CERMI
El CERMI insiste en el Congreso en la necesidad de reformar la Constitución y mejorar las políticas sobre discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este martes en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha insistido este martes en el Congreso de los Diputados en la necesidad de reformar la Constitución Española para que se recojan derechos sociales como fundamentales, incluyendo los de las personas con discapacidad, amén de mejorar las políticas públicas, para que la vida de este grupo social sea algo “decente, digno y sugestivo”.
Así se manifestó Pérez Bueno durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja a petición del PSOE y del grupo catalán Democracia y Libertad (DYL). Dicha comparecencia sirvió para hacer una radiografía general de la situación de la discapacidad en España en la actualidad y para presentar las principales demandas de la entidad en esta materia para los próximos años.
El máximo representante de la plataforma de la discapacidad destacó que para el CERMI, una de las prioridades es “la revisión del ordenamiento jurídico estatal para acomodarlo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el gran marco referencial político e ideológico”.
En este sentido, a fin de que se cumpla la Convención en España, urgió a los grupos políticos a reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación que sufren 80.000 personas que no pueden ejercer su derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo. “Esto es contrario a la Convención y a los derechos humanos reconocidos por la ONU”, añadió el presidente del Cermi, quien además pidió que se garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad ante la ley, puesto que “ninguna persona debe no ser titular de sus derechos”.
Además, aprovechó su comparecencia para pedir que la Comisión de Discapacidad goce de carácter legislativo, y que por tanto pueda aprobar leyes, yendo más allá del carácter permanente que ya ha adquirido.
Asimismo, el responsable de la entidad exigió que pese a los avances en los últimos años, “hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa a las que se puede someter a algunas personas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, porque hay aquí también discriminación de género”. En esta línea, alertó de que las mujeres se encuentran en una situación de mayor riesgo de exclusión, como a su juicio prueba el hecho de que tengan una menor inserción laboral o sufran en mayor medida violencia de género.
Por otro lado, Pérez Bueno urgió a todos los partidos políticos a que se recuperen y mejoren los recursos en materia de servicios sociales que se han visto mermados como consecuencia de la crisis económica, dado que “los imperativos constitucionales de igualdad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen vigentes y existen los mismos mandatos y obligaciones de actuar”.
Así, pidió el voto afirmativo a todos los partidos a la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el CERMI cuando sea sometida a votación para la toma en consideración del texto “y en todo caso, que sea corregido y mejorado”.
Como recordó Pérez Bueno, la ILP pretende que se modifiquen los criterios actuales de copago en materia de dependencia, aunque pidió que no se confunda la terminología entre discapacidad y dependencia, puesto que sólo uno de cada cinco ciudadanos con discapacidad está en situación de dependencia.
Educación inclusiva
El presidente del CERMI se refirió durante su comparecencia en Comisión a la necesidad de apostar plenamente por un sistema de educación inclusiva que sustituya a la segregación que todavía se practica con algunas personas con discapacidad. En este sentido, recordó que en los años 80 se consiguieron “importantes avances”, pues se pasó del 20% de los alumnos con discapacidad en la enseñanza inclusiva al 80%, pero en los últimos 15 años se ha producido un estancamiento, “nos hemos quedado en zona de confort”.
Por otro lado, el presidente del CERMI exigió que se siga avanzando en materia de accesibilidad universal en bienes y servicios de interés público, y aunque no se cumplirá el tope legal de 2017 para que estos entornos sean accesibles, pidió a los partidos que no modifiquen este límite, a fin de que sirva de presión para quienes no han cumplido esta normativa.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos sufraguen el coste de reformas por barreras arquitectónicas, puesto que el 70% de las viviendas presentan problemas de este tipo, fue otra de las reivindicaciones del Cermi, junto a propuestas encaminadas a fomentar “la activación” de las personas con discapacidad, que a su juicio, está directamente ligada a la empleabilidad.
Apoyo de los partidos
Por su parte, los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Comisión sobre Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados mostraron su disposición a atender las demandas del CERMI. De esta forma, la portavoz del PP en la Comisión de Discapacidad, Silvia Valmaña, declaró que escuchar al representante del movimiento de la discapacidad “es la mejor forma de empezar una legislatura”, y destacó el importante trabajo que a su juicio se ha llevado a cabo en colaboración con el Cermi durante los cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy.
Por parte del Grupo Socialista, Joan Ruiz hizo hincapié en los logros que se alcanzaron durante los años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y mostró su deseo de que la legislatura siga adelante para que se continúe avanzando en materia de discapacidad y “para recuperar derechos perdidos”.
Mientras, la diputada de Podemos Miriam Alba Goveli, mostró su deseo de que la Comisión de Discapacidad adquiera carácter legislativo, y manifestó también su preocupación por la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad.
En términos similares se manifestó también la diputada de Ciudadanos Orlena Miguel, quien subrayó que “esta será seguramente la Comisión que más consenso consiga entre los partidos políticos”. Además, mostró su apoyo a la iniciativa del Cermi de modificar la Constitución, y explicó que a su juicio, también debería recoger la dotación presupuestaria de los servicios sociales, “porque si eso no se hace, puede pasar como con la Ley de Dependencia, que haya buena intención y se quede sólo en el papel”.
Por su parte, el portavoz de UPN, Íñigo Alli, afirmó que “tenemos muy claro cómo tiene que ser el modelo que tiene que tener este país y Navarra en relación con las personas con discapacidad”, y enumeró la atención temprana, la sensibilización social o la igualdad como ejes fundamentales en esta materia.
Por último, la diputada del PNV Pilar Ardanza puso como ejemplo de inclusión para las personas con discapacidad al País Vasco, y celebró que en estos años de crisis no se hayan hecho recortes en este ámbito por parte de la administración autonómica. Mientras, las parlamentarias Ester Capella (ERC) y Elena Ribera (DYL) pusieron de relieve de contribuir a mejorar la situación de la discapacidad en el conjunto de España “pese a que nosotros queremos hacer la independencia”.
Fuente: Diario La Comarca de Puertollano
La figura del asistente personal es reclamada por Predif y Cermi
La figura del asistente personal ya aparece en la Ley de Dependencia del 2007. Los representantes de las principales asociaciones de personas discapacitadas, Francisco Sardón de Predif y Luis Cayo de Cermi han participado en Valladolid en la jornada «Asistencia personas: una prestación para la autonomía de personas con discapacidad», organizada por la asociación Predif Castilla y León, en un acto en el que ha participado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades autonómica, Milagros Marcos.
El copago expulsa a las personas con discapacidad de las prestaciones sociales
La generalización por parte de las comunidades autónomas de los copagos en los servicios sociales, especialmente en lo referido a autonomía personal y atención a la dependencia, está expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, según la opinión mayoritaria de los representantes de organizaciones de la discapacidad.
Así se recoge en un reportaje publicado en el número 117 del periódico cermi.es semanal, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El texto se centra en el estudio ‘La participación económica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia, elaborado por Inés de Araoz, asesora jurídica de Feaps, quien señala que la regulación que se realiza en las diferentes normativas autonómicas tiene como resultado que en la práctica exista una desigual participación de los beneficiarios en el Sistema.
En este sentido, asegura que si la participación es muy desigual, habrá que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos. El que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que «copaga» una persona en la misma situación dependiendo de dónde viva, sí determina que el derecho sea diferente para unos y otros, puntualiza.
En esta línea, Roser Romero, presidenta de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi añade que hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA cómo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa.
El estudio parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jurídica, la falta de transparencia e información y la desigualdad territorial. La inseguridad jurídica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersión normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del Cermi Aragón y miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, explica que se aprecia la inoperancia de la normativa común y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa común, que no resulta vinculante para las comunidades autónomas.
Y así lo señala también Álvaro García Bilbao, miembro de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que las reformas siempre van encaminadas en un sentido cada vez más restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del sistema.
Trasladar al colectivo de personas en situación de dependencia o con necesidad de apoyos para su autonomía el peso de una situación de crisis a través de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situación actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la población, afirma.
Según este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades autónomas, y en una menor parte, del consejo territorial. Según Araoz, la solución debería ser conjunta, es necesario que exista voluntad de las partes y reitera que el Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportación económica deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los límites establecidos.
Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello, se debería alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo Territorial que establezca unos mínimos obligatorios y homogéneos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, señala.
Así, Araoz subraya que las comunidades tienen capacidad para mejorar los criterios de participación económica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podrían hacerlo sin la existencia de acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya están mejorando esos criterios mínimos.
La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, según expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisión de Autonomía Personal del Cermi, quien asegura que lo más grave de todo son las desigualdades autonómicas en lo que respecta a la aplicación del copago en cada Comunidad.
Carlos Esteban, vicepresidente del Cermi Melilla y miembro también de la Comisión para la Autonomía Personal del Cermi, hace referencia a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y añade que el copago solo debiera contemplar las prestaciones públicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la Ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse.
Para Francisco Sardón, presidente del Cermi Castilla y León, las políticas de austeridad y recortes están poniendo en una situación límite de su capacidad económica a las personas con discapacidad y sus familias. Se está violando el principio de equidad y un sistema que pretendía promocionar la autonomía personal, debido al aumento en la aportación económica por parte del usuario, está situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza.
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid
La población discapacitada representa el 5 por ciento en Madrid situándose el mayor porcentaje de estos vecinos entre los distritos de Puente de Vallecas (6,3 por ciento), Usera (6,2) y Villaverde (6,1), según reflejan en los últimos datos obtenidos desde la Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad, facilitados este jueves por el Ayuntamiento de Madrid.
La delegada de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Dolores Navarro, ha presentado el primer plan de inclusión social para personas con discapacidad en la capital, para el que el Consistorio madrileño destinará 71 millones de euros.
Según la base de datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, en la capital había172.750 personas con discapacidad a 31 de diciembre de 2012 -un 8 por ciento más que en 2010-, de las que 88.697 son mujeres. El 55 por ciento muestra un grado de discapacidad que abarca la horquilla entre el 33 y el 64 por ciento.
Del total de estas personas, el 61,9 por ciento tienen discapacidad física (mayoritariamente mujeres, 55.101 y 51.771 hombres), es decir, por cada ocho personas con discapacidad cinco la tienen física. El 21,3 por ciento es psíquica, y en este caso son los hombres los que más presentan discapacidad intelectual, (9.293 y 6.569 mujeres) y más las mujeres con enfermedad mental, (11.067 y 9.870 hombres). El 16,8 por ciento padecen discapacidad sensorial (cinco de cada nueve son mujeres, 15.960 frente a 13.119 hombres). Del conjunto se desprende que la ratio por sexo es superior en mujeres con 51 por ciento.
Por edades, cuatro de cada nueve personas con discapacidad tienen más de 65 años (el 44 por ciento del total de personas discapacitadas) y a partir de esta edad aumenta la presencia de mujeres (cuatro de cada siete personas). El 51 por ciento de las personas discapacitadas se encuentran en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 64 años, y el 5 por ciento son menores de 18 años.
Plan de inclusión social
Entre las medidas del plan presentado este jueves se incluyen cursos al personal municipal en materia de discapacidad, consolidar el incremento de las plazas reservadas en el programa Centros Abiertos en Inglés en todos los periodos vacacionales, más aulas de musicoterapia, aumentar el número de modalidades deportivas con atención a los tipos y niveles de discapacidad, mejoras en la movilidad incentivando la adquisición de taxis o instalando 600 reservas de espacio para vehículos de personas con movilidad reducida, conservando las 800 ya concedidas. También se incluye la necesidad de favorecer el autoempleo, con actuaciones como la de reservar empleo en los contratos administrativos municipales con otras empresas a trabajadores con una discapacidad superior al 2 por ciento.
El plan se ha organizado en cinco áreas (formación y sensibilización; participación activa de las personas con discapacidad; accesibilidad; empleo y empleabilidad, y prestaciones sociales), tres líneas de acción y 138 actuaciones que se desarrollan de un modo transversal y coordinado a través de las diferentes áreas municipales con presencia en el Consejo Municipal de la Discapacidad.
A destacar que, por primera vez en un documento de estas características, se contempla la evaluación del impacto de género de cada una de las medidas desarrolladas. De esta forma, al evaluar la idoneidad de las mismas se incluye un informe para garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad en el desarrollo del plan.
CERMI Madrid pide un “cambio de rumbo” en materia de dependencia y autonomía personal en la Asamblea de Madrid
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, compareció en la denominada Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley 39/2006 para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, que, a juicio de CERMI Madrid, “genera más dependencia que autonomía” y “no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.
El presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, fue el encargado de intervenir en la citada comisión, que fue convocada en este caso a petición del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU). Font reiteró ante los diputados de la Asamblea que la mencionada Ley «está provocando un efecto contrario al deseado», dado que «alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en la sociedad de forma plena y activa».
Asimismo, el presidente de CERMI Madrid criticó con dureza que «se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena». En este sentido, durante su intervención, el comité indicó que este «sobreesfuerzo» lleva a muchas familias a una situación «insostenible» y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración «vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país».
Por todo ello, el presidente de CERMI Madrid, ante la atenta mirada de los diputados madrileños, sostuvo que «la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles». También criticó con vehemencia que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como «dependientes» para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de la Autonomía Personal.
«Desde que se aprobó la Ley de Dependencia y Autonomía Personal no hemos avanzado», remachó en varias ocasiones Font, para afirmar que esta normativa es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para «obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad». Por otra parte, el presidente de CERMI Madrid también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo.
Pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la Ley 39/2006, que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. Además, reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.
Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que «ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal».
Por ello, reclamó «un cambio de rumbo» para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia y aseguró que «no habrá avances mientras la Administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales».
Autonomía Personal y Dependencia: Una Ley en el corredor de la muerte
Por su interés, reproducimos el post de Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en su blog http://www.lawyerpress.com
No hace ni siete años que se aprobaba en España una Ley, la de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, así rezaba su denominación oficial, que a pesar de sus muchas insuficiencias parecía inaugurar algo inédito en nuestro país, a saber, el abordaje de las necesidades sociales más básicas de extensas capas de población –personas mayores y personas con discapacidad que precisan apoyos intensos para su autonomía individual- en clave de derechos. Este clase de necesidades no había tenido hasta entonces una respuesta firme en términos de derechos, por lo que con reticencias y aprensiones, que las hubo, y justificadas, tanto por el modo en que se hizo como por el resultado obtenido, fue saludada como un avance social. El lance estaba hecho, y podía concluir más o menos bien, a reserva de la intervención del azar, que como dijo el poeta nunca puede ser abolido.
En estos casi siete años de despliegue, un sino aciago parece haberse apoderado de esta Ley, frustrando amargamente las expectativas de cientos de miles de personas y de sus familias que aguardaban, en una suerte de justicia histórica, tan desacostumbrada para ellas, el comienzo de una cierta reparación a una demanda tan antigua como insatisfecha. Los motivos de este fracaso social, particularmente cruel por lo mucho que prometía y sobre todo por a quienes lo prometía, no son solo económicos, no son ni siquiera principalmente económicos, aunque la aguda crisis de estos últimos años haya precipitado el fracaso que se gestaba.
¿Dónde estarían pues las causas de este resultado adverso? ¿Acaso España como comunidad política es incapaz de un proyecto ambicioso de mejora colectiva destinado a las partes de la ciudadanía más castigadas? ¿Si el fin perseguido suscitaba un amplio consenso social y político, qué ha malogrado su consecución? Las concausas son variadas, como siempre que nos enfrentamos a hechos complejos. Citemos algunas, las más notables. Defectos de origen, como la no incardinación de esta modalidad de protección social en la esfera de la Seguridad Social que por suerte sigue siendo atribución del Estado, y que la hubiera dotado de estabilidad y dirección única. Lejos de eso, el precario título competencial sobre el que se ha desarrollado, ha condenado al naciente sistema a quedar a resultas de la rebatiña permanente entre la Administración central y las Comunidades Autónomas, colocándolo en una tierra de nadie, que más parece cementerio inerte que campo abonado para dar frutos. Defectos de despliegue, producto de una gobernanza anómala sin centro de decisión definido ni participación de aquellas partes de la ciudadanía que son las destinatarias naturales de sus pretendidos beneficios. Falta de buena fe y clamorosa ausencia de lealtad institucional de los operadores políticos llamados a implantarla, que se han desangrado en estos años en disputas partidistas improductivas, como si las miras altas estuvieran vedadas a los responsables públicos. Y la crisis, también la crisis, pero en menor medida y a título de falsa coartada, que todo lo excusa y justifica.
Estos días se anuncian nuevos recortes en materia de autonomía personal y dependencia, y durante un tiempo, esta situación terminal reverdecerá un tanto en los medios y algún eco llegará a la opinión. Pero como los temas sociales carecen de prestigio en nuestra vida pública, el asunto pasará, sin pena ni gloria. El golpe de gracia puede estar avecinándose y quedarían solo los engorrosos trámites de todo deceso, el levantamiento del cadáver, la partida de defunción, la autopsia. Una Ley y un sistema de protección social condenados por las culpas de otros, espera en el corredor de la muerte. La fecha fatídica se acerca o al menos eso parece. Como en las películas norteamericanas, queda una última esperanza, que el Gobernador telefonee comunicando la conmutación de la pena. En esas estamos, con la soga al cuello. ¿Quién nos salvará?
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
CERMI afirma que los receptores de prestaciones de la ley de dependencia son víctimas de una pésima gestión de las administraciones
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aclarado, ante las informaciones que apuntan a la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las comunidades autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, que «las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cometen fraude, son víctimas de una pésima gestión de las administraciones».
El Cermi señaló en un comunicado que «no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas».
Agrega que los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a estas personas, «que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
Por ello, el Cermi afirma que la responsabilidad es de las administraciones «y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación».
El Comité concluye señalando que, como representante de la discapacidad organizada, se rebela «contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal».
Una marcha en Madrid defenderá los derechos de las personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha convocado una gran marcha en Madrid para defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, que se celebrará el próximo 2 de diciembre con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
Bajo el lema ‘SOS Discapacidad – Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo’, el CERMI, acompañado por personas con discapacidad, familiares, voluntarios y profesionales, se concentrará para «unirse ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis, las decisiones políticas de regresión de derechos y el debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección social», según ha informado el comité.
Además, ha indicado que con este acto pedirá «evitar el colapso de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias».
Por último, ha señalado que la estrategia ‘SOS Discapacidad’, que iniciará su andadura con esta marcha, se mantendrá mientras perdure lo «más agudo de esta crisis».
