Prestaciones
El Gobierno de Navarra extiende a los dependientes severos las ayudas para la contratación de un asistente personal
Los dependientes severos de Navarra también podrán beneficiarse de las ayudas económicas que presta el Gobierno de Navarra para la contratación de un asistente personal. Hasta este momento únicamente podían optar a ellas los grandes dependientes.
Asimismo, se han reducido de 120 a 80 las horas mensuales mínimas del contrato para los asistentes personales. Estas son las dos principales novedades que se recogen en la orden foral del consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, publicada recientemente en el Boletín Oficial de Navarra, según ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.
Con estas ayudas, enmarcadas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el Gobierno de Navarra pretende fomentar la vida independiente de estas personas, su autonomía personal y favorecer su permanencia en el entorno habitual.
Pueden optar a las ayudas para asistente personal aquellas personas que tengan reconocida una situación de gran dependencia (nivel 3) o dependencia severa (nivel 2), que sean mayores de edad y que desempeñen un trabajo remunerado con alta en la Seguridad Social o participen en cualquier tipo de enseñanza superior.
Asimismo, deberán tener capacidad para determinar por sí mismas los servicios que requieren, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de su asistencia. En caso de incapacidad legal, este último requisito se exigirá a quien ejerza la guarda y custodia de la persona dependiente.
La cuantía de las ayudas, que pueden solicitarse a lo largo de todo el año, variará en función de la capacidad económica de las personas beneficiarias, calculada teniendo en cuenta tanto la renta como el patrimonio, y su grado de dependencia.
De este modo, las ayudas a grandes dependientes podrán oscilar entre los 1.214,83 euros al mes y los 485,93 y las de dependientes severos entre los 723,94 y los 289,58. En ningún caso la ayuda económica será superior al coste de contratación.
Por su parte, las personas empleadas deberán ser idóneas para desempeñar las funciones propias de asistencia personal y la contratación se realizará de acuerdo a las normas generales y con alta en la Seguridad Social.
Más de 56.400 andaluces reciben el reconocimiento de grado de discapacidad en 2012, un 7,36% más que en 2011
Los centros de valoración y orientación de la Consejería de Salud y Bienestar Social emitieron en 2012 56.462 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 29.207 de hombres y 27.255 de mujeres, del total de 82.000 solicitudes que se recibieron, según ha informado este viernes el departamento del ramo.
Del total de resoluciones, más del 68 por ciento (56.462) tenían un 33 por ciento o más de grado de discapacidad. La mayoría de éstas (25.238) presentaban varias discapacidades al mismo tiempo; 16.576 tenían una discapacidad física; 11.845 tenían discapacidad psíquica y 2.803 personas tenían discapacidad sensorial.
Con este dato, son ya 491.907 las personas en Andalucía que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Un total de 241.047 son varones y 250.860, mujeres.
Por provincias, Sevilla registró el mayor número de personas atendidas en los centros de valoración en el año 2012, con 19250, seguida de Málaga (16750), Cádiz (12.706), Granada (9.486), Córdoba (7.191), Jaén (5.919), Huelva (5.409), y Almería (5.398).
En 2011 fueron 73.000 las solicitudes de valoración y 52.532 resoluciones de reconocimiento de grado de discapacidad, 26.839 de hombres y 25.696 de mujeres, lo que significa que un 71,93 por ciento de las resoluciones emitidas reconocieron un grado igual o superior al 33 por ciento. Así, en 2012 han aumentado en un 7,36 por ciento las valoraciones que finalmente han recibido el reconocimiento de discapacidad.
Bienestar exige a dependientes que devuelvan ayudas
La conselleria de Bienestar y Familia viene reclamando desde hace meses a familias beneficiarias de la Ley de Dependencia la devolución económica de prestaciones que, según el Govern, fueron indebidamente cobradas. El presidente de la Asociación por los Derechos Civiles de Discapacitados y sus Familias, Antonio Moreno, que ha dado a conocer estos hechos, insta a las familias «a declararse insumisas, a que no paguen y nos pidan ayuda jurídica». Hoy está prevista una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona a las 12.00 horas para protestas contra esta y otras medida de recortes en ayudas sociales.
El pasado 25 de año, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) remitió una carta a la madre de una joven de 24 años, vecina de Sant Vicenç del Horts y cuya discapacidad fue valorada en 2008 de grado 3 y nivel 1 (lo que se entiende como gran dependiente), para reclamarle 8.752,40 euros. Según el Icass, la mujer cobró «indebidamente», de septiembre de 2008 a febrero de este año, una prestación como cuidadora familiar. De hecho, a principios de 2012, la Generalitat revisó el plan de atención individualizada de la chica dependiente y le redujo la ayuda a percibir de 405,99 euros mensuales a 208,49 euros. El motivo: la joven asiste por las mañanas a un taller ocupacional, horas en las que su madre no debe hacerse cargo de ella como cuidadora familiar y por las que, según Bienestar, no debe recibir ayuda.
Según Moreno, son muchas las familias que están recibiendo misivas similares en las que la Generalitat les exige devolver cantidades que supuestamente adeudan a las arcas públicas. Sin embargo, recuerda Moreno que no existe incompatibilidad entre la prestación por cuidador personal y el taller ocupacional. Así lo interpretó el Tribunal de Justicia de Cataluña en una sentencia hecha pública el pasado mes de julio. El fallo reconoce el derecho de una familia, cuyo hijo discapacitado acude a un taller ocupacional, a cobrar íntegramente la prestación de cuidador no profesional, porque ambas ayudas son compatibles. La normativa catalana que desarrolla la Ley de Dependencia establece que no es posible recibir dos o más «prestaciones de análoga naturaleza y finalidad». En este sentido, el TJSC considera que el taller ocupacional no es una prestación «de análoga naturaleza ni finalidad» a la ayuda por cuidador familiar y, por ello, condenó a la Generalitat a pagar a la familia el 100 por ciento de la ayuda.
Sin embargo, el Icass sigue interpretando la ley a su favor y entiende que sí existe incompatibilidad porque equipara el taller ocupacional al centro de día, que sí complementa los cuidados de la familia.
