Impagos
Las empresas del sector de atención a mayores y dependientes exigen a la Generalitat Valenciana el pago inmediato de parte de la deuda y un plan de pagos fiable al sector de atención a la dependencia
Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales vuelven a acordar un calendario de movilizaciones, y reuniones con administraciones locales, autonómicas y nacionales.
Recuerdan al presidente de la Generalitat que esperan una reunión urgente para que conozca y resuelva la grave situación.
El sector de atención a las personas mayores y dependientes en la Comunidad Valenciana sufre una constante marginación por parte de la Administración Valenciana debido al impago de la deuda acumulada que mantiene, de manera continua y que asciende a más de 80 millones de euros.
La incapacidad de la Consellería de Bienestar Social por solventar esta situación y el constante incumplimiento y discriminación con respecto a otros sectores de los calendarios de pago comprometidos, vuelve a poner en peligro a todo el sector de atención a la dependencia con más de 300 centros y más de 15.000 trabajadores directos que atienden diariamente a alrededor de 30.000 personas mayores en la Comunidad Valenciana (la mayoría mayores y personas con discapacidad).
Ante el agravamiento continuo de la situación y la falta de actuación de la Administración, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana(AERTE); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS); la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP); y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, han acordado hoy realizar una serie de ACCIONES CONJUNTAS A LO LARGO DEL MES DE ABRIL para que, de forma urgente, la Generalitat valenciana resuelva el desbloqueo de la deuda comprometida de un sector que, de no cobrar de forma inmediata, podría peligrar hasta 15.000 puestos de trabajo directos y estables. Estas acciones consisten en:
- Presentaciones de mociones a los plenos de los Ayuntamientos a celebrar en el mes de abril con el fin de solicitar a la Conselleria de forma conjunta el pago de la deuda.
- Convocatoria a los más de 300 centros en la Comunidad Valenciana que atienden a las personas mayores y dependientes para la presentación conjunta de escritos individuales en un mismo acto y día al President de la Generalitat rogándole su intervención ante un problema de esta magnitud.
Concretamente, el sector exige a la Generalitat Valenciana, que de al sector el mismo trato de financiación que a otros sectores como el sanitario y educativo, además de un compromiso fiable para establecer un plan de pagos real y urgente que se ejecute en tiempo y forma evitando así una situación de impagos masivos de salarios a los profesionales como la que se produjo hace menos de un año y que les llevo a cierres de centros, pérdidas de puestos de trabajo y sanciones de la misma administración por los impagos de las deudas con hacienda, seguridad social o nóminas.
– Los pasados meses de diciembre y febrero se volvieron a solicitar por vía de urgencia las reuniones pendientes con el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, de cara a que pueda conocer personalmente la situación insostenible por la que atraviesa el sector en la Comunidad Valenciana, donde el periodo de tiempo sin cobrar las cantidades pendientes es cuatro veces superior a la media, algo insólito en otras autonomías. Por ello, se reclama la actuación del President para que adopte de forma inmediata acciones para solventar esta dramática situación.
– El pasado 26 de diciembre mantuvieron una reunión con el Director General de IMSERSO, César Antón, quien se comprometió a instar a la Conselleria de Bienestar Social a cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas
Deuda acumulada.
Deuda acumulada de la administración autonómica valenciana a 31 de marzo con el sector de la dependencia en la Comunidad Valenciana es:
| Tipología de Centro |
Deuda a 31 de Marzo de 2014 |
Aclaración plazos |
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| Plazas Públicas Discapacidad | 19.920.000,00 € | desde mayo 2013, salvo confirming | |
| Plazas Públicas Mayores | 20.277.000,00 € | desde octubre de 2013 | |
| Plazas de Accesibilidad Social | 36.522.000,00 € | desde mayo 2013 | |
| Prestaciones Mayores | 2.125.000,00 € | desde septiembre 2013 y algunos todo el 2013 | |
| Prestaciones Salud Mental y Tutelados | 4.900.000,00 € | desde abril 2013 e incluso todo el 2013 | |
| Total | 83.744.000,00 € | ||
Fallece Jomián Leonel, un niño dependiente al que el Gobierno de Cospedal negó la ayuda económica
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha informado del fallecimiento de Jomián Leonel, el niño gran dependiente de 13 años, con un grado de minusvalía del 100%, a cuya familia la Junta no le reconoció el derecho a la prestación económica por cuidarle en su domicilio.
En una emotiva carta, el presidente Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, asegura que “en estos momentos difíciles, muy difíciles, por respeto a Jomián, a su madre y a sus hermanos, nos quedaremos aquí. Tiempo habrá de analizar e ir poniendo sobre la mesa las consecuencias de muchas actitudes y formas de actuar, tiempo habrá de poner nombres y caras a todo los responsables de lo que está ocurriendo”.
Yulisa Ramírez, la madre del niño fallecido hizo una ronda por los medios de comunicación para denunciar que la Junta de Castilla-La Mancha le había negado la prestación económica y debe pagar por adelantado los cuidados de su hijo, de la mano de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que criticó públicamente el caso de este niño con parálisis cerebral severa.
La situación de esta familia fue denunciada por el l presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, en un artículo enviado a elboletin.com en el acusaba al Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
Precisamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de esta plataforma fueron las “cálidas” palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha la madre de Jomián”. La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Gómez-Ocaña dice que ahora “Yulisa, su madre, rota de dolor podrá levantar la cabeza y seguir caminando por la vida con el recuerdo de su hijo en el alma y la cabeza bien alta. ¿Podrá decir lo mismo el o la responsable de dar a este niño una prestación de prevención de dependencia?, ¿A qué precio estamos pagando la “contención del déficit”? ¿Quién es el o la responsable de que su madre no haya podido estar con su hijo en la hora de su muerte? ¿Consideran nuestros gobernantes que esto ya si es una línea roja intraspasable?
Bienestar retiene expedientes de la Dependencia desde hace tres años
La Comunidad Valenciana se ha convertido en la región de España donde más problemas burocráticos se producen en la tramitación de las ayudas de la Dependencia. En el último informe de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) se detalla que la valenciana es la comunidad que más retrasos sufre a la hora de resolver cada Programa Individual de Atención (PIA) en el que, de forma individualizada, se indica la capacidad económica del beneficiario y el importe de la prestación económica a percibir.
El informe de Aerte urge al Consell a «resolver de forma inmediata todos los PIAS paralizados de los expedientes pendientes desde marzo de 2011, utilizando el presupuesto existente a tal fin».
En el mismo texto, que ha sido remitido con forma de carta al secretario autonómico de Bienestar Social, Manuel Escolano, se detalla también que «al menos, se debería notificar a los dependientes los PIAS que se encuentran pendientes desde marzo del 2011, y que han elegido como recurso la prestación vinculada al servicio (PVS) -plaza en una residencia-, ya que esta acción no tiene ningún coste económico, y la situación de intranquilidad de las familias se reduciría».
Esta situación supone un problema para las familias que saben que tienen un dependiente en casa aunque no pueden cobrar las ayudas.
La situación es kafkiana porque aunque el dependiente ya haya sido valorado y se le haya adjudicado un grado con derecho a prestación (2 ó 3) todavía debe esperar la propuesta que conlleva el informe PIA que determina la cuantía de la prestación a la que ya tiene derecho.
Un informe determinante porque sin su resolución las familias no pueden pedir las ayudas con retroactividad cuando fallecen las personas mayores que habían había sido catalogadas ya como dependientes. Se ha de tener en cuenta que tres años para estos ancianos con una esperanza de vida muy acotada supone mucho tiempo y si fallecen sin el PIA las cuantías económicas que sus familias han adelantado a las centros se las queda la Administración valenciana, donde haya paralizados 13.000 expedientes de Dependencia sin que Bienestar Social haya aclarado a qué años se corresponden.
Informe médico
Programa Individual de Atención (PIA) es elaborado por los profesionales (Técnicos PIA) del SEPAD en función del contenido del informe médico, de valoración y social de la persona y siempre que ésta tenga reconocido un grado y nivel de dependencia que se encuentre dentro del calendario de aplicación de la Ley. Dicho programa determinará los servicios y prestaciones que le correspondan a cada dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido y de lo que establezca la normativa vigente en materia de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catalogo en cada comunidad, y que sean considerados más adecuados a su situación personal. Una vez llega el PIA y lo acepta la familia sólo queda la resolución de la ayuda. El tiempo entre la resolución y el ingreso de la ayuda no puede superar los seis meses. En otras comunidades los casos de dependencia paralizados se producen una vez ha llegado la resolución PIA.
Directores de Servicios Sociales denuncian que los dependientes fallecidos sin atender financian el déficit del Estado
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que «los fallecimientos» de personas con derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia «financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento» del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
La organización llega a esta conclusión tras analizar los datos del SAAD al cierre del mes de febrero publicados por el IMSERSO, que arrojan 6.748 beneficiarios menos, es decir, que cada día se dejó de atender a 241 personas, un beneficiario de la ley menos cada cinco minutos y un trabajador del sistema despedido cada hora.
«Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas», denuncia, y pone el acento en que «todas las comunidades autónomas presentan datos negativos» en febrero: 6.748 beneficiarios menos que el mes anterior, 6.838 dictámenes menos, 9.303 solicitudes menos, 4.326 grandes dependientes menos y 2.872 dependientes severos menos que en enero.
«¿Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste, o se está dejando de atender a quienes más lo necesitan?», plantean los directores y gerentes.
En cuanto a prestaciones y servicios, destacan que también los datos son «todos negativos», con una caída de 1.371 servicios de teleasistencia, 1.290 en Ayuda a domicilio, 140 plazas residenciales, 1.001 prestaciones vinculadas al Servicio y 4.162 prestaciones de cuidadores familiares menos. Esto, concluyen, «supone que en este mes se han producido 1.000 despidos de trabajadores».
En paralelo, la lista de espera para recibir la prestación se ha reducido «de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos». A su juicio, «la reducción de beneficiarios en espera se ha conseguido cercenando el acceso al sistema y abandonando a los que ya son titulares del derecho», por lo que concluyen que «los recortes se relacionan con el fallecimiento de los dependientes».
«La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema y por otro lado, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos o a los que se les revisa el grado para bajarlos al Grado I. Durante este último mes 8.935 personas con derecho menos figuran en el Sistema», explican los directores y gerentes.
La financiación del Estado a la Ley de Dependencia ha caído un 46%
La financiación de la Ley de Dependencia por parte de la Administración General del Estado para Navarra ha caído, entre 2009 y 2013, un 46%, según la senadora de UPN, Amelia Salanueva, quien va a preguntar al Gobierno sobre esta cuestión durante el pleno del Senado del próximo martes.
El descenso de la aportación estatal ha hecho que «la participación en el coste de las ayudas recaiga principalmente en las arcas de la Hacienda Foral«, según indica la senadora en un comunicado.
Mediante una interpelación, Salanueva preguntará en concreto a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales sobre «la aplicación justa y equitativa de la Ley de Dependencia, especialmente en Navarra».
En opinión de la senadora regionalista, «la última regulación del cálculo del nivel mínimo de protección ha provocado un sistema injusto de aportación del Estado a las comunidades autónomas, especialmente a Navarra».
El baremo aprobado mediante el Real Decreto 1050/2013, así como la supresión de niveles dentro de cada grado, establecida en el Real Decreto-ley 20/2012, han tenido como propósito que esta situación «se vaya empezando a corregir», ha explicado.
Sin embargo, Salanueva ha lamentado que «esta mejora no ha afectado a Navarra que, a pesar de que fue pionera en la utilización de dichos baremos de dependencia, ahora se le castiga disminuyendo la financiación a recibir por parte del Estado»
La Plataforma de la Ley de Dependencia acusa a Cospedal de lanzar sospechas de fraude sobre las familias
El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y portavoz de laCoordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña Pérez, denuncia en un artículo enviado a elboletin.com que el Gobierno de María Dolores de Cospedal trata a las personas como “ciudadanos de segunda” que deben ser cuidados por “caridad” y por sus familiares.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de esta plataforma han sido las “cálidas”palabras con las que dicen fue recibida “por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha Yulissa, madre de un niño de trece años, gran dependiente, con un solo pulmón y el otro seriamente afectado por una escoliosis galopante, parálisis cerebral severa, botón gástrico para alimentación, cuando se desplazó a poner sobre la mesa la dramática situación en la que se encuentra su hijo”.
La respuesta que según esta plataforma le dieron a esta madre fue: “Si has criado a tu hijo a tus espaldas durante trece años bien puedes seguir haciéndolo». “Si tu hijo no puede seguir estudiando pues que no estudie, en la vida no se puede tener todo”.
Para José Luis Gómez-Ocaña “considerar a las personas en situación de dependencia ciudadanos de segunda, improductivos, entendiendo que debe dejarse su cuidado de forma exclusiva a sus familiares y a la caridad de los que la utilizan para ‘lavar conciencias’ puede entenderse como una ideología y un ADN intrínseco a un Gobierno”.
Añade que “parece que en el Gobierno de María Dolores de Cospedal se entienden las necesidades de las personas en situación de dependencia como un acto graciable de generosidad, obviando y pasándose por el ‘forro de sus caprichos’ el carácter subjetivo que ampara a todas estas personas, carácter subjetivo que equipara por ley todas estas prestaciones con las de desempleo, pensiones y nominas de funcionarios”.
En el escrito muy duro contra el Gobierno autonómico se recalca que “no es admisible y linda con lo delictivo” lanzar «el manto de la duda y del fraude sobre un colectivo como es el de las personas dependientes y más concretamente sobre una madre que tiene que sacar adelante ella sola a cuatro hijos con uno de ellos en una situación dramática, poniendo en duda el destino de unas prestaciones económicas que la ley les reconoce”.
Y asegura que “decir que lo que se pretende obligando a esta madre a adelantar los gastos en el cuidado del niño, y más cuando el Gobierno de la número dos del Partido Popular conoce perfectamente y de primera mano su situación, que se quiere ‘asegurar’ que la prestación llegue al niño demuestra la catadura, tanto moral como política, de la señora De Cospedal, del señor Echániz, y de todos los trotones de la política que conforman su ‘equipo político’ y que nos están metiendo la mano en nuestros bolsillos mes a mes y lo que es peor pretenden arrebatarnos lo único, que en muchas ocasiones nos queda, como es la dignidad personal”.
El Síndic insta a la Generalitat a reanudar las prestaciones para residencias
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado hoy al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Bienestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.
Ribó ha recordado que la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que «se ha prorrogado indefinidamente», por lo que ha reclamado al Govern que «garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes».
Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que «la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento».
Para Ribó, «la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables».
El síndic ha afirmado que «son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa» para la persona dependiente.
Por ello, el Síndic se ha dirigido hoy al departamento de Bienestar Social y Familia para que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que «adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades».
La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, «no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas».
Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Bienestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20 % que aporta el Estado.
El Síndic, sin embargo, considera que «la reducción del gasto no depende únicamente de la aplicación de la normativa estatal y que el establecimiento de prioridades en el gasto público también es competencia de la Generalitat».
Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que «arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial» y ha pedido «actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia».
Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que «la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente».
Cataluña suspende la ayuda por partos o adopciones múltiples
El departamento de Bienestar Social y Familia ha decidido suprimir para este año las prestaciones por parto, adopción, acogimiento o tutela múltiple, la ayuda que concedía a las familias que tenían dos o más niños al mismo tiempo. Según han confirmado a Efe fuentes del departamento de Bienestar Social, esta ayuda ha quedado suspendida para el 2014, aunque las familias que hayan tenido un parto múltiple entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2013 pueden presentar la solicitud para obtener la prestación hasta el próximo 31 de marzo.
El departamento de Bienestar Social ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, esta ayuda ya se concedía en función de la renta. La Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC) ha mostrado hoy su rechazado a este nuevo recorte social de la Generalitat de una prestación económica, que era de carácter universal para las familias residentes en Cataluña que hubieran tenido un parto múltiple o adoptado, tutelado o acogido a dos o más niños de forma simultánea. Según ha informado la FANOC, la suspensión de estas ayudas no se les había comunicado y fue cuando empezaron a recibir quejas por parte de familias cuando la asociación comprobó que en la Ley de presupuestos de este año esta prestación ha quedado totalmente suspendida.
«Esta decisión contrasta con las declaraciones del Govern de que se mantenían las prestaciones sociales en los nuevos presupuestos», ha denunciado la asociación. La FANOC ha afirmado que con este recorte «el colectivo de familias con hijos es castigado con la supresión ahora de la única prestación económica de carácter universal que seguía vigente en Cataluña», después de la supresión en 2011 de las prestaciones universales para todos los hijos de 0 a 3 años (0-6 años en el caso de familias numerosas o monoparentales). Según ha lamentado el director ejecutivo de FANOC, Raúl Sánchez, «no puede ser que en momentos de dificultades y de una grave crisis demográfica, el Govern suprima las escasas prestaciones que tienen las familias».
«Lo peor para el futuro de un país es jugar con las políticas de apoyo a las familias. Ni un sólo país europeo ha disminuido las ayudas universales a las familias durante esta fuerte crisis, es más, algunos las han aumentado: todos son conscientes de que la familia se ha convertido en la primera ONG del país», ha asegurado Sánchez. La asociación ha recordado que una gran parte de las familias que tienen un parto, adopción, tutela o acogida múltiple entran a formar parte del colectivo de familias numerosas, que es, según los expertos, uno de los más afectados por la crisis. La asociación FANOC ha asegurado que es «consciente de que la grave situación financiera del país exige tomar medidas para hacer frente al déficit de la deuda», pero pide «medidas que no castiguen y debiliten más los hogares con más hijos y personas dependientes, ya que éstos soportan muchas cargas económicas, y están dando un servicio social (cuidado de parados, enfermos, personas mayores, etc.) que ahorra mucho dinero a cualquier Gobierno».
El Ayuntamiento de Jaén consignará en el juzgado los pagos de la Junta por Dependencia posteriores al 3 de diciembre
El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que consignará en el juzgado los pagos que reciba de la Junta de Andalucía por la aplicación de la Ley de Dependencia en la ciudad después del pasado 3 de diciembre, fecha en la que se desvinculó de esta prestación. Además, espera que la Administración autonómica concrete una reunión para esta semana con el objetivo de firmar un nuevo convenio en tanto mantiene que no hay ninguno en vigor, ya que denunció el anterior «en tiempo y forma».
Así lo han indicado este martes en rueda de prensa los concejales de Hacienda y Comunicación, Miguel Contreras, y de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para los que el auto del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de la capital conocido este lunes «no retrotrae a ningún momento», sino que «sólo toma una medida cautelar» «pensado en los dependientes» y sin «entrar en el fondo» de la cuestión, que es determinar a qué administración compete el servicio.
De esta manera, han insistido en los argumentos que tanto la propia edil en una nota como el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, apuntaron a conocer esa decisión judicial. Han reiterado que «da la razón» al Consistorio por cuanto reconoce que los impagos de la Junta le causaban «quebranto económico», que denunció el convenio «en tiempo y forma» y que el Ayuntamiento «en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa» en esta prestación.
«Se sigue trabajando con estas personas que tienen reconocida ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia; tramitando expedientes, PIA… Y nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello. es la Junta la única responsable», ha asegurado Chamorro, quien ha instado al Gobierno andaluz a que «como mínimo» cubra las bajas que se producen porque «no es de recibo» que existan personas «esperando más de un año» para percibir el servicio que les corresponda.
Contreras, además, ha dicho entender que la Administración autonómica «debe valorar el auto» y, desde su punto de vista, lo está haciendo «en su justa medida», dado que «ya ha llamado al Ayuntamiento para sentarse a negociar a raíz de su propuesta» de convenio. En este punto, ha dicho esperar que se concrete el encuentro que planteó para «esta semana» con el objetivo de «poder llegar a la firma» de uno nuevo.
«PARÁLISIS»
Al respecto, ha hablado de «parálisis» en la Junta, ya que aunque afirmó en numerosas ocasiones que garantizaría la dependencia, «no ha hecho nada» ni se ha sabido «nada del plan B» que decía tener. «Hasta ahora la empresa que está desarrollando el servicio es la que tenía contratado el Ayuntamiento (Multiservicios Jabalcuz) y lo ha seguido prestando», ha apostillado.
Ante esta situación, el responsable de Hacienda ha informado de que «mientras no haya convenio» entienden que la relación entre ambas instituciones «está pendiente de la resolución del contencioso planteado por la Junta», de modo que aquellos ingresos que se produzcan los consignará en el juzgado.
La primera cuantía que le trasladará será una parte de los 318.500 euros que el Gobierno regional transfirió por los servicios prestados en noviembre y diciembre. En concreto, será la correspondiente a partir del 4 de diciembre, cuando se desvinculó de la Dependencia al vencer, según reitera, el convenio. «Ese dinero lo vamos a poner a disposición del juzgado y que tome las medidas que tenga que tomar o que se quede consignado hasta en tanto haya una sentencia», ha declarado el concejal, quien ha añadido que la otra parte de esa transferencia se va a «transferir inmediatamente a la empresa».
El TSJ abre la vía para que los herederos de 36.000 dependientes fallecidos reclamen la prestación
La sentencia de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce a los herederos el cobro de la prestación de una dependiente que falleció sin cobrar la ayuda sienta un precedente demoledor para la Conselleria de Bienestar Social, según explicó Sandra Casas, la letrada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Más de 36.000 familias de usuarios que murieron sin haber cobrado la prestación por la demora de la Generalitat podrían exigir con altísimas garantías de éxito la retribución de este derecho generado presentando un recurso contencioso administrativo en el TSJCV.
Como contó ayer en exclusiva Levante-EMV, el alto tribunal valenciano ha obligado a la Generalitat a abonar la prestación a los herederos de una dependiente que falleció mientras la conselleria tramitaba su expediente porque fue «prolongada, defectuosa y morosa» por parte de la Conselleria de Bienestar Social. En este caso, el departamento que ahora dirige Asunción Sánchez Zaplana tardó dos años en resolver la solicitud de dependencia.
De esta manera, el TSJ valenciano se suma a la jurisprudencia sentada por otros altos tribunales como el de Andalucía que dan la razón a los dependientes fallecidos y sus herederos ante la administración autonómica. Pero los recurrentes valencianos se pueden encontrar con otra sentencia de la Sección Quinta del mismo TSJCV que avaló a la Conselleria de Bienestar Social que defiende que la muerte del dependiente era motivo de archivo del expediente, según explicó la letrada Sandra Casas, que está pendiente de que el tribunal resuelva numerosos casos similares que presentó ella y otros abogados.
La letrada se mostró optimista, aunque muy cauta en la sentencia y explicó que será complicado que el TSJ aplique la «extensión de efectos». Es decir, que los herederos exijan un procedimiento abreviado sin ir a juicio con la sentencia hecha pública ayer por este periódico. La abogada considera que los familiares de los dependientes posiblemente tengan que acudir al contencioso-administrativo, aunque con posibilidades de ganar en casi el 100 por 100 de los casos.
Sea cual sea la estrategia que elijan los herederos de los dependientes, lo que queda claro en esta sentencia de la Sección Cuarta del TSJ es que se reconoce el derecho de cobrar la prestación retroactiva pese a que el dependiente haya fallecido en el proceso, puesto que asume que los familiares han asumido el coste del cuidado del solicitante de su bolsillo. Y es más, el tribunal censura duramente a la Conselleria de Bienestar Social por su demora en la resolución de expedientes. Llega a decir de la administración valenciana «abandona a su suerte al dependiente durante el proceso de tramitación».
La clave: Sin el PIA aprobado
Otra de las claves importantes en la sentencia es que el TSJ tumba el argumento de la conselleria de que el fallecido no tenía reconocido el derecho al no estar aprobado el PIA (Plan Individual de Atención). En este caso, los jueces estiman que la «inacción» de la administración invalida la versión de la conselleria porque estaría actuando de manera perversa prolongando la tramitación para que fuera lo más larga posible. En román paladino, demoras en la resolución de los expedientes más allá de los dos años para que la persona que solicita el derecho acabe falleciendo.
Esta no es la única sentencia que cuestiona las resoluciones que está emitiendo la consellera de Bienestar Social. Cabe recordar que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha cifrado en un 95 por ciento el porcentaje de casos judiciales ganados por personas dependientes y los profesionales y centros del sector que las asisten frente a la Administración.
Algunos ejemplos de situaciones que afectan a estas personas son la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia –en la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes sin resolver–, los problemas en su ejecución e impagos de ayudas, y la desinformación y las dificultades en la libre elección de centro y servicio, situaciones provocadas por la «ineficacia» de la Administración valenciana.
La patronal de residencias AERTE ve la solución jurídica como la única vía para salvaguardar sus derechos y los de los dependientes
En el último año el 95% de denuncias presentadas por dependientes o profesionales contra la administración los han ganado los demandantes
AERTE sospecha que la administración podría haber adoptado esta vía, esperar a que haya sentencia para pagar lo que debe y evitar así la solución administrativa aún teniendo que pagar igual. AERTE lamenta que la Consellería no realice su trabajo y obligue a cada dependiente con deudas pendientes a acudir de forma particular a la justicia.
Tras comprobar que durante el último año el 95% de las denuncias presentadas por dependientes y profesionales del sector contra la Generalitat son a su favor, la patronal AERTE (de residencias) sospecha que el gobierno valenciano ha tomado ese camino: obligar a que cada dependiente a quien le debe dinero acuda a los tribunales (quedan entre 11.000 y 13.000 expedientes sin resolver). El problema radica en que no todos pueden acudir a la justicia. María José Mira lamenta que el Consell no resuelva como debería, por vía administrativa.
AERTE llegó a esa conclusión tras una reunión informativa a la que acudieron afectados y profesionales. Afectados por la falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia deberían acudir individualmente a los tribunales porque la administración no parece dispuesta a actuar como debiera y resolver esos expedientes por vía administrativa.
La opción elegida por la administración, sospecha AERTE, es esperar a que resuelva la justicia y de esa forma ahorrarse el trámite burocrático y pagar en el plazo de un mes. Algo lamentable, según la asociación, que recuerda seguirá luchando e insta a los afectados a coordinarse y recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Bienestar Social se compromete con Lares CV a dar un Plan de Pagos a las residencias «en diez días»
La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (Lares CV) que «en un plazo de diez días» fijará una reunión conjunta con Hacienda para establecer un Plan de Pagos para los centros sin ánimo de lucro, según ha informado la red de residencias en un comunicado.
La titular de Bienestar Social ha asumido este compromiso en la reunión que ha mantenido con la directiva de Lares CV, en la que también ha estado presente el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano.
Sánchez Zaplana ha afirmado que su Departamento ha estudiado el tema, pero que el pago «dependía de Hacienda», por lo que «era necesario verlo con sus responsables».
Por ello, se ha comprometido a sentarse con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, para darles un Plan que «pueda saldar la deuda que la Generalitat aún tiene pendiente con las residencias del sector solidario, el 60 por ciento del total de las plazas concertadas del 2013, que suma un total de más de 8 millones de euros».
El presidente de Lares CV, José Pascual Bueno, también ha solicitado a la consellera que el Plan de Pagos «no se ciña sólo a la deuda pendiente, sino que dé una solución general que garantice el futuro del sector y la atención a los mayores dependientes».
«Necesitamos un escenario claro de cuándo y cómo se va a cobrar, no solo la deuda acumulada, sino también de ahora en adelante, ya que, si no, solo será un parche, pero en unos meses volveremos a tener el mismo problema de liquidez en nuestros centros», ha resaltado Bueno.
Modificación ley servicios sociales
Lares CV también ha planteado a la consellera que se modifique la Ley de Servicios Sociales y se establezca un sistema similar al que ya existe en otras comunidades autónomas «que garantiza el sector solidario». Según ha asegurado Sánchez Zaplana, «se ha intentado trabajar» este aspecto, pero se han encontrado «problemas» para avanzar por la Ley de Bases.
Además de esta reunión con conselleria, la asociación de residencias del sector solidario ha solicitado a todos los grupos parlamentarios un encuentro para trasladarles la situación ante el impago y para abordar el futuro de la atención a las personas mayores dependientes. En esta línea, la semana pasada se reunió con el portavoz en las Corts del PSPV, Antonio Torres, y con el de Compromís, Enric Morera, y la semana que viene lo hará con el del PPCV, Jorge Bellver.
Actualmente, Lares CV está formada por 45 centros sin ánimo de lucro que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y cuentan con unos 300 voluntarios, entre fijos y temporales.
Miles de dependientes de Aragón malviven sin ayudas públicas a pesar de tenerlas concedidas
Los recortes del Gobierno de Aragón han hecho retroceder la asistencia a los dependientes un 24% en solo dos años, han quitado el apoyo público a unas 3.000 personas y mantienen a unas 8.000 familias a la espera de ayuda.
En la actualidad, la Ley de la dependencia llega en la comunidad aragonesa a 18.511 personas, a pesar de que hay 26.825 que tienen reconocido el derecho a cobrar prestación. Es decir, hay 8.314 que, a pesar de haber sido reconocidos y aceptados por los asistentes sociales, aún no tienen apoyo de la ley.
El número total de beneficiarios se ha reducido además de forma notable. En los últimos dos años y medio, coincidiendo con el cambio de gobierno (del PSOE de Marcelino Iglesias al PP de Luisa Fernanda Rudi) y el recrudecimiento de la crisis, se ha reducido en 5.961 personas (de 24.472 a los 18.511 que hay ahora).
El Ejecutivo autonómico atribuye parte de esta caída a la detección de unos 3.000 beneficiarios que habían estado cobrando la ayuda pese a haber fallecido. Esto quiere decir que otros 3.000 dependientes han dejado de recibir sus ayudas.
Unos 60 millones de euros repartidos en prestaciones
Y el número de solicitudes ha bajado solo un 4,5% (de 47.487 a 45.346). «Cada vez entran menos dependientes al sistema de ayudas. Estamos saturados», explican fuentes de los servicios sociales. La cantidad de dinero que destina el Gobierno de Aragón a las prestaciones económicas para la dependencia se recorta este año en 1,5 millones de euros: habrá algo más de 60 millones, frente a los 61,6 que se presupuestaron para 2013. En 2011 hubo 43 millones y en el ejercicio 2012 la DGA dedicó a estos pagos 55,5 millones de euros.
El censo de cuidadoras de dependientes se reduce un 80% en solo dos años en Galicia
Casi dos años después de que el Estado dejó de asumir la cuota a la Seguridad Social de las cuidadoras de dependientes solo quedan en Galicia una cuarta parte de las que había a finales de 2011. De un censo de 8.373 familiares (el 94% mujeres) de personas con alto grado de dependencia encargadas de su cuidado dos ejercicios atrás el listado ha menguado un 80%, registrando al cierre de 2013 un total de 1.737 mujeres que continúan de alta y pagando la cuota a la Seguridad Social por su cuenta.
Con la Ley de Dependencia el Gobierno apostó por dar visibilidad y convertir en oficio lo que miles de familiares realizan desde hace años: entregarse y cuidar a un hermano, padre, madre o hijo que no pueden valerse por sí mismos. Se creó un convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia y para facilitar la regulación de una tarea de miles de personas el Gobierno asumió la cuota a la Seguridad Social, de unos 165 euros mensuales. Con esta medida el número de cuidadoras de alta en Galicia superó las 9.000 pero tras la decisión de la Administración central de dejar de asumir el coste de las cuotas dicha cifra se desplomó, no solo en Galicia sino también en el conjunto de España. Con ayudas de 200 o 400 euros como tramos medios en función de la situación del dependiente gran parte del colectivo de cuidadoras dejó de aportar los 165 euros a la Seguridad Social y con ello dejan también de apostar por una futura jubilación.
La decisión del Gobierno coincidió con los ajustes presupuestarios por la crisis y también por un cambio de tendencia en la aplicación de la propia ley, que redujo los apoyos a familiares cuidadores para reforzar los servicios profesionales.
De este modo, si al principio de la aplicación de la ley el 80% de las solicitudes de prestaciones de dependencia en Galicia eran para cuidador familiar, en la actualidad este porcentaje se ha reducido a menos del 20% y en la gráfica del reparto de ayudas por tipos de servicio ganó terreno la ayuda en el hogar de una forma profesionalizada. Según la Consellería de Traballo e Benestar, la distribución de las actuales prestaciones por dependencia en Galicia es la siguiente (consultar gráfico): un 35,8% para ayuda en el hogar, un 19,6% para cuidador familiar, el 18,8% para residencias, el 14% para libranza vinculada a servicio y un 11,7% para centros de día.
El cambio de tendencia en los servicios derivó en una mayor profesionalización del sector, según las administraciones, de hecho, al incrementarse las tipologías vinculadas a plazas en residencias o asistentes personales solo en Galicia el sector de la dependencia emplea a más de 10.000 personas, mientras que en el año 2009 esta cifra era de algo más de 4.000.
A Coruña es la provincia con mayor número de cuidadoras familiares: se mantienen 567 cotizando en el convenio especial. Le sigue Pontevedra, con 508; Ourense, con 358 y Lugo con 304 al cierre de 2013.
El juez apremia al alcalde de Jaén a retomar el servicio de dependencia
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), puede ver comprometida su decisión de renunciar al servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Jaén ha instado al gobierno municipal a que alegue contra el recurso planteado por la Junta de Andalucía en el que solicitaba la suspensión cautelar del decreto municipal de cese del servicio. De este modo, el juzgado insta al Ayuntamiento a retomar la prestación de forma voluntaria en el plazo de cinco días —que expira este lunes— pues, de no hacerlo, podría estimar la petición de la Administración andaluza de medidas cautelares contra la decisión municipal, que está vigente desde el 3 de diciembre.
La decisión del juzgado es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por entender que el alcalde rompía unilateralmente el convenio suscrito para prestar la ayuda a domicilio y por el “perjuicio” que esa medida podía suponer para unas 450 personas dependientes de la capital jiennense, según señaló la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez. Cabe recordarque la fiscalía de Jaén ya dictaminó que era el Ayuntamiento el responsable para prestar el servicio, aunque también instaba a la Junta a abonar sus deudas.
El requerimiento judicial ha hecho reaccionar al alcalde jiennense, quien ahora parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Fernández de Moya ha registrado en la Delegación del Gobierno de la Junta una propuesta de convenio en la que muestra la disposición municipal a retomar un servicio que, según precisa el regidor, es una “competencia exclusiva” del Gobierno andaluz. Eso sí, Fernández de Moya condiciona la vuelta del servicio a la esfera local a que la Administración andaluza se comprometa por escrito a pagar en un plazo máximo de 60 días el dinero del servicio que, a su vez, el Consistorio debe transferir o a la empresa concesionaria. De no ser así, el alcalde cree que la Junta debe garantizar también que asumirá los intereses de demora. “Vamos a ver si con esta propuesta la Junta mueve ficha”, recalca el popular.
En la nueva propuesta municipal, el alcalde de Jaén se compromete también a abrir una cuenta restringida donde vaya el dinero que la Junta ingrese en materia de dependencia. Hasta ahora, ese dinero iba a la caja única del Ayuntamiento y, tanto la oposición como las cuidadoras de la empresa concesionaria, sospechan que en ocasiones el dinero se ha gastado en otros fines.
El Ayuntamiento abandonó el servicio bajo el argumento de los continuos y reiterados impagos de la Junta, que aún hoy debe en torno a 700.000 euros anteriores al 3 de diciembre, según las estimaciones municipales. Pese al abandono del servicio, la empresa concesionaria sigue prestando la ayuda a domicilio, aunque sus responsables han admitido la difícil situación económica que atraviesan. También las 200 trabajadoras que prestan el servicio han alertado de su inseguridad laboral ante el limbo legal en el que se encuentran.
El Ayuntamiento sigue recibiendo las facturas por parte de la adjudicataria, Multiservicios Jabalcuz, aunque el alcalde admitió que aún no han resuelto qué hacer con ellas. El Consistorio sí que sigue prestando con normalidad la ayuda a domicilio de carácter municipal a otros 179 usuarios.
Los recortes «ponen en riesgo la atención a 560 dependientes de Ronda»
El secretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Miguel Ángel Heredia, ha advertido hoy de que los recortes del Gobierno del PP en materia de Ley de Dependencia ponen en riesgo la atención a los 560 dependientes del municipio de Ronda. Heredia ha visitado hoy el centro de participación activa para personas mayores de la localidad junto a la portavoz socialista, Teresa Valdenebro.
El responsable socialista ha denunciado que el PP «se ha empeñado en eliminar la atención a la dependencia, un derecho de los ciudadanos que puede ser historia a pesar de los esfuerzos de financiación de la Junta de Andalucía». Así, ha expuesto que en dos años el Gobierno ha recortado a Andalucía el presupuesto en esta materia en 214 millones (89 millones en 2012 y 125 millones en 2013). Además, ha dejado de financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes (en torno a 10.000 en la provincia de Málaga) y ha reducido en un 15% su prestación económica. Ha retrasado hasta 2015 la entrada en el sistema de personas valoradas con dependencia moderada y ha endurecido las condiciones para acceder a las prestaciones. «Y por si fuera poco este año 2014 el presupuesto para atención a la Dependencia se contrae un 46,6%», ha agregado.
Con estas decisiones, según Heredia, «los 560 beneficiarios de la ley de dependencia en el municipio de Ronda y las 736 prestaciones en la localidad están en riesgo». El responsable socialista ha señalado que aunque la presidenta Susana Díaz «reiteró recientemente que Andalucía no iba a dejar morir la Ley de Dependencia, el Gobierno nos lo pone muy difícil». «Esta ley nació para ser financiada a partes iguales entre el Gobierno Central de España y las comunidades Autónomas. Actualmente el Estado aporta un 30%, mientras que la Junta de Andalucía sufraga el 70%. Andalucía no puede asumir todo lo que el Estado decide unilateralmente dejar de sufragar», ha asegurado.
En su visita, Heredia ha criticado las políticas del Gobierno de Rajoy «que se están cebando con los más vulnerables de nuestra sociedad: los mayores y los enfermos». Así, además de a la dependencia, se ha referido al copago y a la reforma de las pensiones, «que empobrecerá aún más a nuestros mayores». Por el contrario, ha destacado que el Gobierno andaluz ha subido este año 2014 un 2% el complemento a las pensiones mínimas, lo que beneficiará a un total de 6.476 rondeños. «Desde Andalucía los socialistas no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la defensa del Estado del Bienestar», ha subrayado.
Al mismo tiempo, ha afirmado que en apenas unos días «hemos conocido dos noticias que sin duda ponen a cada uno en su sitio». Así, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado, «después de una gran movilización ciudadana», el modelo de privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. Días después, ha dicho, la presidenta Susana Díaz anunció en el Parlamento de Andalucía el refuerzo de profesionales en las urgencias para atender el incremento de la demanda asistencial. «El modelo de privatización sanitaria que defiende el PP, tumbado por la ciudadanía y por la justicia, frente al sistema público, de calidad y universal que tenemos en Andalucía», ha añadido.
En este punto, ha pedido al presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, y a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, que aclaren si prefieren el modelo de privatización sanitaria del PP en Madrid o el sistema público, de calidad y universal andaluz. «Los dirigentes del PP tienen que decidir si quieren para los malagueños y rondeños medidas como el copago tal y como defiende el Gobierno o, en cambio, están con Andalucía que ha decidido que no se va aplicar este impuesto a la enfermedad», ha concluido.
Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%
El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% –han pasado de 122.011 a 115.656 en un año.
La directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials(Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes –más de la mitad superan los 80 años– y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que «el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas», ha recordado Fortuny. Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya «ya están resueltos el 96,4% de los casos», y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
«Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años», ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.
Derecho reconocido
Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas –comer, ir al baño o vestirse– y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios «están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat», como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.
Cuidador familiar
En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
«Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales», ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.
Bienestar Social reduce su deuda hasta los 60 millones de euros
Asunción Sánchez Zaplana
La Conselleria de Bienestar Social ha equilibrado sus cuentas de manera significativa en el último año, reduciendo su deuda en más de 500 millones de euros. Así, según fuentes del Área que lidera Asunción Sánchez Zaplana, solo quedan pendientes de abonar unos 60 millones de euros a las residencias de mayores. El resto de las partidas están al día.
Precisamente, el pasado mes de noviembre, los centros para discapacitados cobraron 65 millones de euros. El resto de la deuda con el sector se saldó en diciembre, cuando llegó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y es que desde que Sánchez Zaplana aterrizó en Bienestar Social su objetivo fue pagar las facturas pendientes, para lo que se reunió con cada uno de los representantes del sector. Además, estrechó las relaciones con la Conselleria de Hacienda, para priorizar los pagos a los colectivos afectados.
Cabe recordar que durante el mandato de su antecesor en el cargo, Jorge Cabré, los dependientes, discapacitados y demás asociaciones se manifestaban casi semanalmente. Algunos centros incluso se vieron obligados a cerrar por los impagos. Las sucesivas ayudas económicas del Gobierno central han ayudado en gran medida a solventar esta situación, aunque todavía están pendiente de pago algunas facturas de los centros subvencionados de atención a personas mayores.
