discriminación

BeTrAD: Un mejor tratamiento para los consumidores de drogas de edad avanzada

betrad-18-2Como parte del programa Erasmus+, el proyecto BeTrAD tiene por objetivo proporcionar a los profesionales y las organizaciones que trabajan en el ámbito de las drogodependencias, las instituciones geriátricas y las administraciones locales, herramientas y modelos de buenas prácticas, con el fin de ofrecer oportunidades para crear y mejorar los servicios para usuarios de drogas de edad avanzada.

El envejecimiento progresivo de la población en la mayoría de los países de la Unión Europea conlleva que las estructuras sociales y sanitarias se sometan a un proceso continuo de adaptación a este problema; sin embargo, la dependencia a sustancias psicoactivas todavía se asocia con los jóvenes.

“Es evidente que el número total y la proporción de personas con dependencia de las drogas, o con problemas asociados, ha aumentado durante las últimas décadas. Las personas mayores que consumen drogas son más propensas a sufrir las consecuencias sociales negativas de un consumo de drogas prolongado. Así, se han hecho estudios que demuestran que los consumidores de drogas de edad avanzada a menudo están excluidos socialmente y son aislados por la familia, los amigos y las redes sociales de apoyo.” (Casar et al., 2009; Nezet, et al. 2009).

Actualmente, sin embargo, existen pocos tratamientos o programas de atención especializada específicamente dirigidos a las personas mayores que consumen drogas, y los que hay no están preparados para responder adecuadamente a las necesidades de este colectivo; por lo tanto, se deben implantar servicios específicos (Beynon, 2009; Stöver, et al. 2012; Condrobs e.V., 2009).

En consecuencia, el tratamiento y la atención deben adecuarse a la tendencia actual, es decir, al acelerado envejecimiento de los consumidores de drogas, y dar una respuesta rápida.

Los profesionales de los servicios de atención a las drogodependencias han observado dichos cambios en la edad de los usuarios, y debe hacer frente a los problemas diarios que conlleva la derivación de consumidores mayores a servicios de atención adecuados.

En concreto, dentro del proyecto se desarrollan las siguientes acciones:

  • La evaluación de las políticas y de los servicios existentes dirigidos a las personas mayores que consumen drogas en Europa, proporcionará a los profesionales de los servicios de atención social y sanitaria, docentes, administraciones e instituciones académicas, información sobre la situación demográfica de cada país (datos demográficos sobre los consumidores de drogas), la evaluación de las condiciones de acceso a los servicios específicos, a los sistemas legales, sociales y de salud para este colectivo y la identificación de los programas y servicios actuales destinados a los consumidores de drogas de edad avanzada.
  • La recopilación de buenas prácticas, cuya finalidad es identificar y recoger ejemplos de las mejores prácticas en servicios específicos de atención a las personas mayores drogodependientes y modelos de buenas prácticas de colaboración entre los recursos de geriatría y de atención a las personas mayores.
  • La elaboración de una guía de buenas prácticas, disponible tanto en soporte digital como en papel, que facilite a los profesionales de los servicios sociales y de salud, las administraciones y las instituciones académicas un conjunto de herramientas para orientar el desarrollo, la implantación y la mejora de los servicios dirigidos a consumidores de drogas grandes.
  • Formación, basada en el contenido y la estructura de la guía de buenas prácticas y en los resultados obtenidos de la evaluación efectuada, de la evidencia científica y del análisis de las políticas llevadas a cabo. El currículum formativo diseñado servirá como modelo para llevar a cabo formación de ámbito nacional, y para que otras organizaciones puedan adoptarlo o extraer partes concretas con finalidades formativas.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.

Fuente: FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD

¿Discrimina la inteligencia artificial discrimina a las personas mayores?

robot-chino-1024x463Mientras que la discriminación por sexo, raza u orientación sexual está ampliamente documentada, la discriminación por edad (edadismo) no recibe la misma atención.

La inteligencia artificial discrimina a la gente mayor, según investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que han estudiado cómo los algoritmos, que afectan a la vida cotidiana de muchas personas, reproducen estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores.

«Los algoritmos suelen caer en decisiones discriminatorias y en invisibilizar colectivos», han alertado las investigadoras de la UOC Andrea Rosales y Mireia Fernández-Ardèvol, expertas ambas en personas mayores y TIC.

Según estas expertas, mientras que la discriminación por sexo, raza u orientación sexual está ampliamente documentada, la discriminación por edad (edadismo) no recibe la misma atención.

«En muchos estudios no hay un control suficiente de la demografía de la muestra, se aplican ideas estereotipadas sobre el uso de las TIC en algunos colectivos, como en el caso de los ancianos, o hay limitaciones técnicas en los sistemas de medida que analizan variables», ha enumerado Fernández-Ardèvol.

Según esta investigadora, «en el grupo de población europea de 65 a 74 años el crecimiento del uso de la nuevas tecnologías de la información ha sido del 53% en los últimos 5 años».

Sin embargo, los sistemas inteligentes siguen proyectando tendencias basadas en criterios de uso de las personas más jóvenes.

Rosales y Fernández-Ardèvol presentaron en el XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que finalizó la pasada semana en Barcelona, los resultados de un estudio que evidencia este tipo de estereotipos y prejuicios presentes en el análisis y la explotación de los datos masivos o big data.

Entre los ejemplos de discriminación están las plataformas digitales, por ejemplo Facebook, donde, aunque ahora ya se ha corregido, al principio los usuarios no podían declarar una edad de más de 80 años.

«Los diseñadores pensaron simplemente que una persona tan mayor nunca estaría interesada en usarla», ha indicado Fernández-Ardèvol, que es codirectora del grupo de investigación Communication Networks & Social Change (CNSC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

La publicidad online tampoco se suele ajustar a las necesidades de un usuario mayor ya que «cuando una persona se registra en una plataforma digital y no ha declarado el sexo o la edad previamente, los algoritmos acaban eligiendo y mostrando un tipo de publicidad desacertada», según el estudio.

«Muchas veces las predicciones de edad que hacen los sistemas inteligentes para adaptar los anuncios al usuario son erróneas, y puede pasar, por ejemplo, que una persona de 50 años le aparezca publicidad sobre pruebas de embarazo dirigida a personas de 30 años. Probablemente, esta publicidad no es relevante para esta persona e, incluso, puede ser molesta», ha advertido Rosales.

La invisibilización de este colectivo también se produce en las ‘start-ups’ y en empresas de innovación digital, que basan sus servicios en la Inteligencia Artificial.

«Los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para recoger datos y analizarlos muchas veces obvian a las personas mayores», según las investigadoras, que ponen como ejemplo cuando se investigan los usos de los espacios públicos de una ciudad y se analizan los datos de los móviles que tienen el wifi encendido.

Estos datos proporcionan desde el tiempo que las personas tardan en atravesar una calle por un semáforo hasta el tiempo que necesitan para subir las escaleras del metro.

Pero en el análisis de estos estudios no se tienen en cuenta minorías como las personas mayores que o bien no tienen wifi en el móvil o bien, si lo tienen, lo llevan siempre apagado, concluyen las investigadoras.

Fuente: Expansión

Mireia Belmonte y Teresa Perales se lanzan a la piscina por la inclusión

03• Las dos nadadoras ejercieron de capitanas en una competición de natación inclusiva por relevos en la piscina del madrileño Colegio Maravillas.

La mañana del martes 24 de octubre, la piscina del Colegio Maravillas, en Madrid, ha acogido una competición única: dos equipos de nadadores, capitaneados por Mireia Belmonte y Teresa Perales, han competido en una carrera por relevos en la que se mezclaban los participantes con y sin discapacidad.

La prueba ha sido posible gracias a la tabla alemana o multidisability. Se trata de un cálculo utilizado en el deporte paralímpico para comparar rendimientos y así establecer un ránking que da lugar a un ganador, permitiendo así celebrar competiciones completamente inclusivas donde las capacidades de los nadadores son tenidas en cuenta.

La competición, enmarcada en el contexto de la octava Semana del Deporte Inclusivo organizada por la Fundación Sanitas, contó con ocho participantes que realizaron sus correspondientes largos en una piscina de 25 metros. Además de Perales y Belmonte, también participaron otros medallistas con y sin discapacidad, como son Jessica Vall, Antonio Arroyo, Duane Da Rocha, María Delgado, Jairo Ruiz y Ariadna Edo.

Mireia Belmonte aprovechó la ocasión de la Semana del Deporte Inclusivo para enviar un mensaje a las personas con discapacidad: “Que con el deporte que hagas tienes que disfrutar, ser feliz, pasártelo bien y que te marques unas metas a corto o largo plazo y no tengas miedo a soñar y pensar que todo es posible”, explicó.

Por su parte, Teresa Perales también quiso comentar cómo lleva su preparación de cara a los próximos Mundiales de México, aplazados por el reciente terremoto: “Tengo muchas ganas de que lleguen los mundiales. Los deportistas estamos acostumbrados a este tipo de cosas que pasan. Enseguida vuelves a rehacerte y estamos volviendo a hacer la programación en este caso para diciembre”, declaró.

Tras la competición, Mireia Belmonte ha impartido una master class con varios niños del Colegio Maravillas, demostrando así la importancia de fomentar el deporte inclusivo desde la edad escolar, en línea con la iniciativa Deporte Inclusivo en la Escuela (www.deporteinclusivoescuela.com)

La octava Semana del Deporte Inclusivo continuará con gran variedad de actos durante los próximos días y tendrá su culmen el viernes 3 de noviembre, en la Plaza de Colón de Madrid, con el establecimiento de un nuevo récord de lanzamiento de penaltis de forma inclusiva.

La Santa Sede denuncia ante la ONU la marginación de los ancianos en el mundo

papa-y-pareja-de-ancianos«Muchos ancianos, con su sabiduría y experiencia, tienen la capacidad de seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad«. Bernardito Auza, representante de la Santa Sede ante la ONU, denunció la marginación de los ancianos en la sociedad, y pidió a los gobiernos «llevar a cabo políticas que refuercen la participación activa de las personas mayores«.

Durante una sesión del alto organismo sobre «Participación activa de las personas mayores en el desarrollo», Auza declaró «imprescindible» lograr «su involucración en la toma de decisiones, su continuidad como contribuyentes económicos, su participación en el mercado de trabajo, su capacidad para disfrutar de una jubilación sana y segura a una edad apropiada, así como el acceso a la formación continua y a la educación permanente».

El delegado del Vaticano en la ONU ha exhortado al organismo internacional a «superar lo que el Papa Francisco denunció como ‘las deficiencias de una sociedad programada para la eficiencia‘. Así, ha denunciado que muchas de las personas mayores son marginadas con «políticas y prejuicios que los dejan a merced de la pobreza y el aislamiento social».

«A medida que la población anciana crece rápidamente en el mundo, la atención a este sector es cada vez más crítica. Ello exige la urgente elaboración de medidas concretas y prácticas que garanticen la protección de sus derechos humanos y respondan a sus necesidades», ha afirmado.

Finalmente, el Observador Permanente del Vaticano en la ONU ha advertido de que los ancianos «son desproporcionadamente susceptibles a la pobreza, la mala salud, la discapacidad, el aislamiento social, la violencia, el abandono, las guerras y factores que atentan contra su dignidad».

Fuente: Religión Digital

Åsa Regnér, ministra de Igualdad sueca: «Los hombres también sufren violencia y hay que escucharlos»

ministra suecaFirme defensora de emplear «la naturalidad en la política», trabajó para la ONU en América Latina y hoy asume el reto de generar medidas que consigan la plena igualdad de género en un país que trabaja para conseguirlo desde los años 70.

Su Gobierno, el de Suecia, se define «feminista» porque considera que la búsqueda de la igualdad de género, «aunque sigue siendo un reto, es esencial para lograr otros objetivos esenciales como son la seguridad, la paz y el desarrollo sostenible». Åsa Regnér, ministra de Igualdad de esta nación trazada por un anhelo rimbaudiano – «hay que ser absolutamente moderno», escribió el poeta- no precisa de malabarismos lingüísticos para explicar qué significa ser feminista: «Es una persona que ve desigualdades de género en su entorno y quiere hacer algo para que no sucedan. Listo. No necesito más».

Pregunta.- ¿Cómo se consigue un gobierno feminista?

Respuesta.- En Suecia, hemos empezado en los años 70, introduciendo medidas que aspiraban a conseguir la igualdad de género. Por ejemplo, se fomentó la participación en la fuerza laboral tanto de hombres como de mujeres porque que tantos unos como otros tengan un trabajo fomenta la igualdad, la libertad y el bienestar de la sociedad.

P.- Después de casi cuatro décadas inoculando equidad entre sus ciudadanos, ¿cuáles son las medidas más recientes?

R.-Hemos dado incentivos para que tanto los padres como las madres tengan tiempo para pasarlo con sus hijos recién nacidos. Son permisos parentales: 12 meses a repartir entre ambos, de los cuales tres tiene que coger el padre y otros tres la madre porque si no los pierden. Se ha demostrado que es una buena herramienta para que los padres pasen más tiempo en casa con sus hijos y esto tiene su impacto en el mercado laboral, pues menos mujeres salen de él. Hombres y mujeres deben compartir riesgos porque la sociedad precisa de padres con tiempo para amar a sus niños. Es responsabilidad de la sociedad organizar un sistema que lo permita.

P.- ¿Sigue habiendo machismo en Suecia?

R.- Suecia no es un paraíso. Hay mujeres con trabajos peor remunerados que los hombres. Lo que hay que hacer es visibilizar las situaciones de machismo, que no son otra cosa que luchas de poder. La igualdad no sucede de manera automática sino de forma gradual y responde a las decisiones que se toman. La resistencia machista recurre a menudo a la burla y a la ridiculización y esto hace daño; lastima. Si se observa la historia sueca, se da uno cuenta de que han sido las mujeres en distintas organizaciones, unidas a las mujeres de ciertos partidos políticos, las que se han enfrentado a esas resistencias.

P.- Si, como dice, Suecia no es un paraíso, ¿cuáles son los aspectos que deberían mejorar ahora?

R.- Nuestros desafíos en la actualidad son la brecha salarial y los niveles de violencia. Existe todavía violencia de género hacia las mujeres por parte de los hombres y, ahora, nuestros esfuerzos se dirigen a la prevención. Hemos destinado 900.000 euros para medidas que sabemos científicamente que funcionan. Hay que hablar con los chicos jóvenes sobre su experiencia de violencia y sobre su uso de la violencia. También ellos sufren agresiones y maltrato, en la calle, por ejemplo. Constantemente tratamos de modernizarnos y aún no hemos hecho suficiente en prevención y ahora nos centramos en ello. Quiero que todos los chicos y chicas tengan información y oportunidades serias de hablar de sus relaciones y de las situaciones que viven.

P.- Aunque se tomen medidas para solucionar los problemas de igualdad, ¿cabe la posibilidad de que surjan otros?

R.-Sí, y no hay que evitarlos. No toda la sociedad sueca está lista en términos de igualdad. Por ejemplo, en Suecia han aumentado los casos de violencia de honor entre las personas migrantes. Suecia es el país europeo que más inmigración recibió en 2015 y tenemos un fuerte debate en el país al respecto, y también sobre la integración. Los casos de violencia de honor suceden entre inmigrantes de segunda generación y también entre aquellos que acaban de llegar al país. Una cosa buena es que las mujeres migrantes han entrado a formar parte rápidamente de la fuerza laboral y esto es importante. Para mí fue importante ver a mi madre trabajar y sé que a muchas mujeres les sucede lo mismo.

P.- En ocasiones, el feminismo de los márgenes critica a las feministas europeas por centrarse en los derechos y no en los deberes.

R.-Trabajé para la ONU en América Latina. Tengo una experiencia global del feminismo y creo que niñas y mujeres quieren las mismas cosas: poder elegir tener hijos o no, poder elegir tener marido o no, poder elegir tener estudios o no; poder elegir, en definitiva. Esto son derechos. El feminismo es un movimiento de solidaridad pero esto a veces se olvida y hay que recordarlo. Vivimos tiempos difíciles. El discurso de derechos humanos no es la amenaza, lo es la falta de solidaridad y la incapacidad para ver más allá.

P.- ¿Cuál es la postura del gobierno sueco respecto a la brecha demográfica y el envejecimiento social?

R.- Hemos separado la idea de cuidado de las personas mayores de la responsabilidad ética o moral de los hijos hacia sus padres. Ahora, mis padres necesitan cuidados pero yo no soy responsable de ellos ni jurídica ni económicamente sino que lo es el Estado. Mi responsabilidad es darles amor, estar con ellos, hacer cosas juntos… Se puede elegir tener hijos o no, pero no se puede elegir tener padres. Lo que nosotros queremos es que las relaciones familiares sean sanas y voluntarias. Hay personas mayores en Suecia que quieren cocinar para hijos y nietos el domingo, por poner un ejemplo, pero no quieren que su hija les duche, ni les vista… Por eso, en nuestro país de esto se encargan profesionales, a través de los municipios, en función de las necesidades de cada uno.

P.- Su visita a España incluía un seminario en la embajada sueca en Madrid sobre el modelo sueco de abolición de la prostitución, que penaliza al cliente y data de 1999. ¿Hubo en algún momento reticencias a implantarlo?

R.- Cuando se aprobó la ley, el Parlamento estaba más dividido pero, ahora, la gran mayoría de organizaciones feministas y todos los partidos políticos lo apoyan porque han visto los resultados. No hemos solucionado todo, sigue habiendo explotación y sigue habiendo abusos, pero mandamos una señal: ésta es la sociedad que queremos. Para nosotros, la prostitución es una explotación y no una profesión.

Fuente: EL MUNDO

Las personas mayores sordas no pueden acceder a los actuales sistema de Teleasistencia

teleasistencia-asignatura-pendiente-atencion-personas_TINIMA20150310_0536_5La teleasistencia es una «asignatura pendiente» para todas las personas mayores sordas que «evidencian la falta de accesibilidad de dicho servicio», según muestran los resultados del estudio ‘Hacia la autonomía y participación de las personas mayores sordas en España’, presentado este martes por la Confederación Estatal de Personas Sordas de España y financiado por la Fundación Vodafone, que ha contado con la presencia del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

El documento está dirigido al análisis de la situación de la población mayor sorda, tanto usuarios de lengua de signos como hombres y mujeres que, a causa de la edad, sufren pérdidas auditivas.

En este sentido, Alonso ha adelantado que el Ministerio está ultimando un marco de actuación para las personas mayores en el que se desarrollarán servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, el uso de tecnologías adaptadas o la promoción de la lengua de signos, que serán instrumentos de «gran valor» para las personas sordas.

Además, ha insistido en la necesidad de «asumir responsabilidades, y sobre todo, emprender políticas encaminadas a paliar la soledad, evitar el aislamiento y favorecer la inclusión de las mujeres y hombres mayores sordos, con el fin de garantizarles la posibilidad de que interactúen con el resto de las personas y que participen en igualdad de condiciones en la sociedad».

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS SORDAS EN ESPAÑA

Además, ha recordado que existe en España «más de un millón de personas con alguna dificultad en su audición, de las que casi el 72% tienen más de 65 años», un porcentaje que se aproximará al 40% en los próximos 50 años.

Asimismo, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, ha subrayado que se debe actuar «desde ya» para adelantarse a «las necesidades que van a plantearse en el futuro» y ha afirmado que este «estudio pionero» en España «sea útil para cambiar la vida de las personas sordas».

Los resultados muestran que la población mayor sorda está compuesta mayoritariamente por personas con sordera sobrevenida, con pérdidas de audición paulatinas a causa de la edad, o enfermedades tardías. Además, Las personas mayores sordas, especialmente aquellas de nacimiento o por enfermedad temprana, valoran de forma elevada el papel de las asociaciones, muy por encima de cualquier otra institución. Gracias a estas asociaciones disfrutan de una independencia, servicios especializados y multitud de actividades.

El estudio también pone de manifiesto la necesidad de contar con recursos humanos y técnicos en las Residencias y Centros de día que favorezcan la comunicación y la interacción de las personas mayores sordas con el entorno y disminuyan el aislamiento.

También destaca un «problema» que pueden presentar las personas mayores sordas; su dificultad para manejar con destreza dispositivos digitales, «en tanto sus dedos no han adquirido esta capacidad», por ello, «la creación de tecnologías adaptadas a las personas mayores sordas es de fundamental importancia».

Por su parte, el presidente de Vodafone España y su Fundación, Francisco Román, ha incidido en promover «el uso de la tecnología para ayudar a las personas a ganar autonomía personal y trabajando con aquellos profesionales que entienden de ello».

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Los atropellos a mayores son «la problemática urbana más preocupante», según la Fundación Mapfre

Mayores cruzando la calleLos atropellos urbanos a mayores apenas se ha reducido en los últimos 10 años, hasta el punto de que los fallecidos con más de 64 años constituyen ya el grupo de edad más numeroso en zona urbana, según un informe de la Fundación Mapfre, que apunta a que se trata de la «la problemática urbana más preocupante.

   Los mayores de 65 años representaron en 2012 el 27 por ciento del total de fallecidos en accidentes de tráfico, mientras que en 2001 esa proporción era del 16 por ciento, lo que, de acuerdo a la fundación, justifica la necesidad de que las calles y carreteras cuenten con unas infraestructuras viales más adaptadas a las necesidades de los conductores y peatones mayores de 65 años.

   Cada año mueren en las carreteras y calles españolas alrededor de 500 personas mayores de 64 años, un segmento de la población en el que el número de fallecidos por cada cien víctimas de accidente es casi cuatro veces superior al del resto de la población.

   Los giros a la izquierda en intersecciones sin carril de espera y el escaso tamaño e iluminación de algunas de las señales de tráfico «no son buenos aliados» para este colectivo. Tampoco lo son los vehículos estacionados cerca de los pasos de peatones y la conducción nocturna.

   Los peatones mayores también se encuentran con muchos obstáculos. Casi cuatro de cada 10 apenas se desplaza a pie por la ciudad, una cifra que va en aumento, debido principalmente a la presencia de desniveles en el pavimento de las calles, aceras con una anchura insuficiente, paradas de autobuses sin marquesinas y sin bancos para esperar, y pasos de peatones mal cuidados, sin cebreado tradicional, sin refugios  y sin semáforos con cuenta atrás que indiquen el tiempo que queda hasta que se ponga en rojo.

   El informe ‘Mayores y seguridad vial: Manual de recomendaciones de diseño urbano. La perspectiva de las personas mayores’, también refleja que médicos y psicólogos consultados, resaltan, por ejemplo, que las curvas cerradas dificultan la percepción de posibles peligros en conductores con cataratas y que la presencia de vados, mobiliario urbano y desniveles también afecta negativamente a todos los peatones, pero en mayor medida a aquellos con enfermedades como la artrosis, que es frecuente en personas con edades avanzadas.

   El manual, dirigido a Ayuntamientos, técnicos en diseño vial urbano y responsables de centros de salud, hospitales y residencias, entre otros, propone, por ejemplo, mejorar la señalización de los pasos de peatones, espacios que el 13 por ciento de los mayores considera inseguros, al estar señalizados en muchas ocasiones con dos marcas viales horizontales discontinuas en lugar de las franjas paralelas horizontales tradicionales en forma de cebreado.

   También plantea rebajar los bordillos, incrementar las zonas en las que el límite máximo de velocidad es de 30 kilómetros por hora, las calles peatonales y situar las paradas de los autobuses con marquesinas con bancos y en rectas, que según los mayores encuestados son las más seguras.

   Para mejorar la conducción de los mayores, el manual también hace hincapié en la necesidad de incorporar carriles de espera en las intersecciones para los vehículos que giren a la izquierda, así como sistemas para ampliar las aceras en los cruces e instalar  refugios y barandillas en las travesías, una medida que valora el 75 por ciento de los mayores.

   Asimismo, sugiere fomentar medidas para reducir la velocidad de los vehículos en determinadas zonas, promover la señalización vertical situada a la derecha de la calzada mejor que a la izquierda y aumentar el tamaño de letra de las señales de tráfico para evitar accidentes.

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Las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) niegan plaza a un niño de dos años por su discapacidad

Cermi  El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha cerrado la puerta de acceso a las guarderías públicas de la localidad a un menor de dos años que presenta una discapacidad del 67 por ciento, alegando que este grado «no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo» de los centros, algo a considerar conforme dicta una ordenanza municipal. Su hermano mellizo, sin discapacidad, sí obtuvo una plaza.

   Según ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevará el caso a la Fiscalía General del Estado, estos vecinos de San Cristóbal de La Laguna solicitaron el pasado mes de marzo plaza de guardería pública para sus dos hijos mellizos, pero sólo uno de ellos figuraba en la lista provisional de admitidos, ocupando, además, uno de los primeros puestos de la reserva.

La familia presentó dos reclamaciones formales al concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González Rojas, de cuyo área dependen estas escuelas infantiles, así como al alcalde del municipio, Fernando Clavijo, quien manifestó en un correo electrónico estar enterado de este asunto.

Pese a ello, las listas definitivas de admisión publicadas por decreto en el mes de agosto dictaron la exclusión definitiva de su hijo porque su grado de discapacidad no era compatible con los recursos del centro: los certificados médicos que los padres adjuntaron a la solicitud de plaza prescribían que el niño habría de necesitar el apoyo de un auxiliar en la escuela infantil en la que ingresase.

Aunque la familia volvió a reclamar al alcalde y llegó incluso a mantener un encuentro con él, con el concejal de Bienestar Social y con el jefe de Servicio y la familia del menor, las autoridades públicas se reafirmaron en su postura y la queja fue desestimada.

El Consistorio alegó la existencia de una ordenanza municipal según la cual, las escuelas infantiles de la localidad tienen que «valorar todas las solicitudes de menores que presenten un porcentaje de discapacidad que sea compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo», según explica el CERMI.

Para la familia, esta ordenanza «fomenta la discriminación del colectivo de menores con discapacidad y debe ser modificada». «Supone una clara barrera que permite a la Corporación excluir del sistema público a la mayoría de niñas y niños de 0 a 3 años que presenten limitaciones a su actividad, ya que no tendrán recursos para atenderles», denunciaron.

Tampoco dieron frutos sus reclamaciones ante la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia, quien dijo no tener competencias, la Viceconsejería de Educación o la Dirección General de Políticas Sociales, aunque en la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y el diputado del Común del Gobierno de Canarias «mostraron preocupación por el caso».

El padre del menor también ha recurrido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y al CERMI Canarias para solicitar su intermediación en este caso que a juicio de ambas entidades es de «discriminación». «No puede ser que exista una ordenanza que, de antemano, discrimina a las personas con discapacidad», señalan.

«El CERMI Estatal pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía para que examine esta conducta del Ayuntamiento por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención de la Naciones Unidas de Discapacidad», avanza la organización.

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Europa sufre su peor «crisis humanitaria en 60 años»

Cruz rojaLa Federación Internacional de la Cruz Roja advirtió hoy de las graves consecuencias humanas de la crisis económica en toda Europa, donde esta organización entregó ayuda alimentaria a 3,5 millones de personas en 2012, lo que supone un aumento del 75 % respecto a 2009.

La federación informó hoy sobre las conclusiones de un estudio, que recoge los datos de las 42 sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 22 países europeos, donde se habla de la peor crisis humana en Europa de los últimos sesenta años.

«Muchos países están todavía atrapados en la crisis, lo que derivará en un impacto humano que podría hacerse notar durante décadas», precisaron desde la Cruz Roja, con sede en Ginebra, en un comunicado.

A pesar de ciertos síntomas de recuperación económica en algunos países, la Cruz Roja alerta de que millones de personas en todo el continente han caído en la pobreza y tardarán muchos años en alcanzar unos niveles mínimos de bienestar.

«Millones de personas han caído en desgracia en los últimos cinco años y apreciamos una degradación progresiva de esta situación porque cada vez son más los no tienen ahorros ni posibilidad de hacer frente a gastos imprevistos», señaló el secretario general de la Federación Internacional de la Cruz Roja», Bekele Geleta.

Gelera resaltó el caso de Letonia que, aunque oficialmente ha salido de la crisis, la necesidad de ayuda alimentaria se ha triplicado respecto a los primeros años de la crisis.

Sin embargo, Geleta advirtió de que este tendencia se repite en todos los países europeos, no sólo en los que más se asocian a la crisis; ya que, por ejemplo, en Francia más de 350.000 personas han caído en la pobreza en los últimos tres años.

Además, indicó que se está produciendo un nuevo fenómeno, el de los «trabajadores pobres», es decir, gente que trabaja, pero que no alcanza a final de mes con su sueldo.

«Todas nuestras sociedades nacionales han tenido que aumentar sus esfuerzos de asistencia doméstica, incluidas las de los países occidentales que tradicionalmente se centraban en prestar ayuda internacional», recordó.

Geleta instó a los Gobiernos de toda Europa a reservar dinero de sus presupuestos para hacer frente a estas situaciones y alertó del «gran coste a largo plazo» que derivará de los recortes en sanidad.

«Hemos notado un fuerte aumento de personas que vienen a nuestros centros de asistencia pidiendo medicamentos porque no se los pueden permitir», explicó.

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La tasa de pobreza extrema en mujeres discapacitadas triplica la del resto

mujer discapacitada Las tasa de pobreza extrema en mujeres con discapacidad triplica la del resto de la población, es un 40 por ciento más alta que la de los varones con discapacidad y en mujeres de más de sesenta años es prácticamente el doble que la de los hombres de esa misma edad, según el estudio ‘Pobreza y Exclusión de las mujeres con discapacidad en España’, del sociólogo Agustín Huete.

   Este trabajo, promovido por el CERMI, destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran sometidas a múltiples factores desencadenantes de exclusión social, entre ellos la pobreza económica, el acceso al empleo, prestaciones, estudios y relaciones sociales. Respecto a este último aspecto, el informe indica que un tercio reconoce no tener oportunidades para hacer nuevos amigos y un 15 por ciento dice no tener amigos y recursos de apoyo.

En España reside más de un millón y medio de personas con discapacidad en riesgo de pobreza, de las que casi medio millón se encuentra en situación de pobreza extrema, es decir, recibe ingresos anuales inferiores a 3.900 euros. Este riesgo de pobreza afecta por igual a mujeres y varones con discapacidad, pero «de manera mucho más clara que respecto a la población general», según el autor del estudio, que indica también que la mitad de la población con discapacidad se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza o pobreza relativa.

El informe apunta a que más de 600.000 personas con discapacidad viven solas en sus hogares y esto evidencia una «clara» situación de desventaja para las mujeres, ya que más del 40 por ciento de éstas viven en hogares en los que se ingresan menos de 500 euros al mes, es decir, hogares en situación de pobreza.

La discriminación por género en cuanto a salarios es otro de los factores que contribuyen a las diferencias de nivel de vida entre personas con discapacidad, pues las mujeres con discapacidad cobran como término medio salarios ligeramente inferiores a las mujeres sin discapacidad, pero sensiblemente inferiores a los varones.

MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, LAS MÁS AFECTADAS

Otra de las denuncias que expone el trabajo es que las mujeres con discapacidad intelectual son el grupo más afectado por la escasez de ingresos, oportunidades laborales y acceso a prestaciones y el más olvidado. Según el estudio, la población con discapacidad en España se encuentra en su mayoría expuesta al riesgo de pobreza cuando carece de actividad laboral, incluso aún contando con prestaciones.

Dos tercios de las mujeres en edad laboral se encuentran en situación inactiva, es decir, fuera del mercado laboral, en un contexto en el que el empleo resulta el principal factor de protección contra la pobreza y la exclusión social», ha añadido.  Y, en este contexto, el 47 por ciento de las mujeres con discapacidad que no trabaja, carece además de ingresos por prestaciones.

En materia de educación, el estudio sostiene que, a pesar de que en los niveles educativos de la población con discapacidad persisten diferencias significativas con respecto a la población general, la educación «es un terreno en el que las mujeres con discapacidad están teniendo éxito en cuanto a igualdad de oportunidades, respecto a los varones con discapacidad».

Los hogares, fuente principal de apoyo para las mujeres con discapacidad, presentan también «importantes espacios de discriminación» hacia las mujeres, ya que son quienes se ocupan fundamentalmente de la prestación de apoyos.

PROPUESTAS

Agustín Huete plantea una serie de propuestas para reducir la pobreza y la exclusión de las mujeres con discapacidad, como asegurar el cumplimiento de la Convención de la ONU en relación a sus derechos; fortalecer la inclusión laboral a través de medidas específicas; atender la situación de mujeres mayores con discapacidad que presentan generalmente situaciones de extrema pobreza; o promover el empoderamiento, especialmente en el acceso a espacios de participación ciudadana.

También propone impulsar medidas especiales relacionadas con pobreza y exclusión social en el II Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad 2013-2016 del CERMI; realizar estudios específicos sobre pobreza y exclusión de mujeres con discapacidad en diferentes contextos; promover la renovación y actualización de las fuentes estadísticas sobre discapacidad; y considerar la discapacidad en aquellas fuentes estadísticas relacionadas con la medición de la calidad de vida y/o exclusión social.

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Joven tetrapléjico de Montiel (Ciudad Real) pide a C-LM que habilite un autobús escolar adaptado para poder ir a clase

autocar adaptado   Ismael González Garrido, un joven de 20 años natural de la localidad ciudadrealeña de Montiel, tetrapléjico con un 80 por ciento de grado de discapacidad, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que habilite un autobús de transporte escolar adaptado para que pueda ir a diario a las clases del instituto de Villanueva de los Infantes.

   Este es el llamamiento que ha realizado este martes Ismael para que la Junta de Comunidades le solucione esta incidencia porque, explica, «estoy pidiendo ayuda en la delegación de Educación me han dicho que como no soy de Educación Obligatoria no pueden hacer nada por mí», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Los socialistas señalan que la familia se puso en contacto con los responsables de la delegación de Educación en la provincia de Ciudad Real y le garantizaron una solución, aunque a día de hoy «persiste el problema».

Este joven ha explicado que es su padre quien hasta la fecha, con un coche particular, le lleva todos los días al instituto donde cursa el módulo de FP Administración y Finanzas, pero su progenitor está enfermo y próximamente será sometido a una operación.

Una situación delicada ante la que el portavoz del PSOE en Montiel, Juan Ramón Mena, se ha preguntado «quién llevará a Ismael al instituto cuando su padre no pueda».

Tanto el propio Ismael como su padre han indicado que la solución no es nada compleja, pues pasa únicamente porque la Junta cambie el actual autobús por uno adaptado. «Ni más ni menos, puesto que la familia haría frente a los 60 euros mensuales que supone esa ruta escolar», añade el PSOE

«Lo sangrante e indignante», según Mena, viene cuando los responsables del Gobierno regional «le exigen» a Ismael que pague por cuatro plazas, es decir, 240 euros al mes, «pese a que se trate de una persona con su particularidad de movilidad en una silla de ruedas, un gasto imposible de asumir con la pensión que percibe su padre».

En este sentido, el secretario de Acción Electoral del PSOE de Ciudad Real, David Triguero, ha hecho hincapié en que «es lamentable que el Gobierno regional no le está prestando ningún tipo de ayuda a un joven como Ismael, que tiene la valentía de seguir formándose y de salir adelante con el apoyo de su familia».

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‘Minusválidos’ en los Presupuestos Generales del Estado

minusvalido   El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo «minusválido» para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.

   Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo «minusválido» hasta en siete ocasiones y habla de «discapacitados» en otras tres, en lugar de utilizar la expresión «persona con discapacidad», establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.

La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que «las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad», prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.

Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión «minusválido» en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse «de Discapacidad».

El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones «minusválido» y «minusvalía» en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 «debido a su connotación peyorativa». El organismo reconocía así que las palabras «pueden estigmatizar y etiquetar» a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.

La CIF decidió utilizar el concepto de «discapacidad», en tanto que «se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada ‘condición de salud’ y sus factores contextuales (ambientales y personales)», tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión «grado de minusvalía» en favor de «grado de discapacidad».

Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de «persona con discapacidad».

«EL LENGUAJE REFLEJA LA ACTITUD»

Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), «puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor».

«Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud», añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que «las leyes están para cumplirlas» y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que «tiene un carácter peyorativo y de desprecio». El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en «un incumplimiento claro», conforme ha señalado.

Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, «y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo». «Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante», ha añadido.

Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra «discapacidad», como «diversidad funcional». «Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos», ha añadido.

La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como «incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.». Discapacitado, por su parte, sería aquella persona «que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas».

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Las personas mayores, en «grave riesgo» de «pobreza y marginalidad» por la crisis

unaf  La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha advertido del «grave riesgo» que sufren las personas mayores de caer en situaciones de «pobreza y marginalidad» por los efectos de la crisis económica, agravados por los recortes y medidas como el copago farmacéutico y sanitario, la reducción de ayudas a la dependencia y la pérdida de poder adquisitivo que, a juicio de la organización, «previsiblemente» se producirá como consecuencia de la reforma de las pensiones.

   Con motivo del ‘Día Internacional de las Personas Mayores’, que se conmemora este martes, la unión de asociaciones ha recordado que el colectivo de personas mayores representan el 17,4 por ciento de la población total española –según los datos del INE publicados en 2012–, lo que supone que son más de 8 millones de personas.

«Un día como hoy, no hay muchos motivos para la celebración», según ha indicado la presidenta de UNAF, Teresa Blat, que ha subrayado que «los derechos más básicos de las personas mayores no están siendo garantizados» y ha reclamado que el colectivo «sea un grupo prioritario de atención por parte de los poderes públicos».

En este sentido, ha pedido además que, para ello, se tomen medidas para «continuar avanzando hacia su reconocimiento social, su derecho a la participación y, en definitiva, su plena ciudadanía».

Por otra parte, Blat ha alertado de la posibilidad de que, debido a las situaciones de vulnerabilidad a que se ve expuesto el colectivo y al «progresivo» envejecimiento de la población y de su situación de dependencia tanto funcional como emocional, las personas mayores corren el riesgo de «convertirse en uno de los grupos sociales más susceptibles de sufrir situaciones de abuso y malos tratos».

Por todo ello, ha reiterado su petición a las administraciones públicas para que destinen recursos y desarrollen medidas para proteger a las personas que forman parte de este colectivo y, por lo tanto, son susceptibles de sufrir situaciones de pobreza, violencia o marginalidad.

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Cocemfe dice que el copago en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria ambulatoria es otra barrera de acceso al SNS

Cocemfe   La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) afirma que al copago que se establecerá a partir del 1 de octubre en fármacos dispensados en farmacia hospitalaria pero sin hospitalización, supone «imponer nuevas barreras de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS)».

   En concreto, exponen que esta medida publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afectará «a las personas que más necesitan los servicios sanitarios», motivo por el que muestran su rechazo a la misma.

A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago «se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas» y, todo ello, «por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario».

Por ello, Cocemfe solicita al Ministerio de Sanidad «que rectifique esta injusta medida para que las personas con enfermedades graves y diferentes discapacidades no vean mermada su atención y protección sanitaria». En concreto, con el objetivo de que sigan recibiendo «gratuitamente» los medicamentos en el entorno hospitalario», indica García.

«Se trata de una medida disuasoria y recaudatoria sin sentido», continúa el máximo representante de la confederación al tiempo que señala que, en la dispensación de estos medicamentos, «no se produce ningún tipo de exceso ni derroche al ir dirigidos a personas que necesitan de por vida seguir un tratamiento».

Por contra, apuesta por retomar el diálogo entre el sector social de la discapacidad y el Ministerio de Sanidad, algo que considera que debe realizarse a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

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El paro se ha incrementado un 100% entre las personas con discapacidad desde el inicio de la crisis

discapacidad  El número de parados entre las personas con discapacidad en España se ha incrementado un cien por cien en los últimos cinco años y seis de cada diez son ya parados de larga duración, según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social al respecto que alerta de que «la crisis está incidiendo de manera especial en este colectivo».

   En total, 1.262.000 personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad en España, es decir, el 4,11 por ciento de la población de este perfil; el 54,49% son hombres y el grupo más amplio tiene entre 45 y 64 años de edad, conforme los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Según Empleo, al cierre de 2012, 131.514 personas con discapacidad estaban en paro –el 2,71 por ciento de los desempleados del país–, tras registrar un incremento del 19,39 por ciento, muy por encima del que había experimentado en el mismo periodo la tasa general, que creció un 9,64%.

Además, el informe recogido por Europa Press revela que el 60 por ciento son parados de larga duración (más de un año en desempleo), cuando en el conjunto de la población son alrededor del 40 por ciento. «La búsqueda de un puesto de trabajo es más prolongada en el tiempo, dibujando un cuadro poco alentador para los parados que tienen reconocida alguna discapacidad», explica.

En su mayoría, estos parados de larga duración son hombres con una discapacidad física. De hecho, el 55 por ciento de los trabajadores del colectivo presentan este tipo de discapacidades. Existe, además, una relación directa entre la edad y la antigüedad como demandante de empleo, de manera que «a mayor edad, mayor permanencia como desempleado», conforme el estudio del Ministerio de Empleo.

En cuanto al perfil de los desempleados con discapacidad, el informe apunta que son en su mayoría mujeres (51,40%) y revela que en cuatro de cada diez casos, se trata de personas que no han alcanzado la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Por contra, el paro entre quienes poseen una titulación superior es en este colectivo del 9,70 por ciento.

Por sectores, el 66,38% de los parados con discapacidad proceden del terciario, cuando en el conjunto de la población los desempleados de este área no representan ni el 50% del total. Además, «el número de parados en el sector Servicios, en la Construcción y en la Agricultura se haya triplicado desde el año 2008», según el informe.

En paralelo, se ha producido un descenso en la contratación de personas con discapacidad, que el año pasado llegó a ser del 3,32 por ciento, aunque entre el resto de la población la reducción fue del 1,33%. En 2012 se concertaron 150.331 contratos en este colectivo, el 1,06 por ciento del volumen nacional.

Estas cifras cobran mayor relevancia teniendo en cuenta que en la década anterior a 2008 la contratación de personas con discapacidad había evolucionado de forma más favorable que la del resto de la población, llegando a acumular un crecimiento del 27,74 por ciento. No en vano, el primer retroceso en una década se produjo en 2008, tras registrar en 2007 el valor más alto de su historia.

SE ACORTA LA BRECHA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN

Tras cinco años de caídas, en 2012 se ha registrado además la menor proporción en el número de contratos indefinidos para personas con discapacidad de la última década, con un decremento acumulado en el último quinquenio del 36,58%. Mientras, los contratos temporales han aumentado en ambos periodos (32,84% y 4,70%).

Por género, los hombres siguen registrando más contratos que las mujeres (58,36% y 41,64%, respectivamente), pero la brecha se acorta año tras año, pasando de los 31,88 puntos diferenciales en el año 2003 a los 16,71 puntos en el año 2012. En el mercado nacional total hay un mayor equilibrio en el reparto de la contratación, con el 52,93% de los contratos para los hombres y el 47,07% para las mujeres.

En cuanto al perfil profesional, algo más de seis de cada diez contratados con discapacidad tienen un nivel nivel formativo de enseñanza secundaria obligatoria (son el 51,87% en la población general), y en su mayoría trabajan en el sector terciario y la industria, mientras tienen poca presencia en el sector primario y la construcción en comparación con el resto de la población activa.

Además, registran mucha menos movilidad: el 93,58% trabaja en la provincia en la que tiene residencia permanente, mientras sólo en un 6,42 por ciento de los contratos registrados se produce un cambio de residencia. «Se constata que este colectivo es el de menor movilidad laboral de todos los colectivos con dificultades de inserción en el mercado de trabajo», explica el informe de Empleo.

Leer noticia.Associació pels Drets Civils dels Discapacitats