación de atención geriátrica y diseñar departamentos especializados que consten de instalaciones de fácil acceso. Todo ello «permitiría satisfacer mejor las necesidades de las personas mayores», concluyen.

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Sanidad lanza una revista online sobre discapacidad

Moreno  La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha presentado, este jueves, la Revista Española de Discapacidad (REDIS), una publicación de carácter electrónico que se centrará en la difusión del conocimiento científico aplicado a la discapacidad, coordinada y editada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) y promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.

   El Responsable de Redis, secretario del Consejo de Redacción y director del Centro de Documentación del Real Patronato, Eduardo Díaz Velázquez, ha explicado que se trata de una revista semestral que surge con la idea de «promover y dar difusión al conocimiento científico que se hace sobre discapacidad, crear conocimiento científico y difundirlo a nivel internacional». Además, ha apuntado que cuenta con el apoyo del divulgador Eduard Punset.

Díaz ha indicado que es una publicación dirigida tanto a expertos, profesionales e investigadores así como a personas con discapacidad, en la que encontrarán artículos de investigación o de reflexión académica, así como informaciones, ideas y reflexiones para «entender mejor la discapacidad y saber cómo reivindicar los derechos del colectivo». Asimismo, ha recordado que posee todos los instrumentos que hacen accesible a una página web, con artículos en pdf maquetados de forma accesible y con un programa de lectura por voz incorporada.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha destacado que la Secretaría «da un paso adelante» con la presentación de esta revista online sobre discapacidad, puesto que «va a abrir nuevos caminos en las formas de sensibilizar y transmitir conocimiento». «Las TIC, que en ocasiones se presentan como un enemigo, en este caso son un gran aliado fundamental en la tarea de sensibilizar sobre obstáculos y dificultades a los que se enfrentan día a día las personas con discapacidad», ha añadido.

Además, Moreno ha aludido a la relación entre discapacidad y violencia de género y ha subrayado que es el momento de «trabajar con las nuevas tecnologías para paliar este binomio». «Hay que sensibilizar a la sociedad sobre estas dificultades, los riesgos y los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y personas con discapacidad y ante los que tenemos que estar todos alerta», ha apostillado.

Finalmente, ha manifestado que la Secretaría, junto a las comunidades autónomas y las administraciones públicas, está trabajando en la elaboración de la ‘Guía de Recursos de Atención a la Discapacidad’ (GRADIS) que, de forma electrónica, ofrecerá información sobre todos los servicios que se prestan a las personas con discapacidad, clasificados por territorios y según el tipo de atención.

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Ninguna nación va a ser capaz de afrontar «por sí misma» la epidemia de las demencias

Michael Hodin  Ninguna nación va a ser capaz de afrontar «por sí misma» la epidemia global de las demencias, según ha asegurado el director ejecutivo de la Coalición Mundial sobre el Envejecimiento (GCOA, por sus siglas en inglés), Michael Hodin, con motivo de la reciente celebración de la reunión internacional ‘Desbloquear la colaboración global para acelerar la innovación para la enfermedad de Alzheimer y la demencia’.

   Este encuentro, que ha sido organizado por este organismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Universidad de Oxford (Reino Unido), ha servido para reunir a expertos en los campos relacionados con esta problemático. Uno de ellos ha sido Hodin, que sostiene esta afirmación por el impacto de las mismas «en los individuos, familias, sistemas de salud y economías nacionales».

Debido a ello, considera «necesarios» la comprensión, intercambio y colaboración global, y es que, expone que hay que ganar la lucha contra estas patologías «si queremos realmente convertir el envejecimiento de la población en una nueva fuente de crecimiento económico».

Para el director científico adjunto del Ciberned, Miguel Medina, es preciso «acelerar el proceso de innovación a través de la colaboración internacional a nivel global». Intercambiar conocimientos y modos de abordaje de estas enfermedades permitirá «avanzar en el tratamiento de las mismas», indica.

LAS ESTRATEGIAS TRADICIONALES «NO SON SUFICIENTES»

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Internacional de Alzheimer (ADI, por sus siglas en ingles), Marc Wortmann, sostiene que las estrategias tradicionales en investigación y tratamiento «no son suficientes para afrontar la creciente incidencia de esta enfermedad y otras demencias».

Ante ello, el presidente de la campaña estadounidense para la Prevención de la Enfermedad de Alzheimer en 2020, Zaven Khachaturian, apuesta por un plan de acción conjunto entre los países «que busque la reducción de su incidencia en un 50 por ciento en la próxima década». Todo esto debido a que se estima que el Alzheimer «afecta a una de cada ocho personas entre 65 y 85 años».

Precisamente, por este motivo, se celebrará el próximo mes de septiembre el ‘Congreso Internacional sobre Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas’ que organizan conjuntamente la Fundación Reina Sofía, la Fundación CIEN y el Ciberned.

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Especialistas en atención socio-sanitaria abogan por colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención a 600 crónicos

AECASEstos protocolos disminuirían indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según Marcos Penadés.

Aecas y Ciegs proponen la derivación de los pacientes para terapias de rehabilitación mientras no se disponga de la red mínima hospitalaria para éstos pacientes.

Especialistas en atención socio-sanitaria y gestión de recursos sanitarios defienden extender la colaboración entre hospitales y residencias para garantizar la atención de los más de 600 enfermos crónicos que no disponen de la plaza prevista en el Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y a los enfermos crónicos en la Comunidad Valenciana.

Las experiencias previas demuestran que, en el periodo transitorio que requerirá la habilitación de nuevos hospitales para completar la red de diez centros prevista por el Gobierno Valenciano, las residencias pueden adoptar un papel esencial para agilizar la disponibilidad de camas hospitalarias, proporcionándoles así más movilidad en sus estancias, disminuyendo indirectamente las demoras y la presión asistencial en urgencias por falta de camas disponibles, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, Marcos Penadés.

La carencia de estas plazas supone que el paciente no pueda iniciar procesos de rehabilitación integral en un lugar terapéutico adecuado a sus condiciones socio-sanitarias, al tiempo que se dificulta la proximidad del paciente a su entorno, ya que sólo hay seis centros que puedan cumplir esta función en nuestra autonomía, frente a las más de 60 residencias disponibles en todo el territorio, que podrían actuar como apéndices de centro hospitalario y extender las terapias de rehabilitación en pro de la recuperación del paciente y la mejora de su calidad de vida.

En este sentido, el presidente de la Red pública concertada de la dependencia ha recordado que, según el citado Plan integral, deberían de existir 10 Hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia (Hacle) en nuestra autonomía, pero que, a fecha de hoy, sólo hay 6 habilitados, lo que, con una media de 150 plazas cada uno, no cubren las 1.500 previstas para dar una cobertura mínima autonómica.

De hecho, y según estudios del Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud (CIEGS) de la Universidad Politécnica de Valencia, no se cumple el ratio de un hospital de agudos por cada 500.000 habitantes, lo que significa que se carece de más de 600 plazas para los enfermos crónicos. Por ello, Marcos Penadés incide en que es imprescindible ampliar la colaboración entre hospitales y residencias para cubrir estas necesidades inminentes, y que el paciente crónico hospitalario pueda transferirse a las unidades geriátricas de recuperación funcional para llevar a cabo su rehabilitación.

Menos reingresos

En este sentido, Penadés explica que las experiencias previas realizadas en centros de Alzira y San Vicente del Raspeig han permitido que el Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud evalúe el impacto sobre los enfermos crónicos y de larga estancia, confirmando las previsiones que indican que este modelo de coordinación socio-sanitaria favorece la disminución de la tasa de reingreso respecto a la media hospitalaria, al tiempo que se han contrastado resultados positivos tanto a nivel clínico, de satisfacción de pacientes y de costes.

Para el portavoz de la Red pública concertada de atención a la dependencia – Aecas, el éxito de este modelo se centra en tres magnitudes; la disponibilidad de un equipo multidisciplinar integrado por personal hospitalarios y residencial, las instalaciones adaptadas y con equipos de última generación para rehabilitación, y la concreción de los criterios de derivación y procedimiento de coordinación, esto es, que siga siendo el hospital quien gestiona las altas, ingresos y evolución de los pacientes, así como el control y suministro de los medicamentos.

De esta forma, favorecemos que los enfermos crónicos dispongan de un tratamiento agudo de urgencia y, posteriormente, de un periodo de rehabilitación y reintegración en sus dinámicas social pautado y progresivo, con lo que se reducen las recaídas, la ocupación de camas hospitalarias para agudos y los costes del tratamiento, mejorando la eficiencia del gasto público sanitario sin necesidad de recortes.

No olvidemos que, en la actualidad, existen cerca de 800.000 personas mayores de 65 años con riesgo de padecer enfermedades crónicas, según el presidente de la Red pública concertada de atención a la dependencia, que incide en que el envejecimiento de la población provocará en breve un incremento de la cantidad de pacientes crónicos, lo que generará la necesidad de ampliar los recursos de atención socio-sanitaria. De hecho, alrededor del 80% de los recursos sanitarios están dedicados a personas mayores de 65 años, apostilla Penadés.

 www.centrosaecas.com

Geriátricos asfixiados por los impagos

Impagos residenciasLos impagos de la Generalitat no solo afectan a las farmacias catalanas, sino también a los geriátricos con plazas públicas o concertadas. El sector denuncia “la asfixia” financiera que padece y que, según la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), en parte, explicaría el cierre de 25 centros el año pasado, cifra que podría crecer durante el 2013. “Estamos haciendo de avaladores de la administración”, denuncia su presidente, Andrés Rueda. Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios de la situación, algunas residencias han optado por repartir circulares a las familias notificando la deuda impagada que acarrea cada plaza. E, incluso, algunas de ellas han hecho aportaciones económicas para evitar que el servicio acabe resintiéndose.

La deuda pendiente de abonar por parte de la Generalitat alcanza los 31, 29 millones de euros, una cantidad que corresponde a la nómina impagada del mes de julio del año pasado. Los representantes del sector, además, se quejan de la lentitud a la hora de recibir las prestaciones económicas del Programa Individual de Atención (PIA) y de la incertidumbre del día en que cobrarán cada mes. “La factura de enero nos la abonaron el día 4 de febrero”, informa Rueda. Evidentemente, esta demora no contabiliza como “impago”, pero tiene un efecto negativo en las arcas de los centros: “Casi todos aplazamos el abono de impuestos, como el IVA, el IRPF, la Seguridad Social, con lo cual hacemos una pelota que todavía encarece más el producto”, dice el presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), Vicente Botella. Además, explica que “como nadie reconoce la deuda, el banco no les presta dinero”.

Solidaridad de los usuarios hacia los centros
Los trabajadores, la mayoría mileuristas, también se han visto afectados: el impago del mes de julio dejó a muchos sin la totalidad de una nómina o parte de ella, y en ocasiones cobran tarde la mensualidad. La consecuencia es que “los recibos llegan con recargos bancarios”. Esto, explica Rueda, desemboca en “un estrés ambiental” ya que los empleados están “más irascibles y tienen menos paciencia”. La situación es “caótica”, ratifica el vicepresidente de ASCAD, Iñaki Anton, y explica que los centros destinan el dinero que perciben entre un 90% y un 95% a cubrir gastos. También añade que la cantidad que abona la Administración por cada plaza pública está congelada desde hace tres años, lo cual reduce aún más el margen de beneficio.

Con el objetivo de hacer partícipe a los familiares de los usuarios de las dificultades por las que atraviesan los centros, algunos han empezado a repartir hace semanas circulares donde notifican la deuda que tiene cada plaza. Cuando los familiares ven las cifras “se solidarizan” con ellos y sienten “indignación de pensar que a una persona dependiente no se le está pagando lo que corresponde”, explica Botella. Cuando se produjo el impago de verano, Gregorio Manzano decidió hacer una aportación económica al centro donde está ingresada su madre. “El personal estaba nervioso porque veía que si eso iba a más, se quedaría sin trabajo”. Y añade que hay familias que «lo están pasando muy mal” económicamente y no se pueden permitir abonar lo que la administración “no paga”.

ILP contra los impagos de la Administración
El pasado 5 de marzo diversas patronales del sector y ASCAD presentaron ante el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para blindar al gran dependiente y elevar la obligatoriedad del pago a la resolución de las sentencias judiciales, es decir, al máximo nivel legislativo posible. También reclaman un calendario a la Administración catalana donde se comprometa a devolver el dinero atrasado. “Dar una fecha es imposible”, comentan fuentes de la Generalitat, ya que dada la situación «es difícil hacer el esfuerzo de poder pagar lo que se debe”.

El Govern recuerda que la ley de la dependencia tenía que ser sufragada a partes iguales entre Estado-Generalitat, “pero a la hora de la verdad el Gobierno español da una cantidad fija de dinero por cada plaza –que es la misma para todas las comunidades autónomas- sin tener en cuenta que el precio de la plaza en un centro catalán es más caro que en otros sitios”. Según estas fuentes, actualmente la Generalitat costea en un 80% las ayudas a la dependencia, mientras que el Estado abona el resto. También comentan que el Govern está trabajando en “una ley de la dependencia catalana” que promueva la “autonomía personal”. Y concluyen: “Si cada vez el Estado nos ahoga más recortando sus aportaciones a políticas sociales, la ley de la dependencia no será asumible”. Pero aún así, aseguran que se atiende a la gente “cuando toca”.

En esta línea el presidente de Upimir denuncia que otras comunidades, como Madrid, gastan menos de la mitad por persona dependiente que Catalunya, donde se genera “unos 1.000 euros de déficit” por plaza al mes. Y prosigue: “Cuando se hace una ley y no se tiene dinero es lo que ocurre”. Una de las propuestas de esta asociación de pequeñas y medianas residencias es “aumentar el copago” en función del nivel de renta de los usuarios.

El sector teme que si la situación no mejora, continúen cerrando más centros colaboradores y concertados. Y es que cuando esto ocurre, los usuarios “se derivan allí donde la Generalitat encuentra plazas”, comentan las mismas fuentes. En algunas ocasiones son personas que llevan ingresadas hace años en la residencia. “Moverlas en su estado de salud mental y física no les hace ningún bien”.

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La Generalitat Valenciana paga 42 M€ en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero no para los Proveedores de la Sanidad Pública

   La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha denunciado «el mal uso que se hace del dinero del contribuyente» y la «tremenda injusticia» que se está cometiendo con el colectivo de los proveedores.

El colectivo, en un comunicado, ha criticado que se les excluya «del reparto del poco dinero que llega a la Comunitat Valenciana proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, teóricamente creados para pagar intereses de la deuda pública y proveedores». Además, ha señalado que ven con «asombro» como «sí hay dinero para pagar 42 millones en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)».

«Desconocemos lo importante que puede ser este desembolso en metálico para la Generalitat Valenciana, así como las repercusiones que esta inversión pueda tener para los ciudadanos, pero de lo que sí estamos seguros, es que esta inversión no contribuye a mantener el estado de bienestar sanitario», ha destacado la plataforma.

En este sentido, ha tildado de «chocante» que en esta situación, «en la que las empresas estamos cerrando por no cobrar de las administraciones y en la que al ciudadano se le está regateando una intervención quirúrgica con listas de espera kilométricas o en la se le está solicitando un copago, haya 42 millones, más que suficientes como para saldar la deuda de todas nuestras empresas, para ampliar el capital de una sociedad cuyo objeto habría que analizar».

«Una prueba más de la incomprensión, falta de sensibilidad e injusticia hacia un colectivo empresarial del que dependen muchos puestos de trabajo», ha denunciado la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana.

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España pide en Bruselas mejorar prevención de enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento

   La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, ha defendido este martes en Bruselas la necesidad de mejorar la prevención de las enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento de la población con el objetivo de garantizar la viabilidad de los sistemas de salud públicos en la Unión Europea teniendo en cuenta que la población mayor de 65 años en Europa se duplicará en los próximos 50 años.

«Las enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento representan un desafío crítico para nuestros sistemas de salud. Están condicionando la organización de nuestros servicios sociales y de salud. Necesitamos mejorar la prevención y adaptarla a la creciente prevalencia de estas condiciones», ha defendido Farjas durante la primera conferencia de los miembros del Partenariado Europeo para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable organizada en la Comisión Europea bajo el título ‘Logrando resultados para Europa’.

A la conferencia asisten numerosos representantes de las instituciones comunitarias, de los Gobiernos nacionales y regionales de los Veintisiete, industria y asociaciones de médicos y pacientes, además de académicos que discutirán a lo largo del día las acciones y estrategias que están promoviendo para responder al desafíos del envejecimiento poblacional para los sistemas de salud públicos.

Farjas ha reconocido que España tiene «una alta proporción de población envejecida de alrededor del 17%» y ha anticipado que el porcentaje de población con más de 80 años, que actualmente se sitúa en el 4,1% de la población, «aumentará en los próximos años».

«Las consecuencias de esto es un aumento progresivo en la morbilidad asociada a procesos crónicos y degenerativos, que muy frecuentemente reducen la capacidad del paciente y les hace dependientes», ha advertido.

La secretaria general ha explicado además que el grupo de pacientes con multimorbilidad, comorbilidad o complexión especial «normalmente» pertenecen al grupo de personas mayores y con limitación funcional. «Estos pacientes representan alrededor del 20% en España. Generan un aumento de la demanda para atención en servicios sanitarios y utilizan el 80% de los recursos del sistema de salud», ha explicado.

Por otra parte, ha puesto en valor la estrategia lanzada por el Ministerio de Sanidad español para abordar la cronicidad en estrecha colaboración con las comunidades autónomas «para poder responder a estos desafíos» y que «propone objetivos y recomendaciones para orientar mejor la organización de los servicios de salud hacia la prevención de las condiciones crónicas y las limitaciones de actividad».

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, CLAVES

La iniciativa está centrada en promover «la investigación para establecer estrategias más eficaces y explorar los mecanismos que influyen tanto en la condición crónica de la salud como la limitación de la actividad» y en la «innovación», entendida como «un proceso de mejora continua que responde a las necesidades de los usuarios, profesionales, pacientes y ciudadanos». «Y al mismo tiempo promueve la competitividad en el sector de la salud y de otros sectores también», ha explicado.

«Los desafíos a los que nos enfrentamos son mantener a nuestra población saludable y activa todo el tiempo que sea posible y ayudarles a contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad en la que viven», ha añadido.

España apuesta por ello como «una de las líneas de trabajo» promover la salud «a lo largo del ciclo de vida». «Esto significa comenzar con los niños en casa y en las escuelas y seguir a lo largo de toda la vida, teniendo en cuenta el grupo de edades», afirma Farjas.

Asimismo, apuesta por diferenciar entre el envejecimiento «satisfactorio» y «patológico» porque entiende que los ancianos «con miedo» son «vulnerables» y «fácilmente» perderán capacidades y sufrirán «episodios de salud adversos». «También trabajamos para alentar a nuestra población a escoger la mejor opción para la buena gestión de su propia salud», uno de los objetivos principales de la Red de Escuelas de Salud a través del conocimiento mejorado en salud para «mejorar el cuidado propio».

El Partenariado Europeo para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable fue lanzado por la UE con el objetivo de ampliar en dos años la media de vida de las personas a la altura de 2020, promover la participación activa y saludable de los mayores, mejorar la sostenibilidad y eficacia de los sistemas de salud y sociales de los Estados miembros y aumentar la competitividad del mercado para lograr productos y servicios innovadores que contribuyan a paliar el desafío del envejecimiento poblacional.

Farjas ha asegurado que muchas de las acciones que se promueven a través del Partenariado Europeo son «claramente convergentes» con la estrategia del Gobierno para abordar la cronicidad y ha recordado la participación activa de España en el partenariado porque ve en él «un marco estratégico para desarrollar e implementar soluciones innovadoras».

La secretaria general de Sanidad y Consumo ha apostado por que el Partenariado Europeo contribuya a coordinar esfuerzos entre todas las partes, al intercambio de mejores prácticas y a acelerar el proceso de innovación y a contribuir al crecimiento y la expansión de la industria europea.

COLABORACIÓN NECESARIA

«La colaboración entre las administraciones públicas, locales, nacionales e internacionales y con el sector privado en áreas como el urbanismo, transporte, servicios sociales, la educación y otros deben ser considerados», ha explicado.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, ha defendido por su parte la necesidad de invertir en sistemas de salud más eficientes a pesar de la crisis económica y ha insistido en que el envejecimiento poblacional también representa «oportunidades» de mercado. «Hay que aprovecharse de las tecnologías y la digitalización», ha reclamado.

Kroes ha defendido que el objetivo del Partenariado no es otro que lograr dos años más de vida «saludable» para las personas, sistemas de salud «más asequibles» y «más negocio» y ha insistido en que los ciudadanos quieren que los políticos «garanticen su bienestar», por lo que ha instado a Gobiernos e industria a lograr «resultados tangibles» para contribuir a «un cambio paradigmático» de modelo a través de «innovaciones inteligentes». «Lo haremos mejor si aprendemos el uno del otro y lo haremos mejor si trabajamos juntos, creamos economías de escala y masa crítica», ha explicado.

Kroes ha asegurado que si los Estados miembros hacen la transformación necesaria de sus sistemas de salud público el ahorro que pueden lograr «será más que cualquier financiación europea» disponible y ha insistido en la necesidad de invertir en soluciones innovadoras. «Ningún Gobierno se puede permitir no hacerlo», ha recalcado.

La ministra de Estado de Sanidad irlandesa, Kathleen Lynch, cuyo país asumirá la Presidencia de turno de la UE el próximo mes de julio ha prometido que trabajará de forma muy activa en estas cuestiones y ha reclamado no ver sólo el envejecimiento como «dependencia» «Hay oportunidades enormes si trabajamos juntos y tenemos cuidado con la planificación», ha recalcado.

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Sanitas Hospitales pone en marcha un nuevo servicio de consultas ‘on line’

   Sanitas Hospitales ha puesto en marcha un nuevo servicio de consultas ‘on line’ que ha empezado en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Sanitas La Zarzuela (Madrid) para extenderse progresivamente a todos sus centros y especialidades.

De este modo, el nuevo servicio facilita la comunicación entre el médico y el paciente, aunque no sustituye la consulta presencial, si no que es una herramienta adicional, especialmente pensada para hacer seguimiento del tratamiento y para pedir segundas opiniones.

«El nuevo sistema solo suma a lo que ya tenemos, nunca va a poder sustituir las consultas presenciales, la exploración del médico ni el trato personal que supone nuestra profesión. Aporta ventajas y abre nuevas posibilidades», ha precisado el jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sanitas La Zarzuela, el doctor Ignacio Cristóbal.

Además, este tipo de consultas permiten evitar desplazamientos innecesarios al centro médico, reducen el tiempo invertido y proporcionan mayor comodidad al paciente, señala la compañía. «Para pacientes ya conocidos por el médico va a suponer un mayor acercamiento entre médico y paciente, una mejor relación y sumar canales de comunicación entre el paciente y doctor durante el proceso de curación», ha apostillado Cristóbal.

El único requisito es tener un ordenador con conexión a Internet, si bien es recomendable disponer de ‘webcam’ para enriquecer la comunicación con imágenes. En general, «el uso de la plataforma de teleconsulta es altamente intuitivo», ha asegurado el director de eHealth de Sanitas, Pedro Díaz.

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Mato ve más razonable implantar el pago de medicamentos según la renta

  La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado en los pasillos del Congreso que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita, aunque el copago sanitario está sobre la mesa porque lo han planteado algunas comunidades autónomas, e incluso algunas ya lo han puesto en marcha, como es el caso de Cataluña.

Mato ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso al término del Pleno, en las que también ha afirmado que «como Ministerio» no se plantea el pago de un euro por receta ya que «no es el camino que el Gobierno quiere llevar adelante».

«El ahorro dependería de la cantidad de recetas. Nosotros queremos una racionalización del gasto que tenga el mínimo impacto en los ciudadanos», ha insistido.

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Fenin, la patronal de tecnologías sanitarias no quiere quitas para cobrar

Los planes del Gobierno para reducir la deuda de las Administraciones son bien acogidos por la patronal del sector de tecnologías sanitarias (Fenin), el proveedor de materiales que van desde las tiritas a los escáneres. O, al menos, aprecian el interés mostrado y que haya propuestas, como dar créditos a los Ejecutivos autonómicos, para que paguen.

Pero hay un punto que no les gusta nada. En una nota, señala que “se ha de señalar expresamente la negatividad de un concepto como la opción de quitas para las empresas, que sería gravemente distorsionador para los mercados, y que pondría en duda la credibilidad de nuestro país en los mercados extranjeros, y con ello dañaría gravemente la marca España”.

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