Discapacidad
‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado
El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.
Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.
La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.
Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».
El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.
La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».
Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».
«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»
Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».
«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.
Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.
Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.
La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».
I Premio Europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad
La Fundación ONCE, en el marco de la Red Europea RSE+D, co-financiada por el Fondo Social Europeo, ha puesto en marcha el primer ‘Premio europeo para el Emprendimiento Social y la Discapacidad: promoviendo la inversión social’, con el que se busca reconocer públicamente aquellas iniciativas de emprendimiento social cuyo objetivo sea el ámbito de la discapacidad.
El proyecto ganador recibirá un reconocimiento económico de 6.000 euros, importe co-financiado por el Fondo Social Europeo (en un 70%), y por Fundación ONCE y Fundación Triodos (en el 30% restante), además de poder disfrutar de asesoramiento especializado por parte de profesionales vinculados a esta iniciativa.
El premio buscará reconocer proyectos en fase de desarrollo o ya en marcha con menos de un año de vida, que encajen en uno de los dos tipos de perfiles: emprendedores sociales que tengan proyectos en el ámbito de la discapacidad o emprendedores con discapacidad con un proyecto innovador.
«El objetivo de este premio es el de contribuir a que las personas con discapacidad adquieran protagonismo en el nuevo modelo europeo de crecimiento económico sostenible, tal como recoge y promueve la Comisión Europea», ha explicado Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE.
El premio se entregará durante el evento ‘Social Entrepreneurs: Have Your Say! 1’, organizado en Estrasburgo por la Comisión Europea. Las personas con discapacidad representan en la actualidad un 16% de la ciudadanía europea.
Fundación ONCE cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y con el apoyo de Telefónica, L’Oréal y el Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (socios fundadores de la Red RSE+D), además de Kanchi, Essl Foundation y Fundación Triodos para llevar a cabo este premio.
La contratación de empleados con discapacidad crece en 2013 un 10,4% hasta los 45.135 contratos
La contratación de empleados con discapacidad crece en lo que va de 2013 un 10,4% más que en el mismo periodo de 2012, hasta los 45.135 contratos, según los datos del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), difundidos por FEACEM, entidad miembro de CERMI.
Sin embargo, esta entidad señala que la contratación de este colectivo trabajadores «aumentaría más intensamente» si España dispusiera de un mejor marco normativo de promoción de la inclusión laboral, «global, amplio y actualizado», para este sector social, que trascienda y supere el vigente, que data de hace más de 30 años.
«La evolución positiva de la contratación, a pesar de la aguda crisis que atraviesa la economía española, ha de ser aprovechada con la renovación del marco normativo y de las políticas activas de empleo, que por su antigüedad e inadecuación a la realidad actual no acompañan suficientemente esta tendencia favorable a la inclusión laboral», señalan desde el CERMI.
El número de contratos acumulados a agosto de 2013 es también superior al número de contratos acumulados a agosto de 2011 (un 7% superior). La contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, muestra un incremento respecto al año anterior; la contratación en empresas que no son centros especiales de empleo mejora y presenta también un resultado ligeramente superior al año anterior.
La evolución mensual de la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo presenta, en el acumulado a agosto de 2013, un resultado superior al mismo período de 2012. Así en el acumulado a agosto de 2013 se ha realizado un total de 32.049 contratos para personas con discapacidad en este tipo de empresas, lo que supone un incremento del 14,83% respecto a las contrataciones realizadas en el acumulado a agosto de 2012 (27.908 contratos).
Esta realidad global del país tiene una distribución territorial homogénea entre las comunidades autónomas, excepto Asturias, Canarias y Murcia que tienen un saldo negativo. El CERMI destaca también que la contratación acumulada en agosto de 2013 supere la realizada en el acumulado a agosto de 2011 (es superior en un 15,4%).
El Programa Inserta logra la inserción laboral de más de 6.000 personas con discapacidad en 13 años
Un total de 60 empresas se han adherido al Programa Inserta para la inserción laboral de personas con discapacidad, una iniciativa que desarrolla Fundación ONCE a través de FSC Inserta, su entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, y que ha permitido crear y consolidar más de 6.000 puestos de trabajo desde que comenzó el Programa hace 13 años.
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha ofrecido estos datos en declaraciones a Europa Press, tras firmar este miércoles en Murcia la adhesión de la empresa ElPozo Alimentación al programa, y que permitirá que 40 personas con discapacidad entren a formar parte de la compañía en un plazo de dos años.
Durán, quien ha suscrito el acuerdo con el presidente de ElPozo Alimentación, Tomás Fuertes, ha recordado que Fundación ONCE, a través de FSC Inserta, modula estos convenios de un modo «singular y adaptado a las condiciones de cada empresa».
Además, ha indicado que Fundación ONCE trata de trabajar con empresas «líderes en su sector», porque el objetivo es que estas experiencias de inserción laboral «se visibilicen». Además, ha apostillado que las empresas salen reforzadas como «compañías exitosas en el campo en el que trabajan».
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE ha recordado que el programa Inserta comenzó en el año 2000 y, ahora mismo, ya suma más de 6.000 empleos de personas con discapacidad gracias a la colaboración de 60 grandes compañías. Los trabajadores no son exclusivamente personas con discapacidad visual, sino que pueden tener cualquier tipo de discapacidad, ha puntualizado.
No obstante, ha explicado que el Programa Inserta es un proyecto específico en el que participan grandes empresas, pero la Fundación ONCE lleva a cabo más planes de inserción y procura más de 5.000 empleos cada año a personas con discapacidad en empresas locales de menor tamaño. En total, ya ha ayudado a encontrar trabajo a más de 80.000 personas con discapacidad desde su creación, hace 25 años.
En este sentido, FSC Inserta, en el marco del Programa ‘Por Talento’ (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por Fundación ONCE) tiene una bolsa de empleo con más de 180.000 personas con discapacidad demandantes, censadas y entrevistadas. El archivo incluye un perfil detallado de cada trabajador, con información de los estudios y habilidades que posee.
La entidad de Fundación ONCE, experta en intermediación laboral, ofrece a sus beneficiarios itinerarios para la mejora de la empleabilidad mediante la realización de cursos y talleres formativos y posteriormente presenta a los candidatos a las ofertas de perfiles demandados por las empresas.
Disponer de trabajadores con discapacidad en la plantilla, añade Durán, aporta un «valor añadido» a las empresas, ya que gracias a ello cuentan con empleados «con un grado de motivación excelente», y pueden conocer a un sector de la población «con el que a veces no se tiene contacto directo».
Así pues, las empresas pueden conocer a las personas con discapacidad «como clientes y como destinatarios finales de productos y servicios». Asimismo, ha remarcado, supone un valor añadido desde el punto de vista emocional, puesto que se trata de gente que «tiene menos oportunidades y se relativizan problemas que, realmente, no lo son». Las personas con discapacidad en el ámbito laboral «es gente que va al grano y que trata de resolver su trabajo de la mejor manera posible, trabajando con muchas ganas», ha subrayado.
Durán ha alabado a ElPozo Alimentación como una empresa «líder» que ya cumple el requisito del cupo legal del dos por ciento mínimo de trabajadores con discapacidad, y ahora busca «la excelencia». A su juicio, es una empresa «con voluntad de realizar estos programas de mejora».
FSC Inserta, que trabaja con muchas otras empresas del sector industrial, puede aportar «buenos perfiles adecuados» a los puestos que se oferten. Además, Durán cree que existe una posibilidad de establecer una relación comercial con ElPozo Alimentación a través de empresas de la ONCE y su Fundación (Corporación CEOSA y Grupo Fundosa) que trabajan en el sector de lavandería, de la seguridad, la limpieza o el tratamiento documental, entre otras cosas.
ETAPA DE CRISIS
Durán ha indicado que la Fundación ONCE no ha acusado de manera tan adversa el efecto de la crisis porque ha aprendido a trabajar «con más eficiencia, si cabe», y el sector de la discapacidad «ha aguantado bastante bien el empleo, porque tenemos una gran convicción detrás de los empleos que generamos». «No estamos para ganar dinero en el corto espacio de tiempo, sino para generar empleo», ha subrayado.
No obstante, ha admitido que el mercado laboral del ámbito de la discapacidad «ha ido funcionando bien, aunque en los últimos meses ha caído un poco». Por eso, Fundación ONCE y FSC Inserta «tienen que hacer un doble esfuerzo para poder mantener las cifras de creación de más de 5.000 empleos para personas con discapacidad cada año».
El objetivo de Fundación ONCE es, a su juicio, mantener esa creación de empleo «llueva o haga sol, de forma independiente a la crisis o el contexto».
La Xunta pondrá en funcionamiento el próximo año un portal para el intercambio de material como sillas de ruedas
La Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia pondrá en funcionamiento el próximo año un portal en Internet para promover el intercambio de material de segunda mano como sillas de ruedas o muletas, según ha manifestado su titular, Beatriz Mato, con motivo de una visita a la Institución Benéfica Padre Rubinos.
La visita ha tenido lugar para abordar, con sus responsables, las nuevas inversiones de la Xunta en materia de inclusión social, que experimentarán un incremento «del 13%», según ha remarcado Mato, quien ha cuantificado en 3,25 millones la inversión que se destinará a 105 entidades sociales.
En el caso de Padre Rubinos, su titular ha señalado que a esta institución se destinarán 130.000 euros, lo que supone un incremento del 51% respecto al pasado ejercicio. Este dinero, según su director, Eduardo Aceña, se destinará íntegramente al ‘albergue de transeúntes’, en el que se ofrecen al día 200 servicios diarios.
En rueda de prensa, Mato ha remarcado que estas inversiones buscan «resolver los problemas de las personas» y, en este mismo objetivo, ha situado el portal web que se creará para promover el intercambio de sillas de ruedas de segunda mano u otros recursos para personas con alguna discapacidad.
Sobre esta iniciativa, la titular de Trabajo ha dicho que obedece a la necesidad de facilitar «a instituciones y personas» la posibilidad de intercambiar «distintos recursos». Además, ha dicho que el portal servirá también «de asesoramiento y consultas sobre dudas en torno a la accesibilidad y la discapacidad», ha apostillado.
Por su parte, Aceña ha remarcado el incremento de la demanda en su institución debido al contexto económico. Como ejemplo, ha citado el albergue donde, según ha explicado, se ha detectado un incremento de personas, de entre 25 y 40 años, que acuden a pedir ayuda, «españoles en general», ha apostillado.
La Junta crea un grupo de trabajo para encontrar «la mejor solución» a la reserva de plazas en residencias de mayores
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la semana próxima se formalizará el grupo de trabajo creado con el sector de las residencias de mayores y personas discapacitadas para encontrar «la mejor solución» al asunto de la reserva de plazas.
En declaraciones a los periodistas en Cádiz, la consejera ha matizado que la orden dada por su antecesora en el cargo de eliminar la reserva de plazas se ha «paralizado» para «retomarla» con el colectivo afectado y estudiar conjuntamente «cómo se podría modificar para que, de alguna forma, sigamos atendiendo a las personas que tenemos que atender y no lesionemos los intereses de los que están gestionando las plazas».
Explica Sánchez Rubio que hasta ahora «estábamos financiando en torno al 60 por ciento de las plazas que estaban vacantes y había personas que estaban esperando a entrar a las residencias». Eso era «razonable» cuando la plaza se cubría «en una semana», pero «ahora ya no era razonable y, por tanto, hay que estudiarlo».
Cocemfe dice que el copago en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria ambulatoria es otra barrera de acceso al SNS
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) afirma que al copago que se establecerá a partir del 1 de octubre en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria pero sin hospitalización, supone «imponer nuevas barreras de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS)».
En concreto, exponen que esta medida publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afectará «a las personas que más necesitan los servicios sanitarios», motivo por el que muestran su rechazo a la misma.
A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago «se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas» y, todo ello, «por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario».
Por ello, Cocemfe solicita al Ministerio de Sanidad «que rectifique esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria». En concreto, con el objetivo de que sigan recibiendo «gratuitamente» los medicamentos en el entorno hospitalario», indica García.
«Se trata de una medida disuasoria y recaudatoria sin sentido», continúa el máximo representante de la confederación al tiempo que señala que, en la dispensación de estos medicamentos, «no se produce ningún tipo de exceso ni derroche al ir dirigidos a personas que necesitan de por vida seguir un tratamiento».
Por contra, apuesta por retomar el diálogo entre el sector social de la discapacidad y el Ministerio de Sanidad, algo que considera que debe realizarse a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El paro se ha incrementado un 100% entre las personas con discapacidad desde el inicio de la crisis
El número de parados entre las personas con discapacidad en España se ha incrementado un cien por cien en los últimos cinco años y seis de cada diez son ya parados de larga duración, según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al respecto que alerta de que «la crisis está incidiendo de manera especial en este colectivo».
En total, 1.262.000 personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad en España, es decir, el 4,11 por ciento de la población de este perfil; el 54,49% son hombres y el grupo más amplio tiene entre 45 y 64 años de edad, conforme los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Según Empleo, al cierre de 2012, 131.514 personas con discapacidad estaban en paro –el 2,71 por ciento de los desempleados del país–, tras registrar un incremento del 19,39 por ciento, muy por encima del que había experimentado en el mismo periodo la tasa general, que creció un 9,64%.
Además, el informe recogido por Europa Press revela que el 60 por ciento son parados de larga duración (más de un año en desempleo), cuando en el conjunto de la población son alrededor del 40 por ciento. «La búsqueda de un puesto de trabajo es más prolongada en el tiempo, dibujando un cuadro poco alentador para los parados que tienen reconocida alguna discapacidad», explica.
En su mayoría, estos parados de larga duración son hombres con una discapacidad física. De hecho, el 55 por ciento de los trabajadores del colectivo presentan este tipo de discapacidades. Existe, además, una relación directa entre la edad y la antigüedad como demandante de empleo, de manera que «a mayor edad, mayor permanencia como desempleado», conforme el estudio del Ministerio de Empleo.
En cuanto al perfil de los desempleados con discapacidad, el informe apunta que son en su mayoría mujeres (51,40%) y revela que en cuatro de cada diez casos, se trata de personas que no han alcanzado la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Por contra, el paro entre quienes poseen una titulación superior es en este colectivo del 9,70 por ciento.
Por sectores, el 66,38% de los parados con discapacidad proceden del terciario, cuando en el conjunto de la población los desempleados de este área no representan ni el 50% del total. Además, «el número de parados en el sector Servicios, en la Construcción y en la Agricultura se haya triplicado desde el año 2008», según el informe.
En paralelo, se ha producido un descenso en la contratación de personas con discapacidad, que el año pasado llegó a ser del 3,32 por ciento, aunque entre el resto de la población la reducción fue del 1,33%. En 2012 se concertaron 150.331 contratos en este colectivo, el 1,06 por ciento del volumen nacional.
Estas cifras cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que en la década anterior a 2008 la contratación de personas con discapacidad había evolucionado de forma más favorable que la del resto de la población, llegando a acumular un crecimiento del 27,74 por ciento. No en vano, el primer retroceso en una década se produjo en 2008, tras registrar en 2007 el valor más alto de su historia.
SE ACORTA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN
Tras cinco años de caídas, en 2012 se ha registrado además la menor proporción en el número de contratos indefinidos para personas con discapacidad de la última década, con un decremento acumulado en el último quinquenio del 36,58%. Mientras, los contratos temporales han aumentado en ambos periodos (32,84% y 4,70%).
Por género, los hombres siguen registrando más contratos que las mujeres (58,36% y 41,64%, respectivamente), pero la brecha se acorta año tras año, pasando de los 31,88 puntos diferenciales en el año 2003 a los 16,71 puntos en el año 2012. En el mercado nacional total hay un mayor equilibrio en el reparto de la contratación, con el 52,93% de los contratos para los hombres y el 47,07% para las mujeres.
En cuanto al perfil profesional, algo más de seis de cada diez contratados con discapacidad tienen un nivel nivel formativo de enseñanza secundaria obligatoria (son el 51,87% en la población general), y en su mayoría trabajan en el sector terciario y la industria, mientras tienen poca presencia en el sector primario y la construcción en comparación con el resto de la población activa.
Además, registran mucha menos movilidad: el 93,58% trabaja en la provincia en la que tiene residencia permanente, mientras sólo en un 6,42 por ciento de los contratos registrados se produce un cambio de residencia. «Se constata que este colectivo es el de menor movilidad laboral de todos los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo», explica el informe de Empleo.
Discapacitados intelectuales protestan contra los recortes en Cataluña
Representantes de la plataforma de discapacitados intelectuales Dincat, que representa a 310 entidades con más de 30.000 usuarios, protestará este miércoles ante la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña contra el recorte del 20% en el Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda, del que se benefician actualmente 650 personas en Cataluña.
El objetivo de la protesta es intentar revertir el tijeretazo, que el Govern ha aplicado con efectos retroactivos desde enero, algo que afecta a la viabilidad de las 44 entidades que actualmente gestionan este programa, ha informado este lunes Dincat en un comunicado.
El Programa de Apoyo a la Autonomía en la Propia Vivienda es «fundamental» para la plena inclusión de los discapacitados intelectuales ya que les permite independizarse y tener un proyecto de vida propio.
La cuarentena de entidades que llevan a cabo este programa ponen a disposición de los beneficiarios equipos de personas que les ofrecen apoyo en áreas como el cuidado personal, la resolución de trámites y gestiones administrativas y la organización de la economía personal y doméstica, entre otras.
Hasta ahora, la subvención era de 626,35 euros mensuales, que tras el recorte se ha reducido a 500 euros, cifra que «dificulta claramente la viabilidad del programa», según Dincat.
COCEMFE pide que se vuelva a modificar la Ley de propiedad horizontal con «soluciones reales» para la movilidad reducida
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Mario García, ha pedido Gobierno que vuelva a modificar la Ley de propiedad horizontal y la coordinación de los servicios sociales así como la restitución de las subvenciones para las asociaciones de personas con discapacidad en las comunidades autónomas.
Según García, el texto de la ley recién reformada por el gobierno es «claramente insuficiente» y ha asegurado que las personas con movilidad reducida, y las personas con algún tipo de dependencia o discapacidad necesitan «soluciones reales».
Durante su intervención, este sábado, en la inauguración de la Asamblea General de la asociación, García ha insistido en que «cuando una persona con discapacidad tiene problemas para desenvolverse en las zonas comunes y acceder a su propia casa, habría que solucionarlo ipso facto».
En este sentido, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, ha coincidido con él en la «insuficiencia» de la última modificación de la normativa y ha asegurado que el Gobierno «está trabajando para que se modifique de nuevo».
Por otra parte, el presidente de COCEMFE ha destacado la necesidad de reformar el sistema de coordinación de los servicios sociales y sanitarios y elaborar «un plan en condiciones». En esta línea, ha asegurado que una organización más efectiva de estos servicios «además de mejorar la salud del colectivo de personas con discapacidad, abarataría los costes del sistema evitando hospitalizaciones y tratamientos que se podrían haber evitado».
Asimismo, ha criticado la reducción de entre un 60 y un 70 por ciento de las subvenciones a las personas con discapacidad y ha exigido la «mejora de esta situación», a lo que el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad ha contestado asegurando que habrá una convocatoria de subvenciones lista antes del próximo mes de agosto que contempla un incremento del 6 por ciento en la cuantía de las ayudas a repartir.
Además, Tremiño ha destacado la modificación de la ley de dependencia y la renovación del catálogo ortoprotésico, que, según ha asegurado, «se encuentra en un estado muy avanzado», y ha insistido en que servirán para «salvar una ley que estaba colapsada» y lograr que España «sea un país en el que las personas con discapacidad tienen los mismo derechos y atención con independencia del territorio donde vivan».
La Generalitat premia proyectos juveniles a favor de discapacitados y pobres
El Departamento de Bienestar Social y Familia ha distinguido con los Premios de Civismo dos proyectos juveniles a favor de los discapacitados y de la integración de los niños en riesgo de exclusión social, además de varias agrupaciones de escoltas.
El conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Clèries, ha entregado hoy los Premios, que persiguen fomentar el civismo en la población desde distintos ámbitos de actuación, en un acto celebrado en el Auditorio de Barcelona.
En el marco del Premio Jaume Ciurana, que este año ha alcanzado su XXVI edición premiando a grupos de jóvenes con iniciativas cívicas, la Generalitat ha distinguido en primer lugar a los voluntarios de la Asociación Ayuda a la Infancia sin Recursos de Barcelona por su iniciativa para formar el grupo musical AISBAND, integrando en el mismo a discapacitados.
El segundo de los premios Ciurana ha recaído en el Festival «Jóvenes en Acción» del Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris de Barcelona por su tarea de propiciar la convivencia intercultural entre los jóvenes y facilitar la integración de los que han sufrido situaciones de exclusión social.
El tercer premio ha ido a parar al grupo de jóvenes voluntarios de la Biblioteca Infantil «La Butjosa» de Parets del Vallès (Barcelona) y también se ha concedido una mención especial a la Agrupación Escolta y Guia Terra Plana de Belianes por la organización anual de la Marcha Ecológica.
Asimismo, el primero de los Premios «En la mejora del entorno natural» se ha otorgado al grupo de Pioneros y Carabelas de la Agrupación Escolta «Montnegre» de Calella (Barcelona) por su actividad de recuperación de la plaza de Sant Andreu del Parque Natural de Montnegre Corredor.
El segundo de estos premios ha sido para la colla Dinizulú de la Agrupación Escolta y Guía Mare de Déu de Núria por su actividad de limpieza de una antigua zona de pasto y el tercero ha recaído en el grupo de jóvenes del Club Esplai Pubilla Cases de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por su trabajo por la mejora ambiental de los parques públicos.
En el marco de los XVII Premios a los Medios de Comunicación, se ha galardonado a Televisió de Catalunya por su programa «Souflan, el nen que volia volar» por la imagen positiva que ofrece sobre la discapacidad.
En la modalidad de producción radiofónica, la Generalitat ha premiado al programa «Solidaris» de Catalunya Ràdio, por su defensa de los derechos humanos, la cooperación y la solidaridad, y en la prensa escrita a «L’Amic. Revista d’acció social de la Fundació Casal l’Amic».
En la categoría de página web, se ha distinguido a «Desdelamina TV» de Grupo Unión, por constituir un ejemplo de dinamización comunitaria y fomentar el periodismo social.
