Corrupción
AERTE solicita a los partidos la comparecencia en Les Corts del Presidente del CJC
Para aclarar el informe del CJC sobre el programa de adjudicación de plazas concertadas de dependencia. La patronal cree que debe aclararse la existencia de un posible conflicto de intereses.
Exige que no se resuelva el segundo informe solicitado por Bienestar Social al CJC hasta que se le haya dado audiencia en este organismo.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha solicitado esta semana al PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos que soliciten la comparecencia en Les Corts, en cuanto se constituyan, del presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), así como del ponente del informe, que este órgano emitió en noviembre de 2014, sobre la ampliación en 2008 del Programa de acceso a plazas residenciales de accesibilidad social de 2001 y la continúa adjudicación de plazas residenciales concertadas a determinados centros.
El objetivo de esta petición es aclarar las dudas suscitadas por un posible conflicto de intereses en el dictamen de dicho informe, y para explicar si han podido participar en la toma de decisiones más miembros de dicho órgano que deberían haberse abstenido de la participación en el mismo.
-Proceso irregular de concertación de plazas concertadas a centros residenciales
La Conselleria de Bienestar Social puso a mediados del año pasado en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2001. Dicho programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, en unas zonas, con unos plazos y precios determinados, poniendo a disposición de la Administración hasta un tercio de esas plazas, es decir, hasta 3.000 plazas que ésta concertaría.
En diciembre de 2007, siendo conseller de Bienestar Social y vicepresidente del Consell Juan Cotino, se varía el objeto del contrato aumentando de forma presuntamente irregular, según denunció Aerte, hasta el 100% las plazas construidas.
En septiembre de 2013 se publica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización que implica la “prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública”. Apoyados en dicha norma, tanto la Abogacía General de la Generalitat como la Junta Superior de Contratación Administrativa entienden que no se pueden seguir concertando de esa manera las plazas por encima del primer tercio , es decir, a partir de esas 3.000 primeras y, que por lo tanto, serían irregulares las plazas concertadas actualmente en el segundo tercio.
Después de todos estos informes, la Conselleria de Bienestar Social entendió que debía declarase la nulidad de pleno derecho por encontrarse viciados de la interpretación de 2001, los acuerdos posteriores de 2008 y las Ordenes citadas de 2007 y 2012. Para ello solicitó informe del CJC, para intentar anular este proceso de aumento de plazas concertadas.
El informe del CJC resolvió en noviembre de 2014, “que no cabe la revisión de oficio y por tanto la nulidad de los actos y disposiciones objetos de la consulta”, aunque consideró irregular adjudicar por el procedimiento actual más de un tercio de las plazas de accesibilidad, ya que la Ley de Emprendedores no lo permite.
– AERTE considera que el informe del CJC podría estar viciado por posible conflicto intereses
AERTE entiende que este informe podría estar viciado ya que, según algunos medios de comunicación, el ponente del mismo es un abogado que trabajó en un cargo relevante para el bufete que ha llevado los intereses jurídicos de determinados centros de accesibilidad, y que, por tanto, debería haber informado de dicha circunstancia y haberse abstenido de participar en el mismo.
En Febrero de 2015, Esquerra Unida y el PSPV pidieron la comparecencia en Las Cortes Valencianas de dicho ponente y de la autora del voto particular que recogía el informe del CJC, para que pudieran explicar el posible conflicto de intereses el primero, y los motivos del voto particular, la segunda. Además, se pidió la comparecencia del Presidente de dicho órgano para aclarar si habían participado en la aprobación de dicho informe más personas que deberían haberse abstenido. Dichas comparecencias fueron impedidas por el PP que votó en contra de ellas. Ahora AERTE solicita estas comparecencias.
– Petición de un segundo informe y audiencia ante el CJC
Vista la incompatibilidad de los informes de la Abogacía General de la Generalitat y de la Junta Superior de Contratación Administrativa sobre la nulidad de la normativa con el informe del Consell Jurídic Consultiu, la Conselleria de Bienestar Social solicitó a principios de 2015 un segundo informe a dicho órgano.
Por su parte AERTE solicitó el 5 de mayo que se le diera audiencia ante el CJC en el mismo para aportar sus alegaciones, sin que hasta el momento se le haya contestado. La Asociación entiende que no se puede aprobar, en ningún caso, dicho informe hasta que se haya concedido audiencia, ya que se podría estar produciendo indefensión de una de las partes afectadas.
¿Donde esta la bolita?
Hay zonas de nuestro país que no se caracterizan precisamente por la transparencia en las licitaciones públicas, y donde un gran número de representantes públicos están imputados por prácticas no lícitas. Os dejamos la noticia sobre la adjudicación del servicio municipal de asistencia domiciliaria que parece haber sido muy poco transparente. AERTE ha denunciado el tema.
Contra el abuso económicos de los ancianos
Los departamentos de Interior y Bienestar Social quieren que bancos y notarios sean los vigilantes de posibles situaciones de abuso económico a ancianos. Por eso, pretenden que estos profesionales informen si detectan cualquier cambio de conducta sospechosa.
Los síntomas que deberían hacerles sospechar son ancianos que iban siempre solos al banco a sacar dinero, y ahora van siempre acompañados por otra persona; o bien abuelos que entablaban conversación con el empleado de la caja, y de golpe han dejado de hacerlo, y otros cambios de comportamiento que puedan hacer pensar que el anciano se siente cohibido o controlado.
Los abusos económicos a mayores suelen proceder de familiares y cuidadores, que les amenazan para tenerlos aterrorizados y callados.
Las denuncias por malos tratos físicos y psíquicos a las personas mayores han crecido un 6% respecto al año anterior según Interior, pero insisten en que es una problemática muy escondida todavía.
Por ello, quieren implicar también la propia gente mayor para en la partida de cartas en el hogar del jubilado, por ejemplo, sepan detectar si un compañero le pasa algo raro. Los mossos introducen cada vez más de forma sutil estos temas en las charlas que los hacen para prevenir estafas o robos.
Interior ha atendido durante el primer semestre de este año 349 víctimas mayores de 65 años (200 mujeres y 149 hombres) por violencia doméstica. En 6 de los casos, tenían más de 90 años, según datos de la Generalitat.
FAMMA remite a Consumo las denuncias sobre la aplicación de tarifas abusivas a usuarios discapacitados del Eurotaxi
La Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha remitido a la Dirección General de Consumo documentación que acredita que algunos profesionales del Eurotaxi Madrileño han aplicado tarifas abusivas a personas con discapacidad, según ha confirmado la organización en un comunicado.
FAMMA ha asegurado que «se ha denunciado públicamente esta situación a lo largo de las últimas semanas y han tomado esta medida con el fin de poder atajar de raíz las prácticas ilegales que llevan a cabo algunos profesionales del sector del taxi, quienes, en el 100% de los casos analizados por FAMMA, aplicaron a personas con discapacidad una tarifa superior a los 5 euros en el momento de la recogida, cuando, precisamente, éste es el tope máximo legal fijado en los cuadros tarifarios vigentes en este 2013, así como en la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid».
A su vez, la organización ha añadido que se han detectado que hay incluso casos en los que los taxistas han aplicado una tarifa en el momento de la recogida de 18 euros, «una práctica lamentable que está fuera de norma y que menoscaba los derechos fundamentales de quienes tienen una discapacidad, como personas y como consumidores».
Los usuarios del Eurotaxi que han vivido este tipo de actuaciones, según expone FAMMA en el escrito enviado a la Dirección General de Consumo, «han sido objeto de una situación discriminatoria, dado que se les ha aplicado una tarifa ilegal y fuera de norma que no se aplica al resto de ciudadanos, lo que contraviene numerosos preceptos de la legislación vigente, entre ellos los que establece la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Precisamente, sin ir más lejos, en este último tratado, que ha sido rubricado por la Comunidad de Madrid en el pleno celebrado el 19 de junio de 2008, se establece, en su artículo 9, que la Administración debe garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones para todas las personas a las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, como, en este caso, el transporte», ha declarado la Federación.
Por otra parte, FAMMA también ha asegurado que los conductores «aplican la cuantía máxima de recogida de 5 euros (o tarifas superiores) incluso en trayectos en los que, por proximidad, no se llegaría a ese importe y que, además de la aplicación de tarifas que están al margen de la legalidad, en los casos estudiados se brinda al usuario un servicio que, en muchos casos, no cumple con lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Taxi como la entrega de tickets que no se ajustan a la norma».
Por último, la Federación ha concluido manifestando que seguirá en actitud vigilante «para denunciar cualquier acción ilegal y discriminatoria que vulnere, como en este caso, los derechos de las personas con discapacidad».
Responsables de un geriátrico estafan 8.900 euros con recetas de fallecidos
La Guardia Civil ha imputado a dos responsables de una residencia de ancianos de Níjar (Almería) por un presunto delito de estafa ya que según la investigación realizada con la colaboración de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, habría estafado 8.984 euros en recetas eletrónicas atribuidas a 19 personas fallecidas entre enero de 2009 y octubre de 2012.
En el marco de la operación ‘Sarani’, los agentes han imputado a estas dos personas en la que es la tercera operación de este tipo en la provincia, ya que anteriormente se han producido imputaciones de responsables en residencias geriátricas de Vícar y Roquetas de Mar por los mismos hechos bajo el mismo ‘modus operandi’
Fue durante una visita habitual de inspección de las instalaciones cuando los inspectores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería detectaron una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos, dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia.
Asimismo, según ha puntualizado la Junta en una nota, la Inspección de Farmacia detectó igualmente la existencia de una deficiente conservación de fármacos que requieren condiciones especiales de temperatura y que deben permanecer refrigerados en todo momento, por lo que ha propuesto la apertura de un expediente sancionador por falta de control y precaución en la conservación y custodia de medicamentos.
Tras dar parte a la Guardia Civil, los investigadores vereficaron que con posterioridad a su fallecimiento, los responsables del geriátrico continuaban haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos residentes, con lo que la residencia conseguía gratuitamente los medicamentos y productos sanitarios, generando de forma consciente un sobrecoste al sistema público de salud.
En sus indagaciones, los agentes han detectado el uso de las recetas electrónicas de 19 personas, fallecidas entre enero de 2009 y octubre de 2012, lo que ha supuesto un coste de 8.984 euros para el erario público y con la única finalidad, por parte de los responsables de la residencia de ancianos, de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios para facilitarlos a otros residentes.
En anteriores operaciones, los investigadores detectaron el uso fraudulento de las tarjetas sanitarias de 50 personas, con lo que las residencias de ancianos consiguieron medicamentos y productos farmacéuticos por valor de 14.400 euros. Las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Almería.
Detenidos los gerentes de una residencia de ancianos por apropiarse de más de 400.000 euros de una residente
Los gerentes de una residencia de ancianos de la localidad madrileña de Galapagar han sido detenidos por apropiarse presuntamente de más de 400.000 euros de una residente a la que engañaron para vender su vivienda sin consentimiento y hacerse con la administración de sus cuentas bancarias.
Según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, los 400.000 euros robados provienen de la venta de un inmueble propiedad de la víctima, del dinero que tenía ahorrado, de depósitos a plazo fijo que tenían tanto ella como su marido así como de numerosas joyas que depositó cuando llegó a la residencia. En concreto, a los detenidos se les imputa delitos de detención ilegal, delito de estafa, de apropiación indebida y delito de hurto.
La investigación se ha iniciado después de que una mujer de avanzada edad pusiera en conocimiento de los agentes que se encontraba retenida en contra de su voluntad en una residencia de ancianos de la localidad madrileña de Galapagar.
La mujer ha asegurado que, mediante el engaño, los gerentes de la residencia donde vivía le habían hecho firmar un poder notarial, a través del cual los autores de los hechos se beneficiaron de 153.000 euros por la venta de un inmueble de su propiedad.
Asimismo, la anciana había firmado una autorización que otorgaba a los autores el poder de administrar y disponer de todo el dinero que existía en sus cuentas bancarias. En este caso, los detenidos llegaron a retirar los 180.000 euros sin consentimiento de la víctima.
Los agentes pusieron los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que trasladaron a la víctima a otra residencia de mayores. Asimismo, y tras la correspondiente inspección del geriátrico, se procedió a su cierre por irregularidades y por diversas infracciones encontradas en su funcionamiento.
PAGARON MATERIAL GERIÁTRICO CON LAS CUENTAS DE LA VÍCTIMA
Tras recopilar la documentación solicitada a organismos oficiales y las entidades bancarias oportunas, los agentes comprobaron que desde el mes de febrero del año 2011, fecha en que se autorizó al autor principal de los hechos el acceso a las cuentas, había –siempre según la Benemérita– numerosas disposiciones de efectivo y trasferencias de grandes cantidades de dinero. En estos movimientos se ha observado que los autores llegaron a pagar material geriátrico desde una de las cuentas de la víctima.
Asimismo, se ha comprobado, mediante documentación oficial, que los ahora detenidos firmaron la venta de la vivienda propiedad de la víctima y de su marido y que en ningún momento se lo comunicaron de forma que la anciana también desconoce el paradero del dinero recibido por la venta. De hecho, la víctima se ha enterado de la venta del inmueble a través de una vecina de la zona.
De igual manera, la anciana ha asegurado que, tras la muerte de su marido el pasado mes de marzo, los autores se encargaron de tramitar su defunción y que ella desconoce dónde está enterrado y dónde se encuentra la alianza de bodas que él mismo portaba.
Imputados por estafar a ancianos de una residencia con recetas de fallecidos
Dos responsables de una residencia de ancianos de Roquetas de Mar han sido imputados por la presunta estafa cometida al utilizar las recetas electrónicas de 26 personas fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, con las que pudieron defraudar al sistema público de salud algo más de 10.000 euros, ha informado la Guardia Civil.
La operación ‘Pegollo’ se inició después de que durante una visita de inspección de las instalaciones de la residencia, los inspectores de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería detectaran una serie de irregularidades, en cuanto a la facturación de medicamentos dispensados mediante receta electrónica, a pacientes fallecidos de la residencia, hechos de los que informaron a a la Guardia Civil.
En su investigación, los agentes de este cuerpo confirmaron que la residencia continuaba haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos con posterioridad a su fallecimiento, con lo que recibía de forma gratuita y durante el periodo de validez del tratamiento los medicamentos y productos sanitarios recetados al paciente, que destinaban a otros residentes.
Este es el segundo caso de fraude con recetas de pacientes fallecidos que se ha descubierto en Almería en 2013, puesto que a primeros de año fueron también imputados los dos responsables de una residencia de ancianos de Vícar. En este caso, los agentes de la Guardia Civil detectaron el uso de las recetas electrónicas de 24 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012, que supuso un coste de 4.367 euros para el erario público.
CERMI afirma que los receptores de prestaciones de la ley de dependencia son víctimas de una pésima gestión de las administraciones
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha aclarado, ante las informaciones que apuntan a la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las comunidades autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, que «las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cometen fraude, son víctimas de una pésima gestión de las administraciones».
El Cermi señaló en un comunicado que «no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas».
Agrega que los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a estas personas, «que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
Por ello, el Cermi afirma que la responsabilidad es de las administraciones «y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación».
El Comité concluye señalando que, como representante de la discapacidad organizada, se rebela «contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal».
El Tribunal de Cuentas niega haber revelado el pago inadecuado de ayudas de dependencia a 30.000 fallecidos
El Tribunal de Cuentas ha negado que de sus trabajos de fiscalización de los servicios de dependencia se pueda deducir «en ningún caso» que hasta 2011 había 30.000 fallecidos a los que se abonaban inadecuadamente este tipo de ayudas, un dato que dio a conocer el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner de manifiesto «la catástrofe de gestión que realizó el PSOE durante tantos años».
Fue el consejero de Sanidad de esta comunidad, José Ignacio Echániz, quien aseguró hace unos días, apelando a un informe del Tribunal de Cuentas, que el Sistema de Atención a la Dependencia ha estado financiando las prestaciones de 30.000 personas dependientes fallecidas, debido a la «mala gestión del Gobierno socialista», y que ha provocado que se «pierdan» 140 millones de euros.
ESPERANDO LAS ALEGACIONES
En una nota emitida este viernes, el Tribunal de Cuentas ha querido dejar claro que su informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia aún no se ha terminado, sino que está en fase de anteproyecto a la espera de que unos 65 responsables políticos del Gobierno central y de las comunidades autónomas presenten sus alegaciones.
«El referido anteproyecto tiene carácter provisional hasta que el Tribunal analice todas y cada una de las alegaciones recibidas y posteriormente sea aprobado por su Pleno el Informe correspondiente», señala la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.
Eso sí, ya adelanta que, «respecto a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en el sentido de que personas fallecidas, en torno a 30.000, seguían cobrando indebidamente ayudas de dependencia, hay que indicar que dicha afirmación no puede, en modo alguno, sustentarse en el contenido del Anteproyecto elaborado por este Tribunal».
Cospedal pide a la población “sacrificio”, pero ella y su Gobierno consumen agua de 5 euros la botella
Diez mil empleados públicos a la calle, cierre de plantas hospitalarias, clausura de un centenar de colegios rurales, derogación de la gratuidad de los libros de texto y congelación de la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otros brutales recortes, han sido llevados a cabo por María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha en aras del sacrificio y la austeridad, mientras que ella y su Gobierno se permite el lujo de consumir un agua mineral de 27,18 euros la caja de seis botellas.
“Los ciudadanos tienen derecho a que desde el ámbito de lo político se puedan hacer determinados esfuerzos, derecho que se ha ganado la población por todos los sacrificios que está soportando para luchar contra la deuda y el déficit”. Declaraciones realizadas por María Dolores Cospedal en el transcurso del Debate del Estado de la Región, el pasado 6 de septiembre, para justifcar la retirada del sueldo a los diputados y a toda la oposición.
“Numen Premium Water”
Pero mientras que la presidenta de Castilla-La Mancha hacía ese discurso populista y demagogo, como así lo catalogó la oposición, en su mesa de despacho o en la sala de reunión de su Consejo de Gobierno se enjuagan con la exclusiva agua “Numen Premium Water”, cuyo botellín cuesta 4,53 euros, o lo que es lo mismo, cada caja de seis unidades le vale a las arcas públicas la friolera de 27,18 euros. Agua por cierto, que también ofrece a todas las personas que recibe en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo castellano-manchego, donde recientemente se han reunido con ella los líderes sindicales.
“Lujo, placer y exclusividad”
Y es que consumir Numen no es cualquier cosa. No, esta agua “se ha creado para satisfacer a las personas que valoran los pequeños placeres de la vida y disfrutan con la combinación del lujo y la salud”, deja claro al consumidor la página web (aguanumen.com) de la compañía, para quien el “nuevo lujo es intangible y los consumidores buscan Numen: inspiración”, al mismo tiempo que subraya que “el lujo ha dejado de tener que ver con comprar lo mejor que el dinero podía alcanzar para, en cambio, intentar el difícil equilibrio de atraer a la mayoría, sin perder la imagen de exclusividad”.
Un agua para los “NEO”
No cabe duda de que el lujo y la exclusividad van muy con el estilo de María Dolores Cospedal (mansión valorada en 2,3 millones de euros, descanso en la lujosa Guadalmina marbellí, sueldos millonarios…), una neocoservadora que, según “Numen Premium Water”, puede participar “de este nuevo sentido, del sueño que venden las marcas de Neo-lujo”, añade en su web, “el neolujo es una categoría con altos estándares de calidad, servicio al cliente y diseño, que, a pesar de ser más caros que otros productos similares en el mercado, son más accesibles que las marcas más exclusivas, pudiendo llegar a un gran número de clientes”.
Doble vara de medir
No es de extrañar, entonces, que los socialistas acusen a María Dolores Cospedal de tener una doble vara de medir, y que mientras que “exige a los demás sacrificios, despidiendo a 10.000 empleados públicos, privatizando hospitales y cerrando colegio, ella continúa con su costoso tren de vida”, señalan a ELPLURAL.COM fuentes de la dirección regional del PSOE.
La Sociedad Asistencia Domiciliaria Placentina, S. L., adjudicataria del SAD, ha cobrado 112.000€ fuera del contrato
Nuevo caso de corrupción en la Comunitat Valenciana, detenido el director general de Integración y Cooperación de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip
Foto: EUROPAPRESS
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la generalitat, ha asegurado este jueves que «no se desvió dinero a ningún piso» procedente de fondos para la cooperación de la extinta consejería que él dirigió en la pasada legislatura y ha defendido que las ayudas «están perfectas».
Blasco se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts con motivo de la detención del director general de Integración y Cooperación de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación de fondos públicos. Felip ocupó un cargo en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía cuando Blasco era el consejero.
