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Familiares y trabajadores afectados se concentran ante el asilo de Pontevedra para protestar contra su cierre

Un grupo de familiares y trabajadores afectados se concentró este lunes ante el asilo de Pontevedra para protestar por la decisión de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de cerrar este centro geriátrico con 120 años de historia. Tras la movilización se celebró una asamblea informativa dentro del asilo.

La corporación municipal mostró su apoyo a los afectados con la presencia de varios concejales de los tres partidos –BNG, PP y PSOE–.

Ante la puerta principal del asilo, algunos de los concentrados acusaban a las monjas de «ocultar la verdadera razón del cierre irrevocable del establecimiento».

Inicialmente, en una tensa reunión mantenida con los familiares de los internos, el abogado contratado por esta comunidad religiosa, Jaime Fernández Martos, aludió a una «profunda reforma» que exigiría la Xunta para mantener abiertas las instalaciones. Sin embargo, la Superiora General de la Congregación, María Purificación Castro Negro, rechazó este motivo en una visita que hizo este fin de semana a Pontevedra desde la casa generalicia ubicada en Valencia.

Según la Superiora la razón estaría en «la falta de vocaciones». No obstante, las protestas durante la movilización de hoy apuntaban a la especulación urbanística.

A este respecto, el portavoz del gobierno local, Raimundo González, informó que el edificio del asilo y los terrenos que ocupar son de «titularidad privada pero constan en el Plan General como un equipamiento socio-asistencial y por lo tanto sólo tendrían cabida equipamientos de carácter privado, no viviendas». El edil añadió que «el edificio no tienen ningún tipo de catalogación que proteja al viejo inmueble».

Por su parte, la concejala responsable de Asuntos Sociales, Carme Fouces, aseguró creer a la Xunta de Galicia «cuando dice que no le ha puesto impedimentos para seguir desempeñando su trabajo». La concejala se refirió a este hecho como un «drama».

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