Impagos
Bienestar Social de la Junta dice que tenía «una alternativa» si no volvía la luz a la residencia Suite San García
En relación a los problemas que se han producido en la Residencia de Mayores Suite San García, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social desea aclarar que ha sido la primera en tomar medidas para garantizar el bienestar de las personas que se encuentran en ella. La misma tarde que se produjo el corte de luz se realizaron las gestiones pertinentes, a través de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, para que Endesa restableciera el servicio, algo que se consiguió a última hora de la tarde gracias a esta actuación.
En cualquier caso, si no se hubiera solucionado el problema, Salud y Bienestar Social tenía una alternativa para estas personas, que en ningún momento se iban a quedar desatendidas por parte de la Junta de Andalucía.
En cuanto a las inspecciones, en tan sólo 10 días se han realizado hasta tres por parte de técnicos de Salud y Bienestar Social. Las dos últimas se han producido en la mañana de ayer, cuando un inspector de la Delegación acudió a esta residencia para levantar acta de cualquier incidencia que pudiera existir, y esta misma mañana, cuando la propia jefa de Inspección de Servicios Sociales, acompañada de otra inspectora, ha vuelto a acudir para hacer el seguimiento del asunto.
No existe por tanto, como se quiere afirmar por parte de determinadas personas, dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía, que de oficio suele realizar inspecciones a todas las residencias de mayores para comprobar su estado.
En ese sentido, a la Delegación de Salud y Bienestar Social le sorprende las declaraciones de la edil del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, pidiendo a la Administración autonómica que tome cartas en el asunto porque llega tarde, pues ya desde el mismo momento en que se produjo el corte de luz la delegación se puso al frente para solucionar el problema.
Las familias acogedoras tampoco cobran en Valencia
Según la propia Consejería de Bienestar Social, “el acogimiento familiar es una medida de protección que produce la plena integración del menor en la familia que lo acoge”. Los acogedores adquieren las obligaciones inherentes a la guarda del menor (velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral). Pero, al mismo tiempo, y con el fin de que el acogimiento se desarrolle de forma satisfactoria para ambas partes es necesario recibir una serie de apoyos técnicos o humanos y, en algunos casos, la ayuda material para que el acogimiento no suponga una merma en su economía familiar. Para lograr estos objetivos, la Consejería de Bienestar Social convoca cada año unas ayudas económicas por acogimiento. Pero con la situación generalizada de impagos y deudas del Consell estas ayudas no están llegando en tiempo y forma.
Los datos oficiales de la Consejería de Justicia y Bienestar Social indican que en la Comunidad Valenciana hay 4.555 menores en situación de desamparo. De éstos un total de 1.228 se encuentran en acogimiento residencial, y 451 en acogimiento familiar con familia educadora, algunas son las denominadas de urgencia y diagnóstico.
Las ayudas económicas que reciben las familias educadoras oscilan entre los 250 y los 750 euros, dependiendo de la modalidad de acogimiento y de las necesidades de cada menor. Pero las prestaciones no llegan desde hace 6 meses, y a pesar de ello, siguen asumiendo los gastos generados por el desarrollo de la guarda de los menores tutelados por la Administración, como leches maternizadas, pañales, ropa, vacunas, etc. Además, muchos de estos niños acogidos son especiales, y necesitan una atención específica. Algunos de ellos han podido sufrir malos tratos o abusos, otros necesitan atención médica especializada, muchos acuden al logopeda, al psicólogo o al fisioterapeuta, y otros necesitan sillas de ruedas o complementos ortopédicos.
Las familias de acogida de urgencia para llegar a serlo antes tuvieron que realizar los correspondientes cursos de formación exigidos por la consejería, así como una evaluación del entorno familiar, social y económico; además, durante todo el acogimiento, las familias tienen asignado un técnico que se encarga de evaluar y hacer el seguimiento correspondiente de los menores, de la familia biológica y de la familia acogedora, y son el “enlace” con la consejería. Un requisito imprescindible para ser familia acogedora de urgencia y diagnóstico, es la disponibilidad absoluta que se les exige y que resulta incompatible con la vida laboral. Todo su tiempo está dedicado a garantizar la total atención del menor. “Te pueden llamar desde la consejería y en dos horas te llevan un bebé a casa, por eso debemos tener disponibilidad total. Pero tal como están las cosas con la crisis, si no puedes trabajar, tu pareja está en paro y las ayudas no nos llegan desde abril con lo que volvemos a acumular seis meses (sumados a otros ocho que ya estuvimos en la misma situación con anterioridad…) la cosa se complica irremediablemente y resulta muy difícil seguir dando a estos menores todo lo que necesitan para su adecuado desarrollo, como ir al psicopedagogo etc.…” explican Cristina Martín, Cristina Gomis y Maite Sendra, tres madres que hacen acogidas de urgencia desde hace años y que vienen reclamando un acogimiento simple desde hace 20 meses.
Las familias educadoras temen que “tal y como está pasando actualmente, los cursos de formación de nuevas familias no se realicen con la misma asiduidad que en años anteriores, y que los centros residenciales se conviertan en el primer destino para los menores debido a la falta de familias educadoras. Cuando nadie pone en duda que la familia es el entorno ideal para que cualquier menor pueda desarrollar todas sus capacidades” afirma Pedro Luis Amorós, padre de acogida y especialista en educación especial.
Alicia Sirvent lleva más de siete años acogiendo niños en urgencia, por su casa han pasado más de 15 menores en situación de desamparo a los que la Generalitat ha retirado la tutela de sus padres biológicos. Sirvent reconoce que acoge a estos niños porque “son una realidad social, ellos necesitan de una familia durante un tiempo, y tienen derecho a crecer en una familia y les brindamos nuestro tiempo y afecto”. Sirvent admite que está satisfecha con lo que hacen “pero tengo la sensación de que algo falla en el engranaje del sistema, que es imperfecto, desde el momento en el que hay menores creciendo en residencias. Esta sociedad debe velar por sus derechos, les debe una familia que les proporcione calor, que los valore y les sea incondicional”. Martín destaca que estos niños “se nutren cada día de cariño, y de un amor que tiene fecha de caducidad, la sociedad se lo debe y nosotras disfrutamos sintiendo que ayudamos al crecimiento físico y psíquico de estos menores”.
Cristina Gomis, que tiene un niño en acogida permanente y hace acogidas de urgencia, opina que este es un recurso que no está suficientemente valorado, a pesar de que se ha demostrado sobradamente que es mucho más rentable que el internamiento en centro, tanto a nivel emocional como económico. “A pesar de la falta de pago, las familias de acogida seguimos pidiendo a consejería que se nos considere como el primer recurso ante una situación de riesgo o desamparo, y que los niños lleguen a nuestros hogares antes que a las instituciones”.
Estas familias confían en que se apruebe definitivamente la nueva ley que se tramita en el Senado sobre Reforma de Acogimiento y adopción que permita “dignificar” las condiciones del acogimiento.
Bienestar Social debe a Adis el 25% del presupuesto de un año de esta asociación
La Asociación de Discapacitados Adis Vega Baja tendrá que plantearse dejar de prestar servicios si la deuda que mantienen con este colectivo diversas administraciones públicas sigue en aumento. La presidenta de Adis, Josefina Valero, dio cuenta ayer de la cuenta que la Conselleria de Bienestar Social tiene con la asociación, un departamento que ni siquiera tiene reconocido a este colectivo como centro pese a que lleva 14 años en funcionamiento «porque para ellos los niños de 4 a 18 años no existen». De un presupuesto que se acerca a los 300.000 euros Bienestar Social tiene una deuda de 72.000 por actividades realizadas, pagadas y justificadas por la asociación y que todavía no ha cobrado, lo que supone prácticamente la cuarta parte del dinero que Adis necesita para pasar el año.El sector de la dependencia se plantea los primeros cierres de centros por los impagos de la Generalitat valenciana
Según Aerte, «ya son varios los centros que se plantean la opción de cerrar sus puertas, ante la imposibilidad material de continuar dilatando la situación de deterioro en la que se han visto inmersos por los impagos que ya se acercan al año».
La patronal ha destacado que los trabajadores están sin cobrar varias nóminas, los centros comienzan a tener desabastecimiento de materiales y no hay «ningún horizonte de resolución para este problema» ya que a la situación «se suman a los elevados intereses que muchos centros están pagando por los créditos con los que afrontan esta situación».
Por ello, se presenta un «escenario oscuro» para el sector, «al que se suma la incertidumbre generada por los anuncios en los que Bienestar Social afirma que se ha abonado una parte de la deuda con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico», un extremo que niegan Aerte y sus centros asociados.
Frente a esta situación, Aerte exige «claridad» a la Generalitat y el pago de la deuda existente «como única opción para finalizar una situación perjudicial para los centros, los trabajadores y los dependientes». De no resolverse esta situación, la patronal advierte de cierres de centros durante los próximos meses en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, ha apuntado que las informaciones sobre la concertación de 2.000 plazas de accesibilidad social, han generado una «notable alarma» entre los asociados de Aerte, que ni apoya ni está de acuerdo con esta posibilidad.
La Junta Directiva ha creado una comisión de trabajo para presentar a la Conselleria de Bienestar Social «una serie de reivindicaciones históricas, de forma que pueda llegarse a un acuerdo global que beneficie a todo el sector». Este acuerdo, según fuentes de la Junta Directiva, deberá ser aprobado y ratificado en una asamblea extraordinaria convocada para ello, que se celebrará durante la primera quincena del mes de diciembre.
Trabajadores del sector de la dependencia se concentran en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas
Trabajadoresdel sector de la dependencia se han concentrado este miércoles en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas como consecuencia de la deuda de la Generalitat, que cifran en 150 millones de euros, según ha informado en un comunicado CCOO, que ha convocado la protesta junto con UGT.
El sindicato ha cifrado en «centenares» las personas que han secundado la protesta en Valencia y Alicante, con presencia de trabajadores de distintos centros, que advierten de su situación «límite», y representantes de las dos centrales. Los participantes han reclamado que la administración «pague la gran deuda que tiene con el sector de la dependencia que atiende a la tercera edad y centros de mujeres maltratadas».
La concentración en Valencia se ha celebrado, primero, a las puertas de la Conselleria de Hacienda y más tarde frente al Palau de la Generalitat, con cánticos y gritos para exigir el pago «inmediato» de las nóminas a los trabajadores y defender la permanencia en el tiempo de la atención a las personas en situación de dependencia.
Según CCOO, «son más de 500 los centros y servicios afectados por los impagos» mientras que cerca de 20.000 trabajadores tienen dificultades para cobrar sus nóminas. Actualmente, el 10 por ciento del personal ya no los cobra y ven «peligrar» sus puestos de trabajo «por el alto riesgo de que las empresas entren en concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus deudas».
Para los trabajadores, es «un sinsentido» que la Generalitat «quiera acallar las demandas de la población abonando solo 30 millones de euros para todo el sector cuando en total debe 150 millones».
QUE DEJEN DE «PONER PARCHES»
Los concentrados han exigido el pago «inmediato» de la deuda que tiene la Generalitat con los centros de Atención a la Dependencia y que dejen de «poner parches a una situación dramática y ya desesperante, porque así solo consiguen prolongar más la agonía de todos los afectados».
Según el manifiesto, «no se puede pretender acallar nuestras quejas haciendo pequeños pagos, como ejemplo los de Accesibilidad Social, que arrastra una deuda de diez mensualidades, y solo le han liquidado una».
Las trabajadoras y trabajadores del sector aseguran estar en «situación límite» por el «incumplimiento reiterado de la Generalitat de su obligación económica con los centros dedicados a la atención a las personas con dependencia», ya que los impagos se arrastran a lo largo del año y la deuda «supera ya los 100 millones de euros para la tercera edad».
«Lo que lleva a que, ante la falta de financiación bancaria, las empresas del sector están cerrando centros; despidiendo a trabajadores y, en la mayoría de los casos, dejando de pagar las nóminas», han denunciado, para lamentar la «incertidumbre que existe en el sector, tanto para empresas como para las plantillas».
Los trabajadores califican de «insoportable» los «continuos impagos del Consell; los recortes en dependencia; y las modificaciones en el concierto de las plazas de la Red de Utilización Pública, que están generando que el sistema que teníamos se venga abajo, y mientras se destruye el empleo, el empleo estable y de calidad e, incluso, a la incertidumbre constante de si se va a cobrar la nómina».
CCOO y UGT han pedido «transparencia y claridad» al Consell sobre el «tan anunciado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que llega con cuentagotas y está produciendo situaciones injustas y denigrantes para las personas en situación de dependencia y para las trabajadoras y trabajadores que atienden a este colectivo tan necesitado».
Sin dinero para residencias, un matrimonio separado por la dependencia
Desde que su mujer, Antonia, ingresó en un geriátrico hace un año, Julio Tomás Ruiz, de 90 años de edad, vive solo en un cuarto piso sin ascensor. Cada día sube y baja las escaleras para ir a verla a la residencia. “Ayer hizo 59 años que nos casamos”, recuerda. Asegura que, con su pensión, no puede costearse otra plaza de residencia y está a la espera de la resolución de la ayuda de la dependencia. “Cada vez es más frecuente que personas que quieren entrar en una residencia no puedan hacerlo porque la Generalitat todavía no ha concedido la ayuda y ellos no pueden pagársela”, explica Mónica Lucena, coordinadora del área social de Amics de la Gent Gran, entidad que acaba de cumplir 25 años y que lucha desde el voluntariado contra la soledad de las personas mayores y su marginación social.
El de Julio no es un caso aislado. Hay personas mayores que todavía no han sido valoradas como grandes dependientes aunque tengan problemas que les reste autonomía personal. “Los criterios de la dependencia son muy restrictivos”, comenta Llum Delas, de la Asociación Solidaritat amb la Gent Gran, una entidad sin ánimo de lucro que gestiona un centro de día con 30 plazas ubicado en Ciutat Vella. Explica que en las valoraciones se tiene en cuenta sobre todo el criterio de la movilidad, la alimentación y la higiene, pero no “el deterioro cognitivo” relativo a la vejez, que según Delas, puede comportar olvidos, «como dejarse el gas encendido», que podrían poner en peligro la seguridad de la persona.
En contra de los impagos a la dependencia
Las fuentes consultadas coinciden en que es poco frecuente que personas mayores que ya están en una residencia la abandonen porque hayan dejado de poder costearla. Sin embargo, cada vez es más habitual que cuando no pueden pagarla, sean trasladadas a una plaza concertada o pública. De hecho, mientras que en muchos centros hay listas de espera para ocupar plazas públicas y concertadas, las vacantes en las privadas van en aumento, tal como se admite desde la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), que denuncia también el impago por parte de la Generalitat de 70 millones de euros correspondientes a los servicios prestados en el mes de mayo.
Por este motivo la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha decidido promover una iniciativa legislativa popular para que la administración catalana priorice por ley los pagos a ancianos dependientes y evitar así que puedan repetirse impagos de conciertos como ocurrió el mes de julio pasado. Piden que se bloqueen de los presupuestos las partidas destinadas a este colectivo.
Por otro lado, el Gobierno español ha aprobado medidas para reducir las partidas de servicios sociales, que ha impedido el desarrollo de la ley de la dependencia tal como fue concebida. Entre algunas de estas decisiones está la prórroga de la atención a las personas con dependencia leve hasta 2015, la reducción del 15% como mínimo de las pagas que recibe el cuidador familiar y la supresión de las cuotas que abonaba el Ejecutivo a la seguridad social.
Los profesionales y voluntarios geriátricos también señalan que cada vez es más habitual que las ayudas a la dependencia que concede la administración no lleguen a cumplir su función porque el dinero va a parar a manos de hijos y nietos en apuros económicos. “La crisis está agravando mucho la autonomía financiera de estas personas”, añade Llum Delas, que relata que algunos de los usuarios del centro de día en que trabaja como voluntaria cobran pensiones de entre 350 euros y 600 euros, “pero a veces este dinero sirve para que vivan familiares que han agotado las prestaciones de desempleo y no encuentran trabajo”.
Ayuda que no se paga
Más allá de las prestaciones administrativas, el sector de servicios sociales dedicados a atender las necesidades de la gente mayor también cuenta con varias organizaciones benéficas cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un ejemplo es Amics de la Gent Gran que está conformada por un equipo de 700 voluntarios. “Muchos de ellos son personas paradas que quieren ocupar el tiempo que ahora no dedican al trabajo en tareas de voluntariado”, explica la coordinadora del área social de la entidad sin ánimo de lucro, que, como curiosidad, cuenta con una voluntaria de 90 años.
Los voluntarios visitan una vez por semana a la persona mayor, que también tiene la opción de participar en una red de actividades para relacionarse con gente. Por ejemplo, tertulias a domicilio y excursiones. “Pretendemos que se sientan parte de un grupo y que no estén solas”, comenta Mónica Lucena. Y es que, según ella, la soledad tiene “un impacto directo” en las enfermedades. “La persona que se siente sola puede padecer más hipertensión, tiende a entrar en un estado de tristeza, de aislamiento, lo que genera a veces falta de autonomía”.
Los geriátricos promueven una ILP para evitar más impagos del Govern
La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha puesto en marcha una iniciativa para evitar que las personas mayores dependientes queden desprovistas de lo mínimo para vivir dignamente en las instituciones.
El objetivo es promover una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Generalitat blinde por ley los presupuestos destinados a este colectivo. La Ascad quiere evitar que se repita la situación por la que pasan ahora los centros de atención a la dependencia ante el impago del Govern de la factura del mes de julio que asciende a 70 millones de euros.
El director de la Ascad, Iñaki Anton, explicó a Ep que la asociación buscará la complicidad de los partidos políticos. Para ello, la entidad ha organizado una jornada informativa el próximo jueves con representantes de las formaciones. El encuentro se realizará en una residencia de Barcelona para que los políticos puedan comprobar «in situ» cuál es el día a día de los directores de estos centros y sepan de primera mano a qué y cómo se destina el dinero que reciben de la administración pública para cuidar de los ancianos dependientes. Al parecer miembros de todos los partidos políticos catalanes han confirmado su asistencia. La cita busca también que los programas electorales incluyan medidas de protección al colectivo.
Precisamente ayer, el conseller de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries, dijo que saldará la deuda de 70 millones antes de final de año asegurando que el sector es «prioridad» para el Govern.
Los imapagos de la Generalitat valenciana deja sin suministro electrico a la conselleria de Bienestar Social entre otras sedes del govern
Las Consellerias de Justicia y Bienestar Social y de Agricultura, así como la Biblioteca Valenciana, ubicada en el monasterio de San Miguel de los Reyes, se han quedado a oscuras este martes después de que Iberdrola, por orden de Unión Fenosa, haya cortado el suministro de luz por los impagos de la Generalitat Valenciana.
La compañía también ha amenazado con cortar la luz a la Conselleria de Sanidad donde, según ha denunciado Esquerra Unida, se ha recomendado a los trabajadores que no utilicen el ascensor «por si la empresa corta la luz».
El suministro en las dos Consellerias afectadas se ha restablecido pasadas las cuatro de la tarde.
Un comunicado de Gas Natural Fenosa asegura que, «de acuerdo con los procedimientos internos elaborados al amparo de la Ley de Compras de la Administración Pública», solicitó a la distribuidora -en alusión a Ibedrola- el «cese temporal» de suministro de «unos pocos puntos no esenciales de la Generalitat».
Según la empresa, se ha estado en «permanente contacto» con la Administración autonómica y se está «procediendo a solicitar» a Iberdrola el restablecimiento del servicio «una vez resulta la situación».
La diputada de EUPV en las Cortes, Marina Albiol, ha pedido la comparecencia del conseller Luis Rosado para que explique las amenazas de cortes de luz y ha lamentado que la situación financiera de la Generalitat esté «degenerando» hasta este punto. «El conseller Rosado tendrá que dar explicaciones sobre cómo se ha llegado a esta lamentable situación y cómo piensan solucionarlo», ha asegurado.
Albiol ha lamentado que la «nefasta política» del PP haya dejado la caja vacía «hasta el punto de no tener ni para pagar la luz». La diputada autonómica ha registrado una petición de comparecencia del conseller Luis Rosado en las Cortes.
Desde la coalición Compromís, su portavoz en las Cortes, Enric Morera ha considerado «lamentable» que el mismo día que se presentan los Presupuestos de 2013 «se produzca el corte del suministro eléctrico de varias consellerias, lo que es increíble».
«La negligente gestión económica del PP valenciano de Alberto Fabra está provocando un descrédito de las instituciones valencianas y la imagen interna y externa de nuestra tierra es muy mala y es necesario actuar con urgencia porque los valencianos no somos un pueblo de malpagdores, pese a los gobernantes que tenemos», ha asegurado.
En la provincia de Alicante también se han quedado sin luz el Club Náutico de Xàbia así como en instalaciones portuarias de otros municipios cercanos, como el de Santa Pola.
Desde el Club Náutico se ha subrayado que se desconocen los motivos exactos del corte y que todo apunta a un «problema administrativo» por parte de la Conselleria, al tiempo que fuentes de esta institución han subrayado que el Club Náutico se mantiene al día de las mensualidades, que rondan los 9.000 euros y que la gestión ante Iberdrola depende de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El sector de la Dependencia hará acciones conjuntas por los impagos del Consell
Las patronales del sector de la dependencia Aerte y Lares y los sindicatos CCOO y UGT han anunciado acciones conjuntas para protestar por la «situación límite» a la que los impagos de la Generalitat, que les adeuda cerca de 100 millones de euros, ha llevado a los centros que atienden dependientes y a sus trabajadores.El sector de la dependencia anuncia una huelga el día 31
Lares Comunitat Valencia, Aerte, UGT y CC OO anunciaron ayer acciones conjuntas para protestar por la situación «límite» que «casi un año de impagos ha llevado a centros para la asistencia socio-sanitaria y de la dependencia, trabajadores y dependientes». Además, los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV han convocado para el próximo 31 de octubre una huelga en el sector de atención a personas con discapacidad, ya que a consecuencia del impago del dinero adeudado hay trabajadores que llevan más de cuatro nóminas sin cobrar. Según informaron, las patronales prevén el cierre de centros y la desatención a dependientes de mantenerse una situación que ha llevado a las empresas «a la quiebra y la pérdida de empleo de trabajadores». Las entidades explican que «nunca», desde la aprobación de la Ley de Dependencia, el sector se ha visto en una situación «tan límite». Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia convocó ayer una protesta frente a la sede del Consell «ante los brutales recortes que los Gobiernos de Rajoy y Fabra están haciendo a las personas dependientes».
El impago de los atrasos de la ley de la dependencia ahoga a los afectados
El caso de Juan Manuel Escobar ejemplifica el drama personal que están viviendo muchísimas familias de nuestro país, castigadas de una manera profunda por la crisis económica y que se encuentran especialmente ahogadas al no haber cobrado los atrasos que les deben de la Ley de la Dependencia. Este ciudadano de Reus -en el paro, con siete personas a su cargo, y que tiene que pasar cada mes con poco más de 1.300 euros- exige que le paguen los más de 3.000 euros de atrasos que le deben a su mujer, la cual cobra cada mes 250 euros a través de la Ley de la Dependencia.
«En 2009 nos concedieron una paga por la Ley de la Dependencia, pero hasta 2010 no empezamos a cobrarla. Entonces nos dijeron que nos pagarían los 4.000 euros que nos debían de atrasos. Desde entonces, sólo nos han ingresado 700 euros», se lamenta este vecino de Reus. Todo ello ha coincidido en el tiempo con una serie de calamidades, a nivel laboral, tanto para él como para su familia.
Después de quedarse en el paro, y de que su hijo también se quedase sin empleo, Juan Manuel lleva dos años haciendo auténticas filigranas para pasar el mes con poco más de 1.300 euros. «La hipoteca la voy pagando, pero de aquella manera, a medias, por lo que debo unos 500 euros. De la comunidad de vecinos debo dos años y de impuestos del Ayuntamiento más de 1.000 euros», explica desolado este ciudadano, quien añade que «para más inri, mi mujer es diabética y sufre depresión, por lo que toma unas 14 pastillas al día que, con el copago de los medicamentos, me suponen un gasto de unos 40 euros al mes».
Pero, por si fuera poco, Juan Manuel Escobar se encuentra desde hace unas semanas con el problema añadido de que su hija, yerno y dos nietas están a la espera de que el juez ejecute una orden de desahucio, por lo que antes de que se queden en la calle las acogerá en su casa. «Seremos ocho bocas que alimentar, entre ellas dos niñas de nueve años, sin que nadie trabaje», comenta este ciudadano, quien reconoce que «los más de 3.000 euros que nos deben de la Ley de la Dependencia los necesitamos para poder acondicionar el piso ante la inminente llegada de mi hija y su familia». Juan Manuel, quien asegura que lleva tres meses sin dormir por culpa de la preocupación, se queja especialmente por «el trato que nos dan a los ciudadanos en las administraciones. Fui a exponer mi caso a Tarragona y me trataron como a un número. Además, los políticos son todos unos insensibles que lo único que saben hacer es engañar a la ciudadanía».
Juan Manuel quiere que «mi caso, como el que deben estar pasando muchas familias, se sepa para que la gente conozca quienes nos están gobernando. Lo único que reclamo es un dinero que es mío y que me permitiría vivir un poco más tranquilo».
El impago del CC Alt Empordà hace peligrar la atención domiciliaria
Los trabajadores y familiares de la empresa Clece, subcontratada por el Consell Comarcal de l‘Alt Empordà para ofrecer el servicio de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes, reclamaron ante el ente comarcal que cada mes deben avanzar unos 400 euros de su bolsillo ya que no cobran los desplazamientos ni las horas extras. El motivo es que el Consell no paga a la empresa desde hace un año y medio.
«Estamos trabajando con lo nuestro para no dejar sin servicio a personas que realmente nos necesitan» han lamentado. Por su parte, el Consell Comarcal argumenta que no ha podido hacer frente a los pagos de la empresa porque la Generalitat no les ha transferido el dinero.
La plantilla pertenecía hasta ahora a la cooperativa Sersa, que llevaba meses sin pagar las nóminas de los trabajadores por el impago del Consell Comarcal, según explica UGT. En enero de este año, Clece asumió este servicio así como los contratos de los trabajadores que pasaron a ser subrogados a la nueva empresa. Según el sindicato, la empresa les ha informado que la situación es «insostenible» y que si no reciben el dinero este mes, tendrán que abandonar el servicio.
Ruiz y Cleries prevén pagar atrasos el martes con partida del Fondo Liquidez
Los consellers de Salud, Boi Ruiz, y de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, prevén que la Generalitat perciba 560 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) entre los próximos lunes y el martes, día en que se pagarían los atrasos pendientes a proveedores y entidades.
Los dos consellers han señalado que esperan que el dinero llegue el próximo lunes, según se habría comprometido el gobierno central, con lo que «prevemos pagar los conciertos el mismo martes, si no hay ningún cambio imputable al Govern de la Generalitat», ha señalado Boi Ruiz.
«Se dio toda la semana pasada de margen y falló a última hora», ha añadido Josep Lluís Cleries, quien ha pedido «lealtad al gobierno del Estado para que responda con estos recursos, porque está afectando a asociaciones y otros que dependen del concierto».
Los dos consellers han realizado estas declaraciones en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que se ha celebrado en Sabadell.
Bienestar Social argumenta el retraso en el pago a Adislan en que no ha justificado subvenciones
El consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, ha destacado este lunes que la asociación de discapacitados de Lanzarote (Adislan) “gestiona plazas públicas y esas plazas tienen garantía de financiación”.
De esta forma, el consejero ha querido garantizar que los servicios para discapacitados que gestiona Adislan contará con respaldo financiero del Cabildo lanzaroteño, que según UGT adeuda más de un millón de euros correspondientes a 2012.
Eso sí, Acuña ha insistido en que la falta de pago se debe “no a que el Cabildo no tenga el dinero para abonárselo” sino a que “no puede hacerlo porque Adislan no ha hecho los deberes”.
En ese sentido, el consejero insular de Bienestar Social aseguró que la entidad, de la que dependen unos 86 trabajadores y que presta servicio a unos 200 usuarios, tiene pendientes tareas “contables” para justificar las aportaciones del año pasado de acuerdo a “la ley de subvenciones”.
La polémica por el impago de las instituciones públicas –el Gobierno canario también adeuda unos 180.000 euros- se desencadenó el pasado viernes, tras las manifestaciones del secretario de UGT, César Reyes, de que Adislan estaba en una situación crítica.
Reyes apuntó que los trabajadores de Adislan no habían percibido la paga extraordinaria de junio y que, según la dirección de la entidad, carecían de liquidez para hacer frente a las nóminas de septiembre.
La réplica de Adislan llegó unas horas más tarde, desmintiendo que la organización estuviera “abocada al cierre” y confiando en que las instituciones públicas hicieran frente a la deuda, pero obviando las objeciones hechas públicas ahora por el consejero de Bienestar Social.
El mismo viernes al mediodía, desde la dirección de Adislan se aseguró al comité de empresa que, tras una reunión mantenida en el Cabildo, la entidad dispondría de liquidez para el pago de las nóminas entre el martes y el miércoles de esta semana, lo que choca con la versión de Acuña.
Cleries prevé que las entidades sociales cobren antes de fin de año la deuda de julio
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha asegurado hoy que está trabajando para que las entidades sociales puedan cobrar antes de fin de año los conciertos que la Generalitat no pudo pagarles en julio por problemas de tesorería.
En una entrevista en Catalunya Radio, Cleries, que ha acusado al Estado de someter a Cataluña a una «asfixia fiscal que pasa a ser una asfixia social», ha explicado que están «estudiando la fórmula para pagar la deuda de julio con las entidades en los meses que quedan de aquí a diciembre».
El conseller no ha puesto fecha concreta al pago de la deuda de 70 millones con las entidades correspondiente a los servicios concertados con residencias geriátricas, de discapacitados y de drogodependientes del mes de julio, pero ha asegurado que intentará que se haga en los meses que quedan hasta acabar el año y que estos se cobren con normalidad.
Cleries ha afirmado que los problemas de liquidez de tesorería que tiene la Generalitat no se producirían si los impuestos los recaudase el gobierno catalán.
«Si nosotros recaudásemos los impuestos de Cataluña, no tendríamos estos problemas de tesorería», ha reiterado Cleries, que ha recordado que la Generalitat está prestando todos los servicios sociales, de salud y de enseñanza, «y en cambio el dinero lo tiene el Estado».
Aerte afirma que más del 50% de los centros no pueden pagar a los trabajadores por los impagos de 9 meses del Consell
El presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha señalado este miércoles que el 50 por ciento de las residencias de personas dependientes de la Comunitat Valenciana asociadas ya no pueden pagar a sus trabajadores por «los impagos» del Gobierno valenciano ya que les adeudan 100 millones de euros desde enero.
Giménez, en rueda de prensa acompañado por el presidente de la FED, Alberto Echeverría, ha comentado que la situación es «crítica» tras nueve meses sin cobrar. Al respecto, ha lamentado que la respuesta del Consell sea que «no tienen dinero» cuando «puede ayudar a impulsar un sector que crearía trabajo y reduciría el déficit de la Comunitat con medidas como el impulso del turismo de los más de 30 millones de dependientes europeos».
No obstante, ha señalado que se trata de una justificación que no puede «aceptar» porque otros sectores, como el de la Farmacia sí que cobran. «Tenemos la impresión de no ser prioritarios», ha lamentado Giménez, que ha reprochado que ni siquiera han contestado a la segunda carta en seis meses en la que le solicitan una entrevista al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, o al vicepresidente, José Císcar.
Sin embargo, ha apuntado que si se acometiera una reforma y se aplicaran la medidas que proponen no sólo se podrían atender a los 17.00 gran dependientes de la Comunitat, sino que además se crearía empleo, un puesto de trabajo por cada dos personas atendidas, y reduciría el déficit.
En primer lugar, ha detallado, haría «falta cambiar la percepción sobre el sector» ya que la atención a la Dependencia es una cuestión «trasversal» que afecta a las conselleria de Sanidad, Bienestar Social, Economía, Hacienda, Empleo, y Turismo. Por ello, ha exigido «una visión global» de coordinación ya que «no es posible disminuir permanentemente los servicios, sino que hay que impulsar la economía en los sectores que más rápido responden».
Como medidas concretas, ha reclamado, integrar la Dependencia en Sanidad o mejorar la coordinación con Bienestar Social. Además, ha constatado que el 50 por ciento de las camas de los hospitales de agudos están ocupados por crónicos que «no necesitan ser curados, sino cuidados» y que supondría un ahorro de 100.000 euros al día si se trasladasen a residencias.
TURISMO SOCIAL
Además, ha reclamado la ayuda del Consell para «vender fuera en Europa la Comunitat Valenciana en algo que somos extraordinariamente buenos» ya que España ocupa el segundo lugar del mundo en Turismo y el quinto en Sanidad. «Por ello, somos líderes mundiales y hay que salir a venderlo», ha reclamado Giménez, quien ha apuntado que a pesar de que sus centros disponen de «muchos mejores servicios e instalaciones» que sus homólogos extranjeros «sólo nos pagan 50 euros al día», lo que cuesta sólo dormir en un hostal.
Por su parte, el presidente de la FED, Alberto Echevarría, ha señalado que esta situación «crítica» afecta también a toda España ya que la deuda asciende a 800 millones de euros y un 20 por cieno de las empresas no puede pagar a sus empelados, «lo último que deja de hacer un empresario».
Además, ha advertido de que «lo que se nos viene encima es mucho más grave» para el próximo ejercicio porque el Estado dejará de aportar a las Comunidades Autónomas 283 millones de euros.
Más de 300.000 puestos de trabajo y 5.000 empresas están en peligro en el sector de la dependencia, según la patronal
Más de 300.000 puestos de trabajo y unas 5.000 empresas del sector de la dependencia están en peligro de desaparecer por un lado, porque la deuda de las administraciones públicas en lo que va de año supera ya los 800 millones de euros y, por otro, porque cada vez invierten menos pese al compromiso que tienen por ley, de modo que se quedan plazas vacantes en las residencias y usuarios sin la atención que necesitan.
Así lo ha denunciado en una entrevista con Europa Press el presidente de la patronal mayoritaria en el sector, la Federación de Empresas de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, quien ha incidido en que en la actualidad, hay más de 250.000 grandes dependientes esperando a recibir un servicio y, mientras, hay «más de 50.000 plazas residenciales vacías».
En concreto, las administraciones públicas, «principal proveedor y principal moroso» del sector de la dependencia, acumulan este año una deuda superior a 800 millones de euros. El año pasado rebasó los mil millones, pero el grueso fue saldado antes de diciembre con el plan de pagos a proveedores.
«Este año estamos en las mismas, la Comunidad Valenciana no ha pagado una sola factura, igual que Castilla-La Mancha, y muchas comunidades llevan tres, cuatro y hasta cinco meses de retraso. Nos están llevando al borde de la viabilidad», ha señalado Echevarría.
El presidente de la FED afirma que el sector está «sufriendo cierres, empresas que no pagan a proveedores de artículos de primera necesidad, como alimentación, medicamentos, impuestos o directamente, salarios y cuotas a la Seguridad Social porque las administraciones públicas no pagan».
Esto tiene además un problema añadido, y es que desde el primer día que el empresario se retrasa en el pago de la cuota de la Seguridad Social, se le aplica un recargo del 20 por ciento «aun cuando ese retraso se está produciendo porque la administración pública no paga». Además, pese a lo aprobado en su día, las empresas de la Dependencia están teniendo que abonar el IVA de facturas que aún no han cobrado a estas administraciones.
El problema no es sólo para el empresario, sino también para la persona que no puede valerse por sí misma y que teniendo derecho a recibir atención, está esperando una plaza de residencia. La FED afirma que son 250.000 los grandes dependientes esperando un sitio que no llega porque pese a las 50.000 plazas vacantes en todo el país, las comunidades autónomas «están amortizando plazas».
Esto significa, según ha explicado, que cuando un dependiente atendido en una residencia fallece, deja una vacante que no se vuelve a ocupar. «Para no cubrir la plaza, lo que hacen las comunidades es dejar de valorar a nuevos dependientes: no te valoro, al que valoro no le doy el servicio y al que fallece, no lo reemplazo. Es la muerte dulce», ha añadido.
SE REDUCE LA INVERSIÓN PESE A LA RENTABILIDAD
En paralelo, la Administración General del Estado –el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– ha reducido el presupuesto en cerca de 500 millones de euros, al eliminar el nivel acordado (283 millones de euros) y reducir un 13 por ciento el nivel mínimo, (casi 200 millones menos), conforme recuerda el presidente de la FED.
En su opinión, se trata de un sinsentido porque el de la dependencia es uno de los pocos sectores que hoy día puede presumir de tener demanda, contar con suficiente oferta, crear puestos de trabajo y generar retornos positivos, por lo que a su juicio, no sólo las administraciones deberían invertir para «cumplir el compromiso que tienen por ley de atender a los ciudadanos» sino también por facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit.
En concreto, Echevarría destaca que por cada euro invertido en el sector, se generan 1,20 euros para el Estado; recuerda que por cada dos dependientes atendidos o por cada seis horas de atención domiciliaria se crea un puesto de trabajo y asegura que se racionaliza el gasto, ofreciendo servicios para personas de gran dependencia a un coste «seis o siete veces por debajo» del establecido en un hospital para crónicos.
«La excusa de que cuando no hay dinero no se puede apostar por el Estado de Bienestar es una falacia. Claro que se puede sostener. Apostemos primero por el compromiso adquirido por ley, por la reducción del déficit público y por la racionalización: no podemos poner en riesgo un sector que actualmente da empleo a más de 300.000 personas», ha apostillado.
Bienestar Social intenta aplacar in extremis a Apsa
Cerca de doscientos trabajadores de Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante (Apsa) se concentraron ayer en la Finca Terramar para reivindicar el pago de la deuda pendiente de la Generalitat y que asciende a 3.103.000 euros. Sin embargo, una hora antes de la protesta, los responsables de la entidad recibieron la comunicación por parte de la Conselleria de Bienestar Social de que se había hecho efectivo el pago de 806.000 euros.