Miles de dependientes y familiares de toda la Comunitat Valenciana se han concentrado este viernes frente al Palau de la Generalitat contra «el ‘repago’ ilegal e inhumano impuesto» por la Conselleria de Bienestar Social en una protesta en la que han exigido la dimisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.

Así, más de 5.000 personas se había concentrado ya a las 11.00 horas secundando esta convocatoria de más de una decena de entidades sociales y sindicatos bajo el lema ‘En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recorte’. A la protesta, a la que se fueron sumando autobuses de otros ochos centros de Alicante, se leyó un manifiesto para exigir la dereogación de este copago, que puede hacer abonar un máximo del 90 por ciento del coste de la plaza, lo que supone que algunos usuarios deberán pagar hasta 1.800 euros.

Los manifestantes, entre los que habían representantes de los partidos de la oposición, corearon gritos contra el copago y pidiendo la dimisión de Fabra y de Sánchez Zaplana, además de lemas como ‘Menos para el Valencia y más para la dependencia’, ‘Es una indecencia recortar en dependencia’ o ‘No se vende la discapacidad, se defiende’.

Entre las pancartas que llevaban se leía ‘Podéis quitarnos nuestros derechos. Podéis humillar a los débiles y discapacitados, pero la dignidad, la memoria y los votos son nuestros. En las urnas nos encontraremos», «Asunción, Asunción, que consellera más rata, Asunción, Asunción, no nos jodas la pensión’, ‘Tanto hablar de vida y se os ha olvidado de que sea digna’, ‘Calidad de vida o injusticia de por vida’, o ‘Más ayuda, menos recortes. tenemos derechos’.

Muchos de los concentrados llevan un cartel con la cantidad que el nuevo decreto de copago les obliga a pagar. Como Remedios Méndez, una madre de un niño con autismo de 37 años que se verá obligada a sacarlo de la residencia del centro ocupacional de Ontinyent (Valencia) al que asiste porque no puede hacer frente a los 4.287 de más que se le exige al año ya que su marido, con 60 años, no tiene trabajo.

«Somos lo último de la sociedad para ellos y no hay derecho. Quieren que tengamos hijos con deficientes. A la puerta de Gallardón –ministro de Justicia– le dejaba a mi hijo un mes», ha apuntado Méndez, quien ha criticado que «ven el problema de lejos» mientras que ellos «lo sufren cada día». «¿Qué pasará a mi hijo cuando yo me muera?», se ha lamentado.

Del mismo modo, Sergio Dares, un usuario de 35 años del Centro Ocupacional de Xàtiva, ha señalado que con la nueva orden pasará a pagar de 60 a 150 euros. «Es una vergüenza y no hay derecho», ha recriminado. Así, ha apuntado que se hace efectivo este pago tendrá que dejar el centro, donde pasa de 9 a 16:30 horas, y volver a casa. «Allí no hacemos nada», ha señalado.

ERRORES EN EL CÓMPUTO

Por su parte, Juan José García, padre una hija de 34 años con síndrome de down ha advertido de que para calcular el coste del copago al que deben hacer frente la Conselleria ha computado su renta como si fuera de su hija al ser su tutor legal, por lo que sumando a las ayudas que percibía le exigían pagar 320 euros de más.

«Tuve que ir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para poder demostrar que mi hija discapacitada no ha trabajado nunca y al final han admitido que ha sido un error, pero sé que se ha repetido con muchos más casos», ha advertido.

Antonio Raya, miembro de la Junta Directiva de COPAVA, ha señalado que sólo el pasado 8 de enero, siguiendo una convocatoria de la plataforma, se presentaron más de 700 recursos de alzada de forma individual y que piensan acudir también a la Fiscalía y al Síndic de Greuges.

Así, ha señalado que es un «repago puesto que desde el 1 de enero están pagando dos veces por el mismo servicio», que además es «ilegal» e «inhumano» porque p»enaliza aún más a los casos más desprotegidos como huérfanos, por la pensión de orfandad más alta que perciben, o al tributar dos veces el patrimonio que familias han dejado a sus dependientes para asegurarles su futuro».

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