discriminación
FAMMA remite a Consumo las denuncias sobre la aplicación de tarifas abusivas a usuarios discapacitados del Eurotaxi
La Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos y Orgánicos de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha remitido a la Dirección General de Consumo documentación que acredita que algunos profesionales del Eurotaxi Madrileño han aplicado tarifas abusivas a personas con discapacidad, según ha confirmado la organización en un comunicado.
FAMMA ha asegurado que «se ha denunciado públicamente esta situación a lo largo de las últimas semanas y han tomado esta medida con el fin de poder atajar de raíz las prácticas ilegales que llevan a cabo algunos profesionales del sector del taxi, quienes, en el 100% de los casos analizados por FAMMA, aplicaron a personas con discapacidad una tarifa superior a los 5 euros en el momento de la recogida, cuando, precisamente, éste es el tope máximo legal fijado en los cuadros tarifarios vigentes en este 2013, así como en la Ordenanza Reguladora del Taxi de Madrid».
A su vez, la organización ha añadido que se han detectado que hay incluso casos en los que los taxistas han aplicado una tarifa en el momento de la recogida de 18 euros, «una práctica lamentable que está fuera de norma y que menoscaba los derechos fundamentales de quienes tienen una discapacidad, como personas y como consumidores».
Los usuarios del Eurotaxi que han vivido este tipo de actuaciones, según expone FAMMA en el escrito enviado a la Dirección General de Consumo, «han sido objeto de una situación discriminatoria, dado que se les ha aplicado una tarifa ilegal y fuera de norma que no se aplica al resto de ciudadanos, lo que contraviene numerosos preceptos de la legislación vigente, entre ellos los que establece la Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) o la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
«Precisamente, sin ir más lejos, en este último tratado, que ha sido rubricado por la Comunidad de Madrid en el pleno celebrado el 19 de junio de 2008, se establece, en su artículo 9, que la Administración debe garantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones para todas las personas a las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, como, en este caso, el transporte», ha declarado la Federación.
Por otra parte, FAMMA también ha asegurado que los conductores «aplican la cuantía máxima de recogida de 5 euros (o tarifas superiores) incluso en trayectos en los que, por proximidad, no se llegaría a ese importe y que, además de la aplicación de tarifas que están al margen de la legalidad, en los casos estudiados se brinda al usuario un servicio que, en muchos casos, no cumple con lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del Taxi como la entrega de tickets que no se ajustan a la norma».
Por último, la Federación ha concluido manifestando que seguirá en actitud vigilante «para denunciar cualquier acción ilegal y discriminatoria que vulnere, como en este caso, los derechos de las personas con discapacidad».
CERMI denuncia que el proyecto la de Ley de Apoyo a Emprendedores «omite por completo» a la discapacidad
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que el proyecto de la Ley de Emprendedores «es decepcionante» puesto que «omite por completo a la discapacidad y ni siquiera recoge un recuerdo de cortesía a la Economía Social».
Ante esto, Pérez Buen ha lamentado que «para la gobernanza económica del país, la organizaciones de discapacidad sigue siendo inexistentes». Por ello, considera que es «innegable que la postrada economía española precisa de estímulos intensos para reactivarse». «Es una evidencia que se ha hecho poco y mal desde los poderes públicos», ha apuntado.
«Si la Ley de Apoyo a Emprendedores pretende reformular las bases del emprendimiento económico, incluida, por supuesto, la dimensión social, desde fundamentos sólidos y con fines ambiciosos, será bienvenida –ha precisado–. Pero si la Ley es empleada a guisa de señuelo para parecer que se hace algo, entonces será, no sólo una burla, sino un fracaso estrepitoso».
Por otro lado, ha destacado que las entidades centradas en la discapacidad «no pueden conformarse con quedar cubiertas o amparadas simplemente por las medidas genéricas». «Sería una prueba más de que nuestra clase política no sabe identificar ni apreciar lo mucho y bueno que se está haciendo en términos de desarrollo económico por parte del movimiento social de la discapacidad», ha añadido.
Finalmente, Pérez Bueno ha recordado que el hecho de que les «borren del mapa», «no significa que no existan y que estén vivos». En este sentido, ha anunciado que el Comité ha presentado al Gobierno un documento extenso con decenas de medidas favorables a la discapacidad desde la dimensión económica. «Presionaremos para que terminen acogiendo alguna», ha aclarado.
El CERMI denuncia el «agravio salarial» que sufren las personas con discapacidad que refleja la estadística del INE
El Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) denuncia el «agravio salarial que soportan los trabajadores con discapacidad», un colectivo que según ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, percibe entre un 10 y un 23 por ciento menos que sus compañeros no discapacitados.
La organización llama la atención además sobre «la bajísima tasa de actividad y el alto índice de desempleo» que arrojan los datos, porque a su juicio «indican que las personas con discapacidad en España están estructuralmente excluidas del mercado de trabajo y las todavía pocas que acceden al mismo lo hacen en peores condiciones que el resto de población empleada».
En cuanto a las retribuciones, el CERMI recuerda que «las personas con discapacidad presentan una brecha importante», de lo que se deduce que «la situación de desigualdad y discriminación asociadas a discapacidad se extiende a todos los ámbitos del mercado de trabajo».
El CERMI, que saluda esta iniciativa estadística para conocer con más precisión la realidad sociolaboral de las personas con discapacidad, destaca como dato positivo que si bien existe brecha salarial de género entre estos trabajadores, es menor que la registrada en la población activa en general (un 9 frente a un 22%).
El año 2012 ha sido «horrible» para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, según el CERMI
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha asegurado que el año 2012 ha sido «horrible» para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, Cayo ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de un año «aún no concluido», pero que ya «ha adquirido la nota de horror propia de lo que destruye lo valioso»
Asimismo, ha señalado que en este año «se han intensificado, hasta extremos de casi devastación, los efectos de la crisis económica y de los ajustes presupuestarios de todas las administraciones en las estructuras del bienestar dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias».
Además, ha denunciado que otro «factor añadido negativo» es la paralización de las nuevas iniciativas, que dejan la agenda política de la discapacidad «inactiva, sin avances y todo justificado por la crisis».
El presidente del CERMI ha explicado que habría que distinguir dos planos. Por un lado, el territorial y, por otro, el estatal. En el plano territorial, correspondiente a las comunidades autónomas, Cayo ha apuntado a las políticas de recorte iniciadas hace cuatro o cinco años y que «se han agudizado de tal manera que el sector de la discapacidad corre un claro peligro de colapso».
En cuanto al plano estatal, ha destacado que el sector de la discapacidad «ha acusado con mayor virulencia si cabe las políticas de reducción del gasto impuestas por la situación económica». «No ha habido una voluntad de debilitar específicamente las políticas de discapacidad, pero los recortes han repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a esta materia, situándolos en una posición de enorme precariedad y con dudas sobre su continuidad», ha aseverado.
«El error de nuestra clase política dirigente es que no saben actuar si no es echando mano del dinero –ha agregado–. No hay espacio siquiera para ‘la agenda amable’, es decir, para el conjunto de decisiones e iniciativas que no están condicionadas por los recursos económicos y que contribuyen a generar un cambio social favorable».
Cayo ha advertido de que los recortes en esta materia dan pie a la «destrucción del frágil bienestar alcanzado en los últimos años para un grupo social tan vulnerable en términos de derechos como el de las personas con discapacidad y sus familias». Así, ha asegurado que «no se salva nadie de la agresión contra la discapacidad, que ha sido práctica extendida y de la que solo cabe levantar acta».
Por último, ha recordado que «la situación en la que se encuentra la discapacidad es tal que ha llevado a hablar, sin exageración, de la discapacidad como zona próxima a lo catastrófico y que ha inducido a lanzar una llamada de socorro, un ‘SOS Discapacidad’, que clamaron más de 90.000 personas en Madrid el pasado día 2 de diciembre».
La justicia europea dictamina que la ley española de pensiones discrimina a los trabajadores a tiempo parcial
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que la normativa española sobre pensiones discrimina a los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría son mujeres, ya que les exige un periodo de cotización proporcionalmente mayor al del resto de contribuyentes.
La sentencia responde a la denuncia de una mujer que trabajó exclusivamente como limpiadora de una comunidad de propietarios durante 18 años a jornada parcial de 4 horas a la semana (es decir, el 10% de la jornada legal en España). A la edad de 66 años, presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social para obtener una prestación de jubilación, que le fue denegada por no reunir el período mínimo de cotización de 15 años.
El caso acabó en el juzgado de lo social de Barcelona, que preguntó al Tribunal de Luxemburgo si la norma española vulnera la directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.
El juzgado remitente destacaba que la legislación española computa exclusivamente las horas trabajadas y no el periodo de cotización, es decir, los días trabajados. En el caso de la denunciante, ello implica que las cotizaciones pagadas durante 18 años al 10% de la jornada equivalen a un periodo de menos de 3 años, por lo cual tendría que trabajar 100 años para acreditar los 15 años que le permitan acceder a una pensión de 112,9 al mes.
En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia dice que la ley española vulnera la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.
El motivo es que «exige a los trabajadores a tiempo parcial -que en España al menos el 80% son mujeres-, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una pensión de jubilación contributiva cuya cuantía ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada».
El Tribunal señala que «debido al método que se emplea para calcular el período de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, dicha normativa priva en la práctica a estos trabajadores de toda posibilidad de obtener tal pensión.»
Geriatras dicen que los hospitales para mayores están «desterrados» del mundo occidental
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología (SMGG), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y la European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) han afirmado este lunes que los hospitales monográficos para mayores están «desterrados» del mundo occidental.
Estas organizaciones se han referido a la conversión del Hospital de La Princesa en un centro especializado en mayores y han indicado que «los hospitales monográficos para la atención a personas mayores están prácticamente desterrados en el mundo occidental desde hace ya varias décadas, y esto es así por razones, entre otras, funcionales, económicas y éticas».
A su juicio, la puesta en marcha de un centro especializado para la atención a personas mayores supone «la creación de una situación de clara discriminación negativa con respecto al resto de la población».
«Se pretende limitar el acceso a métodos diagnósticos y terapéuticos a un sector de la población, únicamente en base a su edad, máxime cuando son los pacientes mayores, crónicos y discapacitados los de mayor complejidad», indican y afirman que «no deja de ser paradójico que en el contexto del ‘Año Europeo de la Solidaridad Intergeneracional’ se pretenda construir una especie de ‘gueto’ en materia de salud para los ancianos en relación con el resto de la población».
En este sentido, exponen que «si se pretende hacer un hospital menos tecnificado y costoso para los mayores se estaría cometiendo una gravísima discriminación por la edad y si lo que se propone es hacer un hospital excesivamente tecnificado», se estaría «gastando más» de lo que se pretendía ahorrar.
«Como demuestra la evidencia científica, la Geriatría debería estar en todos los hospitales de agudos para atender, enseñar y ayudar a manejar adecuadamente a los ancianos utilizando los recursos sanitarios de una manera lógica, eficiente y justa», sostienen.
El recientemente publicado Plan Estratégico de Geriatría para la Comunidad de Madrid, elaborado a propuesta de la propia Consejería, «no establece en ninguno de sus puntos la creación de un centro de las características que se recogen para el Hospital de la Princesa», añaden.
Las asociaciones dicen que los Servicios de Geriatría existentes en la actualidad en los hospitales de la Comunidad de Madrid «han demostrado y siguen demostrando su eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de servicios a las personas mayores» y sostiene que «éste es el único modelo a seguir».
«Esta actuación no favorece al usuario, ni a los profesionales, ni al Sistema Sanitario, por lo que esperamos que se adopten las medidas necesarias para evitar su implantación», destacan.
El alcalde de Soria baraja la posibilidad de «revisar los privilegios» de ciertos estamentos como la Iglesia
Valladolid, Ávila, Burgos y Segovia ya han descartado aplicar medidas como el cobro del IBI y el Gobierno no ve razón «fundada» para hacerlo
Los ayuntamientos de Soria y León están estudiando la posibilidad de imitar a los de Zamora, Palencia y Salamanca en Castilla y León y empezar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, mientras que Segovia, Valladolid, Ávila y Burgos lo han descartado por el momento.
Por un lado, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha explicado que el Consistorio baraja la posibilidad de «revisar los privilegios» de ciertos estamentos, como la Iglesia, ya que ve «legítimo» un cambio en la normativa que exime a esta institución. Es más, ha precisado que si hay que hacer un «esfuerzo especial por eximir de pagos a ciertas administraciones, habrá que hacerlo con quienes más lo necesitan».
En cuanto a León, el portavoz del equipo de Gobierno, José María López Benito, ha indicado que el Ayuntamiento está realizando un estudio para valorar la incorporación al padrón de todos los bienes inmuebles que hay en la ciudad para que el IBI sea abonado legalmente por todos.
No obstante, ha precisado que el citado estudio no se realiza específicamente con vistas a los bienes de la Iglesia, sino con independencia de quién sea el titular, y ha concretado que no hay ninguna decisión tomada por el momento, aunque no se descarta el cobro a la Iglesia.
De este modo, las dos ciudades podrían pasar a engrosar la lista de los ayuntamientos castellano-leoneses que ya reclaman a la Iglesia el pago del IBI. Zamora ha anunciado este martes que ha actualizado el padrón para cobrar tanto este impuesto como la tasa de basuras a la Iglesia.
Según ha explicado el Ayuntamiento zamorano, «no hay ningún cambio en el IBI», puesto que la Ley de Mecenazgo y el Concordato con la Santa Sede dicen que algunos templos «están exentos del pago», si bien ha reconocido que lo que se ha realizado ha sido una revisión y actualización de los padrones y los templos que no se incluyan en la normativa pagarán el impuesto.
La edad es ya la segunda causa de discriminación laboral en Europa y en España
La edad es ya la segunda causa de discriminación laboral en Europa y en España, por detrás de la etnia, según señala elEurobarómetro en el estudio ‘Discriminación en la Unión Europea en 2009’.
Por debajo de la edad, se sitúan la discapacidad o el sexo. Este informe revela que el 15% de los encuestados han sido testigos de esta forma de exclusión, y que 6 de cada 100 aseguran haber sido víctimas en el lugar de trabajo o cuando buscaba un empleo.
«Cada vez hay más tendencia a considerar viejos a los mayores de 45 años en el entorno laboral», explica el jefe de prensa de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), José Alberto Álvarez. Un dato paradójico si tenemos en cuenta que la esperanza de vida ha aumentado más durante el siglo pasado que en los dos mil años anteriores. En función del país en el que residamos, podemos llegar a alcanzar hasta los 100 o, incluso, 120 años de vida. «Sin embargo -continúa Álvarez- nadie se considera mayor, todos rechazamos esta idea; y aquí está la base de la discriminación, en la estigmatización de aquellos que superan los 50 años».
