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Médicos de Residencias pide que se reconsidere la opción de quitar de la financiación los fármacos para el estreñimiento
La Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER) ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que reconsidere la opción de eliminar de la financiación pública los fármacos contra el estreñimiento porque, ha recordado, esta patología afecta a más de 4 millones de personas.
Y es que, según ha comentado, el coste humano y material que puede producir un ingreso hospitalario por esta enfermedad es «mucho» más elevado que el de los medicamentos. Además, según un estudio realizado por SEMER, a nivel nacional y único a nivel mundial, la prevalencia de la impactación fecal en los centros geriátricos es elevada debido a la naturaleza evolutiva humana, a pesar de los cuidados de los profesionales.
El estreñimiento afecta a las personas mayores de 65 años del 60-70 por ciento, independientemente de la causa que se lo produzca. «Con la retirada de medicamentos poco efectivos entran los laxantes, si bien es cierto que algunos no tienen eficacia demostrada en estas edades, por el contrario otros que si están la tienen e incluso otros que están fuera actualmente –como los osmóticos– la han demostrado», ha señalado la asociación.
Por último, SEMER ha recordado que los hábitos dietéticos y cotidianos no son suficientes para solucionar los problemas de estreñimiento y ha avisado de que la prescripción de los laxantes van a perjudicar a los pensionistas que, incluso, alguno «no pueden ni arreglarse la boca».
El copago también afecta a las enfermedades raras
El representante madrileño de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Justo Herranz, ha denunciado este viernes que la aprobación del copago farmacéutico ha supuesto para los afectados de dolencias poco prevalentes y para sus familiares un incremento aproximado de 200 euros mensuales y, que esta situación, hará que muchos de ellos, en situación de desempleo, tendrán que elegir entre comer o destinar el dinero a medicinas.
En declaraciones a Europa Press, Herranz explica que los gastos de una familia con una enfermedad rara oscilaban, antes de la aprobación de estas medidas, «en torno al 20 por ciento de los ingresos familiares». «Hoy con el repago no sabemos dónde va a terminar», señala.
En sus palabras, la situación actual es «muy delicada» y, «lógicamente, cualquier familia con una enfermedad rara puede quedarse en paro con el agravante de que tiene que medicarse». Puesto que se trata de una enfermedad crónica, prosigue, los afectados antes desembolsaba un 10 por ciento, «ahora entre el 40 ó 50, depende de la situación de cada familia».
En este sentido, el representante madrileño de FEDER manifiesta su miedo en que estas medidas desemboquen en «situaciones extremas» en las que las familias tengan que elegir «entre comprar fármacos o comer». «Lo estamos viviendo con mucha preocupación», insiste, a la par que pide a la Administración que no ponga a estas personas en esa disyuntiva y que dé una «respuesta equitativa».
En relación sobre el aumento del desembolso económico que va a tener que realizar las familias reconoce que, aunque hacer ahora estimaciones «es muy arriesgado», pues cada viernes aprueban nuevas restricciones, se está pasando de unos 300 ó 400 euros mensuales en costes de fármacos u otros desembolsos que no cubre la seguridad social a unos 500 ó 600.
Por otro lado, los recortes en subvenciones pueden tener «repercusiones graves», advierte. «Van a tener que cerrar despachos, reducir personal y tiempo», precisa. Por todas estas razones, Herranz explica que están buscando el apoyo europeo. A nuestro colectivo «le «define la lucha. Nos acostamos por la mañana muy tristes y nos levantamos con ganas de luchar», declara.
Sobre la situación de los españoles con enfermedades raras con respecto a la que vienen sus homólogos europeos, reconoce que «es muy diferente» y explica que, pese a que se había realizado «muchos esfuerzos» para igualarse, «ahora todos estos pasos se han paralizado».
De la misma opinión es Ana Isabel Ordoñez, madre de un niño de 12 años con el síndrome de Carpenter, quien explica a Europa Press que, pese haber solicitado en marzo de 2011 la ayuda de la Ley de Dependencia, aún no ha recibido ninguna cuantía. «Se está demorando más de lo que se estaba demorando antes. Es una situación frustrante», señala.
«Si era difícil antes, ahora va a ser mucho más. Con el desempleo o los salarios bajos junto con los tratamientos que cada día son más caros, como no seas una persona afortunada, no puedes salir adelante», insiste.
PINGÜINO SOLIDARIO
Estas declaraciones han sido realizas con motivo de la presentación de la campaña del pingüino solidario de FEDER, apoyada por el grupo Fundosa, división empresarial de Fundación ONCE, y enmarcada dentro del proyecto ‘Penguin Madrid’, promovido por Faunia.
El pingüino, diseñado por Kukuxumusu, situado en la Puerta de Madrid del Parque del Retiro, acompaña a una pancarta solidaria en la que las personas que lo deseen pueden dejar sus mensajes de solidaridad con los afectados de enfermedades raras.
El objetivo es que esta primera sábana se convierta en una pancarta solidaria de más de mil metros construida con la aportación de otras provincias españolas en las que el Grupo Fundosa cuenta con un centro de trabajo, y que será presentada durante el próximo mes de febrero con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Además, los ciudadanos también pueden colaborar enviando un mensaje con la palabra FEDER al 28011, cuyo coste es de 1,20 euros, que irá destinado integramente a los afectados por enfermedades raras.
El proyecto ‘Penguin Madrid’, organizado por Faunia, supone la distribución de 20 pingüinos de grandes dimensiones por Madrid, que estarán expuestos hasta su subasta. El dinero se destinará a los 20 colectivos que participan en la iniciativa.
El copago nos trae quejas, colas y saturación de los sistemas informáticos
Quejas, colas, saturación de los sistemas informáticos. Y paciencia, mucha paciencia en el primer día laborable del nuevo sistema de copago farmacéutico por renta. De los pacientes y de los boticarios. El temido caos generalizado no se produjo, pero sí muchas complicaciones técnicas que dificultaron y ralentizaron la dispensación de fármacos en toda España. Bases de datos caídas, problemas con los códigos de las recetas que contienen el nivel de aportación del usuario o errores del sistema al trazar el porcentaje que debía cobrar. Tampoco ayudó la poca información que, según los farmacéuticos, tienen los ciudadanos —sobre todo los jubilados— de un cambio histórico que marca que, por primera vez, los pensionistas pagan un porcentaje (del 10%) de sus medicamentos con un tope mensual de 8, 16 o 60 euros.
En Andalucía la implantación del nuevo sistema de copago colapsó ayer por la mañana el sistema informático que sustenta la tarjeta electrónica; lo que causó problemas en farmacias de toda la comunidad. Los boticarios intentaron descargarse a primera hora la nueva versión de la llamada Receta XXI, que recoge los ficheros creados para los nuevos tramos del copago y el contador de euros diseñado por el Sistema Andaluz de Salud para que los pensionistas no tengan que adelantar el coste de sus medicinas. Y, ante la avalancha simultánea de peticiones, el sistema se cayó.
El fallo informático supuso que muchos pacientes no pudieran comprar sus medicinas. La tarjeta electrónica computa los fármacos que cada usuario tiene recetados y aún no ha comprado, por lo que al no poder leer la información, los boticarios no pudieron dispensarlos. Algo que pudo solventarse para aquellos que llevaban la orden de dispensación también en papel. “Incidencias lógicas”, para el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, que aseguró que no se había producido un caos generalizado.
Gobierno vasco aprueba el decreto para evitar aplicar el copago farmacéutico en Euskadi
El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, un decreto que garantiza la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público «para todas las personas que residan en Euskadi» y mantiene los niveles actuales de aportación en el pago de los medicamentos, por lo que deja sin efecto el copago farmacéutico impulsado por el Gobierno central que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
También incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Según ha informado el Ejecutivo, el Consejo de Gobierno vasco ha aprobado el ‘Decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud en el ámbito de la comunidad Autónoma vasca’, «amparado por la legislación vigente y avalada su suficiencia financiera».
El consejero de sanidad y Consumo del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, ha resaltado en rueda de prensa, que el objetivo del decreto es por un lado garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público para todas las personas residentes en Euskadi; y por otro mantener en los niveles actuales las aportaciones de las personas en el pago de medicamentos. Además, se incorpora a la exención de pago a diversos colectivos como personas en paro sin derecho a prestación y aquellas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
El decreto, que previsiblemente entrará en vigor el próximo viernes o sábado, tiene como principales objetivos «garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias contenidas en la cartera de servicios del Sistema Vasco de Salud a aquellas personas excluidas por no tener la condición de asegurados o beneficiarios tal y como se dispone el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 del Ministerio de Sanidad.
Bengoa ha explicado que este decreto se basa en la autonomía de Euskadi que reside en dos normas (un decreto de 1988 y una ley) que incluían los derechos de universalización y de cobertura en todo Euskadi. «Tenemos nuestra propia normativa local para justificar todo lo que contiene nuestro decreto», ha defendido.
El Gobierno vasco acuerda que tendrán acceso a las prestaciones del sistema sanitario pública aquellas personas que figuren como tal en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aquellas que tengan tarjeta de identificación sanitaria expedida en Euskadi antes de la entrada en vigor del citado Real decreto .
Asimismo, se atenderá a las personas empadronadas como residentes en algún municipio de Euskadi por un periodo continuado de tiempo de al menos 1 año anterior a la presentación de la correspondiente solicitud y sean perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos o tengan ingresos suficientes a la renta básica, y que no tengan acceso a otro sistema de protección sanitaria pública.
Respecto a la aportación en el pago de medicamentos, en términos generales la dicha aportación será como hasta ahora del 40 por ciento del precio de venta al público de los medicamentos –excluidos los de aportación reducida– en el caso de toda persona con Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) expedida en Euskadi.
El decreto vasco, al igual que el decreto del Ministerio de Sanidad establece que estarán exentos de aportación las personas pensionistas y las personas paradas sin derecho a percibir subsidio de desempleo, e incluye a los perceptores de RGI.
Bengoa ha explicado que la aportación correspondiente se realizará en el momento de la dispensación y ha precisado que si esta se realiza en una oficina de farmacia ubicada fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la persona usuaria tendrá derecho a que se le reembolse la cantidad de más que haya pagado. El consejero espera que el sistema esté en funcionamiento antes de la próxima semana.
«CON FONDOS NECESARIOS»
El titular de Sanidad ha explicado que su ejecutivo tiene los «fondos necesarios» para llevar a cabo la propuesta que presenta el Decreto, sin afectar a su objetivo de déficit, y ha informado de que la exención del pago a los parados vascos supondrá un coste de 3 millones de euros en un año.
Además, ha explicado que el Decreto vasco incluye las partes del decreto del Ministerio de Sanidad que «no suponen un recorte» porque cree que «añaden valor». En este sentido, ha insistido en que «las partes que no supongan una perdida de derechos para los vascos y que sean una mejora», las han incluido en su decreto».
Bengoa ha recordado que este miércoles por la tarde acudirá a una reunión del Consejo Interterritorial junto al resto de consejeros de las comunidades autónomas y con la ministra de Sanidad, Ana Mato, donde explicará cómo va a proceder el País vasco y ha avanzado que planteará que este nuevo sistema de copago se evalúe por un organismo externo, al igual que se hace en el terreno de las finanzas.
«No veo por qué en el terreno de la salud uno se tenga que fiar por lo que diga un consejero o ministro cuando cada uno tiene un interés en presentar lo datos de una forma», ha señalado.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
El consejero ha planteado que se haga una evaluación por alguna universidad «con credibilidad e independencia», que evalúe las decisiones que se están tomando en materia sanitaria, «las más duras en los últimos 40 años», y se determine no sólo el impacto en las finanzas sino también en la salud de la población.
«Creo que hay bastantes consejeros que piensan que es ingenuo pensar que el problema de sostenibilidad de la sanidad española pueda resolverse a través de un ejercicio de contención del gasto, buscando la respuesta en los ciudadanos, cuando todavía no se ha barrido la casa», ha subrayado.
Al respecto, ha «cuestionado» que con esta medida del copago farmacéutico se vayan a ahorrar los 7.500 millones de euros que prevé el Ministerio de Sanidad ya que cree que con esta medida «no se va a recoger esta cantidad».
Bengoa ha reconocido la «enorme casuística» que supondrá la devolución de la cantidad de más que los usuarios paguen al comprar un medicamento en una farmacia de fuera de Euskadi y ha retrasado la explicación del mecanismo a una segunda comparecencia que se celebrará el jueves por la mañana en el País vasco, tras conocer la propuesta del Gobierno central. «Espero que el Ministerio, a parte de lanzar un Real decreto, diga algunos cómos», ha indicado.
«CALCULO IRREAL»
Bengoa ve «bastante irreal pensar que el 1 de julio, no sólo en Euskadi sino en el resto de comunidades, vayan a poder poner en marcha el mecanismo necesario para garantizar un buen servicio en las farmacias».
El consejero de Sanidad vasco ha reconocido que espera que este decreto genere «como mínimo suspicacias» y ha criticado que las medidas del Gobierno central suponen «ir hacia atrás en relación a los derechos adquiridos en todo el terreno de Bienestar social porque hay una crisis económica».
«Si otras comunidades lo aceptan es asunto suyo, nosotros no vamos a aceptar esa lógica y tenemos una justificación legal y la competencia de la Sanidad interior que nos legitima para hacer lo que hacemos», ha indicado.
Discapacitados intelectuales y físicos pagarán 26 euros mensuales más por estar en un centro de día
La Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, en consenso con el sector, ha incrementado en 25,71 euros el coste mensual del servicio de centro de día de atención especializada temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual y física.
Las nuevas tarifas de copago de la Cartera de Servicios Sociales, publicadas este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y consultadas por Europa Press, también incluyen un aumento de 68,97 euros mensuales en el servicio de residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso.
Hasta ahora los discapacitados físicos e intelectuales pagaban 398,80 euros mensuales para un centro de día, mientras que en adelante el copago ascenderá a los 424,51 euros al mes.
Además se ha incrementado en un 8% el techo de las ratios de personal establecidas en la normativa vigente para el servicio residencial y la acogida diurna «siempre garantizando la calidad de los servicios que se prestan».
La Generalitat también ha rebajado el copago en muchos servicios asistenciales como servicios de hogar de apoyo a discapacitados intelectuales con necesidades intermitentes, que han pasado de 89,30 euros al mes a 85,28 euros, y servicios de hogar en residencias temporales o permanentes en distintas modalidades.
El documento actualiza los precios de referencia, el módulo social y el copago, así como descarta por primera vez un precio máximo generalizado en los casos de las plazas privadas ocupadas por ancianos en geriátricos concertados, colaboradores y privados acreditados con alguna ayuda pública.
Catalunya aumenta el copago en dependencia a partir de verano
Conseller Cleries
La Generalitat incrementará a partir de este verano el copago a los beneficiarios de la Ley de dependencia, pasando del 9,5% actual al 12%.
En una entrevista a Europa Press en febrero, el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ya avanzó que la Generalitat estudiaba aumentar el copago en la Ley de dependencia pasando del 9% actual a un máximo del 13%, quedando exentos aquellos beneficiarios que no tengan recursos económicos ni patrimonio.
Cleries ha asegurado este jueves en el salón FiraGran de L’Hospitalet de Llobregat que en el plazo de un mes se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya una modificación en el copago de la Ley de dependencia.
«El copago en Catalunya no llega al 10% y queda por debajo de lo que prevé la Ley de dependencia», que es del 33%, ha manifestado Cleries, que ha explicado que si ahora está en torno al 9%, se podrá llegar al 12 ó 13%.
El conseller ha aclarado que se analizará la capacidad económica individual de cada beneficiario «sin tener en cuenta los recursos de la familia, de los hijos o de los nietos».
Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ya que «la gente que no tiene nada, no tendrá que pagar nada porque se lo pagará la Generalitat, y el resto pagará en función de su disponibilidad».
Cleries ha explicado que hay «personas que cobran otras rentas además de la pensión o que tienen mucho patrimonio» que deberán asumir un mayor copago de los servicios.
El alcalde de Valladolid pide que se condicionen las ayudas de la Ley de Dependencia a contratar cuidadores «externos»
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha reclamado que las ayudas de la Ley de Dependencia se condicionen a la contratación de «personas externas» para cuidar a los beneficiarios, debido a que considera que en los últimos años en «un porcentaje altísimo» de casos se optó por que la labor la realizaran los familiares.
En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, el primer edil apostó por «replantear» la Ley de Dependencia ya que considera que, actualmente, la opción para mantener las ayudas es «subir los impuestos o una coparticipación».
En este sentido, ha recomendado llevar a cabo un «cambio radical» con el fin de que sean personas externas contratadas las que se encarguen de los beneficiarios. «Con ello, se crea empleo, se cotiza a la seguridad social y se tiene la garantía de que ese dinero se destine al bienestar de los mayores», ha aseverado.
Mato ve más razonable implantar el pago de medicamentos según la renta
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado en los pasillos del Congreso que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita, aunque el copago sanitario está sobre la mesa porque lo han planteado algunas comunidades autónomas, e incluso algunas ya lo han puesto en marcha, como es el caso de Cataluña.
Mato ha realizado estas declaraciones en los pasillos del Congreso al término del Pleno, en las que también ha afirmado que «como Ministerio» no se plantea el pago de un euro por receta ya que «no es el camino que el Gobierno quiere llevar adelante».
«El ahorro dependería de la cantidad de recetas. Nosotros queremos una racionalización del gasto que tenga el mínimo impacto en los ciudadanos», ha insistido.
Cataluña aumentará el copago en dependencia al 13%
Foto: EUROPAPRESS
El Govern de la Generalitat está estudiando aumentar el copago en la Ley de dependencia pasando del 9% actual a un máximo del 13%, quedando exentos aquellos beneficiarios que no tengan recursos económicos ni patrimonio, según ha avanzado el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, en una entrevista de Europa Press.
«Estamos realizando un estudio para aumentar el copago en función de lo que pueda pagar cada beneficiario contemplando los ingresos adicionales y el patrimonio, que actualmente no se tienen en cuenta», ha concretado Cleries, que ha recordado que aquellas personas que no puedan sufragar ningún coste seguirán sin hacerlo.
En 2011 se han destinado más de mil millones de euros a los dependientes catalanes, de los cuales un 24% han sido costeados por el Estado, un 67% por la Generalitat y un 9% por los beneficiarios a través del copago, siendo la catalana la cifra más baja del Estado.
