Seguridad Social
El IMAS estima que los médicos de residencias son «claves» en el desarrollo de servicios sociosanitarios
El director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Enrique Pérez Abellán, dijo este sábado en Cartagena que los médicos de residencias son «claves» para el desarrollo y consolidación de los servicios sociosanitarios.
Pérez, que clausuró el XIII Congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER), aseguró que este tipo de servicios «hace unos años se manifestaban como necesarios, pero ahora, con la mayor esperanza de vida y la cronificación de la enfermedad en las personas de edad, se han convertido en imprescindibles».
En este sentido, subrayó que los médicos de residencias disponen de grandes conocimientos y práctica en la atención y seguimiento de la evolución de la enfermedad de personas mayores, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
«Es indiscutible que la función del médico de residencia es fundamental para el control permanente del estado de salud de los residentes, pues prestan una atención permanente en el mismo lugar donde el mayor se desenvuelve y desarrolla sus actividades cotidianas, lo que, por otra parte, permite al facultativo disponer de una información más fidedigna de cómo evoluciona el propio paciente, casi al minuto», aseveró Pérez.
Asimismo, remarcó la tarea investigadora que desarrollan al amparo de la SEMER, así como la «demostrada capacidad» de estos facultativos para coordinarse con el resto de profesionales que trabajan en las residencias, «lo que hace que la atención a nuestros mayores mejore cada día».
XIII CONGRESO SEMER
La Sociedad Española de Médicos de Residencias celebra desde el pasado jueves su XIII Congreso nacional en Cartagena, en el que se han abordado, entre otras cuestiones, la neurogeriatría, la diabetes en las personas mayores, las terapias interdisciplinares en la demencia o el estreñimiento crónico en el paciente anciano.
La SEMER es una sociedad científica integrada por médicos que desarrollan su labor profesional en residencias de ancianos públicas y privadas que nació para aglutinar los intereses de un amplio colectivo, disperso y heterogéneo, pero con necesidades comunes que precisan de soluciones específicas.
La Generalitat Valenciana paga 42 M€ en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pero no para los Proveedores de la Sanidad Pública
La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha denunciado «el mal uso que se hace del dinero del contribuyente» y la «tremenda injusticia» que se está cometiendo con el colectivo de los proveedores.
El colectivo, en un comunicado, ha criticado que se les excluya «del reparto del poco dinero que llega a la Comunitat Valenciana proveniente del Fondo de Liquidez Autonómica, teóricamente creados para pagar intereses de la deuda pública y proveedores». Además, ha señalado que ven con «asombro» como «sí hay dinero para pagar 42 millones en metálico para ampliar el capital social de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa)».
«Desconocemos lo importante que puede ser este desembolso en metálico para la Generalitat Valenciana, así como las repercusiones que esta inversión pueda tener para los ciudadanos, pero de lo que sí estamos seguros, es que esta inversión no contribuye a mantener el estado de bienestar sanitario», ha destacado la plataforma.
En este sentido, ha tildado de «chocante» que en esta situación, «en la que las empresas estamos cerrando por no cobrar de las administraciones y en la que al ciudadano se le está regateando una intervención quirúrgica con listas de espera kilométricas o en la se le está solicitando un copago, haya 42 millones, más que suficientes como para saldar la deuda de todas nuestras empresas, para ampliar el capital de una sociedad cuyo objeto habría que analizar».
«Una prueba más de la incomprensión, falta de sensibilidad e injusticia hacia un colectivo empresarial del que dependen muchos puestos de trabajo», ha denunciado la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana.
Mato ve más razonable implantar el pago de medicamentos según la renta
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado en los pasillos del Congreso que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita, aunque el copago sanitario está sobre la mesa porque lo han planteado algunas comunidades autónomas, e incluso algunas ya lo han puesto en marcha, como es el caso de Cataluña.
Mato ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso al término del Pleno, en las que también ha afirmado que «como Ministerio» no se plantea el pago de un euro por receta ya que «no es el camino que el Gobierno quiere llevar adelante».
«El ahorro dependería de la cantidad de recetas. Nosotros queremos una racionalización del gasto que tenga el mínimo impacto en los ciudadanos», ha insistido.
La sanidad alemana ahorra 150 millones gracias a las leyes antitabaco
El número de infartos ha caído un 8,6% en Alemania desde que se introdujeron las leyes antitabaco de 2007 y 2008. Un estudio presentado este martes en Berlín por la mutua de salud DAK revela, además, que los tratamientos por angina de pecho han caído un 13,3% en el mismo periodo. La revista especializada Clinical Research in Cardiology recoge en su último número el resultado del informe, producto de la evaluación de 3,7 millones de expedientes sanitarios alemanes. Según los directores de la investigación, se trata del “estudio más ambicioso” realizado en el mundo sobre los efectos de la prohibición de fumar sobre la salud cardiaca. Estiman que en Alemania se han evitado 35.000 enfermedades cardiovasculares.
Un efecto destacable de esta mejoría es el ahorro en sanidad: en total, los tratamientos evitados habrían costado unos 150 millones de euros. Los costos por ingresos hospitalarios derivados de infartos agudos de miocardio se redujeron en un 20%. También se han rebajado, en un 10%, los gastos en tratamientos de angina de pecho. Solo en la aseguradora DAK se han ahorrado 1.880 tratamientos y más de 7,5 millones de euros al año desde que entraron en vigor las restricciones.
Las cotizaciones por los empleados ya no bastan para pagar las pensiones
El desplome en el empleo ha hecho mella en las cuentas de la administración pública que mejor ha aguantado la crisis y la única que todavía cuenta los últimos ejercicios por superávit: la Seguridad Social. En 2010, el instituto público tuvo un saldo positivo de 2.382,97 millones, un 0,22% del producto interior bruto. Un resultado que será decisivo para mejorar el saldo final del conjunto de las Administraciones españolas. Pero el año pasado, por primera vez, el dinero que ingresó por las cotizaciones sociales de quienes tienen trabajo (94.4822,7 millones) no fue suficiente para cubrir el gasto de las pensiones contributivas (95.714 millones), las que reciben quienes han cotizado por un periodo mínimo de 15 años para tener derecho a ellas.
Organizaciones de mayores de diez países defienden que la Seguridad Social es un derecho humano fundamental
Mayores
Organizaciones de jubilados y pensionistas de diez países han firmado la Declaración de Montevideo, en el marco del Encuentro Internacional de Organizaciones Nacionales, Regionales y Europeas de Jubilados, Pensionistas y Personas Mayores, que ha tenido lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en la ciudad de Montevideo.
Los firmantes defienden que “la Seguridad Social es un derecho humano fundamental, establecido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966”.
En la Declaración se destaca que el Estado es responsable de su aplicación y puesta en práctica, promoviendo políticas activas que den contenido a los derechos.
