servicios sociales
Diputación valenciana prorroga programa de viajes sociales para atender las peticiones
La Diputación de Valencia y la Unión Hotelera han suscrito hoy la prórroga del programa por el empleo hotelero y el turismo social para poder atender todas las peticiones recibidas, unas 30.000, de las que 13.000 ya han realizado el recorrido turístico de costa e interior por la provincia.
La diputada provincial de Bienestar Social, Amparo Mora, y el presidente de la Unión Hotelera, Luis Martí, han firmado hoy la prórroga para este año, que dará continuidad al programa a partir de abril, dirigido a la tercera edad.
En 2013 se formalizaron más de 25.000 solicitudes a través de los ayuntamientos, muchas de las cuales se pidieron con posterioridad al mes de agosto, por lo que se llevarán a cabo durante este año.
El programa, dotado con tres millones de euros, persigue generar y mantener el empleo en las zonas turísticas durante la temporada baja, lo que supone desestacionalizar el turismo, «uno de los principales problemas» en la Comunitat Valenciana, ha manifestado Martí.
El plan ha permitido en 2013 el mantenimiento de entre 1.500 y 2.000 empleos en la provincia de Valencia tanto en alojamientos como en establecimientos hosteleros.
La ocupación en enero es «bajísima», del 30 % frente al 80 % en temporada alta, a excepción de la ciudad de Valencia, y el programa ayuda a que los hoteles no tengan que cerrar durante algunos periodos, y por tanto, no despedir a sus empleados.
Un total de 18 hoteles de costa e interior, con una media de un centenar de empleos cada uno, ha participado en el programa durante 2013.
La diputada provincial ha avanzado que la Diputación de Castellón ha mostrado su interés en el programa y en estudiar las fórmulas para aplicarlo en la provincia.
Esta extensión del programa en Castellón beneficiaría a Valencia al permitir el intercambio de viajeros entre ambas provincias.
Amparo Mora ha explicado que aun «quedan muchas personas» que han solicitado participar en el programa en sus ayuntamientos y que todavía no han podido realizar las rutas por la provincia.
Barcelona y l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, ACRA, firman un acuerdo para que los centros residenciales de Barcelona ofrezcan comidas gratis a personas mayores con dificultades económicas o sociales
Los centros residenciales para gente mayor ofrecerán entre 5 y 10 comidas diarias a personas mayores derivadas por los servicios sociales de Barcelona
La teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Maite Fandos, y la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, han firmado el acuerdo entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona y ACRA para desarrollar el proyecto solidario Compartiendo Mesa a la ciudad. Con este programa de responsabilidad social corporativa, los centros residenciales y de día que se quieran sumar ofrecerán comidas gratuitas a personas grandes que se encuentren suelas o que tengan problemas económicos.
El acto ha tenido lugar este lunes 20 de enero por la mañana y ha contado también con la presencia de la Directora General de la ICASS, la Sra. Carmela Fortuny, la Síndica de Agravios de Barcelona, la Sra. M. Assumpció Villano, y la Comisionada de Gente mayor Sra. M. Assumpció Roset.
Para participar del programa, los centros que quieran tendrán que firmar un convenio de colaboración con cada distrito de Barcelona. Los servicios sociales municipales serán los que detectarán los posibles usuarios del proyecto y los derivarán en centros cercanos a casa suya donde podrán comer de manera gratuita. En Barcelona, 24 centros residenciales y de día ya se han sumado. Durante un año, se calcula que se podrán ofrecer un total de unas 45.000 comidas gratuitas.
Compartiendo Mesa se inició a principios del 2013 en el marco de un convenio entre el Departamento de Bienestar Social y Familia la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios y ACRA. 131 entidades de todo el territorio ya ofrecen comidas gratuitas a personas grandes de su entorno.
ACRA, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, es una organización empresarial sin ánimo de lucro que agrupa unos 900 servicios asistenciales para la gente mayor (teleasistencia domiciliaria, atención domiciliaria, centros de día, hogares residenciales, residencias, pisos tutelados y centros sociosanitarios) en todo Cataluña, más de 120 de los cuales en Barcelona, y un total de 30.000 trabajadores.
La mitad de los españoles cree insuficientes los servicios para discapacitados
El 57,1 por ciento de los españoles cree que los servicios sanitarios y sociales que proporciona la sociedad a las personas con discapacidad son «más bien insuficientes», al igual que las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las administraciones conceden a este colectivo, tal y como opina el 49,4 por ciento.
Así de desprende del Avance de resultados del Barómetro de diciembre de 2013 del Centro de Investigaciones Científicas (CIS), publicado este miércoles, y que refleja también que el 65,8 por ciento de los encuestados opina que en los diez últimos años la asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en España ha mejorado «poco» o «nada».
Si bien el 70 por ciento de los españoles opina que el Estado es el principal responsable de mejorar la integración y condiciones de vida de este colectivo, seguido de las comunidades autónomas (44,6%), sin embargo no llega al 20 por ciento los que creen que verdaderamente lo hacen. Por contra, el 29,5 por ciento cree que las ONG, fundaciones y asociaciones son las entidades que más se responsabilizan de las personas con discapacidad.
Sector de la dependencia valora «positivamente» la subida del Gobierno regional cántabro del 1,6% por las plazas concertadas
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) en Cantabria ha valorado «positivamente» la subida del 1,6 por ciento en los precios públicos que paga a las empresas y entidades del sector de la Dependencia por las estancias concertadas tanto en centros de día como en residencias.
Así lo ha afirmado en un comunicado su presidente, Víctor Pandal, quien ha opinado que esta medida aprobada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria se trata de un «pequeño paso para retornar a la senda de la normalidad», tras la bajada de 2012 –que cifra entre el 10% y el 13%– y la congelación de 2013.
«FRAGILIDAD ECONÓMICA» DE LOS CENTROS
Pandal ha opinado que el Gobierno regional «debe ser consciente» de que «muchos centros» se encuentran en una situación de fragilidad económica que «pone en serio peligro su viabilidad ante la proliferación de plazas vacías».
A su juicio, este hecho se vuelve «más acuciante» en los centros medianos y pequeños en zonas rurales, donde la posibilidad de ocupar plazas privadas es «mínima» puesto que la mayor parte de los posibles usuarios no disponen de los recursos necesarios.
Por ello, ha insistido en que el sector sigue reclamando la adopción de más medidas para dar viabilidad a los centros y mejorar la calidad de atención a los ciudadanos que reciben nuestros servicios.
Ha opinado que estas medidas deben ir orientadas a mejorar la normativa vigente, tanto sobre los criterios materiales exigidos como en la obligatoriedad de que todos los centros de Cantabria concertados cuenten con una acreditación que garantice una asistencia regulada y de calidad.
Por ello, y pese al «esfuerzo» que supone a las empresas y entidades del sector, ha considerado una «buena noticia» que a partir de junio de 2014 todos los centros concertados con el Gobierno de Cantabria deberán estar acreditados. A su juicio, «debe garantizarse de alguna forma el tipo de servicio que se presta y como se presta».
Así, ha afirmado que FED Cantabria seguirá colaborando con la Administración «para avanzar juntos» pero «sin renunciar a sus objetivos» en cuanto a la atención centrada en el usuario, la sostenibilidad empresarial y el reconocimiento social.
La Federación Española de Dependencia representa a 2.400 Centros Residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en Centros de Día, 230.000 beneficiarios de Servicios de Ayuda a Domicilio y 315.000 usuarios de Teleasistencia.
El informe sobre Alzheimer en España elaborado por PWC, Lilly y CEAFA recibe el Premio Mejores Ideas 2013 de Diario Médico
El informe “Estado del Arte del Alzheimer en España” elaborado por PwC, con la colaboración de Lilly y la participación de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), ha recibido el premio “Mejores Ideas de la Sanidad del Año” de Diario Médico, concretamente en la categoría de Política Profesional. Este premio reconoce la aportación de este informe –el más completo sobre Alzheimer en nuestro país- a mejorar la medicina, la asistencia sanitaria y la salud a lo largo del 2013.
Manuel Carrasco, director de PwC en I+D+i en Sanidad, Pharma y Tecnologías Sanitarias; Verónica Cuadrado, del departamento de Corporate Affairs de Lilly; y Jesús Mª Rodrigo, director ejecutivo de CEAFA, fueron los encargados de recoger el galardón en la ceremonia de entrega de premios, que tuvo lugar el pasado día 18 de noviembre, en el Teatre Nacional de Catalunya.
“Este premio es un reconocimiento a un trabajo riguroso que pretende ser un punto de partida para resolver los problemas más acuciantes que plantea esta devastadora enfermedad, ya que no sólo da una visión general e integral, sino que también presenta los principales retos, proponiendo soluciones para facilitar la cooperación entre los agentes implicados”, afirmó Verónica Cuadrado de Lilly. Y es que, en España, hay 500.000 y 800.000 sufren estaenfermedad Alzheimer, pero su alcance va mucho más allá, puesto que afecta directamente la vida de 3,5 millones de españoles.
El informe es un análisis global y exhaustivo de la situación actual de la enfermedad de Alzheimer en España que al mismo tiempo plantea soluciones, retos y oportunidades, como la necesidad de contar con una Política de Estado de Alzheimer para ayudar a los pacientes y a sus familias bajo criterios unificados en todo el territorio.
Actualmente, no existe un modelo uniforme de prestación ni de coordinación de servicios sociosanitarios para personas con enfermedad de Alzheimer (EA), sino que cada Comunidad Autónoma cuenta con órganos de coordinación, planes y programas propios. La situación actual (y futura) exige la implantación de mejoras nacionales en la calidad asistencial para los pacientes, como nuevas terapias no farmacológicas, recursos y servicios sociales, pero también para sus cuidadores. Todo ello, bajo el paraguas de un plan que coordine el trabajo de distintas instituciones y organismos gubernamentales.
Bauzá destaca el nivel de asistencia «realmente alto» que hay en Baleares para personas discapacitadas
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha destacado en su discurso de inauguración del X Congreso Balear de Familias de Personas con Discapacidad organizado por Amadiba, que «en general» Baleares tiene un nivel de asistencia a personas discapacitadas «realmente alto» y es «en su mayor parte», por el trabajo que hacen las entidades del sector.
«Desde el Govern, ha asegurado el líder del Ejecutivo, sabemos que lo mejor que podemos hacer por las personas que tienen algún tipo de discapacidad es estar a vuestro lado y ofreceros todo el apoyo que esté en nuestra mano» ya que, según ha dicho, lo «verdaderamente importante» es «asegurar el mejor bienestar posible».
En este sentido, Bauzá ha celebrado la modificación realizada en la Ley de Servicios Sociales, que fue anunciada hace unas semanas y mediante la cual los usuarios de determinados servicios sociales con un componente de arraigo «no tendrán que estar cambiando de entidad concesionaria periódicamente» debido a la creación de un concierto diferenciado».
Además, Bauzá ha mencionado «el incremento» presupuestario de la Conselleria de Familia y Servicios Sociales para 2014, que es de un 7,16%, y que incluye un aumento para la partida destinada a discapacidad.
«Esto significa, ha incidido, que en 2014 habrá 3,8 millones de euros, es decir un 24% más que el año pasado, lo que permitirá incrementar el concierto de plazas para personas con discapacidad, ya sea en centros de día, viviendas tuteladas, residencias o centros ocupacionales».
Cabe destacar que a la inauguración del Congreso también han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, y el alcalde de Palma, Mateo Isern, autoridades que también han estado presentes –junto a Bauzá y la delegada del Gobierno, Teresa Palmer–, en la apertura del rastrillo solidario que la Asociación Nuevo Futuro.
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Comunidad de Madrid invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, ha señalado este martes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, donde ha dado cuenta del presupuesto de su cartera para 2014, que el Gobierno regional invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
El consejero ha dicho que las cuentas de la Comunidad de Madrid para 2014 garantizan «el mantenimiento de unos servicios sociales altamente especializados, de máxima calidad y territorializados».
«Son unos presupuestos sociales, ya que 9 de cada 10 euros van destinados a gasto social: sanidad, educación y servicios sociales», ha afirmado para señalar a reglón seguido que no hace muchos años esa proporción era de 7,5 sobre 10 .
De los 17.060 millones del presupuesto global de la Comunidad de Madrid para 2014, 1.303 millones de euros corresponden a la Consejería de Asuntos Sociales, un 4,3 por ciento más que el año anterior, lo que se traduce en un aumento de 53 millones.
Eso quiere decir, ha constatado, que 8,4 de cada cien euros del presupuesto total de la Comunidad de Madrid se destinan a Asuntos Sociales, así como que esta consejería invertirá 3,5 millones de euros al día en servicios sociales.
Además, el consejero ha recalcado que el 94 por ciento del presupuesto va destinado a la «prestación directa de servicios a las personas» y solo un seis por ciento a «costes de gestión».
Las líneas de actuación de la Consejería para 2014 son, según ha enumerado, el mantenimiento de la atención gratuita a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedad mental y a los niños de 0 a 6 años que reciben atención temprana «a pesar del escenario económico», siendo Madrid la única comunidad que presta esta atención de manera gratuita, para lo que se va a destinar un total de 338 millones de euros, 23 millones de euros más que en 2013.
También se incrementa el presupuesto para dependencia, pasando de 941 millones en 2013 a 990 millones de euros en 2014, casi 50 millones más que en 2013, «garantizando el mantenimiento de una de las redes asistenciales más extensas de toda España compuesta por 50.000 plazas y 500 centros».
Este presupuesto permitirá, entre otras actuaciones, destinar 2,2 millones de euros más a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, pasando de 23,6 millones en 2013 a 25,8 millones en 2014.
Asimismo, se aumentará en un 3 por ciento la partida destinada a las prestaciones económicas, hasta alcanzar los 84,5 millones de euros y se incrementará en un 6,5 por ciento el presupuesto de los convenios de atención social primaria con los ayuntamientos, que contarán el próximo año con más de 97,4 millones de euros.
Otra de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Asuntos Sociales es la atención a mayores, a las que en 2014 se destinará un total de 442 millones de euros, 22 más que en 2013, según el consejero, que también ha destacado el incremento de la partida de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en un 3,5 por ciento, hasta superar los 84 millones de euros, «con el objetivo de que 20.000 familias reciban esta prestación».
También se ha incrementado el presupuesto para familia y menores, que en 2014 ascenderá a 109 millones de euros, 4,1 millones más que en 2013, con el objetivo de promover el acogimiento familiar, mantener la extensa red de servicios y programas dirigidos a menores, con una red asistencial de 1.600 plazas. En este marco también se contempla la atención a mujeres con hijos y embarazadas en riesgo de exclusión.
«Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género a través de los distintos recursos con los que contamos y en los que ofrecemos una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género», ha agregado Fermosel. En este sentido, ha indicado que se van a destinar más de 21,5 millones a las acciones contra violencia de género y promoción de la igualdad entre mujeres y hombre.
También ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la población extranjera que reside en la Comunidad, a la que se destinarán más de 5,4 millones de euros para diversas iniciativas que incluyen línea de subvenciones de integración sociolaboral, lucha contra el racismo, los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes y el programa Conoce tus leyes, entre otros.
En lo referente a voluntariado y cooperación, el presupuesto asciende a 1,8 millones de euros para la ayuda de emergencia, ayuda humanitaria y supervisión de proyectos de cooperación, así como el servicio de información al voluntariado. Fermosel ha recordado que Madrid cuenta con 150.000 voluntarios «que realizan una labora asistencial esencial y totalmente desinteresada en un millar de organizaciones de voluntarios».
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN BAJAN
Precisamente estas dos últimas partidas, inmigración y cooperación, son las únicas que bajan. Concretamente, según el anteproyecto de Presupuestos para 2014, la primera partida pasará de 10,69 millones destinados este año a los 5,41 millones previstos para el que viene. Voluntariado y Cooperación pasa de 7,8 millones de euros destinados este año y a los 1,8 millones fijados para 2014.
La portavoz del Grupo Socialista, Matilde Fernández, ha valorado el crecimiento del presupuesto y el hecho que se destine a gestionar centros y «por lo tanto las plazas de las personas».
No obstante, ha criticado que es un presupuesto que no alcanza los presupuestos que había la legislatura pasada, que crece para gestión de centros de economía social pero también de mercado y que «no dedica ni un euro a inversión para tener futuras plazas para atender a más personas».
La portavoz de IU, Josefa Amat, ha indicado que con las modificaciones de presupuesto de 2013 la Consejería alcanzó un presupuesto de 1.355 millones, lo que significa que baja un 3,9 por ciento respecto del consolidado del año pasado, que se ha ejecutado en torno a un 60 o 50 por ciento en algunos casos, lo cual quiere decir que se pone en números pero «no resulta efectivo».
Por su parte, el portavoz de UPyD, Alberto Rellero, ha criticado que «los presupuestos son una cosa y la ejecución de los presupuestos son otra». «Tenemos la experiencia de años anteriores que la ejecución no se corresponde en absoluto», ha afirmado.
«Lo que es cierto es que sobre el papel hay un pequeño crecimiento que en cualquier caso consideramos insuficiente», ha apuntado, para referirse en concreto a la falta de recursos para afrontar «la pobreza» y la dependencia.
El IMAS estima que los médicos de residencias son «claves» en el desarrollo de servicios sociosanitarios
El director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Enrique Pérez Abellán, dijo este sábado en Cartagena que los médicos de residencias son «claves» para el desarrollo y consolidación de los servicios sociosanitarios.
Pérez, que clausuró el XIII Congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (SEMER), aseguró que este tipo de servicios «hace unos años se manifestaban como necesarios, pero ahora, con la mayor esperanza de vida y la cronificación de la enfermedad en las personas de edad, se han convertido en imprescindibles».
En este sentido, subrayó que los médicos de residencias disponen de grandes conocimientos y práctica en la atención y seguimiento de la evolución de la enfermedad de personas mayores, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
«Es indiscutible que la función del médico de residencia es fundamental para el control permanente del estado de salud de los residentes, pues prestan una atención permanente en el mismo lugar donde el mayor se desenvuelve y desarrolla sus actividades cotidianas, lo que, por otra parte, permite al facultativo disponer de una información más fidedigna de cómo evoluciona el propio paciente, casi al minuto», aseveró Pérez.
Asimismo, remarcó la tarea investigadora que desarrollan al amparo de la SEMER, así como la «demostrada capacidad» de estos facultativos para coordinarse con el resto de profesionales que trabajan en las residencias, «lo que hace que la atención a nuestros mayores mejore cada día».
XIII CONGRESO SEMER
La Sociedad Española de Médicos de Residencias celebra desde el pasado jueves su XIII Congreso nacional en Cartagena, en el que se han abordado, entre otras cuestiones, la neurogeriatría, la diabetes en las personas mayores, las terapias interdisciplinares en la demencia o el estreñimiento crónico en el paciente anciano.
La SEMER es una sociedad científica integrada por médicos que desarrollan su labor profesional en residencias de ancianos públicas y privadas que nació para aglutinar los intereses de un amplio colectivo, disperso y heterogéneo, pero con necesidades comunes que precisan de soluciones específicas.
“Transferir lo social a las autonomías duplica el gasto”
Desde la “lealtad”, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, del PP, se muestra contundente a la hora de valorar las consecuencias que tendrá la reforma de la Administración local en el sistema de servicios sociales de su territorio, entre las que destaca la duplicidad de funciones y de gasto; precisamente lo que pretende combatir la ley. Esta comunidad ha elaborado distintas enmiendas al proyecto del Gobierno para que “dentro del margen que ofrece la ley se respeten los modelos que han mostrado ser eficientes”.
Pregunta. La ley plantea que los municipios solo puedan ocuparse de labores de evaluación, información y atención inmediata, por lo que los Ayuntamientos dejarían de tener el peso de los servicios sociales de base, que pasarían a ser competencia autonómica. ¿Qué supone este cambio?
Respuesta. Nosotros tenemos un sistema de integración total entre municipios y autonomía en el que los trabajadores sociales de proximidad tienen la capacidad suficiente para atender las necesidades de forma integral. Es el modelo más eficiente del país porque la coordinación evita esfuerzos duplicados. Hay que tener en cuenta que los servicios sociales necesitan personal de cercanía. Si se transfiere la competencia a las autonomías y asumen estas actuaciones, con su correspondiente personal e instalaciones, se duplicará el gasto, lo que no tiene ningún sentido. Lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros —los 1.500 empleos de Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes— pasará a costar el doble.
Milagros Marcos explica esta duplicidad de empleos y gasto: no se trata solo de cambiar de sitio las competencias, hay empleos que mantener en el ámbito local: “Un trabajador social de un municipio ahora gestiona las cuestiones de emergencia y las que no son urgentes, en un trabajo integrado; con la reforma solo podrá encargarse de las urgentes, por tanto, habrá que poner a otro para lo demás”. Y eso lo tendrá que asumir la comunidad autónoma.
P. Dos trabajadores de Administraciones distintas para un mismo problema puede romper ese tratamiento integral.
R. Pero, además, ¿dónde está la línea entre lo urgente y lo no urgente? Nosotros contamos con un sistema integral. En una familia con dificultades puede haber un problema de drogas, de violencia familiar, de mayores en situación de dependencia… Nuestros profesionales atienden estos casos en conjunto, sin segmentar, y desde la atención cercana. Esta gente necesita a una persona de referencia próxima. Son los servicios sociales de barrio quienes conocen las necesidades de esta gente. Si se nos fuerza a duplicar servicios, duplicamos estructuras y gasto y perjudicamos a los usuarios. [La reforma] penaliza a las Administraciones que no tenemos duplicidades
P. ¿Qué va a pasar con las residencias de ancianos? También tendrán las comunidades que asumir esta gestión.
R. Este es otro tema. Se puede transferir el control de las residencias municipales a las autonomías. Pero en un año [el plazo previsto en el anteproyecto] y sin presupuesto no se puede hacer. ¿Cómo voy a asumir 10.000 plazas de golpe? Cuestión distinta es afrontar este proceso con tiempo; en cinco años se podría hacer con tranquilidad. Entre esta cuestión y los servicios de proximidad que mencionaba antes, el incremento de gasto en Castilla y León sería de 200 millones de euros.
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Botella propone una reforma de la Ley de Capitalidad para mantener servicios
5ª Jornada de Ética y Servicios Sociales
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y el IAAP «Adolfo Posada» organizan la 5ª Jornada Ética y Servicios Sociales que este año abordará el tema El papel de la ética en los modelos de atención social. Tendrá lugar en Oviedo el 21 de noviembre del 2013.
Esta convocatoria anual se enmarca dentro de las líneas que desde el Servicio de Calidad e Inspección, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda viene impulsando para propiciar la reflexión y mejorar la calidad de las prácticas profesionales en los distintos centros y servicios.
En el variado programa de la Jornada participan diversos expertos, cabe destacar la conferencia magistral que será impartida por Ramón Bayés, Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada: «Sobre la felicidad y el sufrimiento a lo largo de la vida».
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Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.
Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida…”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.
“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad… todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.
El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.
Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.
El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.
En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.
Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (…) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.
El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).
De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.
Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.
España ocupa el puesto 22 de 91 en el ranking de mejores países para las personas mayores, según HelpAge International
España ocupa la posición 22 de los 91 países que componen el ranking donde las personas mayores viven mejor, liderado por Suecia, Noruega y Japón, presentado este martes por la organización HelpAge International, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora este 1 de octubre.
Así, en el ‘Índice Global de Envejecimiento 2013’, países como Israel, Chile o Eslovenia se sitúan en los primeros 20 puestos de este ranking, que también tiene en cuenta aspectos como la participación de los mayores en sociedad y la adecuación de los entornos, que sitúan a España es el decimocuarto mejor país. Además, en otros parámetros como la seguridad de ingresos, España aparece en el puesto 31; mientras que en estado de salud figura en el puesto 39 o en el 50 en cuanto a empleo y educación.
El estudio pretende «comparar las vidas de las personas mayores en los diferentes países» con el fin de «ayudar a los gobiernos a mejorar los datos disponibles» a través de decisiones políticas, según ha explicado la presidenta de HelpAge International, Isabel Martínez.
En este sentido, ha urgido a los países de todo el mundo a «tomar medidas para luchar contra la pobreza en la vejez y enfrentar la discriminación por edad y el abuso de los derechos de las personas mayores» ante el «rápido envejecimiento del mundo». «Es preciso que el envejecimiento sea tenido en las agendas nacionales», ha insistido.
Según el documento, el número de personas mayores de 60 años supera en la actualidad al de los menores de 5 años a nivel mundial y se prevé que, en 2050, será mayor que el de los menores de 15 años. De hecho, señala que, ese mismo año, los mayores de 60 representarán el 22 por ciento de la población mundial.
Entre los países del G20, India, Indonesia, Malasia, México, Rusia y Turquía serán los que experimenten de forma más rápida el envejecimiento de la población, según indica el informe, que señala que en los próximos 40 años se duplicará el número de personas de avanzada edad en esos países.
Por otra parte, la organización ha destacado que, pese a lo que habitualmente se cree, el PIB de un país «no está necesariamente ligado con mejores condiciones de vida para las personas mayores». De hecho, destaca que los países en expansión conocidos como ‘BRICS’ no puntúan de forma parecida en el índice ya que Brasil y China ocupan posiciones elevadas en el índice, mientras que Rusia e India tienen puntuaciones bajas y se sitúan en la segunda mitad de la tabla.
Padres en desamparo, evitan acudir a los servicios sociales por temor a perder la tutela de sus hijos
Una joven, en Murcia, entra a la consulta de atención directa de los servicios sociales locales, deja a su bebé en su canastilla y con varias mudas de repuesto sobre la mesa y dice, con cara avergonzada, que no tiene recursos para mantenerlo. “Cuídenlo bien”. Y se va. La escena se produjo hace pocos meses. La relata José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “En 30 años de carrera nunca había conocido esto”, asegura.
Los profesionales empiezan a alertar de que situaciones como esta son cada vez más comunes. El caso de unos padres que el pasado junio dejaron a sus hijos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), aduciendo carencias económicas, abrió un escenario repleto de interrogantes. Cuando unos padres no pueden mantener a sus hijos, ¿qué deben hacer? ¿Están los servicios sociales y los poderes públicos preparados para actuar cuando la pobreza aprieta hasta este límite? ¿Es lo mismo dejar a unos niños abandonados en la calle que entregarlos a una institución pública?
Consuelo Madrigal, fiscal coordinadora de menores, responde con rotundidad: “No es lo mismo ni mucho menos”. Independientemente del motivo. Lo primero, explica, es un delito, “porque pone en peligro al menor, incluso su vida”. Eduardo Esteban, ex fiscal provincial de Madrid, tampoco duda: “Es distinto dejar a unos niños en una institución pública o incluso en una iglesia, donde sabes que van a estar atendidos, que dejarlos en un parque”, dice. “Puede haber un incumplimiento de las obligaciones. Pero para que haya delito tienen que dejarlos solos, en una situación de riesgo. Ese es el matiz”, apunta. “No se culpa a los padres porque no hay dolo, no hay mala intención, sino una situación de pobreza”, explica Madrigal. “Pero cuando la situación pasa de riesgo a desamparo, porque al niño le falta sustento material o moral, la Administración asume la tutela”, detalla la fiscal. A partir de ahí, “se investiga y se intenta apoyar a la familia para evitar la separación”.
Ramírez añade que la Administración “debe tener en cuenta la actitud de los padres, si han pedido ayuda y no han dejado de atender a los niños pese a la miseria” antes de asumir su tutela y separar al menor de su familia. Almudena Escorial, portavoz de Save the Children, cree que “no se debería llegar a esa situación”. Pero la realidad es compleja.
Todos los agentes implicados en este tipo de procesos sostienen que la pobreza nunca puede ser el único motivo para que unos padres pierdan la tutela de sus hijos, ni tampoco para impedir que puedan recuperarla. Así lo aseguran el Ministerio de Sanidad, los servicios sociales, la Fiscalía de Menores, las ONG y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este último, con una sentencia reciente en la que condenaba a España a indemnizar a una madre por separarla de su hijasolo por su precaria situación económica. Tras presentarse con la niña en los servicios sociales de Motril (Granada) para pedir “trabajo, comida y alojamiento”, la pequeña fue trasladada a un centro de menores, la declararon en desamparo e impulsaron su acogimiento preadoptivo en una familia.
Lo prioritario, dicen los expertos, es sacar a las familias de la miseria. “La ley prioriza la protección del menor, pero apoyando a los hogares para que no se produzca el desamparo. La retirada tiene que ser solo porque haya un riesgo muy elevado”, detalla Idelfonso Sánchez, técnico de protección de menores en Almería. Marta Arias, responsable de políticas de infancia de Unicef, añade: “Unos padres sin recursos no son malos padres. Hay que ayudar a las familias porque es donde mejor están los pequeños, salvo que haya malos tratos”.
Pero la crisis no perdona y 2,2 millones de niños viven, según un informe de Unicef de 2012, en hogares por debajo del umbral de la pobreza en España (con menos de 16.400 euros anuales para dos adultos y dos menores). La Guía para las Ayudas Sociales para la Familia 2013, publicada por el Ministerio de Sanidad, prevé distintas prestaciones para colectivos en riesgo, como las rentas mínimas de inserción, los centros de acogida para “personas, familias o grupos carentes de un medio adecuado”, y recursos para personas sin hogar de “alojamiento, alimentación, vestido e higiene”.
Esta es la teoría. Pero en la práctica, los recursos para reflotar a las familiashan pasado por la tijera, desde las becas de comedor en colegios hasta las ayudas de emergencia. Esta última, además, llega con un retraso de hasta ocho meses en algunas autonomías. En este sentido, la asociación que preside Ramírez denuncia la situación de “desamparo de las familias”. Lo que, según esta organización, supone una vuelta al modelo de la beneficencia. “En vez de recibir una ayuda de la Administración, la gente se ve abocada a salir en la televisión, dar lástima y que un alma caritativa les asista”, se queja Ramírez. “Conocí a dos inmigrantes con tres hijos. Él trabajaba en la construcción y se quedó en paro. A la madre le diagnosticaron esquizofrenia. Cuando fueron a pedir ayuda a ella le dio un brote psicótico y él, abrumado, huyó. Los pequeños pasaron a protección de menores. Pero esto no hubiera pasado si hubieran tenido un salario social y ayuda psicológica. El padre hubiera tenido un colchón para mantener a la familia y no sentirse desbordado”, relata.
Santiago Agustín, psicólogo con experiencia en centros de menores de Madrid, asegura que el trabajo con las familias “es muy pobre”. “La inversión en centros de protección es desmesurada (la estancia de cada menor puede costar hasta 4.000 euros al mes), y en los barrios no se percibe el trabajo con las familias”, afirma.
“La Administración se tiene que adaptar”, reconoce la fiscal coordinadora de menores. “Con la crisis se ha elevado el nivel de marginación y se ha incrementado la demanda de protección. Los servicios sociales y las entidades de protección a la infancia están desbordados, tanto en recursos materiales como profesionales”, afirma. “Las intenciones de la Administración son buenas sobre el papel, pero tienen que estar dotadas económicamente, con profesionales e infraestructuras”, reclama Ramírez. Denuncia que el plan concertado de servicios sociales de Sanidad, en el que se incluyen las ayudas de emergencia, se ha reducido un 65% en los dos últimos años. Las autonomías también han metido la tijera, algunas más que otras. En el País Vasco una de cada 13,5 personas recibe una renta mínima de inserción (cuando se agotan el paro y los subsidios); en Murcia lo hacen una de cada 316 y perciben, además, una cuantía mucho menor.
Cuando la ayuda no llega, ¿qué deben hacer los padres sin recursos? Gustavo García, director del albergue social de Zaragoza, el primero que habilitó módulos para familias en España, subraya: “Lo correcto es solicitar la guarda voluntaria de los niños. Los padres tienen que pedir la guarda a los servicios sociales cuando no pueden hacerse cargo de sus hijos, por motivos económicos u otro tipo de circunstancias. La Administración se hace cargo temporalmente de ellos, y los padres no pierden la patria potestad”.
Esta modalidad de ayuda con los hijos ha descendido desde 2006. Ese año había 9.598 menores en guarda, frente a 4.537 en 2011. La bajada tiene una doble explicación, según García: la salida de inmigrantes del país y el temor de algunos padres a acudir a los servicios sociales a solicitar auxilio porque creen que les van a arrebatar a sus niños. “Algunos pasan hambre por temor a pedir ayuda”, dice. Recuerda que una paciente de un hospital en Zaragoza fue pillada echando la comida al bolso. Cuando los profesionales le preguntaron por qué, ella respondió: “Mi hijo pasa hambre en casa”. García quiere desmontar el mito: “Esa imagen de que vamos retirando niños es falsa”.
José Luis Calvo, vicepresidente de Prodeni, entidad defensora de los derechos de los niños, discrepa. Afirma que en ocasiones sí se producen retiradas de niños por situación de pobreza. “Es evidente que este factor no aparece como único fundamento de ninguna retirada de niños. Tampoco como motivo para que los padres no los puedan recuperar. Pero subyace más o menos explícito en no pocos informes”, afirma. La miseria suele estar acompañada de otros problemas de salud, emocionales o inestabilidad en la vivienda, según Calvo. “Estas circunstancias son las que se alegan como agravantes para quitarles la tutela”, asevera. Y una vez retirada, en su opinión, “no se promueve la reagrupación”. “Para recuperar a los hijos casi hay que pasar una oposición”, ejemplifica.
En la memoria de Calvo hay muchos ejemplos. Su organización defendió recientemente a una madre que pasó siete años visitando a sus hijos, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, una hora al mes. “En ese tiempo su situación económica y personal cambió. Pero tenía la etiqueta de que ‘no era colaboradora’ y no se los devolvían”, relata. Al final, con intermediación de Prodeni, recuperó a los pequeños.
Santiago Agustín opina que “los niños acogidos deberían relacionarse con sus familiares de origen diariamente”. En la mayoría de las regiones, las visitas son, por defecto, de una hora al mes. “Esto solo puede calificarse como maltrato institucional”, asevera. El psicólogo no ve lógico que, salvo que existan malos tratos o riesgo grave, se restrinjan los encuentros y el sistema sea tan rígido para la recuperación.
Con todo, la actuación de la Administración tendrá que adaptarse a una casuística que aumenta con la crisis: padres que no tienen qué llevar a la boca de sus hijos. “Y entender que las situaciones, con el tiempo, cambian”, zanja Calvo.
Cataluña niega que haya malnutrición infantil y descarta toda «medida excepcional»
El conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha reiterado este martes que en la comunidad no existen casos de malnutrición infantil derivados de la situación socioeconómica de las familias por la crisis, así que ha descartado que se realice «ninguna medida excepcional» para abordarla.
En rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha desvirtuado el informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que alertaba de 50.000 casos de malnutrición infantil, por entender que se basa en una encuesta a las familias sin rigor científico, si bien ha considerado evidentes los riesgos derivados de la crisis a nivel social y por ello es necesaria una «especial alerta».
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, por su parte, ha valorado positivamente las recomendaciones del Síndic, y ha asegurado que el Govern trabaja para homogeneizar los criterios de concesión de las becas comedor y para fortalecer la mesa solidaria de suministro de alimentos.
Ruiz ha explicado que el informe hecho por los servicios de atención primaria en el que se apunta la existencia de unos 750 casos de desnutrición, y del que el Síndic también se hacia eco, se refiere en su mayoría a casos en los que existe una enfermedad previa que impide la correcta absorción de los nutrientes.
Ha lamentado que la obesidad también puede interpretarse como un problema de malnutrición y ha afirmado que la cifra de 50.000 menores se extrae de una pregunta hecha a las familias en las que se les cuestiona si pueden permitirse darle de comer a sus hijos dos veces a la semana pescado y carne, por lo que «todos los vegetarianos tendrían déficits de proteínas».
«Nadie puede decir científicamente, hablando con rigor, que esto (desnutrición infantil derivada de la pobreza) esté pasando en Cataluña», ha insistido, pese a que la red sanitaria actúa como centinela para detectar los casos que puedan producirse.
Madrid acoge las Jornadas “Buenas Prácticas en Centros de Día”
El Ayuntamiento de Madrid organiza el 24 y 25 de septiembre las Jornadas Técnicas sobre Buenas prácticas en centros de día, cuyo objetivo es ofrecer un espacio de reflexión que sirva de referencia para intercambiar experiencias llevadas a cabo, transferir conocimientos y mejorar las intervenciones.
En las mismas se presentarán experiencias llevadas a cabo en distintos centros de día de la comunidad madrileña tanto de titularidad pública como privada.
La conferencia de clausura correrá a cargo de la psicóloga Teresa Martínez Rodríguez experta en gerontología y en modelos de atención centrada en la persona bajo el título Bases para la implantación de las buenas prácticas en Centros de Día.
La conferenciante es autora de distintas publicaciones relacionadas con las buenas prácticas en centros gerontológicos y la atención centrada en la persona. Su obra Centros de atención diurna para personas mayores en situación de fragilidad o dependencia pertenece a la colección Gerontología Social de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Organiza: Dirección General de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento de Madrid
Madrid. 24 y 25 de septiembre de 2013
Lugar: Centro Cultural La Casa del Reloj. Paseo Chopera , 6 y 10
Fuente y programa: http://www.jornadasdgmas2013.
El Ayuntamiento almeriense no dará pasos atrás con las cuidadoras de dependencia
Después de semanas de negociación y de varios tira y afloja, la concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Almería, Aránzazu Martín, está dispuesta a sacar dos pliegos de condiciones diferentes para concertar el servicio de atención a personas dependientes con dos empresas diferentes. El motivo: la falta de acuerdo con las 53 trabajadoras del plan concertado de ayuda a domicilio del Ayuntamiento.
Martín explica que el Estado ha retirado la aportación al plan concertado de los ayuntamientos y ha apostado por unificar las ayudas en torno a la Ley de Dependencia a cuyas trabajadoras, más de 400, también subvenciona la Junta de Andalucía. La concejal entiende que lo suyo sería sacar unificar el servicio y no tener dos empresas diferentes, con condiciones laborales diferentes y una de ellas con, cada vez, menos aportaciones económicas “puesto que lo del plan concertado para la ayuda a domicilio se acaba”.
Pérdida de beneficios La edil reconoce que las 53 trabajadoras del plan concertado tendrán que perder algunos de sus beneficios. Además de una rebaja en el sueldo (pasarían a cobrar 13 euros la hora en lugar de los 24 actuales), se les pide una modificación en la jornada laboral que quizá no fuera inmediata, pero sí a medio o largo plazo.
Y es que, si se unifica el servicio, el medio centenar de trabajadoras de ayuda a domicilio no pueden “legalmente” entrar a formar parte de una empresa cuando el grueso del personal (más de 400 trabajadoras) tienen otras condiciones laborales inferiores. Así lo explica la concejal que ve “imposible” que el Ayuntamiento pueda subir el sueldo a más del doble a cientos de trabajadoras algo que ocurriría si éstas lo solicitan legalmente tras una unificación de servicios.
La concejal de Asuntos Sociales insiste en que se trata de “perder ahora, para ganar después”. No sólo se les garantiza el trabajo, la antigüedad y una indemnización, sino que tendrían un empleo “de gran proyección en el futuro” y en el que mejorarían las condiciones laborales en cuanto haya mejores perspectivas económicas, entiende la edil.
Una concejal que “se ha cansado” de la postura de las trabajadoras del plan concertado y está dispuesta a dejar los dos servicios y preparar dos pliegos de condiciones diferentes para concesionar el servicio a dos empresas.
Claro que así las trabajadoras del plan concertado no asegurarían su puesto de trabajo dado que “las ayudas para este plan se están agotando”, insiste.
Mediación del alcalde Por su parte, las cuidadoras del plan concertado han denunciado en una nota de prensa que la concejal “juega con los derechos y los puestos de trabajo” y piden al alcalde que intervenga a su favor. Si no iniciarán protestas, dicen.
Por otra parte, frente a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Almería, hay más de 400 empleadas más que están sujetas a la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía y que piden igualdad de condiciones laborales y “más compañerismo” a las que hoy dependen del Ayuntamiento. Consideran que la situación de crisis obliga a “apretarse el cinturón”, pero confían en que mejore a corto plazo.
‘La Caixa’ invierte 176 millones en 7 proyectos que facilitan la residencia temporal a colectivos más vulnerables
La Obra Social ‘la Caixa ha invertido un total de 176,3 millones de euros destinados a promover siete proyectos en Madrid que faciliten residencias temporales a los colectivos más vulnerables, según ha informado la Fundación en un comunicado.
El Presidente de ‘la Caixa’ y de la Fundación ‘la Caixa’, Isidro Fainé, ha destacado que la apuesta social es «una seña de identidad propia que hoy adquiere un mayor sentido debido a la coyuntura social y económica que se está viviendo».
«La lucha por la equidad y por la igualdad de oportunidades para todas las personas es un objetivo prioritario para la Obra Social ‘la Caixa’ y lo debe ser para todos», ha añadido.
A su vez, Fainé ha asegurado que la finalidad de esta convocatoria es «dar apoyo a las organizaciones no lucrativas que desarrollan proyectos dirigidos a facilitar recursos temporales para personas en proceso de inclusión social (34 proyectos seleccionados) y recursos temporales para personas con discapacidad o enfermedad mental (8 proyectos seleccionados)».
PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS
A la hora de seleccionar los proyectos, la Fundación ha tenido en cuenta que promuevan una atención integral y desarrollen un trabajo riguroso en beneficio de la plena autonomía de los beneficiarios, así como la eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades sociales y el apoyo de la administración pública, el fomento y la participación del voluntariado, la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto, la calidad del proyecto en el diseño de objetivos, actividades y la definición de resultados deseados de la intervención social.
Esta partida forma parte de la tercera convocatoria 2013 del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales que convoca anualmente la Obra Social ‘la Caixa’, dotado este año con un presupuesto total que supera los 18 millones de euros.
Las entidades que han desarrollado las siete iniciativas seleccionadas son Fundación Corazonistas, Provivienda, Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA, Asociación Horuelo, Movimiento Por la Paz, el Desarme y la Libertad en Madrid, Fundación Tomillo i Fundación Aprocor.
PROYECTOS SELECCIONADOS EN MADRID
Entre las siete iniciativas seleccionadas en la comunidad de Madrid cabe destacar el proyecto impulsado por la entidad Provivienda, que consiste en facilitar 21 viviendas y apoyo en distintas áreas (empleo, salud, participación social, etc.); el proyecto de la Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA, que pone en marcha una alternativa residencial temporal para atender a jóvenes mayores de 18 años procedentes de sistemas de tutela y el programa Acogida Integral de Jóvenes Inmigrantes de la Asociación Horuelo, que pretende ofrecer a jóvenes inmigrantes que se encuentran en riesgo de exclusión social un piso de acogida como espacio de intermedio hacia una vida independiente.
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social ‘la Caixa’ se diversifica este año en cinco convocatorias, entre las que se encuentra la ‘Promoción de la Autonomía y Atención a la Discapacidad y a la Dependencia’, que tiene por objetivo el fomento de la autonomía personal y la calidad de vida de personas con discapacidad o que sufren un deterioro de sus capacidades.
A su vez, destaca la nueva convocatoria ‘Viviendas Temporales de Inclusión Social’, que pretende responder a las necesidades sociales actuales y facilitar una intervención integral para la plena autonomía personal de sus beneficiarios. ‘Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social’, tiene la finalidad de promover el desarrollo integral de las personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Una de las convocatorias con mayor incidencia debido a la coyuntura social del momento es ‘Inserción Socio Laboral’, que tiene como objetivo la mejora de las oportunidades de empleo de personas en riesgo o situación de exclusión social. Por último, cabe destacar la ‘Proyectos de Acción Social e Interculturalidad’, que fusiona dos convocatorias hasta ahora independientes y que tiene como finalidad el fomento de la igualdad de oportunidades i la educación en los valores.
LA OBRA SOCIAL DE «LA CAIXA»
La Obra social de ‘La Caixa’ «apuesta un año más» por renovar su compromiso social ofreciendo apoyo a miles de proyectos solidarios a través de una inversión con la que pretenden dar respuesta a las necesidades emergentes de la sociedad con el desarrollo de programas de carácter social, adecuados al actual contexto.
Las cuatro líneas de trabajo prioritario son la superación de la pobreza infantil, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con enfermedades avanzadas.
Además de éstas, ‘la Caixa’ impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir diferentes carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la concesión de microcréditos o la cooperación internacional.
Estos objetivos, junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social, completan los objetivos esenciales de la Obra Social ‘la Caixa’.